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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04509-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04509-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 25000-23-42-000-2016-04509-01 (3884-2018) TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, ello conforme al poder general otorgado mediante escritura pública visible en el índice 28 de SAMAI. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04509-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2016-04509-01 (3884-2018)
Demandante: Miguel Ángel Serrano Ríos
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia por invalidez sin acreditar el
tiempo total de servicio exigido por la Ley 114 de 1913.
Aplicación del precedente de la Sala Plena de la Sección
Segunda de 29 de mayo de 2024. Rad. (0043-2018).
CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección
“F”, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor MIGUEL ÁNGEL SERRANO RÍOS instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 014077 del 31 de marzo de
2016, y (ii) RDP 029675 del 16 de agosto de 2016, por medio de las cuales la UGPP
negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante y se confirmó
tal decisión al resolver el recurso de apelación respectivamente.

1 Folios 25 a 26.

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Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a su retiro definitivo del servicio por invalidez, así como
el retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas, reajustadas
anualmente y con la cancelación de los intereses moratorios de que trata el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.

Que la parte pasiva asuma las costas conforme al artículo 188 del CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el señor Miguel Ángel Serrano Ríos nació el 4 de marzo de 1943 y cumplió los
50 años el 4 de marzo de 1993. Que durante su vida laboral se desempeñó como
docente nacionalizado nombrado en propiedad mediante el Decreto 678 del 12 de
marzo de 1976, ello desde el 13 de abril de 1976 hasta el 7 de octubre de 1991,
fecha en la cual fue retirado del servicio por invalidez a través del Decreto 063 de la
misma fecha.

Que el demandante cumplió 50 años, y laboró más de las dos terceras partes del
tiempo requerido para causar la pensión gracia.

Que, el 18 de enero de 2016, el reclamante radicó ante la UGPP una solicitud
tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia, de conformidad con la
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

Que la entidad demandada negó lo reclamado a través de la RDP 014077 de 31 de
marzo de 2016. Que el demandante presentó recurso de apelación el cual fue
resuelto mediante Resolución RDP 029675 del 16 de agosto de 2016, ello en el
sentido de confirmar la decisión inicial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la
Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 del
Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto 2277 de 1979; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que el reclamante siempre ha sido nombrado y trasladado por una autoridad

2 Folios 26 a 27.
3 Folios 27 a 33.

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departamental, de manera que a lo largo de su tiempo de servicio ha tenido una
vinculación de carácter nacionalizado, por lo que la UGPP estaba en la obligación
de reconocer la pensión gracia en la medida en que se demostró que el actor fue
nombrado educador antes del 31 de diciembre de 1980, y sumó un período de labor
superior a las dos terceras partes del requerido por ley.

Que si bien es cierto el accionante no cumplió con todos los requisitos que exige la
ley para acceder a la prerrogativa solicitada, pues sirvió menos de los 20 años
requeridos (15 años, 5 meses y 25 días) en el magisterio, sí debe tenerse en cuenta
que como su retiro se produjo como consecuencia de su estado de invalidez, es
procedente el reconocimiento del derecho en litigio, por cuanto la terminación del
vínculo se dio como consecuencia de una causa ajena a la voluntad del docente, la
cual además lo pone en una situación de debilidad manifiesta y está debidamente
contemplada en el numeral 6.° del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, básicamente al
demostrar que aquel tuvo una pérdida de su capacidad laboral.

Que esta posibilidad ya ha sido contemplada por el Consejo de Estado en sus
diferentes providencias emitidas en casos similares, por lo que no atender este
criterio podría generar una violación del debido proceso por una vía de hecho.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 16 de noviembre de 2016,4 y notificada
a la UGPP5, quien radicó memorial de contestación6 en el que expuso que, el señor
Miguel Ángel Serrano Ríos no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
debido a que de las pruebas allegadas no se pudo demostrar que cumplió los 20
años de servicios como docente como lo exige las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928
y 37 de 1933, y que, en todo caso, a este le reconocieron una pensión ordinaria de
invalidez al retirarse del servicio, por lo que este riesgo ya está cubierto.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligaciones
demandadas y cobro de lo debido, (ii) buena fe, (iii) improcedencia de intereses
moratorios e indexación, y (iv) prescripción.

En la audiencia inicial7 se indicó en la etapa de saneamiento que en el proceso no
hay defecto o vicio que conlleve a nulidad procesal, de las excepciones se consideró
que no se presentaron previas y no se observó ninguna por resolver y en el caso
que prosperaran las pretensiones, se resolverá la de prescripción. Frente a las
medidas cautelares se indicó que no se propusieron, se señaló que no existía animo
conciliatorio, por lo que seguidamente se fijó el litigio estableciéndose en determinar
si el demandante reúne los requisitos para acceder la pensión gracia, si el retiro del

4 Folio 38.
5 Folios 43 a 44.
6 Folios 79 a 82.
7 Folios 120 a 124.

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servicio se debió a una decisión autónoma y voluntaria. Finalmente se efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

En la audiencia pruebas del 5 de julio de 20178, se incorporaron los medios de
convicción aportadas al proceso, e igualmente al tenor de lo dispuesto en el inciso
final del artículo 181 del CPACA, se prescindió de la audiencia de alegaciones y
juzgamiento y se corrió el termino de 10 días para que las partes presentaran
alegatos de conclusión y el Ministerio Público conceptuara de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “F”
mediante sentencia del 22 de septiembre de 2017 negó las pretensiones de la
demanda.

Para ello argumentó que, de conformidad con las sentencias del Consejo de Estado
del 12 de octubre de 2011 (0292-2011) y del 11 de julio de 2013 (0541-2011), es
claro que, en atención a la literalidad del artículo 4.º, numeral 6.º de la Ley 114 de
1913, el requisito opcional de la edad de 50 años, se puede subsumir demostrando
la incapacidad de ganar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento,
bien por enfermedad o por otra causa, pero en realidad, en ningún momento el
reconocimiento de la pensión gracia se encuentra supeditado a una situación de
enfermedad o invalidez, sino a la incapacidad del docente de autosostenerse.

Que, sin perjuicio de lo anterior, la norma mencionada también exige que se
demuestre el hecho de que el servidor público docente prestó sus servicios como
docente territorial o nacionalizado por un término no inferior a 20 años, por lo que
no es posible interpretar dicha regulación como si hubiese la posibilidad de acceder
a una pensión gracia por pérdida de capacidad laboral, porque este no fue el espíritu
de la Ley 114 de 1913.

Que, conforme a la prueba documental allegada al plenario, se advierte que el señor
Serrano Ríos prestó sus servicios durante el período comprendido entre el 13 de
abril de 1976 y el 7 de octubre de 1991, por lo que se advierte que este no cumplió
con el requisito exigido para acceder a la pensión gracia relativo a la acumulación
de al menos 20 años de servicios como docente en una entidad territorial, pues está
demostrado que solo ejerció tal labor por 15 años, 5 meses y 24 días.

Que, así el demandante alegue que pese a haber incumplido aquel requisito, sí
comprobó que laboró en calidad de educador oficial más de las dos terceras partes
del tiempo total exigido, es decir, más de 15 años, lo cierto es que esta circunstancia
por sí sola no le da el derecho a la pensión gracia, dado que no acreditó que se

8 Folio 145 a 146.
9 Folios 159 a 164.

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encontrara en incapacidad de procurar su sostenimiento, pues le fue otorgada una
pensión ordinaria de jubilación que le permite garantizar su subsistencia.

RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandante11 interpuso apelación contra el fallo de primera instancia a
fin de que este sea revocado y en su lugar se acceda a sus pretensiones. Para ello
argumentó que, el tribunal de origen incurrió en error al exigirle al accionante que
cumpliera con requisitos imposibles de alcanzar por causas ajenas a su voluntad,
como lo es el estado de invalidez, debidamente calificado y que ha sido definido por
la ley como una de las contingencias protegidas por el sistema de seguridad social
integral.

Que, frente a este tema, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional han determinado que cuando el trabajador se encuentre en
condiciones de vulnerabilidad o el mínimo vital se ve afectado por circunstancias
insuperables y tenga una expectativa legítima del derecho, este sí puede e incluso
debe ser reconocido. Que, en estos casos, el trabajador tiene una expectativa de
pensión gracia cuando ha laborado más de las dos terceras partes del tiempo
requerido, que en el asunto en concreto correspondería a las dos terceras partes de
los 20 años exigidos por ley, es decir, más de 15 años como docente.

Que en el presente proceso se evidencia que el demandante acredita una situación
fáctica idéntica a las que dieron origen a los fallos del Consejo de Estado del 30 de
septiembre de 2010 (1067-09), del 29 de enero de 2015 (2014-02940-00) y del 22
de septiembre de 2016 (5005-14), por cuanto el docente no logró completar el
tiempo mínimo de servicios al ser retirado por su estado de invalidez, pero aun así
le fue otorgada la pensión gracia por dicha causa al haber acreditado más de 15
años de labor oficial educativa.

Que, a pesar de esta línea jurisprudencial, el juez de primera instancia se apartó de
tal postura, al considerar que existe otra línea decisoria conforme la cual la invalidez
solo suple el requisito de la edad, más no el de tiempo de servicios, cuando en
realidad lo que debió hacer, en aras de garantizar el derecho a la seguridad jurídica,
era aplicar un test de igualdad para determinar la viabilidad de una decisión opuesta,
con fundamento en los mismos presupuestos fácticos y no solo asegurar que la
contingencia de la pérdida de capacidad laboral ya está protegida con la pensión
ordinaria de invalidez.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

10 Folios 167 a 170.
11 Folios 233 a 238.

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El recurso de apelación fue admitido el 22 de agosto de 2018,12 y posteriormente,
mediante auto del 15 de enero de 201913 se corrió traslado a las partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegaciones finales14 con las que reiteró los
argumentos expuestos en su contestación, básicamente asegurando que el actor
no cumplió con el requisito de haber laborado 20 años como docente territorial o
nacionalizado, y en todo caso, su vinculación entre 1973 y 1980 fue del orden
nacional, lo que le impedía acceder a la pensión gracia solicitada.

La parte demandante guardó silencio en esta oportunidad.15

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.16

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el demandante
tiene derecho a que la UGPP le reconozca a su favor la pensión gracia por motivos
de invalidez, acreditando algo más de las tres cuartas partes del tiempo de servicio
requerido, bajo el entendido de que no logró colmar los 20 años de labor como
educador oficial, debido precisamente a la declaratoria de una pérdida de capacidad
laboral que implicó la terminación de su vínculo antes de cumplir dicha exigencia.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo

12 Folio 179.
13 Folio 185.
14 Folios 190 a 194.
15 Según constancia secretarial a folio 195 del expediente.
16 Idem.

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4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Ahora bien, respecto de la procedencia del reconocimiento de la pensión gracia para
los casos en los que los docentes reclamantes no hubiesen acreditado el total de

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tiempo de servicio de 20 años consagrados en el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913,
ello en razón a que se les dictaminó una pérdida de capacidad laboral que les
impidió continuar en actividad como educadores para poder colmar dicha exigencia,
la Sala advierte que, tal postura fue planteada inicialmente con la sentencia del 30
de septiembre del año 2010.17

Dicha tesis se basó, esencialmente, en la necesidad de proteger el derecho a la
seguridad social del maestro que se encontrara en las mencionadas condiciones de
salud, así como en una interpretación analógica de la sentencia C-794 de 2009 en
lo que respecta a la observancia de los principios de proporcionalidad y
progresividad de los derechos laborales.

De hecho, en la referida providencia del 2010 emitida por esta corporación se señaló
lo siguiente:

«[…] Esta última circunstancia (prestación de servicios por más de las dos terceras
partes del tiempo exigido por la ley) ha sido tenida en cuenta igualmente por la Corte
Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones de carácter pensional,
especialmente, en aplicación del régimen de transición y que ahora se acoge para
el caso sub lite.

Expuso dicho Tribunal sobre el particular:

(…) el principio de proporcionalidad no alcanza la misma importancia que adquiere
en el caso de quienes han completado el 75% del tiempo indispensable para
reclamar el reconocimiento y pago de la pensión, pues con las tres cuartas partes
del tiempo cotizado tiene mayor fundamento tanto el interés del trabajador en
la pensión futura, como la protección que a esa aspiración se le brinda, lo que
no ocurre cuando apenas se cuenta con la mitad del tiempo cotizado, porque en
este evento la aspiración a pensionarse no tiende a concretarse tan pronto y, en esa
medida, es menor la relevancia del mantenimiento de las condiciones del régimen
de transición que permite pensionarse con los requisitos del sistema anterior a la
vigencia de la Ley 100 de 1993” […]».

Lo propio fue ratificado por el Consejo de Estado en sentencias posteriores,18 en las
que al momento de resolver casos con algunas similitudes al presente, se concluyó
que, los educadores que demostraran el cumplimiento de las exigencias normativas
propias de la pensión gracia, a excepción del requisito de los 20 años de servicio
por razones de invalidez, sí tendrían derecho a que se les otorgada dicha
prerrogativa cuando acreditaran mínimo 15 años de labor, es decir, las tres cuartas
partes del período completo.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de septiembre de 2010, radicación:

17001-23-31-000-2007-00187-01(1067-09).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de septiembre de 2016, radicación:

41001-23-33-000-2013-00360-01(5006-14). Subsección B, sentencia del 30 de noviembre de 2017, radicación:
05001-23-33-000-2013-01030-01(2681-15). Sentencia del 23 de febrero de 2017, radicación: 5000-23-42-000-
2013-04047-01(1550-14). Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, radicación: 73001-23-33-000-
2013-00484-01 (2406-2014). Sentencia del 21 de junio de 2018, radicación: 25000-23-42-000-2013-04847-
01(0229-15). Subsección B, sentencia del 14 de mayo de 2022, radicación: 05001-23-33-000-2014-01327-
01(1735-2017).

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Ahora, sin perjuicio del trazado de decisiones judiciales referenciadas previamente,
resulta indispensable colocar de presente que, la Sección Segunda en pleno, 19
luego de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en dichas
providencias, estimó pertinente reconsiderar la tesis anterior por criterios de
importancia jurídica, al punto de que, mediante la sentencia del 29 de mayo de 2024
concluyó que dicha prerrogativa no debe concederse con fundamento en la invalidez
ni en la muerte, esto por no tener el fundamento jurídico que con anterioridad se le
había atribuido, tal como se expone a continuación:

«[…] 2.3.5.2. Análisis desde el punto de vista legal

[…] Para el reconocimiento de la pensión gracia, se deben cumplir todas las
condiciones señaladas en la Ley 114 de 1913, incluido el tiempo de servicios de 20
años, pues ni esta ni otras normas establecen excepciones al respecto. Ciertamente,
una interpretación gramatical o literal y sistemática de la norma permite inferir que
solo se adquiere el derecho de esa manera.

Respecto del primer criterio, es claro que el artículo 1 ibidem al señalar que tienen
derecho a la pensión los docentes que «[…] hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años […]» (se resalta) condicionó el reconocimiento a
que se cumpliera con el tiempo mínimo allí exigido. Sin duda la expresión «no
menor» que contiene la norma así lo determinó y su sentido es claro y sin vaguedad,
por lo que no da lugar a una interpretación más amplia o contraria.

En esa línea, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 91 de 1989 indicó que los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión gracia «[…] se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la
totalidad de los requisitos […]». También esta norma supeditó, de manera
obligatoria, el reconocimiento al cumplimiento del tiempo de servicio, ya que la
expresión «siempre y cuando» representa una «[l]ocución conjuntiva de valor
condicional que significa 'con tal de que'»20, y esta última expresión a su vez significa
«[…] con la condición de que […]»21, luego desde el punto de vista gramatical es un
requisito ineludible que se complete «la totalidad» de los requisitos para acceder al
derecho.

Para la Sala, si el legislador hubiese querido aceptar alguna excepción a la exigencia
del tiempo de servicio lo habría incluido en las normas citadas, tal como lo hizo con
el criterio de la edad. En efecto, la única salvedad que permitió para suplir un
requisito por otro es la fijada en el numeral 6 del artículo 4, pues avaló que si el
docente se encuentra en «incapacidad» para ganar lo necesario para su sustento
por una enfermedad o por otra causa no le es exigible el cumplimiento de los 50
años22. Así las cosas, al no incluirse la posibilidad de reemplazar el requisito del
tiempo de servicios, el sentido literal de las normas aludidas no da lugar a concluir
razones de exoneración de su cumplimiento. Por el contrario, su entendimiento
taxativo determinó la obligatoriedad de alcanzarlo.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de

2024. Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018).
20 Real Academia de la Lengua Española: https://www.rae.es/dpd/siempre
21 Real Academia de la Lengua Española: https://dle.rae.es/tal
22 Sobre esta excepción se puede consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,

sentencia del 12 de octubre de 2011, radicado 0292-11; del 28 de septiembre de 2016, radicado: 68001-23-31-
000-2011-00699-01(3293-14); y del 12 de octubre de 2017, radicado: 73001-23-33-000-2016-00263-01(1111-
17).

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El criterio sistemático de interpretación lleva a la misma conclusión, puesto que el
examen conjunto de los otros artículos de la Ley 114 de 1913, de las normas que la
modificaron (leyes 116 de 1928 y 37 de 1933) y de las disposiciones de la Ley 91
de 1989 no permite inferir alguna salvedad al acatamiento de las exigencias
enunciadas, ni siquiera por razones de salud. Esta conclusión se afianza en la
interpretación histórica y teleológica que puede hacerse de la Ley 114 de 1913.

[…] En consonancia con lo expuesto, una interpretación teleológica de la Ley 114
de 1913 también lleva a deducir que la exigencia de los 20 años de servicio no puede
soslayarse. Ciertamente, si el motivo del legislador al proferirla era «recompensar»
a los docentes territoriales por prestar el servicio por ese lapso en precarias
condiciones laborales, su finalidad última era asegurar que ese sacrificio no afectara
la posibilidad de que, una vez retirados luego de 20 años de prestarlo, vivieran en
condiciones dignas y así se desprende de la exposición de motivos de la ley. En esa
línea, si el fin era protegerlos en la vejez con la entrega a cargo de la Nación de una
remuneración, no tendría sentido eximirlos del cumplimento de la totalidad del
tiempo requerido, en la medida en que es razonable inferir que este se fijó en ese
tope porque para la época representaba el final de la vida laboral del docente.

Bajo los parámetros expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión
gracia a quien, por distintas razones, incluso ajenas a su voluntad como la
ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de
la norma y sus modificaciones posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no
dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es factible acceder al derecho sin
completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de
un sistema de seguridad social, según se expuso. […]

[…] 2.3.5.5. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido.

[…] 2.4.2. Análisis de la Sala

La UGPP en el recurso de apelación señaló que la sentencia de primera instancia
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia sin el cumplimiento del
requisito del tiempo de servicios de que trata el artículo 1 en la Ley 114 de 1993.
Además, agregó que la pérdida de capacidad laboral no puede justificar su falta de
cumplimiento y que al causante se le garantizó su derecho a la seguridad social con
el otorgamiento de la pensión de invalidez.

La Sala le dará la razón a la entidad y revocará el fallo de primera instancia, por
cuanto dentro del proceso quedó demostrado, con el certificado de información
laboral proferido por la secretaría de educación del departamento del Huila, que
José Orlando Vega Daza prestó sus servicios como docente nacionalizado por un
periodo de 16 años y 5 meses, lapso comprendido entre el 3 de febrero de 1977 y
el el 20 de julio de 1993. Es decir, no cumplió con el tiempo de servicios que requiere
el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 y, por consiguiente, no le asistía el derecho al

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reconocimiento de la pensión gracia.

Si bien se probó que el docente perdió su capacidad laboral en un 85%, que por tal
razón se retiró del servicio y que superó las tres cuartas partes del tiempo exigido
(15 años), esta situación no lo eximia de completar los 20 años de servicio, puesto
que:

(i) el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 exige el cumplimiento de la totalidad del tiempo
de servicios y no admite excepciones al respecto, según su interpretación
gramatical, sistemática, histórica y teleológica;

(ii) la negativa en modo alguno vulnera el principio de igualdad, en razón a que no
existe dentro del ordenamiento jurídico regulación en materia de pensiones para
otros servidores públicos que sirva como parámetro de comparación con el requisito
del tiempo de trabajo de la pensión gracia, por lo que es imposible determinar que
su exigencia significa un trato discriminatorio. Tampoco es una situación
comparable con los cobijados con el régimen general a quienes en estos casos se
les reconoce la pensión de invalidez, otorgada también al causante;

(iii) la decisión en ese sentido tampoco desconoce el principio de proporcionalidad,
en la medida que el requisito pensional existía desde que se expidió la Ley 114 de
1913 y el legislador no lo modificó ni incurrió en una omisión legislativa en perjuicio
del derecho a la seguridad social del causante o de una expectativa legítima que
ameritara su aplicación en los términos de la sentencia C-794 de 2009, según se
explicó en precedencia;

(iv) menos aún se vulnera el principio de progresividad en materia de seguridad
social, puesto que en virtud de la evolución que ha tenido este derecho para los
docentes fue posible reconocerle a José Orlando Vega Daza la pensión de invalidez
y sustituirla en favor de Ana Victoria Andrade Quintero, riesgo para el cual no se
creó la pensión gracia y que se cubrió con la nueva normativa en materia pensional.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila y, en su lugar, se negarán las pretensiones,
puesto que José Orlando Vega Daza no tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia porque no se acreditó que hubiese ejercido la enseñanza como
docente nacionalizado por los 20 años de servicio que requiere el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913 y su condición de invalidez no lo exoneraba de cumplir el requisito.

[…]» (Subrayado fuera de texto).

Conforme a esta reciente y vigente línea de interpretación judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resulta claro que al margen de la dificultad de las
situaciones de invalidez y muerte, o cualquier otra circunstancia ajena que pueda
atravesar un docente que haya tenido la expectativa legítima de acceder a la
pensión gracia, esta dádiva no puede ser reconocida cuando el reclamante no haya
colmado y acreditado cada uno de los requisitos normativos para consolidar el
derecho como tal, especialmente el de la acumulación de los 20 años de servicio
como maestro territorial o nacionalizado.

En todo caso, lo cierto es que permitir que un beneficio gratuito se otorgue cuando
este no se ha consolidado jurídicamente a favor del docente (a través de
presupuestos de flexibilización interpretativa), termina vulnerando el ordenamiento

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jurídico y la naturaleza propia de dicho beneficio, pues no existe un vacío normativo
ni una afectación a principios constitucionales como antes se había estimado.

Resolución del caso concreto

Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que, el
señor Miguel Ángel Serrano Ríos solicitó el reconocimiento de una pensión gracia,
pero fundamentando la procedencia de este derecho en que, por habérsele
declarado una pérdida de capacidad laboral, no pudo continuar laborando como
docente para satisfacer el requisito legal de los 20 años de trabajo como educador,
de manera que tendría que otorgarse dicha prerrogativa con motivo de su invalidez,
exigiéndole solo las tres cuartas partes del tiempo de servicio, las cuales cumplió
por haber acumulado más de 15 años en dicha calidad.

En su criterio, ello se ajustaba a los precedentes jurisprudenciales del Consejo de
Estado como la sentencia del 30 de septiembre de 2010 (1061-09), en la que se
había concedido el goce la pensión gracia por invalidez a un maestro que debido a
dicha condición tampoco pudo colmar la mencionada exigencia temporal.

Sobre el punto, el actor argumentó que su situación particular se encuentra bajo el
mismo supuesto de aquella sentencia, es decir, que no alcanzó el tiempo de servicio
requerido por una causa ajena y no atribuible a este como lo es la invalidez.

Bajo este contexto es claro que, como el apelante sustentó su reclamación en las
consideraciones jurídicas que anteriormente permitían el reconocimiento de una
pensión gracia de invalidez, resulta perfectamente aplicable como precedente para
este caso particular la aludida sentencia del 29 de mayo de 2024 proferida por la
Sección Segunda de esta corporación, pues aquella aborda supuestos de hecho y
de derecho similares a los del presente litigio.

En tal sentido, frente a la situación concreta del accionante se destaca que aquel
nació el 4 de marzo de 1943,23 y fue retirado del servicio como docente del
municipio de Gachetá el 13 de julio de 1991,24 esto por habérsele determinado una
pérdida de capacidad laboral del 90%, por lo que, para el momento de la
terminación de su relación legal y reglamentaria, solo tenía 48 años.

Por otra parte, de acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia laboral emitido el 25 de noviembre de 2015 por la Secretaría de
Educación de Cundinamarca,25 así como del Decreto 678 del 12 de marzo de
1976,26 se corrobora que el demandante fue nombrado docente nacionalizado de

23 Ver copia de la cédula de ciudadanía del reclamante a folio 2.
24 Ver Decreto 0063 del 7 de octubre de 1991.
25 Folios 15 a 16.
26 Folios 5 a 7.

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dicha entidad territorial y laboró como tal desde el 13 de abril de 1976 hasta el 13
de julio de 1991 cuando fue retirado del servicio por invalidez.

Lo anterior implica que el apelante demostró que se desempeñó como educador en
un lapso anterior al 31 de diciembre de 1980, lo que permite tener colmado este
requisito. Sin embargo, el tiempo total de labor oficial acumulado fue de 15 años y
3 meses, los cuales, si bien habrían sido computables para el reconocimiento de la
pensión gracia, definitivamente no son suficientes para satisfacer la exigencia legal
de demostrar un mínimo de 20 años de servicio como maestro estatal, a fin de que
hubiera consolidado en su momento el derecho reclamado, más aún porque
tampoco satisfizo el requisito de la edad al no haber acreditado 50 años.

Ahora bien, en la referida sentencia del 29 de mayo de 2024 dictada por esta
Sección se concluyó de manera expresa lo siguiente:

«[…] 2.3.5.5. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el reconocimiento de la pensión
gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años
de servicios como docente del orden territorial. El reconocimiento pensional no
procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no cumplió por haber sido
declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese
alcanzado las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]». (Negrilla intencional).

En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que
como el actor no acreditó dos de las exigencias indispensables para consolidar a
su favor el pago de la pensión gracia, mucho menos habría un sustento jurídico
válido y vigente que le permitiera solicitar para sí el reconocimiento de esa
prerrogativa con menos tiempo del exigido para el efecto, así la causa de tal
incumplimiento obedeciera a factores ajenos y externos a su voluntad como lo era
la pérdida de capacidad laboral por enfermedad.

Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su
esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente a una
pensión ordinaria de jubilación o de invalidez financiada con las cotizaciones del
empleador y del trabajador como fuente de respaldo económico, pues estas últimas
sí tienen un carácter prestacional para mitigar contingencias como la vejez o las
afecciones de salud que impidan continuar con la prestación del servicio, e incluso
para los casos de muerte.

El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria, necesariamente
conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar de manera análoga, automática,
indistinta, subsidiaria, residual e ilimitada todas las normas del régimen general de
seguridad social (Ley 100 de 1993), y mucho menos lineamientos jurisprudenciales
de orden constitucional como los desarrollados en la sentencia C-794 de 2009

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citada en providencias anteriores del Consejo de Estado a manera de sustento para
conceder la pensión gracia por invalidez.

Al respecto, es de recordar que dicho fallo abordaba el estudio de una verdadera
prestación financiada con aportes prevista en un régimen especial y diferente al de
los docentes, tal como lo es el de los afiliados a la Caja de Auxilios y Prestaciones
de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (CAXDAC). Pues bien, entre
ambos sectores se advierten diferencias radicales que no permiten concluir que tal
interpretación a favor de estos últimos sea discriminatoria frente a la de los
educadores con expectativas de una dádiva como la pensión gracia, pues la
divergencia de análisis normativo no se está dando entre iguales.

Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y ajenas
a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo el
argumento de que en lo no previsto de manera excepcional o ante un supuesto
vacío legal, siempre tendrá que acudirse a un marco normativo común consagrado
para otro tipo de prestaciones en procura de una supuesta complementación, toda
vez que puede suceder que el legislador dentro de su legítima libertad de
configuración no haya previsto como aplicables tales disposiciones adicionales.

En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló
ningún postulado que habilite su reconocimiento por invalidez cuando el docente no
hubiera colmado todas las exigencias para ello debido a dicha causa, sería
inadecuado extender normas o preceptos del régimen pensional general o especial
de otros sectores de manera absoluta y definitiva para todos los casos en los que
se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría tal beneficio como
fue ideado, e incluso iría en contra de su origen y finalidad estrictamente personal
(intuitu personae), los cuales no han cambiado a pesar del paso del tiempo.

Incluso, si se intentara buscar una posibilidad jurídica para materializar un derecho
como el reclamado en este litigio, en virtud de una supuesta similitud de condiciones
frente a las analizadas previamente por esta corporación respecto de la pensión
gracia por invalidez, es decir, basándose en principios de orden constitucional como
la igualdad, la equidad, la proporcionalidad o la favorabilidad, se deberá reiterar que,
tal como se explicó ampliamente en la sentencia del 29 de mayo de 2024, tales
postulados tampoco se encontrarían vulnerados.

Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva
postura jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y como el señor
Serrano Ríos no cumplió con todos los requisitos normativos para que le fuera
reconocida una pensión gracia antes de que fuera retirado del servicio por invalidez,
efectivamente, este no tendría derecho a la mencionada prerrogativa exigiéndole
solo las tres cuartas partes del tiempo total de labor oficial requerido, pues al hacerlo
se rompería con la condición meritoria para su configuración que el legislador previó

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exclusivamente con el cumplimiento de 20 años de servicio.

Por tanto, no es dable acceder a las pretensiones de la demanda, de manera que
tendrá que confirmarse el fallo recurrido que las denegó adecuadamente.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandante no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.

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TERCERO: SE RECONOCE PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP
al abogado Omar Andrés Viteri Duarte con tarjeta profesional 111.852, ello conforme
al poder general otorgado mediante escritura pública visible en el índice 28 de
SAMAI.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso

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