República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-00003-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
Demandado: Bogotá D.C, Secretaría de Salud Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: auxiliar de enfermería. Subtema 2:
elementos que permiten acreditar la existencia de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 30 de julio de 2020, por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda pidió la nulidad del acto administrativo,
expedido por el Hospital Meissen II Nivel ESE (hoy Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur ESE), que le negó el reconocimiento de su relación laboral. El Tribunal
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, al encontrar acreditados los
elementos constitutivos de aquella. Inconforme con esta decisión, la parte
demandada apeló. La Subsección desestima los argumentos del recurso y confirma
el fallo.
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
Demandados: Bogotá D.C, Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur ESE
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda, mediante apoderado judicial,
formuló demanda1 el 13 de enero de 20152, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el distrito capital de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Hospital Meissen II Nivel ESE, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad del acto administrativo proferido el 8 de abril de 2014, por
el gerente del Hospital Meissen II Nivel E.S.E, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales solicitadas por la demandante,
en el cargo de auxiliar de enfermería, durante el lapso comprendido del 8 de
septiembre de 1999 al 7 de mayo de 2011.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, la actora pidió condenar a la entidad demandada a pagar los
emolumentos3 por haber laborado durante el período comprendido del 8 de
septiembre de 1999 al 7 de mayo de 2011, conforme lo devengado por las auxiliares
de enfermería.
4. La accionante también solicitó, a título de indemnización, los salarios y demás
emolumentos dejados de percibir, debidamente indexados al momento del pago.
5. Finalmente, reclamó el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 157 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y en el artículo 206 del Código General del Proceso (CGP);
y que se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 C. Principal, folios 1 a 48.
2 C. Principal, folios 1 y 425.
3 Indemnización por terminación de la relación laboral, indemnización moratoria por falta de pago de las
acreencias laborales a la terminación de la relación laboral, intereses moratorios, indexación de los valores,
cesantía, indemnización moratoria por el no pago del auxilio de cesantía, reajuste de salarios, reajuste de horas
extras diurnas, reajuste de horas extras nocturnas, reajuste del recargo nocturno, reajuste del pago de
dominicales, reajuste del pago de feriados, pago de cotizaciones a seguridad social en salud, reintegro de las
cotizaciones a la seguridad social en salud, pago de cotizaciones a seguridad social en pensiones, reintegro de
cotizaciones a la seguridad social en pensiones, reintegro de lo pagado en exceso por retención en la fuente,
reintegro del valor pagado por el seguro de responsabilidad profesional, quinquenios, vacaciones, tiempo de
alta por retiro, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios, prima de navidad y valor de
las primas por pólizas de garantía (fianzas).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
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Salud Sur ESE
7. La señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda laboró interrumpidamente durante
11 años en el cargo de auxiliar de enfermería en el Hospital Meissen II Nivel ESE,
del 8 de septiembre de 1999 al 7 de mayo de 2011.
8. Adujo que suscribió contratos de prestación de servicios personales, de
carácter privado, pero que en realidad se dio una auténtica relación laboral, porque
estuvo bajo la continua subordinación de la enfermera jefe, a quien debía rendirle
informes y bajo su supervisión, al servicio del Hospital. En efecto, durante el
interregno referido devengó salarios variables y laboró de manera sucesiva con
cumplimiento de horario, en el mismo lugar de trabajo, y con igualdad de
condiciones frente a las auxiliares de enfermería de planta del Hospital, sin que se
requirieran de parte suya conocimientos especializados.
9. El Hospital le impartía entrenamientos a la accionante sobre la actividad a
desarrollar, tales como el de cuidado intensivo neonatal, según el certificado del 15
de noviembre de 2005, con jornadas de actualización al interior de la institución y
una intensidad horaria de 80 horas. Igualmente, el 26 de marzo de 2007 participó
en la capacitación de manejo de residuos hospitalarios y similares; el 19 de octubre
de 2009 en el curso de reanimación neonatal; y, en general, recibió cursos en el
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en la Universidad del Bosque, en el Centro
Camiliano de Humanización y Ciencias de la Salud.
10. Debido a su excelente trabajo recibió felicitaciones del jefe de la Oficina de
Sistemas de Información y Garantía de la Calidad del Hospital el 12 de octubre de
2010.
11. Asimismo, la actora, para poder realizar cambios de turnos, tenía que pedirle
autorización a su jefe inmediato, la señora Ximena Acevedo y contar con el visto
bueno de la supervisora, Myriam Fernández, coordinadora de enfermería. Esto
ocurrió el 6 de noviembre de 2010, como dio cuenta el formato preestablecido que
se debía diligenciar.
12. Durante la relación laboral la entidad demandada no efectuó los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales
y Caja de Compensación Familiar a los que la actora tenía derecho. Tampoco le
pagó los factores salariales propios de quienes desempeñan el cargo de auxiliar de
enfermería en la planta del Hospital. En ese sentido, la accionante tuvo que asumir
las pólizas que garantizaban los contratos.
13. La señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda presentó reclamación el 28 de
marzo de 2014 ante el Hospital Meissen II Nivel ESE para obtener el pago de las
acreencias laborales, prestacionales y del Sistema de Seguridad Social Integral.
14. El Hospital Meissen II Nivel ESE expidió Oficio el 8 de abril de 2014, en el
que negó el reconocimiento y pago de lo solicitado.
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2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. La demandante citó las siguientes normas vulneradas: Constitución Política,
artículos 6, 13, 25, 26, 29, 48, 53, 122, 123, 125, 126 y 127; Decreto 2400 de 1968,
artículos 2, 5, 7; Decreto 3074 de 1968, artículo 1; Decreto 3135 de 1968, artículos
5 y 6; Decreto 1950 de 1993, artículos 6 y 7; y la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral
3.
16. En sustento, la actora sostuvo que la transgresión normativa se genera a
partir del momento en que la entidad oculta una relación laboral con un contrato de
prestación de servicios, pese a que la labor de auxiliar de enfermería se ejerció por
11 años, subordinada y sujeta de las mismas funciones de una empleada de planta
del Hospital. Además, en cumplimiento de horarios, con solicitud de permiso para
ausentarse y cambiar sus turnos e invitación obligatoria para cursos de
capacitación.
17. En este escenario, existe una desigualdad entre la accionante, en su
condición de madre cabeza de familia y las auxiliares de enfermería de planta del
Hospital que ejercen las mismas funciones. En particular, a la actora se le obligó a
aceptar las condiciones establecidas en los contratos de prestación de servicios, las
cuales iban en contra de su dignidad, sin darle la oportunidad de oposición para no
quedarse sin trabajo. Al existir una auténtica relación laboral, era deber de la entidad
reconocer las prestaciones sociales legales.
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
18. La entidad, mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de todas
las pretensiones de la demanda contra el Distrito Capital de Bogotá D.C, Secretaría
Distrital de Salud, ya que no existió relación laboral ni contractual. Sostuvo que la
actora no pidió expresamente que se reconociera que entre ella y el Hospital
Meissen II Nivel existió una relación laboral, de manera que solo reclamó
directamente el pago de acreencias laborales como si estas se derivaran de una
relación laboral propia de un vínculo legal y reglamentario o de un contrato de
trabajo.
19. Pidió la desvinculación de la entidad de este proceso, porque los cargos y las
súplicas de la demanda se dirigieron exclusivamente en contra del Hospital Meissen
II Nivel. En este contexto, planteó como excepciones la falta de legitimación en la
causa por pasiva4; la prescripción de los derechos laborales anteriores al 3 de enero
de 2010 (fecha de terminación del último contrato); la indebida acreditación de los
4 El Tribunal, en audiencia inicial celebrada el 27 de agosto de 2018, declaró no probada la excepción porque
aunque la Secretaría de Salud no contrató los servicios de la accionante, el Hospital Meissen II Nivel ESE se
creó mediante el Acuerdo núm. 020 de 1990 como un establecimiento público distrital adscrito a la Secretaría.
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elementos constitutivos del contrato de trabajo; y la innominada. Pidió condenar en
costas a la parte actora5.
2.2.2. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E6
20. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, por conducto de
apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda. Indicó que la actora
laboró al servicio de una actividad contractual pactada en los distintos contratos de
prestación de servicios para el apoyo y la ejecución de labores asistenciales en el
área de enfermería de la entidad.
21. Aclaró que entre la Subred y la accionante no existió una relación laboral,
porque actuó con autonomía sin el cumplimiento de un horario ni subordinación.
Además, no tenía jefes sino coordinadores que velaban por el cumplimiento del
objeto contractual, debían presentarse informes para establecer el cumplimiento de
los compromisos, era natural obtener felicitaciones y las capacitaciones eran
necesarias. Del mismo modo, la actora no ejercía sus funciones en las mismas
condiciones que los funcionarios de planta.
22. Así, el vínculo se soportó en el mandato constitucional del artículo 210 de la
Carta Política, en el Código Civil y la Ley 100 de 1993, que le permiten al Hospital de
Meissen celebrar esta clase de contratos, dada su naturaleza, con el fin de garantizar
un servicio público esencial como la salud.
23. La entidad expresó que no se puede confundir un contrato de prestación de
servicios, regido por la Ley 80 de 1993 y por las normas de derecho privado, con uno
de naturaleza laboral. Agregó que la actora aceptó las condiciones de los contratos
de prestación de servicios que suscribió con la entidad, sin vicios en el
consentimiento, motivo por el cual, después de la finalización, no podía
cuestionarlos.
24. De acuerdo con lo expuesto, la entidad planteó, como excepciones, la
caducidad7; la prescripción; el pago; la inexistencia del derecho y de la obligación; la
ausencia del vínculo de carácter laboral; la inexistencia de la aplicación de la
primacía de la realidad; la buena fe; el cobro de lo no debido; la presunción de
legalidad del acto demandado y de los contratos celebrados entre las partes; la
ausencia de relación contractual con la accionante; la compensación; la
5 C. Principal, folios 444 a 457.
6 El magistrado sustanciador, mediante auto del 7 de abril de 2017, vinculó al presente trámite a la Subred
integrada de Salud Sur ESE. Lo anterior, dado que el Hospital Meissen Nivel II quedó fusionado en esta empresa
social del estado, a quien por disposición del artículo 5 del Acuerdo Distrital núm. 641 del 6 de abril de 2016, se
le subrogaron todos los derechos y obligaciones de la entidad fusionada, lo que hace a esta última la llamada a
responder en el proceso de la referencia.
7 El Tribunal la declaró no probada en audiencia inicial porque aunque el acto administrativo demandado se
notificó el 9 de abril de 2014, la demandante radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 29 de julio de 2014
– constancia de no conciliación expedida el 27 de octubre de 2014–, y la demanda se presentó el 13 de enero
de 2015, debido a un cese de actividades en la Rama Judicial no hubo atención al público del 9 de octubre al
19 de diciembre de 2014. Por tanto, el término de caducidad se reanudó cuando terminó el cese de actividades
de la Rama Judicial, que coincidió con el regreso de la vacancia judicial el 13 de enero de 2015.
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improcedencia de la indemnización solicitada; la inexistencia de obligación de
imposibilidad de deducir obligaciones; la cosa juzgada8 y la innominada.
2.3. Sentencia de primera instancia
25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B profirió sentencia el 30 de julio de 2020, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. De manera textual, resolvió lo siguiente:
Primero: Anúlase el Oficio No. R:6605 del 9 de abril de 2014, mediante el cual el
gerente del Hospital Meissen II Nivel E.S.E, negó la existencia de una relación legal
y reglamentaria con la señora LIDA EMPERATRIZ BELTRÁN POVEDA, identificada
con C.C No. […] de Bogotá y el consecuente reconocimiento de prestaciones
derivadas de tal relación.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a Bogotá,
Secretaría de Salud y Subred Integrada de Salud Sur E.S.E.: 1) Reconocer y pagar
a la señora LIDA EMPERATRIZ BELTRÁN POVEDA, identificada con C.C No. […]
de Bogotá, el valor de las prestaciones sociales legales a que tenían derecho
quienes ocuparan en la demandada los empleos de auxiliar de enfermería,
liquidadas tomando como base el sueldo o asignación básica devengados por un
auxiliar de enfermería de la planta de personal del hospital (certificados por la Jefe
Oficina Asesora Jurídica de folios 592 a 594), en el período comprendido entre el 8
de septiembre de 1999 y el 7 de mayo de 2011. 2) Tomar durante el período
comprendido entre el 8 de septiembre de 1999 y el 7 de mayo de 2011, el ingreso
base de cotización (IBC) pensional de la demandante (salarios de auxiliar de
enfermería), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como
contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones
la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador, para lo cual la demandante debe acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales
y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumba
como trabajador, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Las sumas
correspondientes deben ser actualizadas en la forma indicada en la parte motiva,
aplicando para tal fin la siguiente fórmula: […]
Tercero: Niéganse las demás pretensiones de la demanda. […]
26. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
27. Prestación personal del servicio: La demandante trabajó en el Hospital de
Meissen II Nivel ESE desde el 8 de septiembre de 1999 hasta el 30 de junio de
2011, en el cargo de auxiliar de enfermería, mediante contratos de prestación de
servicios.
8 También fue negada por el Tribunal en la oportunidad ibidem, dado que se propuso en caso de que existiera
otro proceso, sin referirse el número concreto ni aportarse las piezas procesales correspondientes.
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28. Remuneración: De conformidad con las certificaciones expedidas por la
subdirectora administrativa del Hospital Meissen II Nivel ESE y el coordinador de
Presupuesto del Hospital, la señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda recibió un pago.
29. Subordinación: A partir de los contratos de prestación de servicios, la actora
laboró como auxiliar de enfermería en el Hospital Meissen II Nivel ESE, cuyos
objetos implicaron la ejecución de determinadas actividades.
30. A partir de lo anterior, el Tribunal sostuvo que las actividades realizadas por
la demandante eran similares a aquellas desempeñadas por una auxiliar de
enfermería de planta del Hospital. En concreto, el cargo tenía que brindar asistencia
a pacientes hospitalizados y neonatos, lo que da cuenta de que la accionante estuvo
supeditada a horarios, órdenes de los médicos y enfermeras jefes. Además, que
debía utilizar las instalaciones e insumos para realizar los procedimientos.
31. En este escenario, las actividades que la actora debía desarrollar tenían que
ejercerse en el Hospital. De igual forma, el Hospital suministraba los elementos de
trabajo, los cuales se encontraban en sus instalaciones. Por ende, resultaba
imposible que la accionante cumpliera con las obligaciones, de manera transitoria e
independiente.
32. Del mismo modo, el Tribunal destacó que los conocimientos que la
accionante requería eran aquellos de cualquier auxiliar de enfermería de planta de
la entidad, sin ser especializados. De forma puntual, al igual que ocurría con esta
clase de empleados, a la señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda se le demandó
realizar actualizaciones y capacitaciones, como dieron cuenta las certificaciones
emitidas por el Hospital Meissen, por el Sena y por la Universidad del Bosque.
33. El Tribunal valoró el interrogatorio de parte y los testimonios rendidos en el
proceso, para establecer que no procedía la tacha, ya que, aunque los deponentes
instauraron sus propios procesos por razones similares, se limitaron a exponer lo
relativo al caso de la accionante. En igual sentido, la información proporcionada es
coincidente con la de otros testigos frente a quienes no se solicitó la tacha, y, en
general, con las pruebas documentales del proceso.
34. Así pues, el Tribunal concluyó que los testimonios ratifican la existencia de la
relación, porque las actividades que debía ejecutar la demandante correspondían a
las de una auxiliar de enfermería de planta, cuya única diferencia residía en las
prestaciones sociales. En igual sentido, se evidenció que la actora estaba sujeta a
órdenes, cumplía horarios (supeditada al esquema de turnos) y si tenía que
ausentarse debía diligenciar un formato de solicitud de cambio de turno. También
se constató que la actora debía llenar unas planillas de registro de actividades y de
los instrumentos que utilizaba en su gestión.
35. Seguidamente, el Tribunal constató que la accionante recibía felicitaciones
verbales y escritas. En conclusión, se demostró la subordinación y el desarrollo del
trabajo bajo la sujeción estricta del empleador.
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Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
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36. Aunado a lo expuesto, el fallador de primera instancia explicó que como las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en pensiones son imprescriptibles, la
Subred Integrada de Salud Sur E.S.E debía establecer mes a mes si existía
diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la
contratista y cotizar al fondo la suma faltante, en el porcentaje correspondiente, del
8 de septiembre de 1999 al 7 de mayo de 2011, salvo las interrupciones.
37. En punto al restablecimiento del derecho, el Tribunal se remitió a la sentencia
de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de
agosto de 20169. Con base en esta, precisó que la última vinculación de la actora
mediante contratos de prestación de servicios finalizó el 30 de junio de 2011, la
petición la radicó el 28 de marzo de 2014, con respuesta del «9 de abril de 2014»
(sic)10 y la demanda se interpuso el 13 de enero de 2015. Por ende, el Tribunal
sustentó que no se configuró la prescripción.
38. Finalmente, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la entidad
demandada, porque no asumió una conducta dilatoria, temeraria ni de abuso del
derecho, sino que se circunscribió al ejercicio adecuado de su defensa 11.
2.4. Recurso de apelación
39. La ESE demandada, mediante apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su
lugar, se absuelva a la entidad, con sustento en los siguientes motivos de
inconformidad:
40. El Tribunal consideró que, si bien la actora cumplía funciones sujetas a los
lineamientos, turnos y coordinación con otros profesionales, estos elementos no
configuran subordinación, sino mecanismos necesarios para la adecuada
prestación del servicio de salud. Las instrucciones impartidas correspondían al
control propio de la ejecución contractual y no al ejercicio de un poder jerárquico.
41. Asimismo, se acreditó que las actividades desarrolladas requerían
conocimientos especializados, lo cual justifica la celebración de contratos conforme
a la jurisprudencia constitucional (sentencia C-154 de 1997). El hecho de que dichas
labores fueran asistenciales o coincidieran con funciones del personal de planta
tampoco permite inferir al existencia de una relación laboral.
42. El Tribunal precisó que la programación de la accionante bajo el sistema de
turnos demostraba la subordinación. No obstante, esto no era indicativo de una
relación laboral. Así, a juicio de la parte recurrente, no se probó que la actora
estuviera sometida de manera permanente a órdenes o a los reglamentos internos
de la entidad. Agregó que la intención de la accionante no fue presentarse a un
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de
2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01.
10 La respuesta se emitió el 8 de abril de 2014 y se le notificó a la accionante el 9 de abril de 2014.
11 C. Principal, folios 706 a 733.
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concurso para la provisión de empleos públicos. Además, los mal llamados jefes
también tenían la condición de contratistas, motivo por el cual no puede
considerarse que sobre estos recayera la función de mando, ya que en estricto
sentido no tenían la facultad para impartir órdenes y se encontraban en las mismas
condiciones que la demandante.
43. De igual forma, los testimonios presentan limitaciones de imparcialidad, en
tanto los declarantes mantenían vínculos contractuales con la entidad. En contraste,
las pruebas dan cuenta de un vínculo celebrado y ejecutado voluntariamente, en
cumplimiento de obligaciones recíprocas y sin objeciones durante su desarrollo.
44. En consonancia con lo expuesto, no hay ninguna otra prueba que demuestre
el sometimiento de la accionante a órdenes administrativas. También subrayó que
el hecho de que la actora haya realizado actividades propias del objeto social de la
entidad no demuestra la subordinación.
45. Finalmente, reprochó que las vacaciones eran un descanso remunerado que
solo se otorga mientras subsisten las causas que las originan. En razón a ello, pidió
que esta pretensión se desestimara, sin que esto implicara el reconocimiento de
una relación laboral. En consecuencia, para la entidad, las razones expuestas,
permiten sustentar que no se acreditó el elemento de la subordinación12.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
46. Mediante auto del 24 de agosto de 202313, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia. El expediente ingresó al
despacho para fallo el 24 de octubre de 202314, sin pronunciamiento de las partes
ni del Ministerio Público.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
47. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
48. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
12 Samai, exp. 25000234200020150000300, índice 93.
13 Samai, índice 5.
14 Samai, índice 10.
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Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
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demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 32815 del CGP, corresponde a la Sala definir si:
49. ¿Se configuró el elemento de la subordinación entre la actora y la ESE, que
conlleva a establecer la existencia de una relación laboral encubierta, con ocasión
de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
50. La jurisprudencia unificada de esta corporación16 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que, aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales propios de un vínculo laboral.
51. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
52. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
53. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en los anteriores presupuestos, esta
corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de
prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el
marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales
15 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
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del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las
personas que se relacionan laboralmente con el Estado».
54. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
55. Entre los elementos que permiten determinar la existencia de la
subordinación se encuentran: que el lugar de prestación del servicio sea las
instalaciones de la entidad; la imposición de un horario o turnos; la dirección y
control ejercidos mediante órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo; la
participación en reuniones obligatorias; y el seguimiento por parte de superiores
jerárquicos. Así mismo, constituyen indicios de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad y comprendan funciones
equivalentes a las de los empleados de planta.
56. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»17.
57. De igual manera, la dirección y control efectivo por parte de la administración
son formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la
coordinación con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse a primera vista
la existencia de una relación laboral en los eventos en los que el objeto contratado
consiste en el desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica,
tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional
de la entidad»18.
58. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
17 Idem.
18 Idem.
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Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
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88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».19
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».20
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.21
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
59. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes
de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse,
de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De
tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada
funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe
reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
60. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
19 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
20 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
61. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
62. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato:
En la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
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la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
63. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción
entre los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 2025 22, frente a un
instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional
de los aprendices.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
64. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»23.
65. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202124, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados25».
66. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos demuestra la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
67. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para
detectar la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de
horarios rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud
entre funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso
en profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde
la autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-
01 (5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
23 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii)La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,26 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv)Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
26 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
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3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación
68. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un
contrato de prestación de servicios.
69. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
la pruebas se practiquen o se aporten»27, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
de la norma citada que regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que
«toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso».
70. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente
expuestos.
71. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»28, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»29.
72. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).
73. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
27 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
28 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
29 Idem.
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74. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
75. Ahora bien, en casos emblemáticos relacionados con auxiliares de enfermería
y vigilantes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, la
jurisprudencia ha evolucionado desde la idea de subordinación implícita, pasando
por la presunción de subordinación, hasta llegar actualmente a la noción de indicio
de subordinación.
76. En efecto, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
transitado por distintas etapas en la valoración de la subordinación en los casos de
auxiliares de enfermería contratados mediante contratos de prestación de servicios.
77. En una primera etapa (201130), se exigió acreditar la subordinación mediante
diversos medios probatorios, tanto documentales como testimoniales.
78. En un segundo momento (201231), consideró que la naturaleza misma de las
funciones desempeñadas por los auxiliares de enfermería implicaba una carencia
estructural de autonomía, lo cual permitía presumir la existencia de subordinación.
79. En un tercer momento, a partir del año 201632, la jurisprudencia estableció
de manera expresa que existía una presunción de subordinación, y trasladó la carga
probatoria a la entidad pública, quien debía demostrar que la labor no fue realizada
bajo sujeción a órdenes e instrucciones jerárquicas.
80. No obstante, en decisiones más recientes, particularmente en los años
202333 y 202434, y a partir de la sentencia de unificación de 2021, se retomó la
exigencia de acreditar ciertos indicios para configurar la existencia de una relación
laboral subordinada. Sin embargo, no se excluye la valoración de la naturaleza del
servicio asistencial prestado por estos profesionales como un indicio relevante.
3.4. Hechos probados
81. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, la Sala
encuentra probado lo siguiente:
30 Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 27 de octubre de 2011, con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve, Proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-00853-01(0437-10).
31 Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 24 de octubre de 2012, M.P. Alfonso Vargas Rincón,
proceso con radicado 19001-23-31-000-2002-01469-01(1468-10).
32 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, Proceso con radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14).
33 Proceso con radicado 23001 23 33 000 2015 00168 01 (4550–2021).
34 Proceso con radicado 50001-23-33-000-2021-00340-01 (7137-2023). M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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3.4.1. Pruebas documentales35
82. La señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda, en el período comprendido del 8
de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2011, suscribió los siguientes contratos de
prestación de servicios con el Hospital Meissen II Nivel ESE:
Tabla 1
Contrato Término de ejecución Remuneración Interrupción
(días hábiles)
1 99-5-596 del 8 de 8 de septiembre de 1999 al $667.000 -
septiembre de 30 de septiembre de 1999
199936
2 99-5-668 del 1.° de 1.° de octubre de 1999 al 31 de octubre de 1999 $870.000 -
octubre de 199937
3 99-5-766 del 1.° de 1.° de noviembre de 1999 al 30 de noviembre de $870.000 -
noviembre de 199938 1999
4 99-5-855 del 1.° de 1.° de diciembre de 1999 al 2 de enero de 2000 $928.000 -
diciembre de 199939
5 2000-5-063 del 3 de 3 de enero de 2000 al 2 de febrero de 2000 $870.000 -
enero de 200040
6 2000-5-158 del 3 de 3 de febrero de 2000 al 29 de febrero de 2000 $870.000 -
febrero de 200041
7 2000-5-252 del 1.° 1.° de marzo de 2000 al 31 de marzo de 2000 $870.000 -
de marzo de 200042
8 2000-5-355 del 31 1.° de abril de 2000 al 1.° de mayo de 2000 $870.000 -
de marzo de 200043
9 2000-5-454 del 2 de 2 de mayo de 2000 al 31 de julio de 2000 $2.610.000 - -
mayo del 200044 $870.000
mensual -
10 2000-5-564 del 1.° 1.° de agosto de 2000 al 30 de septiembre de $1.740.000 - -
de agosto de 200045 2000 $870.000
mensual-
11 2000-5-703 del 29 1.° de octubre de 2000 al 31 de octubre de 2000 $870.000 14
de septiembre de
200046
12 2000-5-813 del 21 21 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de $870.000 -
de noviembre de 2000
200047
13 5-046-2001 del 2 de 2 de enero de 2001 al 31 de enero de 2001 $986.000 -
enero de 200148
14 5-152-2001 del 1.° 1.° de febrero de 2001 al 14 de abril de 2001 $2.175.000 12
de febrero de 200149
15 5-261-2001 del 30 1.° de mayo de 2001 al 30 de junio de 2001 $1.740.000 -
de abril de 200150
16 5-354-2001 del 29 1.° de julio de 2001 al 31 de agosto de 2001 $1.740.000 -
de junio de 200151
35 Los documentos tienen mérito probatorio porque las copias gozan del mismo valor en los términos del artículo
246 del CGP. No se requieren copias auténticas.
36 C. Principal, folios 97 a 99.
37 C. Principal, folios 101 y 102.
38 C. Principal, folios 103 y 104.
39 C. Principal, folios 105 a 107.
40 C. Principal, folios 108 a 110.
41 C. Principal, folios 111 a 113.
42 C. Principal, folios 114 a 116.
43 C. Principal, folios 118 a 120.
44 C. Principal, folios 121 a 123.
45 C. Principal, folios 124 a 126.
46 C. Principal, folios 127 a 129.
47 C. Principal, folios 130 a 132.
48 C. Principal, folios 133 a 135.
49 C. Principal, folios 136 a 137.
50 C. Principal, folios 138 y 139.
51 C. Principal, folios 140 y 141.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2015-00003-01 (2123-2023)
Demandante: Lida Emperatriz Beltrán Poveda
Demandados: Bogotá D.C, Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur ESE
17 5-519-2001 del 30 1.° de septiembre de 2001 al 30 de septiembre de $870.000 -
de agosto de 200152 2001
18 5-626-2001 del 28 1.° de octubre de 2001 al 31 de octubre de 2001 $870.000 -
de septiembre de
200153
19 5-728-2001 del 30 1.° de noviembre de 2001 al 20 de noviembre de $580.000 17
de octubre de 200154 2001
20 5-868-2001 del 14 16 de diciembre de 2001 al 2 de enero de 2002 $696.000 -
de diciembre de
200155
21 5-47-2002 de 200256 3 de enero de 2002 al 31 de enero de 200257 $1.044.000 -
22 5-173-2002 del 29 1.° de febrero de 2002 al 28 de febrero de 2002 $870.000 -
de enero de 200258
23 5-294-2002 del 1.° 1.° de marzo de 2002 al 30 de abril de 2002 $1.740.000 -
de marzo de 200259
24 5-404-2002 del 30 1 de mayo de 2002 al 31 de julio de 2002 $2.610.000 22
de abril de 200260
25 5-632-2002 del 30 1.° de septiembre de 2002 al 30 de septiembre de $870.000 -
de agosto de 200261 2002
26 5-730-2002 del 7 de 8 de octubre de 2002 al 30 de octubre de $435.000 -
octubre de 200262 2002 $1.044.00065
1.° prórroga hasta el 30 de diciembre de
200263
2° prórroga hasta el 1.° de enero de 200364
27 5-038-2003 del 2 de 2 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2003 $3.306.000 -
enero de 200366
28 5-187-2003 del 1.° 1.° de abril de 2003 al 31 de mayo de 2003 $1.740.000 -
de abril de 200367 Prorrogado hasta el 30 de junio de 200368
29 5-355-2003 de 1.° de 1.° de julio de 2003 al 31 de agosto de 2003 $1.305.000 -
julio de 200369 1.° prórroga hasta el 30 de septiembre de 200370
2° prórroga hasta el 9 de octubre de 200371
30 5-528-2003 del 10 10 de octubre de 2003 al 31 de diciembre de 2003 $290.000 -
de octubre de 200372
31 5-039-2004 del 2 de 2 de enero de 2004 al 31 de marzo de 2004 $3.517.700 -
enero de 200473
32 5-207-2004 del 1.° 1.° de abril de 2004 al 30 de junio de 2004 $2.792.700 -
de abril de 200474
52 C. Principal, folios 142 a 143.
53 C. Principal, folios 144 y 145.
54 C. Principal, folios 146 y 147.
55 C. Principal, folios 148 y 149.
56 C. Principal, folios 150 y 151.
57 Este período se corroboró con las certificaciones allegadas al expediente y de conformidad con el acta de
liquidación del contrato núm. 5-47-2002. C, Principal, folio 151.
58 C. Principal, folios 152 y 153.
59 C. Principal, folios 154 y 155.
60 C. Principal, folios 156 a 157.
61 C. Principal, folios 158 a 159.
62 C. Principal, folios 161 y 162
63 Prorrogado mediante acta suscrita el 29 de octubre de 2002, sin que los demás términos y condiciones tengan
modificación. C. Principal, folio 163.
64 Posteriormente, el término de ejecución del contrato núm. 5-730-2002 se prorrogó hasta el 1.° de enero de
2003. C. Principal, folio 164.
65 El valor de este contrato se adicionó mediante acta suscrita el 13 de diciembre de 2002. C. Principal, folio
165.
66 C. Principal, folios 166 y 167.
67 C. Principal, folios 168 y 169.
68 Este contrato fue objeto de prórroga el 30 de mayo de 2003. C. Principal, folio 170.
69 C. Principal, folios 171 a 172.
70 Con ocasión a la prórroga celebrada el 28 de agosto de 2002. C. Principal, folio 173.
71 Prorrogado mediante acta del 29 de septiembre de 2003. C. Principal, folio 174.
72 C. Principal, folios 175 y 176.
73 C. Principal, folios 177 y 178.
74 C. Principal, folios 179 y 180.
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33 5-394 de 2004 del 1.° de julio de 2004 al 30 de septiembre de 2004 $930.900 10
29 de junio de
200475
34 5-568-2004 del 15 16 de octubre de 2004 al 31 de diciembre de 2004 $1.241.200 -
de octubre de 200476 Prorrogado hasta el 2 de enero de 200577
35 5-091-2005 del 3 de 3 de enero de 2005 al 31 de marzo de 2005 $3.382.270 -
enero de 200578
36 5-242 de 2005 del 1.° de abril de 2005 al 30 de junio de 2005 $2.792.700 -
1.° de abril de 200579
37 5-507-2005 del 1.° 1.° de julio de 2005 al 30 de septiembre de 2005 $1.861.800 -
de julio de 200580 Prorrogado hasta el 2 de enero de 200681
38 5-031-2006 del 2 de 2 de enero de 2006 al 31 de marzo de 2006 $3.413.300 -
enero de 200682
39 5-276-2006 del 31 1.° de abril al 30 de junio de 2006 $2.932.335 -
de marzo de 200683 Prorrogado hasta el 31 de julio de 200684 ($977.44585)
40 5-539-2006 del 1.° 1.° de agosto al 30 de octubre de 2006 $977.945 -
de agosto de 200686 Prorrogado hasta el 1.° de enero de 200787 ($293.23488)
41 5-080-2007 del 2 de 2 de enero de 2007 al 30 de marzo de 2007 $3.538.351 -
enero de 200789
42 5-281-2007 del 30 1.° de abril de 2007 al 30 de junio de 2007 $2.033.086 -
de marzo de 200790
43 5-500-2007 del 29 1.° de julio de 2007 al 30 de septiembre de 2007 $1.016.543 -
de junio de 2007 1.° prórroga hasta el 30 de noviembre de 200791 ($745.46593)
2° prórroga hasta el 2 de enero de 200892
44 5-031-2008 del 3 de 3 de enero de 2008 al 31 de marzo de 2008 $3.186.862 -
enero de 200894
45 5-335-2008 del 1.° 1.° de abril de 2008 al 30 de junio de 2008 $3.186.862 -
de abril de 200895
46 5-524-2008 del 24 1.° de julio de 2008 al 30 de septiembre de 2008 $2.124.575 -
de junio de 200896 Prorrogado hasta el 1.° de enero de 200997 ($35.41098)
47 5-028-2009 del 2 de 2 de enero de 2009 al 30 de marzo de 2009 $3.539.188 -
enero de 200999
48 5-344-2009 del 1.° 1.° de abril de 2009 al 30 de junio de 2009 $3.362.139 -
de abril de 2009 1.° prórroga hasta el 30 de septiembre de 2009100 ($896.570104)
2° prórroga hasta el 30 de noviembre de 2009101
3° prórroga hasta el 30 de diciembre de 2009102
4° prórroga hasta el 3 de enero de 2010103
75 C. Principal, folios 181 a 182.
76 C. Principal, folios 183 a 184.
77 Prórroga efectuada mediante acta del 24 de diciembre de 2004. C. Principal, folio 185.
78 C. Principal, folios 186 y 187.
79 C. Principal, folios 188 y 189.
80 C. Principal, folios 190 y 191.
81 Prorrogado mediante acta del 29 de noviembre de 2005. C. Principal, folio 192.
82 C. Principal, folios 193 y 194.
83 C. Principal, folios 195 y 196.
84 Prorrogado mediante acta núm. 5-745. C. Principal, folio 197.
85 Valor del contrato adicionado mediante acta ibidem.
86 C. Principal, folios 198 a 199.
87 Prorrogado mediante acta núm. 5-00745 del 30 de noviembre de 2006. C. Principal, folio 200.
88 Valor del contrato adicionado mediante acta ibidem.
89 C. Principal, folios 201 a 203.
90 C. Principal, folios 204 a 206.
91 C. Principal, folio 210.
92 Adicionado mediante acta núm. 5-745 del 30 de noviembre de 2007. C. Principal, folio 211.
93 Valor del contrato adicionado mediante acta ibidem.
94 C. Principal, folios 212 a 214.
95 C. Principal, folios 215 a 217.
96 C. Principal, folios 218 a 219.
97 Prorrogado mediante acta núm. 5-745 del 29 de septiembre de 2008. C. Principal, folio 220.
98 Valor del contrato adicionado mediante acta ibidem.
99 C. Principal, folios 221 y 222.
100 C. Principal, folio 225.
101 C. Principal, folio 226.
102 C. Principal, folio 227.
103 Prorrogado mediante acta núm. 5-745 del 22 de diciembre de 2009. C. Principal, folio 228.
104 Valor adicionado mediante acta ibidem.
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49 5-087-2010 del 4 de 4 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2010 $4.146.638 .
enero de 2010105 1.° prórroga hasta el 31 de octubre de 2010106 ($1.308.245108)
2° prórroga hasta el 3 de enero de 2011107
50 5-5473-2010 del 31 31 de agosto de 2010 al 30 de septiembre de $538.689 -
de agosto de 2010109 2010
51 5-024-2011 del 3 de 4 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2011 $4.155.602 -
enero de 2011110
52 5-405-2011 del 2 de 1.° de abril de 2011 al 30 de junio de 2011 $3.510.002 -
abril de 2011111
83. Las obligaciones pactadas en los contratos, a cargo de la contratista, fueron,
en su generalidad, las siguientes:
1.- Realizar registros de enfermería a todo paciente que ingrese al servicio
2.- Avisar al médico y enfermera con respeto sobre situaciones de emergencia.
(realizar registros y notas sobre los procedimientos y cambios).
3.- Brindar cuidado directo al paciente: toma de signos vitales, control de líquidos,
aseo, canalización, toma de muestras, rotulación de líquidos, verificación de
permeabilidad de sondas, preparación de pacientes.
Funciones específicas
1. Pesar diariamente al paciente.
2.Valorar presencia de dolor en el niño.
3.- Lograr la adaptación del paciente al medio hospitalario.
4.- Desarrollar actividades recreativas.
5.- Aplicar e informar a la familia sobre cuidados y precauciones con el paciente.
6.- Mantener al paciente con temperatura adecuada.
7.- Llevar control estricto de líquidos administrados y eliminados.
8.- Verificar funcionamiento del equipo médico quirúrgico en el servicio.
9.- Colaborar con la administración de dietas, cuando el paciente Io requiera,
teniendo en cuenta el recurso humano del servicio.
10.- Subir las barandas de las camas para evitar accidentes.
11.- Dar apoyo a la familia durante la muerte y/o a pacientes en estado terminal.
12.- Realizar cambios de posición a los pacientes que Io requieran con el fin de
prevenir escaras.
13.- Mantener vías aéreas permeables.
14.- Informar a la Jefe y al Médico sobre manifestaciones del paciente, acerca de
efectos secundarios de medicamentos ingeridos.
15.- Registrar en notas de enfermería todo cambio y procedimiento que se realice
en el paciente.
16.- Informar a la Jefe Administradora del Servicio sobre el ingreso y egreso de
pacientes.
[….] Las demás actividades que le sean asignadas y que sean acordes con la
naturaleza del objeto.
105 C. Principal, folios 229 y 230.
106 C. Principal, folio 231.
107 Prorrogado mediante acta núm. 5-745 del 29 de octubre de 2010. C. Principal, folio 234.
108 Valor adicionado mediante acta núm. 5-745 del 30 de septiembre de 2010. C. Principal, folio 231.
109 C. Principal, folios 232 y 233.
110 C. Principal, folios 235 y 236.
111 C. Principal, folios 237 y 238.
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84. Con ocasión a la suscripción de los contratos, la accionante celebró pólizas
de seguro de responsabilidad civil extracontractual que aportó a este trámite 112. La
actora también allegó certificados de aportes y afiliaciones a seguridad social113.
85. De conformidad con la certificación expedida por la subdirectora
administrativa del Hospital Meissen II Nivel E.S.E, del 8 de noviembre de 2013 114,
la señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda suscribió contratos de prestación de
servicios con la entidad para desarrollar actividades asistenciales en el área de
enfermería, del 8 de septiembre de 1999 al 30 de junio de 2011, incluidas las
prórrogas y adiciones. Estos coinciden con las otras certificaciones de fechas
anteriores115, y con los términos de ejecución propios de los contratos ya referidos
y sus prórrogas. Por ende, existe convicción de los tiempos laborados por la
accionante.
86. Según la constancia emitida por el Departamento de Enfermería,
Subdirección Científica de Servicios Hospitalarios del Hospital Meissen II Nivel ESE,
el 15 de noviembre de 2005116, la actora recibió entrenamiento en curso intensivo
neonatal para el desarrollo del proceso de enfermería, con participación en las
jornadas de actualización al interior de la entidad, con una intensidad horaria de 80
horas.
87. Posteriormente el Sena, el 4 de abril de 2006117, expidió constancia en la que
certificó que la señora Lida Emperatriz Beltrán Poveda cursó y aprobó la formación
en actualización de enfermería en la Unidad Neonatal. Luego, el Hospital certificó,
el 26 de marzo de 2007118, que la actora participó en la capacitación manejo de
residuos hospitalarios y similares; y, el 17 de septiembre de 2007119, dio fe que esta
realizó el curso de reanimación neonatal. La accionante asistió al curso de
neonatología en la Universidad del Bosque, en marzo de 2008 120 y, en octubre de
2009121, recibió entrenamiento en cuidado intensivo neonatal según da cuenta la
certificación del Hospital.
88. La jefe de la Oficina de Sistemas de Información y Garantía de Calidad del
Hospital Meissen II Nivel E.S.E, el 12 de octubre de 2010, le envió el oficio núm.
OAU 1898-10122 a la accionante, en el que la felicitó por la labor ejercida.
89. Obra en la foliatura solicitud de cambio de turno suscrita el 3 de noviembre
de 2010123 por la accionante, con el fin de que la señora Ivonne Romero la
reemplazara en el turno del sábado 6 de noviembre de 2010 en el horario de 7am a
112 C. Principal, folios 288 a 411.
113 C. Principal, folios 412 a 423.
114 C. Principal, folios 59 y 60.
115 C. Principal, folios 61 a 66.
116 C. Principal, folio 90.
117 C. Principal, folio 91.
118 C. Principal, folio 93.
119 C. Principal, folio 92.
120 C. Principal, folio 94.
121 C. Principal, folio 95.
122 C. Principal, folio 68.
123 C. Principal, folio 96.
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7pm en el cargo de auxiliar de enfermería. Dicho documento está firmado por la
solicitante, la empleada reemplazante, la enfermera jefe y la coordinadora de
enfermería.
90. La demandante, el 28 de marzo de 2014124, le pidió al Hospital Meissen II
Nivel E.S.E:
• El reconocimiento de la relación laboral con la entidad, por el tiempo comprendido
del 8 de septiembre de 1999 al 7 de mayo de 2011, en un vínculo subordinado,
sucesivo e ininterrumpido, que conllevaba la liquidación y pago de primas de
servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, quinquenio,
bonificaciones, dotaciones, auxilio de transporte, cotización y pago de seguridad
social en pensiones, salud y riesgos profesionales y liquidación definitiva de
prestaciones sociales de la misma forma en que se efectuaba a una auxiliar de
enfermería de planta de la entidad. Además, lo pagado por concepto de pólizas y
gastos ocasionados.
• Los valores a pagar deben incluir, como mínimo las cesantías, los intereses a las
cesantías, la sanción moratoria por no consignación al fondo el 15 de febrero de
cada año, vacaciones, primas de servicios, prima semestral, auxilio de transporte,
intereses moratorios, indexación de los valores, reajuste de salarios, reajuste de
horas extras diurnas, reajuste de horas extras nocturnas, reajuste de recargo
nocturno, reajuste de pago de los dominicales, reajuste de pago de feriados, pago
de cotizaciones a Seguridad Social en Salud, reintegro de cotizaciones a Seguridad
Social en Salud, pago a las cotizaciones en Seguridad Social en pensiones,
reintegro de las cotizaciones a la seguridad social en Pensiones, reintegro del valor
de las primas por pólizas de garantía (fianzas) y reconocimiento y pago de los demás
valores devengados por las auxiliares de planta del Hospital.
91. El gerente del Hospital Meissen II Nivel E.S.E expidió el oficio con código
postal núm. 111591 100-432-2014, fechado 8 de abril de 2014125, que negó el
reconocimiento de la relación laboral. En sustento, expresó que las ESE cuentan
con la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios, para el
funcionamiento de la entidad, regidos por el derecho privado, que no puedan
realizarse con su planta, sin que ello implique el pago de prestaciones sociales.
92. En particular, el oficio explicó que en los contratos celebrados con la señora
Lida Emperatriz Beltrán Poveda no se reconocieron salarios, vacaciones, cesantías,
intereses a las cesantías y demás acreencias laborales, porque en la modalidad
contractual lo que se pactan son honorarios pagaderos una vez se presenta el pago
de los aportes a la seguridad social, que corren por cuenta del contratista. Del
mismo modo, destacó que existía supervisión sin que ello conllevara subordinación
y que, ante la ausencia de una relación laboral, el vínculo contractual finalizaba
vencido el plazo pactado.
124 C. Principal, folios 52 a 56 .
125 C. Principal, folios 57 y 58.
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93. El subgerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE,
mediante el oficio núm. TH-2639-18 del 11 de octubre de 2018, informó sobre la
existencia del cargo de auxiliar de enfermería código 555, grado 17, de 2000 a 2004.
Aclaró que para los años 2005 a 2011, existió el empleo de auxiliar del área de
salud, código 412, grado 17, que desempeñó similares funciones, de acuerdo con
el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Hospital126.
94. El subgerente anexó copia de la Resolución que adoptó el Manual de
Funciones de la entidad y consignó que hubo 21 cargos de auxiliar de enfermería,
código 555, grado 17 y estableció sus funciones específicas127. Igualmente aportó
el Acuerdo núm. 006 del 18 de abril de 2002 relativo a la denominación del cargo
de auxiliar de droguería, código 516, grado 06, con (1) empleo y sus funciones
específicas128.
95. En igual sentido, se allegó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales de la entidad – con sus modificaciones– que identificó 19
cargos de auxiliar del área de salud, código 412, grado 17 con sus funciones129. Se
anexaron las resoluciones que efectuaron nombramientos en el Hospital en los
cargos de auxiliares del área de salud y de enfermería130. Por último, se remitió
copia del Proyecto de Acuerdo núm. 00015 del 30 de julio de 1998, mediante el cual
se adoptó el Reglamento Interno de Trabajo en el Hospital Meissen II Nivel Empresa
Social del Estado131.
96. La Subred Integrada envió copia de la nómina de pago de las primas de
servicios o su equivalente para los años 1999 a 2001, relacionadas con todo el
personal de auxiliares de enfermería; copia de la nómina mensual de salarios; copia
de las nóminas de pago de las vacaciones por estos años; copia de las nóminas o
planillas de consignación de cesantías y copia de las nóminas de pago de intereses
a las cesantías132. La citada entidad también resolvió el requerimiento que se le hizo
en el sentido de que no se evidenciaron llamados de atención, solicitud de permisos,
felicitaciones, ni invitaciones obligatorias a cursos133.
3.4.2. Testimoniales
97. En la audiencia de prueba celebrada el 15 de febrero y el 2 de agosto de
2019, el Tribunal practicó los siguientes testimonios:
98. Fernando Azael Tocarruncho Torres. Indicó que se desempeñaba como
auxiliar de enfermería y estudios universitarios, y que fue compañero con Lida, sin
parentesco ni vínculo adicional con la parte. Relató que conoció a la actora en el
126 C. Principal, folio 543.
127 C. Principal, folios 544 a 545 y 578 y 580.
128 C. Principal, folios 581 a 583.
129 C. Principal, folios 548 a 559. Este documento también lo allegó la demandante. C. Principal, folios 284 a
287.
130 C. Principal, folios 560 a 576.
131 C. Principal, CD. Folio 576A.
132 C. Principal, folios 592 y 593.
133 C. Principal, folios 595 y 596.
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Hospital de Meissen y que «cuando ingresé ella ya hacía parte del personal del
Hospital, yo ingresé en octubre del año 99 y ella salió antes que salí yo, en el año
2011, a principios de año, pero no recuerdo exactamente el mes». Expresó que no
siguió laborando en la entidad, porque trabajó hasta el 30 de noviembre de 2012 y en
punto a la vinculación que sostuvo con el Hospital respondió que «me desempeñé
como auxiliar de enfermería y la vinculación por prestación de servicios todo el
tiempo». El magistrado le preguntó que informara sobre si le constaba qué clase de
vinculación tuvo la señora Lida con el Hospital y luego la Subred, frente a lo cual el
testigo respondió que «ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería y la
vinculación al igual era de prestación de servicios».
99. Seguidamente, se le pidió que indicara en qué lugar prestaba el servicio, y si
cumplía horario. Frente a esto, el señor Fernando expuso que «de acuerdo con la
organización del hospital ella pertenecía a la Subdirección de Servicios Hospitalarios
y yo pertenecía a Ambulatorios, las programaciones de las actividades del mes se
publicaban en las carteleras por cada subdirección […] ella prestaba servicios en el
Área de Hospitalización y posteriormente en el Área de Neonatos». El magistrado le
volvió a interrogar sobre si la actora cumplía horarios o de manera autónoma fijaba la
prestación del servicio, y frente a ello este manifestó que «ella inicialmente empezó en
el horario de la mañana y pues las programaciones de los turnos salían a finales del
mes para el mes que seguía».
100. Se le indagó que explicara si existía un jefe que vigilara el cumplimiento de los
horarios, frente a lo cual respondió que «en los servicios existe la jefe del servicio y
había una jefe coordinadora por cada subdirección, ellos eran los que programaban
las actividades y la verificación era por parte de los jefes de los servicios». El testigo
indicó que «recuerdo a la coordinadora del área hospitalaria, la jefe Luz Marina
Vargas, la jefe de las jefes realmente no la recuerdo». El magistrado también interrogó
al testigo sobre si a la accionante se le llamó la atención por la prestación del servicio
y en tal caso quién hacía esos requerimientos, y dijo que «no tengo conocimiento de
que le hayan llamado la atención […] la supervisión del desarrollo de las labores era
por parte de la jefe del servicio que le correspondía en el turno».
101. Luego, el apoderado de la demandante interrogó al testigo. En particular, le
preguntó que indicara si la demandante asistía a cursos de capacitaciones enviadas
por el Hospital y si estos eran obligatorios o no. Al respecto, el señor Fernando
mencionó que «en la firma de los contratos había un item donde colocaban que se
debían asistir a las capacitaciones programadas, entonces […] era en el horario
contraído de las actividades […] si se programaba en la mañana, se laboraba en la
tarde». El apoderado le preguntó que indicara si la demandante debía pedir permiso
para ausentarse del servicio y en caso afirmativo que dijera a quien. En punto a ello,
el testigo respondió que «para poder ausentarse o cambiar un turno se debía contar
con la autorización de la jefe de la coordinadora, previo lleno de requisitos de un
formato de cambio de turno».
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102. En línea con esto, el apoderado de la accionante le preguntó al testigo sobre
si los elementos de trabajo eran del Hospital o los llevaba la actora. Al respecto,
este afirmó que «los elementos para la prestación del servicio eran de propiedad del
Hospital». Asimismo, indagó al testigo sobre si los conocimientos que debía tener la
accionante eran especializados o los propios de cualquier auxiliar de enfermería,
aspecto frente al cual mencionó que «inicialmente los conocimientos de enfermería y
ya los especializados en neonatos cuando ella pasó a esa área […] solo requería
conocimientos básicos de enfermería, cuidado al paciente, cuidado de las unidades,
aseo». En particular, el abogado le indagó si existía diferencia en las actividades de la
actora y cualquier persona que ejerciera el mismo cargo. El testigo contó que «no
señor […] la diferencia es que habían empleados de planta que hacían las mismas
funciones, pero pues obviamente la remuneración era diferente».
103. En lo relativo al control de horario, el testigo expresó que «en algunos
servicios existían libros para radicar recibo y entrega de turnos, dónde se radicaban
los inventarios con los cuales se contaba el servicio […] y que las programaciones
de turnos tanto mañana, tarde o noche correspondían por las coordinadoras de
enfermería de cada subdirección […] para todos los funcionarios, tanto de contrato
como para los de planta».
104. La apoderada de la Subred le preguntó al testigo si tenía alguna demanda en
contra del Hospital y este respondió que «sí tengo en estos momentos una demanda
contra el Hospital Meissen, pero que la señora Lida Emperatriz no le ha servido como
testigo en el proceso que lleva». El apoderado de la Secretaría de Salud de Bogotá
indagó al señor Fernando sobre la relación contractual con la entidad, aspecto frente
al cual el testigo expresó que «los contratos de prestación de servicios se firmaban
directamente con el Hospital Meissen […] y que los objetos contractuales eran con
relación a las actividades propias del Hospital». Finalmente, en respuesta a lo
preguntado por el magistrado, el testigo dio cuenta de que «todos los funcionarios
nos conocíamos porque era una sola casa, entonces yo inicié como camillero
entonces tuvo contacto con Lida».
105. Dennia del Socorro Velásquez Gutiérrez. Relató que es jubilada y que
prestó sus servicios como tecnóloga en auxiliar de enfermería en el Hospital de
Meissen. El magistrado le preguntó si le constaba cómo estuvo vinculada la
accionante y por cuánto tiempo, frente a lo cual respondió que «ella tuvo por contrato,
desconozco la clase de contrato solamente sé de contrato porque así se les decía a
los que no eran de planta, ella llegó al Hospital en el 99 hasta el 2011 estuvo en el
Hospital laborando». Le preguntó si sabía qué personas del Hospital controlaban,
supervisaban sus labores, frente a lo cual la testigo manifestó que «el jefe inmediato
no era un solo jefe dependía si ellas cambiaban el turno era otra jefe, pues no le podría
decir el nombre del jefe que nos supervisaba».
106. Además, el magistrado le preguntó si la accionante requería permiso para
ausentarse y quién era la persona competente para concedérselo. Al respecto, la
testigo manifestó que «sí señor […] los de contrato como los de planta debíamos
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solicitar el permiso al jefe inmediato, en algunas ocasiones verbales en otras por
escrito». El apoderado de la parte demandante interrogó a la testigo sobre el
cumplimiento de horarios por la actora y quién los organizaba. La señora Dennia
expresó que «sí señor, ella tenía igual que los de planta teníamos un horario que
cumplir, esos horarios los cuadraba la supervisora y se hacía un cuadro que se fijaba
en la cartelera con los nombres de los funcionarios que íbamos a estar en determinado
servicio y los funcionarios que íbamos a estar en ese horario». De forma puntual el
apoderado de la actora le preguntó si la señora Lida, al igual que otras auxiliares de
enfermería, recibía órdenes e instrucciones. En concreto, esta relató que «recibíamos
las órdenes del jefe inmediato». La testigo también dio cuenta de que «era obligatorio
ir a las capacitaciones, tanto los de contrato como los de planta».
107. El referido apoderado indagó a la señora Dennia sobre los elementos de
trabajo utilizados por la demandante. Puntualmente, esta dio cuenta de que «el
Hospital nos suministraba los equipos para laborar». Asimismo, se le preguntó sobre
el requerimiento de conocimientos especializados y ella respondió que «no señor, los
del título que tenemos como auxiliares de enfermería». En concreto, aunque se le pidió
que precisara sobre las diferencias entre la accionante y los otros empleados de
planta, la testigo afirmó que no existió tal diferencia, «todos iguales». Asimismo, la
testigo contó que para la época en que laboró el Hospital era pequeño.
108. La apoderada de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE le
preguntó a la testigo si tuvo conocimiento de que la accionante presentó cuenta de
cobro. Ella manifestó que «solo sé que eran muy incumplidos en los pagos, de resto
no sé cómo les pagaban […] ellos tenían que firmar cada mes que les renovaran el
contrato, antes tenían que pagar la seguridad social para poderles pagar el sueldo, es
lo que yo tengo entendiendo que tenían que hacer». Le preguntó si el puesto de la
actora era cercano al de la testigo y ella dijo que en algunas ocasiones.
109. El apoderado de la Secretaría le preguntó a la testigo sobre cuánto tiempo
laboró en un puesto contiguo al de la accionante.
110. Expresó que esto ocurrió «desde 1999 hasta 2004 cuando salí de la institución,
todo ese tiempo lo trabajamos relativamente en el mismo servicio, pocas veces
cambios de servicio». De manera precisa le indagó si desde siempre se le exigía
cumplimiento de horario y dijo que «sí, el horario se debía cumplir al igual que ocurría
con los empleados de planta» y que los que presentaban un problema tenían como
castigo la no renovación del contrato. Expresó que no tuvo conocimiento de que la
actora incumpliera un horario. El apoderado le preguntó de qué manera era exigible la
asistencia a capacitaciones, y la testigo relató que «a nosotros nos informaban el sitio
de la asistencia a las capacitaciones […] a nosotros nos trataban igual que a los de
contrato y los que incumplieron son los que pueden decir que sanción les pusieron».
Finalmente, le indagó si la accionante prestó sus servicios a la Secretaría de Salud
como enfermera y la señora Dennia respondió que «en el Hospital de Meissen con el
título de enfermera profesional no, como enfermera auxiliar sí».
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111. José Arley Moncaleano Arenas. Relató que conoció a la señora Lida
porque trabajaron juntos en el Hospital de Meissen, cuando ella entró él ya estaba
trabajando allí. El magistrado le preguntó cuál cargo desempeñó, qué tipo de
vinculación, tuvo, en qué período y quiénes fueron sus jefes. Respondió que «inició
labores en 1998 hasta el 31 de diciembre de 2012, inicié como camillero y después fui
auxiliar de enfermería y su jefe en ese tiempo fue Luz Marina Vargas y después Julio
Ernesto Cárdenas». Informó que tuvo conocimiento de que la actora se vinculó al
Hospital de Meissen con un contrato de prestación de servicios, ella inició como
auxiliar de enfermería en la parte de hospitalarios; en esa parte estaba dividido y ella
tenía que desempeñar las actividades pactadas en los contratos. Expuso que «cuando
yo la conocí ella inició en el año 99 hasta el 2011 y desde allí eran contratos de tres,
cuatro meses, un mes, 15 días, por prestación de servicios como auxiliar de
enfermería».
112. El magistrado le preguntó si alguien ejercía control y supervisión y si la actora
cumplía horario. El señor José Arley dio cuenta de que «a ella le asignaban por medio
de una programación de turnos que le pasaban mensual, la ponían en cada piso y allí
aparecía el nombre de ella, había tres turnos de 7 a 1, de 1 a 7 y de 7 a 7 en la noche,
turno de por medio, y las actividades estaba la coordinadora y el subdirector
hospitalario y había un formato de control de actividades, si tenía que tomar tensiones
[…] eso se lo tenía que pasar al jefe inmediato». El magistrado le preguntó si recordaba
quiénes fueron esas personas, y el testigo respondió que «sí claro, cuando ella inició
estaba la jefe Luz Marina Vargas, después estuvo de jefe Julio Ernesto Cárdenas y
después la jefe Sandra Rozo, que eran los coordinadores del departamento de
enfermería». El testigo indicó que no tuvo conocimiento de que la accionante tuvo
llamados de atención.
113. El apoderado de la demandante le preguntó al testigo sobre quién organizaba
los turnos en sus ingresos y salidas, tanto para los funcionarios de planta como para
los de prestación de servicios en el Hospital. Al respecto, manifestó que lo hacía el
«coordinador del departamento de enfermería, pero iba firmado y autorizado por el
director hospitalario» y agregó que «la programación de turnos era para todos, lo de
planta y los de contrato igual». Seguidamente, el apoderado le indagó si la actora
recibía órdenes e instrucciones. El señor José Arley asintió que «sí, ella recibía
órdenes de los médicos y de la jefe inmediata de cada turno» y que las instrucciones
consistían en «la toma de laboratorios, llevar la paciente a rayos x, todo eso iba por
órdenes médicas».
114. En línea con lo expuesto, el abogado le preguntó si tenía conocimiento de la
asistencia a capacitaciones por plena voluntad u obligatorias. El testigo manifestó
que «sí ella asistía a capacitaciones y había un formato» y que si no iba le hacían un
llamado de atención. Asimismo, le indagó si para ausentarse la actora tenía que pedir
permiso y el testigo dijo que sí, «había un formato que tenía su firma, la del compañero
que la iba a reemplazar y la firma del coordinador del departamento de enfermería».
Relató que no podía hacer cambios de turnos sin previa autorización y que no conoció
de una ausencia que implicaba ausentismo. Frente a los conocimientos específicos,
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el testigo afirmó que eran los mismos que tenían todos los auxiliares, no eran
especiales. También expresó que hubo otras personas en la misma situación de la
accionante y que estos también se vincularon por contratos de prestación de servicios.
115. Seguidamente, el apoderado le preguntó sobre su conocimiento en torno a
los instrumentos, si eran de propiedad de la actora o del Hospital y este contestó
que «se los suministraba el Hospital». El testigo también mencionó que «las
actividades de los funcionarios de planta eran las mismas y cumplían el mismo
horario».
116. El apoderado de la Subred le preguntó al testigo sobre la determinación de
las funciones a ejecutar en los contratos, frente a lo cual este indicó que «allí obraban
las actividades a desarrollar por el contratista». A su vez, se le preguntó sobre el
protocolo y el señor José Arley dio cuenta de que «sí claro estaba el protocolo, para
pasar una sonda vesical, había protocolos de todo eso». Asimismo, aclaró que la
accionante «recibía órdenes por toma de rayos x, laboratorio, ecografía, etc, dependía
del paciente». De forma concreta, el testigo expuso que «todo tenía que ser ordenado
por la jefe inmediata, del servicio y que había trabajadores de planta que hacían lo
mismo que la señora, pero con primas y prestaciones». Relató que la accionante tenía
que cumplir su propia dotación y tenía que entrar con un carné a la entidad.
117. El testigo también afirmó que él le cubrió turnos a la demandante y que
quienes incumplían un turno les hacían llamados de atención. Expuso que a la parte
actora le exigían pagar salud y pensión para proceder al pago, pero que como tal
no tenía que allegar cuenta de cobro. El señor José Arley dio cuenta de que ha sido
testigo en otros procesos de compañeros en asuntos similares y que tiene un
proceso propio contra la entidad. No obstante, manifestó que la señora Lida
Emperatriz no era testigo en su propio trámite judicial. Finalmente, la procuradora
interrogó al testigo sobre si la demandante podía prestar sus servicios en otro sitio.
Él respondió que necesariamente debía estar en el Hospital.
118. Mónica Paola Antivar Pinto. Manifestó que fue compañera de la señora Lida
Emperatriz Beltrán Poveda, a quien conoció más o menos hace 14 años cuando
entró a laborar como enfermera jefe en la Unidad de Recién Nacidos y era quien
tenía a Lida a cargo. La testigo relató que «Lida se desempeñaba como auxiliar de
enfermería en la unidad de Recién Nacidos, sé que tuvo una vinculación de más o
menos 12 años y que tuvo una vinculación de prestación de servicios, como la mayoría
de las personas, yo era la jefe encargada, ella recibía órdenes mías y por encima mío
había un coordinador de enfermería. Estuvo la jefe Luz Marina Vargas, después Julio
Cárdenas y por encima de ellos había un subdirector encargado de cuidados
intensivos». Manifestó que «en las unidades había listas de chequeo para verificar los
procedimientos que ellas como auxiliares tenían que cumplir y bajo el conocimiento de
la enfermera jefe tenían que cumplir funciones a su cargo, eso lo supervisábamos
nosotras como enfermeras jefes».
119. Frente al horario asignado, la testigo dio cuenta de que la demandante casi
siempre tenía el de la mañana, tenía que entrar a las 7 de la mañana y salir a 1 de
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la tarde y cumplir con 12 horas el fin de semana. Expuso que ella controlaba los
horarios, como enfermeras jefes y el departamento y que se publicaban unas
planillas mensuales que asignaban los horarios. Respondió que la accionante sí
recibió un llamado de atención por llegar tarde, pero que no conoció de otro.
120. El apoderado de la demandante le indagó sobre si la actora asistía a
capacitaciones y si eran obligatorias. Al respecto, la testigo dijo que cuando esto se
hacía era obligatoria la asistencia. Igualmente, el abogado le preguntó si la actora
podía ausentarse libremente o debía pedir autorización. La señora Mónica Paola
dijo que «se debía firmar un formato de cambio de turno, con la fecha y la hora y el
nombre de la persona que la iba a reemplazar, y estar autorizado por el jefe del servicio
como por el jefe de departamento». La testigo agregó que existieron bastantes
auxiliares de enfermería en el Hospital por prestación de servicios y otros por planta y
relató que todos los instrumentos de trabajo los suministraba el Hospital.
121. La testigo expuso, frente a los conocimientos de la accionante, que se
requería lo básico de enfermería con los mismos conceptos que los de planta y que
no existía diferencia con estos últimos, «todos tenían las mismas funciones». En ese
sentido, la señora declaró que la actora no podía decidir dónde prestar sus servicios
ya que eso estaba fijado por el departamento, a menos de que este la requiriera en
otro lado.
122. El apoderado de la Secretaría de Salud de Bogotá le preguntó cómo se
impartían las órdenes y la testigo relató que dependía de la asignación que se
hiciera en el área correspondiente, «normalmente era general para todas las
auxiliares que estaban en el mismo servicio». La señora expresó que ella también era
contratista de prestación de servicios y que la jefe Luz Marina Vargas era personal de
planta y les preguntaban a las jefes sobre el desempeño de las auxiliares.
Específicamente, se hacía referencia a la puntualidad, al trato de pacientes, al
incumplimiento de funciones asignadas o de órdenes médicas. Expuso que la
accionante salió por voluntad propia, ya que no conoció que tuviera un llamado de
atención determinante de su permanencia en la entidad.
123. El apoderado de la Subred indagó a la testigo sobre las diferencias entre las
órdenes impartidas por ella y aquellas provenientes de los coordinadores. Ella indicó
que «nosotras como jefes de servicio verificamos que ellas cumplan sus labores y si
no lo llegan a hacer hay que informar directamente al coordinador de enfermería,
nosotras somos las jefes directas de ellas para los protocolos y todo». La señora
precisó que la señora Luz Marina sí le impartía órdenes y parámetros a la accionante,
por debajo de ella la directamente responsable era la enfermera jefe. En concreto, la
testigo informó que las órdenes eran generales, pero si debía hacerlo expreso llamaba
a la accionante.
124. La testigo relató que no tenía la potestad de dar por terminado el contrato,
porque para ello estaba el coordinador. También respondió que si no le asistía al
turno le descontaban el correspondiente y dio fe de que la actora realizó cambios
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de turnos firmados por coordinación y avalado por la jefe de enfermería. Sostuvo,
frente a las labores específicas y concretas la testigo dijo que según la complejidad
no todos los pacientes se manejan iguales y tocaba impartir órdenes. La testigo
relató que para que procediera el pago debía llevar salud y pensión, pero no tenía
que presentarse cuenta de cobro. Finalmente, se le interrogó sobre la existencia de
otras demandas y procesos, la testigo dijo que inició su propia demanda y que fue
testigo en dos procesos de otras auxiliares, pero que la señora Lida Emperatriz no
rindió declaración en su trámite.
3.4.3. Interrogatorio de parte
125. Lida Emperatriz Beltrán Poveda. Narró que fue auxiliar de enfermería. El
magistrado le preguntó sobre la supervisión del desarrollo de actividades durante
su vinculación con el Hospital. Al respecto, relató que «tenía jefes y tenía un horario
de trabajo siempre, mi horario era de 7 de la mañana a 1 de la tarde y tenía jefes en
los servicios, pues en el servicio donde yo estaba siempre había dos jefes cuando yo
comencé estaba la jefe Luz Marina que era la coordinadora de enfermería». Ello indicó
que esta jefe estuvo por muchos años y cuando terminó fue con el jefe Julio Cárdenas,
coordinador de enfermería. El magistrado le indagó sobre los permisos que tenía que
solicitar para ausentarse. Frente a ello, la señora Lida Emperatriz manifestó que
«normalmente cuando estábamos en el horario de trabajo no nos ausentábamos para
nada, de 7 a 1 y si estábamos en el horario de la tarde, en la tarde, pero teníamos que
estar en el servicio todo el tiempo».
126. Contó que no estuvo afiliada a salud y a pensiones. El magistrado le indicó
que en los contratos estaban previstas unas cláusulas de afiliación como
presupuesto para iniciar su ejecución, razón por la que le preguntó si esa obligación
no era exigida. En concreto, la señora expresó que «lo que pasa es que eso lo
pagaba uno, no lo pagaba el Hospital, uno lo asumía como independientemente». En
ese sentido, reformuló lo dicho anteriormente e indicó que estuvo afiliada, no a través
del Hospital. Agregó que firmó de manera libre y voluntaria los contratos de prestación
de servicios y que tenía jefes, no supervisores.
127. La declarante indicó que «en su contrato tenía unas funciones de enfermería
asignadas y que el Hospital le exigía hacer cursos y siempre se hacían en horarios
que fueran diferentes al de trabajo». En particular, contó que «hice actualizaciones,
hice una especialización de cuidado neonatal, varios cursos y actualizaciones». La
señora Lida Emperatriz indicó que «en el hospital teníamos los protocolos, emitidos
por los jefes, y por lo menos en el área donde lo estaba, además de auxiliar de
enfermería teníamos una especialización de neonatal […] y teníamos funciones más
específicas hacia el cuidado de los bebés».
128. La apoderada indagó a la testigo sobre cómo era el sistema de turnos y al
momento de solicitar un permiso cuál era el procedimiento. La señora Lida puso de
presente que «nosotros cumplíamos un horario, a veces estábamos en la mañana, en
la tarde o en la noche, pero siempre era con recibo y entrega de turno y si iba a cambiar
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un turno tenía que hacerlo por escrito y lo tenía que autorizar su jefe». Finalmente, el
apoderado de la Secretaría le preguntó a la accionante si celebró contrato directo
con la entidad, a lo cual respondió que solo con el Hospital de Meissen. Se le
preguntó, entonces, si la prestación del servicio estuvo en sus obligaciones
contractuales y la señora Lida Emperatriz refirió que «siempre estuve con el Hospital
de Meissen».
3.5. Caso concreto
129. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita que se condene a la entidad
demandada a pagar las acreencias por haber laborado del 8 de septiembre de 1999
al 7 de mayo de 2011, mediante contratos de prestación de servicios, conforme a lo
devengado por las auxiliares de enfermería.
130. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que la actora demostró los elementos constitutivos de la relación laboral, ya que
trabajó en el Hospital Meissen Nivel II ESE, como auxiliar de enfermería, mediante
contratos de prestación de servicios, a cambio de los cuales recibió una
contraprestación. Asimismo, se demostró la subordinación y desarrolló labores
similares a las de una auxiliar de enfermería de planta del Hospital.
131. Inconforme con esta decisión, la ESE demandada apeló y pidió que se
revocara el fallo. Adujo que las pruebas no permitían acreditar la subordinación, en
tanto la actividad desplegada por la accionante requería un conocimiento específico,
sumado al hecho de que requerían coordinación por tratarse de un nivel asistencial.
A su juicio, la actora ejecutó las actividades descritas en los contratos que suscribió
de común acuerdo, conforme a la oferta de servicios, sin que la programación por
turnos demostrara la subordinación.
132. La accionada reprochó que los declarantes no precisaron las órdenes
concretas; que en la hoja de vida no obraban llamados de atención ni documento
que acreditara sujeción al reglamento; y que no podían apreciarse de forma aislada
las pruebas testimoniales, cuando los demás elementos desvirtuaban la relación
laboral. Añadió que los testigos no dieron fe de que la accionante estuviera sometida
al régimen interno de la entidad, y que los jefes también tenían la condición de
contratistas, de modo que en ellos no podía predicarse una situación de mando.
133. Para la apelante los testigos dieron cuenta de aspectos propios de la
actividad contractual y carecieron de imparcialidad y objetividad; que el hecho de
ejercer el objeto social de la entidad no demuestra la subordinación; y las
vacaciones son un descanso remunerado que solo se otorga mientras subsisten las
causas que le dan origen. Con el fin de resolver el recurso de apelación, la Sala
estudiará los elementos de la relación laboral, en particular, la subordinación, sobre
el cual la apelante estructura su impugnación.
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134. Prestación personal del servicio. Está demostrado que la accionante
suscribió contratos de prestación de servicios en el período comprendido del 8 de
septiembre de 1999 al 30 de junio de 2011 con el Hospital Meissen II Nivel ESE. De
conformidad con las cláusulas contractuales, se pactó la prestación personal del
servicio.
135. Remuneración. Conforme a cada uno de los contratos suscritos, la actora
recibiría por parte del Hospital una contraprestación monetaria, a título de
honorarios, en mensualidades vencidas.
136. Subordinación. Frente a la satisfacción de este requisito, la ESE
demandada adujo que, para el ejercicio de sus funciones, la actora requería un
conocimiento especializado y específico. De ahí que, en su criterio, el Tribunal erró
al tomar como indicio de la relación laboral la falta de autonomía derivada de su
sujeción a las órdenes, requisitos y parámetros señalados por la entidad.
137. Ahora bien, la Sala no desconoce que los contratos de prestación de servicios
se suscribieron al amparo de las normas de derecho privado y que su celebración
exigía la idoneidad de la accionante. Tampoco ignora que en ellos se pactó de forma
expresa que la contratista ejecutaría sus labores de manera transitoria e
independiente, sin subordinación al Hospital.
138. No obstante, revisadas con detalle las cláusulas contractuales, las
obligaciones de la contratista exigían, entre otras «realizar los cuidados propios de
enfermería, según las normas de la institución y el ejercicio propio de la enfermería».
Entonces, la labor pactada se ejercía mediante órdenes e instrucciones y a través del
cumplimiento de reglamentos de la entidad, sin que se requiriera un conocimiento
especializado, específico o excepcionalísimo distinto al que pudiera tener cualquier
otra auxiliar de enfermería de planta de la entidad, hecho del cual dieron cuenta los
testigos allegados al proceso.
139. En particular, el señor Fernando Azael Tocarruncho indicó que «la diferencia es
que habían empleados de planta que hacían las mismas funciones, pero pues
obviamente la remuneración era diferente»; la señora Dennia del Socorro afirmó que
no existió tal distinción, «todos iguales»; el señor José Arley y la señora Mónica Paola
Antivar Pinto también dieron cuenta de la similitud entre los funcionarios de planta y
los vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Por ende, valorados en
conjunto, los testimonios brindan convicción sobre las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que la actora prestó el servicio.
140. De forma concreta, los testigos Fernando Azael Tocarruncho, Dennia del
Socorro Velásquez y José Arley Moncaleano Arenas fueron compañeros de la actora
mientras laboró en el Hospital y se desempeñaron como auxiliares de enfermería. En
esa condición, relataron con espontaneidad que la accionante perteneció al área de
hospitalización, cumplía con horarios, estaba sujeta a las directrices impartidas por la
jefe del servicio y la jefe coordinadora; que debía pedir autorización para ausentarse
de sus labores; y que utilizaba los elementos del Hospital. A su vez, fueron enfáticos y
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precisos en relatar que la coordinadora del área hospitalaria fue la señora Luz Marina
Vargas y después Julio Cárdenas.
141. De esta situación también dio cuenta, de forma concordante, la testigo Mónica
Paola Antivar Pinto, quien fue compañera de la señora Lida Emperatriz, y ejerció como
enfermera jefe del Hospital, período en el cual tuvo a su cargo a la accionante. De su
relato se advierte que, en efecto, hubo un coordinador de enfermería – en su época la
señora Luz Marina Vargas, y después Julio Cárdenas–; que la actora cumplía un
horario, que debía suscribir un formato de cambio de turno; y que aquel le impartía
órdenes y parámetros. Al respecto, la demandante corroboró esos dichos en su
interrogatorio, en el que expuso la existencia de jefes, el cumplimiento de un horario
de trabajo, y señaló que eran los mismos mencionados por los testigos.
142. A lo expuesto, conviene agregar que el testigo José Arley dio fe de que el
formato de cambio de turno debía estar firmado por el solicitante, el compañero que lo
reemplazaría y el coordinador del departamento; y la enfermera jefe de la Unidad de
Recién Nacidos, la señora Mónica Paola Antivar Pinto, confirmó que ello era así, pues
el formato requería el visto bueno del jefe del servicio y del jefe del departamento. Tal
situación coincide con la información que arroja la solicitud de cambio de turno obrante
en el proceso, del 3 de noviembre de 2010, suscrita por la accionante, la empleada
reemplazante, la enfermera jefe y la coordinadora de enfermería.
143. Así, aunque las actividades de la demandante eran asistenciales, no por ello
debían realizarse de manera coordinada con los jefes del área, sino efectivamente
subordinada, a partir de los parámetros ya identificados; y la obligatoriedad de asistir
a cursos y capacitaciones.
144. Aun cuando la accionante desempeñó labores propias de la oferta de
servicios, según su experiencia, en el período de 2002 a 2004 existieron en la
entidad cargos de auxiliar de enfermería, código 555, grado 17, cuyas funciones
eran semejantes a las suyas. En concreto, comprendían la revisión de pacientes, la
comunicación al superior, realizar el control de líquidos, y, en general, actividades
de enfermería.
145. De igual forma, entre 2005 y 2011 existió el cargo de auxiliar del área de
salud, código 412, grado 17, que según el Hospital tuvo funciones similares a las
del primero. En particular, se destacan la toma de signos vitales, procedimientos y
protocolos, asistencia a los pacientes, control de líquidos, registros y actividades
propias de enfermería. Igualmente, el Hospital reconoció que para los períodos
objeto de reclamación por la actora existieron auxiliares de enfermería de planta,
situación que corroboraron los testigos en el proceso. En consecuencia, la función
de la accionante fue desempeñada por personas de la entidad, quienes sí
obtuvieron los pagos derivados de una relación laboral.
146. La Sala considera que la programación de turnos (horario) es un indicio de la
existencia de una relación laboral. Entonces, a partir de la valoración en conjunto
con los demás elementos de prueba, y según las reglas de la sana crítica, está
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demostrada la subordinación para la prestación del servicio de salud. Así pues, las
pruebas allegadas al proceso, lejos de revelar un vínculo puramente contractual –
de común acuerdo, con conocimiento de las implicaciones y sin vicio en su
perfeccionamiento–, reflejan una verdadera relación laboral.
147. La ESE reprocha que los testigos no mencionaron las órdenes concretas a
las que se vio sometida la accionante. Sin embargo, el testigo José Arley relató que
estas consistían, por ejemplo, en la toma de laboratorios o en el traslado del
paciente al servicio de rayos X, según las necesidades de cada uno. A su turno, la
señora Mónica Paola Antivar explicó que la manera de impartir las órdenes
dependía de la asignación del área y, por lo común, era general para todas las
auxiliares. Por ende, la afirmación de la apelante carece de soporte probatorio; y,
en todo caso, que los declarantes no individualizaran una orden puntual, no altera
el análisis, pues sus relatos fueron consistentes en acreditar la subordinación.
148. Cabe aclarar que la sujeción permanente a órdenes o reglamentos se deriva
de las declaraciones, valoradas en el contexto temporal en el que se prestó el
servicio, conforme a cada uno de los contratos. Por ello, no puede exigirse a los
deponentes una fórmula o mención exacta para reconocer valor probatorio a sus
dichos, pues de ellos se infiere plenamente que la subordinación se desplegó
durante toda la relación entre las partes. Asimismo, que no obre otra prueba,
diferente a la testimonial, relativa a las órdenes no resta mérito a esta conclusión,
ya que las existentes son suficientes; y que los jefes tuvieran la condición de
contratistas, como la demandante, tampoco desnaturaliza la facultad de mando,
pues tal exigencia, en extremo rígida, desconoce la naturaleza de la relación.
149. La ESE demandada sostiene que los testigos se refirieron al pago de la
seguridad social, al cumplimiento de actividades y a las órdenes – que califica como
simples instrucciones–, aspectos propios de las obligaciones contractuales. No
obstante, como se expuso, el análisis de los contratos no puede deslindarse de las
restantes pruebas.
150. Conviene destacar que, si bien la ESE accionada cuestionó la imparcialidad
y la objetividad de los testigos por estar vinculados al Hospital mediante contratos
de prestación de servicios, lo cierto es que ya agotó la oportunidad para formular la
tacha, concretamente respecto de José Arley Moncaleano Arenas y Mónica Paola
Antivar, por haber declarado en otros procesos e iniciado sus propias demandas.
Además, el Tribunal resolvió en la sentencia que la tacha no prosperaba, pues la
información rendida se circunscribió a la situación de la actora y coincidió con la de
los demás declarantes.
151. Por tanto, no hay lugar a reabrir el examen de la tacha, de modo que los
testimonios conservan pleno valor probatorio. El interés que alega el apelante,
aunque atendible, no desvirtúa la cercanía de los deponentes con los hechos, pues
fueron compañeros de la accionante; por ello, el reparo no está llamado a prosperar.
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152. La Sala agrega que el Tribunal no acudió al desarrollo de actividades propias
del objeto social de la ESE para robustecer el análisis de la subordinación; la
acreditación de este presupuesto se extrajo de la valoración concreta de las pruebas
aportadas y recaudadas. Por lo demás, que la ESE esté habilitada para celebrar
contratos de prestación de servicios con el fin de cumplir su objeto misional, no avala
de modo alguno que los contratos oculten un vínculo laboral, para desconocer el
pago de prestaciones sociales, como ocurrió en este caso.
153. Ello es así, dado que la facultad de contratación del Estado con terceros
prevista en los artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 195 de la Ley 100 de 1993 y 2 de
la Ley 1150 de 2007, no puede interpretarse como una habilitación para desconocer
los derechos y las garantías laborales. Así, aunque el vínculo de la actora se
formalizó mediante contratos de prestación de servicios, en la realidad configuró
una auténtica relación laboral. En consecuencia, en respuesta al problema jurídico
la Subsección precisa que está demostrado el elemento de la subordinación y se
configuró una relación laboral encubierta entre la demandante y la ESE accionada.
154. Finalmente, la ESE indicó que las vacaciones eran un descanso remunerado
que solo se otorga mientras subsisten las causas que le dan origen; por ende, debía
desestimarse esta pretensión. Frente a esto, se tiene que la demandante pidió el
reconocimiento expreso de las vacaciones y la orden del Tribunal fue la siguiente:
Sobre la solicitud de ordenar el pago de prestaciones sociales, se dispondrá su
reconocimiento ordenando el pago del valor equivalente a las prestaciones sociales
comunes que devengaban los auxiliares de enfermería de dicha entidad
(certificados por la jefe Oficina Asesora Jurídica de folios 592 a 594), liquidadas con
base en el sueldo o asignación básica devengado en el período comprendido entre
el 8 de septiembre de 1999 y el 7 de mayo de 2011.
155. De una revisión de los folios 592 a 594 del expediente, se observa que
algunos certificados consignaron el sueldo de vacaciones. En línea con esto, la
Subsección ha considerado que las vacaciones son una prestación social, de la
forma en que aquí se expone134:
Sobre las vacaciones, esta subsección, en sentencia de 29 de abril de
2010, al resolver un caso de «contrato realidad», sostuvo que no tiene «[…]
la connotación de prestación salarial porque [es] un descanso remunerado
que tiene el trabajador por cada año de servicios»135, no obstante, en
pronunciamiento de 21 de enero de 2016 136, asumió un entendimiento
diferente de aquellas, cuando dijo:
Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como
134 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de abril de 2023, exp. 25000-23-42-000-2019-00236-01 (3212-2022).
135 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 29
de abril de 2010, expediente 05001-23-31-000-2000-04729-01 (821-09), posición reiterada por la misma
subsección en fallo de 6 de octubre de 2011 dentro del proceso 25000-23-25-000-2007-01245-01 (493-11).
136 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de
21 de enero de 2016, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-31-000-2005-03979-
01 (2316-12).
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prestación social y como una situación administrativa, la cual consiste en
el reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho todo
empleado público o trabajador oficial por haberle servido a la
administración durante un año y el monto de las mismas se liquidará con
el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas.
Por tanto, resulta menester precisar, en consonancia con este último
criterio, que las vacaciones comportan una prestación social y son un
derecho de los trabajadores, derivado del principio de garantía de
descanso previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, consistente
en la concesión de 15 días no laborables remunerados 137, que de manera
excepcional ha de ser reconocido monetariamente en los términos de
Decreto ley 1045 de 1978138, que dispone:
Artículo 20º.- De la compensación de vacaciones en dinero. Las
vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes
casos:
a) Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario
para evitar perjuicios en el servicio público, evento en el cual solo
puede autorizar la compensación en dinero de las vacaciones
correspondientes a un año;
b) Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado
definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones
causadas hasta entonces.
156. Por lo tanto, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre la
actora y la ESE demandada, el pago de las prestaciones sociales comprende el
derecho a las vacaciones.
• Sobre la prescripción
157. La Sala verificará lo relativo a la prescripción y hará las precisiones que
correspondan en el caso puntual, por tratarse de una excepción que el juez de
segunda instancia puede declarar de oficio, con la salvedad de principio de la non
reformatio in pejus139.
158. De la interrupción en la prestación del servicio y sus efectos en la
prescripción. En relación con la prescripción, la actora presentó reclamación el 28
de marzo de 2014, esto es, dentro de los 3 años siguientes a la terminación de su
último contrato, el 30 de junio de 2011, y radicó demanda el 13 de enero de 2015. A
ello se suma que entre los contratos de prestación de servicios suscritos no hubo
137 De conformidad con el Decreto 3135 de 1968, «por el cual se prevé la integración de la seguridad social
entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales», artículo 8º, «Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días
hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos especiales para
empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos […]».
138 Expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República mediante
Ley 51 de 1978, «por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones
sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional».
139 Artículo 187 del CPACA.
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interrupciones superiores a treinta (30) días hábiles que configuraran solución de
continuidad en el servicio. En consecuencia, no operó la prescripción.
159. El Tribunal ordenó, además, que se efectuaran los aportes al fondo de
pensiones por todo el período laborado – del 8 de septiembre de 1999 al 7 de mayo
de 2011–, salvo interrupciones. Para ello, la demandante debía acreditar las
cotizaciones que realizó, y en caso de existir diferencia, completar los valores
correspondientes, lo cual se aviene con la postura de la Sala en la materia, sobre la
imprescriptibilidad de los aportes a pensión.
4. Conclusión
160. En suma, se demostró la existencia de una relación laboral y no operó la
prescripción del derecho al pago de las sumas reclamadas. La ESE accionada
deberá reconocer y pagar a la actora las prestaciones sociales a que tenían derecho
quienes ocuparan el empleo de auxiliar de enfermería, liquidadas con el sueldo de
este cargo, en el período comprendido entre el 8 de septiembre de 1999 al 7 de
mayo de 2011. Durante este lapso (salvo interrupciones) se deberán efectuar las
cotizaciones pensionales correspondientes, y de existir diferencia en los aportes, la
trabajadora tendrá que completarlos. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de
primera instancia.
5. Costas
161. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 140 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Así las cosas, en esta instancia no se condenará en
costas, porque no se advierte que la parte vencida haya incurrido en las anteriores
conductas.
140 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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162. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Aceptar la renuncia al poder presentada por la abogada de la Subred,
Diana Carolina Vargas Rincón, conforme al memorial que obra a índice 11 de
Samai.
Cuarto: Reconocer personería a Quiroga & Quiroga Abogados SAS, identificada
con nit número 901.038.069, representada por Ciro Alfonso Quiroga Quiroga,
identificado con cédula de ciudadanía número 11.323.472 y portador de la tarjeta
profesional número 129.833, para actuar como apoderado principal de la Subred; y
como apoderada suplente a Rosa Helena Quiroga Quiroga, identificada con cédula
de ciudadanía 52.424.484 y portadora de la tarjeta profesional número 122.099, de
conformidad con el memorial de poder que obra a índice 13 de Samai.
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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