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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01484-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01484-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el proceso ejecutivo promovido por la señora María Isabel Beltrán Martin, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2015-01484-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

20 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D. C, 20 de enero de 2022

RADICACIÓN : 25000-23-42-000-2015-01484-01
INTERNO : 0890-2018
ACTOR : MARÍA ISABEL BELTRÁN MARTIN
DEMANDADO : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
TEMA : EJECUTIVO LABORAL - CADUCIDAD, PAGO DE LA
OBLIGACIÓN e INDEXACIÓN DE LOS INTERESES
MORATORIOS

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual dispuso seguir adelante con la
ejecución.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

La señora María Isabel Beltrán Martín mediante apoderado, formuló
demanda ejecutiva con el fin de lograr el cumplimiento a la sentencia
proferida el 29 de abril de 2010 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, a fin de que se le reconozcan las pretensiones en los
siguientes términos:

“5.1. La suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS MCTE
($42.220.263,10), correspondientes a los valores adeudados a la Señora
MARIA ISABEL BELTRÁN MARTÍN, por los siguientes conceptos:

• Diferencias sobre las mesadas pensionales reconocidas y pagadas a
favor de la demandante, a partir del 01 de junio de 2012, las cuales se

1
Folio 174 a 185

2

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

calculan en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCÓ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($32.725.256.82).

• Intereses moratorios liquidados provisionalmente sobre cada deuda
mensual, causada a favor de la demandante, frente a las diferencias que
por concepto de mesadas pensionales liquidó y pagó CAJANAL y
posteriormente la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL "UGPP", en cumplimiento de la Sentencia que así
lo ordenó, los cuales se liquidan desde junio de 2012 (fecha en que se
empezó a pagar la mesada pensional) hasta febrero de 2014, (fecha en
que se radica la demanda), los cuales se calculan en cuantía de NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEIS PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($9.495.006.28).

• Más las diferencias que por mesadas pensionales se causen a partir del
01 de marzo de 2014, hasta el día en que se reajuste la pensión en forma
definitiva, como lo ordena la Sentencia que se ejecuta.

5.2. Más las costas procesales que se liquiden con ocasión del presente
proceso ejecutivo (…)”.

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

6.1. Previo Agotamiento de la Vía Gubernativa de Reclamo, la Señora
MARIA ISABEL BELTRÁN MARTÍN, mediante Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, demandó a CAJANAL.

6.2. Con esta Acción, la ejecutante pretendió la nulidad parcial de las
Resoluciones Nos. 22316 del 9 de agosto de 2002, 33781 del 26 de
diciembre de 2002 y 4496 del 10 de junio de 2004, proferidas por
CAJANAL, en cuanto no tuvieron en cuenta para el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación de mi representada todo "lo devengado" por ella
durante el tiempo que le hacía falta para acceder al derecho a la pensión,
tomando como punto de partida el 01 de abril de 1994, según lo previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

6.3. La demanda fue conocida en Primera Instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección C, la
cual culminó con fallo proferido el 22 de marzo de 2007, que denegó las
pretensiones de la demanda.

6. 4 Frente a esta decisión, en oportunidad, se interpuso recurso de
apelación, que fue desatado por el Honorable Consejo de Estado según
providencia del 29 de abril de 2010, por medio de la cual se ordenó:

...ORDENASE a la Caja Nacional de Previsión Social -Е.I.С.Е. -, a
reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la señora MARIA ISABEL
BELTRÁN MARTÍN, incluyendo como factores las siguientes sumas
devengadas entre el 01 de abril de 1994 y el 15 de febrero de 2001:
Salario por dedicación exclusiva, junto con los reajustes de que hayan sido

3

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

objeto; el sueldo devengado durante el periodo de vacaciones; los gastos
de representación, y los reajustes que hayan tenido, los reajustes
efectuados a la bonificación por servicios prestados. Se excluirán de la
reliquidación las sumas incluidas dentro del ingreso base de liquidación,
efectuada por la Resolución 33781 de 26 de diciembre de 2002.

Las sumas que por este fallo incluyan, serán actualizadas con base en la
variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

La Liquidación que se ordena será a futuro, en el sentido de que, al
momento de acreditar el retiro, los rubros ordenados por este fallo se
actualizarán hasta esa fecha. ".

6.5. Desde el 16 de Junio de 2010, se le pidió a CAJANAL que cumpliera
la orden judicial impartida por el Consejo de Estado, la cual cobró
ejecutoría.

6.6. Luego de un año y cinco meses solicitando información que ya
reposaba en su poder y de exigir la entrega de un certificado expedido por
la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA - ESAP, en el
cual constaran los valores de los salarios y prestaciones sociales
devengadas por la demandante en el último año de servicio, CAJANAL
expidió la Resolución No. UGM 018662 del 29 de noviembre de 2011, por
medio de la cual dio cumplimiento al fallo.

6.7. Al considerar que el Acto Administrativo descrito, contenía varias
inconsistencias e imprecisiones, y como se trataba de un acto de ejecución
frente al cual no proceden recursos, frente al mismo mi mandante solicitó
complementación, con el propósito de que se incluyeran todos los factores
salariales devengados en el periodo liquidado.

6.8. Mediante Resolución No. UGM 055983 del 17 de septiembre de 2012,
CAJANAL, modificó la Resolución UGM 055893 del 19 de noviembre de
2011, pero sólo en cuanto dispuso que el pago de la prestación se haría
efectivo a partir del 01 de junio de 2012, porque a partir de esa fecha se
demostró el retiro del servicio.

6.9. Teniendo en cuenta que las inconsistencias que se pusieron de
presente a CAJANAL no fueron corregidas con el Acto Administrativo
mencionado en el numeral anterior, mediante escrito en ejercicio del
Derecho de Petición radicado en sus dependencias el 24 de junio de 2013,
en nombre de la demandante solicité, a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL “UGPP”, revocar
directamente y de manera parcial la nulidad de la Resolución No. UGM
018662 del 29 de noviembre de 2011.

(…)

6.11. La entidad atendió parcialmente la solicitud, mediante Resolución No.
RDP 030659 del 08 de julio de 2013, por medio de la cual revocó las
resoluciones UGM 18662 del 29 de noviembre de 2011, UGM 55983 del 17

4

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

de septiembre de 2012 y en su lugar reliquidó la pensión de jubilación de la
demandante, teniendo en cuenta los factores que indicó el Consejo de
Estado en su decisión.

6.12. No obstante, la reliquidación efectuada en esta caso tampoco
corresponde con los valores que la demandante efectivamente percibió en
el periodo liquidado, ni comprendió la actualización ordenada en el fallo,
con ocasión del retiro definitivo del servicio de la demandante.

(…)”

1.1.2. Normas violadas

Como normas violadas se citan en la demanda:

Artículos 13, 25, 26, 29, 48, 53, 228 y 229 de la Constitución Política; Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo artículos
155 y siguientes, 192, 267 y 306 especialmente; Código de Procedimiento
Civil, artículos 315, 320, 334, 335, 488, 491, 493, 495 y ss.

Como concepto de violación señaló que la entidad atendió parcialmente la
decisión judicial, puesto que expidió la Resolución RDP 030659 del 8 julio de
2013 y revocó las Resoluciones UGM 18662 del 29 de noviembre de 2011 y
UGM 559383 del 17 de septiembre de 2012, y en su lugar reliquidó la
prestación; sin embargo, la estimación no corresponde a los valores que la
demandante efectivamente percibió, ni comprendió la actualización ordenada
por el juez de conocimiento, es decir que no cumplió totalmente el mandato
judicial impartido, razón por la cual se constituye en una obligación clara,
expresa y exigible actualmente a su favor.

2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por intermedio de apoderado, se
opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:2

Caducidad de la acción ejecutiva: Por cuanto la sentencia que reconoció la
reliquidación pensional del 29 de abril de 2010 quedó ejecutoriada el 15 de

2 Folio 300 a 306

5

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

junio de 2010, es decir que el término de los 5 años prescribió el 15 de junio
de 2015, de conformidad con lo establecido por el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo.

Inexistencia y pago total de la obligación y pago de lo debido: Porque la
UGPP mediante la Resolución RDP 030659 del 8 julio de 2013, dio
cumplimiento al fallo proferido por la jurisdicción contenciosa, razón por la
cual no existe saldo a favor de la demandante, pues la cuantía se aumentó a
la suma de $3.946.670, efectiva a partir del 1° de junio de 2012, incluyendo
todos los conceptos que ordenó la sentencia que profirió el Consejo de
Estado.

Precisó que, en cuanto a los intereses moratorios, la accionante no tuvo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 2.8.6.61 del Decreto 2469 del 22 de
diciembre de 2015, que establece que corresponde a una suma de dinero
equivalente a la tasa DTF mensual vigente del mes inmediatamente anterior,
luego de transcurridos los 10 meses señalados en el artículo 192 del
C.P.A.C.A, es decir, que transcurrido 10 meses se debe aplicar la tasa
comercial de conformidad con el numeral 4° del artículo 1° ibídem, y
además, porque su pago corresponde a Cajanal o la entidad que asumió el
pasivo a los intereses moratorios; tal y como lo dispone el artículo 6 de la
Resolución UGM 55983 de 17 de septiembre de 2012.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida en
audiencia celebrada el 18 de enero de 20183, ordenó seguir adelante con la
ejecución contra la UGPP “por los intereses moratorios causados desde el día
siguiente a la fecha de ejecutoria (16 de junio de 2010) al día anterior de la
fecha de inclusión en nómina (febrero de 2013)”, y declaró improcedente las
excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y declaró
probada la de pago parcial de la obligación; toda vez que se demostró que en
realidad no se cumplió con el pago total de la obligación.

3
Folio 426 a 432

6

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

Dispuso lo anterior al considerar que, los intereses moratorios generados por
el periodo en que no se había realizado la reliquidación fueron pagados por
CAJANAL, a través de la Resolución 030659 del 8 de julio de 2013, respecto
de la diferencia que surgió de las mesadas liquidadas inicialmente y las
ordenadas por el fallo proferido por el Consejo de Estado mediante la
sentencia del 29 de abril de 2010.

Precisó que, no procede ordenar la reliquidación de la diferencia de la
mesada pensional que pretende la demandante, por cuanto CAJANAL la
pagó en su totalidad mediante el acto administrativo anterior; incluso en un
valor superior al ordenado por la sentencia que presta merito ejecutivo; esto
es, por la suma de $3.946.670 a pesar que de la prueba contable que se
ordenó reportó que la suma real era la equivalente a $3.745.643 a partir del
15 de febrero de 2001, incluyendo (el salario por dedicación exclusiva y
gastos de representación); aclarando que la reliquidación comprende el
periodo entre el 1 de abril de 1994 al 15 de febrero de 2001; tal y como lo
ordenó el Consejo de Estado en la sentencia de 29 de abril de 20104; y no,
desde el 2002 hasta el 2012 como lo pretende la parte actora.

4. Recursos de apelación

La señora María Isabel Beltrán Martín por conducto de apoderada,
interpuso recurso de apelación y lo sustentó así5:

Señaló que tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia
pensional, comoquiera que la reliquidación se debe realizar con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; esto es, con el
promedio del tiempo que le haga falta para cumplir el requisito o los 10
últimos años (2002 hasta el 2012) y no desde (1994 al 2001) como lo
interpretó el a quo); autoridad que tampoco tuvo en cuenta que los rubros
tenían que ser actualizados. Por consiguiente, solicitó el reconocimiento de
los intereses que se derivan del no pago de los valores realmente
adeudados.

4
Folio 33
5
Audiencia inicial record: 47:00

7

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo
sustentó así6:

Sostuvo que no es competente para pagar los intereses que reclama la
demandante porque si bien, el Consejo de Estado señaló que le corresponde
a la entidad el pago total de la obligación incluyendo los intereses moratorios;
no es menos cierto, que la jurisdicción contenciosa condenó en la sentencia
a CAJANAL EICE cuando estaba facultado para hacerlo y, en consecuencia;
no solo tenía que pagar lo principal sino también lo accesorio. Máxime que la
UGPP es una entidad del orden nacional que tiene como propósito la de
reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones
económicas; toda vez que de ella no derivó la mora; y, además, porque su
pago está a cargo de un patrimonio autónomo.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La parte actora,7 reiteró los argumentos presentados en la demanda y en el
recurso de apelación.

La parte demandada8, insistió en lo expuesto en la contestación de la
demanda y en el recurso de alzada.

6. Concepto del Ministerio público

La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones
que se indican a continuación9:

Argumentó que tal y como lo consideró el a quo, la ejecución de la obligación
debe continuar solo respecto a los intereses moratorios que se generaron a
partir de la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2010 (16 de junio de
2010), hasta la fecha en que se incluyó en nómina (febrero de 2013), que
derivan del retraso en el que incurrió la entidad para cumplir con la sentencia
en mención, teniendo en cuenta que estos se configuran como una sanción
por el retraso en acatar la orden judicial proferida por el Consejo de Estado.

6
Audiencia inicial record: 52:20
7
Folio 456 a 459
8
Folio 460 a 462
9
Folio 463 a 469

8

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

II. CONSIDERACIONES

2.1. Problema Jurídico

Se circunscribe a establecer (i) si la acción ejecutiva está afectada por el
fenómeno de la caducidad; y (ii) si la UGPP no es la llamada a responder por
el pago de toda la obligación reconocida en la sentencia que se aduce como
título ejecutivo en el presente proceso y de los intereses moratorios
establecidos en el canon 177 del CCA.

2.1.1. Marco normativo

Sobre el proceso ejecutivo y los requisitos del título ejecutivo

El proceso ejecutivo es el medio procesal para que un acreedor, de modo
coercitivo, haga efectiva una obligación o un derecho del que es titular ante
un deudor que se rehúsa a su cumplimiento. Es decir, “es el medio para que
el acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento denominado
título ejecutivo) mediante la ejecución forzada10”.

En él no se busca el reconocimiento de un derecho subjetivo, dado que ya
fue reconocido en un documento (título ejecutivo) que proviene del adeudado
o fue emitido en el proceso declarativo correspondiente. El título ejecutivo
contiene la obligación a cargo de aquel, es el que hace posible la ejecución
judicial y, por tanto, es el requisito procesal indispensable para que pueda
adelantarse el proceso. Y es así, porque es la prueba de la existencia de la
obligación debida o del derecho y de quién es el llamado a cumplirla y en qué
términos.11
En efecto, por estar dirigido el proceso ejecutivo a obtener el cumplimiento de
una obligación que consta en un documento que de plena fe de su existencia
“el título constituye un presupuesto forzoso para incoar la ejecución”12 y, en
consecuencia, “es el documento principal a partir del cual se desarrolla el

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 15 de noviembre de 2017, radicado 54001-23-33-000-2013-
00140-01(22065), M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Primera, providencia de 12 de
julio de 2018, radicado 81001-23-33-003-2017-00042-01, M.P. María Elizabeth García González.
11
Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo III pág. 478. Editorial ABC,1973: «el
documento o los documentos auténticos que constituyen plena prueba, en el cual o de cuyo conjunto consta la
existencia a favor del demandante y a cargo del demandado, de una obligación expresa, clara y exigible…».
12
Sentencia T-111 de 2018 magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.

9

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

proceso ejecutivo13”. Su definición y requisitos se plasmaron en el artículo
422 del CGP en los siguientes términos:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos
que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena
prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena
proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en
el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste
en el interrogatorio previsto en el artículo 184. (Resalta la Sala).

La norma consagra los requisitos del título ejecutivo: formales y sustanciales.
Los primeros hacen alusión a la prueba de la existencia de la obligación y
exigen que el título ejecutivo sea auténtico y que provenga del deudor, su
causante o de una providencia judicial.14 La autenticidad se refiere a la plena
identificación del creador del documento para que no haya duda del deudor y
el juez tenga certeza de quién lo suscribió.15

Los segundos exigen que en el título ejecutivo se refleje en favor del
ejecutante una obligación clara, expresa y exigible. Es expresa si se
encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción
legal o de una interpretación; clara si sus elementos aparecen
inequívocamente señalados y no hay duda con respecto al objeto o sujetos
de la obligación, esto es, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo

13
Sentencia T-704 de 2013. Igual concepto está en la sentencia T-996 de 2012.
14
Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011-00548 01 (2586 –
2013). Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. «…que se trate de documentos que tengan autenticidad, que
emanen de autoridad judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel
sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos aparezca a favor del ejecutante o de su causante y
a cargo del ejecutado o de su causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por
simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero».Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de mayo de 2018, Consejera ponente María
Elizabeth García González, Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección Tercera del Consejo
de Estado señaló: «Que además de esos requisitos el documento debe reunir dos condiciones formales: i) la
autenticidad y ii) que proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria, o de cualquier
otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. Subsección C. Radicación: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539). Actor: Otoniel Antonio
Varela Arias. Demandado: Instituto Nacional de Vías. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E).
Referencia: Apelación Sentencia - Medio de Control Proceso Ejecutivo. Bogotá, D.C. 8 de junio de 2016.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 14 de
mayo de 2014. Radicado: 33.586.

10

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

sentido; y, exigible si la ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o
condición o siempre que estos se hubiesen cumplido.16

Estos requisitos deben cumplirse en su totalidad y en los términos
enunciados, de modo que del título se concluya sin duda alguna la existencia
de la obligación, su claridad y que ya es exigible.

Una vez el juez verifica que el documento cumple con los requisitos
enunciados, debe emitir la orden de pago en contra de la parte ejecutada,
pues así lo dispone el artículo 430 de CGP el cual preceptúa que “Presentada
la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez
librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en
la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”.

De acuerdo con lo expuesto, el título ejecutivo es el documento necesario
para que pueda incoarse y darse trámite al proceso ejecutivo. Además,
conforme lo dispone el artículo 422 del CGP i) es la prueba de la existencia de
la obligación, la cual debe ser expresa, clara y exigible; y ii) señala con
certeza el obligado a cumplirla, por lo que constituye plena prueba contra el
adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera de las
providencias enunciadas en dicha norma.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 en el artículo 297, indicó que constituyen
títulos ejecutivos i) las sentencias ejecutoriadas que condenen a una entidad
al pago de suma de dinero; ii) las decisiones en firme derivadas de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos si incluyen una obligación
para el pago de sumas de dinero clara, expresa y exigible; iii) los contratos
estatales y los documentos de sus garantías, los actos administrativos en los
que conste su incumplimiento o el acta de liquidación; y iii) los actos
administrativos que reconozcan un derecho o la existencia de una obligación.

2.1.2. Excepciones que proceden dentro del proceso ejecutivo cuando
el título ejecutivo es una sentencia judicial

Cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y

16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto de 26 de febrero de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01
(19250), M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia
de 26 de julio de 2018 radicado 41001-23-31-000-2010-00139-01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

11

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de
pago, tal como dispone el 430 del CGP. Hecho esto y notificada dicha
providencia, el ejecutado puede, dentro de los 10 días siguientes, presentar
las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa,
conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

La presentación de este tipo de excepciones tiene la finalidad de enervar la
pretensión, esto es, de dejar sin fundamento la obligación contenida en el
título ejecutivo. La jurisprudencia las ha definido como «medios de defensa
que atacan la obligación material contenida en el título de recaudo ejecutivo y
que implican su desconocimiento total o parcial».17

En cuanto a las excepciones de mérito que pueden proponerse dentro del
proceso ejecutivo cuando el título sea una providencia judicial, el artículo 442
del CGP especificó lo siguiente:

“Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento
ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá
expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y
acompañar las pruebas relacionadas con ellas.

2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza
función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia,
la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o
emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.

3. El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones
previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de
pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez
adoptará las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el
caso, concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los
defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la
orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios”. (Resalta la Sala).

17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación: 25000-23-26-000-2002-
01920-02(32666). Actor: Directorado de Carreteras de Dinamarca. Demandado: Instituto Nacional de Vía Invias.
Referencia: proceso ejecutivo. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá D.C. 11 de noviembre 2009.
En la sentencia se citó el siguiente texto para la definición transcrita: «Al respecto el profesor, Eduardo J. Coutere,
en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las
excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de
elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”

12

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

Conforme con la norma, en los eventos en que el título ejecutivo corresponda
a una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza
función jurisdiccional, el demandado únicamente puede alegar las
excepciones enlistadas de manera taxativa en su numeral 2. En ese sentido,
en caso de invocarse otras al juez le está vedado pronunciarse. Esa ha sido
la postura de la jurisprudencia de esta corporación que se ha expresado de la
siguiente manera:

“Ahora bien, respecto de cuales excepciones pueden proponerse en el
proceso ejecutivo derivado de alguna disposición que contenga una obligación
clara, expresa y exigible en la actualidad, la normatividad es precisa al
consagrar taxativamente la procedencia de las mismas.

Asimismo, el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., hoy previsto en el
Numeral 2º del Artículo 442 del Nuevo Código General del Proceso prevé
que, si el título ejecutivo consiste en una sentencia de condena o cualquier
otra providencia que lleve consigo ejecución, “sólo podrán alegarse las
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la
respectiva providencia…, la de “pérdida de la cosa debida…” y las nulidades
originadas en la indebida representación de las partes o la falta de notificación
a las personas que deben ser citadas como partes. En cuanto a los hechos
constitutivos de excepciones previas el citado artículo señala ahora que no
pueden proponerse “…ni aún por la vía de reposición.”. Al respecto esta
Corporación ha sostenido lo siguiente:

“En conclusión, cualquiera otra excepción, diferente a las enlistadas en
el numeral 2º del artículo 509 del C. P. C., que pretenda enderezarse contra
el título ejecutivo está llamada al fracaso si, como ya se dijo, el documento
base del recaudo es una sentencia de condena o cualquier otra providencia
que lleve consigo ejecución, tal como lo son los actos administrativos
por medio de los cuales se impone una multa a cargo de un contratista,
se declara la caducidad de un contrato y se hacen efectivas las garantías
constituidas en favor de la administración.” 18 (Resalta la Sala).

Así las cosas, el artículo 442 del CGP desecha la posibilidad de que se
invoquen excepciones distintas a las que contiene en su numeral 2 cuando el
título ejecutivo es una providencia judicial. En tal sentido, únicamente pueden
alegarse las de “pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción”; siempre que se basen en hechos posteriores a la

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. providencia de 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-36-
000-2015-00819-03(60499), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En otra providencia esta Corporación señaló lo siguiente: “De acuerdo con la norma transcrita, cuando el título
ejecutivo esté constituido por una sentencia, las únicas excepciones que pueden proponerse son las taxativamente
previstas en el numeral segundo, dentro de la cuales, no se incluye la planteada por el ente demandado, razón
suficiente para desestimarla” Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia de 12 de noviembre de 2015,
radicado 25000-23-27-000-2005-00326-02 (19962) M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Ver también: Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias de 15 de octubre de 2015, Expedientes 56950 y 47764,
M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

13

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

respectiva providencia; la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento; y la de pérdida de la cosa debida.

2.1.3. Caducidad del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el fenómeno de la caducidad como una sanción que
limita el ejercicio del derecho sustancial en razón a la no presentación de los
medios de control en el plazo que la ley establece para ello. Según la
jurisprudencia de esta corporación, “busca atacar la acción por haber sido
impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso (…)”19, y fue
concebida para desarrollar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios
de racionalidad y suficiencia temporal.

Respecto a la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se
pretenda la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales proferidas
por esta jurisdicción, el legislador fijó un lapso de 5 años contados a partir del
momento en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en
el numeral 11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 20 y
reiterado en el literal K del artículo 164 del CPACA.21

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se
establece lo siguiente:

El 22 de marzo de 200722 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia negando las pretensiones de la demanda, en proceso que en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 85 del CCA presentó la señora Beltrán Martín en orden a que
se declarara la nulidad parcial de los actos administrativos por medio de los
cuales le fue reconocida la pensión de jubilación. En síntesis, dispuso lo
siguiente:
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra
Corelca S.A. y otro, radicado 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), M. P. Ruth Stella Correa Palacio.
20
Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas
por esta jurisdicción caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho.
La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
21
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: (…) 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (…) k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos
derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco
(5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida; (…).
22
Folio 11

14

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

“la actora se encontraba bajo el régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le corresponde la aplicación
de la normatividad anterior que regía su relación laboral para efectos
pensionales - Ley 33 de 1985, artículo 10 -, que unifica la edad para tener
derecho a dicha prestación, con excepción de los empleados oficiales que
trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción a la
ley y los que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones, dentro
de los cuales no se encuentran los que trabajan en Universidades Públicas
del Orden Nacional.
Por lo anterior, agrega que la liquidación de la pensión debe hacerse con
base en el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio. Que en el expediente se demostró que la
actora devengó durante el último año, sueldo básico, gastos de
representación, sueldo de dedicación exclusiva, bonificación por servicio,
sueldo por vacaciones y primas de navidad, de servicios y de vacaciones;
el pago de unas sumas de dinero con los ajustes e intereses moratorios
por parte de la ESAP, por concepto de las diferencias salariales de
conformidad con el Decreto 1444 de 1992, correspondientes a los años de
1993 y 1995, pero sólo se tuvo en cuenta la asignación básica, gastos de
representación y bonificación por servicios prestados.
Considera que, aunque haya devengado los demás factores, no se
encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, por lo que no pueden ser
tenidos en cuenta al momento de la liquidación de la pensión de jubilación;
expuso que lo mismo sucede con las diferencias salariales que no se
encuentran señaladas taxativamente y que fueron devengadas por fuera
del lapso consagrado en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985”.

El 29 de abril de 2010,23 la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de segunda instancia en la cual dispuso:

“FALLA:
REVÓCASE la sentencia de veintidós (22) de marzo de dos mil siete
(2007), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda - Subsección C, dentro del proceso promovido por MARIA
ISABEL BELTRÁN MARTÍN contra la Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E.
En su lugar se DISPONE:
DECRÉTASE LA NULIDAD de las Resoluciones Nos.22316 de nueve (9)
de agosto de dos mil dos (2002), 33781 de veintiséis (26) de diciembre de
dos mil dos (2002) y 4496 del diez (10) de junio de dos mil cuatro (2004)
en cuanto denegaron la reliquidación de la pensión de jubilación de la
actora.
ORDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E., en
liquidación, o la entidad que la sustituya en sus funciones, reliquidar la
pensión de jubilación reconocida a la señora MARIA ISABEL BELTRÁN
MARTÍN, incluyendo como factores las siguientes sumas devengadas
entre el 1 de abril de 1994 y el 15 de febrero de 2001: salario por

23
Folios 35 a 45.

15

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

dedicación exclusiva, junto con los reajustes de que hayan sido objeto; el
sueldo devengado durante el período de vacaciones; los gastos de
representación y los reajustes que hayan tenido; los reajustes efectuados a
la bonificación por servicios prestados. Se excluirán de la reliquidación las
sumas incluidas dentro del ingreso base de liquidación, efectuada por la
Resolución 33781 de 26 de diciembre de 2002.
Las sumas que por este fallo se incluyan, serán actualizadas con base en
la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
La reliquidación que se ordena será a futuro, en el sentido de que, al
momento de acreditar el retiro, los rubros ordenados por este fallo se
actualizarán a esa fecha.
DESCONTARÁ la entidad las sumas que por concepto de aportes
corresponda y que no hayan sido objeto de descuentos.
DENIÉGASE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN FORMULADA.
DENIÉGANSE LAS DEMÁS SÚPLICAS DE LA DEMANDA.
(…)”.

El 16 de junio de 201024, quedó ejecutoriada la anterior decisión, según se
advierte de la constancia suscrita por el secretario de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.25

El 16 de junio de 201026, la accionante solicitó a Cajanal el cumplimiento de
la sentencia condenatoria.

Por Resolución UGM 018662 del 29 de noviembre de 201127, la entidad
enjuiciada dio cumplimiento al fallo de 29 de abril de 2010 proferido por el
Consejo de Estado.

Resolución UGM 055983 de 17 de septiembre de 201228, en la que
CAJANAL modificó la Resolución UGM 018662 de 29 de noviembre de
2011, y dispuso que el pago de la prestación se haría efectiva a partir del
1 de junio de 2012 (retiro del servicio).

Resolución RDP 030659 de 8 de julio de 201329, por medio de la cual la
entidad de previsión social revocó las resoluciones UGM 18662 de 29 de

24
Folio 37 adverso
25
Folio 46 vuelto.
26
Folio 178
27
Folio 43 a 49
28
Folio 50 a 53
29
Folio 54 a 59

16

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

noviembre de 2011 y UGM 55983 de 17 de septiembre de 2012; y
reliquidó la pensión de jubilación de la demandante teniendo en cuenta
los factores que indicó el Consejo de Estado en su decisión.

2.4. Caso concreto.
2.4.1. Caducidad del proceso ejecutivo

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
precisar que la providencia cuya ejecución se pretende quedó ejecutoriada el
16 de junio de 2010; es decir, en vigencia del Código Contencioso
Administrativo; por lo tanto, para contabilizar el término de caducidad del
proceso ejecutivo es necesario recurrir al contenido del inciso 4 del artículo
177 ibidem, según el cual las condenas impuestas contra la Nación “serán
ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su
ejecutoria”. Así las cosas, los cinco años concedidos para la interposición
oportuna de la acción ejecutiva iniciaron al vencimiento de los aludidos 18
meses.30

Ahora bien, respecto al término de caducidad de las acciones interpuestas en
contra de la liquidada Cajanal, el Consejo de Estado ha precisado lo
siguiente:31

Como es de público conocimiento, la entidad condenada en la sentencia
cuyo cumplimiento por vía ejecutiva se reclama, fue liquidada por mandato
del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un
plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la
prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones.
Uno de los sustentos normativos del precitado Decreto 2196 de 2009 lo fue
el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, el cual,
en el inciso segundo de su artículo 1º, respecto de su ámbito de aplicación,
consagró “…en lo no previsto en el presente decreto, deberán aplicarse, en
lo pertinente, las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero
y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles
con la naturaleza de la entidad…”.
Para esos efectos se expidió la Ley 550 de 1999, aplicable a todas las
entidades de carácter privado, público o de economía mixta que ejerzan

30
Posición asumida, entre otras, en el auto de 16 de julio de 2015, radicado 25000 23 25 000 2014 04132 01, M. P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez; así como por esta Subsección en la providencia del 29 de octubre de 2020, radicado
25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
31
Ver entre otras: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda– Subsección A. C.
P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez (E), providencia del 25 de agosto de 2015, número interno 1777-2015, y ii)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda– Subsección B, C. P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, providencia de 29 de marzo de 2016, número interno 5042-2015.

17

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

alguna actividad financiera y de ahorro y crédito, consagrando en el inciso
segundo del artículo 14 que “…Durante la negociación del acuerdo se
suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las
acciones respecto de los créditos contra el empresario”.
En tales condiciones, por fuerza de la remisión normativa contenida en el
inciso segundo del artículo 1 del Decreto Ley 254 de 2000, los términos
de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la
extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL no corrieron
durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativo
que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de
2013. (Resalta la Sala).

Con fundamento en el anterior criterio, se concluye que los términos de
prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de Cajanal no
corrieron entre el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de junio de 2013, esto
es, por el espacio de cuatro años.32

Bajo este hilo argumentativo, se observa que la sentencia de segunda
instancia, que puso fin al proceso ordinario sobre el cual se edifica el sub lite,
adquirió firmeza el 16 de junio de 2010, es decir, cuando estaban
suspendidos los términos de caducidad para accionar en sede judicial contra
Cajanal o la UGPP. La referida suspensión operó hasta el 11 de junio de
2013, por la terminación del período de liquidación de Cajanal; en
consecuencia, los 18 meses para acudir en sede judicial culminaron el 12 de
diciembre de 2014, de forma que los 5 años de caducidad empezaron a
correr a partir del 13 de diciembre de 2014 y culminarían el 13 de
diciembre de 2019. El 5 de marzo de 201533, el demandante radicó la
presente demanda ejecutiva,34 es decir, dentro del término que tenía para
comparecer oportunamente ante la jurisdicción35 y, por lo tanto, contrario
a lo señalado por la entidad recurrente, no operó la caducidad del medio de
control de la referencia.

32
La tesis de que el término de caducidad y prescripción en referencia estuvieron suspendidos por el período
anotado, ha sido reiterada en diversos pronunciamientos de la Corporación, entre ellos, en las acciones de tutela
que se citan a continuación: i) de 23 de agosto de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-01733-00; ii) de 15 de
noviembre de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00630-01; y iii) del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-03532-00.
33
Folio 210
34
Folio 1 del expediente.
35
El conteo de la caducidad en los términos descritos, encuentra respaldo, entre otras, en las siguientes
providencias de esta Corporación: i) del 30 de junio de 2016, radicación 25000-23-42-000-2013-06595-01 (3637-
2014), M.P. William Hernández Gómez; ii) del 12 de julio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2014-01475-01
(3531-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; iii) del 30 de agosto de 2018, radicación 05001-23-33-000-2018-00695-
01 (61905), M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo (E); iv) del 3 de julio de 2019, radicación 11001-03-15-000-2019-
00326-01, M.P. Ramiro Pazos Guerrero; v) del 23 de agosto de 2019, Radicación 11001-03-15-000-2019-00325-01,
M.P. Martín Bermúdez Muñoz; y vi) del 29 de octubre de 2020, radicado 25000 23 42 000 2020 00023 01 (2381-
2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

18

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

2.4.2. Pago de la obligación

En primer lugar, corresponde a la Sala precisar que la entidad obligada con
el fallo objeto de ejecución fue Cajanal, la cual fue liquidada por mandato del
Decreto 2196 de 2009. Dicho proceso liquidatorio se sujetó al Decreto 254 de
2000,36 modificado por la Ley 1105 de 2006, la cual, en su artículo 1, ordenó
llenar los vacíos del régimen de liquidación con normas del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero. Por su parte, el artículo 64 del Decreto 4107 de
201137 dispuso que Cajanal en liquidación, continuaría realizando las
funciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 200938 hasta tanto
fueran asumidas por la UGPP, a más tardar el 1 de diciembre de 2012; sin
embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de
2013, de conformidad con el Decreto 877 de 2013,39 por lo cual los procesos
judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del
cierre de la liquidación fueron asumidos por la UGPP.40

Así las cosas, le correspondía a la UGPP, quien sucedió a la extinta Cajanal
en sus funciones misionales, atender las demandas relacionadas con
derechos pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del
cumplimiento de sentencias judiciales proferidas en contra de ésta como
administradora del sistema pensional.

En segundo lugar, esta Subsección debe señalar que si bien los intereses
moratorios se causaron a partir de la ejecutoria de la sentencia (16 de junio
de 2010) y hasta el día anterior de la inclusión en nómina (febrero de 2013); y
que el cierre de la liquidación de Cajanal se produjo el 11 de junio de 2013,41
momento a partir del cual la UGPP asumió las obligaciones de la extinta caja
de previsión; lo cierto es que, no por ello puede considerarse que la señora
María Isabel Beltrán Martin debía presentarse ante el proceso liquidatorio con
el fin de plantear allí sus reclamos, toda vez que como lo ha señalado esta

36
«por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional».
37
«Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el
Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
38
«por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se designa
un liquidador y se dictan otras disposiciones».
39
«por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal EICE en
Liquidación y se dictan otras disposiciones».
40
Véase el auto del 19 de julio de 2018 proferido por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, rad. 25000-23-42-000-2017-01281-01(1516-18).
41
De conformidad con el Decreto 877 de 2013.

19

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

Corporación,42 los intereses moratorios son un “elemento accesorio del
reconocimiento de pensiones con ocasión de sentencias judiciales, los
mismos se tratan de recursos de la seguridad social”, los cuales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006,43 no
forman parte de la masa de la liquidación y debían ser entregados a la
entidad que la sucedió.

De manera que, ante una condena producto de una orden judicial,
correspondía acatarla inicialmente a Cajanal y después del 12 de junio de
2013 a la UGPP, en calidad de sucesora de las obligaciones de la extinta
entidad, lo cual implica atender las obligaciones producto de la reliquidación
de la pensión, así como reconocer y pagar intereses moratorios que se
causaron, toda vez que no eran parte de la masa liquidatoria de Cajanal.

Visto lo anterior, esta Sala abordará, en tercer lugar, la excepción relativa al
pago de la obligación que aduce la UGPP, para señalar que si bien la entidad
ejecutada afirma que con la expedición de la Resolución RDP 030659 de 8
de julio de 2013, dio cumplimiento a lo ordenado en la decisión judicial y
pagó la obligación; lo cierto es que, en el referido acto administrativo no
calculó ni ordenó el pago de los intereses moratorios que se generaron entre
la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria y hasta el día
anterior de la inclusión en nómina.

Incluso la entidad reconoce que adeuda esa suma de dinero al ejecutante al
señalar en la audiencia de fallo celebrada el 18 de enero de 2018 que “el
pago de los intereses moratorios le corresponde a Cajanal o la entidad que
asumió el pasivo, tal y como lo dispone el artículo 6 de la resolución UGM
55983 de 17 de septiembre de 2012”.

Ahora bien, la Sala precisa que, la Caja Nacional de Previsión Social en
cumplimiento de la sentencia de 29 de abril de 2010 expidió la Resolución
UGM 18622 de 29 de noviembre de 2011 y reliquidó la mesada pensional

42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 14 de marzo de 2019, radicado 25000 23 42
000 2015 02729 01 (1507-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; y Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, providencia de 30 de junio de 2016, radicado 25000 23 42 000 2013 06595 01 (3637-2014), M.P.
William Hernández Gómez.
43
«(… El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación: a) Los
recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno
Nacional; (...). (Resalta la Sala.

20

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

elevándola a la suma de $3.761.744 efectiva a partir del 1 de junio de 2012;
acto administrativo que fue modificado a través de la Resolución UGM
055083 de 17 de septiembre de 2012 en el sentido de aumentar el valor de la
prestación $3.761.744 a partir del 1 de junio de 2012; posteriormente,
mediante Resolución 030659 de 8 de julio de 2013 revocó las resoluciones
citadas, y amplió la cuantía a $3.946.670. Razonamiento que resultó de
promediar el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 y el 15 de
febrero de 2001; tal y como lo ordenó la sentencia del 29 de abril de 2010
proferida por el Consejo de Estado.

También, que el a quo para efectos de verificar la liquidación de la pensión
de jubilación de la demandante, ordenó una prueba contable que concluyó en
que la cuantía de la pensión de jubilación era de $3.745.643, y no por
$3.946.670. De manera que, se precisa que Cajanal EICE estimó la pensión
por un valor superior; por lo que sin más disquisiciones se entiende
acreditado el pago de las diferencias pensionales reclamadas por el
ejecutante.

Por consiguiente, la Sala advierte que la liquidación que llevó a cabo
CAJANAL se sujetó a lo ordenado por la sentencia del Consejo de Estado;
esto es, calculó el Ingreso base de Liquidación con base en el promedio del
tiempo que inició desde el 1 de abril de 1994 al 15 de febrero de 2001; razón
por la cual no se puede ampliar desde el 2002 a 2012 como lo pretende la
accionante; por lo que, no procede el pago de este interregno porque se
estaría ampliando el alcance del fallo proferido por el juez que decidió la
controversia de reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante; y
siendo ello así, lo que sigue es confirmar la sentencia apelada.

Sobre la condena en costas

Es importante destacar que no procede de manera automática, pues tal y
como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. Siendo así,
teniendo en cuenta que en el trámite del proceso no se observa su
causación, esta Sala no condenará en costas.

21

Interno: 0890-2018
Demandante: María Isabel Beltrán Martin
Demandada: Ugpp

III. DECISIÓN

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y
en el acervo probatorio, la Sala considera que debe confirmarse la sentencia
apelada por cuanto (i) la acción ejecutiva no está afectada por el fenómeno
de la caducidad; y (ii) por que los intereses moratorios se causaron desde el
día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y hasta el día anterior a la
inclusión en nómina.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por
el Tribunal Administrativo Cundinamarca, que ordenó seguir adelante con la
ejecución en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el
proceso ejecutivo promovido por la señora María Isabel Beltrán Martin, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

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