Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03446-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-03446-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-03446-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
Demandante: Anaximandro Rafael Bermúdez Candelario
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia por invalidez sin acreditar el
tiempo total de servicio exigido por la Ley 114 de 1913.
Aplicación del precedente de la Sala Plena de la Sección
Segunda de 29 de mayo de 2024. Rad. (0043-2018). REVOCA
SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”, por
medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor ANAXIMANDRO RAFAEL BERMÚDEZ CANDELARIO instauró demanda
en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 003653 del 28 de enero de
2013, (ii) RDP 014853 del 3 de abril de 2013, y (iii) RDP 017343 de 17 de abril de
2013 por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia
a favor del demandante, y confirmó tal decisión respectivamente al resolver los
1 Folios 34 a 35.
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recursos de reposición y apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a su retiro definitivo del servicio por invalidez, así como
el retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas, reajustadas
anualmente y con la cancelación de los intereses moratorios de que trata el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.
Que la parte pasiva dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA y que asuma las costas y agencias en derecho.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el señor Anaximandro Rafael Bermúdez Candelario nació el 28 de julio de 1946
y cumplió los 50 años el 28 de julio de 1996. Que durante su vida laboral se
desempeñó como docente en el departamento de Cundinamarca desde el 30 de
enero de 1976 hasta el 1 de marzo de 1977 nombrado mediante decreto 112 de
1976. Igualmente tuvo una vinculación temporal en el Distrito de Bogotá del 14 de
febrero de 1992 al 30 de noviembre del mismo año, y para el mismo ente territorial
desde el 12 de febrero de 1993 hasta el 19 de enero de 2009, fecha en la cual fue
retirado del servicio por invalidez a través de la Resolución 17098, según la cual se
determinó tenía una pérdida de capacidad laboral del 90%, conforme al dictamen
del 25 de noviembre de 2008.
Que el demandante cumplió 50 años y laboró más de 15 años de servicio en el
magisterio como docente nacionalizado, siempre demostrando una buena
conducta.
Que, el 6 de agosto de 2013, el reclamante radicó ante la UGPP una solicitud
tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia de conformidad con las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.
Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la Resolución RDP
0036553 de 28 de enero de 2013. Que el demandante presentó recursos de
reposición y en subsidio de apelación contra dicho acto, los cuales fueron resueltos
mediante las Resoluciones RDP 014835 del 3 de abril de 2013 y RDP 017343 de 17
de abril de 2013, respectivamente, ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.
2 Folios 35 a 36.
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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del
Decreto 081 de 1976.
Que el reclamante siempre ha sido nombrado y trasladado por una autoridad
departamental y distrital, de manera que a lo largo de su tiempo de servicio ha tenido
una vinculación de carácter nacionalizado, por lo que la UGPP estaba en la
obligación de reconocer la pensión gracia en la medida en que se demostró que el
actor fue nombrado educador antes del 31 de diciembre de 1980, y sumó un período
de labor superior a las dos terceras partes del requerido por ley.
Que si bien es cierto el accionante no cumplió con todos los requisitos que exige la
ley para acceder a la prerrogativa solicitada, pues sirvió menos de los 20 años
requeridos (18 años) en el magisterio, sí debe tenerse en cuenta que como su retiro
se produjo como consecuencia de su estado de invalidez, es procedente el
reconocimiento del derecho en litigio, por cuanto la terminación del vínculo se dio
como consecuencia de una causa ajena a la voluntad del docente, la cual además
lo pone en una situación de debilidad manifiesta y está debidamente contemplada
en el numeral 6.° del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, básicamente al demostrar
que aquel tuvo una pérdida de su capacidad laboral en un 90%.
Que esta posibilidad ya ha sido contemplada por el Consejo de Estado en sus
diferentes providencias emitidas en casos similares, por lo que no atender este
criterio podría generar una violación del debido proceso por una vía de hecho.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 23 de noviembre de 2016,4 y notificada
a la UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que expuso que, el señor
Anaximandro Rafael Bermúdez Candelario no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, debido a que de las pruebas allegadas no se pudo demostrar
vinculación antes de 1980 y tampoco los 20 años de servicios como lo exige la Ley
114 de 1913.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación, (ii)
buena fe, (iii) compensación, (iv) prescripción, y (v) genérica o innominada.
3 Folios 36 a 43.
4 Folio 55.
5 Folio 84.
6 Folios 132 a 139.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
En la audiencia inicial7 se precisó en la etapa de saneamiento que en el proceso no
hay defecto o vicio que conlleve a nulidad procesal, de las excepciones se consideró
que no se presentaron excepciones previas y no se observó ninguna por resolver,
frente a las medidas cautelares se indicó que no se propusieron, se señaló que no
existía animo conciliatorio, por lo que seguidamente se fijó el litigio estableciéndose,
en determinar si el demandante reúne los requisitos para acceder la pensión gracia,
específicamente si acredita el tiempo de servicio como docente nacionalizado, y, en
caso se ser afirmativo, si operó el fenómeno de la prescripción. Finalmente se
efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437
de 2011.
Mediante auto de 10 de septiembre de 20168 en aras de dar aplicación a los
principios de eficacia y celeridad se incorporaron las pruebas decretadas en la
audiencia inicial y las aportadas al proceso, e igualmente al tenor de lo dispuesto en
el inciso final del artículo 181 del CPACA se prescindió de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento y se corrió el término de 10 días para que las partes
presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio Público conceptuara de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “B”
mediante sentencia 30 de mayo de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda
en el sentido de declarar la nulidad de los actos reprochados y ordenar a la UGPP
reconocer a favor del señor Bermúdez Candelario una pensión gracia efectiva desde
el 6 de agosto de 2009 por prescripción trienal de mesadas.
Para ello argumentó que, para el caso concreto, está demostrado que el
demandante nació el 28 de julio de 1946, por lo que cumplió los 50 años el 28 de
julio de 1996. Que cumplió con el requisito de vinculación antes de 1980 con el
tiempo de servicio ejercido como docente entre el 4 de febrero de 1976 y el 7 de
marzo de 1977. Que las demás vinculaciones con el magisterio suman 17 años 9
meses y 23 días, por lo que se evidencia que no contaba con los 20 años de
servicios que exige la normativa que regula la prerrogativa solicitada, porque se
retiró por invalidez el 19 de enero de 2009.
Que, de acuerdo con la providencia de 21 de julio de 2018, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que reitera lo manifestado en
providencia del 30 de septiembre de 2010 de esta misma corporación, se advierte
que es dable el reconocimiento de la pensión gracia a un docente que por razones
de invalidez no logre acreditar los 20 años de servicios, sino un tiempo superior a
las dos terceras partes exigidas.
7 Folios 156 a 157.
8 Folio 200.
9 Folios 207 a 217.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
Que, en atención a lo expuesto, el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia, en la medida que de las pruebas aportadas se logró demostrar
que laboró 17 años, 9 meses y 23 días, prestando sus servicios más del 75% del
tiempo exigido legalmente para tener derecho a dicha dádiva, y que por motivos
ajenos a su voluntad se encontraba en una imposibilidad de seguir ejerciendo como
docente. Sin embargo, se aclaró que, si bien el actor adquirió el estatus pensional
el 20 de julio de 1996, lo cierto es que causación de la mesada fue a partir del 19
de enero de 2009 cuando fue retirado por invalidez.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada10 interpuso apelación contra el fallo de primera instancia a fin
de que este sea revocado, para lo cual argumentó que, la pensión gracia fue
totalmente reglamentada y, por tanto, las normas que la rigen no dan lugar a
interpretaciones diferentes a las allí contenidas, al punto de que resulta inconcebible
el reconocimiento de una pensión gracia que se consagró para nivelar los salarios
entre los docentes territoriales y nacionales sin el lleno de los requisitos, esto es, los
20 años de servicios.
Que el reclamante ya tiene una pensión reconocida por el FOMAG en virtud de la
cual ya tiene cubierta la contingencia de la invalidez, y que, en todo caso la
normativa de la pensión gracia no contempla su modalidad por invalidez.
Que la prerrogativa solicitada solo tiene una forma de reconocimiento, pues esta es
especial y se paga de forma completa mas no proporcional. Que, por ello, los
requisitos se deben cumplir radicalmente, es decir, que sin la satisfacción plena de
estos no se debe otorgar dicho beneficio como sucede en otras clases de
pensiones.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 24 de febrero de 2020,11 y posteriormente,
mediante auto del 25 de septiembre de 202012 se corrió traslado a las partes para
alegar.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandada presentó alegaciones finales13 con las que reiteró los
argumentos expuestos en su recurso de apelación.
10 Folios 233 a 238.
11 Folio 251.
12 Ver índice 8 de SAMAI.
13 Ver índice 12 de SAMAI.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad.14
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.15
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el demandante
tiene derecho a que la UGPP le reconozca a su favor la pensión gracia por motivos
de invalidez, acreditando algo más de las tres cuartas partes del tiempo de servicio
requerido, bajo el entendido de que no logró colmar los 20 años de labor como
educador oficial, debido precisamente a la determinación de una pérdida de
capacidad laboral que implicó la terminación de su vínculo antes de cumplir dicha
exigencia.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
14 Según constancia secretarial a folio 259 del expediente.
15 Idem.
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5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Ahora bien, respecto de la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia para
los casos en los que los docentes reclamantes no hubiesen acreditado el total de
tiempo de servicio de 20 años consagrados en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913,
ello en razón a que se les dictaminó una pérdida de capacidad laboral que les
impidió continuar en actividad como educadores para poder colmar dicha exigencia,
la Sala advierte que, tal postura fue planteada inicialmente con la sentencia del 30
de septiembre del año 2010.16
Dicha tesis se basó, esencialmente, en la necesidad de proteger el derecho a la
seguridad social del maestro que se encontrara en las mencionadas condiciones de
salud, así como en una interpretación analógica de la sentencia C-794 de 2009 en
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicación:
17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09).
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
lo que respecta a la observancia de los principios de proporcionalidad y
progresividad de los derechos laborales.
De hecho, en la referida providencia del 2010 emitida por esta corporación se señaló
lo siguiente:
«[…] Esta última circunstancia (prestación de servicios por más de las dos terceras
partes del tiempo exigido por la ley) ha sido tenida en cuenta igualmente por la Corte
Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional,
especialmente, en aplicación del régimen de transición y que ahora se acoge para
el caso sub lite.
Expuso dicho Tribunal sobre el particular:
(…) el principio de proporcionalidad no alcanza la misma importancia que adquiere
en el caso de quienes han completado el 75% del tiempo indispensable para
reclamar el reconocimiento y pago de la pensión, pues con las tres cuartas partes
del tiempo cotizado tiene mayor fundamento tanto el interés del trabajador en
la pensión futura, como la protección que a esa aspiración se le brinda, lo que
no ocurre cuando apenas se cuenta con la mitad del tiempo cotizado, porque en
este evento la aspiración a pensionarse no tiende a concretarse tan pronto y, en esa
medida, es menor la relevancia del mantenimiento de las condiciones del régimen
de transición que permite pensionarse con los requisitos del sistema anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993” […]».
Lo propio fue ratificado por el Consejo de Estado en sentencias posteriores,17 en las
que al momento de resolver casos con algunas similitudes al presente, se concluyó
que, los educadores que demostraran el cumplimiento de las exigencias normativas
propias de la pensión gracia, a excepción del requisito de los 20 años de servicio
por razones de invalidez, sí tendrían derecho a que se les otorgada dicha
prerrogativa cuando acreditaran mínimo 15 años de labor, es decir, las tres cuartas
partes del período completo.
Ahora, sin perjuicio del trazado de decisiones judiciales referenciadas previamente,
resulta indispensable colocar de presente que, la Sección Segunda en pleno,18
luego de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en dichas
providencias, estimó pertinente reconsiderar la tesis anterior por criterios de
importancia jurídica, al punto de que, mediante la sentencia del 29 de mayo de 2024
concluyó que dicha prerrogativa no debe concederse con fundamento en la invalidez
ni en la muerte, esto por no tener el fundamento jurídico que con anterioridad se le
había atribuido, tal como se expone a continuación:
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2016, radicación:
41001-23-33-000-2013-00360-01(5006-14). Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, radicación:
05001-23-33-000-2013-01030-01(2681-15). Sentencia del 23 de febrero de 2017, radicación: 5000-23-42-000-
2013-04047-01(1550-14). Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, radicación: 73001-23-33-000-
2013-00484-01 (2406-2014). Sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-04847-
01(0229-15). Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-2014-01327-
01(1735-2017).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de
2024. Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019)
«[…] 2.3.5.2. Análisis desde el punto de vista legal
[…] Para el reconocimiento de la pensión gracia, se deben cumplir todas las
condiciones señaladas en la Ley 114 de 1913, incluido el tiempo de servicios de 20
años, pues ni esta ni otras normas establecen excepciones al respecto. Ciertamente,
una interpretación gramatical o literal y sistemática de la norma permite inferir que
solo se adquiere el derecho de esa manera.
Respecto del primer criterio, es claro que el artículo 1 ibidem al señalar que tienen
derecho a la pensión los docentes que «[…] hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años […]» (se resalta) condicionó el reconocimiento a
que se cumpliera con el tiempo mínimo allí exigido. Sin duda la expresión «no
menor» que contiene la norma así lo determinó y su sentido es claro y sin vaguedad,
por lo que no da lugar a una interpretación más amplia o contraria.
En esa línea, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 91 de 1989 indicó que los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión gracia «[…] se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos […]». También esta norma supeditó, de manera
obligatoria, el reconocimiento al cumplimiento del tiempo de servicio, ya que la
expresión «siempre y cuando» representa una «[l]ocución conjuntiva de valor
condicional que significa 'con tal de que'»19, y esta última expresión a su vez significa
«[…] con la condición de que […]»20, luego desde el punto de vista gramatical es un
requisito ineludible que se complete «la totalidad» de los requisitos para acceder al
derecho.
Para la Sala, si el legislador hubiese querido aceptar alguna excepción a la exigencia
del tiempo de servicio lo habría incluido en las normas citadas, tal como lo hizo con
el criterio de la edad. En efecto, la única salvedad que permitió para suplir un
requisito por otro es la fijada en el numeral 6 del artículo 4, pues avaló que si el
docente se encuentra en «incapacidad» para ganar lo necesario para su sustento
por una enfermedad o por otra causa no le es exigible el cumplimiento de los 50
años21. Así las cosas, al no incluirse la posibilidad de reemplazar el requisito del
tiempo de servicios, el sentido literal de las normas aludidas no da lugar a concluir
razones de exoneración de su cumplimiento. Por el contrario, su entendimiento
taxativo determinó la obligatoriedad de alcanzarlo.
El criterio sistemático de interpretación lleva a la misma conclusión, puesto que el
examen conjunto de los otros artículos de la Ley 114 de 1913, de las normas que la
modificaron (leyes 116 de 1928 y 37 de 1933) y de las disposiciones de la Ley 91
de 1989 no permite inferir alguna salvedad al acatamiento de las exigencias
enunciadas, ni siquiera por razones de salud. Esta conclusión se afianza en la
interpretación histórica y teleológica que puede hacerse de la Ley 114 de 1913.
[…] En consonancia con lo expuesto, una interpretación teleológica de la Ley 114
de 1913 también lleva a deducir que la exigencia de los 20 años de servicio no puede
soslayarse. Ciertamente, si el motivo del legislador al proferirla era «recompensar»
a los docentes territoriales por prestar el servicio por ese lapso en precarias
condiciones laborales, su finalidad última era asegurar que ese sacrificio no afectara
19 Real Academia de la Lengua Española: https://www.rae.es/dpd/siempre
20 Real Academia de la Lengua Española: https://dle.rae.es/tal
21 Sobre esta excepción se puede consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 12 de octubre de 2011, radicado 0292-11; del 28 de septiembre de 2016, radicado: 68001-23-31-
000-2011-00699-01(3293-14); y del 12 de octubre de 2017, radicado: 73001-23-33-000-2016-00263-01(1111-
17).
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la posibilidad de que, una vez retirados luego de 20 años de prestarlo, vivieran en
condiciones dignas y así se desprende de la exposición de motivos de la ley. En esa
línea, si el fin era protegerlos en la vejez con la entrega a cargo de la Nación de una
remuneración, no tendría sentido eximirlos del cumplimento de la totalidad del
tiempo requerido, en la medida en que es razonable inferir que este se fijó en ese
tope porque para la época representaba el final de la vida laboral del docente.
Bajo los parámetros expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión
gracia a quien, por distintas razones, incluso ajenas a su voluntad como la
ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de
la norma y sus modificaciones posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no
dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es factible acceder al derecho sin
completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de
un sistema de seguridad social, según se expuso. […]
[…] 2.3.5.5. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido.
[…] 2.4.2. Análisis de la Sala
La UGPP en el recurso de apelación señaló que la sentencia de primera instancia
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia sin el cumplimiento del
requisito del tiempo de servicios de que trata el artículo 1 en la Ley 114 de 1993.
Además, agregó que la pérdida de capacidad laboral no puede justificar su falta de
cumplimiento y que al causante se le garantizó su derecho a la seguridad social con
el otorgamiento de la pensión de invalidez.
La Sala le dará la razón a la entidad y revocará el fallo de primera instancia, por
cuanto dentro del proceso quedó demostrado, con el certificado de información
laboral proferido por la secretaría de educación del departamento del Huila, que
José Orlando Vega Daza prestó sus servicios como docente nacionalizado por un
periodo de 16 años y 5 meses, lapso comprendido entre el 3 de febrero de 1977 y
el el 20 de julio de 1993. Es decir, no cumplió con el tiempo de servicios que requiere
el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 y, por consiguiente, no le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
Si bien se probó que el docente perdió su capacidad laboral en un 85%, que por tal
razón se retiró del servicio y que superó las tres cuartas partes del tiempo exigido
(15 años), esta situación no lo eximia de completar los 20 años de servicio, puesto
que:
(i) el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 exige el cumplimiento de la totalidad del tiempo
de servicios y no admite excepciones al respecto, según su interpretación
gramatical, sistemática, histórica y teleológica;
(ii) la negativa en modo alguno vulnera el principio de igualdad, en razón a que no
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existe dentro del ordenamiento jurídico regulación en materia de pensiones para
otros servidores públicos que sirva como parámetro de comparación con el requisito
del tiempo de trabajo de la pensión gracia, por lo que es imposible determinar que
su exigencia significa un trato discriminatorio. Tampoco es una situación
comparable con los cobijados con el régimen general a quienes en estos casos se
les reconoce la pensión de invalidez, otorgada también al causante;
(iii) la decisión en ese sentido tampoco desconoce el principio de proporcionalidad,
en la medida que el requisito pensional existía desde que se expidió la Ley 114 de
1913 y el legislador no lo modificó ni incurrió en una omisión legislativa en perjuicio
del derecho a la seguridad social del causante o de una expectativa legítima que
ameritara su aplicación en los términos de la sentencia C-794 de 2009, según se
explicó en precedencia;
(iv) menos aún se vulnera el principio de progresividad en materia de seguridad
social, puesto que en virtud de la evolución que ha tenido este derecho para los
docentes fue posible reconocerle a José Orlando Vega Daza la pensión de invalidez
y sustituirla en favor de Ana Victoria Andrade Quintero, riesgo para el cual no se
creó la pensión gracia y que se cubrió con la nueva normativa en materia pensional.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se negarán las pretensiones,
puesto que José Orlando Vega Daza no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia porque no se acreditó que hubiese ejercido la enseñanza como
docente nacionalizado por los 20 años de servicio que requiere el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913 y su condición de invalidez no lo exoneraba de cumplir el requisito.
[…]» (Subrayado fuera de texto).
Conforme a esta reciente y vigente línea de interpretación judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resulta claro que al margen de la dificultad de las
situaciones de invalidez y muerte, o cualquier otra circunstancia ajena que pueda
atravesar un docente que haya tenido la expectativa legítima de acceder a la
pensión gracia, esta dádiva no puede ser reconocida cuando el reclamante no haya
colmado y acreditado cada uno de los requisitos normativos para consolidar el
derecho como tal, especialmente el de la acumulación de los 20 años de servicio
como maestro territorial o nacionalizado.
En todo caso, lo cierto es que permitir que un beneficio gratuito se otorgue cuando
este no se ha consolidado jurídicamente a favor del docente (a través de
presupuestos de flexibilización interpretativa), termina vulnerando el ordenamiento
jurídico y la naturaleza propia de dicho beneficio, pues no existe un vacío normativo
ni una afectación a principios constitucionales como antes se había estimado.
Resolución del caso concreto
Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que, el
señor Anaximandro Rafael Bermúdez Candelario solicitó el reconocimiento de una
pensión gracia, pero fundamentando la procedencia de este derecho en que, por
habérsele declarado una pérdida de capacidad laboral en un 90%, no pudo
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continuar laborando como docente para satisfacer el requisito legal de los 20 años
de trabajo como educador, de manera que tendría que otorgarse dicha prerrogativa
con motivo de su invalidez, exigiéndole solo las tres cuartas partes del tiempo de
servicio, las cuales cumplió por haber acumulado más de 15 años en dicha calidad.
En su criterio, ello se ajustaba a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de
Estado como la sentencia del 30 de septiembre de 2010 (1061-09), en la que se
había concedido el goce la pensión gracia por invalidez a un maestro que debido a
dicha condición tampoco pudo colmar la mencionada exigencia temporal.
Sobre el punto, el actor argumentó que su situación particular se encuentra bajo el
mismo supuesto de aquella sentencia, pues no alcanzó el tiempo de servicio
requerido por una causa ajena y no atribuible a esto como lo es la invalidez.
Como se advierte de lo anterior, la parte activa en su demanda sustentó su
reclamación en las consideraciones jurídicas que anteriormente permitían el
reconocimiento de una pensión gracia de invalidez, por lo que, como la entidad
demandada en su recurso busca revocar el fallo apelado para negar la prerrogativa
solicitada, resulta perfectamente aplicable como precedente para este caso
particular la aludida sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por la Sección
Segunda de esta corporación, pues aquella aborda supuestos de hecho y de
derecho similares a los del presente litigio.
En tal sentido, frente a la situación concreta del accionante se destaca que aquel
nació el 28 de julio de 1946,22 y fue retirado del servicio como docente del distrito
capital de Bogotá el 19 de enero de 2009,23 esto por habérsele determinado una
pérdida de capacidad laboral del 90%,24 por lo que, para esta última fecha tenía 62
años, es decir, más de los 50 años previstos para poder acceder a una pensión
gracia.
Por otra parte, de acuerdo con la constancia expedida el 18 de noviembre de 1996
por el rector de la Normal Departamental Nacionalizada Santa Teresita de
Quetame,25 así como del Decreto 00112 de 197626 (mediante el cual fue nombrado
el actor), se corrobora que el demandante laboró como docente nacionalizado
desde el 4 de febrero de 1976 hasta el 1.º de marzo de 1977, es decir, en un lapso
anterior al 31 de diciembre de 1980, lo que permite tener colmado este requisito
adicional.
Igualmente, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 13 de julio de 2012 emanado de la Secretaría de Educación Distrital de
22 Ver copia de la cédula de ciudadanía del causante a folio 2.
23 Ver Resolución 17098 de 2019.
24 Según concepto médico laboral del 25 de noviembre de 2008 emitido por Fersalud U.T.
25 Folio 5.
26 Folios 195 a 197.
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Bogotá,27 es claro que el señor Bermúdez Candelario laboró como maestro oficial
de dicha entidad territorial bajo dos relaciones legales y reglamentarias de orden
territorial, la primera del 14 de febrero al 30 de noviembre de 1992 y la segunda del
15 de febrero de 1993 al 19 de enero de 2009 cuando fue retirado del servicio por
invalidez. Estos tiempos, más los anteriores a 1980, arrojan un total acumulado de
17 años, 9 meses y 23 días como profesor nacionalizado y territorial que habrían
sido computables para el reconocimiento de la pensión gracia.
Por lo expuesto, para la Sala resulta claro que el reclamante no satisfizo la
exigencia legal de demostrar un mínimo de 20 años de labor oficial como maestro
estatal, a fin de que hubiera consolidado en su momento el derecho al pago de la
pensión gracia.
Ahora bien, en la referida sentencia del 29 de mayo de 2024 dictada por esta
Sección se concluyó de manera expresa lo siguiente:
«[…] 2.3.5.5. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]». (Negrilla intencional).
En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que
como el actor no acreditó una de las exigencias indispensables para consolidar a
su favor el pago de la pensión gracia, mucho menos habría un sustento jurídico
válido y vigente que le permitiera solicitar para sí el reconocimiento de esa
prerrogativa con menos tiempo del exigido para el efecto, así la causa de tal
incumplimiento obedeciera a factores ajenos y externos a su voluntad como lo era
la pérdida de capacidad laboral por enfermedad.
Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su
esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente a una
pensión ordinaria de jubilación o de invalidez financiada con las cotizaciones del
empleador y del trabajador como fuente de respaldo económico, pues estas últimas
sí tienen un carácter prestacional para mitigar contingencias como la vejez o las
afecciones de salud que impidan continuar con la prestación del servicio, e incluso
para los casos de muerte.
El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática,
27 Folio 8.
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indistinta, subsidiaria, residual e ilimitada todas las normas del régimen general de
seguridad social (Ley 100 de 1993), y mucho menos lineamientos jurisprudenciales
de orden constitucional como los desarrollados en la sentencia C-794 de 2009
citada en providencias anteriores del Consejo de Estado a manera de sustento para
conceder la pensión gracia por invalidez.
Al respecto es de recordar que dicho fallo abordaba el estudio de una verdadera
prestación financiada con aportes prevista en un régimen especial y diferente al de
los docentes, tal como lo es el de los afiliados a la Caja de Auxilios y Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC), pues entre ambos
sectores se advierten diferencias radicales que no permiten concluir que tal
interpretación a favor de estos últimos sea discriminatoria hacia los educadores con
expectativas de una dádiva como la pensión gracia, pues la divergencia de análisis
normativo no se está dando entre iguales.
Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional o ante un supuesto
vacío legal, siempre tendrá que acudirse a un marco normativo común consagrado
para otro tipo de prestaciones en procura de una supuesta complementación, toda
vez que puede suceder que el legislador dentro de su legítima libertad de
configuración no haya previsto como aplicables tales disposiciones adicionales.
En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento por invalidez cuando el docente no
hubiera colmado todas las exigencias para ello debido a dicha causa, sería
inadecuado extender normas o preceptos del régimen pensional general o especial
de otros sectores de manera absoluta y definitiva para todos los casos en los que
se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría tal beneficio como
fue ideado, e incluso iría en contra de su origen y finalidad estrictamente personal
(intuitu personae), los cuales no han cambiado a pesar del paso del tiempo.
Incluso, si se intentara buscar una posibilidad jurídica para materializar un derecho
como el reclamado en este litigio, en virtud de una supuesta similitud de condiciones
frente a las analizadas previamente por esta corporación respecto de la pensión
gracia por invalidez, es decir, basándose en principios de orden constitucional como
la igualdad, la equidad, la proporcionalidad o la favorabilidad, se deberá reiterar que,
tal como se explicó ampliamente en la sentencia del 29 de mayo de 2024, tales
postulados tampoco se encontrarían vulnerados.
Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva
postura jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y como el señor
Anaximandro Rafael Bermúdez Candelario no cumplió con todos los requisitos
normativos para que le fuera reconocida una pensión gracia antes de que fuera
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retirado del servicio por invalidez, efectivamente, este no tendría derecho a la
mencionada prerrogativa exigiéndole solo las tres cuartas partes del tiempo total de
labor oficial requerido, pues al hacerlo se rompería con la condición meritoria para
su configuración que el legislador previó exclusivamente con el cumplimiento de 20
años de servicio.
Por tanto, no es dable acceder a las pretensiones de la demanda, de manera que
tendrá que revocarse el fallo recurrido que había accedido a estas.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión de primera instancia,
la Sala aplicando el criterio enunciado, observa que de los fundamentos planteados
en la demanda y en el trámite de primera instancia no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte
demandante propuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses
y fue luego del debate jurídico y probatorio que se determinó en segunda instancia
la improcedencia del derecho reclamado, por lo que no se impondrá condena en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
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PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la parte activa.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas al demandante según lo
manifestado en las consideraciones de la sentencia.
CUARTO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandataria general de la UGPP
a la abogada Marcela Patricia Ceballos Osorio con tarjeta profesional 214.303, y
como apoderada sustituta a la abogada Evelyn María Molina Padilla, portadora de
la tarjeta profesional 338.949, ello conforme a los poderes que se observan en el
índice 42 de SAMAI.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
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