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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02177-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02177-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 38 « Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024. 30 Número Interno: 0421-2021 Demandante: Rodulfo Pardo Acosta Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Transitoria, del siguiente tenor: PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de 2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos n.° 5637 del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) y n.° 5362 del ocho (08) de septiembre de dos mil quince (2015), de conformidad con los motivos expuestos en este proveído. SEGUNDA. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará así: SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de las sumas reclamadas, salvo los aportes pensionales. En consecuencia, se ORDENA a la entidad demandada a efectuar los aportes propios al sistema general de seguridad social en pensiones, en las proporciones correspondientes. Para la liquidación de los aportes a seguridad social en pensiones, la entidad demandada […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-02177-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2016-02177-02 (0421-2021)1
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
se declaró probada la excepción de prescripción trienal de las sumas reclamadas
en la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, en lo

1
Expediente híbrido.
2
Expediente físico, folios 100 a 101.

2

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

sucesivo), con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones
n.° 5637 del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) y la n° 5362 del ocho
(08) de septiembre de dos mil quince (2015), expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, mediante las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, así como, las diferencias salariales y prestacionales derivadas
de dicho reconocimiento.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada: (i) reconocer y pagar a
favor del señor Rodulfo Pardo Acosta el treinta por ciento (30%) del salario básico
correspondiente a la prima especial de servicios, como un incremento o adicional a
la asignación básica, durante el tiempo en que ejerció el cargo de Magistrado de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, comprendido entre el primero (1º) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993) y el treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004); (ii) reliquidar
las prestaciones sociales causadas durante dicho período, incorporando el referido
porcentaje dentro de la base de liquidación; (iii) actualizar las sumas que resulten a
favor del demandante, conforme a la variación del índice de precios al consumidor;
(iv) reconocer los intereses a que haya lugar, respecto de las sumas dejadas de
sufragar; y (v) condenar en costas a la parte demandada.

1.2. Los hechos3.

3. Como fundamento fáctico de las pretensiones, dijo que, el señor Rodulfo Pardo
Acosta desempeñó el cargo de Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, desde el primero (1º) de
enero de mil novecientos noventa y tres (1993), hasta el treinta (30) de abril de dos
mil cuatro (2004), circunstancia que lo hacía beneficiario de la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

4. Indicó que, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 4ª de 1992, el
Gobierno Nacional fue facultado para establecer una prima especial de servicios no
inferior al treinta por ciento (30%), ni superior al sesenta por ciento (60%), del salario
básico para determinados funcionarios de la Rama Judicial; sin embargo, sostuvo

3
Expediente físico, folios 101 a 105.

3

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

que, la Administración Judicial interpretó equivocadamente los decretos salariales
expedidos en desarrollo de dicha ley, al considerar que el treinta por ciento (30%)
hacía parte del salario básico y no constituía un incremento adicional a este,
circunstancia que produjo una disminución de la remuneración realmente
reconocida, y afectó la liquidación de las prestaciones sociales.

5. Señaló que, el Consejo de Estado, mediante sentencia del veintinueve (29) de
abril de dos mil catorce (2014), declaró la nulidad de diversas disposiciones
contenidas en los decretos anuales de salarios, al concluir que, la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debía entenderse como un
incremento adicional al salario básico y no como un porcentaje descontado de este.
Entonces, dicha providencia puso de manifiesto que, la forma como la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial venía liquidando la remuneración de los
funcionarios judiciales, desconocía el alcance de la citada disposición legal.

6. Expuso que, como consecuencia de esa interpretación, la entidad demandada
redujo en un treinta por ciento (30%) el salario básico que servía de fundamento
para la liquidación de las prestaciones sociales, ocasionando una disminución
injustificada tanto de la remuneración mensual como de las acreencias laborales
derivadas de ella, pese a que, la prima especial debía reconocerse como un
emolumento adicional y no como una porción del salario previamente fijado por el
Gobierno Nacional.

7. Manifestó que, el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), elevó petición
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el
reconocimiento del treinta por ciento (30%) del salario básico correspondiente a la
prima especial de servicios, así como, la reliquidación de las prestaciones sociales
causadas durante el período laborado. Dicha solicitud fue negada mediante
Resolución n.° 5637 del quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014).
Posteriormente, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
desfavorablemente mediante Resolución n.° 5362 del ocho (8) de septiembre de
dos mil quince (2015), agotándose así la actuación administrativa. Finalmente,
promovió solicitud de conciliación prejudicial, la cual fue declarada fallida, por
ausencia de ánimo conciliatorio de la entidad convocada.

4

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

1.3. Concepto de la violación4.

8. El demandante manifestó que, los actos administrativos demandados
desconocieron los artículos 150, numeral 19, literales e) y f), de la Constitución
Política; los artículos 2º, 4º y 14 de la Ley 4ª de 1992; así como, diversas
disposiciones constitucionales y laborales relativas a la protección del trabajo, la
igualdad y la remuneración de los servidores públicos. Igualmente, invocó como
precedente la sentencia proferida por el Consejo de Estado el veintinueve (29) de
abril de dos mil catorce (2014), mediante la cual, fueron anuladas varias
disposiciones de los decretos salariales expedidos en desarrollo de la Ley 4ª de
1992.

9. Explicó que, el legislador autorizó al Gobierno Nacional para crear una prima
especial de servicios, como un reconocimiento económico adicional al salario básico
de determinados funcionarios judiciales y no para disminuir la asignación básica
previamente establecida. En consecuencia, estimó que, la Administración Judicial
desconoció el verdadero alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al liquidar la
remuneración sobre el setenta por ciento (70%) del salario básico y considerar que,
el treinta por ciento (30%) restante correspondía a la prima especial, cuando dicho
porcentaje debía adicionarse al salario fijado por el Gobierno Nacional.

10. Agregó que, esa forma de liquidación produjo una afectación directa de las
prestaciones sociales, por cuanto estas fueron calculadas sobre una base salarial
inferior a la que legalmente correspondía, circunstancia que desconoció los
principios de favorabilidad, progresividad, igualdad y remuneración mínima de los
servidores públicos, además del mandato contenido en el artículo 2.º de la Ley 4ª
de 1992, según el cual en ningún caso podían desmejorarse los salarios y
prestaciones sociales de los empleados del Estado.

11. Por último, sostuvo que, la interpretación acogida por la entidad demandada
desconoció la finalidad perseguida por el legislador al crear la prima especial de
servicios y resultó incompatible con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual
ha precisado que dicho emolumento constituye un incremento de la asignación
básica y no una porción de esta, razón por la cual, solicitó la declaratoria de nulidad
de los actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho en los

4
Expediente físico, folio105 a 116.

5

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

términos reclamados.

1.4. La contestación de la demanda5.

1.4.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

12. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, al considerar que, los actos administrativos demandados fueron
expedidos con observancia de las disposiciones constitucionales y legales que
regulan el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial. En
cuanto a los hechos, aceptó aquellos relacionados con la vinculación del
demandante a la Rama Judicial, el desempeño del cargo de magistrado, la
presentación de la reclamación administrativa y la expedición de los actos
administrativos acusados, precisando que, tales actuaciones se adelantaron
conforme a la normatividad vigente.

13. Expuso que, la facultad para establecer el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos corresponde al Gobierno Nacional, en desarrollo de las
competencias atribuidas por el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política
y de la Ley 4ª de 1992. En ese sentido, indicó que, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial carece de competencia para modificar el régimen de
remuneración fijado por el Ejecutivo, razón por la cual, su actuación se limitó a
aplicar los decretos salariales expedidos anualmente y las disposiciones legales que
regulan el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales de los
funcionarios judiciales.

14. Señaló que, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, consagró la prima especial de
servicios como un emolumento sin carácter salarial, condición que fue reiterada por
la Ley 332 de 1996 y la Ley 476 de 1998, salvo para efectos de la liquidación de
aportes al sistema pensional en los eventos expresamente previstos por el
legislador. Agregó que, las decisiones proferidas por el Consejo de Estado respecto
de algunos decretos salariales no modificaron la naturaleza jurídica de dicha
prestación ni autorizaron su inclusión como factor para la liquidación de
prestaciones sociales, motivo por el cual, la Administración ha actuado conforme al
marco normativo vigente y a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para

5
Expediente físico, folios 176 a 189.

6

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

cada anualidad.

15. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) integración del litisconsorcio
necesario; (ii) ausencia de causa para demandar e inexistencia del derecho
reclamado; (iii) prescripción de los derechos reclamados; y (iv) la innominada.

1.4.2. Conforme consta en el expediente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y el Ministerio Público fueron notificados del auto admisorio de la
demanda, proferido el veintitrés (23) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria sin
que presentaran intervención o pronunciamiento alguno6.

1.5. La sentencia de primera instancia7

16. Mediante sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Sala Transitoria,
acogió el preferente jurisprudencial del Consejo de Estado y declaró probada la
excepción de prescripción trienal propuesta por la Nación – Rama Judicial, al
considerar que las acreencias reclamadas por el demandante se encontraban
afectadas por dicho fenómeno jurídico. Así las cosas, dispuso:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de
2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción trienal de las sumas
reclamadas por el señor RODULFO PARDO ACOSTA conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

TERCERO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.

CUARTO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la parte
demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere lugar, y
al archivo del expediente. (…).

17. Para sustentar su decisión, precisó que, el litigio debía resolverse con
fundamento en las reglas fijadas por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), en la que se definió el alcance de la prima especial de servicios

6
Expediente físico, folio 148 a 149.
7
Expediente físico, folio 203 a 207.

7

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Señaló que, conforme a dicho
precedente, la referida prima constituye un incremento de la asignación básica para
efectos de la remuneración mensual de sus beneficiarios; sin embargo, en materia
prestacional, la liquidación debe efectuarse sobre el ciento por ciento (100 %) del
salario básico, sin incluir ni excluir el treinta por ciento (30 %) reconocido por dicho
concepto. Asimismo, resaltó que la misma providencia unificó el criterio relativo a la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar las diferencias derivadas
de la prima especial de servicios, indicando que, esta debe contarse en cada caso,
desde la presentación de la reclamación administrativa y, únicamente respecto de
los tres años anteriores a esta.

18. Al resolver el caso concreto, encontró acreditado que el señor Rodulfo Pardo
Acosta presentó reclamación administrativa el quince (15) de agosto de dos mil
catorce (2014), por lo que, de conformidad con los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, las diferencias salariales y prestacionales
causadas con anterioridad al quince (15) de agosto de dos mil once (2011), se
encontraban prescritas. Como las pretensiones de la demanda comprendían el
período laborado entre el primero (1º) de enero de 1993 y el treinta (30) de abril de
dos mil cuatro (2004), concluyó que, la totalidad de los derechos reclamados estaba
afectada por la prescripción trienal, razón por la cual, declaró probada dicha
excepción y estimó innecesario abordar el estudio de los demás cargos formulados,
contra los actos administrativos demandados.

1.6. El recurso de apelación8.

19. Mediante memorial del catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020), el
apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito
de revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó de
manera indebida la regla de prescripción contenida en la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), pues, en su criterio, el derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios únicamente se hizo exigible con la
ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado del veintinueve (29) de abril de
dos mil catorce (2014), mediante la cual, fueron anuladas las disposiciones
reglamentarias que regulaban la forma de liquidar dicha prestación.

8
Expediente físico, folio 212 a 213.

8

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

20. Expuso que, antes de ese pronunciamiento, los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional gozaban de presunción de legalidad, de modo que, no resultaba
jurídicamente exigible el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales reclamadas. Para sustentar su postura, invocó la sentencia del
Consejo de Estado del dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016), radicado
25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-2015), en la que, se consideró que, el
término de prescripción debía contabilizarse desde el momento en que el derecho
se hiciera exigible, que para el asunto allí estudiado correspondió a la ejecutoria de
la providencia que declaró la nulidad del acto reglamentario respectivo. Con
fundamento en dicho criterio, sostuvo que, en el presente caso, la prescripción debía
computarse a partir de la ejecutoria de la sentencia del veintinueve (29) de abril de
dos mil catorce (2014), mediante la cual, el Consejo de Estado declaró la nulidad de
las disposiciones reglamentarias que establecían la forma de liquidar la prima
especial de servicios.

21. De otra parte, agregó que, la interpretación acogida por el Tribunal resulta
contraria a los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad que
orientan el derecho laboral, en la medida en que desconoce que el derecho al
reconocimiento de la prima especial de servicios, permaneció condicionado por la
vigencia de unos actos administrativos que, se encontraban amparados por la
presunción de legalidad. En su criterio, mientras las disposiciones reglamentarias
expedidas por el Gobierno Nacional no fueron anuladas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, los servidores públicos carecían de fundamento jurídico
para reclamar el reajuste de sus salarios y prestaciones sociales, de manera que,
únicamente a partir de la sentencia del Consejo de Estado del veintinueve (29) de
abril de dos mil catorce (2014), surgió la posibilidad de exigir el reconocimiento de
las diferencias derivadas de la correcta liquidación de la prima especial de servicios.

21.1. Añadió que, una interpretación distinta desconoce la confianza legítima que
los administrados depositan en los actos expedidos por la Administración y termina
consolidando los efectos de normas que posteriormente fueron retiradas del
ordenamiento jurídico, por ser contrarias a la Ley 4ª de 1992.

22. Finalmente, sostuvo que, la exigibilidad del derecho constituye el presupuesto
para iniciar el cómputo del término de prescripción, razón por la cual, este no podía

9

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

contabilizarse desde la causación de cada acreencia laboral, sino desde la
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de las disposiciones reglamentarias
que, regulaban la prima especial de servicios. En consecuencia, solicitó revocar la
sentencia apelada, dejar sin efectos la declaratoria de prescripción trienal y, en su
lugar, acceder al reconocimiento y pago del treinta por ciento (30%) del salario
básico para efectos de cuantificar la prima especial de servicios, así como a la
reliquidación de las prestaciones sociales correspondientes al período reclamado.

1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia9.

23. Mediante auto del diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020),10 el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió en el efecto suspensivo el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), y ordenó remitir el expediente al
Consejo de Estado, para lo de su competencia.

24. Repartido el asunto al Consejo de Estado, correspondió inicialmente su
conocimiento a la Subsección B de la Sección Segunda. No obstante, mediante
escrito del trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021), los magistrados
integrantes manifestaron impedimento para conocer del proceso, al considerar que
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, también regula la prima especial de servicios de
los magistrados de tribunal, prestación de la cual habían sido beneficiarios,
circunstancia que, a su juicio, configuraba un interés directo en el resultado del
litigio. Posteriormente, mediante providencia del veintiocho (28) de octubre de dos
mil veintiuno (2021), la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
resolvió la manifestación de impedimento y la declaró fundada, disponiendo que el
conocimiento del asunto fuera asumido por una Sala de Conjueces.

24.1. En cumplimiento de dicha decisión, mediante auto del primero (1º) de
noviembre de dos mil veintidós (2022)11, el conjuez ponente Héctor Díaz Moreno
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, al considerar
innecesaria la celebración de audiencia, ordenó correr traslado para alegar de
conclusión y, posteriormente, al Ministerio Público para que rindiera concepto, de
conformidad con el artículo 247 del CPACA.

9
Expediente físico, folio 222 y ss.
10
Expediente físico, folio 222.
11
Samai, índice 0076.

10

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

25. Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, únicamente la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó escrito, en virtud del cual
reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en
que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
constituye un emolumento sin carácter salarial, salvo para efectos pensionales, y
que la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 precisó el alcance de dicha prestación, los
efectos derivados de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales expedidos
entre 1993 y 2007, y los parámetros para el reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales, así como, las reglas aplicables para el cómputo de la
prescripción. Con fundamento en ese precedente, sostuvo que, las sumas
reclamadas por el demandante se encontraban prescritas, por lo que solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia.

25.1. El Ministerio Público no rindió concepto alguno.

26. Posteriormente, el trámite de la segunda instancia se vio afectado por la
reconfiguración de la lista de conjueces como de magistrados de la Corporación. En
ese contexto, mediante auto del siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025) 12,
el expediente fue remitido al despacho del consejero Jorge Edison Portocarrero
Banguera para que determinara si procedía el desplazamiento de los conjueces
conforme al artículo 116 del CPACA. Entonces, mediante proveído del ocho (8) de
agosto de dos mil veinticinco (2025) 13 , dicho despacho se abstuvo de avocar
conocimiento y ordenó remitir el proceso al consejero Dr. Jorge Iván Duque
Gutiérrez, al considerar que allí correspondía la sustanciación del asunto.

26.1. No obstante, el expediente fue devuelto al estimarse que el reparto original
había correspondido al entonces consejero Carmelo Perdomo Cuéter. Finalmente,
mediante auto del veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026)14, el despacho
del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera avocó conocimiento del proceso,
al estimar procedente asumir su trámite en garantía de los principios de acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, celeridad y economía procesal, y
dispuso que, una vez ejecutoriada esa providencia, el expediente ingresara al

12
Samai, índice 0088.
13
Samai, índice 0092.
14
Samai, índice 0102.

11

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

despacho para fallo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 Ley 1437 de 2011,
corresponde al Consejo de Estado, conocer en segunda instancia de los recursos
de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia, por
los tribunales administrativos. En el presente asunto, la Sala es competente para
resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la
sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso (CGP)15, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

28. Asimismo, la Sala advierte que el conocimiento del presente asunto corresponde
a esta Subsección, de conformidad con las decisiones adoptadas durante el trámite
de la segunda instancia en relación con los impedimentos manifestados por los
magistrados inicialmente designados y, las posteriores actuaciones encaminadas a
definir la autoridad competente para continuar con el conocimiento del proceso,
culminando con el auto mediante el cual se avocó conocimiento de la controversia
para dictar la decisión que en derecho corresponda.

2.2. Problema jurídico.

29. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

a) A efectos de analizar el fenómeno de la prescripción y la exigibilidad, ¿es
procedente declarar, previamente, que al demandante le asiste el derecho al

15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”

12

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, en los términos pretendidos por la parte actora?
b) Como consecuencia de lo anterior, ¿los derechos salariales y prestacionales
reclamados por el demandante, derivados de la inclusión de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, en la base de
liquidación de su salario y prestaciones sociales, se encuentran afectados
por el fenómeno de la prescripción?
c) De acuerdo con los interrogantes antes planteados, ¿debe revocarse la
sentencia de primera instancia, en la medida en que declaró probada la
excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda?

30. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. marco normativo y jurisprudencial; 2.3.1 Alcance de la competencia
del Gobierno Nacional para regular el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos; 2.3.2 De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de
1992; 2.4 hechos probados; y 2.5 caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Alcance de la competencia del Gobierno Nacional para regular el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

31. Le corresponde al Congreso de la República la competencia para expedir
normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública, así como, para
regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales16.

31.1 Es decir que, el Congreso no agota la regulación del régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, sino que fija los objetivos, criterios y límites
que orientan la actuación del Gobierno Nacional, quien, mediante decretos de
carácter general, concreta anualmente las escalas de remuneración y los diferentes
componentes del régimen salarial y prestacional de los servidores comprendidos
dentro de su ámbito de aplicación, siendo esta una potestad reglamentaria especial
distinta a la prevista en el artículo 189.11 superior.

16
Constitución Política Artículo 150, numeral 19, literales e) y f)

13

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32. La Corte Constitucional ha explicado que entre el contenido de la ley marco y la
potestad regulatoria del Ejecutivo existe una relación inversamente proporcional, de
suerte que, mientras más generales sean las directrices fijadas por el legislador,
mayor será el ámbito de actuación del Gobierno Nacional para desarrollar la
regulación correspondiente. Sin embargo, ello no significa que el Ejecutivo pueda
alterar el contenido material de la ley habilitante, pues su actuación siempre debe
respetar los límites impuestos por la Constitución y por la propia ley marco.

33. Este tránsito hacia un modelo de competencia compartida condujo al fenómeno
jurídico de la «deslegalización», conforme al cual determinadas materias que
anteriormente eran objeto de regulación estrictamente legal pasaron a ser
desarrolladas por el Gobierno Nacional, dada la necesidad de contar con
mecanismos más ágiles que permitieran ajustar periódicamente el régimen salarial
de los servidores públicos a las condiciones económicas, fiscales y presupuestales
del Estado.

34. En concordancia con lo expuesto, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del doce
(12) de mayo de dos mil veintidós (2022), explicó que la la razón de ser de este
modelo de competencias compartidas radica en la necesidad de que el Gobierno
Nacional pueda responder de manera flexible a las variaciones económicas y
fiscales del Estado, sin que ello implique sustituir la voluntad del legislador. En ese
sentido, precisó que, la potestad reglamentaria especial atribuida al Ejecutivo
encuentra un límite infranqueable en los principios, objetivos y criterios fijados por
la ley marco, de manera que los decretos expedidos en su desarrollo deben
armonizar con las directrices establecidas por el Congreso y, no pueden alterar el
contenido material de los derechos allí reconocidos.17.

35. En cumplimiento del artículo anteriormente referenciado, el artículo 150,
numeral 19, literal e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley Marco
4ª de 199218, en virtud de la cual, se señalaron «las normas, objetivos y criterios que debe
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 12 de mayo
de 2022, Rad. No. 05001-33-33-000-2013-01009-01(2263-2018).
18
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y
para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

14

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públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública». Esta normativa

constituye el fundamento del régimen salarial y prestacional de los sujetos
contemplados en el artículo 1º ejusdem, a saber, los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, sin distingo del sector, régimen o denominación; los
empleados del Congreso, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General
de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República; los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

36. La citada ley dispuso en su artículo 2º que, para el ejercicio de dicha
competencia, entre otros criterios, se debían respetar los derechos adquiridos de
los servidores públicos, la protección de la carrera administrativa, la concertación
como mecanismo de mejoramiento de las condiciones laborales, la modernización
de la administración pública, la utilización eficiente del recurso humano, la
competitividad, la capacitación permanente y la racionalización del gasto público.

37. Dentro de esos criterios adquiere especial relevancia el previsto en el literal a)
del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, conforme al cual, «en ningún caso se podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales». Esta disposición constituye uno de los

principales límites materiales a la actuación del Gobierno Nacional, pues, impide
que, bajo el ejercicio de la potestad reglamentaria especial, se adopten medidas
que reduzcan o menoscaben la remuneración reconocida por el legislador a los
servidores públicos.

38. A su turno, el artículo 3º ibidem precisó que, el sistema salarial de los servidores
públicos se integra por la estructura de los empleos y por la escala y tipo de
remuneración correspondiente a cada cargo, mientras que el artículo 10 estableció
que todo régimen salarial o prestacional fijado en contravía de la Ley 4.ª de 1992 o
de los decretos que válidamente la desarrollen «carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos».

39. Conviene precisar que, de acuerdo con los aportes recogidos en la sentencia C-
244 de 2013, la expresión «régimen salarial», a la que se alude, corresponde al género
que comprende todos los derechos laborales, mientras que el «salario» es sólo una
especie dentro de aquél. Ello faculta al Gobierno para establecer beneficios o primas
que, aunque incrementen el ingreso disponible del trabajador, no tengan
necesariamente incidencia en la liquidación de todas las prestaciones sociales.

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40. Dicha providencia precisó que, el concepto de salario, no implica el
reconocimiento automático que todo pago deba ser considerado base para el
cálculo de prestaciones sociales. Por el contrario, el ordenamiento jurídico permite
la creación de bonos, primas o beneficios que aumenten el ingreso disponible del
trabajador, pero a los cuales se les niegue impacto sobre la carga prestacional19.

41. Al respecto, la Sección Segunda, mediante sentencia del dos (2) de abril de
2009, radicación 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07) 20 , efectuó una
rectificación jurisprudencial al sostener que, el examen de los decretos dictados en
desarrollo de una ley marco, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple
confrontación formal de normatividad, pues la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el
control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido».
Posteriormente, ese criterio fue reiterado en la sentencia del veintinueve (29) de
abril de dos mil catorce (2014), radicación 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-
07) 21 , mediante la cual se declaró la nulidad de múltiples disposiciones de los
decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007, por desconocer los objetivos y
criterios previstos en la Ley 4.ª de 1992. Esta misma línea argumentativa fue
retomada por la Subsección B en las sentencias del 7 de noviembre de 2025,
radicación 05001-23-33-000-2016-00752-02 (1615-2024)22, en la cual se reiteró que
el control de los decretos salariales debe centrarse en verificar si el Gobierno
Nacional, al ejercer la potestad reglamentaria especial conferida por el artículo 150,
numeral 19, de la Constitución Política, respetó los límites materiales fijados por la
Ley 4ª de 1992 o, por el contrario, alteró el alcance de los derechos reconocidos por
el legislador.

42. En ese orden, la controversia que ocupa la atención de la Sala, no exige
cuestionar la competencia constitucional del Gobierno Nacional, para fijar el
régimen salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, sino
determinar si el desarrollo reglamentario del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992,
respetó los límites materiales impuestos por la propia ley marco o si, por el contrario,
produjo una disminución de la asignación básica de los funcionarios beneficiarios

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia Rad. 11001-03-25-
000-2014-00103-00(0209-14) del 30 de septiembre de 2021; C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, Rad. 11001-
03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, Rad.
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de noviembre
de 2025, Rad. 05001-23-33-000-2016-00752-02 (1615-2024)

16

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de la prima especial de servicios, aspecto que, ha sido ampliamente desarrollado
por la jurisprudencia de esta Corporación y que, constituye el eje central del
presente litigio.

2.3.2. De la prima especial de servicios prevista en la Ley 4ª de 1992.

43. En desarrollo de la competencia conferida por el artículo 150, numeral 19, literal
e), de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 4.ª de 1992, cuyo artículo
14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «no inferior al treinta por
ciento (30 %) ni superior al sesenta por ciento (60 %) del salario básico, sin carácter salarial», en

favor de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y de lo Contencioso Administrativo, de los agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial, de los jueces de la República, incluidos los
magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de
instrucción penal militar, excepto quienes optaran por la escala salarial de la Fiscalía
General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993.

44. La naturaleza, el alcance y la forma de liquidación de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, han sido objeto de un
amplio desarrollo jurisprudencial por parte del Consejo de Estado. En una primera
etapa, la Sección Segunda, mediante sentencia del 3 de marzo de 2005, declaró la
nulidad del artículo 6.º del Decreto 53 de 1993, al considerar que el Gobierno
Nacional no podía atribuir el carácter de prima especial al treinta por ciento (30 %),
del salario básico fijado para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, por
cuanto ello desbordaba el contenido de la Ley 4ª de 1992.

45. Posteriormente, la Corporación efectuó una importante rectificación
jurisprudencial mediante sentencia del dos (02) de abril de 2009, al precisar que, el
control de legalidad de los decretos expedidos en desarrollo de una ley marco, debía
atender al contenido material de las disposiciones y, no a una simple confrontación
formal de normas. A partir de dicho criterio, concluyó que, el Gobierno Nacional no
podía, so pretexto de desarrollar el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, alterar el
alcance del beneficio creado por el legislador ni convertir la prima especial de
servicios, en un mecanismo de reducción de la asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios.

46. Este criterio fue consolidado mediante sentencia del veintinueve (29) de abril de
dos mil catorce (2014), en la cual la Sección Segunda declaró la nulidad de varias

17

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disposiciones contenidas en los decretos anuales de salarios expedidos entre 1993
y 2007. En dicha oportunidad, la Corporación concluyó que el Gobierno Nacional
había desbordado los límites fijados por la Ley 4.ª de 1992, al interpretar que el
treinta por ciento (30 %), correspondiente a la prima especial hacía parte de la
asignación básica, cuando, en realidad, el legislador había concebido dicho
porcentaje como un reconocimiento adicional a la remuneración de los funcionarios
beneficiarios. En consecuencia, sostuvo que esa interpretación contrariaba el
artículo 2.º de la Ley 4.ª de 1992, pues, implicaba una desmejora injustificada de los
salarios de los servidores públicos comprendidos en su ámbito de aplicación.

47. A su turno, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), analizó la naturaleza y alcance de la prima
especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, precisando
que, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un
aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse,
en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte negativamente los
derechos del trabajador. En el citado pronunciamiento, se ratificó que: (i) la prima
especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de ésta; (ii) sólo constituye factor salarial para
efectos de la pensión de jubilación; y (iii) todos los beneficiarios tienen derecho a
percibirla como un incremento del salario básico, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno, atendiendo el cargo correspondiente.

48. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub-lite, se atenderán las reglas que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces,
de la Sección Segunda de la Corporación, en la precitada sentencia:

1) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de la pensión de jubilación.
2) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros,
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o

18

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asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima
especial.
4) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos al límite
del 80%, en ningún caso, su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.
5) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, se reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
6) La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar,
en ningún caso, el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados
de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas de la
República, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

49. Asimismo, la mencionada sentencia reiteró que, dicha prima solo tiene carácter
salarial para efectos del cálculo de los aportes al sistema pensional, pero no
constituye factor para la liquidación de las demás prestaciones sociales, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 332 de 1996. De igual manera, la Sala Plena
de Conjueces, fijó una regla clara respecto de la prescripción de las acreencias
derivadas de la prima especial de servicios, en los siguientes términos23: «Para la
contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios se tendrá en
cuenta, en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a partir de allí, se
reconocerá hasta tres (3) años atrás, nunca más atrás». En igual sentido, precisó que24:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969».

50. En la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009)25, el Consejo
de Estado determinó que, en materia de la prima especial de servicios, consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 19 de marzo
de 2026, radicado25000-23-42-000-2016-03377-02 (6248-2019), C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).

19

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retroactiva desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa, y en
los términos del citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha
de exigibilidad del derecho. Valga anotar que, en materia de prescripción, no ocurre
lo mismo respecto de los aportes pensionales, puesto que, tales cotizaciones
constituyen un deber de tracto sucesivo del empleador que se relaciona de manera
directa tanto con el derecho fundamental a la seguridad social previsto en el artículo
48 constitucional,26 como con los principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio
pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad, y con la sostenibilidad fiscal
del sistema de seguridad social en pensiones.

51. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que, el paso del
tiempo, o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción,
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, comoquiera que ello podría generar inseguridad sobre la cobertura
del riesgo de vejez del trabajador.

52. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Consejo de Estado ha puntualizado que la
prescripción se cuenta retroactivamente desde la reclamación, tomando como punto
de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 57 de 1993, y no
desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos salariales. En contraste,
la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse de una obligación
de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social y a los
principios de irrenunciabilidad e igualdad, como se expuso ut supra.

53. Con fundamento en los derroteros trazados en las citadas sentencias, y en la
norma aplicable, se procede a decidir el presente caso.

2.4. Hechos probados.

54. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dossier procesal, la Sala

26
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.

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encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:

a) El señor Rodulfo Pardo Acosta se desempeñó como Magistrado 27 de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, desde el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y tres
(1993) hasta el treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004), período durante el cual
estuvo sometido al régimen salarial previsto para los magistrados de tribunal.

b) Obra certificación expedida por la Coordinadora del Área de Talento Humano de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca, en la que consta el salario básico mensual y el valor de la prima
especial de servicios reconocidos al demandante desde el año mil novecientos
noventa y tres (1993), así como las certificaciones de pagos efectuados durante el
período comprendido entre mil novecientos noventa y cuatro (1994) y dos mil cuatro
(2004). Las certificaciones contienen el detalle mensual de los conceptos salariales
y prestacionales liquidados al actor, entre ellos, sueldo básico, prima especial de
servicios, primas, vacaciones, cesantías, aportes al sistema de seguridad social,
retenciones y demás descuentos legalmente efectuados.28

c) El quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014)29, el demandante presentó
derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y solicitó
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de
la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, así
como la reliquidación de las prestaciones sociales causadas entre el primero (1.º)
de enero de mil novecientos noventa y tres (1993) y el treinta (30) de abril de dos
mil cuatro (2004), con fundamento en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado el veinte nueve (29) de abril de dos mil catorce (2014).

d) La anterior petición fue resuelta mediante la Resolución n.º 563730 del quince (15)
de octubre de dos mil catorce (2014), en donde la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, negó las pretensiones
formuladas por el actor. Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el

27
Expediente físico, folio 21.
28
Expediente físico, folio 45 a 59.
29
Expediente físico, folio 2 a 7.
30
Expediente físico, folio 15 a 17.

21

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que fue resuelto mediante la Resolución n.º 536231 del ocho (8) de septiembre de
dos mil quince (2015), que confirmó íntegramente la decisión recurrida.

2.5. Análisis del caso concreto.

55. En el asunto sub examine, la parte actora pretende la nulidad de los actos
administrativos contenidos en la Resolución n° 5637 del quince (15) de octubre de
dos mil catorce (2014), expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la
diferencia salarial y prestacional, derivada de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992; y de la n° 5362 del ocho (8) de septiembre
de dos mil quince (2015), por medio de la cual la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión inicial.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento de la prima especial
de servicios equivalente al treinta por ciento (30 %), como un incremento adicional
al salario básico durante el período comprendido entre el primero (1.º) de enero de
mil novecientos noventa y tres (1993) y el treinta (30) de abril de dos mil cuatro
(2004), así como la reliquidación de las prestaciones sobre el 100% del salario.

56. Con fundamento en las pruebas recaudadas en el proceso, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Sala Transitoria, dispuso
estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia de unificación (sic) del dos (2) de septiembre de dos mil
diecinueve (2019), por considerar que las reglas allí fijadas constituían precedente
aplicable al asunto. Así mismo, declaró probada la excepción de prescripción trienal
propuesta por la entidad demandada, al concluir que el demandante presentó la
reclamación administrativa el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), razón
por la cual las acreencias causadas con anterioridad al quince (15) de agosto de
dos mil once (2011) se encontraban prescritas. Como las sumas reclamadas se
inscribían en el período comprendido entre el primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993), hasta el treinta (30) de abril de dos mil cuatro
(2004), estimó que estaban afectadas por dicho fenómeno extintivo y, finalmente,
negó la condena en costas.

57. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso

31
Expediente físico, folio 19 a 36.

22

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recurso de apelación, con el cual solicitó que se revocara la declaratoria de
prescripción trienal y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Para sustentar la alzada, expuso, en síntesis, que: (i) el Tribunal aplicó de manera
desfavorable la regla de prescripción fijada en la sentencia del dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), desconociendo los principios de favorabilidad,
progresividad y protección de los derechos mínimos de los trabajadores; (ii) el
derecho a reclamar las diferencias derivadas de la prima especial de servicios,
únicamente se hizo exigible cuando el Consejo de Estado declaró la nulidad de los
decretos reglamentarios que regulaban dicha prestación mediante sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), por lo que el término prescriptivo
debía contabilizarse a partir de la ejecutoria de esa providencia y no desde la
causación de cada acreencia; (iii) mientras los decretos salariales conservaron su
presunción de legalidad, el actor carecía de la posibilidad jurídica de reclamar el
reconocimiento pretendido, motivo por el cual no podía exigírsele ejercer
oportunamente una acción fundada en la ilegalidad de actos administrativos que,
aún no habían sido anulados; y (iv), en consecuencia, la reclamación administrativa
presentada el quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), y la posterior
demanda fueron promovidas dentro del término legal, razón por la cual no había
lugar a declarar prescritas las sumas reclamadas.

58. Para efectos metodológicos, la Sala abordará primero el derecho a la prima del
demandante y los reparos formulados en el orden en que fueron expuestos en el
recurso de apelación, con el propósito de establecer si el Tribunal acertó al declarar
probada la excepción de prescripción trienal o si, por el contrario, el término
prescriptivo debía contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia que, declaró la
nulidad de las disposiciones reglamentarias expedidas en desarrollo del artículo 14
de la Ley 4ª de 1992.

2.5.1 Del derecho a la prima especial de servicios y su alcance.

59. En el sub lite, está probado que el señor Rodulfo Pardo Acosta prestó sus servicios
como Magistrado de la Sala Disciplinaria de Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca para la Rama Judicial desde el primero (1) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993) hasta el treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004)32.

32
Expediente físico, folio 21.

23

Número Interno: 0421-2021
Demandante: Rodulfo Pardo Acosta
Demandada: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

60. Igualmente, obran certificados expedidos por la entidad accionada, en los cuales
se reflejan los conceptos salariales pagados al actor por la vigencia fiscal de los
años 1993-2004 33 , donde se advierte que el demandante devengó para dichas
calendas la prima especial de servicios.

61. También está acreditado que el actor presentó reclamación administrativa el
quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014)34, mediante la cual, solicitó la prima
especial prevista en la Ley 4ª de 1992 y se le reliquiden todas las prestaciones
sociales como, prima de servicios, cesantías, vacaciones, prima de vacaciones,
prima de navidad, bonificación por actividad judicial y demás emolumentos.

62. En respuesta, reposa en el expediente copia de las resoluciones mediante las
cuales el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá, no
accedió a la reclamación y la Directora Ejecutiva de Administración Judicial confirmó
la anterior resolución.35

63. En este punto, debe recordarse que, de acuerdo con la sentencia del dos (2) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019), proferida por la Sala Plena de Conjueces
de la Sección Segunda de esta Corporación, la prima especial de servicios se erige
como un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores
públicos beneficiarios de esta, entre los que se encuentran, al amparo del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, «los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama
Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior
Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala
de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de
1993». En consecuencia, los beneficiarios a los que se aludió en precedencia, tienen

derecho, en los términos del precedente, al reconocimiento y pago de las diferencias
que, por concepto de la prima, resulten a su favor, advirtiendo que la prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación, como en efecto se dispuso en la Ley 332 de 1996.

64. En punto al carácter salarial limitado del emolumento, esto es, el circunscrito a
los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones, esta Sección, en
la sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020), reiteró que la
prestación en comento sólo se considera factor salarial para efectos pensionales,

33
Expediente físico, folio 39 a 59.
34
Expediente físico, folio 2 a 7.
35
Expediente físico, folios 15 a 35.

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de manera que su reconocimiento en otros ámbitos entraña el desconocimiento del
marco legal y excede la voluntad del legislador. Esta línea se acompasa con la tesis
que, tiempo atrás, respaldó la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
en la cual se declaró exequible la expresión «sin que constituya factor salarial» contenida
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el entendido que: «el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución», por lo

que, «(…) el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no
lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo,
ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

65. Con base en lo expuesto, es claro que los beneficiarios de la prima especial de
servicios a la que se refiere el pluricitado artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, tienen
derecho, por un lado, a que se reconozca el emolumento como un incremento o
adicional al salario básico, sin que sea dable fraccionar la asignación o, en otros
términos, sustraer el 30% del total, y sin que en ningún caso se superen los topes
máximos fijados por el Gobierno Nacional; y, por el otro lado, a que se reliquiden las
prestaciones sociales sobre la base del 100% del salario básico, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial de servicios.

66. En el sub-lite, es dable sostener que, durante el período de vinculación del
demandante a la Rama Judicial, le asistió el derecho al reconocimiento y pago del
incremento pretendido, esto es, a que se le pagara un valor adicional a su salario
básico mensual, equivalente al 30% por concepto de prima especial de servicios, y
a que se reliquidaran las prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación (sin
sumar ni restar el 30% que, en su momento, se sustrajo del ingreso mensual).

2.5.2 De la prescripción trienal de las acreencias reclamadas.

67. El recurrente sostiene que, el Tribunal erró al declarar probada la excepción de
prescripción trienal de las acreencias reclamadas. En su criterio, aunque el
ordenamiento jurídico prevé un término de tres (3) años para reclamar las
diferencias salariales y prestacionales, dicho término no podía contabilizarse desde
la causación de cada acreencia, sino desde la sentencia del veintinueve (29) de abril
de dos mil catorce (2014), mediante la cual, el Consejo de Estado, declaró la nulidad
de las disposiciones reglamentarias que regulaban la prima especial de servicios.

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Sostiene que, mientras tales decretos conservaron su presunción de legalidad, el
derecho reclamado no era jurídicamente exigible y, por tanto, la prescripción no
podía correr en su contra.

68. Pues bien, la Sala advierte que la sentencia proferida el dos (2) de septiembre
de dos mil diecinueve (2019), fijó una regla clara respecto de la prescripción de las
diferencias salariales y, prestacionales derivadas de la prima especial de servicios.
En efecto, la Sala de Conjueces precisó que, para efectos de contabilizar el término
prescriptivo, «debe atenderse a la fecha de presentación de la reclamación administrativa y, a
partir de ella, reconocer únicamente las diferencias causadas dentro de los tres (3) años anteriores,
conforme a lo previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de
1969». Esta regla constituye precedente obligatorio y, ha sido reiterada por la

Subsección B de esta Corporación en la sentencia del siete (7) de noviembre de
dos mil veinticinco (2025), radicación 05001-23-33-000-2016-00752-02 (1615-
2024).

69. En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Rodulfo Pardo
Acosta, presentó reclamación administrativa el quince (15) de agosto de dos mil
catorce (2014), mientras que el período respecto del cual reclama las diferencias
salariales y prestacionales por concepto de prima especial de servicios,
corresponde al comprendido entre el primero (1º) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993) y el treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004). En esas
condiciones, para la fecha de la reclamación administrativa habían transcurrido más
de tres (3) años desde la exigibilidad de las acreencias reclamadas, razón por la
cual, la totalidad de estas se encontraba afectada por el fenómeno de la
prescripción.

70. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal acertó al declarar probada la
excepción de prescripción trienal, pues, aplicó correctamente la regla fijada por la
sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Por consiguiente,
este reparo de la alzada no está llamado a prosperar.

2.5.3 De la exigibilidad del derecho reclamado.

71. Sostiene el recurrente que, el Tribunal desconoció que, el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la
prima especial de servicios, únicamente se hizo exigible a partir de la sentencia del

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veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), mediante la cual el Consejo de
Estado declaró la nulidad de las disposiciones reglamentarias, expedidas por el
Gobierno Nacional en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992. Manifestó
que, mientras tales decretos conservaron la presunción de legalidad, no existía la
posibilidad jurídica de reclamar el derecho pretendido, motivo por el cual, el término
de prescripción no podía comenzar a correr antes de la ejecutoria de dicha
providencia.

72. La sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)36, proferida
por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación, precisó
que la declaratoria de nulidad de las disposiciones reglamentarias no creó un
derecho nuevo ni modificó el momento de su exigibilidad, sino que definió el
verdadero alcance del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992 y, fijó las reglas para el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales derivadas de su
indebida aplicación. En consecuencia, no resulta acertado afirmar que el derecho
se hizo exigible con la sentencia de nulidad de dos mil catorce (2014), pues, la prima
especial de servicios encontraba sustento en la propia Ley 4ª de 1992.

73. Precisamente, la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve
(2019), estableció que el reconocimiento de las diferencias derivadas de la prima
especial de servicios continúa sometido al régimen general de prescripción previsto
en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, por
lo que, lo decidido por esta Corporación consistió en retirar del ordenamiento jurídico
las disposiciones reglamentarias que desconocían el alcance de la ley marco, sin
alterar las reglas generales sobre la exigibilidad y, prescripción de las acreencias
laborales.

74. En ese orden de ideas, la Sala determina que la presunción de legalidad de los
decretos salariales expedidos en desarrollo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, no
constituye fundamento suficiente para sostener que el término de prescripción solo
comenzó a correr a partir de su declaratoria de nulidad, habida consideración que,
admitir esa tesis implicaría desconocer la regla de unificación fijada por esta
Corporación, respecto de la contabilización de la prescripción de las diferencias
salariales derivadas de la prima especial de servicios, así como, las disposiciones
que regulan el fenómeno prescriptivo en materia de empleo público. En

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del
2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18), C.P. Carmen Anaya de Castellanos.

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consecuencia, el cargo formulado por la parte demandante, no está llamado a
prosperar.

75. A partir de las consideraciones expuestas, la Sala concluye que, los argumentos
formulados por la parte demandante no desvirtúan las razones que llevaron al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca a declarar probada la excepción de
prescripción trienal de las acreencias reclamadas, ya que, la decisión recurrida se
ajustó a la regla jurisprudencial fijada por la Sala Plena de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos
mil diecinueve (2019), según la cual la contabilización de la prescripción del derecho
a reclamar las diferencias salariales y prestacionales derivadas de la prima especial
de servicios, debe efectuarse a partir de la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, reconociéndose únicamente las acreencias causadas dentro de los
tres (3) años anteriores a esta.

76. No obstante lo anterior, la Sala detecta que aunque el Tribunal de instancia
determinó que el derecho reclamado existe, no declaró las nulidades de las dos
resoluciones cuestionadas, sencillamente dispuso en el numeral primero estarse a
lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la sentencia del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), y
posteriormente declaró la prescripción trienal de todas las sumas reclamadas por el
demandante, sin detenerse a analizar que desde la entrada en vigor de la Ley 332
de 199637, la prima especial de servicios constituye factor salarial, solo para efectos
de aportes pensionales, respecto de los cuales, no opera prescripción. En ese
sentido, se advierte que en la sentencia de primera instancia no se ordenó el pago
de dichos aportes, a pesar de que debían reconocerse por todo el tiempo que el
demandante prestó sus servicios y fue acreedor de la prima especial de servicios,
sin tener en cuenta la prescripción, dada su naturaleza irrenunciable e
imprescriptible.

77. En tal virtud, conforme los antecedentes jurisprudenciales de la Corporación
sobre la prima de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es
claro que los actos administrativos atacados infringen la normativa superior y, en tal
virtud, no se acompasa con el régimen aplicable a la prima especial de servicios,
así como al precedente de esta Corporación que ha entendido que constituye un

37
Publicada en el Diario Oficial No. 42.948 de 28 de diciembre de 1996, momento a partir del cual entró en vigencia, según
su artículo 3.

28

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incremento, adicional o sobresueldo al ingreso básico, pues, en dicho acto, se negó
tal carácter, así como la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100%
de lo devengado, sin sumar ni restar la porción correspondiente al citado
emolumento.

78. Entonces, ante lo extemporáneo que resultó la reclamación administrativa, lo
procedente era declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Directora
Ejecutiva de Administración Judicial, y, seguidamente, declarar probada la
excepción de prescripción sobre todos los periodos reclamados por la parte actora,
salvo los aportes pensionales, los cuales, se itera, son imprescriptibles.

79. Así las cosas, se modificará la sentencia de primera instancia, mediante la cual
se declaró probada la excepción de prescripción, sin distinción de los aportes a
pensión, y se negaron las súplicas de la demanda. En su lugar, se declarará la
nulidad de los actos administrativos demandados; sin embargo, se declarará
probada la excepción de prescripción respecto de todas las sumas causadas, salvo
los aportes a pensión, los cuales son irrenunciables e imprescriptibles. En ese
sentido, se ordenará a la accionada a que, a título de restablecimiento del derecho,
efectúe los aportes propios al sistema general de seguridad social en pensiones, en
las proporciones correspondientes. Para la liquidación de los aportes a seguridad
social en pensiones, la entidad demandada debe observar los siguientes extremos:
(i) del siete (7) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), fecha de entrada
en vigor del Decreto 57 de 1993, hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, teniendo
como base el 100% de la remuneración básica mensual; y (ii) desde la entrada en
vigor de la anterior norma, esto es, desde el veintiocho (28) de diciembre de mil
novecientos noventa y seis (1996), fecha a partir de la cual la prima especial de
servicios constituye factor salarial para efectos pensionales, y hasta el treinta (30)
de abril de dos mil cuatro (2004), con fundamento en la anterior asignación más el
30% correspondiente a la prima especial de servicios.

79.1. Para tal efecto, solo deberán pagarse al sistema las diferencias causadas
entre lo que efectivamente se pagó y lo que correspondía pagar por concepto de
aportes a seguridad social en pensiones. Las sumas de dinero cuyo reconocimiento
se ordena en esta sentencia a favor de la demandante se actualizarán en su valor.

80. Lo anterior, por cuanto el pago de aportes pensionales está ligado al derecho
pensional, el cual es un derecho irrenunciable e imprescriptible, tal y como lo tiene

29

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decantado la Sala38.

81. Finalmente, se precisará que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada -Rama Judicial- no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y, en ese
sentido, se dispondrá lo pertinente en la parte resolutiva de este proveído.

2.5.4 Conclusión.

82. La Sala modificará la sentencia de primera instancia y, en esa línea, declarará
la nulidad de los actos administrativos demandados. Sin perjuicio de lo anterior,
declarará la prescripción de las sumas reclamadas, salvo los aportes a pensión,
los cuales son irrenunciables e imprescriptibles. Así las cosas, se ordenará a la
entidad a que, a título de restablecimiento del derecho, efectúe los aportes al
sistema general de seguridad social en pensiones, en los términos indicados ut
supra.

2.6 Condena en costas.

83. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

38
« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de
carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido
desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En
consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier
tiempo, como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente:
Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

30

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PRIMERO. MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del
veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala de Transitoria, del siguiente tenor:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de
septiembre de 2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
DECLARAR la nulidad de los actos administrativos n.° 5637 del quince (15) de
octubre de dos mil catorce (2014) y n.° 5362 del ocho (08) de septiembre de dos mil
quince (2015), de conformidad con los motivos expuestos en este proveído.

SEGUNDA. MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, el cual quedará así:

SEGUNDO. DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva de las
sumas reclamadas, salvo los aportes pensionales. En consecuencia, se ORDENA
a la entidad demandada a efectuar los aportes propios al sistema general de
seguridad social en pensiones, en las proporciones correspondientes. Para la
liquidación de los aportes a seguridad social en pensiones, la entidad demandada
debe observar los siguientes extremos: (i) del siete (7) de enero de mil novecientos
noventa y tres (1993), fecha de entrada en vigor del Decreto 57 de 1993, hasta la
vigencia de la Ley 332 de 1996, teniendo como base el 100% de la remuneración
básica mensual; y (ii) desde la entrada en vigor de la anterior norma, esto es, desde
el veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), fecha a
partir de la cual la prima especial de servicios constituye factor salarial para efectos
pensionales, y hasta el treinta (30) de abril de dos mil cuatro (2004), fecha de retiro
del actor, con fundamento en la anterior asignación más el 30% correspondiente a
la prima especial de servicios.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, de conformidad con
las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

31

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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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