Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06453-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2015-06453-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-06453-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-06453-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
Demandante: Zaida Catherine Martínez González y otros
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto1, se procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia proferida el treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. Zaida Catherine Martínez González y otros2 interpusieron demanda en contra
de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 57 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998c 44 de 1999c 2740 de 2000,
1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 d 2001, 673 de 2002, 3569 2003, 4172 de 2004,
936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010,
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Liliana Patricia Bernal Moreno, María Medarda Casallas Suárez, Alexandra María Borja Pinzón, Sofia del Pilar
Barrera Mora, Ana Cecilia Camacho Ramírez, Flor Margarita León Castillo, Ana Cecilia Camacho Ramírez,
Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León Castillo, Francisco Javier Acosta Rosero, Miguel Ángel
Avella López.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1105 de 2015.
3. Que se declare la nulidad de los oficios y las resoluciones, a través de las
cuales la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la
reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y
prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4.ª de 1992, relacionados así:
# Demandantes Actos
Zaida Catherine Martínez González Oficio DESAJ14-JR-4385 del 20 de agosto de 2014; Resoluciones 4723
1
del 27 de agosto de 2014; y 4243 del 9 de julio de 2015
Liliana Patricia Bernal Moreno Oficio DESAJ14-JR-3294 del 20 de junio de 2014; Resoluciones 3718
2
del 1.° de julio de 2014; y 4163 del 6 de julio de 2015.
María Merarda Casallas Suárez Oficio DESAJ14-JR-3277 del 20 de junio de 2014; Resoluciones 3724
3
del 1.° de julio de 2014; y 3487 del 25 de mayo 2015.
Alexandra María Borja Pinzón Resoluciones 3444 del 19 de junio de 2014; 3726 del 1.° de julio de
4
2014; y 3622 del 1.° de junio de 2015.
Sofía del Pilar Barrera Mora Oficio DESAJ14-JR-3162 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3720
5
del 1.° de julio de 2014; y 3796 del 12 de junio de 2015.
Ana Cecilia Camacho Ramírez Oficio DESAJ14-JR-3146 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3717
6
del 1.° de julio de 2014; y 3888 del 23 de junio de 2015.
Shirley del Valle Albarracín Condia Oficio DESAJ14-JR-3150 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3725
7
del 1.° de julio de 2014; y 3909 del 24 de junio de 2015.
Flor Margarita León Castillo Oficio DESAJ14-JR-3156 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3713
8
del 1.° de julio de 2014; y 4175 del 7 de julio de 2015.
Francisco Javier Acosta Rosero Oficio DESAJ14-JR-3115 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3733
9
del 1.° de julio de 2014; y 3865 del 19 de junio de 2015.
Miguel Ángel Avella López Oficio DESAJ14-JR-3119 del 17 de junio de 2014; Resoluciones 3738
10
del 1.° de julio de 2014; y 3812 del 16 de junio de 2015.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar la prima especial de
servicios y a reliquidar las prestaciones sociales, incluidas las cesantías y los
intereses, teniendo en cuenta el 30% del salario que ha sido cancelado como prima
especial sin carácter salarial, desde su «posesión […] como jueces de la República
hasta la fecha que ocupen el cargo»3.
5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que han prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de jueces de
la República, y el 16 de junio4, el 29 de mayo5 y el 25 de julio de 20146 solicitaron a
la demandada reconocer y pagar «el equivalente del 30% como remuneración mensual
para un total del 100% del salario con las consecuencias prestacionales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, más la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992», peticiones que se negaron a través de los actos
demandados.
3 Folio 254.
4 (Liliana Patricia Bernal Moreno y María Merarda Casallas Suárez)
5 (Flor Margarita León Castillo, Sofía del Pilar Barrera Mora, Shirley del Valle Albarracín Condia, Alexandra María
Borja Pinzón, Francisco Javier Acosta Rosero, Miguel Ángel Avella López y Ana Cecilia Camacho Ramírez).
6 (Zaida Catherine Martínez González).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del
Código Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20147 emitida por el Consejo de Estado.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
9. El 8 de agosto de 2019 fue admitida la demanda. La entidad8 se opuso a las
pretensiones bajo el argumento de que los actos administrativos gozan de legalidad,
porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, la prima
especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la liquidación
de las prestaciones sociales. Añadió que dicha disposición fue declarada exequible
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-279 de 1996.
10. Expresó que, si bien en la sentencia del 29 de abril de 2014 el Consejo de
Estado declaró la nulidad de los decretos proferidos entre 1993 y 2007, no se
pronunció sobre aquellos que se expidieron entre 2008 y 2014, por lo que estaba
en la obligación de darles cumplimiento, so pena de desconocer la normativa salarial
vigente para los servidores de la Rama Judicial.
11. Que, en caso de ordenar el pago de la prima especial de servicios, se debe
considerar que se encuentra «ante una imposibilidad material y presupuestal» para
cumplir la condena, ya que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha
asignado los recursos para cubrir el reconocimiento de las acreencias laborales a
los servidores judiciales beneficiarios.
12. Propuso como excepciones las de integración de litis consorcio necesario,
ausencia de causa petendi, prescripción e innominada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020)9, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
8 Folios 452 a 464.
9 Folios 542 a 552.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios.
14. Concluyó que los demandantes tienen derecho al pago de «la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debieron percibir por concepto de: ingresos
mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico. El 30% de
acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales liquidadas sobre
la base de todo el salario básico, es decir, teniendo en cuenta el 30% del salario
básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, […] y hasta tanto
funjan o hayan fungido como Jueces de la República. Sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional […], y debiéndose descontar
lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos […]»
15. Que el reconocimiento procederá a partir del 16 de junio de 2011 para la
señora Liliana Patricia Bernal Moreno, y desde el 29 de mayo del mismo año para
Sofía del Pilar Barrera Mora, Ana Cecilia Camacho Ramírez, Shirley del Valle
Albarracín Condia, Flor Margarita León Castillo y Francisco Javier Acosta Rosero,
hasta que funjan como jueces de la República, teniendo en cuenta que las
peticiones se radicaron el 16 de junio y el 29 de mayo de 2014, respectivamente.
En cuanto a la señora Alexandra María Borja Pinzón, declaró la prescripción total
de los derechos reclamados.
16. Respecto de Zaida Catherine Martínez González, María Merarda Casallas
Suárez y Miguel Ángel Avella López declaró la cosa juzgada, en virtud de los
acuerdos conciliatorios que fueron aprobados mediante autos del 31 de agosto de
202010.
RECURSOS DE APELACIÓN
17. La parte demandante11 interpuso recurso de apelación argumentando que
no se configuró la prescripción en el caso de los señores Liliana Patricia Bernal
Moreno, Sofía del Pilar Barrera Mora, Ana Cecilia Camacho Ramírez, Francisco
Javier Acosta Rosero y Alexandra María Borja Pinzón, ya que el derecho se hizo
exigible con la sentencia del 29 de abril de 2014, por lo tanto, el término extintivo
debe aplicarse solo a los procesos iniciados después de la ejecutoria de dicha
providencia, dado que antes de esa fecha no había certeza sobre la existencia del
derecho. Como sustento citó las sentencias del 15 de marzo de 200712, 19 de
febrero13, 30 de julio de 200914, y 27 de octubre de 201115.
10 Folios 553 a 567.
11 Folios 568 a 570
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
15 de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
19 de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
30 de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
27 de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
18. La parte demandada16 interpuso apelación solicitando la revocatoria de la
sentencia. Reiteró que se encuentra en «la imposibilidad presupuestal [...] de
reconocer a los jueces activos las diferencias reconocidas», debido a que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha asignado los recursos necesarios
para cancelar los mayores valores generados en las asignaciones de los
funcionarios judiciales, como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones
sociales, tomando el 100% de la asignación básica más la prima especial del 30%,
sin carácter salarial. Aseguró que actuar sin el respaldo presupuestal desconocería
lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.
19. Que debe analizarse el fenómeno extintivo conforme a lo dispuesto en la
sentencia del 2 de septiembre de 2019. En este sentido, consideró que las
diferencias causadas antes del 16 de junio de 2011 (Liliana Patricia Bernal Moreno)
y del 29 de mayo de 2014 (Sofía del Pilar Barrera Mora, Ana Cecilia Camacho
Ramírez, Shirley del Valle Albarracín Condia) ya se encuentran prescritas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
20. El 5 de septiembre de 2023 se admitieron los recursos, y el 6 de febrero de
2024 se corrió traslado por 10 días para la presentación de los alegatos de
conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público
presentara concepto.
21. La parte demandante17 reiteró los argumentos presentados con la demanda
y el recurso de apelación.
22. La parte demandada18 destacó que la prima especial carece de carácter
salarial e insistió en que operó la prescripción trienal.
23. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso. Por ello, se avocará
conocimiento del proceso19.
16 Folios 581 a 584.
17 Índice 53 de SAMAI.
18 Índice 54 de SAMAI.
19 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda,
actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos
en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes
decisiones:
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
25. Deberá resolver la subsección si operó el fenómeno de la prescripción
respecto de los señores Liliana Patricia Bernal Moreno, Sofía del Pilar Barrera Mora,
Ana Cecilia Camacho Ramírez, Francisco Javier Acosta Rosero, Shirley del Valle
Albarracín Condia y Alexandra María Borja Pinzón.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
26. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
27. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201420, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
28. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201921, 11 de julio de 202322, 5 de septiembre de 202323, 5 de
Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (0502-
2023).
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado:
050012333000201601007 02 (1587-2023)
Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-
23-33-000-2016-00857-02 (4942-2023)
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
diciembre de 202324, 6 de agosto de 202425 y 18 de diciembre de 202426. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
29. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202427, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial « no
puede ser deducido del salario»28
Resolución del caso concreto
30. Esta corporación ha sostenido de manera pacífica29, que el derecho a la prima
especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993 que
reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de
1993. Desde entonces, los interesados podían interrumpir el término extintivo, de
modo que, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió
dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
28 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
29 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
31. En ese contexto, está probada la prescripción parcial de las sumas anteriores
al 29 de mayo de 2011 respecto de los señores Sofia del Pilar Barrera Mora, Ana
Cecilia Camacho Ramírez, Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León
Castillo y Francisco Javier Acosta Rosero, así como de aquellas causadas antes del
16 de junio de 2011 en relación con la señora Liliana Patricia Bernal, debido a que
las reclamaciones administrativas fueron radicadas el 29 de mayo30 y el 16 de junio
de 201431, respectivamente.
32. En cuanto a la señora Alexandra María Borja Pinzón, se acreditó que laboró
como juez de la República entre el 1.° de enero de 2006 y el 6 de diciembre de
2009, y que presentó la solicitud el 29 de mayo de 201432, cuando ya había operado
el fenómeno extintivo, tal como lo concluyó el tribunal.
33. No obstante, los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable33 y por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199334 son obligatorios, no solo
por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.35 En
consecuencia, surge el deber de la entidad de efectuar las reliquidaciones
correspondientes con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados.
34. Tampoco se configura la prescripción respecto de las diferencias en las
cesantías36 durante los tiempos en los que los demandantes se desempeñaron
como jueces, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201637, según la cual este derecho no prescribe mientras la relación
laboral esté vigente.
35. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
los demandantes laboraron como jueces de la República, no sin antes advertir que
30 (Flor Margarita León Castillo, Sofía del Pilar Barrera Mora, Shirley del Valle Albarracín Condia, Alexandra
María Borja Pinzón, Francisco Javier Acosta Rosero y Ana Cecilia Camacho Ramírez). Folios 23 a 35.
31 (Liliana Patricia Bernal).
32 Folios 9 a 20.
33 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
34 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
35 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
36 En relación con los siguientes demandantes: Liliana Patricia Bernal Moreno, Sofía del Pilar Barrera Mora,
Francisco Javier Acosta Rosero, Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León Castillo y Ana Cecilia
Camacho Ramírez, quienes para el momento de la presentación de la demanda, e incluso a la fecha,
mantienen el vínculo laboral. Dicho concepto no será reconocido a la señora Alexandra María Borja Pinzón
porque según la certificación aportada, se desvinculó el 6 de diciembre de 2009.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
existe solución de continuidad en la prestación del servicio cuando median más de
quince (15) días hábiles entre un vínculo y otro38.
Demandante Periodos
Liliana Patricia Bernal Moreno Desde el 1/01/2005 hasta 3/09/2012
Desde el 5/09/2012 hasta el 10 de febrero de 202539
Desde el 4/06/2025 hasta el 31/08/2025
Desde el 1/09/2025 hasta la fecha 40
Sofía del Pilar Barrera Mora
Desde el 15 de abril de 2008 hasta la fecha41
Francisco Javier Acosta Rosero
Desde el 1/01/1993 hasta la fecha42
Shirley del Valle Albarracín Condia Desde el 1/12/2009 hasta el 01/05/2013 (Seccional Boyacá)43
Desde el 2 de mayo de 2013 hasta el 01/02/2022
Desde el 11/02/2022 hasta la fecha44
(Seccional Bogotá)
Flor Margarita León Castillo
Desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de enero de 202545
Alexandra María Borja Pinzón Desde el 1/01/2006 hasta el 9/07/2006
Desde el 18/09/2006 hasta el 31/12/2006
Desde el 01/03/2007 hasta el 31/12/2007
Desde el 1/02/2008 hasta el 19/12/2008
Desde el 16/02/2009 hasta el 06/12/200946
Ana Cecilia Camacho Ramírez Desde el 10/05/2006 hasta el 24/07/2006
Desde el 31/08/2006 hasta el 14/11/2006
Desde el 15/11/2006 hasta el 06/12/2006
Desde el 22/05/2007 hasta el 13/01/2008
Desde el 11/02/2008 hasta el 15/02/200847
Desde el 11/05/2009 hasta el 10/08/2010
Desde el 24/01/2011 hasta el 7/02/2011
Desde el 08/02/2011 hasta el 07/03/2011
Desde el 3/05/2011 hasta el 07/05/2011
Desde el 08/05/2012 hasta el 22/08/201348
Desde el 25/09/2013 hasta el 23/10/2013
Desde el 24/10/2013 hasta la fecha49
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación:
25000-23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
39 Se advierte que la demandante fungió como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia del 11 de
febrero de 2025 al 3 de junio de 2025. Ver constancia obrante a índice 81.
40 Según constancia del 2 de febrero de 2026, visible a índice 81, la actora se desempeñó como juez de la
República en las seccionales de Bogotá e Ibagué en los siguientes periodos: del 1 de enero de 2005 al 3 de
septiembre de 2012; del 5 de septiembre de 2012 al 10 de febrero de 2025; del 4 de junio de 2025 al 31 de
agosto de 2025 y del 1 de septiembre a la fecha. Ver también el certificado expedido el 17 de junio de 2014 por
la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, obrante a folio 237.
41 Certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 240. Ver también constancias visibles
en el índice 85 (Páginas 8 y 48 a 88).
42 De acuerdo con la Resolución 3865 del 19 de junio de 2015, se ha desempeñado como juez de la República
desde 1993. Ver también el certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento
Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 244, y las
constancias obrantes en el índice 85 (Páginas 7, 89 a 138)
43 De acuerdo con el certificado expedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Tunja, Boyacá, obrante en el índice 76, se desempeñó como juez de la República (seccional Boyacá, Casanare)
desde el 1.° de diciembre de 2009 hasta el 1.° de mayo de 2013.
44 Según el certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 242 y las constancias
obrantes en el índice 85 (Páginas 6, 139 a 166), la actora se desempeñó como juez de la República (seccional
Bogotá) del 2 de mayo de 2013 al 01/02/2022 y desde el 11/02/2022 hasta la fecha.
45 Certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 243. Ver también las constancias
visibles en el índice 85 (Páginas 5, 182 a 208).
46 Certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 239.
47 Se advierte que entre el 4 de junio de 2008 y el 27 de abril de 2009 laboró como oficial mayor y desde el 28
de abril de 2009 hasta el 10 de mayo de 2009 como escribiente.
48
Entre el 23 de agosto y el 24 de septiembre de 2013 hubo una interrupción en el servicio.
49 Certificado expedido el 13 de junio de 2014 por la coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, obrante a folio 241. Ver también las constancias
visibles en el índice 85 (Páginas 3, 4 y 213 a 241).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
36. En esos términos, se modificarán los numerales tercero y cuarto de la
sentencia, con el fin de declarar probada parcialmente la prescripción, con
excepción de las cesantías,50 y los aportes a pensión51. Las cesantías se
reconocerán durante los tiempos en los cuales los actores laboraron como jueces,
así:
Liliana Patricia Bernal Moreno: desde el 1.° de enero de 2005 hasta la fecha
que ocupe el cargo.
Sofía del Pilar Barrera Mora: desde el 15 de abril de 2008 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Francisco Javier Acosta Rosero: desde el 1.° de enero de 1993 hasta la fecha
que ocupe el cargo.
Shirley del Valle Albarracín Condia: desde el 1.°de mayo de 2013 hasta la
fecha que ocupe el cargo.
Flor Margarita León Castillo: desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de
enero de 2025.
Ana Cecilia Camacho Ramírez: desde el 25 de septiembre de 201352 hasta la
fecha que ocupe el cargo.
37. Se modificará el numeral sexto para ordenar el reajuste de los aportes a
pensión de los demandantes, en los períodos en los que fungieron como jueces,
así:
Liliana Patricia Bernal Moreno: desde el 1.° de enero de 2005 hasta la fecha
que ocupe el cargo.
Sofía del Pilar Barrera Mora: desde el 15 de abril de 2008 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
Francisco Javier Acosta Rosero: desde el 1.° de enero de 1993 hasta la fecha
que ocupe el cargo.
Shirley del Valle Albarracín Condia: desde el 1.°de mayo de 2013 hasta la
fecha que ocupe el cargo.
Flor Margarita León Castillo: desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de
enero de 2025.
Alexandra María Borja Pinzón: desde el 1.° de enero de 2006 hasta el 6 de
diciembre de 2009.
Ana Cecilia Camacho Ramírez: desde el 10 de mayo de 2006 hasta la fecha
que ocupe el cargo.
38. La reliquidación de las cotizaciones deberá efectuarse utilizando como
ingreso base de cotización el 100 % de la remuneración, calculado sobre el total de
50 En relación con los siguientes demandantes: Liliana Patricia Bernal Moreno, Sofía del Pilar Barrera Mora,
Francisco Javier Acosta Rosero, Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León Castillo y Ana Cecilia
Camacho Ramírez, quienes para el momento de la presentación de la demanda, e incluso a la fecha, mantienen
el vínculo laboral.
51 Respecto de Liliana Patricia Bernal Moreno, Sofía del Pilar Barrera Mora, Francisco Javier Acosta Rosero,
Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León Castillo, Ana Cecilia Camacho Ramírez y Alexandra
María Borja Pinzón.
52 Fecha en la que ocupó nuevamente el cargo. Lo anterior, teniendo en cuenta que entre el 23 de agosto y el
24 de septiembre de 2013 hubo una interrupción en el servicio.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
la asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los servidores
de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70
%, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión del valor de este
último emolumento, que solo constituye factor para efectos pensionales. Lo
anterior de conformidad con la ley.
39. De otra parte, debe precisarse que la legalidad de los decretos que
incorporaron la prima especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la
remuneración fue definida por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril
de 2014 y del 9 de abril de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales
disposiciones; por lo tanto, en consideración a que el juez se estuvo a lo resuelto en
las sentencias del 14 de diciembre de 201153 y 2 de septiembre de 2019, se
modificará el numeral segundo para disponer estarse a lo resuelto en las primeras
providencias citadas, en las cuales se precisó que la prima especial constituye una
adición al salario.
40. Finalmente, y a diferencia de lo pretendido por la entidad, el derecho que le
asiste a la accionante no puede condicionarse al trámite administrativo que la
accionada deberá adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne
el rubro destinado al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer
el núcleo esencial del debido proceso y del Estado Social de Derecho.
De la condena en costas en segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia
del 14 de diciembre de 2011. Expediente: 11001-03-25-000-2005-00244-01. C.P Carlos Arturo Orjuela Góngora.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
44. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, porque las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas
de manera parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de dicha condena en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia del treinta y uno (31)
de agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29
de abril de 2014 y el 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Tercero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de:
«DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las sumas
reclamadas por la señora Alexandra María Borja Pinzón, con excepción de la
obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso
base de cotización el 100% de su remuneración, desde el 1.° de enero de 2006
hasta el 6 de diciembre de 2009, durante los períodos en los que se desempeñó
como juez de la República»
Cuarto: MODIFICAR el numeral cuarto de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:
«DECLARAR probada parcialmente la PRESCRIPCIÓN de las sumas anteriores al
29 de mayo de 2011 respecto de los señores Sofia del Pilar Barrera Mora, Ana
Cecilia Camacho Ramírez, Shirley del Valle Albarracín Condia, Flor Margarita León
Castillo y Francisco Javier Acosta Rosero, así como de aquellas causadas antes del
16 de junio de 2011 en relación con la señora Liliana Patricia Bernal, de conformidad
con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en armonía con la jurisprudencia
desarrollada sobre el asunto, con excepción de la obligación de la demandada de
pagar las diferencias por concepto de cesantías y de efectuar las cotizaciones o
aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, durante los períodos
en los que se han desempeñado como jueces de la República».
Quinto: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia del treinta y uno (31) de
agosto de dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, el cual quedará así:
«CONDENAR a la entidad demandada a i) reconocer y pagar, de manera
retroactiva, a favor de los señores Liliana Patricia Bernal Moreno, Sofia del Pilar
Barrera Moral, Ana Cecilia Camacho Ramírez, Shirley del Valle Albarracín
Condia, Flor Margarita León Castillo y Francisco Javier Acosta Rosero, la
diferencia existente entre lo percibido y lo que debieron percibir por concepto
de: ingresos mensuales correspondientes al 30 % de la base del salario básico.
El 30 % de acuerdo a la prima especial de servicios. Las prestaciones sociales
liquidadas sobre la base de todo el salario básico, es decir, teniendo en cuenta
el 30 % del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su
liquidación, de acuerdo con la prescripción parcial aquí decretada y hasta tanto
funjan o hayan fungido como jueces de la República. Sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada
anualidad y debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos
conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
ii) Reliquidar las diferencias por concepto de cesantías, durante los períodos
laborados como jueces de la República, así: Liliana Patricia Bernal Moreno:
desde el 1.º de enero de 2005 hasta la fecha que ocupe el cargo; Sofía del Pilar
Barrera Mora: desde el 15 de abril de 2008 hasta la fecha que ocupe el cargo;
Francisco Javier Acosta Rosero: desde el 1.° de enero de 1993 hasta la
fecha que ocupe el cargo; Shirley del Valle Albarracín Condia: desde el 1.°de
mayo de 2013 hasta la fecha que ocupe el cargo; Flor Margarita León Castillo:
desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 31 de enero de 2025; Ana Cecilia
Camacho Ramírez: desde el 25 de septiembre de 2013 hasta la fecha que
ocupe el cargo.
iii) Reajustar y pagar, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, durante los tiempos laborados como jueces de la República,
así: Liliana Patricia Bernal Moreno: desde el 1.° de enero de 2005 hasta la
fecha que ocupe el cargo; Sofía del Pilar Barrera Mora: desde el 15 de abril
de 2008 hasta la fecha que ocupe el cargo; Francisco Javier Acosta Rosero:
desde el 1.° de enero de 1993 hasta la fecha que ocupe el cargo; Shirley del
Valle Albarracín Condia: desde el 1.°de mayo de 2013 hasta la fecha que
ocupe el cargo; Flor Margarita León Castillo: desde el 22 de agosto de 2012
hasta el 31 de enero de 2025; Alexandra María Borja Pinzón: desde el 1.° de
enero de 2006 hasta el 6 de diciembre de 2009 y Ana Cecilia Camacho
Ramírez: desde el 10 de mayo de 2006 hasta la fecha que ocupe el cargo.
La liquidación deberá efectuarse tomando como ingreso base de cotización el
cien por ciento (100 %) de la remuneración, calculado sobre la totalidad de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión
del valor de este último emolumento, que solo constituye factor para efectos
pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 25000-23-42-000-2015-06453-02 (1242-2021)
Sexto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de
dos mil veinte (2020) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala
Transitoria.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
Octavo: Reconocer personería al abogado Juan Camilo Ortiz Barajas, identificado
con cédula 1.098.804.811 de Bucaramanga y tarjeta profesional 412.176 para
actuar como apoderado de la demandada, de conformidad con el poder obrante en
el índice 59 de la plataforma SAMAI.
Noveno: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.