Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00873-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00873-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-00873-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 201 3 00873 01 (4241-2021)
Demandante: Emma Idali Bernal Muñoz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP
Temas: Reliquidación pensión IBL . Régimen de Transición
periodo y factores. Sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018 . Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
ASUNTO
Conoce la Sala de Subsección del recurso de apelación presentado
por la entidad demand ada contra la sentencia del 23 de enero de
2020, proferida por la Subsección B de la Sección se gunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que accedió a las
pretensiones del medio de control.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La señora Emma Idali Bernal Muñoz, actuando por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA,
demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestió n Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, el
reconocimiento de las siguientes declaraciones y condenas:
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2013 00873 01 (4241-2021)
Demandante: Emma Idali Bernal Muñoz
1.1. Pretensiones 1
Se declare la nulidad de la Resolución UGM 016795 del 11 de
noviembre de 2011 a través de la cual el liquidador de la extinta
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, en adelante CAJANAL,
le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, y la
Resolución UGM 033948 del 20 de febrero de 2012 proferida por
el mismo liquidador que confirmó dicha decisión al resolver el
recurso de reposición.
La nulidad parcial de la Resolución RDP 016502 d e 12 de abril de
2013, proferida por la subdirectora d e determinación de derechos
pensionales de la UGPP, por la cual se dio cumplimiento a una
sentencia de tutela, como mecanismo transitorio, y se re conoció la
pensión de jubilación a la demandante, en cua ntía de $900.316.
Contra dicho act o se interpusieron los recursos en sede
administrativa sin que se hubieran concedido.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se condene a la entidad demandada a: (i)
reliquidar la pensión de jubilación de acuerdo con el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, computando todos los factores salar ia les
devengados en el último año de servicios, con efectividad desde el
12 de febrero de 2009, fecha de consolidación del estatus pensional
y comunicar las cuotas partes pensionales que les co rresponden
al Municipio de Sucre y al Departamento de Santand er, (ii)
actualizar el ingreso base de liquidación a partir del 2002 hasta la
fecha de causación del derecho pensional , conforme al índice de
precios al consumidor, (iii) reconocer el retroactivo pensional, junto
con la mesada catorce, los reajustes anuale s y los g ravámenes
legales hasta que se realice e l pago ; (iv) dar cumplimiento a la
sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes, de acuerdo con
el artículo 192 del CPACA, y (v) realizar los ajustes de la condena
1 El apoderado de la parte demandante adicionó y sustituyó la demanda
obrante a folios 375 a 386, mediante escrito visible a folios 398 a 417 del
expediente, concretando las pretensiones a las que se consignan en este
acápite.
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conforme al índice de precios al c onsumidor, según o previsto por
los artículos 187 y concordantes del CPACA, y, pagar los intereses
moratorios y las costas del proceso .
1.2. Fundamentos fácticos 2
La señora Emma Idali Bernal Muñoz fundamentó sus pretensiones
en los siguientes hechos:
Refiere la demandante que laboró más de 20 años de servicios al
Estado, de los cuales los últimos 10 fueron en forma exclusiva a la
rama judicial, como se detalla a continuación:
✓ Municipio de Sucre en el Colegio Sergio Ariza. Del 4 de
abril de 19 81 al 31 de diciembre de 1986, y del 4 de enero de
1987 al 21 de septiembre de 1987, total 2325 días,
equivalentes a 332,14 semanas, o 6 años, 5 meses y 15 días.
✓ Departamento de Santander. Del 22 de septiembre de
1987 al 26 de noviembre de 1987: 65 días.
✓ Rama Judicial. Del 16 de marzo de 1988 al 30 de junio
de 1992, y en la fiscalía general de la Nación. Del 1 de ju lio de
1992 al 17 de julio de 2002: equivalente a 5.162 días, es decir,
737,43 semanas o 14 años, 4 meses y 2 días.
Los anteriores tiempos a scienden a 20 años, 11 meses y 19 días.
El 7 de abril de 2009 solicitó a CAJANAL el reconocimiento de la
pensión de jubilación como ex servidora de la rama judicial, por
haber cumplido los requisitos legale s el 12 de febrero de 2009,
fecha de cumplimiento de la edad de 50 años.
CAJANAL resolvió la solicitud anterior mediante la Resolución
UGM 016795 de 11 de noviembre de 2011 en el sentido de negar
2 Folio 407 a 409 del expediente.
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la pensión de vejez con fundamento en los artículos 36 de la Ley
100 de 1993 y 1 de las Ley 33 de 1 985, por acreditar 6076 días,
equivalentes a 868 semanas . En criterio de la demandante, la
entidad demandada no tuvo en cuenta el tiempo de servicios en el
Municipio de Sucre y el departamento de Santander porque no se
estableció a qué entidad se realizaron los aportes para pensión.
Contra dicha decisión interpuso recurso de reposició n que fue
resuelto mediante Resolución UGM 033948 de 20 de febrero de
2012, en el sentido de confirmar l o resuelto, por no reunir los
requisitos de edad de 55 años y tiempo de servicios .
Por lo anterior , promovió acción de tutela que le corre spondió al
Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá, radicado 2012 -459, que
negó el amparo mediante sentencia del 19 de junio de 2012 ,
decisión que fue impugnada , siendo revocada por el Tribunal
Superior de Bogotá, qu e en sentencia de 31 de octubre de 2012 ,
amparó el derecho fundamental al debido proceso y ordenó el
reconocimiento de la pensión con el 75% de la asign ación más
elevada del último año, dando aplicación al artículo 6 del Decreto
546 de 1971.
Narra la accionante que, admitid a la demanda, la UGPP expidió la
Resolución RDP 016502 del 12 de abril de 2013 para dar
cumplimiento al fallo de tutela, y reconoció la prestación con un
ingreso base de liquidación que no corresponde al previsto en el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, esto es, la asignación más
elevada del último año de servicios; tampoco reconoció el
retroactivo causado, ni la mesada catorce.
1.3. Normas violadas y concepto de violación 3
La demandante citó como normas vulneradas los artículos 1, 2,
13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la C.P. ; Decreto 546 de 1971 artículo 6,
Ley 100 de 1993 artículos 33 y 36.
3 Folio 15 del expediente.
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Al desarrollar el c oncepto de violación adujo que la d emandante
es beneficiaria del régimen de transición pues para el 1 de abril de
1994 ya tenía más de 1000 semanas cotizadas.
CAJANAL omitió solicitar las cuotas pensionales a las entidades
que deben contribuir con el pago de su pensión, no tuvo en cuenta
la asignación más elevada del último año, ni la totalidad de los
factores salar iales, tampoco actualizó el salario desde la fecha de
su retiro hasta el reconocimiento pensional , ni reconoció el
retroactivo pensional.
Afirm ó que de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , la
entidad demandada ha debido computar la totalidad del tiempo de
servicios al Estado; así mismo, que por ser beneficiaria del régimen
de transición, le e s aplicable el Decreto 546 de 1971 en cuanto al
ingreso base de liquidación y los factores salariales allí previstos,
en aplicación del principio de inesc in dibilidad de la norma.
Finalmente, anotó que el último salario devengado fue el de mayo
de 2002, por lo que solicitó su actualización hasta la fecha del
cumplimiento de la edad.
2. Contestación de la adición de la demanda
La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la P rotección Social - UGPP 4, a
través de apoderado , se opuso a las pretensiones de nulidad de la
demanda pues aseguró que carecen de fundamento jurídico y
porque los actos administrativos re prochados fueron proferidos
conforme a la Ley . Como sustento de lo anterior, expuso lo
siguiente:
La demandante no h a demostrado el tiempo de servicios en el
Municipio de Sucre, razón por la cual no es cierto que haya
4 Folios 509 a 514 del expediente.
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cumplido el estatus pensional el 12 de febrero de 2009, pues no
acreditó la totalid ad de los requisitos para el reco nocimiento
pensional, motivo por el cual no proceden las pretensiones
incoadas.
A través de la Re solución 016502 de 12 de abril de 2013 , dicha
entidad dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Dist rito Judicia l de Bogotá que
ordenó en forma transitoria el reconocimiento pensional. Dicho acto
se encuentra ajustado a derecho, razón por la que no procede su
nulidad parcial.
Conforme al expediente prestacional de la demandante, acredita un
total de 6076 días laborados que equivalen a 868 semanas.
Destacó que se deben desestimar los tiempos comprendidos entre
el 4 de enero de 1981 y 31 de diciembre de 1986 prestados al
Municipio de Sucre como bibliotecaria del colegio Serg io Ariza y los
comprendidos entre el 4 de enero de 1987 y 21 de septiembre de
1987 como secretaria de la teso rería municipal del mismo ente
territorial, por cuanto la certif icación expedida el 6 de marzo de
2009 por la alcaldía de Sucre, no señala el fondo o entidad a la cual
se realizaron los a portes .
Refiere que por lo anterior, ofició a dicho municipio el 27 de
septiembre de 2011 , en procura de obtener la información
necesaria , quien informó que revisado el archivo no se encontró
documentación que permita certificar el salario devengado por la
señora Emma Idali Bernal Muñoz, ni fondo o entidad a la cual se
realizaron los aportes para pensión durante la época de 1981 a
1987, por lo que no era posible determinar a qué entidad se deben
cargar los tiempos antes indicados.
De otra parte, refie re que los actos ad ministrativos demandados se
ajustan a derecho y por ello se encuentran revestidos de la
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presunción de autenticidad, la cual pe rmanecerá vigente hasta que
sea desvirtuada.
Formuló las excep ciones de (i) « falta de causa e inexist encia de la
obligación » por las razones precedentes (ii) «cob ro de lo no
debido» porque la demandante pretende un reconocimiento al cual
no tiene derecho , (iii) «prescripción» por el transcurso d el tiempo ,
y, (iv) «buena fé» .
2.1. Llamamiento en garantía
La UGPP solicit ó llamar en garantía 5 al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC y/o fiscalía general de la Nación
por ser el último e mpleador de la demandante, con el fin de que, en
el caso de acceder a las pretensiones, se le orden e pagar las sumas
sobre los aportes a pensión que no fueron efectuados con la
totalidad de los factores salariales.
La solicitud anterior fue negada mediante providencia de 14 de
diciembre de 2017 6 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sección segu nda, subsección B.
3. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial
El 16 de abril de 2018, la Subsección B de la Sección S egunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró audiencia inicia l 7
en la que decidió (i) declarar saneado el proceso (ii) d eclarar que
las excepciones planteadas se resolverían en el fondo del asunto y
(iii) fijar el litigio e n los siguientes términos:
«[ …] ( i) ¿Tiene la a ct or a der echo al r econocim ient o de la p ensión
de vej ez?, ( ii) en caso af ir m at ivo, ¿cuál es el r égim en pension al que
cobij a a la dem anda nt e y su alcance ?, ( ii i) Teni endo en c ue nt a el
r égim en apl icabl e a l a dem andant e, así com o la pensión r eco nocida
5 Folios 539 a 541 del expediente.
6 Folios 548 a 550 del expediente.
7 Folios 576 a 580 del expediente.
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en cum plim ient o de un f allo de t ut ela, a tr avés de la Resoluc i ón No.
16502 de abr i l 12 de 2013 , ¿hay lug ar a r econocer la pensión
t eniendo en cuent a la asignac ión m ás elevada devenga d a en el
últ im o año de ser v ic ios y a par t ir de qu é f echa? Y ( iv) en c aso de
r econocer se la pensión a la act or a ¿t iene der echo a la indexación
de la pr im er a m esada pensiona l? 8. »
Asimismo, (iv) declaró fallida la co nciliación, y, (v) decretó las
pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio consideró
necesarias para aclarar aspectos oscuros de la controversia , como
fueron las certif icaciones de salario s y factores percibidos entre
julio de 2001 y ju lio de 2002, señalando el 24 de julio de 2018 para
la audiencia de pruebas.
En la audiencia d e pruebas 9 fueron incorporadas las documentales
decretadas y se ordenó traslado para alegar de conclusión por
escrito. Ambas partes presentaron alegatos de conclusión en
primera instancia 10, reiterando los argumentos de la demanda y
contestación respectivamente.
4. La sentencia apelada
El 23 de enero de 2020 11, la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió fallo escrito
de primera instancia a través del cual accedió a las pretensiones
de la demanda 12 y se abstuvo de condenar en co stas.
8 Folio 578 del expediente.
9 Folios 616 a 618
10 F o l i o s 619 a 614 del expediente.
11 F o l i o s 630 a 644 del expediente.
12 « P R I M E R O .
Declárase la nulidad de las Resoluciones Nos. UGM 016795 del
11 de noviembre de 2011 y UGM 033948 del 20 de febrero de 2012, mediante
las cuales el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en
Liquidación negó el reconocimiento de una pensión de jubilación a la señora
Emma Idali Bernal Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No.
28’437.340 de Sucre (Santander) y resolvió el recurso de reposición,
respectivamente.
SEGUNDO. Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. RDP 016502 del
12 de abril de 2013 proferida por la subdirectora de determinación de derechos
pensionales de la UGPP, por medio de la cual se reconoció una pensión de
vejez en cumplim iento de un fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
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Como fundamento de la decisión, consideró lo siguiente:
A partir del acervo probatorio se demostró que la señora Bernal
Muñoz nació el 12 de febrero de 1959, cumplió 50 años de edad el
12 de febrero de 2009 y laboró en la Alcaldía de Sucre por espacio
de 6 años, 7 meses y 18 días , comprendidos entre el 4 de abril
de 1981 al 26 de noviembre de 1987 (f. 17 Cdn2); en la Rama
judicial desde el 16 de marzo de 1988 al 30 de junio de 1992 y en
la Fiscalía General de la Nación desde el 1 de julio de 1992 al 1 d e
febrero de 2005 , esto es, por espacio de 16 años, 10 meses y 13
días, para un tiempo total de servicios al Estado de 21 años y 14
días.
La demandante, por enco ntrarse amparad a por el régimen de
transición previsto e n el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a pensionarse con los requisitos previstos en el Decreto
546 de 1971, en cuanto a edad y tiempos de servicios, pero para
efectos del cálculo del ingreso base de liquidación , debe seguirse
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social 1) Reconocer una pensión de jubilación a
la señora Emma Idali Bernal Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía No.
20.676.408 28.437.340(sic) de Sucre (Santander), con efectividad a partir del
12 de febrero de 2009, fecha de adquis ición del estatus pensional, teniendo
en cuenta los factores señalados en el art. 1° del Decreto 1158 de 1994,
devengados en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1992 y el 17 de
julio de 2002. 2) Indexar la primera mesada, actualizando la base de
liquidación de la pensión de jubilación con fundamento en la variación de los
índices de precios al consumidor (IPC) señalados por el DANE, desde 2002
hasta 2009 y hacer a esa nueva mesada los incrementos legales anuales. 3)
Pagar las diferencias entre la s mesadas que se le vienen pagando y las que
resulten del reconocimiento antes ordenad, si las hubiere, causadas a partir
del 12 de febrero de 2009, fecha de adquisición del derecho. Se autoriza a la
demandada descontar los aportes para pensiones que no se hubieran hecho
sobre factores que se deban incluir como consecuencia del reconocimiento
antes ordenado. Las sumas correspondientes deben ser actualizadas en la
forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la siguiente fórmula:
R = R.H. INDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL
CUARTO. Niégase la pretensión “Undécimo” de la demanda.
QUINTO. Dese cumplimiento a la presente sentencia en la forma y términos
establecidos en los artículos 192 y siguientes del CPACA. […]».
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lo indicado en el in ciso terce ro del art ículo 36 up supra , de acuerdo
con la posición unificada del Consejo de Estado en sentencia del
28 de agosto de 2018 , en concordancia con la s sentencia s C-258
de 2013 y S U-230 de 2015 de la Corte Consti tucional, en virtud de
las cuales el IBL no forma parte de la transición , y por lo tanto , no
resultaba procedente liquidar la pensión con el 75% de la
asignación más elevada del último año.
Así las cosas, sostuvo que a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta que
cumplió los 50 años de edad el 12 de febrero de 2009 y acreditó 20
años de servicios, de los cuales más de 10 lo fueron en la rama
judicial.
En lo relacionado con los factores salariales , sostuvo que deben
incluirse los señalados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994,
devengados entre el 18 de julio de 1992 y el 17 de julio de 2002.
Sobre la mesada catorce indicó que las personas que cumplieron
requisitos para acceder a la pensión a partir del 25 de ju lio de 2005,
fecha de entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, no
tienen derecho a recibir la mesada adicional del mes de junio,
creada en el artí culo 142 de la Ley 100 de 1993, con excepción de
las pensiones iguales o inferiores a 3 salarios mínimos, por lo cual,
verificada la reliq uidación ordenada y solo en el caso de que la
pensión de la demandante resulte inferior a dicho monto para el
mes de febrero de 2009, sería procedente su reconocimiento, dado
que causó el derecho antes del 31 de julio de 2011.
En lo concerniente a la indexación de la primera mesada
pensional, refirió que en la sentencia SU-400 de 28 de agosto de
1997 la Corte Constitucio nal dejó en claro el derecho a la
actualización de los salarios y pensiones de los trabajadores para
garantizar el poder adquisitivo por lo que en el presente caso hay
lugar a ordenar la indexación de la primera mesada con fundamento
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en la variación del IP C señalado por el DANE, teniendo en cuenta
que el salario percibido el 17 de julio de 2002, fecha del retiro,
perdió poder adquisitivo para el 12 de febrero de 2009, momento
en que adquirió el estatus de pensionada.
En cuanto a la prescripción sostuvo que no operó en este caso,
pues entre el 22 de febrero de 2012, fecha de la notificación de la
Resolución UGM 0 33948 de 20 de febrero de 2012 que resolvió el
recurso de reposición contra la Resolución UGM 016795 de 11 de
noviembre de 2011, y la pr esentación de la demanda, el 8 de marzo
de 2013 (f. 386 vto), no transcurrió el término de 3 años.
Por otra parte, aut orizó a la UGPP a realiza r los descu entos que
por aportes se debieron hacer sobre los factores no incluidos.
Precisó que la demandante p romovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a
la sentencia de tutela que ordenó el reconocimiento de la pensión
como mecanismo transitorio.
Se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada por no
incurrir en conducta dilatoria ni temeraria .
5. Los recursos de apelación
5.1. La UGPP 13 solicitó revocar la sen tencia de primera instancia
pues reiteró que la demandante acredita 868 semanas cotizadas ,
en la medida que no es posible tener en cuenta los tiempos
prestados en el Municipio de Sucre entre el 4 de enero de 1981 y
31 de diciembre de 1986 y del 4 de enero de 1987 al 21 de
septiembre de 1987, con idénticos planteamientos expuestos al
contestar la demanda.
En lo que refiere a la indexación, indicó que al tenor del artículo 14
13 F o l i o s 652 a 654 del expe diente.
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de la Ley 100 de 1993 no es procedente acceder a dicha pretensión,
toda vez que al liquidar el valor de la pensión, se aplicó el IPC
desde la fecha de adquisición del e status hasta cuando se hizo
efectivo el reconocimiento. Invocó la sentencia C-862 de 2006, de
la Corte Constitucional y los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
que consagran la indexación con base en el índice de precios al
consumidor.
En lo atinente a la mesada catorce, sostuvo que el acto legislativo
01 de 2005 la eliminó y que las excepciones allí prevista s perdieron
vigencia el 31 de julio de 2011 lo que indica que no podría
reconocerse.
5.2. La parte demandante 14 solicit ó revocar parcialmente la
sentencia apelada en cuanto no dio aplicación al artículo 6 del
Decreto 546 de 1971 para liquidar la pensión . Sostuvo que el fallo
de tutela que amparó su derecho al reconocimiento pensional
ordenó la aplicación íntegra del régimen especial previsto para los
servidores de la rama judicial, de manera que no le era aplicable la
regla jurisp rudencial fijada en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201 8.
Expuso que los funcionarios de la rama judicial que adquirieron el
derecho a la pensión de jubilación con anterioridad a la sentencia
C-258 de 2013 no le es aplicable el criterio allí expuest o, además
de que se trata de un régimen especial de pensiones .
Por lo expuesto, solicitó mantener la cuantía pensional que le fue
reconocida en cumplimiento del fallo de tutela , y aclaró que en lo
demás debe confirmarse la sentencia apelada que accedió a las
pretensiones.
6. Mediante provi dencia de 23 de j ulio de 2021 15 el m agistrado
14 F o l i o s 655 y 656 del expediente.
15 F o l i o s 672 y 673 del expediente
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Demandante: Emma Idali Bernal Muñoz
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección
segunda, subsección B dio aplicación a lo previsto en el artículo 67
de la Ley 2080 de 2021 y se abstuvo de fijar fecha y h ora para la
celebración de la Audienc ia de Conciliación ante la ausencia de una
propuesta conjunta entre las partes , y reiteró la orden de conceder
los recursos de apelación interpuestos.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7.1. La parte demandante 16, en el término para alegar de
conclusión , reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
6.2. La parte demandada 17 ratificó los argumentos expuestos en el
recurso de apelación que presentó .
6. Concepto del Mini sterio Público
El Ministerio Público guardó silencio como consta en el informe
secretarial visible en folio 700 del expediente.
La Agencia Nacional de Defensa Jurí dica del Estado int ervino en el
proceso mediante escrito allegado el 28 de octubre de 2021 18 en el
que solicitó dar aplicación a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 en el sentido de calcular la pensión con el ingreso
base de liquidación establecido en el inciso 3 del artí culo 36 de la
Ley 100 de 1993, es decir, con el pro medio de los salarios c otizados
durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional.
Aclaró que su intervención es direct a y de fondo y no genera la
suspensión procesal en aplicación del princip io de celeridad.
16 Í n d i c e 16 plataforma Samai.
17 Í n d i c e 15 plataforma Samai.
18 F o l i o s 678 a 685 del expediente.
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II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 19, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 20 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos e xpuestos por el apelante. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado el superio r reso lverá
sin limitaciones.
2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la s partes le
corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
✓ ¿La señora Emma Idali Bernal Muñoz , en calidad de
beneficiari a del régimen de transición del artículo 36 de la
19« E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de ap elación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
20« A r t í c u l o 3 2 8 . C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la sit uación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberá n alegarse durante la audiencia.
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Ley 100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación d e la
pensión de jubilación conforme a lo señalado en el Decreto
546 de 1971, esto es, con la asignación salarial más ele vada
devengada en el último año de servicios?
✓ ¿La demandante tiene derecho a la mesa da catorce al tenor
de lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, teniendo
en cuenta que adquirió el estatus pensional el 12 de febrero
de 2009?
✓ ¿Procede la indexación de la primera mesada pensional
reconocida a la señora Emma Idali Bernal Muñoz ,
considerando que su retiro del servicio se produjo en el año
2002 pero su estatus pensional fue consolidado el 12 de
febrero de 2009 ?
Para resolver la controversia, la S ala desarrollará e l siguiente
orden metodológico: (i) marco normativo y jurisprudencial. Régimen
de transición del a rtículo 36 de la Ley 100 de 1993 – beneficiarios
del régimen especial de la Rama Judicial, (ii) la mesada catorce y
el acto legislativo 01 de 2005, (iii) la indexación de la primera
mesada pensional, y (ii) análisis del caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administra tivo frente al ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen
de transición de l a Ley 100 de 1993.
Con la expedición de la Carta Política de 1991, que implicó un
cambio de modelo en la estructura del Estado, tuvo lugar el
surgimiento de un nuevo esquema de seguridad social q ue dio paso
a la expedición de la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistem a
de seguridad social integral en el que se determinaron dos
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regímenes: el de prima media con prestación definida y el de ahorro
individual, entre los cuales el afiliado podía elegir libremente, y en
ambos contempló la posibilidad de que se tomara indistin tamente
el tiempo laborado o cotizado como trabajador del sector privado o
en calidad de servidor público, de esta manera, fijó las nuevas
reglas y requisitos para el reconocimiento de las pensiones.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso un régimen de
transición pensional según el cual, quienes contaran con 15 años
de servicios o 40 años de edad para los hombres, y 35 en el caso
de las mujeres, quedaban sujetos a dicho régimen de transición y
por lo tanto, tendrían derecho a que su pensión se recono ciera con
los requisitos de e dad, tiempo de servicios y monto o cuantía del
régimen anterior que les fuera aplicable.
A través de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-S2-
021-20 de 11 de junio de 2020 la Sección Segunda del Consejo de
Estado, unificó su criterio frente al ingreso base de liquidación de
los beneficiarios d el Decreto 546 de 1971 cobijados por el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, en el sentido de señalar que
el funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Min isterio
Público beneficiario del régimen de transición estable cido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión
de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes
presupuestos:
i) Para e l 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de
1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando
empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad
si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de
servicios efectivamente cotizados.
ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la
Rama Judicial y del Min isterio Público estipulados en el artículo 6.º
del Decreto 546 d e 1971 para consolidar el estatus pensional que
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son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55
años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho
decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971; 21 c) de esos 20 años
de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a
la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas
actividades.
iii) Determinó que esa pensión se le debe reconocer con los
elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del
Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer,
de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años,
continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de
dicho decreto; c) d e esos 20 años de servicio, por lo me nos 10 años
lo debieron ser e xclusivamente a l a Rama Jurisdiccional o al
Ministerio Público, o a ambas activid ades; d) la tasa de reemplazo
del 75%.
iv) Sobre el ingre so base de liquidación puntualizó que no hace
parte del régimen de transición pensional, sino que corresponde al
señalado por los art ículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 , según el
caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los 10 años anteriores al reconocimie nto de la pensión actualizados
anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será: (a) E l pro medio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (b) El cotizado duran te todo
el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base
en IPC certificado por el DANE;
Para el efecto, acogió la tesis expuesta por el Consejo de Estado
21 A l
respecto se anota que el artículo 37 de este decreto dispone que «regirá
30 días después de su publicación en el Diario Oficial […]», y fue publicado
en el Diario Oficial No. 33.339 16 de junio de 1971.
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en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 22. Tal
posición se acompasa con la posición anunciada por la Corte
Constitucional en las sentencias C -168 de 1995, C -258 de 2013,
SU-230 de 2015, SU -395 de 2017, SU -210 de 2017, y SU -023 de
2018, según la cual el propósito del Legislador era evitar la
aplicación ultractiva de las reg las del ingreso base de liquidación
de los regímenes vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de
1993.
v) En cuanto a los factores de liquidación determinó que se debían
incluir los estable cidos en el Decret o 1158 de 1994, es decir: la
asignación bá sica mensual; los gastos de representación; la prima
técnica, cuando sea factor de salario; las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; la
remuneración por trabajo dominical o festivo; la remuneración por
trabajo su plementario o de horas extras, o realizado en jornada
nocturna; y la bonificación por servicios prestados,
Asimismo, indicó que, en desarrollo de la Ley 4ª. de 1992 , que a su
vez dio cumplimie nto a lo establecid o por el literal e) del numeral
19 del artículo 150 de la Carta Política, estableció los factores
salariales a tener en cuenta en la liquidación de la pensión y en
forma expresa, se dispuso que se constituyen en factores de salario
para efecto de determinar su ingreso base de cotización, siempr e y
cuando respecto de ellos se h ayan efectuado los aportes
correspondientes.
(vi). Finalmente , consideró que las reglas jurisprudenciales
constituyen pre cedente vinculante y obligatorio en los
siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en el seno de la administración;
(ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En
22 C o n s e j o
de Es tado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 28 de agosto de 2018, Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01,
demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
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consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los
que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en
consecuencia resultan inmodificables.
3.2. La mesada adicional de junio o mesada catorce y el acto
legislativo 01 de 2005
La mesada adicional de junio más conocida como la mesada catorce
(i) fue creada por el artículo 142 de la Ley 100 de 1993 23, para
aquellas personas a quienes se les hubiere reconocido pensión
antes del 1º de enero de 1988 , y (ii) co rresponde a 30 días que
deben ser cancelados a mitad de año, así:
ARTI CULO . 142. - Mesada adi ci onal par a act uales pension ados.
Los pensi onados p o r j ubilaci ón, inva li de z, vej ez y sobr evivie nt es,
del sect or públ ico, of icial, sem iof ic ia l, en t odos sus ór denes, en el
sect or pr ivado y del I nst it ut o de Segur os Sociales, así com o los
r et ir ados y pension ados de las Fuer zas M ilit ar es y de la Pol icí a
Nacion al, cuyas pe nsi ones se hubi ese n causado y recon oci do
ant es del pri mero ( 1º . ) de enero de 1988, t endr á n der echo al
r econocim ient o y pago de tr eint a ( 30) dí as de la pensión que le
cor r esponda a cada uno de ellos por el régim en r espect ivo, que se
cancelar á con la m e sada del m es de j uni o de cada a ño, a par t ir de
1994.
Los pensionad os por vej ez del or den nacio nal, benef ici ar ios d e los
r eaj ust es or denados en el d ecr et o 21 08 de 1992, r ec ibir án el
r econocim ient o y pago de los 30 dí as de la m esada adicional sólo
a par t ir de j unio de 1996.
PARÁG RA FO . - Est a m esada adici onal s e r á pagada por qui en t enga
a su car go la ca ncel ación de la pens ión sin que exceda de q uince
( 15) veces el sa lar io m í nim o lega l m e nsual ( negr il la f uer a del
t ext o) .
La Corte Constitucional, en sentenci a C-409 de 1994 24, (i) decla ró
inexequible la expresión «actuales», y la frase «cuyas pensiones se
hubiesen causado y reconocido antes del 1o. de Enero de 1988», y
23 “ P o r
la cual se crea el sistema general de seguridad social y se dicta n otras
disposiciones”.
24 C o r t e
Constitucional, sentencia C -409 de 15 de septiembre de 1994, M. P.
Hernando Herrera Vergara.
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(ii) extendió el pa go de la mesada adicional de junio a los demás
pensionados, al considerar que se evidencia ba una clara violación
a la prohibición de consagrar discriminaciones en el mismo sector
de pensionados, debido que se otorgan privilegios para unos en
detrimento de otros, razón ésta por la que se concluye que no se
puede excluir a quienes legítimamente h an adquirido con
posterioridad el mismo derecho.
Luego, el Acto Legislativo 01 del 2005 25 eliminó la mesada
adicional y creó limitaciones o excepciones a esa medida, en los
siguientes términos:
Ar t í culo 1º . Se adicionan los s igu ient e s incisos y par ágr af o s al
ar t í culo 48 de la Const it ución Po lí t ica: […]
Las per sonas cuyo der echo a la pensión se cause a part ir de la
vigenc ia del pr esen t e Act o Legislat ivo no podr án r ecibir m ás de
t r ece ( 13) m esadas pensiona les a l año. Se ent iende qu e la p ensión
se causa cuan do se cum plen t odos los r equisit os par a acceder a
ella, aún cuand o no se hubiese ef ect uad o el r econocim ient o. [ …]
PARÁG RA FO TRAN SI TO RI O 6º. Se except úan de lo est ab l ecido
por el inc iso oct avo del pr esent e ar t í culo aque ll as per sona s que
per ciban una pens ió n igual o inf er i or a t r es ( 3) salar ios m ínim os
lega les m ensuales v igent es, si la m ism a se causa ant es del 31 de
j ulio de 2011, qu ien es r ecibir án cat or ce ( 14) m esadas pensionale s
al año.
De la anterior disp osición se desprende que:
(i) Continuarán recibiendo la mesada catorce, quienes al momento
de la publicación del Acto Legislativo 01 del 2005, a saber, 25 de
julio del 2005, hubieren causado el derecho a la pensión.
(ii) Será reconocida a las personas que, aunque no tenían
reconocida la pensión antes de la publicación del acto legislativo,
su derecho se hubiere causado con anterioridad.
(iii) La recibirán la s personas a quienes se les reconoció pensión
con anterioridad al 31 de julio del 2011, o que se hubiera causado
25 « P o r medio del cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política»
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su derecho con a ntelación a dicha fecha, siempre y cuando su
mesada pensional sea igual o inferio r a 3 S MLMV. Pero, aquellos
cuyo derecho prestacional se cause después del 31 de julio del
2011, solamente recibirán trece mesadas, independientemente del
monto de la misma 26.
3.3. La indexación de la primera mesada pensional
Esta Sala 27 ha advertido en reiteradas ocasiones, que si bien no
existe norma expresa que consagre la actualización de las sumas
derivadas de una pensión, diferente al reajuste anual de las
mesadas, la jurisprudencia ha desarrollado con base en principios
constitucio nales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53
y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad
determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el
trabajador no tiene porqué soportar las consecuencias negativas de
dicha situación, al recibir sumas de dinero desvalorizadas que no
van en armonía con el valor real del salario o de la pensión.
A su turno, la subsección B de esta sección 28 sobre la materia ha
precisado que, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la
constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país,
que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso,
por lo que disponer la indexación de la base salarial de l iquidación
pensional aun cuando dicho aspecto no hubiese sido solicitado
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 19 de enero del 2012, expediente:
25000-23-42-000-2012-00067-01 (19997-13), C. P. Gustavo Gómez
Aranguren.
27 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A , sentencia de 26 de marzo de
2020, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número de radicación:
230012333000201400006 01(4288-2015) y (ii) (i) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda , Subsección A , sentencia de
7 de mayo de 2018 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de
radicación: 230012333000201300208 01.
28Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 15 de junio de 2000.
Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado.
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constituye un punto íntimamente relacionado con el mismo, además
una decisión ajustada a la Ley y un acto de equidad, cuya aplicación
por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo
ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo
230 de la Carta.
En otro pronunciamiento 29, esta sección indicó que ante el vacío
normativo existente en relación con la indexación del in greso base
de liquidación de una prestación p ensional y, las con secuencias
negativas derivadas de tal circunstancia, concretadas en el hecho
de que un servidor tenga que percibir al momento de pensionarse,
por concepto de mesada, una suma de dinero devaluada que no
guarde una equivalencia o correspon dencia con el valor real del
salario que devengada cuando prestaba sus servicios, resulta
pertinente y necesario ordenar el reajuste del ingreso base de
liquidación en atención al carácter especialísimo de que goza una
prestación pensional y al principio d e equidad que gobierna el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
Por su parte, la Corte Constitucional 30 ha sostenido:
«[ …] … 5. El derecho a l a i ndexaci ón de l a primera mesada
pensi onal - o sal ari o base para l a l i qui daci ón de l a pensi ón de
j ubi l aci ón - y el derecho a l a i ndexaci ó n de l a pri mera mesada
pensi onal .
Ahor a bie n, t al r eco nocim ient o lega l no se t r at a de un m er o act o
de liber a lida d del le gisla dor , pues la j ur ispr udencia const it uc iona l
ha sost enido que se t r at a de la m ater ial izació n de div er sos
pr ecept os de r ango const it ucional, los cuales configur an
r ealm ent e un derecho const i t uci onal de l os pensi onados a
mant ener el poder adqui si t i vo de su mesada pensi onal . Est e
der echo, adem ás de est ar consagr ado expr esam ent e en el ar t í culo
53 de la C ar t a Polí t ica de 1991, p uede der ivar se de una
int er pr et ación sist e m át ic a de dist int os enunciados nor m at ivos
const it uciona les. [ …] .
29Sección Segunda , Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014.
Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
30 S e n t e n c i a C-862 del 6 del 19 de octubre de 2006. Expediente D -6247.
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Par a la Cor t e Const it uciona l, act ualizar el Salar io ent r e la f echa
de r et ir o del t r abaj ador y la del cum plim i ent o de la edad leg a l par a
pensionar se es una cuest ión de “ EQ UI D AD” y de ap lic ación dir ect a
de la Const it ución [ …] » ( Negr illas de l t e xt o, subr ayas de la Sala) .
Tal como lo señala el precedente citado, el principio de equidad es
relevante en el t ema que se analiza para lo cual la Co rte
Constitucional ha desarrollado su alcance en la ad ministración de
justicia 31:
«[ …] 5. 3 Lugar y f unción de la equi dad en el der echo . Las
ant er ior es consider a ciones de la Cor t e Const it ucion al abor dan la
cuest ión del lugar y la f unción de la equidad dent r o del der echo.
Básicam ent e, el l ugar de l a equi dad est á en l os espaci os
dej ados por el l egi sl ador y su f unción es l a de evi t ar una
i nj us t i ci a como resul t ado de l a apl i caci ón de l a l ey a un caso
concret o . La inj ust i cia pued e sur gir , pr i m er o, de la apl icaci ón de
la ley a un caso cuyas par t icular idades f á ct icas no f uer on pr evist as
por el leg islad or , dado que ést e se f unda par a legis lar en los casos
usuales, no en lo s especial es y excepciona les. La o m isión
legis lat iva cons ist e en no haber cont emplado un caso espec ial en
el cua l ap licar la r egl a gener al pr od uce u n ef ect o inj ust o. Seg undo,
la inj ust icia puede sur gir de la ausencia de un r em edio l egal, es
decir , ant e la ex ist e ncia de un vací o. En est a segunda h ipó t esis,
la equ idad ex ige de cidir com o hub ier a o br ado el l egis lador . En l a
pri mera hi pót esi s l a equi dad corri ge l a l ey, en l a segunda
i nt egra sus vací os . A sí ent endi da, l a equi dad bri nda j us t i ci a
cuando de l a apl i caci ón de l a l ey result arí a una i nj ust i ci a. [ …] »
( Resalt ado int enc ion al) .
En atención al principio de equidad, como criterio auxiliar de la
actividad judicial según el artículo 230 constitucional 32, es que
precisamente se ha legitimado la procedencia de la indexación de
la primera mesada pensional ante el vacío en la ley respecto a
norma expresa para indexar la primera mesada pensional.
31 S a l a P l e n a d e l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l ,
sentencia SU-837 del 9 de octubre de
2002, Referencias: expediente T -503413, Sentencia T-046 de 2002 y Auto 027
de abril 2 de 2002.
32ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la
doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial».
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Posteriormente, en la Sentencia SU -168 de 2017 33, la Corte
Constitucional reit eró el c arácter universal de la indexación de la
primera mesada pensional, dado que se predica de todo tipo de
pensiones, independientemente de su origen o de la fecha de su
causación , ello porque «el ejercicio del derecho fundamental en
comento no puede restringirse solo para un determinado grupo de
pensionados, pues un trato diferenciado en esta situación carecería
de justificación constitucional y se tornaría en discriminatorio, en
tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda
afecta po r igual a todos los pensionados. »
En el mismo sentido , la Sala Laboral de la Co rte Suprema de
Justicia 34 consideró sobre el asunto lo siguiente:
[ …] t oda pensión, ya sea legal, convencion al, volunt ar ia o
ext r alegal, es susce pt ible de ser indexa da en su base sa lar ial co n
el f in de est abl ecer el m ont o de la pr im e r a m esada, causada ant es
o después de l a ent rada en vi genci a de l a Const i t uci ón Pol í t i ca
de 1991, no est á basado exc lusiv a m ent e en la sent e ncia de
const it uciona li dad C - 862 de 2006 que r efier e el r ecur r ent e, pues en
esencia se f undam e nt a, en los m andat os de los ar t í culos 48 y 53 de
la Const it uc ión Po lí t ica, que im ponen m a nt ener el poder adqu isit iv o
const ant e de las pensiones. En ef ect o, est a Sala de Casación
m ediant e la sent encia CSJ SL736 - 201 3, luego de ef ect uar un
r ecuent o j ur ispr udencial acer ca de la f igur a de la indexación,
concluyó: ( i) que la pér dida del poder a dquis it ivo de la m oneda es
un f enóm eno que pu ede af ect ar a t odos los t ipos de pe nsion es por
igua l; ( ii) que al no exist ir pr ohib ición e xpr esa alguna por p ar t e del
legis lador , de index ar la pr im er a m esada causada con ant erior idad
a la ent r ada en v ige ncia de la Const it uci ón Polí t ica d e 19 91, no hay
cabida par a hacer di scr im inacion es f undadas en la nat ur alez a de la
pr est ación o en la f echa de su r econoc i m ient o y ( ii i) que cu alqu ier
dif er enciac ión a l r es pect o, r esult a inj ust a y cont r ar ia al pr inc ipio de
igua ldad. De suer t e que, par a los f ine s de hallar el ver dader o poder
adquis it ivo de la prim igen ia m esada pensiona l, la vigencia de la
dispos ición le gal c on que se liquidó y calculó la pensión de
j ubilac ión del dem a ndant e, par a el caso el Decr et o 2701 d e 1988,
no t iene l a t r anscen dencia qu e le im pr i m e el censor , si se t iene en
cuent a que lo que per sigue - la indexación - , no es aument ar o
incr em ent ar el ingr eso base de liquidaci ón de la pr est ación
pensiona l, sino m an t ener su valor r eal.
33 S e n t e n c i a del 16 de marzo de 2017. Referencia: Expediente T-5.736.901.
34 S e n t e n c i a SL2515-2017 del 15 de febrero de 2017.
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Acorde con lo expuesto, se observa que ante el vacío normativo
existente en relación con la indexación del ingreso base de
liquidación de la pensión, la jurispru dencia de las altas cortes ha
sido pacífica en determinar que la pérdida del poder adquisitivo de
la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos n otorios que el
servidor no está obligado a soportar y que, por tal razón, tiene
derecho a que su prestación sea indexada con el fin de no ver
transgredidos sus derechos fundamentales y, en tal virtud, debe
darse aplicación a la fórmula adoptada por cada un a de ellas para
que la pensión garantice su poder adquisitivo.
Ahora bien, aunque l a indexación de la primera mesada pensional
procede cuando por efecto del paso del tiempo se ha perdido el
poder adquisitivo de la prestació n para compensar la suma
devaluada que recibirá el trabajador al momento de otorgársele la
pensión –toda vez que esta no guarda equivalencia con el valor
real del salario que devengaba durante su servicio activo -; también
es cierto que se configura su improce dencia cuando la mesad a no
se ha visto afecta da por el t ranscurso del tiempo y de l fenómeno
inflacionario, pues, en todo caso, se estaría frente al
reconocimiento de un beneficio a quien no le corresponde.
4. Caso concreto
Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cue nta el acervo
probatorio allegado al proceso, cuya presunción de autenticidad no
fue desvirtuada por las partes .
4.1. Hechos demostrados
En el caso de la señora Emma Idali Bernal Muñoz se encuentra
acreditado lo siguiente:
a. Nació el 12 de febrero de 1959 35. Es decir que cumplió los 50
35 F o l i o 15.
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años de edad el 12 de febrero de 2009.
b. Según el Certificado de Historia Laboral expedido por la
Dirección Seccional Administrativ a y Financiera de Bogotá de
la fiscalía general de la Nación 36, la demandante estuvo vinculada
al extinto Juzgado 108 de Instrucc ión Crimi nal desde el 16 de
marzo de 1988 hasta el 25 de diciembre de 1990, siendo su último
cargo el de Escribiente II, grado 5, y posteriormente, en el Juzgado
111 de Instrucción Criminal desde el 26 de diciembre de 1990
hasta el 30 de junio de 1992. Luego fue incorporada a la fiscalía
general de la Nación , a partir del 1 de julio de 1992, hasta el 01
de febrero de 2005, siendo el últim o cargo desempeñado el de
Asistente Judicial IV, de la Direcció n Seccional de Fiscalías de
Bogotá.
En dicha certifica ción se hizo con star que la demandante fue
suspendida del cargo a partir del 18 de julio de 2002, mediante
Resolución No. 2 -1519 del 17 de julio de 2002, expedida por el
director Seccional Administrativo y Financiero de la FGN, sin
derecho a remuneración, y mediante Resolución No. 0 -0136 de 12
de enero de 2005, se resolvió un recurso de apelación y se ejecutó
la sanción disciplin aria de destitución impuesta a la demandante.
c. De acuerdo con el Certif icado de salarios mes a mes para
liquidar pensiones del Régimen de Prima Media expedido por la
fiscalía general de la Nación Seccional Bogotá 37, durante los últimos
10 años de servicios, comprendidos entre el 1º de enero de 1992 y
el 18 de julio de 2002, la demandante devengó, según la casilla 27,
asignación Básica Mensual , incremento por antigüedad (agosto
1992), sueldo de vacaciones, prima de nivelación (desde julio de
1997 hasta enero de 1998) y bonificación de servicios (a partir de
enero de 1998 hasta mayo de 2002) .
Conforme a la certificación de devengados y deducciones emitidas
36 F o l i o s 17 y 18 del expediente.
37 F o l i o s 1 9 a 21 del expediente.
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por el Tesorero de la fiscalía general de la Nación seccional Bogotá
para los años 1992 al 2002 38 se extrae que la demandante devengó
los siguientes factores:
• Asignación básica mensual
• Prima de servicio s
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Sueldo de vacaciones
• Prima de nivelación (1997 -1998)
• Bonificación por servicios prestados
d. Obra Formato No. 1 de información laboral expedido el 10 de
octubre de 2011 por el Municipio de Sucre (Santander) 39 que da
cuenta de los tiempos de servicios de la demandante desde el 4 de
abril de 1981 al 31 de diciembre de 1986 como Bibliotecaria del
Colegio Sergio Ariza, y del 4 de enero de 1987 al 21 de septiembre
de 1987 como secretaria de la Tesorería Municipal. Igualmente, la
certificación de servicios prestados emitida por el secretario de
Gobierno del Municipio de Sucre el 6 de marzo de 2009 que da
cuenta de dicha vinculación laboral 40.
e. De acuerdo con el certificado de información laboral expedido
por la Gobernación de Santander para bonos pensionales y
pensiones, visible a folios 94 y 130 del expediente, la señora Emma
Idali Bernal Muñoz laboró del 22 de septiembre de 1987 al 26 de
noviembre de 1987 para la Gobernación de Santander en el cargo
de secretario de la «Alcaldía de Sucre».
f. Mediante Resolución UGM 016795 del 11 de noviembre de
2011 41, el liquidador de la extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL, en adelante CAJANAL, le negó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, por con siderar que (i) nació el 12 de
febrero de 1959 y no reúne el requisito de edad de 55 años para
38 F o l i o s 22 a 30 del expediente.
39 F o l i o s 64, 65, 299, 300, 344 y 345 del expediente.
40 F o l i o 345 del expediente.
41 F o l i o s 56 a 58 del expediente.
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pensionarse; (ii) se deben desestimar los tiempos de servicios
prestados para la Alcaldía de Sucre (Santander) comprendidos
entre el 4 de abril de 1981 y el 31 de diciembre de 1986 y los
tiempos entre el 4 de enero de 1987 y el 21 de septiembre de 1987
porque la certificación suscrita por la secretaria de G obierno de l
municipio de Sucre no señaló a qué fondo o entidad se realiza ron
los aportes, siendo imposible determinar a qué entidad se deben
cargar esos tiempos.
g. Mediante la Resolución UGM 033948 del 20 de feb rero de
2012 42 se resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión
inicial con idéntica s razones a las expuestas en el acto inicial .
h. Por medio de la Resolución RDP 016502 de 12 de abril de
2013 43, la UGPP dio cumplimiento a l fallo de tutela de 31 de octubre
de 2012 44, emanado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, bajo el radicado 2012 -00459, a través del cual se dispuso,
«[…] 2. CONCEDER, como mecanismo transitorio , la tutela
interpuesta por EMMA IDALI BERNAL MUÑOZ en contra del
Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, por violación
del derecho fundamental al debido proceso. 3. ORDENAR a l
Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social que, en un
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, adopte la decisión que corresponda, aplicando para la
liquidación de la mesada pensional de EMMA I DA LI BERNAL
MUÑOZ el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicios, de acuerdo con el artículo
6 del Decreto 546 de 1971 . 4. PREVENIR a EMMA IDA LI BERNAL
MUÑOZ para que a más tardar en cuatro (4) meses instaure e
impulse la corresp ondiente acción ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, so pena de la cesación de los efectos de esta tutela
[…]».
42 Folios 85 a 87 del expediente.
43 F o l i o s 400 a 404 del expediente .
44 P r o v i d e n c i a visible a folios 352 a 361 del expediente.
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En dicho acto administrativo la entidad demandada expresó :
• Q ue la pet icionar i a nació el 12 de f ebr er o de 1959 y cu ent a con
54 años de edad
• Q ue acr edit ó los siguient es t iem pos de ser vicios:
ENTIDAD LABORO DESDE HASTA NOVEDAD
DPTO STANDER 19810404 19861230 TIEMPO SERVICIO
DPTO STANDER 19870404 19870921 TIEMPO SERVICIO
DPTO
19870922 19871126 TIEMPO SERVICIO
STANDER
RAMA JUDICIAL 19880316 19920530 TIEMPO SERVICIO
FISCALIA GRAL
19920601 20020717 TIEMPO SERVICIO
NAC
FISCALIA GRAL
205 DIAS INTERRUPCION
NAC
FISCALIA GRAL
354 DIAS INTERRUPCION
NAC
FISCALIA GRAL
355 DIAS INTERRUPCION
NAC
• Solo se t iene en cuent a la f echa f inal de 17 de j ulio de 2002 por
cuant o la pet ic ionar i a pr esent ó int er r upci ón labor al d esde el 18 de
j ulio de 2002 a l 01 de f ebr er o de 2005 por suspensión de l car go
sin der echo a r em uner ación.
• Q ue la int er esada acr edit a un t ot al de 7462 dí as labor ados,
cor r espondient es a 1, 066 sem anas.
• Se t uvier on en cuent a los siguie nt es f act or es:
VALOR
AÑO FACTOR
IBL
2002 ASIGNACIÓN BÁSICA MES 938.045
BONIFICACIÓN SERVICIOS
2002 52.482
PRESTADOS
2001 PRIMA DE NAVIDAD 87.294
2002 PRIMA DE SERVICIOS 42.224.00
2002 PRIMA DE VACACIONES 80.376.00
I BL: 1’200. 421 x 75% = $900. 316.
• se r econoció y or denó pagar una pensión de vej ez en cuant í a de
$900. 316, ef ect iva a par t ir del 18 de julio de 2002, con ef ect os
f iscales a par t ir de l a inclus ión en nóm in a y por cuat r o m eses m ás
y con post er ior idad siem pr e que se acr edit e el in ic io de la a cción
cont enciosa.
• la pr e st ación e st ar í a a car go del DE PAR TAM ENT O DE
SANTA ND ER por 23 00 dí as ( $277. 503) y FO NDO DE P ENSI O NES
PÚBLI CA S FO PEP p or 5162 dí as ( $622. 813) , ef ect iva a par t ir del
18 de j ulio de 2002 con ef ect os f iscales a par t ir de la inclus i ón en
nóm ina.
• la obj eció n pr esent a da al pr oyect o de r esoluc ión por par t e de la
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G ober nación de S an t ander el 4 de abr il de 2013 no se t endr á en
cuent a, lo ant er ior toda vez que dicha obj eción f ue pr esent ada en
f or m a ext em por ánea ya que la consult a de cuot a part e así com o el
pr oyect o de r esolución per t inent e se allegó a la G ober nación de
Sant ander el 31 de ener o de 2013, t eniendo 15 dí as par a realiz ar
las obj ecion es del caso, t ér m ino que se encuent r a m ás que
vencido.
• Descont ar de las m esadas at r asadas a las que t ie ne der e cho la
dem and ant e, la suma de $1’038. 034 por concept o de apor t es par a
pensión de f act or es de salar i o no ef ect u ados, sin per j uic io d e los
valor es adici onal es o super ior es que post er ior m ent e se det erm inen
por ese concept o.
• Dicho act o f ue n ot i f icado el 19 de abr il de 20 13 a la dem and ant e.
Establecidos los anteriores supuestos fácticos, le corre sponde a la
Sala resolver el problema jurídico planteado.
4.2 Análisis sustancial
4.2.1 ¿La señora Emma Idali Bernal Muñoz, en calidad de
beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, tiene derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación conforme a lo señalado en el Decreto 546 de 1971,
esto es, con la a signación salarial más elevada devengada en
el último año de s ervicios?
Para resolver el p roblema jurídico planteado, le corresponde a la
Sala aplicar las reglas jurisp rudenciales fijadas por la Sección
Segunda de lo Contencioso Administrativo en la se ntencia de
unificación de 11 de junio de 2020 45, que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales.
Al respecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, se
tiene demostrado que la demandante nació el 12 de febrero de
1959, por lo tanto, tenía más de 35 años de edad para el 1º de abril
de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para
los empleados del nivel nacional. Asimismo, acreditó un total de
1066 semanas cotizadas y un tiempo de servicios en la Rama
45 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 11 de junio de 2020, radicación: 150012333000201600630 01 (4083 -2017)
CE-SUJ-S2-021-20. Demandante: Cándida Rosa Araque de Navas. Dentro de
este proceso, la Sala de Sección aceptó el impedimento manifestado por el
suscrito ponente, mediante providencia del 30 de mayo de 2019.
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judicial y FG N , su perior a 10 años, desde el 26 de diciembre de
1990 hasta el 17 de julio de 2002, siendo el último cargo
desempeñado el de Asistente Judicial IV, de la Dirección Seccional
de Fiscalías de Bogotá.
En ese orden, cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y, por tanto, tiene derecho a conservar las prerro gativas de
edad, tiempo de servicios y monto pensional previstos en el régimen
anterior al cual se encontraba afiliada , que en su caso es el régimen
especial de servidores de la Rama Judicial y del Ministe rio Público,
contenido en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, por haber
cumplido con los requisitos allí señalados para adquirir el derecho
a la pensión.
En efecto , según el decreto en mención, la edad para la pensión,
en el caso de las mujeres, es de 50 años, los cuales fueron
cumplidos por la demandante el 12 de febrero de 2009. Además, el
mismo decreto exige un tiempo de servicios públicos de 20 años de
los cuale s al menos 10 lo hayan sido en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, requisito que también acreditó la actora d esde
el 26 de diciembre de 1990 hasta el 17 de julio de 20 02, de modo
que aquella tiene derecho a la aplicación de las condiciones de
edad (50 años), tiempo de servicios (20 años en el sector público
de los cuales 10 hayan sido en la Rama Judicial) y monto o
porcentaje de liquidación de la pensión (75%), consagrados en el
Decreto 546 d e 1971.
En lo que tiene que ver con el IBL d e la pensión, la pensión debía
liquidarse con el ingreso base de liquidación establecido en los
artículos 21 y 36, inciso terce ro de la Ley 100 de 1993, es decir
que, si al empleado le faltaban más de 10 años para adquirir e l
derecho al entrar en vigencia esta Ley, la prestación se liquidará
con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años , pero si le
faltaba menos de ese tiempo, la pensión se deberá liquidar teniendo
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en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que le hicie re
falta, o de lo cotizado en todo el tiempo, el que fuere superior.
Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1º de
abril de 1994), a la demandante le faltaban 14 años, 10 meses y 11
días para adquirir el derecho a la pensión (del 1º de abril de 1994
al 12 de febrero de 2009 ), por lo tanto, su pensión debía liquidarse
con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años .
No obstante , la entidad demandada, en cumplimiento a una orden
judicial po r vía de tutela, a través d e la Resolución RDP 016502
de 12 de abril de 2013 46 reconoció la pensión de la demandante
teniendo en cuenta la asignación mensual más elevada percibida
durante el último año de servicios (2002) y los f actores de
asignación básica, bonificación por servicios prestados, prima de
navidad, prima de servicios y prima de vacaciones devengados .
De lo anterior, advierte la Sala que la liquidación efectuada por la
entidad no se ajustó a lo señalado en la sentencia de unificación
CE-SUJ -S2-021-20 de 11 de junio de 2020 en relación con el
período y factores q ue se deb ían tener en cuenta para dicha
liquidación, en la medida que tomó la asignación más elevada
percibida en el último año y la totalidad de los factores salariales
devengados, aspecto que resulta ser más beneficioso para la
demandante.
En principio , en v irtud de la congruencia con las pretensiones
incoadas, no sería plausible hacer más gravosa la situación inicial
de la demandante en relación con el período y factores q ue tuvo
en cuenta la entidad demandada para la liquidación, sin embargo,
no puede perderse de vista que en este caso dicha decisión fue el
resultado del cumplimiento de un fallo de tutela como mecanismo
transitorio por el t érmino de 4 meses , y hasta que la demandante
46 F o l i o s 400 a 404 del expediente .
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Radicación: 25000 23 42 000 2013 00873 01 (4241-2021)
Demandante: Emma Idali Bernal Muñoz
promoviera el medio de control an te esta jurisd icció n para e l
reconocimiento definitivo de su derecho.
En efecto, nótese que, en la sentencia de tutela del 31 de octubre
de 2012, el Tribu nal Superior de Bogotá, Sala Penal, precisó lo
siguiente:
«Se aclara que el amparo constitucional de los derechos
fundamentales al debido proceso y libertad personal se hace
de manera transitoria como lo solicita la accionante en la
demanda, por lo que se prevendrá a EMMA IDALI BE RNAL
MUÑOZ para que a más tardar en cuatro (4) meses instaure e
impulse la correspondient e acción ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, so pena de la cesación d e los
efectos de esta tutela».
Así pues, el reconocimiento y liquidación pensional contenido en la
Resolución RDP 0 16502 de 12 de abril de 2013 47 emitida por la
UGPP siempre estuvo condicionado a la de finición de la
controversia en sede contenciosa administrativa , tal y como se
desprende de su artículo primero:
«PRI M ERO : dar cum plim ient o al f all o j udicial pr of er ido por
TRI BUN AL SU PERI O R DEL DI ST RI TO JUDI CI AL D E BO G O TA D. C.
el 31 de oct ubr e de 2012 y en consecuencia, r econocer y ordenar
el pago a f avor de l ( a) señor ( a) BERNA L M UÑO Z EM M A I DALI ya
ident if ica do ( a) , de una pensión m ensual vit al icia VEJ E Z, en
cuant í a de $900. 316 ( NO VECI ENTO S M I L TRESCI E NTO S
DI ECI SEI S PESO S M / CTE) , ef ect iva a par t ir del 18 de j ulio de
2002( sic) con ef ect os f iscales a par t ir de la inclusi ón en nóm ina, y
por cuat r o m eses m ás y con post e r ior idad si empre y cuando
acredi t e ant e est a ent i dad el i ni ci o de las acci ones cont enci osa
a que haya l ugar» .
Bajo dicho hilo argumentativo, e s claro que la demandante acudió
a esta jurisdicción por ser el juez natural de la controversia, para
obtener el reconocimiento con carácter definitivo de su derecho
pensional, y porque así lo ordenó el juez de tutela dado que la
pensión inicialmente reconocida fue condicionada al inicio del
presente medio de control .
47 F o l i o s 400 a 404 del expedient e.
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Por lo expuesto, dado que la pen sión inicialmente reconocida a la
demandante obedece al cumplimiento de un fallo de tutela como
mecanismo transitorio, a pesar de que le resultara más beneficioso,
considera la Sala que en este caso sí resulta procedente ordenar el
reconocimiento y liquida ción de dicha prestación con sujeción a las
reglas de unificación de la sentencia del 11 de junio de 2020 .
De acuerdo con los factores disp uestos en la sentencia de
unificación y de cara al caso concreto se tiene lo siguiente:
Factores de salario - base
de cotización-servidores Factores tenidos en cuenta
Factores de salario
públicos incorporados al en la Resolución RDP 016502
devengados por la
sistema general de de 12 de abril de 2013 (f. 400
demandante (fs. 22 a 30).
pensiones – Decreto 1158 de yss)
1994.
Asignación básica mensual Asignación básica Asignación básica
Bonificación por servicios
Bonificación por servicios Bonificación por servicios
prestados
Prima técnica, cuando sea
factor de salario
Primas de antigüedad,
ascensional y de capacitación
cuando sean factor de salario
Remuneración por trabajo
dominical o festivo
Remuneración por trabajo
suplementario o de
horas extras, o realizado en
jornada nocturna
Gastos de representación
Factores de salario - base de
cotización-servidores Rama
Judicial-Ministerio Público
en desarrollo de la Ley 4ª. de
1992, que a su vez dio
cumplimiento a lo
establecido por el literal e)
del numeral 19 del artículo
150 de la Carta Política. (CE -
SUJ-S2-021-20 de 11 de junio
de 2020)
Prima especial
Bonificación por
compensación
Prima de productividad
Bonificación por actividad
judicial
Bonificación judicial
Prima de vacaciones
Prima de vacaciones
Prima de servicios
Prima de servicios
Prima de navidad
Prima de navidad
Sueldo de vacaciones
Es decir que, en la liquidación se incluyeron los factore s de prima
de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones pese a
que estos no constituyen salario para la liquidación de la pensión .
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Ahora bien, e n la sentencia apelada el a quo ordenó liquidar la
pensión con el pro medio de los salarios devengados en el periodo
comprendido entre el 18 de ju lio de 1 992 y el 17 de ju lio de 2002,
teniendo en cuenta los factores indicados en el artículo 1 del
decreto 1158 de 1994, decisión que se aviene a las reglas
jurisprudencias de la sentencia del 28 de agosto de 2018 y que
fueron acogidas en la sentencia del 11 de junio de 2020, sobre el
ingreso base de liq uidación, es decir, si le fa ltare más d e 10 años,
será el promedio de los salar ios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reco nocimiento
de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC
certificado por el DANE .
En cuanto a los fa ctores salariales consideró que se debían incluir
los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, que hubieren sido
devengados y cotizados, es decir, para el caso concreto , la
asignación básica y la bonificación por servicios prestados ,
teniendo en cuenta que la demandante EMMA IDALI BE RNAL
MUÑOZ, no devengó otro factor adicional de los consagrados para
los servido res judiciales en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 , (prima
especial, bonificación por compensación, prima de pro ductividad,
bonificación por actividad judicial y bonificación ju dicial), pues su
último cargo desempeñado fue el de Asistente Judicial IV de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá .
Bajo tal entendimiento, la sentencia de primera deberá ser
confirmada pues se ajustó a las reglas jurisp rudenciales que
constituyen precedente vinculante y obligatorio en los casos
similares que actualmente se están tramitando en juzgados,
tribunales admin istrativos y Consejo de Estado.
Ahora bien, en torno al motivo de apelación de la UGPP alusivo a
«no tener en cuenta los tiempos prest ados en el Municipio de Sucre
entre el 4 de enero de 1981 y 31 de diciembre de 1986 y del 4 de
enero de 1987 al 21 de septiembre d e 1987», la Sala advierte que
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fueron allegados los siguientes documentos:
✓ For m at o No. 1 de inf or m ación labor a l ex pedido e l 10 de oct u br e de
2011 por el M unici pi o de Sucr e ( Sant and er ) 48 que da cuent a de lo s
t iem pos de ser vicios de la dem andant e desde el 4 de abr il de 1981
al 31 de d iciem br e d e 1986 com o Bib li ot ecar ia del Col egio S er gio
Ar iza, y del 4 de ener o de 1987 al 21 de sept iem br e de 1987 com o
secr et ar ia de la Tesor er í a M unicipal.
✓ I gualm ent e, la cer t ificació n de ser vicios pr est ados em it ida por el
secr et ar io de G obie r no del M unic ipio d e Sucr e el 6 de m ar zo de
2009 que da cuent a de dicha vincu lac ión labor al 49.
Dichas pruebas no fueron tachadas de falsas por la entidad
accionada y fueron debidamente incorporadas al pro ceso como
integrantes del expediente administrativo prestacional, es decir,
provienen de la entidad demandada, razón por la cual se le otorga
valor probatorio para demostrar los tiempos de servicios de la
demandante en el ente territorial, cumpliendo de esta ma nera un
tiempo de 6 años, 7 meses y 18 días, que sumados a los demás
acreditados en la rama judicial y la FGN, arrojan un tie mpo total de
21 años y 14 días, de lo que se sigue que la demandante sí acreditó
dicho requisito para acceder al recon ocimiento p ensional y en esa
medida no está llamado a prosperar el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.
4.2.2. ¿La demandante tiene derecho a la mesada catorce al
tenor de lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005, teniendo
en cuenta que adquirió el estatus pensional el 12 de febrero de
2009?
La UGPP afirma en el recurso de apelación, que en lo atinente a la
mesada catorce, el acto legislativo 01 de 2005 la eliminó y que las
excepciones allí previstas perdieron vigencia el 31 d e julio de 2011
lo que indica que no podría reconocerse a favor de la accionante.
Al respecto, c omo se indicó en el marco normativo, la mesada
catorce la recibirán las personas a quienes se les reconoció pensión
48 F o l i o s 64, 65, 299, 300, 344 y 345 del expediente.
49 F o l i o 345 del expediente.
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con anterioridad al 31 de julio del 2011, o que se hubiera causado
su derecho con antelación a dicha fecha, siempre y cuando su
mesada pensional sea igual o inferio r a 3 S MLMV. Pero, aquellos
cuyo derecho prestacional se cause después del 31 de julio del
2011, solamente recibirán trece mesadas, ind ependientemente del
monto de la misma.
En el presente caso l a demandante tiene derecho al reconocimiento
y pago de la mesada adicional deprecada en la medida que cumple
la exigencia del parágrafo transitorio 6° del artículo 1º del acto
legislativo 1 de 2005.
En efecto, si bien su pensión se causó el 12 de febrero de 2009, y
reconoció el 12 de abril de 2013 por orden judicial , el valor de esta
($930.376) es inferior a 3 smlmv.
Lo último, si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal mensual
vigente para el año en que se hizo efectiva la prestación (20 09) era
de $496.900 pesos m /cte y, de acuerdo con lo ordenado sobre la
reliquidación pensional, el promedio de los salarios de los últimos
10 años anteriores al reconocimien to no excedería 3 veces el
referido salario mí nimo.
Así las cosas, se confirmará lo ordenado en la sentencia apelada,
en el sentido de que, efectuada la reliquidación, la entidad
demandada procederá a reconocer la mesada 14 en el evento de
que la nueva cuantía pensional no exceda los 3 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para el año de consolid ación del
estatus pensional (12 de febrero de 2009) , empero, como se
advierte que en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia apelada no se consignó dicha orden, se procederá a su
adición en los términos expuestos.
4.2.3. ¿Procede la indexación de la primera mesada pensional
reconocida a la señora Emma Idali Bernal Muñoz, cons iderando
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que su retiro del servicio se produjo en el año 2002 pero su
estatus pensional fue consolidado el 12 de febrero de 2009?
De conformidad con el marco normativo y jurisprudencia l expuesto
en precedencia y de acuerdo con el acervo probatorio allegado al
proceso, se encuentra demostrado lo siguiente:
✓ La causante laboró como asistente judicial IV de la FGN hasta
el 17 de julio de 2002.
✓ La asignación básica del año 2002 ascendía a la suma de
$938.045 (folio 204).
✓ El reconocimiento de la pensión de jubilación se efectuó en el
año 2013 mediante la Resolución RDP 016502 de 12 de abril
de 2013 50, con efectos fiscales a partir de su inclusión en
nómina y en cuantía de $900.316 .
✓ La entidad demandada tomó como ingreso base de liquid ación
la asignación básica y factores devengados en el año 2002
por valor de $1’20 0.421, sin actualiza r dichas sumas a valor
presente , no obstante que habían transcurrido 6 años y 7
meses.
En el caso concreto, se muestra evidente que la liquidación de la
pensión de jubilación contenida en la Resolución RDP 016502 de
12 de abril de 2013 tuvo en cuenta los salarios de 2002 y que
coinciden con los que se relacionan en el certificado obrante a folio
204 y ss, lo que denota que dicho valor se había devaluado para el
momento de adquirir el estatu s pensional.
Lo anterior quiere decir, que la demandada no tuvo en cuenta que
entre el 17 de julio de 2002 –fecha en que cesó la prestación del
servicio –, y el 12 de febrero de 2009 –momento en el cual cumplió
50 años de edad –, transcurrieron más de 6 años y 7 m eses, por lo
que el monto de su ingreso base de liquidación experimentó una
devaluación, lo que se tradujo en una evidente afectación al poder
50 F o l i o s 400 a 404 del expediente .
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adquisitivo de su mesada pensional, tal y como lo consideró el
Tribunal de primera instancia.
En efecto, la demandada no efectuó ninguna indexación, es decir,
no tuvo en cuenta el efecto del paso del tiempo que hace que se
pierda de manera ostensible y considerable su poder adquisitivo
hecho que se evidencia en la columna valor IBL del acto demandado
donde se observa que en el cuadro resumen de la liquidación, que
las sumas corresponden a la asignación básica y factores
devengados en el año 2002 sin actualizar su valor de acuerdo con
el índice de precios al consumidor para la fecha de consolidación
del estatus.
En relación con los motivos de apelación de la entidad demandada ,
la Sala concluye que al ser la devaluación de la moneda un hecho
notorio que disminuyó el poder adquisitivo de la pensión de la
demandante , la indexación de la primera mesada pensional es
procedente, de conformidad con los artículos 48 y 53 de la
Constitución Política y con los princip ios de equidad y justicia, como
lo ordenó el a quo, razón por la cual se confirmará la sentencia
apelada.
5. Conclusión
Conforme a lo expuesto, se confirmará la decisión de primera
instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de enero de 2020
que accedió a la s pretensiones de la demanda , pero por las razones
expuestas en la presente providencia .
Se adicionará el numeral tercero en el sentido de ordenar a la
entidad demandada a que una vez efectuada la reliquidación,
proceda a reconocer la mesada 14 en el evento de que la nueva
cuantía pensional no exceda los 3 salarios mínimos legales
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mensuales vi gentes para el año de consolidación del estatus
pensional (12 de febrero de 2009).
6. Condena en costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa
naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que
incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho, los
llamados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo gastos ordinarios del proceso y otros
como son los necesarios pa ra t raslad o de testigos y para la práctica
de la prueba pericial, los honorario s de auxiliares de la justicia
como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior
en caso de apelación.
Atendiendo esa orientación y de conformidad con lo previsto en los
numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General d el Proceso,
en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas de
segunda instancia, pues la presente decisión es el resultado del
cambio jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la le y,
FALLA
PRIMERO: CO NFI RMAR la sentencia del 23 de enero de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pret ensiones de
la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Emma Idali Bernal Muñoz contra la Unidad
Administra tiva Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Socia l -UGPP, de conformidad con
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las consideraciones expuestas en la presente sentencia.
SEGUNDO: ADI CI ONAR e l numeral t ercero en el sentid o de ordenar
a la entidad demandada a que, una vez efectuada la reliquidación
pensional en los términos indicados en esta sentenci a, junto con la
respectiva indexación de la primera mesada , proceda a reconocer
la mesada 14 en el evento de que la nueva cuantía pensional no
exceda los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el
año de consolidación del estatus pensional (12 de febrero de 2009).
TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia con
fundamento en las razones expuestas.
CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
del dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022) .
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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