Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2022-00028-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
Demandante: Blasco Matías Ferrer Villegas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia por invalidez sin acreditar el
tiempo total de servicio exigido por la Ley 114 de 1913.
Aplicación del precedente de la Sala Plena de la Sección
Segunda de 29 de mayo de 2024. Rad. (0043-2018). REVOCA
PARCIALMENTE Y CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Blasco Matías Ferrer Villegas instauró demanda1 en contra de la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes
1
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 001Demanda.pdf
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 029195 del 29 de octubre de
2021, (ii) RDP 000090 del 3 de enero de 2022, por medio de las cuales se negó la
pensión gracia y se confirmó la negativa al resolver el recurso de apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho se condene a la parte pasiva a
reconocer y pagar al accionante la pensión gracia desde que adquirió el estatus
pensional, el 13 de noviembre de 2004, con la inclusión de todos los factores
salariales que devengó durante el año anterior al estatus, con los reajustes de los
artículos 192 y 195 del CPACA, así como los intereses moratorios.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el demandante fue nombrado por Decreto 0116 del 25 de marzo de 1975
proferido por la gobernación del Chocó como seccional de la Escuela Rural Mixta
de Honda, luego por Decreto 1783 del 7 de noviembre de 1985 fue nominado por la
máxima autoridad del Valle del Cauca como seccional en el centro docente No. 11
Manuela Beltrán Agua Clara.
Que posteriormente a través del Decreto 1587 del 10 de noviembre de 1987 fue
trasladado como directivo de tiempo completo y finalmente por Decreto 0265 del 15
de febrero de 1994 se declaró vacante el puesto ocupado por el actor debido a que
fue pensionado por invalidez mediante Resolución 0250 del 7 de febrero de 1994.
Que el reclamante no prestó el servicio por los 20 años exigidos por la norma a
causa de una condición especial que le impidió cumplir el requisito, pero que, tiene
derecho desde el momento en que cumple la edad que determina la norma.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron: los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48, 53, 151, 286, 287, 288, 356 y 357
de la Constitución Política; las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 24 de 1947, 4 de 1966, 43 de 1975, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de 1993,
1437 de 2011; el Decreto Reglamentario 1743 de 1966 y el Decreto Ley 2277 de
1979.
Que el acto demandado desconoce al artículo 13 de la Constitución Política, toda
vez que es injusto que un docente con plenitud de su capacidad pueda acceder a
dos pensiones, mientras que a una persona discapacitada se le niega su derecho a
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
la pensión gracia por recibir una pensión de invalidez, prestaciones que son
compatibles según lo ha manifestado el Consejo de Estado.
Que la interpretación adecuada del numeral 6 del artículo 1 de la Ley 114 de 1913,
es que, si un docente no ha cumplido los 50 años de edad o los 20 años de servicio,
puede reconocérsele la pensión gracia si demuestra una incapacidad por
enfermedad. Por lo tanto, resulta suficiente acreditar uno de los requisitos de la
norma para obtener el beneficio.
Que el Consejo de Estado en un caso similar (radicado 4029-2753-2000) falló a
favor del demandante teniendo en cuenta el artículo 13 de la carta magna
considerando que no es justo que un docente plenamente capaz reciba dos
pensiones mientras que aquel que cuenta con una disminución en sus capacidades
laborales solo pueda acceder a una prestación.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 14 de octubre de 20222 y notificada a la UGPP, quien
manifestó3 que el demandante no alcanzó a cotizar los 20 años de servicios por lo
que no resulta viable reconocer la prestación solicitada, esto teniendo en cuenta
además que la finalidad principal de la pensión gracia es reconocer un beneficio
económico tendiente a equilibrar los emolumentos recibidos entre los docentes
nacionales y los territoriales - nacionalizados.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación (ii)
prescripción (iii) buena fe, (iv) cobro de lo no debido, (v) imposibilidad jurídica para
cumplir lo pretendido, (vi) ausencia de causa para demandar, (vii) innominada.
El 9 de junio de 20234 5 el tribunal de origen en consideración a los literales a y b
del numeral 1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito en orden de dictar
sentencia anticipada, esto al tratarse de un asunto de puro derecho.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la parte vencida al señalar que, pese a encontrarse probado
que el reclamante acreditó 50 años de edad y que desempeñó su cargo con
2
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 2_AUTOADMITEDEMANDA.
3
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 6_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda.
4
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 17_AUTOCORRETRASLADOPOR10DIASPARAALEGAR.
5
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 018_AUTO SENTENCIA ANTICIPADA.pdf.
6
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 17SentNulResMariaRamosUgppPensionGracia.pdf.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
honradez y rectitud, lo cierto es que no cumplió con la exigencia normativa de contar
con 20 años de servicio en la docencia oficial, tal y como lo advirtió la administración
en los actos administrativos demandados, por lo tanto, los mismos no logran ser
desvirtuados.
RECURSOS DE APELACIÓN7
La parte demandante mostró su inconformidad y solicitó que se revoque la
sentencia para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda.
Argumentó que laboró más de 10 años al servicio de la educación y no completó el
tiempo a causa de la invalidez que sufre, pero que, conforme a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, la pensión de invalidez es compatible con la pensión gracia,
pues la primera referida sustituye la pensión de jubilación.
Que no es justo que un docente con plenitud de su capacidad laboral pueda acceder
a las dos pensiones y que a una persona discapacitada se le niegue el derecho.
Que la entidad vulnera el artículo 13 de la Constitución Política al desconocer el
derecho a la igualdad y el mismo Consejo de Estado ha fallado de manera favorable
en casos similares, como aquel con radicado No. 4029-2753-2.000 teniendo en
cuenta el referido mandato constitucional.
Que los nombramientos del actor fueron de naturaleza territorial y nacionalizada,
por lo tanto, sus certificaciones laborales deben legitimar sus nominaciones antes y
después de 1980 bajo los regímenes referidos nacionalizados, esto por ser
nombrado por una entidad territorial.
Sobre la condena en costas manifestó su desacuerdo argumentando que no hay
carencia de fundamento legal.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido el 6 de mayo de 20248, y se dispuso que una
vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia, sin
necesidad de traslados.
En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.
El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.
7
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, archivo 023_MemorialWeb_Recurso
8
Ver índice 4 en SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el demandante
tiene derecho a que la UGPP le reconozca a su favor la pensión gracia por motivos
de invalidez, acreditando solo 10 años del servicio requerido, bajo el entendido de
que no logró colmar los 20 años de labor como educador oficial, debido
precisamente a la declaratoria de una pérdida de capacidad laboral que implicó la
terminación de su vínculo antes de cumplir dicha exigencia.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1. ° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3. ° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Ahora bien, respecto de la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia para
los casos en los que los docentes reclamantes no hubiesen acreditado el total de
tiempo de servicio de 20 años consagrados en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913,
ello en razón a que se les dictaminó una pérdida de capacidad laboral que les
impidió continuar en actividad como educadores para poder colmar dicha exigencia,
la Sala advierte que, tal postura fue planteada inicialmente con la sentencia del 30
de septiembre del año 2010.9
Dicha tesis se basó, esencialmente, en la necesidad de proteger el derecho a la
seguridad social del maestro que se encontrara en las mencionadas condiciones de
salud, así como en una interpretación analógica de la sentencia C-794 de 2009 en
lo que respecta a la observancia de los principios de proporcionalidad y
progresividad de los derechos laborales.
De hecho, en la referida providencia del 2010 emitida por esta corporación se señaló
lo siguiente:
«[…] Esta última circunstancia (prestación de servicios por más de las dos terceras
partes del tiempo exigido por la ley) ha sido tenida en cuenta igualmente por la Corte
Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional,
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicación:
17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
especialmente, en aplicación del régimen de transición y que ahora se acoge para
el caso sub lite.
Expuso dicho Tribunal sobre el particular:
(…) el principio de proporcionalidad no alcanza la misma importancia que adquiere
en el caso de quienes han completado el 75% del tiempo indispensable para
reclamar el reconocimiento y pago de la pensión, pues con las tres cuartas partes
del tiempo cotizado tiene mayor fundamento tanto el interés del trabajador en
la pensión futura, como la protección que a esa aspiración se le brinda, lo que
no ocurre cuando apenas se cuenta con la mitad del tiempo cotizado, porque en
este evento la aspiración a pensionarse no tiende a concretarse tan pronto y, en esa
medida, es menor la relevancia del mantenimiento de las condiciones del régimen
de transición que permite pensionarse con los requisitos del sistema anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993” […]».
Lo propio fue ratificado por el Consejo de Estado en sentencias posteriores,10 en las
que al momento de resolver casos con algunas similitudes al presente, se concluyó
que, los educadores que demostraran el cumplimiento de las exigencias normativas
propias de la pensión gracia, a excepción del requisito de los 20 años de servicio
por razones de invalidez, sí tendrían derecho a que se les otorgada dicha
prerrogativa cuando acreditaran mínimo 15 años de labor, es decir, las tres cuartas
partes del período completo.
Ahora, sin perjuicio del trazado de decisiones judiciales referenciadas previamente,
resulta indispensable colocar de presente que, la Sección Segunda en pleno,11
luego de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en dichas
providencias, estimó pertinente reconsiderar la tesis anterior por criterios de
importancia jurídica, al punto de que, mediante la sentencia del 29 de mayo de 2024
concluyó que dicha prerrogativa no debe concederse con fundamento en la invalidez
ni en la muerte, esto por no tener el fundamento jurídico que con anterioridad se le
había atribuido, tal como se expone a continuación:
«[…] 2.3.5.2. Análisis desde el punto de vista legal
[…] Para el reconocimiento de la pensión gracia, se deben cumplir todas las
condiciones señaladas en la Ley 114 de 1913, incluido el tiempo de servicios de 20
años, pues ni esta ni otras normas establecen excepciones al respecto. Ciertamente,
una interpretación gramatical o literal y sistemática de la norma permite inferir que
solo se adquiere el derecho de esa manera.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2016, radicación:
41001-23-33-000-2013-00360-01(5006-14). Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, radicación:
05001-23-33-000-2013-01030-01(2681-15). Sentencia del 23 de febrero de 2017, radicación: 5000-23-42-000-
2013-04047-01(1550-14). Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, radicación: 73001-23-33-000-
2013-00484-01 (2406-2014). Sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-04847-
01(0229-15). Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-2014-01327-
01(1735-2017).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de
2024. Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
Respecto del primer criterio, es claro que el artículo 1 ibidem al señalar que tienen
derecho a la pensión los docentes que «[…] hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años […]» (se resalta) condicionó el reconocimiento a
que se cumpliera con el tiempo mínimo allí exigido. Sin duda la expresión «no
menor» que contiene la norma así lo determinó y su sentido es claro y sin vaguedad,
por lo que no da lugar a una interpretación más amplia o contraria.
En esa línea, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 91 de 1989 indicó que los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión gracia «[…] se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos […]». También esta norma supeditó, de manera
obligatoria, el reconocimiento al cumplimiento del tiempo de servicio, ya que la
expresión «siempre y cuando» representa una «[l]ocución conjuntiva de valor
condicional que significa 'con tal de que'»12, y esta última expresión a su vez significa
«[…] con la condición de que […]»13, luego desde el punto de vista gramatical es un
requisito ineludible que se complete «la totalidad» de los requisitos para acceder al
derecho.
Para la Sala, si el legislador hubiese querido aceptar alguna excepción a la exigencia
del tiempo de servicio lo habría incluido en las normas citadas, tal como lo hizo con
el criterio de la edad. En efecto, la única salvedad que permitió para suplir un
requisito por otro es la fijada en el numeral 6 del artículo 4, pues avaló que si el
docente se encuentra en «incapacidad» para ganar lo necesario para su sustento
por una enfermedad o por otra causa no le es exigible el cumplimiento de los 50
años14. Así las cosas, al no incluirse la posibilidad de reemplazar el requisito del
tiempo de servicios, el sentido literal de las normas aludidas no da lugar a concluir
razones de exoneración de su cumplimiento. Por el contrario, su entendimiento
taxativo determinó la obligatoriedad de alcanzarlo.
El criterio sistemático de interpretación lleva a la misma conclusión, puesto que el
examen conjunto de los otros artículos de la Ley 114 de 1913, de las normas que la
modificaron (leyes 116 de 1928 y 37 de 1933) y de las disposiciones de la Ley 91
de 1989 no permite inferir alguna salvedad al acatamiento de las exigencias
enunciadas, ni siquiera por razones de salud. Esta conclusión se afianza en la
interpretación histórica y teleológica que puede hacerse de la Ley 114 de 1913.
[…] En consonancia con lo expuesto, una interpretación teleológica de la Ley 114
de 1913 también lleva a deducir que la exigencia de los 20 años de servicio no puede
soslayarse. Ciertamente, si el motivo del legislador al proferirla era «recompensar»
a los docentes territoriales por prestar el servicio por ese lapso en precarias
condiciones laborales, su finalidad última era asegurar que ese sacrificio no afectara
la posibilidad de que, una vez retirados luego de 20 años de prestarlo, vivieran en
condiciones dignas y así se desprende de la exposición de motivos de la ley. En esa
línea, si el fin era protegerlos en la vejez con la entrega a cargo de la Nación de una
remuneración, no tendría sentido eximirlos del cumplimento de la totalidad del
tiempo requerido, en la medida en que es razonable inferir que este se fijó en ese
tope porque para la época representaba el final de la vida laboral del docente.
Bajo los parámetros expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión
gracia a quien, por distintas razones, incluso ajenas a su voluntad como la
12
Real Academia de la Lengua Española: https://www.rae.es/dpd/siempre
13
Real Academia de la Lengua Española: https://dle.rae.es/tal
14
Sobre esta excepción se puede consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 12 de octubre de 2011, radicado 0292-11; del 28 de septiembre de 2016, radicado: 68001-23-31-
000-2011-00699-01(3293-14); y del 12 de octubre de 2017, radicado: 73001-23-33-000-2016-00263-01(1111-
17).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de
la norma y sus modificaciones posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no
dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es factible acceder al derecho sin
completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de
un sistema de seguridad social, según se expuso. […]
[…] 2.3.5.5. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido.
[…] 2.4.2. Análisis de la Sala
La UGPP en el recurso de apelación señaló que la sentencia de primera instancia
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia sin el cumplimiento del
requisito del tiempo de servicios de que trata el artículo 1 en la Ley 114 de 1993.
Además, agregó que la pérdida de capacidad laboral no puede justificar su falta de
cumplimiento y que al causante se le garantizó su derecho a la seguridad social con
el otorgamiento de la pensión de invalidez.
La Sala le dará la razón a la entidad y revocará el fallo de primera instancia, por
cuanto dentro del proceso quedó demostrado, con el certificado de información
laboral proferido por la secretaría de educación del departamento del Huila, que
José Orlando Vega Daza prestó sus servicios como docente nacionalizado por un
periodo de 16 años y 5 meses, lapso comprendido entre el 3 de febrero de 1977 y
el 20 de julio de 1993. Es decir, no cumplió con el tiempo de servicios que requiere
el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 y, por consiguiente, no le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
Si bien se probó que el docente perdió su capacidad laboral en un 85%, que por tal
razón se retiró del servicio y que superó las tres cuartas partes del tiempo exigido
(15 años), esta situación no lo eximia de completar los 20 años de servicio, puesto
que:
(i) el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 exige el cumplimiento de la totalidad del tiempo
de servicios y no admite excepciones al respecto, según su interpretación
gramatical, sistemática, histórica y teleológica;
(ii) la negativa en modo alguno vulnera el principio de igualdad, en razón a que no
existe dentro del ordenamiento jurídico regulación en materia de pensiones para
otros servidores públicos que sirva como parámetro de comparación con el requisito
del tiempo de trabajo de la pensión gracia, por lo que es imposible determinar que
su exigencia significa un trato discriminatorio. Tampoco es una situación
comparable con los cobijados con el régimen general a quienes en estos casos se
les reconoce la pensión de invalidez, otorgada también al causante;
(iii) la decisión en ese sentido tampoco desconoce el principio de proporcionalidad,
en la medida que el requisito pensional existía desde que se expidió la Ley 114 de
1913 y el legislador no lo modificó ni incurrió en una omisión legislativa en perjuicio
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
del derecho a la seguridad social del causante o de una expectativa legítima que
ameritara su aplicación en los términos de la sentencia C-794 de 2009, según se
explicó en precedencia;
(iv) menos aún se vulnera el principio de progresividad en materia de seguridad
social, puesto que en virtud de la evolución que ha tenido este derecho para los
docentes fue posible reconocerle a José Orlando Vega Daza la pensión de invalidez
y sustituirla en favor de Ana Victoria Andrade Quintero, riesgo para el cual no se
creó la pensión gracia y que se cubrió con la nueva normativa en materia pensional.
En ese orden de ideas, se revocará la sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se negarán las pretensiones,
puesto que José Orlando Vega Daza no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia porque no se acreditó que hubiese ejercido la enseñanza como
docente nacionalizado por los 20 años de servicio que requiere el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913 y su condición de invalidez no lo exoneraba de cumplir el requisito.
[…]» (Subrayado fuera de texto).
Conforme a esta reciente y vigente línea de interpretación judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resulta claro que al margen de la dificultad de las
situaciones de invalidez y muerte, o cualquier otra circunstancia ajena que pueda
atravesar un docente que haya tenido la expectativa legítima de acceder a la
pensión gracia, esta dádiva no puede ser reconocida cuando el reclamante no haya
colmado y acreditado cada uno de los requisitos normativos para consolidar el
derecho como tal, especialmente el de la acumulación de los 20 años de servicio
como maestro territorial o nacionalizado.
En todo caso, lo cierto es que permitir que un beneficio gratuito se otorgue cuando
este no se ha consolidado jurídicamente a favor del docente (a través de
presupuestos de flexibilización interpretativa), termina vulnerando el ordenamiento
jurídico y la naturaleza propia de dicho beneficio, pues no existe un vacío normativo
ni una afectación a principios constitucionales como antes se había estimado.
Resolución del caso concreto
Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que, el
señor Blasco Matías Ferrer Villegas solicitó el reconocimiento de una pensión
gracia fundamentando la procedencia de este derecho en que cumplió con todas
las exigencias legales, sin embargo, en los hechos de la demanda manifiesta que
la prerrogativa debe reconocerse a su favor por habérsele declarado una pérdida
de capacidad laboral que le impidió continuar prestando sus servicios como docente
para satisfacer el requisito legal de los 20 años de trabajo como educador, de
manera que tendría que otorgarse dicho beneficio con motivo de su invalidez,
exigiéndole solo la mitad del tiempo requerido, el cual cumplió por haber laborado
más de 10 años.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
En su criterio, ello se ajusta al artículo 1315 de la Constitución Política de Colombia
y a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado como la sentencia del
17 de mayo de 2001 (2753-2000), la cual tuvo en cuenta la referida disposición
constitucional respecto a la concepción de injusticia que implica que un docente
con plenitud de sus capacidades laborales pueda acceder a dos pensiones, la
pensión gracia y la de vejez, pero que un educador discapacitado no pueda obtener
el mismo beneficio por el hecho de percibir una pensión de invalidez.
Pese a que las consideraciones normativas y jurisprudenciales esbozadas por el
actor puntualmente no refieren ni sustentan un reconocimiento de una pensión
gracia de invalidez, si es claro que el contexto de su reclamación está orientado a
que la prerrogativa le sea reconocida de manera excepcional aun sin el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, solo por el
hecho de contar con una pensión de invalidez y por resultar afectada su capacidad
laboral que le impidió continuar con la prestación de su servicio como docente. Así
las cosas, resulta perfectamente aplicable como precedente para este caso
particular la aludida sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación, pues aquella aborda supuestos de hecho y de
derecho similares a los del presente litigio.
En tal sentido, frente a la situación concreta del accionante se destaca que aquel
nació el 13 de noviembre de 195416 y fue retirado del servicio como docente
mediante el Decreto 265 del 15 de febrero de 199417, esto por reconocérsele una
pensión de invalidez a través de la Resolución 250 del 7 de febrero de 199418,
expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo
que, para el momento de la terminación de su relación legal y reglamentaria, solo
tenía 39 años.
Por otra parte, de acuerdo con el Certificado de Servicios Prestados No. 22846
emitido el 2 de febrero de 201219 y con el Decreto 116 de 197520 se corrobora que
el demandante laboró al servicio del departamento del Chocó como docente
nacionalizado desde el 25 de marzo de 1975 al 31 de diciembre de 1977.
15
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de
grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
16
Ver copia de la cédula de ciudadanía del reclamante en el archivo 001Demanda.pdf del expediente digital.
17
Ver mismo archivo.
18
Ver mismo archivo.
19
Ver mismo archivo.
20
Ver mismo archivo.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
A su vez, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral 258 y el Decreto 1783 del 7 de noviembre de 1985 es claro que el
reclamante prestó sus servicios como maestro oficial nacionalizado a favor de la
gobernación del Valle del Cauca desde el 26 de noviembre de 1985 al 13 de febrero
de 1994, fecha en la que su cargo fue declarado vacante por pensionarse por
invalidez.
Lo anterior implica que el apelante demostró que se desempeñó como educador en
un lapso anterior al 31 de diciembre de 1980, lo que permite tener colmado este
requisito. Sin embargo, el tiempo total de labor oficial acumulado fue de 11 años,
11 meses y 25 días, los cuales, si bien habrían sido computables para el
reconocimiento de la pensión gracia, definitivamente no son suficientes para
satisfacer la exigencia legal de demostrar un mínimo de 20 años de servicio como
maestro estatal, a fin de que hubiera consolidado en su momento el derecho
reclamado, más aún porque tampoco satisfizo el requisito de la edad al no haber
acreditado 50 años.
Ahora bien, en la referida sentencia del 29 de mayo de 2024 dictada por esta
Sección se concluyó de manera expresa lo siguiente:
«[…] 2.3.5.5. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]». (Negrilla intencional).
En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial y aquella que ha
sostenido esta subsección recientemente21, es evidente que como el actor no
acreditó dos de las exigencias indispensables para consolidar a su favor el pago de
la pensión gracia, mucho menos habría un sustento jurídico válido y vigente que le
permitiera solicitar para sí el reconocimiento de esa prerrogativa con menos tiempo
del exigido para el efecto, así la causa de tal incumplimiento obedeciera a factores
ajenos y externos a su voluntad como lo era la pérdida de capacidad laboral por
enfermedad.
Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su
esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente a una
pensión ordinaria de jubilación o de invalidez financiada con las cotizaciones del
empleador y del trabajador como fuente de respaldo económico, pues estas últimas
21
Ver sentencias de radicado: 25000-23-42-000-2015-03446-01 (6188-2019) y 25000-23-42-000-2016-04509-
01 (3884-2018)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
sí tienen un carácter prestacional para mitigar contingencias como la vejez o las
afecciones de salud que impidan continuar con la prestación del servicio, e incluso
para los casos de muerte.
El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática,
indistinta, subsidiaria, residual e ilimitada todas las normas del régimen general de
seguridad social (Ley 100 de 1993), y mucho menos lineamientos jurisprudenciales
de orden constitucional como los desarrollados en la sentencia C-794 de 2009
citada en providencias anteriores del Consejo de Estado a manera de sustento para
conceder la pensión gracia por invalidez.
Al respecto, es de recordar que dicho fallo abordaba el estudio de una verdadera
prestación financiada con aportes prevista en un régimen especial y diferente al de
los docentes, tal como lo es el de los afiliados a la Caja de Auxilios y Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC). Pues bien, entre
ambos sectores se advierten diferencias radicales que no permiten concluir que tal
interpretación a favor de estos últimos sea discriminatoria frente a la de los
educadores con expectativas de una dádiva como la pensión gracia, pues la
divergencia de análisis normativo no se está dando entre iguales.
Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional o ante un supuesto
vacío legal, siempre tendrá que acudirse a un marco normativo común consagrado
para otro tipo de prestaciones en procura de una supuesta complementación, toda
vez que puede suceder que el legislador dentro de su legítima libertad de
configuración no haya previsto como aplicables tales disposiciones adicionales.
En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento por invalidez cuando el docente no
hubiera colmado todas las exigencias para ello debido a dicha causa, sería
inadecuado extender normas o preceptos del régimen pensional general o especial
de otros sectores de manera absoluta y definitiva para todos los casos en los que
se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría tal beneficio como
fue ideado, e incluso iría en contra de su origen y finalidad estrictamente personal
(intuitu personae), los cuales no han cambiado a pesar del paso del tiempo.
Incluso, si se intentara buscar una posibilidad jurídica para materializar un derecho
como el reclamado en este litigio, en virtud de una supuesta similitud de condiciones
frente a las analizadas previamente por esta corporación respecto de la pensión
gracia por invalidez, es decir, basándose en principios de orden constitucional como
la igualdad, la equidad, la proporcionalidad o la favorabilidad, se deberá reiterar que,
tal como se explicó ampliamente en la sentencia del 29 de mayo de 2024, tales
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
postulados tampoco se encontrarían vulnerados.
Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva
postura jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y como el señor
Ferrer Villegas no cumplió con todos los requisitos normativos para que le fuera
reconocida una pensión gracia antes de que fuera retirado del servicio por invalidez,
efectivamente, este no tendría derecho a la mencionada prerrogativa exigiéndole
solo la mitad del tiempo total de labor oficial requerido, pues al hacerlo se rompería
con la condición meritoria para su configuración que el legislador previó
exclusivamente con el cumplimiento de 20 años de servicio.
Por tanto, no es dable acceder a las pretensiones de la demanda, de manera que
tendrá que confirmarse el fallo recurrido que las denegó adecuadamente.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Procederá la Sala a analizar lo relacionado con la condena en costas impuesta en
primera instancia, en consideración a que para el demandante no existe un
fundamento que justifique su imposición, por lo que considera que esta orden debe
ser revocada.
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se ha sostenido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2080 de
2021, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la sentencia de primera
instancia (30 de junio de 2023).
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
Por ello, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha situación a la luz de
la normativa vigente, así:
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos de la demanda y del recurso de apelación no presentan una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a imponer costas. Contrario a ello, el
demandante propuso planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus
intereses, por eso, al no encontrarse acreditado tal presupuesto normativo se
revocará la decisión del tribunal de origen en este aspecto y se dispondrá no
condenar en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada que
condenó en costas de primera instancia a la parte demandante.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que negó las
pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER personería al abogado Edgar José Polanco Pereira,
portador de la tarjeta profesional 140.742, quien a su vez es el representante legal
de Lexius Consultores de Colombia S.A.S., persona jurídica identificada con NIT
900.997.589-9, quien es la apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 11 de la plataforma
SAMAI.
QUINTO: RECONOCER personería al abogado Carlos Santiago Valencia Vera,
portador de la tarjeta profesional 308.713, en calidad de apoderado sustituto de la
UGPP conforme al memorial en el índice 11 de la plataforma SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 76001-23-33-000-2022-00028-01 (1276-2024)
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.