Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01129-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-01129-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-01129-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez,
Patricia Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián
Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
Tema: bonificación por compensación – Decreto 610 de 1998. Fiscales delegados ante el
tribunal de distrito. Subtema 1: efectos de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de
2004. Subtema 2: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes realizados al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, el 31 de octubre de 2017, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia Jacqueline
Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián, en su condición de fiscales
delegados, solicitaron el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de todo lo
percibido por los magistrados de las altas cortes, así como de la diferencia entre lo
que se les viene pagando y lo que efectivamente corresponde. Además, pidieron
que se les siga sufragando la bonificación por compensación de forma permanente
y que se les abonen en idéntico porcentaje las diferencias adeudadas por concepto
de la prima especial de servicios.
La Nación, Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda al considerar que ha liquidado la asignación salarial y prestacional con
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
sujeción a la normativa. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca anuló los actos administrativos demandados y condenó a la entidad
demandada al pago de la diferencia existente por concepto de la bonificación por
compensación, lo cual debía coincidir con los ingresos anuales de los congresistas
de la República en aplicación del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. En igual sentido,
la condenó en costas.
Inconforme con esta decisión, la Nación Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación en el que insiste en que ha actuado acorde con la norma que
rige la materia y en que no está obligada a modificar situaciones jurídicas
reconocidas al amparo de una disposición declarada nula, como es el caso del
Decreto 4040 de 2004.
2. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián, mediante apoderada
judicial, presentaron demanda1 el 21 de marzo de 20132 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Fiscalía General
de la Nación, con las siguientes:
2.1.1. Pretensiones
Primera.- Que se dé aplicación al Decreto 610 de 1998 y se declare que los
demandantes Orlando Tello Hernández, Patricia Jacqueline Feria Bello, Bertha
Esperanza Florián Florián, María Claudia Merchán González tienen derecho a que
se les pague la bonificación por compensación conforme a este decreto, normativa
que no les fue aplicada y reconocida por estar vigente el Decreto 4040 de 2004, que
fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de
diciembre de 2011, por ilegal e inconstitucional.
Segunda.- Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 1) Con
respecto al doctor Orlando Tello Hernández. a) Comunicado DSAFB-22 008656 del
5 de junio de 2012; b) Resolución n°. 2-2838 del 13 de agosto de 2012, expedida
por la Secretaría General de la Fiscalía, mediante la cual resuelve el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de la Dirección Seccional de Bogotá,
comunicada mediante oficio DSAFB-22-014415 del 31 de agosto de 2012. 2) Con
respecto a la doctora Patricia Jacqueline Feria Bello. a) Comunicado DSAFB-22
008657 del 5 de junio de 2012 de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera
de Bogotá; b) Resolución n°. 2-2481 del 13 de agosto de 2012, expedida por la
Secretaría General de la Fiscalía, mediante la cual resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión de la Dirección Seccional de Bogotá, comunicada
1 Folios 170 a 196 del cuaderno principal.
2 Folio 197 del cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
mediante oficio DSAFB-22-014417 del 31 de agosto de 2012. 3) Con respecto a la
doctora Bertha Esperanza Florián Florián. a) Comunicado DSAFB-22 008658 del 5
de junio de 2012 de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá;
b) Resolución n°. 2-2837 del 13 de agosto de 2012, expedida por la Secretaría
General de la Fiscalía, mediante la cual resuelve el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de la Dirección Seccional de Bogotá, comunicada mediante oficio
DSAFB-22-014414 del 31 de agosto de 2012. 4) Con respecto a la doctora María
Claudia Merchán Gutiérrez. a) Oficio OPER radicado 20123100029631 del 18 de
mayo de 2012 de la Oficina de Personal de la Fiscalía General de la Nación; b)
Comunicado DSAFB-22 008659 del 5 de junio de 2012, expedido por la Dirección
Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá; c) Resolución n°. 2-2842 del 13 de
agosto de 2012, expedida por la Secretaría General de la Fiscalía, mediante la cual
resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Dirección
Seccional de Bogotá, comunicada mediante oficio DSAFB-22-014418 del 31 de
agosto de 2012; d) Resolución n°. 2-4415 del 18 de diciembre de 2012, expedida
por la Secretaría General de la Fiscalía, mediante la cual resuelve el recurso de
apelación interpuesto contra el oficio OPER 20123100026631, notificada mediante
oficio DESAFB-21 000256 del 10 de enero de 2013. Actos administrativos expedidos
por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá y por la Secretaría
General de la Fiscalía General De La Nación que dieron contestación al derecho de
petición que agotó la vía gubernativa de mis poderdantes del 11 de noviembre de
2011, en el que se solicitó la nivelación salarial mensual conforme a lo señalado en
el Decreto 610 de 1998 y donde se pidió el pago de la diferencia del sueldo mensual,
conforme el Decreto 610, y el pago de la prima especial de servicios, conforme la
Ley 4 de 1992.
Tercera.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Dirección Nacional Administrativa y Financiera, a título de
restablecimiento del derecho, declarar que los doctores Orlando Tello Hernández,
Patricia Jacqueline Feria Bello, Bertha Esperanza Florián Florián y María Claudia
Merchán González, les asiste razón jurídica para que la entidad demandada les
liquide y cancele las sumas adeudadas por concepto de bonificación por
compensación, con fundamento en el Decreto 610 de 1998, es decir, ordenándose
pagar el 80 % de lo que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes,
desde que el derecho se hizo exigible, es decir, desde la fecha de vinculación de
cada una como fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá y fiscal
auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, según las certificaciones de tiempo de
servicios acompañadas, hasta que satisfaga la obligación.
Cuarta.- Que se ordene liquidar y pagar a la Nación, Fiscalía General de la Nación,
Dirección Nacional Administrativa y Financiera, y a favor de los doctores Orlando
Tello Hernández, Patricia Jacqueline Feria Bello, Bertha Esperanza Florián Florián
y María Claudia Merchán González, la diferencia entre lo que se les viene
cancelando y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene el pago del
80 %, en los términos de la pretensión anterior, diferencias efectivas desde la
vinculación de cada una como fiscales delegados ante el Tribunal Superior de
Bogotá, según las certificaciones de tiempo de servicios acompañadas, calculadas
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
sobre la base de una cuantía pretendida del 80 % de lo que por todo concepto
perciben los magistrados de altas cortes.
Quinta.- Que se ordene a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Dirección
Nacional Administrativa y Financiera continuar cancelando la referida bonificación
por compensación de manera permanente, establecida en los Decretos 610 y 1239
de 1998, en concordancia con la Ley 10 de 1998 y 63 de 1998, Decreto 1102 del 24
de mayo de 2012, pagándose el 80 % de lo que por todo concepto devenguen o
lleguen a devengar los magistrados de las altas cortes, extensiva a lo que por todo
concepto reciben los congresistas.
Sexta.- Que también a título de restablecimiento del derecho se condene a la
Nación, Fiscalía General De La Nación, Dirección Nacional Administrativa y
Financiera a cancelar a mis poderdantes en la misma proporción, es decir, en una
suma equivalente al 80 % de las diferencias adeudadas, por concepto de prima
especial de servicios, desde la fecha de vinculación de las demandantes, teniendo
en cuenta para su liquidación, reconocimiento y pago todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, los cuales
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda,
prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, y según la
sentencia del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2009, Conjuez ponente: Luis
Fernando Velandia Rodríguez.
Séptima. - Igualmente, que se condene a la Nación, Fiscalía General de La Nación,
Dirección Nacional Administrativa y Financiera que, en adelante, se continúe
cancelando a los demandantes su prima especial de servicios y hasta cuando
ejerzan el cargo de fiscales delegados.
Octava.- Que se reconozca y pague a favor de mis poderdantes la diferencia entre
lo que efectivamente recibieron por concepto de salarios, primas, bonificaciones,
vacaciones, etc., en un porcentaje del 80 % de lo que por todo concepto perciba un
magistrado de alta corte.
Novena.- Que se ordene que las sumas que resulten a favor de mis mandantes sean
canceladas con la indexación correspondiente, con fundamento en el artículo 187
del Código Contencioso Administrativo.
Décima.- Que se ordene a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Dirección
Nacional Administrativa y Financiera dar cumplimiento al pago, según lo consagrado
en los artículos 192 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
Décima primera.- Condenar a la Nación, Fiscalía General de la Nación, Dirección
Nacional Administrativa y Financiera a que si no da cumplimiento a la decisión dentro
del término previsto en el artículo 192 del CCA, pague a favor de mi representada los
intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, conforme al inciso 3 del
artículo 192, en concordancia con el artículo 195, numeral 4 del CCA, y en
concordancia con la sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional, que
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Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
expresa que «los intereses moratorios se causan desde el mismo momento en que
la condena se hace exigible».
Décima segunda.- Que se condene en costas a la entidad demandada.
2.1.2. Hechos
3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, los demandantes expusieron,
en síntesis, lo siguiente:
(i) Que han prestado sus servicios a la Nación, Fiscalía General de la Nación,
en calidad de fiscales delegados ante el Tribunal de Distrito de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá y fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia, según las certificaciones expedidas por la Dirección Seccional
Administrativa y Financiera de Bogotá, así: a) Orlando Tello Hernández, desde el
30 de junio de 2010; b) Patricia Jacqueline Feria Bello, desde el 7 de agosto de
2010; c) Bertha Esperanza Florián Florián, desde el 2 de febrero de 2010; y d) María
Claudia Merchán Gutiérrez, desde el 28 de julio de 2010.
(ii) Que se les viene pagando la bonificación de gestión judicial en un 70% de lo
percibido por los magistrados de altas cortes. Por tanto, se ha generado una
diferencia del 10% respecto de la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998, correspondiente al 80%.
(iii) Asimismo, que presentaron escrito ante la Dirección Nacional Administrativa
y Financiera de la Nación, Fiscalía General de la Nación, el 11 de noviembre de
2011, con el radicado núm. 20116111870932, en la que solicitaron el pago del 80%
de lo percibido por los magistrados de las altas cortes, así como de la prima
especial. Sin embargo, la entidad demandada negó lo pedido en los siguientes actos
administrativos emitidos en punto a cada uno de los demandantes:
«Tabla 1, actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada negó lo pedido».
Demandante Acto administrativo
Orlando Tello Hernández Comunicado DESAFB-22 008656 del 5 de junio de
2012
Patricia Jacqueline Feria Bello Comunicado DSAFB-22 008657 del 5 de junio de
2012
Bertha Esperanza Florián Florián Comunicado DESAFB-22 008658 del 5 de junio de
2012
María Claudia Merchán Gutiérrez Comunicado DESAFB-22 008659 del 5 de junio de
2012 y OPER 20123100029631 del 18 de mayo de
2012
En particular, la Nación, Fiscalía General de la Nación sostuvo que no contaba con
la adición presupuestal requerida para efectuar el pago de la bonificación por
compensación, aunado a que no era viable acceder al reconocimiento y pago de la
prima especial toda vez que ha liquidado y pagado lo correspondiente de
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Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
conformidad con la asignación salarial y prestacional dispuesta por el Gobierno
nacional.
(iv) Los actores, inconformes con estas decisiones, interpusieron recursos de
apelación, respectivamente, el 13 de junio de 2012, que la entidad resolvió en los
siguientes actos administrativos:
«Tabla 2, actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada resolvió las apelaciones».
Demandante Acto administrativo que resolvió apelación
Orlando Tello Hernández Resolución núm. 2-2838
Patricia Jacqueline Feria Bello Resolución núm. 2-2841
Bertha Esperanza Florián Florián Resolución núm. 2-2837
María Claudia Merchán Gutiérrez Resolución núm. 2-2842
Resolución núm. 2-4415
(v) Los señores Orlando Tello Hernández, Patricia Jacqueline Feria Bello, Bertha
Esperanza Florián Florián y María Claudia Merchán Gutiérrez presentaron solicitud
de conciliación extrajudicial, el 18 de diciembre de 2012. No obstante, esta diligencia
se declaró fallida.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Los demandantes citaron como normas violadas las siguientes: Constitución
Política, artículos 1, 2, 6, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209; Código Sustantivo del
Trabajo, artículos 15 y 21; Código Contencioso Administrativo, artículos 1, 3, 35, 36,
84, 78, 85, 158 y 206 a 214; Ley 1437 de 2011, artículo 138; Ley 4 de 1992, artículos
2, literal a, 14, parágrafo y 15; Decreto 610 de 1998; Decreto 1239 de 1998; Decreto
10 de 1993, artículo 84; Decreto 1102 de 2012; Ley 270 de 1996, artículo 152,
numeral 7.
5. En el concepto de violación relataron que los actos administrativos
demandados vulneraron normas constitucionales y legales al transgredir derechos
adquiridos, toda vez que se desconocieron todas las situaciones predicables de
quienes se encuentran en igualdad de condiciones. En particular, era factible
advertir una diferencia salarial con relación a otros magistrados y fiscales delegados
a quienes sí se les paga el 80% de lo percibido por los magistrados de las altas
cortes, pese a tener la misma categoría.
6. Adicionalmente, el hecho de acogerse al Decreto 4040 de 2004 no constituyó
una decisión libre y voluntaria ya que se vieron sometidos a una situación de
inequidad respecto de quienes se les paga conforme al Decreto 610 de 1998. En
este sentido se lesiona el principio de irrenunciabilidad y el derecho a la igualdad
porque mientras que otros funcionarios perciben el 80%, como es debido, en su
condición solo reciben el 70% del monto como consecuencia de lo consignado en
el Decreto 4040 de 2004.
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Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
7. En este contexto, la negativa de la entidad de reconocer y pagar el ajuste de
la bonificación por compensación en cuantía del 80 %, conforme lo dispone el
Decreto 610 de 1998, dada la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004,
que había creado la bonificación de gestión judicial en un monto que iguala al 70 %
de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, se crea una
situación discriminatoria frente a los demás funcionarios que ejercieron igual cargo
y a quienes sí se les paga la bonificación por compensación con el primer
porcentaje. Por tanto, los decretos 610 y 1239 de 1998 recobraron vigencia, lo que
les confiere el derecho a percibir el 80% de lo devengado por los magistrados de
altas cortes.
8. Asimismo, expresaron que se desconocieron los artículos 15 y 16 de Ley 4
de 1992, en los cuales se creó la prima especial de servicios, posteriormente
reglamentada con el Decreto 10 de 1993. Concretamente, toda vez que les asiste
el derecho a percibir el 80% del valor de la prima especial devengada por los
magistrados de las altas cortes, que debe igualarse a su vez a la recibida por un
congresista.
2.2. Contestación de la demanda
9. La apoderada de la entidad demandada se opuso a la prosperidad de las
pretensiones al considerar que ha liquidado y pagado la asignación salarial y
prestacional de sus servidores conforme a la normativa vigente en cada anualidad.
En este orden, no le es dado entrar a hacer reconocimientos fuera de lo que la ley
prevé.
10. Precisó que los demandantes se desempeñaron en los cargos de fiscales
delegados ante el tribunal de distrito en varios períodos y estuvieron cobijados por
la bonificación de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 que se modificó con
posterioridad mediante el Decreto 1102 de 2012. De este modo, no le es posible
alterar situaciones jurídicas reconocidas durante la vigencia del Decreto 4040 de
2004, máxime cuando desde el 2012 ha pagado en los términos del Decreto 1102
de esa anualidad. En igual sentido, destacó que la declaratoria de nulidad del
Decreto 4040 de 2004 no genera efectos resarcitorios en torno a las situaciones de
los actores.
11. En línea con lo anterior, propuso las excepciones de cumplimiento de un
deber legal, cobro de lo no debido y la genérica3.
3 Folios 270 a 283 del cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia dictada el 31 de octubre de 20174, resolvió:
PRIMERO: Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en las
sentencias del 14 de diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto
4040 del 3 de diciembre de 2004 y a la de unificación jurisprudencial proferida el día
18 de mayo de 2016, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios
DSAFB-22 008656, DSAFB-22 008657, DSAFB-22 008658, DSAFB-22 0086569 del
05 de junio de 2012, expedidos por la Dirección Seccional Administrativa y
Financiera de Bogotá - Fiscalía General de la Nación, OPER 20123100029631 del
18 de mayo de 2012 en la Oficia de Personal de la Fiscalía General de la Nación,
las Resoluciones n°. 2-2837, 2-2838, 2-2841 y 2-2842 del 13 de agosto de 2012 y
2-4415 del 18 de diciembre de 2012, expedidas por la Secretaría General de la
Fiscalía General de la Nación, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales en la liquidación de la bonificación por
compensación, en los términos del Decreto 610 de 1998.
TERCERO: CONDENAR a la Nación, Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar
en favor de los señores Bertha Esperanza Florián Florián, Orlando Tello Hernández,
Patricia Jacqueline Feria Bello y María Claudia Merchán González,
retroactivamente, la diferencia existente entre lo percibido por concepto de
Bonificación por Compensación y lo que debió percibir por concepto de salarios y
prestaciones sociales, de acuerdo a lo consagrado en el Decreto 610 de 1998, es
decir, el 80 % de lo que por todo concepto perciben los Magistrados de Altas Cortes,
el cual debe coincidir con los ingresos totales anuales de los Congresistas de la
República, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 (Prima especial de
servicios), los cuales son: sueldo básico, gastos de representación, prima de
localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y
cesantías, a los señores:
• Orlando Tello Hernández, como fiscal delegado ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, desde el
30 de junio de 2010 hasta la fecha de ejercicio del citado cargo.
• María Claudia Merchán Gutiérrez, como fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, desde
el 27 de diciembre de 2010 hasta la fecha de ejercicio del citado cargo.
• Patricia Jacqueline Feria Bello, como fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, desde el 7 de agosto de 2010 hasta la fecha de
ejercicio del citado cargo.
• Bertha Esperanza Florián Florián, como fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, desde el 02 de febrero de 2010 hasta la fecha de
ejercicio del citado cargo.
4 Folios 391 a 405 del cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
CUARTO: La Nación, Fiscalía General de la Nación, dará cumplimiento al presente
fallo en el término estipulado y conforme a los artículos 187, 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTO: Se condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este proveído, las cuales serán liquidadas por Secretaría.
13. Lo anterior, por las razones que a continuación se sintetizan:
14. La bonificación por compensación creada mediante el Decreto 610 de 1998,
y que había sido derogada con ocasión a la expedición del Decreto 4040 de 2004,
revivió como consecuencia de la declaratoria de nulidad de esta última disposición.
Por lo tanto, en caso de encontrarse demostrado que la parte actora desempeña o
desempeñó uno de los cargos relacionados en los decretos 610 de 1998 o 1239 de
ese año sería beneficiaria de la bonificación por compensación.
15. En línea con ello, el Tribunal destacó que acogería la posición del Consejo
de Estado en punto a la prima especial de servicios percibida por los funcionarios
descritos en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, que debía ser proporcional a lo
recibido anualmente por un congresista. Bajo este entendido, tuvo por sentado que
debían tenerse en cuenta las cesantías al hacer parte de lo devengado por los
congresistas y causadas de forma permanente.
16. En este contexto puso de presente que a partir de las afirmaciones de la parte
demandada y las certificaciones obrantes en el proceso está demostrado el ejercicio
de los siguientes cargos respecto de cada uno de los demandantes en los períodos
de tiempo que a continuación se exponen:
• Orlando Tello Hernández: fiscal delegado ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a
partir del 30 de junio de 2010 y hasta la fecha.
• María Claudia Merchán Gutiérrez: fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a
partir del 27 de diciembre de 2010 y hasta la fecha.
• Patricia Jacqueline Feria Bello: fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, a partir del 7 de agosto de 2010 hasta la fecha.
• Bertha Esperanza Florián Florián: fiscal delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, a partir del 2 de febrero de 2010 a la fecha.
17. Por consiguiente, el Tribunal dispuso que en aplicación de la normativa
pertinente los cargos enlistados son beneficiarios de la bonificación por
compensación del 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes,
que debe incluir la prima especial. Esta última que a su vez debe tener en cuenta
las cesantías.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
18. De esta forma, los actores percibieron durante sus vinculaciones una
bonificación por compensación que no tuvo en cuenta el citado porcentaje, motivo
que los llevó a pedir en sede administrativa el pago de las diferencias porcentuales.
Sin embargo, la parte demandada resolvió negativamente la solicitud al
fundamentarse en razones de índole presupuestal, sin desconocer el derecho que
le asiste a la parte activa de reclamar el pago de la bonificación por compensación.
19. En este orden, se evidenció una transgresión de los derechos laborales que
le impuso al extremo demandante una carga que no estaba en la obligación de
soportar, si se tiene en cuenta que los actores acreditaron la calidad de beneficiarios
de la bonificación por compensación. Dicho de otro modo, el Tribunal expresó que
no era de recibo lo planteado por la Nación, Fiscalía General de la Nación, toda vez
que el fallo que anuló el Decreto 4040 de 2004 tiene efectos retroactivos.
20. En consecuencia, anuló los actos administrativos demandados y ordenó a
título de restablecimiento del derecho el reconocimiento de la bonificación por
compensación con el correspondiente pago de las diferencias dinerarias que
resultaran por los períodos acreditados de vinculación de cada uno de los actores.
En igual sentido, dejó claro que para estos efectos debía tenerse en cuenta todo lo
devengado por los magistrados de altas cortes quienes a su vez debían percibir lo
recibido por los congresistas, lo que implicaba la inclusión de la prima especial de
que trata el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992.
21. Finalmente, el Tribunal condenó en costas a la parte demandada por criterio
objetivo.
2.4. Recurso de apelación
22. El apoderado de la Nación, Fiscalía General de la Nación solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia5 y, en su lugar, se nieguen las
pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:
23. A pesar de que la sentencia contiene un análisis de los decretos 610 de 1998
y 4040 de 2004 pasó por alto aspectos relacionados con la situación jurídica. En
particular, que ha actuado según la norma que rige en materia salarial y prestacional
y que los fiscales delegados ante el tribunal superior de distrito, a partir del 1 de
enero de 1999, han sido beneficiarios de la bonificación por compensación
equivalente a la cuantía establecida en los decretos anuales.
24. Adicionalmente, a partir de los efectos de la sentencia de nulidad avalados
por el Consejo de Estado en la providencia del 23 de agosto de 2005, dentro del
radicado número 1672, como la entidad no tiene la facultad de modificar situaciones
reconocidas al amparo de una norma declarada nula, los pagos efectuados en
5 Folios 415 a 421 del cuaderno principal.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
vigencia del Decreto 4040 de 2004 están ajustados al principio de legalidad en el
gasto público. Por consiguiente, la nulidad de esta disposición, que en su momento
gozaba de presunción de legalidad, no implica una consecuencia resarcitoria frente
a los casos de los demandantes.
25. Asimismo, destacó que según el Decreto 1102 de 2012 el reajuste en el
porcentaje de la bonificación por compensación sería efectivo a partir del 27 de
enero de 2012. Por ende, como este no previó efectos retroactivos ello implicaba
una limitación en punto a las pretensiones de restablecimiento solicitadas por los
actores, aunado a que a partir de la citada fecha ha reconocido por concepto de
bonificación por compensación el valor dispuesto en el Decreto 610 de 1998. Del
mismo modo, la autoridad advirtió que no está llamada a modificar el régimen
salarial y prestacional. Por último, precisó que los pagos a los fiscales delegados se
calculan de modo que sus ingresos anuales no superen los ingresos salariales de
los magistrados de las altas cortes.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
26. El 12 de diciembre de 20196, los consejeros de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer del asunto, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP; y por
medio auto del 26 de marzo de 2021, el magistrado Alberto Montaña Plata,
integrante de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se
abstuvo de resolver el impedimento, ya que en atención a lo previsto en el artículo
4 del artículo 131 del CPACA, resultaba improcedente que toda la Sección se
declarara impedida, por lo que ordenó el envío del proceso al despacho de origen.
27. El 3 de marzo de 2022, los magistrados que integraban la Subsección B en
aquella época7 manifestaron su impedimento para conocer del asunto; y mediante
auto del 4 de agosto siguiente8, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró fundados los impedimentos, al considerar que les asistía un
interés directo en el resultado del proceso, en tanto lo perseguido por los
demandantes era el pago de la bonificación, concepto del cual habían sido
beneficiarios en su condición de funcionarios de la Rama Judicial.
28. En la referida providencia, los magistrados integrantes de la Subsección A9
también manifestaron su impedimento para conocer del asunto, a la luz del numeral
1° del artículo 141 del CGP.
6
Folios 446 a 447 del cuaderno principal.
7 Los doctores César Palomino Cortés, Carmelo Perdomo Cuéter y Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Folios 460 a 462 del cuaderno principal.
9 Los doctores Gabriel Valbuena Hernández, William Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas.
11
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
29. A través de auto del 22 de noviembre de 202210, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró fundados los impedimentos y, en
consecuencia, separó a los consejeros del conocimiento del asunto.
30. Por auto del 11 de abril de 202311, el conjuez designado por sorteo admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la
sentencia del 31 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
31. Luego de que esta providencia fue debidamente notificada la parte actora
allegó memorial en el que se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada. Refirió que eran inadmisibles los argumentos propuestos
por la Nación, Fiscalía General de la Nación en la alzada, pidió confirmar el fallo de
primera instancia y solicitó que se efectuaran unas precisiones en punto a los
períodos de vinculación de los demandantes. En particular, que la señora María
Claudia Merchán Gutiérrez estuvo vinculada desde el 28 de julio de 2010 según la
certificación que obra en el expediente y no a partir del 27 de diciembre de ese año
como lo aludió la sentencia y que el señor Orlando Tello Hernández prestó sus
servicios desde el 30 de junio de 2010 y hasta el 1 de mayo de 2013, la señora
Patricia Jacqueline Feria Bello desde el 7 de agosto de 2010 y la señora Bertha
Esperanza Florián Florián desde el 2 de febrero de 201012.
32. No obstante, lo cierto es que el presente recurso de apelación fue interpuesto
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y en estos términos se admitió. Por consiguiente,
no existía la oportunidad prevista en el actual artículo 247 del CPACA modificado
por la Ley 2080 de 2021, inciso cuarto, según el cual los sujetos procesales pueden
pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto por las demás partes desde
la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que lo
admite en segunda instancia. En atención a ello, el memorial de la referencia fue
interpuesto en una oportunidad procesal no prevista en la codificación procesal que
rige el asunto, esto es, con posterioridad a la notificación y ejecutoria del auto que
admitió el recurso de apelación y antes de que se corriera traslado para alegar de
conclusión.
33. Ahora bien, mediante auto del 5 de septiembre de 202313, se corrió traslado
a las partes por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, etapa de la cual únicamente hizo uso el apoderado de la entidad
demandada. En concreto, destacó que no era de su órbita de competencia entrar a
determinar la liquidación de la prima especial que perciben los magistrados de las
altas cortes. Así pues, si lo pretendido por la parte demandante era que se incluyera
dentro de esta la cesantía de los congresistas existía falta de legitimación en la
10
Folios 465 a 466 del cuaderno principal.
11 Folio 467 del cuaderno principal.
12 Samai, índice 45.
13 Folio 469 del cuaderno principal.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
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Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
causa por activa, en tanto los únicos habilitados para reclamarlo serían los
magistrados de las altas cortes.
34. Del mismo modo, trajo a colación que expidió los actos con sujeción a la
legalidad y a ello agregó que no podían liquidarse las cesantías teniendo en cuenta
la prima especial de servicios. Finalmente, pidió la aplicación de la regla de
prescripción contenida en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 frente a la
bonificación por compensación. Así, en los citados términos solicitó que se revocara
la sentencia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. En este
contexto, el expediente ingresó para proferir sentencia.
35. Sin embargo, en sesión del 23 de enero del 2025, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el
artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado),
realizó la reconfiguración de la lista de conjueces; y el 11 de febrero de 202514 se
hizo el sorteo para el reparto de los expedientes.
36. Seguidamente, mediante auto del 5 de marzo de 202515, el conjuez
designado por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el
expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA16,
según el cual «los nuevos magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que
respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al
nombramiento de estos».
37. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado
el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la
integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces
cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al
nombramiento de estos».
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
38. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
14 Índice 56 de Samai.
15 Índice 58 de Samai.
16 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el
Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple
comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se
requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que
entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque
concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos
Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de
impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos.
13
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conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra el fallo de primera instancia, corresponde
a la Sala definir si:
40. ¿La entidad demandada les ha pagado a los fiscales delegados ante el
Tribunal Superior de Distrito de Bogotá la bonificación por compensación según la
norma que rige en materia salarial y prestacional y el reajuste en el pago de esta
solo sería efectivo a partir del 27 de enero de 2012?
41. ¿Los pagos efectuados al amparo del Decreto 4040 de 2004 están ajustados
al principio de legalidad del gasto público?
42. ¿La nulidad del Decreto 4040 de 2004 no implica una consecuencia
resarcitoria frente a los casos de los demandantes?
43. ¿El reconocimiento del reajuste en la bonificación por compensación
solicitado por los demandantes implicaría una modificación del régimen salarial y
prestacional?
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
44. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería
una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados17 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje
de lo percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un
mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los
magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho
contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201318,
en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4 a, el
17
Y autoridades equivalentes.
18 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia
C-681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley
4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
14
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Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces
para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional
de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30%
de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente
y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el
Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel
como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían
sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4 a). Esta fijación
o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de
hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin
embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98
buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de
1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los
magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad
económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado
de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido,
por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%.
Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al
que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los
propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la
"prima especial" de la Ley 4 a pasó a denominarse "Bonificación por compensación"
y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para
las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.
45. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 19, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del
presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente,
que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales
actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación
por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determinar las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima
especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
46. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte
19 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros
funcionarios. Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo,
este último fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de
septiembre de 2001, ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor:
Pablo Julio Cáceres Corrales.
15
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Constitucional, y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través
del Decreto 1239 de 199820 dictado por el presidente de la República.
47. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos
términos que la prima especial de servicios de los magistrados de altas
cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los
aportes a salud;
iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional, y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados
Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el
Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales
ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de
Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura;
v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
20 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
16
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48. La sentencia del 18 de mayo de 201621, dictada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del artículo 15 de
la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610
de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993,
previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto
devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado” (subraya
fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente».
49. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera
que «el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente
por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que
resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de
tal naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998».
50. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la
prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de
alta corte]».
51. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como
ingresos anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte
y los ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para
fijar el ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»22.
52. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la
sentencia del 2 de septiembre de 201923, reiteró que la bonificación por
compensación hace parte de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada,
tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La
referida providencia también señaló que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los
ingresos laborales de sus destinatarios, a partir del año 2001, serían iguales al
ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-
23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-
23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad.
41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó que «el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y cargos homologados es un límite que no
puede ser superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios y de
ningún otro beneficio económico laboral».
53. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación24. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001),
2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
54. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001,
expediente 395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable
el Decreto 610 de 1998.
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
55. El Decreto 4040 de 200425, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y
que el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la
asignación básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los
funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa.
56. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral
del ingreso base de liquidación, debiendo cotizarse mensualmente sobre lo
devengado.
57. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y
abogados auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de
Distrito, fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos
seccionales de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y secretario judicial del
24 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de
2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales,
por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717
(1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
25 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la
Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del
Ministerio Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente
artículo.
58. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al
reconocimiento y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando
se encuentren en una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado
acciones judiciales relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan
de sus pretensiones, renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar
nuevamente acciones, en los términos del artículo 342 del Código de Procedimiento
Civil; b) Los que no han efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de
transacción para precaver litigios futuros relacionados con la Bonificación por
Compensación».
59. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14
de diciembre de 201126, declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en
atención a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los
destinatarios debían desistir de las demandas para obtener el pago de la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de
transacción. Se estimó que el Decreto 4040 de 2004 otorgó validez a la transacción
sobre el pago de la bonificación por compensación del 80%, pese a que los
derechos laborales no pueden ser objeto de negociación por las partes, dada su
naturaleza de derecho adquirido y porque se violó el principio de progresividad.
Insistió entonces en que constitucionalmente está prohibido renunciar a los
derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e indiscutibles.
60. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos,
coexistían dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación
mensual en el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras
que el Decreto 4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un
trato diferenciado injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
61. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
62. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente
de la República dictó el Decreto 1102 de 201227, según el cual, a partir del 27 de
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
27 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
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Radicación: 25000-23-42-000-2013-01129-02 (5063-2019)
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Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
enero de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los
beneficiarios28 equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de alta corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General
de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
63. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1°
del presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
64. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 dictada por la
Sección Segunda29, en la cual se identificaron los elementos de la citada figura, así:
«i) […] se predica de manera general respecto aquellos de contenido patrimonial,
con excepción de aquellos en los que el legislador ha establecido que de acuerdo
con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia, el derecho a la pensión, dado
que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no reclamadas
oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene interés
en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta
será el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación,
so pena de que se extinga».
65. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen debido
a la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
66. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director
del proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto
28 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado, Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia,
Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y
los funcionarios vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-
01 (0833-2016).
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sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio,
claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del cpaca). De manera que la
prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de
oficio»30.
67. Cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto
prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad
competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe
la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
68. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el
artículo 102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que
la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un
lapso igual.
69. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que
para los destinatarios «existía la disyuntiva» entre el Decreto 610 de 1998 y el
Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad
del derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse
de exigibilidad de la bonificación por compensación a partir de la fecha de ejecutoria
del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir, el 28 de enero de 2012»,
cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201131, que declaró
la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
70. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201932, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por
compensación, para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla
respecto de la prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación
de que trata el Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de
2004», por ello, consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023,
Rad. 080012333000201200200-02 (2459-2014).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
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vigente respecto de la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y
el derecho era plenamente exigible».
71. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 199833 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004,
procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas
y, por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998
tenían la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que,
por regla general, operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que
la persona demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
72. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2
de septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la
prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de
diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004-
porque durante dicho periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia
de regímenes. Al salir de la vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los
destinatarios podían efectuar reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que
los afectara la prescripción; por fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la
prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 -fecha de entrada en vigencia del D.
4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que cobró ejecutoria la sentencia
que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la excepción de quienes
hayan interrumpido la prescripción por haber presentado reclamación durante el
tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de 2001 al 2 de
diciembre de 2004».
73. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se advierte que:
i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de
septiembre de 2001.
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
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74. Esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.4. Caso concreto
75. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada34. En igual sentido precisa que los
documentos aportados en copia simple tendrán valor probatorio de conformidad con
la jurisprudencia de la corporación35.
76. En este sentido, según el marco legal y jurisprudencial citado, la Sala procede
a verificar si los demandantes acreditaron los requisitos para acceder al
reconocimiento de la diferencia de lo que percibieron por concepto de la bonificación
de gestión judicial del 70% y lo que debieron devengar por bonificación por
compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, en un 80%, por los períodos en
los cuales se vincularon como fiscales delegados ante el Tribunal de Distrito de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.
77. En lo atinente al ejercicio de los cargos que los hacen beneficiarios de la
bonificación por compensación no existe discusión de que los señores Orlando Tello
Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia Jacqueline Feria Bello y
Bertha Esperanza Florián Florián se desempeñaron como fiscales delegados ante
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, toda vez que este aspecto fue
reconocido en la sentencia de primera instancia y no fue objeto de apelación.
78. En particular, de una constatación con los certificados expedidos por la
Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá de la Nación, Fiscalía
General de la Nación, que obran como pruebas en el proceso, se advierte que:
• El señor Orlando Tello Hernández laboró al servicio de la Nación, Fiscalía General
de la Nación desde el 30 de junio de 2010 y, en particular, mediante la Resolución
34 En sede administrativa los demandantes pidieron además del reconocimiento y pago del sueldo mensual con
carácter retroactivo en los términos de los decretos 610 y 1239 de 1998, la liquidación y pago de la diferencia
causada por concepto de prima especial de servicios conforme a los artículos 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992.
Esto, en la medida en que sustentaron que para su liquidación debía considerarse la totalidad de los ingresos
laborales anuales percibidos por un congresista. En ese sentido, reclamaron en sede judicial la cancelación de
la suma del 80% de las diferencias adeudadas por concepto de la prima especial de servicios con los ingresos
laborales totales anuales devengados de carácter permanente por los congresistas y el pago continuo de esta
prima especial de servicios hasta el ejercicio de los cargos como fiscales delegados. Por tanto, en la sentencia
de primera instancia se ordenó el pago del 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes, con la
inclusión de la prima especial, la cual a su vez debía tener en cuenta las cesantías. Este aspecto no fue
expresamente apelado por lo que comprende un punto del litigio definido.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de
agosto de 2013, exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).
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núm. 01354 del 6 de julio de 2010 fue nombrado en período de prueba como fiscal
delegado ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de
Bogotá36.
• La señora María Claudia Merchán Gutierréz laboró al servicio de la Nación, Fiscalía
General de la Nación desde el 28 de julio de 2010 y mediante la Resolución núm.
18584 del 27 de diciembre de 2010 fue nombrada en propiedad como fiscal delegada
ante el Tribunal de Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá37.
• La señora Patricia Jacqueline Feria Bello laboró al servicio de la Nación, Fiscalía
General de la Nación desde el 22 de noviembre de 1994, pero mediante la
Resolución núm. 1491 del 7 de agosto de 2010 fue nombrada en período de prueba
y después en propiedad a través de la Resolución núm. 2769 del 22 de noviembre
de 2010 en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá38.
• La señora Bertha Esperanza Florián Florián laboró al servicio de la Nación, Fiscalía
General de la Nación desde el 15 de julio de 1994. No obstante, a través de la
Resolución núm. 218 del 2 de febrero de 2010 fue nombrada en período de prueba
y después en propiedad a través de la Resolución núm. 1060 del 20 de mayo de
2010 en el cargo de fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito de la Dirección
Seccional de Fiscalías de Bogotá39.
79. Aunque de la certificación relacionada el señor Orlando Tello Hernández fue
nombrado en período de prueba en el cargo de fiscal delegado ante el Tribunal de
Distrito de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá a partir del 6 de julio de
2010, el fallo de primera instancia tuvo como fecha el 30 de junio de 2010, la cual
coincide con el último ingreso registrado en la constancia de servicios prestados
que obra en la foliatura40. Del mismo modo, esta fecha corresponde con aquella
consignada en la Resolución núm. 2-2838 del 13 de agosto de 2012 que dio cuenta
de lo siguiente respecto de la vinculación del actor:
El doctor TELLO HERNANDEZ se desempeña como fiscal delegado ante el tribunal
de distrito, desde el 30 de junio de 2010 (fecha de su vinculación), y su régimen
salarial y prestacional ha sido el fijado por el Gobierno nacional en cada uno de los
decretos anuales expedidos con fundamento en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 41.
36 Folio 5 del cuaderno principal.
37 Folio 6 del cuaderno principal.
38 Folio 7 del cuaderno principal. Al respecto, la entidad demandada consignó en la Resolución núm. 2-2841 del
13 de agosto de 2012 que la señora Feria Bello fue nombrada fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito a partir
del 7 de agosto de 2010. De suerte que, el reconocimiento se hizo a partir de la fecha de nombramiento y este
aspecto no fue discutido en sede de segunda instancia.
39 Folio 8 del cuaderno principal. Al respecto, se tiene que conforme al acta de posesión núm. 218 que obra en
el cuaderno 3 de la oficina de personal, la señora Bertha Esperanza Florián Florián se posesionó en el cargo
de fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito el 2 de febrero de 2010, aunque esto como consecuencia del
nombramiento realizado mediante la Resolución núm. 0-0062 del 19 de enero de 2010. Sin embargo, la fecha
de vinculación de la demandante como el 2 de febrero de 2010 no fue objeto de apelación y se extrae de una
valoración conjunta de las pruebas, pues inclusive, en la propia Resolución núm. 2-2837 del 13 de agosto de
2012 – que resolvió la apelación- la entidad demandada aceptó que se desempeñó como fiscal delegada ante
el Tribunal Superior de Bogotá desde el 2 de febrero de 2010. Folio 77 del cuaderno principal.
40 Folio 10 del cuaderno principal.
41 Folio 88 del cuaderno principal.
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
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80. Bajo este entendido, al no ser un aspecto apelado por la entidad demandada,
quien aceptó en el propio acto administrativo demandado que el señor Orlando Tello
Hernández se desempeñó en el citado cargo desde el 30 de junio de 2010, la Sala
tendrá esta última como la fecha de vinculación.
81. Por su parte, aunque el extremo demandante reclamó por la vinculación de
la señora María Claudia Merchán Gutiérrez que inició, en la entidad demandada, el
28 de julio de 2010, la certificación citada en líneas precedentes da cuenta de que
su nombramiento en propiedad como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito de
la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá tuvo lugar hasta el 27 de diciembre
de 2010, en los términos en que lo tuvo por acreditado la sentencia de primera
instancia. Esta información coincide con la incorporada por la peticionaria en su
solicitud radicada en sede administrativa en la que relacionó su nombramiento como
fiscal delegada a partir del 27 de diciembre de 201042.
82. Por lo tanto, aunque la Sala no pasa por alto que la Resolución núm. 2-2842
del 13 de agosto de 2012 consignó que la actora se vinculó como fiscal delegada a
partir del 28 de julio de 201043, lo cual coincide con la información extraída de los
antecedentes administrativos que registran su nombramiento en período de prueba,
en el citado cargo y a partir de la fecha mencionada, en cumplimiento de la
Resolución núm. 0-1479 del 2 de julio de 201044, y la constancia de servicios
prestados45, este aspecto del fallo de primer grado no podría alterarse porque
afectaría la non reformatio in pejus predicable de la entidad demandada, en su
condición de apelante única.
83. En consecuencia, para todos los efectos de esta providencia se tendrá el 27
de diciembre de 2010 como el extremo inicial del reconocimiento a favor de la
demandante de la bonificación por compensación, toda vez que esto se desprende
de la certificación que no fue objeto de tacha por las partes y no fue un aspecto
apelado, en los términos referidos.
84. En atención a lo expuesto, los demandantes radicaron reclamación
administrativa el 11 de noviembre de 201146 ante la Nación, Fiscalía General de la
Nación en la que pidieron el reconocimiento y pago del sueldo mensual conforme a
la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, con carácter retroactivo,
esto es con el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes por el
período en el que ejercieron como fiscales delegados ante el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá. En igual sentido, pidieron el reajuste de todo lo que les
correspondía percibir por el citado porcentaje y el reconocimiento, liquidación y pago
42 Folio 21 del cuaderno principal.
43
Folio 110 del cuaderno principal.
44 Folios 67 del cuaderno 3 de antecedentes administrativos y 301 del cuaderno principal.
45 Folio 12 del cuaderno principal.
46 Folios 21 a 27 del cuaderno principal.
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de la diferencia debida con ocasión de la prima especial de servicios de que tratan
los artículos 15 y 16 de la Ley 4ª de 1992.
85. Al respecto, se tiene que, de los actos administrativos demandados, en
particular los oficios núms. DESAFB-22 008656, 008657, 008658 y 008659 del 5 de
junio de 2012 la entidad demandada aceptó que a los actores les asistía el derecho
a devengar la bonificación por compensación. Esto por cuanto resolvió que solo
podía efectuar el pago correspondiente conforme al tiempo laborado en la seccional
hasta tanto contara con la adición presupuestal por parte de la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público47.
86. De forma similar lo consignó el Oficio OPER del 18 de mayo de 2012 frente
al caso puntual de la señora María Claudia Merchán Gutiérrez:
En cuanto al pago retroactivo desde la vinculación de la doctora María Claudia
Merchán a la Fiscalía General de la Nación, se debe tener en cuenta que mediante
decreto 4960 del 30 de diciembre de 2011 […] fueron asignados entre otros
conceptos, el pago de los servicios personales asociados a nómina y a las
contribuciones inherentes a la nómina del sector público sin que dentro de este
presupuesto, esté contemplado el pago de las obligaciones derivadas del fallo de
nulidad del Decreto 4040 de 2004 emitido por el Consejo de Estado. Por tanto, la
Fiscalía General de la Nación depende de una adición presupuestal por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público con miras a cubrir las obligaciones
inmanentes a la sentencia en cuestión48.
87. Ahora bien, pese a que la entidad demandada revocó estas decisiones en
sede de apelación, lo cierto es que aceptó que no había lugar a dar aplicación al
Decreto 610 de 1998 porque debía emplearse lo dispuesto en el Decreto 4040 de
2004, que era el vigente para los períodos de vinculación de los demandantes. Por
tanto, la Nación, Fiscalía General de la Nación consignó expresamente que le ha
pagado a los aquí demandantes la bonificación de gestión judicial en cumplimiento
de lo estipulado en el Decreto 4040 de 2004, y que es incompatible con la
bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.
88. Lo anterior, encuentra soporte en los certificados de devengados y deducidos
que obran en el expediente, correspondientes al año 2011, toda vez que en estos
se visualiza que los señores Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán
Gutiérrez, Patricia Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián no
percibieron bonificación por compensación sino solo un rubro denominado gestión
judicial49.
47 Folios 29, 32, 35 y 38 del cuaderno principal.
48 Folio 41 del cuaderno principal.
49 Folios 9 a 20 del cuaderno principal.
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
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89. En consecuencia, para los períodos reclamados es claro que la entidad
demandada no les pagó a los demandantes la bonificación por compensación sino
únicamente la bonificación de gestión judicial que ascendió a un 70% de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes. Por consiguiente, la Nación,
Fiscalía General de la Nación no les ha pagado a los fiscales delegados ante el
Tribunal Superior de Distrito la bonificación por compensación porque se ha
amparado en la presunción de legalidad del Decreto 4040 de 2004. Así pues, los
períodos anteriores al 27 de enero de 2012, que se habrían causado al amparo del
citado Decreto 4040 de 2004, implicaron un tratamiento desigual frente a quienes
recibieron el pago del porcentaje total que se estipuló en el Decreto 610 de 1998.
90. Así pues, en sintonía con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y las
pruebas a las que se ha hecho relación en precedencia, no puede considerarse que
los pagos efectuados al amparo del Decreto 4040 de 2004 están ajustados al
principio de legalidad del gasto público y que la anulación de esta disposición no
genera efectos resarcitorios a favor de los demandantes. Por el contrario, la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004 se dio con ocasión a la
materialización de un trato desigual entre sujetos que se encontraban en igualdad
de condiciones, lo que a su vez devino en una violación de los derechos al trabajo,
a la igualdad y a la prohibición de no transigir sobre derechos ciertos e indiscutibles.
91. Bajo este entendido, para la Sala el análisis en conjunto de los medios de
prueba permite concluir que los demandantes, en calidad de fiscales delegados ante
el Tribunal Superior de Distrito Judicial, son destinatarios de la bonificación por
compensación descrita en el Decreto 610 de 1998, porque el Decreto 4040 de 2004,
que sí se les aplicó, introdujo un trato desigual respecto de los servidores públicos
pertenecientes a la misma categoría funcional, a quienes se les reconoció la
bonificación de gestión judicial limitada al 70%, pese a que el Decreto 610 aludido
disponía que esta debía igualar el 80% de lo devengado por los magistrados de
altas cortes.
92. En este orden, los argumentos planteados por la entidad demandada en sede
de apelación no tienen vocación de prosperar dado que los supuestos del caso no
permiten considerar que se pagó en debida forma la bonificación por compensación,
como correspondía. Así, pese a que los demandantes se vincularon con
posterioridad a la vigencia del Decreto 4040 de 2004, la declaratoria de nulidad de
este si representa una consecuencia resarcitoria que debe ser saldada a favor de
los actores de la forma en que lo reconoció la sentencia de primera instancia. Por
consiguiente, no se trata de efectuar una modificación del régimen salarial y
prestacional sino de aplicar de forma correcta la normativa procedente en los
términos de la sentencia de nulidad.
93. Ahora bien, frente a la prescripción trienal y a pesar de que no fue un aspecto
objeto de análisis en el fallo de primera instancia, la Sala procede a aplicar las reglas
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
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anunciadas en el acápite respectivo de esta providencia. Así, se tiene que, en
efecto, entre el 3 de diciembre de 2004 y el 28 de enero de 2012 no operó la
prescripción, en atención a que el derecho no era exigible por la coexistencia de los
decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.
94. Al respecto, se tiene que las vinculaciones de los demandantes en su
condición de fiscales delegados ante el tribunal de distrito iniciaron en 2010. Por su
parte, el citado término, como quedó visto, solo empezó a correr con normalidad a
partir del 28 de enero de 2012. En consecuencia, para esta última fecha los actores
ya habían radicado la reclamación administrativa ante la entidad demandada, lo que
ocurrió el 11 de noviembre de 2011, surtido lo cual interpusieron la demanda
contencioso-administrativa el 21 de marzo de 2013, esto es, dentro de los tres años
siguientes. Por consiguiente, no operó la figura de la prescripción.
95. En consecuencia, procedía ordenar el pago de la diferencia surgida por
concepto de la bonificación por compensación en los términos del Decreto 610 de
1998, esto es, con el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de
las altas cortes desde la fecha de vinculación de cada uno de los demandantes y
hasta la fecha de ejercicio del cargo correspondiente50. En este sentido, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
96. De otra parte, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable51 e
imprescriptible52, se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y
pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la parte demandante por las diferencias dejadas de pagar por la
bonificación por compensación desde la vinculación de los actores en sus cargos
de fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Distrito, así:
• Orlando Tello Hernández desde el 30 de junio de 2010.
• María Claudia Merchán Gutiérrez desde el 27 de diciembre de 2010.
• Patricia Jacqueline Feria Bello desde el 7 de agosto de 2010.
• Bertha Esperanza Florián Florián desde el 2 de febrero de 2010.
97. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión al proceso de la referencia, será procedente siempre y
50 Como se desprende de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, esta efectuó el reconocimiento
a favor de los demandantes hasta la fecha del ejercicio del cargo, por lo que le corresponderá a la entidad
demandada verificar si los actores se continúan desempeñando como fiscales delegados para mantener el
reconocimiento o si sus vinculaciones ya terminaron.
51 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los
principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-
00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente
a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
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cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se
hayan sufragado por la entidad accionada previamente, por lo que concierne a esta
hacer la verificación correspondiente. Máxime, en el escenario particular, en el que
es claro que las vinculaciones de los actores surgieron con posterioridad al Decreto
4040 de 2004 y que la entidad demandada refiere que a partir de la vigencia del
Decreto 1102 de 2012 ha reconocido por concepto de bonificación por
compensación el valor dispuesto en el Decreto 610 de 1998. Además, para disponer
que los reconocimientos efectuados deberán tener en cuenta que no se supere el
tope fijado por el Gobierno nacional para cada anualidad.
98. Finalmente, la Sala no puede pasar inadvertido que el fallo de primera
instancia al declarar la nulidad de los actos administrativos acusados se refirió al
oficio DSAFB-22 0086569 del 5 de junio de 2012. Sin embargo, incurrió en error
involuntario por cambio de palabras ya que este acto en realidad correspondiente
con el oficio DSAFB-22 008659 de la citada fecha. Por consiguiente, en aras de
garantizar el adecuado cumplimiento de la decisión judicial, la orden consignada en
el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia se modificará en lo
pertinente.
3.5. Conclusión
99. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la entidad demandada no le
ha pagado a los aquí demandantes en su condición de fiscales delegados ante el
Tribunal de Distrito de Bogotá, y durante los períodos de su vinculación efectiva, la
bonificación por compensación según la norma que regiría el asunto, esto es, el
Decreto 610 de 1998, sino que ha aplicado el Decreto 4040 de 2004 relativo a la
bonificación de gestión judicial al considerar que era la normativa vigente y que goza
de presunción de legalidad.
100. No obstante, lo cierto es que como quedó visto los pagos efectuados al
amparo del Decreto 4040 de 2004 no están ajustados al principio de legalidad del
gasto público, de suerte que la declaratoria de nulidad de esta disposición sí implica
una consecuencia resarcitoria frente a los casos estudiados de los aquí
demandantes. De este modo, se tiene que el reconocimiento del reajuste en la
bonificación por compensación reclamado por los actores no implica una
modificación del régimen salarial y prestacional al que estos se ven sometidos, sino
que garantiza el cumplimiento debido de la normativa.
101. Así las cosas, habrá lugar a modificar la sentencia de primera instancia en
punto a la orden que declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados. En
lo demás, esta se confirmará. Finalmente, la providencia se adicionará en punto a
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y para disponer que los
reconocimientos ordenados serán procedentes siempre que las sumas a pagar no
se hayan sufragado por la entidad previamente y que los reconocimientos
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efectuados deberán tener en cuenta que no se supere el tope fijado por el Gobierno
nacional para cada anualidad.
3.6. Costas
102. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario53 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para
decretar la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido
en las anteriores conductas.
103. En línea, pese a que no fue un aspecto apelado, la Sala revocará la condena
en costas impuesta en primera instancia en contra de la Nación, Fiscalía General
de la Nación, porque esta no se sustentó en la acreditación de una conducta dilatoria
o de mala fe del ente demandado. Por consiguiente, en los términos expuestos se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, salvo en materia de
costas procesales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31 de
octubre de 2017, el cual quedará así:
53
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo
sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
14).
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Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
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SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos
en los oficios DSAFB-22 008656, DSAFB-22 008657, DSAFB-22 008658,
DSAFB-22 008659 del 05 de junio de 2012, expedidos por la Dirección
Seccional Administrativa y Financiera de Bogotá - Fiscalía General de la
Nación, OPER 20123100029631 del 18 de mayo de 2012 en la Oficina de
Personal de la Fiscalía General de la Nación, las Resoluciones n°. 2-2837, 2-
2838, 2-2841 y 2-2842 del 13 de agosto de 2012 y 2-4415 del 18 de diciembre
de 2012, expedidas por la Secretaría General de la Nación, Fiscalía General
de la Nación, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales en la liquidación de la bonificación por
compensación, en los términos del Decreto 610 de 1998.
SEGUNDO. Confirmar en los demás ordinales la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31 de
octubre de 2017, que accedió a las pretensiones de la demanda, salvo la condena
en costas a la parte demandada, que se revoca, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas en las dos instancias.
CUARTO. Adicionar la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 31 de
octubre de 2017, para disponer que la entidad demandada debe reliquidar y pagar
los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor
de los demandantes que a continuación se relacionan, con ocasión de las
diferencias sugeridas a causa del reajuste correspondiente a la bonificación por
compensación, respecto de los siguientes períodos de vinculación como fiscales
delegados:
• Orlando Tello Hernández, desde el 30 de junio de 2010 hasta la fecha
de ejercicio del citado cargo.
• María Claudia Merchán Gutiérrez, desde el 27 de diciembre de 2010
hasta la fecha de ejercicio del citado cargo.
• Patricia Jacqueline Feria Bello, desde el 7 de agosto de 2010 hasta la
fecha de ejercicio del citado cargo.
• Bertha Esperanza Florián Florián, desde el 02 de febrero de 2010
hasta la fecha de ejercicio del citado cargo.
Asimismo, que lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será
procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones
ordenadas no se hayan sufragado por la entidad accionada previamente. Por lo que
concierne a esta hacer la verificación correspondiente. Adicionalmente, los
reconocimientos efectuados deberán tener en cuenta que no se supere el tope fijado
por el Gobierno nacional para cada anualidad.
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Demandantes: Orlando Tello Hernández, María Claudia Merchán Gutiérrez, Patricia
Jacqueline Feria Bello y Bertha Esperanza Florián Florián
Demandada: Nación, Fiscalía General de la Nación
QUINTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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