Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01767-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-01767-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01767-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01767-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2025-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1:
reconocimiento de la bonificación por compensación. Subtema 2: inclusión de las
cesantías de los congresistas para determinar el valor de la prima especial de servicios
de los magistrados de las altas cortes y la incidencia en la bonificación por
compensación. Subtema 3: prescripción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 31 de julio de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante, quien ejerció como procuradora judicial II, solicitó la nulidad del acto
administrativo por medio del cual la Nación, Procuraduría General de la Nación le negó
el reconocimiento y pago de las diferencias por concepto de la bonificación por
compensación que prevé el Decreto 610 de 1998. El Tribunal accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, esto es, en cuanto al pago de la diferencia existente
entre lo percibido y lo que debió devengar la demandante por concepto de ingresos
mensuales en aplicación del Decreto ibidem, es decir, el 80% de lo que reciben los
magistrados de altas cortes, equiparando a estos últimos con los congresistas, con la
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
totalidad de los ingresos laborales anuales, incluidas las cesantías, desde el 1 de enero
de 2001 al 31 de marzo de 2005.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora Luz Stella Bernal Escobar, mediante apoderado judicial, presentó
demanda1 el 20 de marzo de 20152, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Procuraduría General de la
Nación, con las siguientes pretensiones3:
(i) Se declare la nulidad del Oficio SG 005393 del 5 de noviembre de 2014 que
resolvió negativamente el derecho de petición que radicó, relacionado con el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, causadas
desde el 1 de enero de 2001 y el 31 de marzo de 2005, por tener derecho a la
bonificación por compensación establecida en los decretos 610 y 1239 de 1998.
(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a pagarle, por el tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2001
y el 31 de marzo de 2005, lapso en el cual laboró en el cargo de procuradora
judicial II, el equivalente al 80% de la asignación mensual devengada por los
magistrados de altas cortes, que le corresponde por tener derecho al beneficio
económico laboral denominado bonificación por compensación establecida en
los decretos 610 y 1239 de 1998.
(iii) Pidió tener en cuenta las sumas de dinero que deban pagársele por concepto
de la reliquidación de sus prestaciones sociales.
(iv) Finalmente, solicitó que la entidad ajuste las sumas adeudadas de conformidad
con el artículo 187 del CPACA y con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que
se paguen intereses corrientes y moratorios, de la forma en que lo ordenan los
artículos 192 y 195.4 del CPACA y que se condene en costas a la parte
demandada.
2.1.1. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La señora Luz Stella Bernal Escobar laboró como procuradora judicial II desde
el 19 de agosto de 1997 hasta el 31 de marzo de 2005. En concreto, primero se
1
C. Principal, folios 56 a 97.
2 C. Principal, folios 56 y 99.
3 C. Principal, folios 57 a 59.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
desempeñó como procuradora judicial II agraria y después como procuradora judicial
II para asuntos civiles en la Procuraduría Delegada en lo Civil.
4. Luego de la expedición del Decreto 610 de 1998, se presentaron varias
demandas en contra del Decreto 2668 con fundamento en que este violó derechos
subjetivos, ya que, aunque no se dirigió contra personas determinadas, sus
beneficiarios sí eran determinables. No obstante, lo cierto es que con ocasión al
Decreto 4040 de 2004, para poder acceder al pago efectivo de la nueva bonificación
por gestión judicial, tuvo que desistir de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho que había interpuesto en contra del Decreto 2668 citado. Igualmente, renunció
expresamente a iniciar nuevas acciones judiciales sobre el mismo tema.
5. En consecuencia, la entidad le pagó los valores determinados para los años
correspondientes a 2001 y 2004 y, de ahí en adelante, le reconoció la bonificación por
gestión judicial hasta el 31 de marzo de 2005, que equivalía al 70% de la asignación
mensual percibida por los magistrados de altas cortes.
6. Radicó reclamación administrativa el 29 de septiembre de 2014 para obtener el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en los términos de los
decretos 610 y 1239 de 1998. No obstante, la entidad demandada dictó el Oficio SG
005393 del 5 de noviembre de 2014, en el que negó lo pedido, con fundamento en que
son inaplicables los textos normativos e improcedentes las pretensiones, aunado a que
operó la prescripción parcial de los derechos reclamados.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 58, 93, 237
y 280.
• De la Ley 4 de 1992, artículo 2.
• Código Sustantivo del Trabajo, artículo 14.
• Decreto 610 de 1998.
• Ley 74 de 1968.
• Decreto 4040 de 2004.
8. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante refirió que la entidad
demandada al negarse a pagar la diferencia salarial derivada de la bonificación por
compensación contrarió el ordenamiento superior como lo dispone el Decreto 610 de
1998, así como la jurisprudencia que rige la materia en la cual se ha dispuesto la forma
en que debe interpretarse la normativa. Bajo este entendido, le asiste derecho a
percibir la bonificación por compensación durante el lapso comprendido entre el 1 de
enero de 2001 y el 31 de marzo de 2005.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
9. Adicionalmente, se desconocieron derechos, garantías y principios descritos en
la Carta política, como la incompatibilidad entre el texto superior y la ley, el trabajo
como un derecho y los principios de a trabajo igual salario igual e igualdad en cuanto
a las oportunidades.
10. La entidad tampoco consideró que se trata de derechos irrenunciables, lo que
ha implicado la lesión de la garantía del debido proceso administrativo y los principios
de remuneración vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
Igualmente, pasó por alto la irrenunciabilidad, la situación más favorable y la
interpretación de las fuentes, el indubio pro operario y la condición más beneficiosa. Al
respecto, se desconoció que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por
normas posteriores y que los agentes del Ministerio Público debían tener las mismas
calidades, remuneración, derechos y prestaciones que los magistrados y jueces de
mayor jerarquía.
11. En este contexto, está cobijada por el derecho a obtener el reconocimiento y
pago de la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998, el cual se debe
observar al tenor del literal a) del artículo 2 de la Ley 4ª de 1992. Del mismo modo, se
dejó de tener en cuenta que las personas deben gozar de los mismos derechos sin
ninguna discriminación, al punto que deben ser promovidos en condiciones de
igualdad real y efectiva. Así las cosas, existió una transgresión del orden superior en
abierto desconocimiento de los precedentes judiciales.
12. Igualmente, precisó que el acogimiento que hizo frente al Decreto 4040 de 2004
era ineficaz, ya que este se expidió con lesión del derecho a la igualdad, convirtiéndolo
en un acto forzoso. De suerte que la transacción carecía de validez en escenarios en
los que mediaban derechos irrenunciables, inajenables, ciertos y no transigibles. No
obstante, a pesar de esta situación, se le aplicó el Decreto 4040 de 2004, actuación
con la cual se comprometieron derechos, principios y garantías laborales protegidas
por la Constitución política y la ley. En la misma línea, se dispuso que el acto pasó por
alto disposiciones contenidas en los pactos y convenios internacionales suscritos por
Colombia que establecen la progresividad y no regresividad.
13. Seguidamente, la actora manifestó que aunque la Nación, Procuraduría General
de la Nación, en el acto administrativo demandado, afirmó que estaban prescritas las
diferencias salariales reclamadas, esto no aplica a su caso particular, ya que reclamó
a partir de la anulación del Decreto 4040 de 2004. Así pues, como el derecho se hizo
exigible desde el 28 de enero de 2012, y la petición se radicó el 29 de septiembre de
2014, esto es, dentro de los tres años, no operó la prescripción.
14. Finalmente, alegó que el acto administrativo demandado incurrió en falsa
motivación toda vez que se sustentó fácticamente en la renuncia a la bonificación por
compensación cuando decidió devengar la bonificación por gestión judicial y, además,
4
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
se advirtió que había operado la prescripción respecto de las sumas reclamadas, lo
que, como se expuso, no es acertado.
2.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Procuraduría General de la Nación, se opuso a las pretensiones de
la demanda. Mencionó que su actuación estuvo ceñida al marco legal vigente y que
no tiene competencia para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a
la planta de personal, porque esto le corresponde al Gobierno nacional. De ahí
consideró que el acto enjuiciado se expidió en cumplimiento de las normas legales y
constitucionales que rigen la materia y de conformidad con su vigencia, aunado a que
el Gobierno tiene a su cargo la determinación de los montos de presupuesto que
permitirían cubrir las sumas.
16. Manifestó que, en efecto, la actora desempeñó el cargo de procuradora judicial
II entre los años 1997 y 2005, de suerte que el régimen aplicable era el contenido en
el Decreto 4040 de 2004. Además, esto permitió que se consolidara su situación
jurídica, lo que hacía inaplicable la bonificación por compensación, retroactivamente,
en un 80%. También afirmó que existía una imposibilidad para reconocer la citada
bonificación, en la medida en que no procedía acceder a reconocimientos laborales
distintos o con montos diferenciales a los ya establecidos en los decretos salariales.
17. Por su parte, refirió que era improcedente reconocer la bonificación por
compensación como factor salarial e incluir el auxilio de cesantías como un ingreso
laboral de carácter permanente, en los casos de los congresistas, para calcular la
prima especial, ya que no le es dable al intérprete distinguir donde el legislador no lo
hace. Por consiguiente, debía hacerse la distinción de si se trataba de un factor salarial
o de una prestación social.
18. En consecuencia, pidió negar las pretensiones de la demanda con la
declaratoria de que el acto se profirió en ejercicio de las atribuciones y con arreglo a
los preceptos constitucionales y legales4.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, mediante sentencia del 31 de julio de 2019, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, ordenó lo siguiente:
PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en las sentencias del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual
se anuló el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial
4 C. Principal, folios 140 a 148.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
proferida el día 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces, por las razones
expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos el Oficio
005393 atribuible a la Nación-Procuraduría General de la Nación, en cuanto se le negó
a la señora LUZ STELLA BERNAL ESCOBAR, el reconocimiento, liquidación y pago de
las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiario de la bonificación por
compensación, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Condenar a la Nación-Procuraduría General de la Nación a RECONOCER,
PAGAR Y RELIQUIDAR en favor de la señora LUZ STELLA BERNAL ESCOBAR,
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir, por
concepto de ingresos mensuales en aplicación a la Bonificación por Compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, el 80% de lo que percibe los
Magistrados de Altas Cortes, equiparando a estos últimos con los Congresistas, es decir,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los miembros del congreso, que son:
sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, en lo correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2001 y hasta el 31 de marzo de 2005, en razón de
haber ejercido como procuradora judicial II, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: No reconocer la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales al actor
por concepto de factor salarial de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, en concordancia con los considerandos de esta providencia.
QUINTO: Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva.
[…]5.
20. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:
21. Se acreditó que la demandante se desempeñó como procuradora judicial II del
1 de enero de 2001 al 31 de marzo de 2005, lo que la hacía beneficiaria de la
bonificación por compensación correspondiente al 80% de lo devengado por los
magistrados de altas cortes. Aclaró que la actora durante los períodos reclamados
recibió la bonificación por gestión judicial, sin que se tuviera en cuenta para su
liquidación el 80% de lo recibido por los magistrados de las altas cortes.
22. Por tanto, la señora Luz Stella Bernal Escobar reclamó en sede administrativa
el pago de las diferencias porcentuales adeudadas, lo que la entidad resolvió de forma
negativa mediante el Oficio 005393 del 5 de noviembre de 2014, cuya nulidad se
demandó. En este orden, evidenció que la entidad no desconoció el derecho que le
asistía a la actora de reclamar la bonificación por compensación, ya que el sustento
de la negativa radicó en la imposibilidad presupuestal para atender las obligaciones.
De este modo, a juicio del Tribunal, esta razón no podía acogerse ya que la entidad no
5 Transcripción fiel, inclusive con errores. C. Principal, folios 191, reverso y 192.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
le podía trasladar a la demandante la carga de no contar con un trámite preciso en la
asignación de los recursos, sino que esto constituía un deber de la Nación,
Procuraduría General de la Nación.
23. Por su parte, destacó que del acto administrativo se extraía que no se le
liquidaron correctamente sus ingresos mensuales, lo que hacía procedente el
reconocimiento, reliquidación y pago de lo percibido por concepto de bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, el acto
demandado no se profirió en acatamiento de las normas y el precedente que rige el
asunto, lo que hace factible el reconocimiento, reliquidación y pago de la bonificación
por compensación.
24. No obstante, comoquiera que a la actora se le canceló esta bonificación por
compensación, pero sin tener en cuenta que estas sumas deben equivaler al 80% de
lo devengado por los magistrados de altas cortes, con inclusión de las cesantías, solo
debía ordenarse el pago de las diferencias resultantes entre lo pagado y lo que se dejó
de cancelar desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de marzo de 2005, cuando se
desempeñó como procuradora judicial II.
25. En este orden, el Tribunal aclaró que la bonificación por compensación y la
prima especial de servicios no constituían factor salarial, de suerte que la entidad
demandada únicamente debía tener en cuenta la diferencia en el ingreso mensual
ordenado, en el valor que correspondía, más la inclusión de la prima especial que
perciben los magistrados de las altas cortes.
26. En consecuencia, le ordenó a la Nación, Procuraduría General de la Nación
reconocer y pagar, retroactivamente, a favor de la señora Luz Stella Bernal Escobar
las diferencias dinerarias que resultaran entre los emolumentos cancelados mientras
se desempeñó como procuradora judicial II, desde el 1 de enero de 2001 y hasta el 31
de marzo de 2005, por el valor correspondiente, con la prima especial que deben
percibir los magistrados de las altas cortes.
27. En este contexto, como la bonificación por compensación versa sobre el 80%
de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, quienes a su
vez por mandato legal deben percibir todo lo que reciban los congresistas, como es el
caso de la prima especial, esta deberá tenerse en cuenta por parte de la entidad al
momento de efectuar la respectiva liquidación. Por último, el Tribunal se abstuvo de
condenar en costas en la medida en que no se advirtió conducta reprochable6.
6 Cuaderno principal, folios 185 a 192.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
2.4. Recurso de apelación
28. La apoderada judicial de la Nación, Procuraduría General de la Nación interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que reiteró su
oposición a todas las pretensiones formuladas por la parte actora, en atención a que
se ajustó al ordenamiento jurídico, lo que implicaba que sus actuaciones se han
proferido con los requisitos de validez, legalidad y forma, ajustada a las normas
relativas al régimen salarial y prestacional de los funcionarios de la entidad. En
particular, abordó los siguientes argumentos:
29. Le ha cancelado a la demandante su salario y demás emolumentos a los que
ha tenido derecho, y durante el período en el cual se ha desempeñado como
procuradora judicial II, conforme a lo señalado en la normativa emitida por el Gobierno
nacional, sin que se observe vulneración alguna del derecho al trabajo.
30. Consideró que no era jurídicamente viable efectuar reconocimientos laborales
distintos o por valores diferentes a los establecidos en los actos administrativos
expedidos por el Gobierno nacional. Además, puso de presente que según el artículo
10 de la Ley 4ª de 1992, norma que ha sido reproducida en los distintos decretos
salariales anuales del Gobierno nacional, carecerá de efectos el régimen salarial o
prestacional que se establezca en contravención de las disposiciones contenidas en
la Ley ibidem o en los decretos salariales anuales.
31. Alegó que la bonificación por compensación, conforme a lo establecido en
el Decreto 610 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado 7, únicamente
constituye factor salarial para efectos de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, sin que pueda incidir en la reliquidación de otras prestaciones
sociales. De este modo, consideró que le ha cancelado a la actora los salarios en los
montos y en las cuantías previstas en la ley para los procuradores judiciales II, lo que
hacía improcedente cualquier pretensión al respecto.
32. Adicionalmente, expresó que las cesantías no se pueden entender como un
ingreso laboral de carácter permanente y que la inclusión de estas en la liquidación de
la prima a la que tienen derecho los magistrados de las altas cortes es solo una
diferencia interpretativa, porque en los términos del Consejo de Estado al juez no le
está dado distinguir donde el legislador no lo hace. Así las cosas, el artículo 2 del
Decreto 10 de 1993 previó que dentro de los componentes de la prima solo se
encuentran los de carácter permanente, con una única excepción en punto a la prima
de navidad en materia de las prestaciones sociales, la cual se incluye en la base de
liquidación.
7 Referencia: 47001233100020110007202 (2107-2015) DEMANDANTE: Cristian Salomón Xiques Romero.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
33. Bajo este entendido, por tratarse del núcleo esencial del debate debía
precisarse la distinción entre factor salarial y prestación social, para lo cual se sustentó
en la postura de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la cual consideró que las
últimas no retribuyen los servicios prestados, mientras que el salario se deriva de la
prestación del servicio. En este orden, cuando el legislador hace la precisión de la
prima de navidad, es porque entiende que esta es una prestación laboral, y como tal,
no está incluida dentro de los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente.
34. En este contexto, se refirió al oficio núm. 2009EE10401 del 6 de octubre de
2009, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para insistir
en que no se incluyera dentro de la reliquidación de la bonificación por compensación
el monto correspondiente a las cesantías devengadas por los magistrados de altas
cortes.
35. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada, y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda8.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 18 de febrero de 20219, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada en los términos del numeral 3 del artículo 247 del
CPACA y se le reconoció personería al abogado de la Nación, Procuraduría General de
la Nación. Seguidamente, mediante proveído del 8 de julio siguiente 10, se corrió
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
37. La parte demandante allegó memorial contentivo de alegatos en el que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia con sustento en los mismos argumentos
que hicieron parte de su demanda. En particular, afirmó que el acto enjuiciado infringió
normas superiores al no reconocer la bonificación judicial en un porcentaje del 80%
desde su posesión como procuradora judicial II y hasta su desvinculación. De ahí que
se transgredieron disposiciones, como es el caso de los artículos 9, 53 y 93 de la
Constitución política, así como ciertos convenios internacionales11.
38. Por su parte, la apoderada de la entidad demandada también radicó alegatos
en los que reiteró los argumentos de la apelación y afirmó que durante el período en
el cual la actora se desempeñó como procuradora judicial II se le canceló la prima
especial, de suerte que sus ingresos igualaban el 80% de lo percibido por los
magistrados de altas cortes.
8 C. Principal, folios 197, reverso a 200.
9
C. Principal, folio 217.
10 C. Principal, folio 219.
11 Samai, exp. 25000-23-42-000-2015-01767-02, índice 13.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
39. De este modo, si en gracia de discusión se llegara a realizar una reliquidación
de la bonificación por compensación, como lo requiere la parte demandante, se
quebrantarían las disposiciones superiores ya que los ingresos percibidos anualmente
no pueden superar el 80% de la totalidad de lo devengado por un magistrado de alta
corte. Así las cosas, proceder de forma distinta implicaría efectuar un reconocimiento
y pago de montos sin la existencia de un título y causa jurídica, lo que afectaría
injustificadamente el presupuesto público. En consecuencia, solicitó que se nieguen
las pretensiones de la demanda, con la consecuente declaratoria de que el acto se
expidió de conformidad con la ley12.
40. Aunque el expediente ingresó al despacho para fallo el 14 de octubre de 2021 13,
el 9 de marzo de 202314 los magistrados integrantes de la Subsección de la Sección
Segunda de esta corporación, los doctores César Palomino Cortés y Carmelo
Perdomo Cúeter manifestaron impedimento para conocer del asunto y ordenaron el
envío del expediente a la Subsección A de esta sección del Consejo de Estado. En
igual sentido, mediante memorial del 30 de agosto de 202315, el magistrado Juan
Enrique Bedoya Escobar manifestó impedimento.
41. En este orden, a través de auto del 21 de septiembre de 2023 16 se declaró
fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda de la corporación y la Subsección A declaró su impedimento para
conocer del asunto. Por ende, se ordenó el sorteo de los conjueces respectivos que
decidirían el asunto.
42. Finalmente, una vez efectuado lo anterior, se profirió auto el 17 de marzo de
202517, en el que se ordenó devolver el expediente al despacho de la magistrada
ponente para lo de su cargo, en atención a que estos fueron desplazados por los
nuevos magistrados que actualmente conforman la Sección Segunda de esta
corporación.
43. En este escenario, se estima pertinente precisar que las Subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de acreencias como la que aquí se estudia.
44. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el presente
asunto, por tres razones, a saber:
12 C. Principal, folio 14.
13 C. Principal, folio 220.
14 C. Principal, folios 221 y 222.
15
Samai, exp. 25000-23-42-000-2015-01767-02, índice 25.
16 C. Principal, folios 223 a 224.
17 Samai, exp. 25000-23-42-000-2015-01767-02, índice 41.
10
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de
la causal;
(iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses
de quien manifiesta el impedimento.
45. A partir de las anteriores razones, se estima que las manifestaciones de
impedimento que en su momento se efectuaron y aceptaron, como no hacían alusión
a situaciones actuales y concretas de la cuales se derivara un interés cierto que
afectara la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a la luz del criterio imperante,
dejaron de constituir una excepción al deber de estos de decidir de fondo los asuntos
sometidos a su conocimiento para impartir justicia.
46. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el
supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la
integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces
cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al
nombramiento de estos».
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
47. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
48. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
49. ¿La demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar, por concepto de ingresos
mensuales, en aplicación de la bonificación por compensación que prevé el Decreto
610 de 1998, en los términos ordenados en la sentencia de primera instancia?
11
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
50. ¿Es procedente la inclusión de las cesantías en la liquidación de la bonificación
por compensación, así como en la prima a la que tienen derecho los magistrados de
las altas cortes?
3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
51. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno decidió fijar los ingresos de los
magistrados18 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201319, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46%
de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
18 Y autoridades equivalentes.
19
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.
52. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 20, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
53. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional,
y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239
de 199821 dictado por el presidente de la República.
54. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:
i) Carácter permanente;
ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales
del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes
de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
20 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
21 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;
v) se paga mensualmente;
vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
55. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201622, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
56. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
57. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
14
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
58. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»23.
59. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201924, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
60. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación25. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
61. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.3.2. Bonificación de gestión judicial
62. El Decreto 4040 de 200426, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que
el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
25 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
26 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
63. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación, debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
64. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y secretario judicial del Consejo Superior de
la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la publicación
de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen
de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los magistrados de
Tribunal a que se refiere el presente artículo.
65. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento
y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
66. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201127, declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
67. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
16
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
68. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
69. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201228, según el cual, a partir del 27 de enero
de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 29
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
70. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».
3.3.3. Sobre la prescripción
71. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos
laborales en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020 30, en la cual se
identificaron los elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica de manera general
respecto aquellos de contenido patrimonial, con excepción de aquellos en los que el
legislador ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden extinguirse,
verbigracia, el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de ella, las mesadas
pensionales no reclamadas oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular,
denota que no tiene interés en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada
por encontrarse imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de
manera concreta será el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de
la obligación, so pena de que se extinga».
28 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
29 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).
17
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
72. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen debido a
la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
73. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del cpaca). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»31.
74. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula
la prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.
75. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en
este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado
ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
76. Sobre este aspecto, en el fallo del 15 de mayo de 2016, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva» entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 4040
de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del derecho». En
este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de exigibilidad de la
bonificación por compensación a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró
la nulidad del Decreto 4040, es decir, el 28 de enero de 2012», cuando quedó
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, Rad.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
18
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201132, que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004.
77. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201933, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación,
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
78. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 2668 de 199834 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004,
procede decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y,
por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían
la oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que, por regla
general, operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
79. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
[…] no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por fuera
de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de 2004 -
fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en la que
cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-, con la
excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004».
80. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.
19
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
i) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
ii) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era
exigible dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
iii) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
trienal sin excepciones.
81. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa ante la administración, por el término de tres años. Esta
interrupción solo es efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el mismo plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 164 CPACA).
3.4. Caso concreto
82. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.
83. En este sentido, según el marco legal y jurisprudencial citado, la Sala procede
a verificar si la demandante acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de
la diferencia entre lo que percibió por bonificación por compensación y lo que debió
devengar por ese concepto.
84. En lo atinente al ejercicio del cargo beneficiario de la bonificación por
compensación, el certificado expedido por la jefe de la División de Gestión Humana de
la Procuraduría General de la Nación, el 22 de mayo de 201835, da cuenta de que la
señora Luz Stella Bernal Escobar ingresó a la entidad en calidad de servidora pública
del 19 de agosto de 1997 al 1 de abril de 2005, desempeñándose como procuradora
judicial II en distintas dependencias.
85. En atención a ello, fue que radicó reclamación administrativa el 29 de
septiembre de 2014 en la que le solicitó a la entidad demandada la reliquidación y
reajuste de sus salarios y prestaciones sociales devengadas en calidad de procuradora
judicial II, entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de marzo de 2005, al tener en cuenta
que, a partir del 1 de enero de 2001 y hasta el 31 de marzo de 2005, cuando se
desvinculó, su salario equivalía al 80% de lo devengado por un magistrado de alta
corte36.
35 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 3.
36 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 166.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
86. Al respecto, se tiene que el propio acto administrativo demandado admitió que
la demandante se desempeñó en la planta de la Nación, Procuraduría General de la
Nación desde el 1 de enero de 1999 al 31 de marzo de 2005, y que en virtud de su
ejercicio como procuradora judicial II se le reconoció y pagó la bonificación por gestión
judicial, lo que dio lugar a que se igualaran sus ingresos con el 70% de lo percibido
anualmente por los magistrados de altas cortes. A partir de allí consideró que a la
actora se le ha cancelado la bonificación por compensación, frente a la cual advirtió lo
siguiente:
Comoquiera que el Decreto 610 de 1998, en su parte resolutiva no contempló el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en un valor que iguale los
ingresos de sus destinatarios al 80% de los percibidos por los magistrados de alta corte,
pese a mencionarse en su parte motiva, no se constituyó un título de imputación jurídica
y presupuestal que permita reconocer y pagar dicha prestación económica en el
porcentaje señalado, con anterioridad al 27 de enero de 2012. Nótese en tal sentido,
que si bien en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, que regía en el caso del peticionario, se aludió a la vigencia del
Decreto 610 de 1998, en dicha providencia no se resolvió ninguna situación particular
y concreta.
Finalmente es de advertir, que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado
han señalado que, si bien los fallos de nulidad producen efectos «ex tunc», es decir,
desde el momento en que se profirió el acto anulado, no se afectan situaciones jurídicas
consolidadas, las cuales permanecen incólumes.
En este orden, la Secretaría General no encuentra mérito jurídico para acceder al
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en aplicación del Decreto
610 de 1998, entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de marzo de 200537.
87. Por tanto, de la lectura del acto administrativo demandado se concluye que a la
actora se le igualaron sus ingresos con el 70% de lo percibido anualmente por los
magistrados de las altas cortes. En refuerzo, consta en el plenario la certificación
emitida por la jefe de la División de Gestión Humana de la entidad demandada, el 12
de diciembre de 2014, en la que se registran los salarios mensuales devengados por
la actora, para el período comprendido entre el 19 de agosto de 1997 y el 31 de marzo
de 2005, así como sus prestaciones sociales, con las siguientes observaciones:
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto 4040 de 2004, en agosto de
2005 se canceló la suma de $34.756.616, correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, es decir, que para dicho año la
bonificación ascendió al valor mensual de $5.951.247.
37 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 4, respaldo.
21
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
Así mismo, en virtud del artículo 3 del citado Decreto se pagó por concepto de
“Diferencia Bonificación Judicial” la suma de $111.185.511 por los años 2000, 2001,
2002 y 2003.
88. Adicionalmente, de una contrastación entre los salarios mensuales percibidos
por la señora Luz Stella Bernal Escobar, del 2001 al 2003, y la bonificación por
compensación prevista en los decretos 1476 de 2001, 662 de 2002 y 3770 de 2003,
se deduce lo siguiente:
«Tabla 1, contrastación entre los salarios mensuales percibidos por la actora del 2001 al 2003
y la bonificación por compensación».
Año Bonificación por Decreto salarial que Bonificación por
compensación percibida previó la bonificación por compensación del
compensación decreto
2001 $2.667.185 2726 de 2001 $2.667.186
2002 $2.814.340 663 de 2002 $2.814.340
2003 $2.913.124 3570 de 2003 $2.913.124
89. De ahí se advierte que, para los citados interregnos temporales la actora
percibió la bonificación por compensación prevista en los decretos salariales anuales,
pero no en el porcentaje reclamado del 80%, como lo aceptó la entidad demandada
tanto en sede administrativa como en el curso de este proceso.
90. Al respecto, se tiene que dichos valores se ajustaron conforme a lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 4040 de 2004, como se desprende de la certificación citada y
de la contestación de la demanda en la que la entidad aceptó que le pagó a la actora
sus emolumentos y prestaciones en los términos del citado reglamento, que era el
régimen aplicable durante los períodos del 1997 al 2005. Cuestión distinta ocurrió a
partir del año 2004, pues con la vigencia de dicho Decreto, se empezó a reconocer la
bonificación por gestión judicial.
91. Igualmente, en el expediente obra certificación emitida por el jefe de la división
de Gestión Humana de la entidad, el 12 de diciembre de 2014, que enlista los nombres
de los procuradores judiciales II que en la actualidad están devengado el 80% de los
ingresos de los magistrados de altas cortes por concepto de bonificación por
compensación. Al efecto, si se revisa este enlistado, no figura el nombre de la aquí
demandante, la señora Luz Stella Bernal Escobar.
92. Bajo este entendido, para la Sala el análisis en conjunto de los medios de
prueba permite concluir que la demandante, en calidad de procuradora judicial II, es
destinataria de la bonificación por compensación descrita en el Decreto 610 de 1998,
hasta la vigencia del Decreto 4040 de 2004, con la claridad de que este introdujo un
trato desigual respecto de los servidores públicos pertenecientes a la misma categoría
funcional, a quienes se les reconoció la bonificación por gestión judicial limitada al
70%, pese a que el Decreto 610 aludido disponía que esta debía igualar el 80% de lo
devengado por los magistrados de altas cortes.
22
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
93. Justamente por estas razones, es que a la demandante le resulta aplicable el
régimen previsto en el Decreto 610 de 1998, por el período en el cual reclamó, ya que
del 2001 al 2003 la entidad le pagó la bonificación por compensación, pero no en el
80% como correspondía, y a partir de la vigencia del Decreto 4040 de 2004, reconoció
una bonificación por gestión judicial en un 70%.
94. Por consiguiente, aunque la entidad apelante afirmó en su recurso que le ha
cancelado a la demandante su salario y demás emolumentos conforme a lo dispuesto
en la normativa del Gobierno nacional, lo que impedía efectuar reconocimientos
distintos o por valores diferentes a los establecidos en los actos administrativos, esto
no controvierte el análisis del Tribunal, el cual ratifica la Sala en esta oportunidad, toda
vez que la Nación, Procuraduría General de la Nación no desconoció el derecho que
le asistía a la actora en el acto enjuiciado, de lo que se infirió que la bonificación por
compensación no fue correctamente liquidada. Por tanto, no es válido insistir sobre un
punto que quedó definido conforme al material probatorio aportado al proceso y en
sintonía con lo resuelto en sede administrativa.
95. Ahora bien, la apelante también afirmó que las cesantías no se pueden entender
como un ingreso laboral de carácter permanente y, por tanto, no pueden incluirse en
la liquidación de la prima a la que tienen derecho los magistrados de las altas cortes,
por lo que no habría lugar a tener en cuenta este auxilio en el monto correspondiente
a la reliquidación de la bonificación por compensación.
96. Al respecto, se tiene que tal como lo señaló el juez de primera instancia, y lo ha
precisado la Sección, la bonificación por compensación procede únicamente cuando
los ingresos anuales efectivamente percibidos por el servidor no alcanzan el tope del
80 % de lo que, por todo concepto, devenga un magistrado de alta corte, incluyendo
las cesantías y la incidencia de la prima especial38. De manera que, el cálculo de la
bonificación por compensación debe efectuarse con base en la totalidad de los
ingresos laborales devengados por los magistrados de altas cortes, lo que comprende
las cesantías por tratarse de una erogación anual y permanente.
97. Cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201639, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías, «para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio
a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
38 Al respecto, consultar la sentencia proferida por esta Subsección el 3 de septiembre de 2025, dentro del
expediente radicado al núm. 25000-23-42-000-2018-00637-02 (1947-2021).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
23
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
98. También señaló que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas». Así pues, la
discusión sobre la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas cortes
se resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
99. Seguidamente, en punto a la prescripción, que la Sala debe estudiar de oficio,
esta operó respecto del período reclamado del 1 de enero de 2001 al 2 de diciembre
de 2004, ya que la señora Luz Stella Bernal Escobar no probó que hubiera presentado
reclamación administrativa antes de esta última fecha.
100. Si bien obra en el plenario la constancia de que radicó desistimiento 40 frente a
una demanda interpuesta al radicado núm. 25000-23-25-000-1999-03968-01, lo cierto
es que esto únicamente da cuenta de la interposición del memorial en el año 2004,
dentro del proceso iniciado en 1999. Por tanto, por lo menos en el interregno que va
del 2001 al 2004, y que interesa a los fines de la citada regla, no se acreditó la
interposición de una petición.
101. En igual sentido, obra una petición radicada ante la entidad demandada el 31
de julio de 200941 en la que la actora reclamó la diferencia entre lo pagado y lo que
debía recibir por concepto del 80% de lo percibido por los magistrados de altas cortes,
desde el 1 de enero de 2001, no obstante, la demandante debió pedirlo dentro de los
3 años siguientes al 2 de diciembre de 2004.
102. Ahora bien, esta prescripción no operó entre el 3 de diciembre de 2004 y el 31
de marzo de 2005, toda vez que el derecho no era exigible como consecuencia de la
coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004, por lo que la exigibilidad
solo se dio con la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004, esto
es, el 28 de enero de 2012, por lo que se tenía hasta el 28 de enero de 2015 para
reclamar las diferencias correspondientes, y en este caso la petición se presentó el 29
de septiembre de 2014, y la demanda de la referencia el 20 de marzo de 2015, por lo
que no operó la prescripción.
103. En consecuencia, el pago de la diferencia ordenado en primera instancia solo
podría disponerse de conformidad con los citados extremos temporales, por lo que se
modificará la sentencia apelada en ese punto. En igual sentido, se adicionará la
sentencia para declarar probada de oficio la excepción referida.
104. Finalmente, la Nación, Procuraduría General de la Nación alegó que la
bonificación por compensación, conforme a lo establecido en el Decreto 610 de 1998,
únicamente constituye factor salarial para efectos de los aportes al Sistema General
40 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 101.
41 Cuaderno de antecedentes administrativos, folio 108.
24
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
de Seguridad Social en Pensiones, sin que pueda incidir en la reliquidación de otras
prestaciones sociales, lo que hace improcedente cualquier pretensión al respecto.
105. No obstante, de una lectura de la sentencia apelada se advierte que ésta
expresamente consideró que tanto la prima especial, como la bonificación por
compensación no tenían carácter salarial, por lo que dispuso lo que se transcribe
continuación:
En este orden de ideas, la Sala clarifica conforme al estudio emprendido en el capítulo
correspondiente al marco jurídico que la bonificación por compensación y la prima
especial de servicios no constituyen factor salarial, en consecuencia, la entidad
demandada solo deberá tener en cuenta la diferencia en el ingreso mensual aquí
ordenada, en el valor que corresponda más la inclusión de la prima especial de
servicios que deben percibir los magistrados de las altas cortes.
106. De esta manera, se advierte que el Tribunal no ordenó reliquidar las
prestaciones sociales de la demandante con la inclusión de la bonificación por
compensación, como factor salarial, de suerte que se limitó a ordenar el reajuste de
las diferencias salariales correspondientes dada su condición de beneficiaria de la
bonificación por compensación.
107. Por último, aunque la sentencia apelada dispuso que la bonificación por
compensación no tenía carácter salarial, salvo para la liquidación de las pensiones de
vejez e invalidez total o parcial, no ordenó realizar los aportes pertinentes. Algo que,
inclusive coadyuva la entidad demandada en su apelación, porque precisó que la
citada bonificación únicamente constituía factor salarial para efectos de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
108. Por ende, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable42 e
imprescriptible43, se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y
pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor de la demandante por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por
compensación desde el 1 de enero de 2001 y hasta el 31 de marzo de 2005.
109. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión al proceso de la referencia, será procedente siempre y cuando
las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan
42 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
25
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente.
110. Finalmente, la Sala no pasa por alto que la sentencia de primera instancia
dispuso que la diferencia debía reconocerse con la inclusión de la prima especial de
servicios que perciben los magistrados de las altas cortes, para lo cual sustentó que la
referida debía tenerse en cuenta al momento de la liquidación. No obstante, lo cierto
es que al dictar la parte resolutiva no hizo la referida precisión, por lo que se modificará
la decisión en ese sentido como una medida para garantizar la congruencia del fallo
judicial.
3.5. Conclusión
111. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la demandante tiene derecho
a que se le reconozca y pague la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió
devengar por concepto de ingresos mensuales, en aplicación de la bonificación por
compensación que prevé el Decreto 610 de 1998, en los términos ordenados en la
primera instancia, pero con aplicación de la prescripción. Además, en la liquidación a
la que tienen derecho los magistrados de las altas cortes se deben incluir las cesantías,
por tanto, esto tiene incidencia en la bonificación por compensación.
3.6. Costas
112. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario44 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.
44 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
26
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
113. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas. En igual sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia
que se abstuvo de imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por la Sala Transitoria de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 31 de julio de
2019, en cuanto ordenó estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, declaró la
nulidad del acto administrativo demandado, condenó a la entidad demandada pagar la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir por concepto de la
bonificación por compensación, negó la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales, con la inclusión de la prima especial y de la bonificación por compensación
como factor salarial, se abstuvo de condenar en costas y dispuso lo pertinente para el
cumplimiento de la decisión judicial.
SEGUNDO. Adicionar la providencia apelada en el sentido de declarar probada la
excepción de prescripción del derecho reclamado frente a lo causado del 1 de enero
de 2001 al 2 de diciembre de 2004.
TERCERO. Modificar el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
el cual quedará así:
TERCERO: Condenar a la Nación-Procuraduría General de la Nación a RECONOCER,
PAGAR Y RELIQUIDAR en favor de la señora LUZ STELLA BERNAL ESCOBAR,
retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que debió percibir, por
concepto de ingresos mensuales en aplicación a la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, el 80% de lo que percibe los
magistrados de altas cortes, con la inclusión de la prima especial de servicios,
equiparando a estos últimos con los congresistas, es decir, teniendo en cuenta para la
liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los miembros del congreso, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios,
prima de navidad y cesantías, en lo correspondiente al periodo comprendido entre el 3
de diciembre de 2004 y el 31 de marzo de 2005, en razón de haber ejercido como
procuradora judicial II, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Adicionar la sentencia para disponer que la entidad accionada debe
reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones en favor del señor Luz Stella Bernal Escobar, desde el 1 de enero de 2001
27
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01767-02 (1542-2020)
Demandante: Luz Stella Bernal Escobar
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación
al 31 de marzo de 2005, con ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste
ordenado a título de bonificación por compensación.
Asimismo, que lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas
no se hayan cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a
esta hacer la verificación correspondiente.
QUINTO. Sin condena en costas en segunda instancia.
SEXTO. Reconocer personería a la abogada Sandra Patricia Duarte Hernández,
identificada con cédula de ciudadanía número 51.997.263 y portadora de la tarjeta
profesional número 190.461 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para
actuar en representación de la entidad demandada, en los términos del memorial de
poder que obra a índice 47 del Sistema de Gestión Judicial, Samai.
SÉPTIMO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
28
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.