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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04936-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04936-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 25000-23-42-000-2013-04936-02 (0074-2022) Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia. Cuarto. Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina, portador de la tarjeta profesional 418.011, en calidad de apoderado de la Rama Judicial conforme al memorial visible en el índice 34 de la plataforma SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-04936-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04936-02 (0074-2022)
Demandante: Luis Ramón Silva Gutiérrez
Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Bonificación por compensación. Prescripción. CONFIRMA
SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Luis Ramón Silva Gutiérrez instauró demanda1 en contra de la Nación
• Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 3011 del 9 de abril de 2012, por
medio de la cual la entidad negó el pago de las diferencias salariales y
prestacionales derivadas de la aplicación del Decreto 610 de 1998. Como
restablecimiento del derecho, sea condenada a reliquidar, de manera indexada
y con intereses, las sumas adeudadas por concepto de bonificación por

1 Folios 16 a 27.

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compensación, equivalente al 80 % de los ingresos laborales de los magistrados
de altas cortes, por el periodo comprendido entre el 30 de octubre de 2008 y el
27 de enero de 2012 y se ordene el pago, por el mismo lapso, de las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios, la cual deberá liquidarse
conforme a todos los ingresos laborales de los congresistas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

2. Que se desempeñó como magistrado auxiliar del Consejo Superior de la
Judicatura-Sala Disciplinaria, desde el 30 de octubre de 2008 hasta el 27 de
enero de 2012, y que sus salarios fueron cancelados conforme al Decreto 4040
de 2004. Que solicitó el reconocimiento de su derecho, incluyendo la
reclamación frente a la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta
de 1992, pero esta fue negada por la entidad mediante el acto acusado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

3. Considera violados los artículos 2, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 209 de la
Constitución Política; el Código Sustantivo del Trabajo; el CPACA; las Leyes 4.ta
de 1992 y 270 de 1996, y los Decretos 10 de 1993, 610 de 1998 y 1239 de 1998.

4. Afirmó que no existe una razón válida para que la entidad no pague la diferencia
salarial solicitada. Su renuencia carece de sustento legal y constitucional.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

5. La demanda fue admitida el 18 de noviembre de 20182. La entidad manifestó3
que la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos
erga omnes y hacia el futuro, por tratarse de una acción de simple nulidad, lo
que impide reconocer efectos retroactivos o pagos hacia atrás; que, en todo
caso, operó la prescripción. Propuso las excepciones que denominó: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, (ii) imperio de la ley, (iii) prescripción trienal,
(iv) cobro de lo no debido, y (v) la innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 30 de abril
de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones. Expresó que, al estar probado
el vínculo de magistrado auxiliar del 11 de octubre de 2008 al 31 de enero de

2 Folio 54.
3 Folios 76 a 82.
4 Folios 135 a 144.

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2015, al actor sí le asistía derecho a la bonificación por compensación,
equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de
altas cortes, incluyendo la prima especial de servicios, la cual debe liquidarse
con base la totalidad de los ingresos laborales anuales de los congresistas, entre
ellos, las cesantías.

7. Sin perjuicio de lo anterior, al analizar la prescripción concluyó que su vinculación
inició cuando ya se encontraba vigente el Decreto 4040 de 2004, y que optó por
el régimen que fijaba su remuneración en el 70 % de lo devengado por un
magistrado de alta corte. Por ello, operó dicho fenómeno respecto de los
derechos causados con anterioridad al 3 de abril de 2010 por lo que únicamente
ordenó el reconocimiento de las diferencias causadas desde esa fecha y hasta
el 31 de enero de 2015.

RECURSOS DE APELACIÓN

8. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación por considerar que la
sentencia vulneró el principio de congruencia y el debido proceso al reconocer
aspectos que no fueron solicitados en la demanda, pues el demandante
únicamente pidió la reliquidación de la bonificación por compensación conforme
al Decreto 610 de 1998, equivalente al 80 % de lo devengado por los
magistrados de altas cortes, pero el tribunal de origen ordenó liquidarla
incluyendo la incidencia de la prima especial de servicios liquidada a su vez con
las cesantías de los congresistas, lo cual constituye un reconocimiento extra
petita, al tratarse de una pretensión distinta, con fundamento fáctico y jurídico
diferente, frente a la cual la entidad no tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

9. Considera que, en caso de aceptarse el reconocimiento de dicha incidencia,
debía aplicarse la prescripción trienal de los derechos laborales, contada desde
la vinculación al cargo y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló el
Decreto 4040 de 2004, porque esta regla especial de la providencia del 18 de
mayo de 2016 solo aplica a la bonificación por compensación y no a la
reliquidación de la prima especial del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992. Por ello,
las sumas causadas con anterioridad al 5 de abril de 2010 se encuentran
prescritas, teniendo en cuenta que la reclamación se presentó el 5 de abril de
2013.

10. Con el propósito de terminar el proceso mediante conciliación, manifestó ánimo
de arreglo respecto del reconocimiento de la diferencia de la bonificación por
compensación conforme al Decreto 610 de 1998, limitada a los periodos no
afectados por la prescripción, y solicitó que se convoque audiencia de
conciliación.

5 Folios 150 a 154.

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11. El tribunal de primera instancia concedió el recurso de apelación ante esta
corporación, de conformidad con lo previsto en el artículo 247 del CPACA, al
constatar que las partes, de común acuerdo, no solicitaron la realización de la
audiencia de conciliación. Esta actuación fue debidamente notificada a las
partes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

12. El 31 de enero de 20236 se admitió el recurso, la demandada presentó alegatos
de conclusión7 en los que reiteró los argumentos del recurso. El demandante y
el Ministerio público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

13. Cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan
a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, como ocurre en este caso8; por ello se avocará
conocimiento del proceso.

14. La Sala debe determinar si se desconoció el principio de congruencia al ordenar
la reliquidación de la bonificación por compensación con inclusión de la prima
especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992, y, de resultar ajustada
a derecho la decisión, si es viable analizar la prescripción de dicho factor de
manera autónoma, sin extender el término exceptivo fijado en la sentencia del
18 de mayo de 2016.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998
tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de tribunal y
otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues para ese
momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de estos
últimos.

6 Folio 170.
7 Ver índice 28 de SAMAI.
8La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).

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16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial progresiva,
mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos laborales de
los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con un
reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de las
altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001. Con ese propósito, la norma
dispuso una nivelación progresiva de sus ingresos, hasta alcanzar el 80 % de lo
devengado por estos últimos.

17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610 de
1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía la
posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo, dicha
disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 200110, con
lo cual recobraron vigencia los decretos derogados y se restableció la mentada
bonificación, configurándose este como un primer momento en que la asignación
resultó plenamente exigible.

18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los mismos
beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales aplicables
a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el régimen
introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la Bonificación por
Compensación) reconoció un porcentaje inferior de nivelación salarial y
condicionó su acceso al desistimiento de las acciones judiciales promovidas con
ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998 o, en su defecto, a la
suscripción de contratos de transacción cuando no se hubieran formulado
reclamaciones previas.

9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.

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20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el Gobierno
nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un régimen salarial
regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en desconocimiento de
los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad aplicables en materia
salarial para los beneficiarios de la norma.

21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades ni
condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo caso,
una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial, tampoco
había claridad del momento a partir del cual era exigible la Bonificación por
Compensación.

23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 2016 12, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la prescripción
trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a partir de la
exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas presentada, la
cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó del ordenamiento
jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de enero de 2012.

24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las sumas
reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen ingresos
laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de la prima
especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que también
aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta se
determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos funcionarios.

Del principio de congruencia

25. El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:

11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio […]»

26. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las emitidas
el 25 de enero de 201813, 4 de marzo de 202114 y 22 de noviembre de la misma
anualidad15, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite al
contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde
identidad jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en
el marco del litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de
otro modo, este principio es entendido como la correspondencia entre lo que se
decide por el juez y lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos
ultrapetita, extrapetita o minuspetita16, como regla general.

27. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la decisión
está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando existe
coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva
de la providencia17.

13 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-

03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:

11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7

de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre

de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

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Resolución del caso concreto

28. El objeto de discusión se circunscribe a la incidencia de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992 y su forma de liquidación en el
reconocimiento de la bonificación por compensación, así como la procedencia
de la prescripción del mencionado factor.

29. En la pretensión quinta de la demanda se solicitó: «cancelar […] en una suma
equivalente al 80 % de las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios desde que el derecho se hizo exigible […] teniendo en
cuenta para su liquidación, reconocimiento y pago todos los ingresos laborales
totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas […]».
Incluso, en la audiencia inicial, en la etapa de fijación del litigio, el tribunal de
origen, a reglón seguido de plantear la controversia sobre el derecho a la
bonificación por compensación, añadió expresamente: «incluyendo además la
prima prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992», frente a lo cual ambas
partes manifestaron su conformidad con el problema jurídico formulado.

30. De acuerdo con lo anterior, la inclusión de la prima especial de servicios como
parámetro para determinar el monto de la bonificación por compensación fue
solicitada desde la demanda e incluida en la fijación del litigio como parte del
análisis del derecho reclamado, por lo que no le asiste razón a la entidad al
afirmar la vulneración del principio de congruencia ni al calificar la sentencia
apelada como una decisión extra petita.

31. En todo caso, comparte la Sala lo decidido por el tribunal de primera instancia
respecto de la base de liquidación de la bonificación por compensación, por
cuanto, según la jurisprudencia de esta corporación18, dicho emolumento se fija
como un porcentaje de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas
cortes, por lo que su cuantía también depende de la base utilizada para el cálculo
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992,
reconocida a dichos funcionarios. A su vez, esta prima se liquida con fundamento
en la equiparación de la totalidad de los emolumentos percibidos por los
congresistas, dentro de los cuales las cesantías han sido reconocidas19 como
ingresos laborales anuales de carácter permanente, y, por tanto, consideradas
como factor de liquidación.

18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04936-02 (0074-2022)

32. Ahora, sobre el fenómeno prescriptivo alegado, advierte la sala que no le asiste
razón al recurrente al estimar que no resulta aplicable la postura adoptada en la
sentencia del 18 de mayo de 2016, según la cual, el término de prescripción se
contabiliza a partir de la ejecutoria de la providencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, cuando se reconoce la incidencia de la prima especial.

33. Al respecto, es preciso aclarar que dicha prima no constituye un derecho
autónomo en favor de los beneficiarios del Decreto 610 de 1998, pues se trata
de una prerrogativa exclusiva de los magistrados de altas cortes, reconocida en
el artículo 15 de la Ley 4.ta de 1992.

34. Su relevancia en el presente asunto radica únicamente en que integra la base
de liquidación de la bonificación por compensación, en la medida en que esta
corresponde a un porcentaje de lo que por todo concepto devengan los
mencionados servidores judiciales, dentro de lo cual se incluye la prima especial
de servicios, no como un derecho independiente del actor, sino como factor para
determinar el monto de la bonificación que le asiste.

35. En consecuencia, no resulta procedente analizar la prescripción de la prima
especial de servicios como si se tratara de un derecho autónomo del
demandante, pues lo reclamado es la bonificación por compensación. Por tanto,
el término debe examinarse respecto de este último derecho, sin que sea posible
escindir los factores que integran su base de cálculo para efectos de aplicar un
término prescriptivo distinto.

36. Así las cosas, se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto al periodo
en el cual fue reconocido el derecho, y se mantendrá incólume el análisis de la
prescripción efectuado. Lo anterior aun cuando el cómputo adoptado no coincide
con el criterio jurisprudencial aplicable a los derechos causados durante la
dualidad normativa entre los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, pertinente
en este asunto, en atención a que el demandante se desempeñó como
magistrado auxiliar entre el 30 de noviembre de 2008 y el 1.° de enero de 201520.

37. Como se mencionó, este aspecto no será objeto de ajuste porque el actor no
mostró inconformidad y esta instancia se habilitó exclusivamente con ocasión
del recurso interpuesto por la Rama Judicial, de modo que cualquier disposición
sobre el particular agravaría las condiciones ya definidas en su contra,
vulnerándose el principio de la non reformatio in pejus previsto en el artículo 328
del CGP21.

20 Folios 126 a 133.
21 «[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
[…]»

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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04936-02 (0074-2022)

38. En virtud de todo lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como
es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto
en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

41. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

42. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandada,
por cuanto se niegan las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil
veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones.

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Tercero. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia.

Cuarto. Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina, portador
de la tarjeta profesional 418.011, en calidad de apoderado de la Rama Judicial
conforme al memorial visible en el índice 34 de la plataforma SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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