Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02258-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-02258-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-02258-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02258-01 (6278-2023)
Demandante: Jaime Efraín Garzón Bacca
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Reliquidación pensional
Decisión: CONFIRMAR. La sentencia que negó las pretensiones de la
demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de primera instancia del 1 de septiembre de 2022 dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Jaime Efraín Garzón Bacca, por medio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó una
demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con el
propósito de que se declare la nulidad de (i) la Resolución UGM-021587 del 21
de diciembre de 2011, por medio de la cual Cajanal le reconoció una pensión de
vejez en los términos de la Ley 33 de 1985 liquidada de conformidad con el
artículo 36 de la Ley 100 de 19931, (ii) la Resolución No. UGM-058052 del 13 de
noviembre de 2012, a través de la cual Cajanal resolvió no reponer el tiempo de
liquidación del IBL, pero sí reliquidar la asignación en los términos de la Ley 797
de 2003 a efectos de incluir factores salariales inicialmente no incluidos2 y (iii) las
Resoluciones No. RDP-029330 del 16 de julio de 2015, No. RDP-041727 del 9
1 Cajanal le reconoció una pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985 y el inciso 3°
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por el valor de $3.215.483 efectiva a partir del 1 de
noviembre de 2010, pero con efectos fiscales una vez demostrara el retiro definitivo. Aplicó un
monto del 75% sobre la asignación básica mensual que fue cotizada ante el sistema entre el 1 de
noviembre del 2000 y el 30 de octubre de 2010.
2
Cajanal le reconoció una pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993, modificada
por la Ley 797 de 2003, por el valor de $3.531.363 efectiva a partir del 4 de octubre de 2012, pero
con efectos fiscales una vez demostrara el retiro definitivo. Aplicó un monto del 76.42% sobre la
asignación básica mensual, la bonificación de servicios prestados y la prima de antigüedad
cotizados ante el sistema entre el 1 de noviembre del 2000 y el 30 de octubre de 2010.
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Demandante: Jaime Efraín Garzón Bacca
de octubre y Resolución No. 042545 del 16 de octubre ambas de 2015, por medio
de las cuales negó la reliquidación pensional y confirmó la decisión el 13 de
noviembre de 2012.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la UGPP
la reliquidación pensional aplicando un IBL calculado a partir del promedio de
todos los factores salariales devengados el último año de prestación de servicios.
También solicitó (i) incluir los aportes efectuados entre el 1 de noviembre de 2010
y 2 de febrero de 2014, (ii) aplicar la indexación correspondiente y (iii) condenar
al pago de los intereses moratorios, de conformidad con el numeral 4° del artículo
195 del Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante CPACA.
3. Como concepto de la violación, manifestó que si bien es cierto pertenece
al régimen de transición3 previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 19934,
reprochó que la UGPP hubiese liquidado y reliquidado la asignación en los
términos del allí dispuestos. A su juicio, la liquidación debió efectuarse en los
términos del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 5 y el literal a) del artículo 2° de la
3 Prestó sus servicios por más de 20 años a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y,
a fecha del 1 de abril de 1994, tenía más de 40 años.
4 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Artículo 36. “ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. (...) El ingreso base para
liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos
de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos
(2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos (...)”.
5 Ley 33 de 1985. Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y
con las prestaciones sociales para el Sector Público. Artículo 1°. “El empleado oficial que sirva o
haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”.
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Ley 4° de 19926, criterio jurídico respaldado por la sentencia del 4 de agosto de
2010 dictada por el Consejo de Estado en el radicado 112-20097.
Contestación de la demanda
4. La UGPP se opuso a la totalidad de las pretensiones. Argumentó que, si
bien la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición, este no otorgó la
adquisición de un derecho pensional en los términos de las normas anteriores.
Con base en la transcripción de numerosas sentencias de la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, indicó que el régimen de transición no aplicaba respecto
del IBL, sino que este debía ser calculado de conformidad con el inciso 3° del
artículo 36 del nuevo régimen. Por último, descartó la inclusión de los factores
salariales devengados por el demandante y determinó que únicamente podía
tenerse en cuenta aquellos (i) sobre los cuales se cotizó ante el sistema y (ii) los
establecidos en los Decretos 1158 de 1994 y 691 de 1994.
5. Como excepciones previas, invocó la falta de integración del litisconsorcio
necesario o llamamiento en garantía y la prescripción. De fondo, alegó la
inexistencia de las obligaciones, el cobro de lo no debido, la improcedencia de
intereses moratorios, la falta de título y causa y la buena fe.
Sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió negar las
pretensiones de la demanda por medio de sentencia del 1 de septiembre de 2022.
6 Ley 4° de 1992. Mediante. Artículo 2°. “ARTÍCULO 2.- Para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en
cuenta los siguientes objetivos y criterios: a. El respeto a los derechos adquiridos de los servidores
del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán
desmejorar sus salarios y prestaciones sociales; b. El respeto a la carrera administrativa y la
ampliación de su cobertura; c. La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de
los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo; d. La modernización,
tecnificación y eficiencia de la administración pública; e. La utilización eficiente del recurso
humano; f. La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales; g. La obligación del Estado de propiciar una
capacitación contínua del personal a su servicio; h. La sujeción al marco general de la política
macroeconómica y fiscal; i. La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto
es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad; j. El nivel de los cargos, esto
es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y las calidades exigidas para su
desempeño; k. El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y de la
Organización Electoral; l. La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en
pruebas generales y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como
criterios, la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad; ll. El reconocimiento
de gastos de representación y de salud y de primas de localización, de vivienda y de transporte
cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama Legislativa”.
7 De la transcripción presentada en el escrito de la demanda, la Sala resalta el siguiente aparte
de dicha providencia: “(...) la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios (...)”.
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Advirtió que el demandante era beneficiario del régimen de transición, como
quiera que, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía 41
años y cumplió los 20 años de servicio el 3 de septiembre de 2020. En
consideración de dicha norma y teniendo en cuenta la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, concluyó que el
demandante tenía derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley
33 de 1985 y que la liquidación debía efectuarse de conformidad con lo previsto
en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7. Para el a quo, no fue de recibo lo manifestado por el demandante frente a
la inaplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pues
precisó que para el momento en que se radicó la demanda dicha providencia no
había sido proferida por el Consejo de Estado. Con base en ello, el Tribunal
estableció que dicho argumento no era procedente porque, de todas maneras, la
Ley 62 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2005 exigían tener en cuenta solo
aquellos factores salariales sobre los cuales se hubiese cotizado al sistema.
En cuanto a costas, el Tribunal guardó silencio.
Recurso de apelación
8. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia con el propósito de que fuese revocada y, en su lugar, se
apartara del precedente de unificación y accediera a sus pretensiones. Además
de reiterar los argumentos en los que fundó el concepto de la violación en la
demanda, alegó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado no le era aplicable porque esta solo tenía
efectos hacia el futuro; insistir en lo contrario vulneraba sus derechos
fundamentales a la igualdad y acceso a la administración de justicia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
9. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el recurso de apelación fue
admitido, se corrió traslado de este a la parte demandada y al Ministerio Público,
este último para rendir concepto.
10. La UGPP solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por haber
aplicado correctamente la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado y haber valorado adecuadamente las pruebas
aportadas al plenario. Reiteró la improcedencia de la reliquidación en aplicación
del IBL de la Ley 33 de 1985 porque el demandante era beneficiario del régimen
de transición y la pensión había sido liquidada con el período y factores salariales
correctos.
11. El Ministerio Público guardó silencio.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
12. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
13. Le corresponde a la Sala a determinar si el señor Jaime Efraín Garzón
Bacca, como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a la reliquidación pensional con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios prestados. Adicionalmente,
se deberá evaluar si la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
proferida por esta Corporación debe ser aplicada al caso en concreto.
Análisis del problema jurídico
14. La Sala confirmará la sentencia apelada al encontrar que el demandante
no tiene derecho a la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores
salariales que devengó en el último año en que prestó sus servicios a la DIAN. Al
ser beneficiario del régimen de transición la pensión de vejez que le fe reconocida
se debe ceñir a los parámetros de la liquidación del IBL consagrados en el artículo
36 de la Ley 100 de 193.
15. El señor Garzón nació el 4 de octubre de 1952 y prestó sus servicios a la
DIAN por más de 20 años entre el 3 de septiembre de 1970 y el 2 de febrero de
2014. Cumplió 55 años el 4 de octubre de 2007, por lo que Cajanal le reconoció
una pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición y la Ley 33 de
1985 a través de la Resolución No. UGM-021587 del 21 de diciembre de 2011.
16. Le asignó una mesada por el valor de $3.215.483 efectiva a partir del 1 de
noviembre de 2011, con efectos fiscales una vez acreditara su retiro definitivo,
por un monto del 75% del promedio de los salarios cotizados en los últimos 10
años de servicio (desde el 1 de noviembre del 2000 hasta el 30 de abril de 2010).
Dentro del promedio de los salarios cotizados, la entidad tuvo en cuenta como
único factor salarial la asignación básica mensual, según lo establecido por el
Decreto 01 de 1984, el Decreto 1158 de 1994 y el Decreto 2527 del 2000.
17. A través de la Resolución No. UGM-058052 del 13 de noviembre de 2012,
Cajanal repuso el acto administrativo inicial y modificó los términos en los que
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reconoció y liquidó la pensión de vejez para, en su lugar, aplicar el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 20038.
18. De esta forma, le reconoció una pensión de vejez por el valor de
$3.531.363 efectiva a partir del 4 de octubre de 2012, con efectos fiscales una
vez se verificara su retiro definitivo, por una tasa de reemplazo del 76.42% sobre
el promedio de salarios cotizados en los últimos 10 años de servicios (desde 1
de noviembre de 2000 hasta el 30 de octubre de 2010) e incluyendo como
factores salariales la asignación básica mensual, la prima de antigüedad y la
bonificación de servicios prestados.
19. La Sala observa que el señor Garzón pretende la reliquidación pensional
con el promedio de lo devengado en el último año de servicios, esto es, entre
febrero de 2013 y febrero de 2014 y con inclusión de la prima de navidad, la prima
factor nacional, la prima de servicios, la prima de vacaciones y el factor grupal.
20. Para resolver este tipo de controversias, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dictó sentencia de unificación el 28 de
agosto de 20189 y fijó una regla sobre la liquidación del IBL de las pensiones de
vejez de quienes gozan del régimen de transición.
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. (Negrilla del texto original).
21. Bajo este criterio, la Corporación ha explicado que si bien los beneficiarios
tienen derecho a pensionarse una vez cumplan con la edad, tiempo de servicios
y monto previstos en el régimen anterior, el IBL a aplicar sigue las reglas
determinadas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
22. Adicionalmente, a partir de las subreglas definidas, la determinación del
IBL involucra dos elementos: el período sobre el cual se computa el promedio de
ingresos y los factores salariales que integran este último 8. Para identificar qué
período corresponde, es necesario examinar cuántos años (menos de 10 años o
8 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones. Artículo 33. “Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener
el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 1. Haber
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. A
partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de
mil (1000) semanas en cualquier tiempo.<Inciso INEXEQUIBLE, en relación con los efectos para
las mujeres. Efectos diferidos> A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se
incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015”.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018, Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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más) le faltaban a la persona para consolidar su estatus pensional al momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Y en relación con los factores salariales,
precisó que solo pueden tenerse en cuenta aquellos sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que, simultáneamente, estén expresamente fijados por
el ordenamiento jurídico.
23. Ahora bien, para los beneficiarios del régimen de transición, el Decreto
1158 de 1994 enlista de manera taxativa los factores salariales al incluir dentro
del IBL. A saber, asignación básica mensual, gastos de representación, prima
técnica (cuando corresponda), prima de antigüedad, remuneración dominical o
por festivo, horas extra y bonificación por servicios prestados. Cualquier otro
concepto carece de respaldo normativo para ser incluido.
24. Al analizar el caso del señor Garzón bajo estas consideraciones, la Sala
encuentra que no le asiste razón alegar que la liquidación del IBL debe hacerse
a partir del último año de servicios como lo establece que artículo 1° de la Ley 33
de 1985 pues el IBL no fue incluido en el régimen de transición y, al contrario, se
encuentra sujeto al establecido en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
25. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, al demandante le hacían
falta 13 años para adquirir el estatus pensional en los términos del régimen
anterior. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 o la primera
subregla definida en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, para
estos casos el IBL se calcula a partir del promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales la persona ha cotizado en los últimos 10 años anteriores al
reconocimiento, actualizados anualmente con base en la variación del IPC,
según certificación que expida el DANE.
26. La Sala observa que la Resolución No. UGM-058052 del 13 de noviembre
de 2012 expedida por la UGPP fue liquidada con base en ese período,
desvirtuando entonces la ilegalidad de los actos administrativos en los términos
de la demanda.
27. Frente al segundo reparo, la Sala tampoco encuentra plausible que el IBL
sea calculado a partir del promedio de todos los conceptos devengados por el
empleado. Se reitera que este computo solo se realiza respecto de los
conceptos cotizados al sistema pensional, tal y como dispuso la entidad en
las resoluciones demandadas.
28. En todo caso, al verificar la correspondencia entre los factores salariales
cotizados por el demandante al sistema pensional, los establecidos por la norma
y los efectivamente incluidos en el IBL por el cual se reliquidó la pensión del
demandante, la Sala descarta que exista causal de nulidad alguna sobre los actos
demandados.
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29. En efecto, la UGPP10 liquidó la pensión "sobre un Ingreso Base de
Liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado o aportado el interesado entre el 1 de noviembre de 2000 y el 30 de
octubre de 2010, conforme el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993”. Como factores
salariales, incluyó la asignación básica mensual, la prima de antigüedad, y la
bonificación de servicios prestados.
30. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que la entidad demandada aplicó
en debida forma el período de liquidación y los factores salariales cotizados
necesarios para liquidar el IBL y, en esa medida, no es procedente efectuar una
reliquidación pensional con el promedio de lo devengado en el último año de
servicios.
31. Por último, en consideración a los argumentos presentados en el recurso
de apelación sobre la aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, esta Corporación aclaró que la decisión tendría efectos retroactivos.
Esto, con el propósito de zanjar de manera uniforme todos los casos que para la
fecha se encontraban pendientes y dotarlos de seguridad jurídica, sin que por
ello se pueda afirmar que el precedente desconoció principios de rango
constitucional en materia laboral y/o de la seguridad social. Este criterio ha sido
reiterado de manera pacífica por la Sala11.
32. En ese sentido, tampoco es de recibo el argumento del demandante
encaminado a desacreditar la aplicación de la mencionada sentencia de
unificación.
33. La Sala confirmará la decisión de primera instancia consistente en negar
la reliquidación pensional en los términos solicitados.
Condena en costas
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
35. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
10 Expediente físico, folios 18 – 24.
11 Ver los siguientes expedientes: rad. 05001233300020170217401 (6754-2024), rad.
68001233300020140012402 (5749-2022), rad. 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022),
rad. 08001233300020140152501 (0028-2017), rad. 25000234200020130163801 (0015-2016).
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36. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 1 de septiembre de 2022 dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Jaime Efraín Garzón Bacca en contra de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor Jaime
Efraín Garzón Bacca en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Para el efecto,
las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2016-02258-01 (6278-2023)
Demandante: Jaime Efraín Garzón Bacca
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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