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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03838-01

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2014-03838-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 2 de marzo de 2017 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , qu e declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada , de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia . SEGUNDO. No con denar en costas en esta instancia . TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2014-03838-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

5 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2014-03838-01 (4898-2017).
Demandante: Liria María León de Torres
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1.

Temas: Cosa Juzgada. Pensión gracia. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demanda nte contra la sentencia de l 2 de
marzo de 2017, proferida por la Sección Segunda , Subsección D del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que declaró de oficio
probada la excepción de cosa juzgada .

I. ANTECEDENTES

1. Demanda
1.1. Pretensiones de la demanda. 2

La señora Liria María León de Torres , por intermedio de apoderado
judicial, solicitó declarar la nulidad del Auto ADP 014002 de l 22 de
octubre de 2013 , por medio del cual la UGPP decidió no estudiar de
fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y
ordenó el archivo de esa actuación .

Como restablecimiento del derecho, deprecó condenar a la UGPP a

1 En adelante UGPP.
2 Folios 34 del expediente.

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Demandante: Liria María León de Torres

conceder la pensión gracia, liquidada con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio,
debidamente indexados.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda.

La demandante relató que nació el 23 de diciembre de 1954, razón
por la cual el 23 de diciembre de 200 4 cumplió 50 años de edad, y
prestó sus servicios como docente por más de 20 años en el
municipio de Ubaque, con las siguientes vinculaciones:

• Ingresó al servicio docente mediante Decreto 01525 de 21 de
abril de 1980, expedido por el alcalde del municipio de Ubaque ,
para cubrir una licencia de maternidad por 56 días, en el
Instituto Técnico de Oriente .

• Por designación del alcalde municipal de Ubaque, fue
nombrada como docente de tiempo completo por contratos de
prestación de servicios para los periodos educativos,
identificados con las siguientes fechas:

o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1987.
o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1988.
o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1989
o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1990
o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1991
o Del 1 de febrero al 30 de noviembre de 1992
o Del 1 de febrero al 31 de agosto de 199 3.

• Por Decreto 023 de 20 de agosto de 1993, proferido por el
alcalde del municipio de Ubaque , fue nombrada en el Colegio
Departamental Nacionalizado Instituto Técnico de Oriente ,
vigente hasta la fecha de radi cación de la demanda.

El 21 de noviembre de 2 007 radicó ante la UGPP solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, petición que fue resuelta de

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manera negativa con la Resoluci ón 41137 de 22 de agosto de 2007.
el 22 de octubre de 2013 radicó una nueva solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP, al considerar que
existían nuevos hechos y pruebas, entidad que mediante Auto ADP
014002 de 22 de octubre de 2013 resolvió archivar la petición al
considerar que la Resolución 41137 de 22 de agosto de 2008 se
encontraba en firme.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

La actora como concepto de violación argumentó que la entidad
demandada inaplicó las siguientes disposiciones normat ivas:
artículo 2 de la Ley 114 de 1913; artículo 3 de la Ley 37 de 1993;
Ley 91 de 1989; y artículos 1 y 3 del Decreto 2277 de 1979.

Sostuvo que la entidad demandada incurrió en falsa motivación al
proferir e l Auto ADP 014002 de 22 de octubre de 2013 y afirmar que
no se aportaron nuevos elementos de juicio que permitieran variar la
decisión contenida en la Resolución 41137 de 22 de agosto de 2 007,
desconociendo que allegó certificados de servicios posteriores al
año 2008 con el fin de completar los tiempos faltantes.

En cuanto al reconocimiento de la pensión gracia, manifestó que
cualquier forma de vinculación oficial es válida para acreditar
tiempos de servicio y expuso que, dentro de las pruebas obrantes en
el proceso, se encontraba el decreto, el acta de posesión y las
constancias expedidas p or funcionarios competentes que permitían
concluir que laboró como docente en los siguiente s términos:

• Por un periodo de 56 días a partir del 8 de abril de 1980, como
docente interina nombrada por el alcalde municipal de Ubaque.
• Entre el 1 de febrero de 1987 y el 31 de agosto de 1993 prestó
sus servicios como docente en la modalidad de contrato de
prestación de servicios, tiempos que deben tenerse en cuenta
para el reconocimiento de la pensión gracia.

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• Laboró en el Colegio Departamental Nacionalizado Instituto
Técnico de Oriente desde el 10 de septiembre de 1993 hasta
el 12 de septiembre de 2013.

En ese orden de ideas, sostuvo que tiene derecho al reconocimiento
y pago de la pensión gracia ya que laboró por más de 25 años en el
Colegio Departamental Nacionalizado Instituto Técnico de Oriente,
siempre por nombramientos efectuados por el alcalde mu nicipal y
adquirió el estatus pensional el 10 de enero de 2008.

2. Contestación de la demanda 3.

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
manifestó que al 31 de diciembre de 1980 la demandante no se
encontraba vinculada a la docencia oficial , teniendo en cuenta que
tuvo un nombramiento transitorio . En consecuencia, aseguró que no
había lugar al reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada.

Finalmente, propuso como excepciones: (i) prescripción; (ii)
inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro de lo no
debido; (iii) improcedencia de intereses moratorios o indexación;
(iv) buena fe ; e (v) improcedencia de imposición de costas
procesales.

3. Trámite en primera instancia.

En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D 4, celebró
audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio de la siguiente manera:

«[…] el litigio se contrae en determinar si el acto acusado
que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la

3 Folios 69 al 74 del expediente.
4 Folios 104 al 181 del expediente.
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demandante , está incurso en causal de nulidad, o sí por el
contrario, es procedente el reconocimiento y pago de la
prestación a favor de la señora Liria María León de Torres,
conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933?».

4. Decisión de primera instancia objeto de apelación . 5

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D , en sentencia de l 2 de marzo de 2017, declaró de oficio
probada la excepción de cosa juzgada.

La autoridad judicial consideró que existió identidad en la causa
petendi, por cuanto ya se había analizado otro proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se estudió si a la demandante
le asistía o no el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
gracia, y en ambos procesos se persigue que se tenga como tiempo
de servicios territoriales los desempeñados en el Colegio
Departamental Nacionalizado Instituto Técnico de Oriente .

En ese orden ideas, advirtió: (i) identidad de objeto: si bien el juicio
de legalidad recae sobre diferentes actos administrativos,
materialmente contiene n la misma decisión de negar el
reconocimiento de la prestación pretendida; e (ii) identidad de
partes: en ambos procesos la demandante fue la señora Liria María
de Torres y la demandada es la UGPP.

5. Recurso de apelación. 6

La señora Liria María León de Torres solicitó revocar el fallo de
primera instancia, para lo cual expuso que , si bien existe
coincidencia en cuanto a las partes y objeto de la demanda, no existe
una igual causa ya que en el proceso anterior se acreditaron tiempos
de servicio hasta el 21 de abril de 2008, en la última reclamación

5 Folios 198 al 109 del expediente.
6 Folios 173 y 174 del expediente.
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administrativa además de los tiempos laborados hasta esa fecha, se
certificaron nuevos tiempos de servicio prestados hasta el 20 de
septiembre de 2013.

6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

6.1. La señora Liria María León de Torres 7 reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y sostuvo que ni la demanda da
ni el tribunal estudiaron los nuevos documentos aportados al proceso
y desconocieron la importancia del derecho que se reclama .

Asimismo, indicó que los tiempos laborados deben tenerse en cuenta
para efectos de reconocimiento de la pensión gracia , ya que
inicialmente tuvo un nombramiento como docente interina, efectuado
por el alcalde municipal de Ubaque, con el que cumplió el primer
requisito para acceder a la prestación pretendida, esto es, tener una
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 19 80.

Sobre el tiempo de servicios del 1 de febrero de 1987 al 31 de agosto
de 1993, en los que fue vinculada a través de contratos de prestación
de servicio, manifestó que los mismos deben tener se en cuenta al
cumplir con todos los elementos sustanciales del contrato de tr abajo
y al operar en idéntica forma que frente al personal docente de
planta.

Finalmente, explicó que el nombramiento en propiedad como
docente en el Colegio Departamental Nacionalizado Instituto Té cnico
del Oriente del municipio de Ubaque, debe computarse para el
reconocimiento de la pensión gracia ya que también fue efectuado
por al alcalde municipal de Ubaque, de carácter nacionalizado y sus
salarios y prestaciones se cancelaron con cargo al FER l os cuales,
al ser de plena autonomía y manejo de la entidad territorial, no tienen
origen nacional.

7 Folios 193 y 198 del expediente .
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6.2. La UGPP 8 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
al insist ir en que en el caso objeto de estudio se configuró el
fenómeno de cosa juzgada, pues no se presentaron nuevos
elementos de juicio diferentes a los que ya fueron estudiados en las
providencias prof eridas por el Tribunal Administ rativo de
Cundinamarca el 6 de febrero de 2012 y por el Consejo de Estado
el 13 de diciembre de 2012 .

Así las cosas, y de conformidad con lo ya estudiado en el proceso
inicial, se t iene que la señora León de Torres no logró acreditar 20
años de servicio como docente nacionalizada, departamental o
municipal.

6.3. El Ministerio Público 9 emitió concepto a través del cual
solicitó revocar el fallo de primera in stancia al considerar que no
operó la cosa juzgada por cuanto las peticiones del primer y
segundo caso no son idénticas.

Lo anterior, toda vez que en la última reclamación administra tiva se
buscó demostrar un tiempo adicional al estudiado en la primera
demanda y pese a tratarse de un tema compartido , reconocimiento
de la pensión gracia , se fundó en hechos parcialmente idénticos, lo
cierto es, que la demandante expuso nuevos tiempos de servicio a
partir del 2008 hasta el 2013, situación que no había sido
considerada.

Asimismo, sostuvo que actualmente la situación de la actora es vista
de manera muy diferente a como pudo entenderse en el año 2012,
ya que existió un tránsito en la jurisp rudencia sobre el tema del
origen de los recursos en el sentido de respetar la autonomía
territorial, precisar la incorporación de los aspectos administrativos
y presupuestales relacionados con el situado fiscal, hoy sistema
general de participaciones y el funcionamiento de los fondos

8 Folios 199 al 202 del expediente .
9 Folios 203 al 216 del expediente.
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educativos regionales.

Finalmente, indicó que la señora Liria María cumplió con el requisito
de ejercer la docencia por más de 20 años en instituciones ubicadas
en entidades territoriales, ya que trabajó en forma discontinua como
docente territorial del municipio de Ubaque.

Por todo lo expuesto, conside ró que el fallo de primera instancia no
se adecuó al ordenamiento aplicable al caso concreto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto d e acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 11.

2.2. Problemas jurídico s

Considera esta Sala de Subsección que el estudio y posterior
decisión debe centrarse en establecer lo siguiente:

¿En el caso de la referencia operó el fenómeno de la cosa
juzgada como lo declaró el a quo en primera instancia ?

En caso negativo, ¿la señora Liria María León de Torres, en su
calidad de docente oficial , tiene derecho al reconocimiento y

10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
11«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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pago de la pensió n gracia?

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. El fenómeno jurídico de la cosa juzgada. 12

La institución jurídica procesal de la cosa juzgada permite tener
certeza sobre lo decidido judicialmente en un pleito, en el sentido
de que no puede ser debatido el mismo asunto, reabriendo un nuevo
proceso, cuando lo pretendido ya fue estudiado, se surti eron los
actos procesales del caso y se dio solución al mismo.

En este sentido, su fin está dirigido a brindar segurida d jurídica ,
estabilidad en las sentencias, para que una vez estén
ejecutoriadas, adquieran el carácter de inmutables, vinculantes,
definitivas y coercitivas , siempre y cuando , guarden protección y
garantía de los derechos fundamentales.

Igualmente, garantiza la confianza legítima sobre determinada
materia ya juzgada, cuyos destinatarios son las partes en el
proceso, terminando así, la disputa de manera definitiva, para que
no se extienda en el tiempo de forma indefinida, razón por la cual ,
los efectos que imprime la cosa juzg ada no habilitan al juez ni a las
partes a pronunciarse o debatir en un nuevo proceso sobre la
controversia lit igio sa que ya ha sido objeto de decisión.

En esta medida se han distinguido dos modalidades que son:

• Cosa juzgada formal: Opera cuando el fallo quedó
ejecutoriado, bien sea porque no se hizo uso de los re cursos
dentro del término estipulado en la ley o habiéndose ejercido
estos fueron resueltos por la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la posibilida d de interponer los recursos
extraordinarios que proceden contra las providencias ya

12Análisis realizado en sentencia de l 2 de abril de 2020, pr oferida por esta
Subsección dentro del proceso radicado 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-
2015).

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ejecutoriadas.

• Cosa juzgada ma terial: Hay lugar a ella cuando contra la
sentencia feneció la facultad de usar algún recurso, en otras
palabras, porque precluyó el término para interponer los
recursos extraordinarios o porque fueron resueltos de forma
desfavorable.

Por su parte, el tratadist a Hernán Fabio López Blanco, refirió:

«Cuando una sent e ncia queda ej ecut or iada, est o es, vencen
los t ér m inos de not ificació n sin que se int er ponga en su contra
r ecur so alguno, o c uando hab iéndose i nt er puest o es r esuel t o,
la sent enc ia hace t r ánsit o a cosa j uzg ada f or m al, es deci r ,
dent r o del m ism o pr oceso no pued e ser desconocid o lo
decid ido en e lla y debe ser cum plida la det er m inació n; no
obst ant e, m ediant e el em pleo del r ecur so ext r aor dinar io de
r evisión o de l de an ulaci ón si se t r at a de laudos ar b it r ales , es
posib le im pugnar lo decid ido, si se da alguna de las causale s
que lo per m it en. [ …]
Em per o, cuando no exist e posib i lida d de im pugnac ión, bi en
por que los t ér m inos par a int er poner el r ecur so ext r aor dinari o
pr ecluyer on, por que ést e no es pr ocedente, o por que se em pleó
y f ue denegado, la sent encia hace t r ánsit o a cosa j uzgada
m at er ial, donde e l f allo s e t or na inex pu gnable que, en est r i ct o
r igor , es la ver dadera cosa j uzgada por que la decisión se t or na
inat acabl e y f at alm ent e ser án inm ut able s 13».

Ahora bien, el artículo 189 de l CPACA 14 preceptúa los efectos de la
cosa juzgada en el ámbito contencioso administrativo. Se resalta
que teniendo en cuenta lo indicado en la norma ut supra
referenciada, en controversias en las cuales se discute la l egalidad
de un acto administrativo, la decisión que no accede a la nulidad
solicitada genera cosa juzgada erga omnes solamente en lo
atinente a la causa petendi .

Aunque el artículo indicado en el pá rrafo anterior hace alusión a

13López Blanco Hernán Fabio, Código General del Proceso, parte general. Páginas
674-675.Dupre Editores Ltda., 2017.
14«Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».

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uno de los aspectos de la cosa juzgada, es necesario revisar el
artículo 303 de la Ley 1564 de 2012, en virtud de la remisión que
hace el artículo 306 del CPACA 15.

Dicha disposición precisó que existen tres requisitos qu e deben ser
confrontados para analizar su existencia en el ca so concreto, es
decir, para que se configure la cosa juzgada, incumbe corroborar
que en el nuevo proceso iniciado con posterioridad a una litis ya
decidida se estructuren los siguientes presupuestos:

i) Identidad de partes: En el sumario concurren las mismas
partes que resultaron vinculadas y obligadas por la sentencia
que hizo tránsito a cosa juzgada.

ii) Identidad de obje to: Las pretensiones deprecadas en el nuevo
proceso son idénticas a las que fueron reclamadas en el
primero en donde se profirió la decisión 16.

iii) Identidad de causa: Las razones, motivos y hechos que
fueron fundamento de la primera acción son invocados
nuevamente en una segunda demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, los e lementos para la determinación
de la eficacia de la cosa juzgada se contraen a los sujetos que
intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el cual recaen las
pretensiones de la demanda y la causa invocada para sus tentar
dichas pretensiones 17.

2.4 Análisis de la Sala.

A efectos de determinar si se prod ujo el fenómeno de la cosa

15«Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
16En la sentencia C-774-2001 con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil se
explicó que «igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente».
17Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 3 de marzo de 2016, expediente:
05001-23-33-000-2013-00323-01 (0578-2014) y auto del 15 de febrero de 2018
expediente: 25000-23-42-000-2013-01520-01 (3199-2015).

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juzgada se verificarán los supuestos fácticos que se encuentran
acreditados conforme al acervo probatorio, así:

La señora Liria María León de Torres nació el 23 de diciembre de
2004 18, razón por la cual, el 23 de diciembre de 2004 cumplió 50
años de edad.

Con el objeto de demostrar la pre stación del servicio docente,
allegó los siguientes documentos:

• Copia del Decreto 01525 de 2 1 de abril de 19 80, por medio
del cual la demandante fue nombrada docente interina en el
Colegio Departamental de Ubaque (fl. 14 y 14).

• Constancia expedida por el gobernador de Cundinamarca , por
medio de la cual indicó que la señora Liria María de Torres
prestó sus servicios como docente nacionalizada interina a
partir del 8 de abril (fl. 12).

• Certificación suscrita por el Institu to Técnico del Oriente, en
la que precisa que la señora Liria Marí a de Torres laboró como
profesora de ciencias naturales, cubriendo una licencia de
maternidad (fl. 13).

• Certificación emitida por la Alcaldía del municipio de Ubaque,
a través de la cual señaló el tiempo en que la actora prestó
sus servicios co mo docente por medio de contratos de
prestación de servicios (fl .18).

• Copia del Decreto 23 de 1993, por medio d el cual la actora
fue nombrada docente nacionalizada en el Colegio
Departamental Nacionalizado, Instituto Técnico de Oriente (fl.
20).

18 C o p i a de la cédula de ciudadanía visible en el folio 1 0 del expediente.

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• Certificados de conceptos y valores salariales expedid os por
el departamento de Cundinamarca (fls. 22 al 25) .

Establecido lo anterior , se examinará cada uno de los elementos
que configuran la cosa juzgada, con el propósito de determinar si
existe identidad en lo relativo a las pa rtes, objeto y causa , según lo
preceptúa el artículo 303 de la Ley 1564 de 2012 , así:

Expediente Expediente
25000 23 25 000 2009 00023 01 25000 23 42 000 2014 03838 00
SUJETOS PROCESALES
Demandant e: Liria María León
Demandant e: Lir ia María León de de Torres
Torres Demandado: Unidad
Administrat iva Especial de
Demandado: Caja Nacional de Gestión Pensional y
Previsión Social - CAJANAL Contr ibuciones Parafiscales de
la Prot ección Social - UGPP
ACTOS ACUSADOS
Resolución 41137 de 22 de Auto ADP 014002 del 22 de
agosto de 2008 proferida por octubre de 2013 proferid o por la
CAJANAL UGPP
PRETENSIONES
Solicitó declarar la nulidad de la Solicitó declarar la nulidad el
Resolución 41137 de 22 de Auto ADP 014002 del 22 de
agosto de 2008. octubre de 2013.

Deprecó el reconocim iento y Deprecó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a partir pago de la pensión gracia desde
del 14 de enero de 2006, teniendo el dí a que adquirió el estatus, es
en cuent a el 75% de los salar ios decir, entre el 14 de abril de
devengados en el último año de 2007 y 13 de abril de 2008, con
servicio, junto con los reajustes la inclusión de t odos los fact ores
de la Ley 100 de 1993. salariales, devengados en el
últ imo año de servicio, junto con
El pago de las mesadas dejadas los reajustes por concepto de la
de cancelar debidamente Ley 71 de 1988.
indexadas.
Pagar las mesadas pensionales
El reconocim iento y pago de causadas, desde la efectividad
intereses morator ios de acuerdo hasta que sea incluida en
con el artículo 176 a 178 del CCA nómina, debidamente
indexadas.
SENTENCIA S
En sentencia del 13 de En sentencia del 2 de marzo de
diciembre de 2012 , la 2017, la Subsección D de la
Subsección B de la Sección Sección Segunda del Tribunal
Segunda del Consej o de Estado Administrat ivo de Cundinamarca,

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03838-01
Demandante: Liria María León de Torres

negó las pretensiones de la declaró de oficio probada la
demanda. excepción de cosa juzgada.

Como fundamento de la decisión,
centró su análisis en las Como fundamento de la decisión,
vinculaciones de la demandante sostuvo que hubo identidad de
bajo las modalidades de causa petendi, identidad de
contratos de prest aciones de objeto e ident idad de partes.
servicio y el t iem po laborado
como docente “nacional” , donde
concluyó que el tiempo de
servicios prestado a través de
contratos de prestación de
servicio, no puede n ser tenidos
en cuenta y sobr e la última
vinculación de la act ora, el cargo
de docente fue autor izado por el
Ministerio de Educación
Nacional y el presupuest o fue
con cargo al tesoro nacional y ,
en consecuencia , no puede
computarse para efectos del
reconocim iento de la prestación
reclamada.

De conformidad con lo anterior, la Sala advierte lo siguiente:

En cuanto , a la identidad jurídica de las partes debe precisarse
que si bien en el radicado 25000 23 25 000 2009 00023 01 fungió
como accionada la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL y,
en el proceso objeto de análisis, la demandada es la Un idad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo cie rto es que esta
última actúa como sustituta procesal de CAJANAL. De manera que ,
puede colegirse que existe identidad de las partes en los dos
procesos.

Sobre las prete nsiones de las demandas, se observa que los actos
administrativos cuestionados son diferente s, por cu anto en el
primer proceso se pretende la nulidad de la Resolución 41137 de
22 de agosto de 2008 y en segundo del Auto ADP 014002 de 22 de
octubre de 2013 .

Sobre este aspecto, es relevante destacar que , con el Auto ADP

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03838-01
Demandante: Liria María León de Torres

014002 de 22 de octubre de 2013 la UGPP decidió no estudiar de
fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y
ordenó el archivo de esa actuación al considerar que la decisión
contenida en la Resolución 41137 de 22 de a gosto de 2008 se
encontraba en firme .

Así las cosas , aunque se demandan resoluciones diferentes, guarda
similitud lo pretendido en los dos procesos, en la medida en que el
objeto de las mismas, gira en torno a la solicitud de reconocimiento
y pago de la pensión gracia de la señora Liria María León de Torres,
en tal sentido hay identidad de objeto.

Ahora bien, se advierte que los periodos de tiempo docente
reseñados en los procesos 2009-00023-01 y 2014-03838-01, fueron
los siguiente s:

Expediente Expediente
25000 23 25 000 2009 00023 01 25000 23 42 000 2014 03838 0 0
PERIODO S DE TIEM PO DOCENTE
1. Decret o 01525 de 21 de abril
de 1980
56 días
2. Contratos de prestación de
servicios para los periodos
educat ivos, ident ificados con las
1. Decreto 01525 del 21 de siguientes fechas:
abril de 1980.
Entre el 8 de abril al 2 de Del 1 de febrero al 30 de
junio de 1980. noviembre de 1987.
2. Contrat os de prest ación Del 1 de febrero al 30 de
de servi cios. noviembre de 1988.
Entre el 1 de febr ero de
Del 1 de febrero al 30 de
1987 y 31 de agosto de
1993. noviembre de 1989
3. Decreto 23 del 20 de Del 1 de febrero al 30 de
agosto de 1993. noviembre de 1990
Entre el 10 de sept iembre Del 1 de febrero al 30 de
de 1993 y 19 de octubre noviembre de 1991
de 2007.
Del 1 de febrero al 30 de
noviembre de 1992
Del 1 de febrer o al 31 de agosto
de 1993.
3. Decreto 23 del 20 de agost o
de 1993.

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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03838-01
Demandante: Liria María León de Torres

Entre el 10 de septiembre de
1993 hasta la fecha del últ imo
certificado 12 de septiembre de
2013.

Finalmente, comparadas las sentencias emitidas al interior de lo s
procesos 2009-00023-01 y 2014-03838-01, específicamente los
fundamentos de las demandas , los periodos de tiempo como
docente y las decisiones adoptadas, es evidente que la señora Liria
María de Torres e stá en desacuerdo con la determinación de la
administración de negarle el derec ho a la pensión gracia.

En ese orden de ideas, para la Sala resulta claro que se presenta
identidad de causa en ambos procesos contenciosos.

Debe precisar que el cambio de jurisprudencia no afecta las
decisiones judicia les adoptadas con anterioridad. Así lo ha
señalado esta Sala de Subsección 19 con ponencia de este
consejero, en anteriores oportunidades al sostener:

« A p e s a r d e q u e e l a q u o e n l o s fu n d a m e n to s d e s u d e c i s ió n h a c e
a l u s i ón a q u e e l c ri te ri o d e i n te rp re ta c i ó n d e l o s fa c to re s s a l a ri a l e s a
l o s q u e ti e n en d e re ch o l o s b e ne fi c i a ri o s d e l ré g im e n de tra n s ic i ó n d e
l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 a d o p ta d o p o r l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l C ons e j o d e
E s ta d o e n l a s e n te n c i a d e u n i fi c a c i ó n d e j u ri s p ru d e n c i a d e 4 d e a g o s to
d e 2 0 1 0 h a b i l i tó a l d e m an d a n te p a ra a c u d i r d e n u e v o a s o l i c i ta r e l
re a j u s te d e s u m e s ad a p e n s i o n al , s i n e mb a rg o , e s ta S a l a c o n tra ri o a
l o d e te rm in a d o p o r e l T ri b u na l d e p rim era i n s ta n c i a , p re c i s a q u e e l
c a m bi o d e j u ri s p ru d en c i a n o p u rg a l a c o s a j u z g a d a , e s d e c i r, n o a fe c ta
l a s d e c i s io n e s j u di c ia l e s a d o p ta d a s c o n an te ri o ri d a d .
A s í l o h a e x p l i c a d o l a S a l a d e C o n s u lta y S e rv i c i o C i v il d e l a
C o rp o ra c i ó n :

« F i n alm e n te , e s i m po rta n te re i te ra r q u e s i b i e n l o s c a m bi os d e
p re c e d e n te o ri e n ta n l a s d e c i si o n e s fu tu ra s d e l o s o p e ra do re s
j u ríd i c o s , n o a fe c ta n l o s c a s o s fa l l a d os c o n a n te ri o ri d a d p o r l a s
a u to ri d a d e s j u d i ci a l es , p u e s é s to s s e s u j e ta n a l o re s u e l to e n e l
re s p e c ti v o p ro c e s o j u d i ci a l , d a d o e l c a rá c te r v i n c u l a n te d e l a

19 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda-Subsección A- consejero

ponente: Gabriel Valbuena Hernández- sentencia del dos (2) de abril de dos mil veinte (2020)- radicación
número: 15001-23-33-000-2013-00372-01(2043-15).
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Radicado: 25000-23-42-000-2014-03838-01
Demandante: Liria María León de Torres

s e n te n c i a y s u s e f e c to s d e c o s a j u z g a d a , D e l o c o n tra ri o , l a
j u ri s p ru d e n ci a , q u e p o r n a tu ra l e z a d e b e e v o l u c i on a r d e a c u e rd o c o n
l o s c am b i o s j u ríd i c os y s o c i a l e s , c o rre ría e l ri e s g o d e p e tri fic a rs e
p o r e l te m o r d e l o s e fe c to s d e l c a m b i o d e p re c e d e n te .

D e e s ta m an e ra , l a s e g u ri d a d j u ríd i c a y el v a l o r d e c o s a j u z ga da d e
l a s s e n te n c i a s , l a cu a l e s v i n cu l a n te pa ra l a s p a rte s q u e h a n
i n te rv e n i d o e n el p ro c e s o , c o n s ti tu y e u n v a l o r c o n s ti tu c i o nal
p ro te g i b l e q u e no re s u l ta a fe c ta d o c o n c a m bi o s p o s te ri o re s en la
j u ri s p ru d e n ci a » . 20

L o s d e s p a c h o s q u e in te g ra n l a S e c c i ó n Se g u n d a ta m bi é n a c o ge n l a
p o s tu ra s e g ú n l a c u a l l o s c a m bi o s d e j u ris p ru d e n c i a n o a fe c ta n l a
c o s a j u z g ad a , a s í s e p u e d e v e r e n a su n to s d e c i d id o s e n s e d e
o rd i n a ri a y c o n s ti tu c io n a l 21.

A s í l a s c o s a s , e l c a m b io d e p o s tu ra j u ri s p ru d e n c i al a c a e c i d o c o n
p o s te ri o ri d a d a l a e x p e d i c ió n d e l a s e n t e n c i a d e n tro d e l p ro c e s o
2 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 de 2 7 d e n o v i em b re d e 2 0 08 e n n a d a a l te ra o i n va l ida
l o re s u e l to s o b re l o s f a c to re s s a l a ri a l e s q u e d e b e n h a c e r p a rte d el
i n g re s o b a s e d e l iq u i d a ci ó n d e l a pre s ta c i ó n p e ri ó d i c a d e l
d e m an d a n te , c u y a s i tu a c i ó n fu e d e fi n i d a j u d i c i alm e n te e n u n
p ro c e s o p ri m ig e n io p o r e l J u z g a d o S é p ti mo A d mi n i s tra ti v o d e T u n ja
y e l T ri b u n a l A dm i ni stra ti v o d e B o y a c á , p o r ta l ra z ó n , l o d e p re c a d o
e n e s te p ro c e s o y a f u e d e c i d id o , e n c o n s e c u e n c i a , e x i s te i d e nti d ad
d e c a u s a .»

Ahora bien, la señora Liria Ma ría de Torres, manifiesta que deben
analizarse los periodos de tiempo posteriores a l año 20 08, en los

20 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de febrero de 2012. Radicado:

11001-03-06-000-2011-00049-00 (2069). C.P. William Zambrano Cetina.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicado:

25000-23-25-000-2012-01176-01 (1281-2004); Demandante: José Elvis Sierra; Demandado: U.G.P.P.
Sentencia de 11 de abril de 2019. C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
76001-23-33-000-2013-00063-01(2710-15); Demandante: Ramiro Ospina; Demandado: Universidad del
Valle. Sentencia de 16 de marzo de 2017. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
11001-03-15-000-2016-00356-00(AC); Demandante: Hilda Marina Brochero Rodríguez; Demandado:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y otro. Sentencia de tutela de
17 de marzo de 2016. C.P. William Hernández Gómez.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicado:
76001-23-33-000-2013-00113-02(0466-16); Demandante: Oscar Román Tudela Rangel; Demandado:
Universidad del Valle. Apelación de auto de 26 de octubre de 2017. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
76001-23-31-000-2012-00091-01 (1482-17); Demandante: Álvaro Nieto Hamann; Demandado: Universidad
del Valle. Apelación de auto de 17 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicado:
25000 23 42 000 2013 00363 01 (2226–2014); Demandante: Miguel Ángel López Castaño; Demandado:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Sentencia de 23 de enero de 2020. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Demandante: Liria María León de Torres

que fungió como maestra. No obstante, según las condiciones de la
vinculación docente de la demandante certificadas en e l proceso,
es claro que el último nombramiento del que fue objeto se efectuó
el 10 de septiembre de 1993 , vinculación que se mantuvo incólume
al no existir ruptura del vínculo laboral 22.

En consecuencia, al haberse analizado la naturaleza jurídica del
vínculo efectuado desde el año 1993 y no existir ruptura del mismo
hasta el año 2012 , no es procedente someter a un nuevo estudio el
periodo que corresponde de 20 08 hasta el 201 2 porque deviene del
mismo acto de nombramiento que fue examinado anticipadamente
por otra autoridad judicial, y sobre ese asunto ya existe una
decisión ejecutoriada que adquirió el carácte r de inmutable,
vinculan te, definitiva y coercitiva.

Por tanto , se configuran los elementos de dicha institución jurídico
procesal al exist ir identidad de partes, objeto y causa . Así las
cosas, se confirma rá la sentencia del 2 de marzo de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, dentro del proceso promovido por la señora Liria
María León de Torres en contra de la UGPP que declaró probada
de oficio la excepción de cosa juzgada.

2.5. Condena en costas.

No se advierte que haya lugar a condenar en costas a la actora,
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si
había, o no, lugar a ello, lo cierto es que actualmente , con la entrada
en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un
estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la
carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al
hacer extensiva esa interpretación al caso b ajo análisis, de las

22 E n
el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado recientemente en sent encias del
23 de marzo de 2023, radicación 17001 23 33 000 2015 00695 01 (4210 –2017) y del
30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985 –2018).
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Demandante: Liria María León de Torres

actuaciones desplegadas por la demandante en las diferentes etapas
del proceso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
sustentó las razones en defensa jurídica de sus intereses y, por
ende, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 2 de marzo de 2017
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca , qu e declaró probada de oficio la
excepción de cosa juzgada , de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de esta providencia .

SEGUNDO. No con denar en costas en esta instancia .

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023 ).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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