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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02174-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02174-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de septiembre dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las pretensiones, por las razones esbozadas en este proveído. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02174-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02174-01 (6754-2024)
Demandante: Daniel Alberto Gómez Silva
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones

Tema: Aplicación al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Reconocimiento pensional de conformidad con el
artículo 1° de la Ley 33 de 1985. Regla de unificación IBL del
artículo 21 de la Ley 100 de 1993. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecisiete (17) de septiembre dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las
pretensiones, sin condena en costas.

ANTECEDENTES

El señor Daniel Alberto Gómez Silva interpuso demanda en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 394288 del 30 de diciembre de
2016, GNR 34641 del 28 de enero de 2017 y DIR 538 del 9 de marzo de 2017, a

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Radicación: 05001233300020170217401 (6754-2024)

través de las cuales Colpensiones negó la reliquidación de su pensión de vejez
conformidad con la Ley 33 de 1985 con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicio con cada uno de los factores salariales que percibidos en ese
interregno y sobre los cuales además cotizó al Sistema General de Pensiones.

A título de restablecimiento del derecho, se condene a reliquidar y reajustar el valor
de la pensión de vejez respetándole el régimen de transición, la aplicación de la Ley
33 de 1985 y liquidando el valor de la prestación económica con el promedio de todo
lo devengado en el último año de servicio y con cada uno de los factores salariales
percibidos1; con efectos desde el 5 de enero de 2011. Al pago los intereses
moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o esas sumas debidamente
indexadas.

Se ordene a la demandada a reajustar el valor de las condenas según lo ordenado
por el artículo 187 del C.P.A.C.A. y también a dar cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 del C.C.A.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que Colpensiones mediante Resolución GNR 249758 de octubre 7 de 2013 le
reconoció pensión de vejez con fundamento «en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003». Y para calcular el Ingreso Base
de Liquidación (IBL) se basó en los artículos 18,19 y 21 de la Ley 100 de 1993 y 1
° del Decreto 1158 de 1994.

Posteriormente, solicitó la reliquidación de la pensión determinando su valor con el
75% del IBL, debiendo ser calculado con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicios: asignación básica, prima de navidad, prima de junio, prima
de vacaciones y sobre remuneración. Petición que le fue negada por Colpensiones
al sostener su postura de liquidar el Ingreso Base de Liquidación (IBL) de
conformidad con los artículos 18,19 y 21 de la Ley 100 de 1993 y 1° del Decreto
1158 de 1994. En contra de la decisión interpuso los recursos de ley, siendo
confirmada la negativa.

1 Entre los cuales están: asignación básica, prima de navidad, prima de junio, prima de vacaciones, vacaciones,

prima de antigüedad y sobre remuneración.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas: preámbulo, artículos 1, 2,4,13, 43,48,53,93 y
94 de la Constitución Política.
Las Leyes 33 de 1985, 100 de 1993, los artículos 21, 36, 141 y 150, Decreto 3135
de 1968, el articulo 27; Decreto 1848 de 1969, el artículo 73, Decreto 1042 de 1978,
Ley 62 de 1985, Decreto 1160 de 1989, articulo 10.

Como sustento manifestó los actos administrativos van en contravía de la
universalidad e irrenunciabilidad del derecho de la seguridad social, tanto para
reliquidar el valor de su pensión como para reconocer el retroactivo del año 2014,
pues está desconociendo el pago oportuno de la pensión y permite la pérdida del
poder adquisitivo de las misma.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 18 de septiembre de 2017 y notificada Colpensiones,
quien contestó oponiéndose a las pretensiones, expresando que es cierto que el
actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, razón por la cual la normativa que lo amparaba cuando entró a regir
el Sistema General de Pensiones era el previsto en la Ley 33 de 1985, dada su
condición de servidor público para la fecha referida como retiro del sistema. Que el
régimen de transición comprende la edad, el tiempo y el monto, sin embargo, el IBL
es el previsto en la Ley 100 de 1993 artículos 21 o 36.

Frente a los factores salariales no cotizados, manifestó que los servidores públicos
del orden territorial o nacional están reglados por normas expresas como lo son el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de
2003, Ley 4ª de 1992 y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994. Dichas normas
taxativamente enumeran los factores salarias que deben tomarse para efectos de
la cotización al sistema general de seguridad social integral y en las mismas no
están contempladas los factores salariales tales como subsidio de transporte, prima
de vacaciones, prima de navidad y prima de vida cara.

Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, inexistencia de la
obligación de reliquidar la pensión con factores salariales no reportados,
cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones, cobro de lo no debido,
prescripción, pago, compensación e improcedencia de la indexación de las
condenas, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

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Por Auto de 9 de abril de 2018, se admitió el llamamiento en garantía de EPM
solicitado por Colpensiones.

Empresas Públicas de Medellín contestó el llamamiento en garantía, indicando
que realizó todos los aportes para la pensión del demandante, es decir, según lo
dispuesto en los Decretos 1158 y 691 de 1994. De ese modo, propuso las siguientes
excepciones: “inexistencia de la obligación”, “falta de legitimación en la causa por
pasiva de EPM”, “pago” y “prescripción”. Además, sostuvo que el acto administrativo
que reconoció liquidó y realizó el promedio del IBL y ordenó el pago de la pensión
del demandante se encuentra en firme y fue suscrito por el Fondo de Pensiones,
por lo que se presume legal.

El 28 de agosto de 2019 se realizó la audiencia inicial en la que se desestimaron las
excepciones propuestas, se decretaron pruebas las cuales fueron practicadas en
audiencia de pruebas celebrada posteriormente, y se corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que de la revisión de las pruebas allegadas consta que el demandante
es beneficiario del régimen de transición por cuanto el 30 de junio de 1995 fecha de
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 para las entidades del orden territorial,
contaba con 39 años. Adicionalmente, conservó dicho beneficio en los términos del
Acto Legislativo 01 de 2005 por cuanto tenía más de 750 semanas de cotización.

En virtud de lo anterior, concluyó que le asiste el derecho a que su pensión de vejez
sea reconocida conforme a los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, esto es,
55 años y 20 años de servicios y un monto de 75%. Con relación al IBL, tuvo en
cuenta las normas fijadas en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018
y respecto a los factores salariales, manifestó que no se pueden incluir extralegales
o que no constituyan ingreso base de liquidación, según los Decreto 1158 de 1994
y 1068 de 1995.

Sin condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte actora interpuso recurso sosteniendo que la providencia
del tribunal si bien reconoce que el demandante es beneficiario del régimen de
transición, niega las pretensiones al considerar que no tiene derecho a la

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reliquidación de su pensión por la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año, puesto que el régimen le garantiza los requisitos de
edad, tiempo y monto sin incluir el IBL por lo que para determinar este se debe
aplicar el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, el promedio de los últimos 10
años y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se cotizó.

Considera con la sentencia recurrida se desconocieron: 1º) El precedente de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de febrero de 2016
(exp.25000234200020130154101) y los anteriores, respecto de la determinación
del IBL para los beneficiarios del régimen de transición pensional que se les aplica
la Ley 33 de 1985, durante más de 20 años, con lo cual en virtud del artículo 10 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) es de obligatorio acatamiento, en concordancia con: 2º) El principio de
progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales; 3º) El Bloque de
Constitucionalidad, 4º) El Control de Convencionalidad; 5º) La confianza legítima;
6º) Las expectativas legítimas y 7º) la seguridad jurídica.

Que se debe respetar el Estado Social de Derecho y en su lugar se aplique el criterio
que durante más de 20 años ha tenido la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sobre el IBL del sector público y sus componentes.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 5 de febrero de 2025 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que el
expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y
se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el
proceso ingresara al mismo.

Las partes guardaron silencio.

El señor agente del Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó se confirme
la sentencia de primera sosteniendo que si bien las reglas de unificación fueron
dictadas con posterioridad a la causación del estatus pensional del demandante,
esta corporación ha sido reiterativa en señalar que, por regla general, se ha dado
aplicación al precedente en forma retrospectiva, esto es, que se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial, tesis
que fue ratificada en sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, en la que se
dijo que las decisiones de las altas cortes – autoridades de cierre de las
correspondientes jurisdicciones- tienen valor vinculante por emanar de órganos

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diseñados para la unificación de la jurisprudencia y su contenido y regla o norma
jurídica tienen carácter vinculante y obligatorio.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si tiene derecho el actor a la reliquidación de su
pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985
teniendo en cuenta el IBL del último año de servicios con inclusión de los factores
salariales percibidos en el mismo.

Marco normativo y jurisprudencial

La Ley 100 de 1993 en su artículo 36 consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban próximas
a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que quedarían
derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles algunos de los
presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares más favorables.

En ese sentido, el artículo 36 de la Ley 100 dispone:

«(…) Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere

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falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente
ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado
en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1)
año para los servidores públicos».

Sobre los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, la Corte
Constitucional en sentencia C168 de 1995, dispuso:

«(…) Dado que en la ley 100 de 1993 se modifican algunos de los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, se establece en el inciso segundo del
artículo 36, materia de acusación, un régimen de transición que da derecho a
obtener ese beneficio mediante el cumplimiento de los requisitos de edad,
tiempo de servicio, o semanas cotizadas estatuidas en la legislación anterior,
para las personas que a la fecha de entrar a regir el nuevo sistema de seguridad
social, tengan 35 años o más de edad si son mujeres, y 40 o más años de edad
si son hombres; o a quienes hayan cumplido 15 o más años de servicios
cotizados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
obtener tal derecho son los contenidos en las disposiciones de la nueva ley. […]
Adviértase, cómo el legislador con estas disposiciones legales va más allá de
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al
artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo»

En ese orden, para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 se requiere que, al 1.° de abril de 1994, la persona demuestre tener 35
años o más si son mujeres, 40 o más si son hombres o 15 o más años de servicio
cotizados, salvo que se tratara de un servidor público del orden territorial a quien,
por disposición del legislador, se le aplicarían las normas de ese sistema «a más
tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental»

IBL beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993

El artículo 36 citado dio lugar a diversas interpretaciones sobre qué debía
entenderse por ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición, para lo cual el Consejo de Estado consideró que este estaba
integrado al concepto monto regulado en el inciso segundo de la norma en
comento2.

2 En sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado

consideró que: «71. Estos argumentos han consolidado la postura de la Sección Segunda de la Corporación,
según la cual la expresión “monto”, incluida por el legislador en el inciso segundo del citado artículo 36,

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De igual forma, en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó que «(…) el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en
forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de
seguridad social»

Por lo anterior, el Consejo de Estado como órgano límite de la jurisdicción
contenciosa administrativa aplicaba integralmente la norma pensional anterior a la
Ley 100, en favor de los beneficiarios del régimen de transición, con la inclusión de
todos los factores devengados por el interesado bajo el entendido de que «(…)
constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios» con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad»

Por su parte, en sentencias C258 de 2013, SU230 de 2015 y SU247 de 2016, entre
otras, la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en
el régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

necesariamente comprende el ingreso base de liquidación como uno de los elementos protegidos por el régimen
de transición y, de esta manera, lo ha reiterado en varios pronunciamientos.»

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«(…) El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985».

En cuanto a las subreglas: la primera se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes
términos:

«(…) - Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE».

La segunda determina «(…) que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.

Resolución del caso concreto

La Subsección advierte que no está en discusión la calidad de beneficiario del actor
al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como
tampoco que, en su condición de empleado público, le es aplicable la Ley 33 de
1985 pues de hecho así fue reconocido en la Resolución GNR 249758 de 7 de
octubre de 2013.

El punto en controversia es el IBL aplicable en su caso, esto es, si corresponde al
75% de lo percibido en el último año de servicios, con inclusión de los factores

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salariales devengados o si debe darse aplicación a las reglas de unificación
establecidas en la Sentencia de 28 de agosto de 2018.

Sobre ese aspecto, precisa la Sala que según el artículo 270 del CPACA, las
sentencias de unificación jurisprudencial se definen como «(…) las que profiera o
haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia
económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las
proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo
eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado
por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009».

Este tipo de providencias tiene como finalidad resolver contradicciones en la
interpretación y aplicación de la ley con la finalidad de establecer un criterio uniforme
en las decisiones. Por su naturaleza, al ser proferidas fijan reglas y subreglas de
interpretación lo que trae como resultado cambios jurisprudenciales que pueden
aplicarse en el tiempo bajo alguno de estos tres efectos: prospectivo, retrospectivo,
y retroactivo3.

El primero de ellos, efecto prospectivo (ex nunc) consiste en que las decisiones
deben tener efectos únicamente hacia el futuro, por lo tanto, resultan aplicables a
los casos cuyos hechos ocurran de allí en adelante. El segundo, efecto
retrospectivo, consiste en que la nueva regla de precedente solo podrá afectar
situaciones jurídicas que se encuentren en curso o a la espera de un fallo judicial
de modo tal que no se encuentren consolidadas y finalmente el efecto retroactivo
(ex tunc) consiste en que la nueva subregla se aplica hacia atrás en el tiempo,
abarcando aquellos casos que ya se habían sometido a consideración del aparato
jurisdiccional.

En el caso en estudio tenemos que el actor adquirió el estatus pensional en el año
2013, momento para el cual la jurisprudencia de esta corporación venía sosteniendo
que el IBL de los beneficiarios del régimen de transición lo constituían los factores
salariales devengados en el último año de servicios, sin embargo, la controversia
sobre su reliquidación pensional se llevó a cabo y se definió bajo la vigencia de la
nueva postura fijada en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018, la que
de manera expresa dispuso que resultan vinculantes y obligatorias y deben
aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de resolución,
tanto en sede administrativa como en judicial, de conformidad con los lineamientos

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, CP: William Hernández Gómez (28) de marzo de (2019), Radicación

número: 15001-23-33-000-2003-00605 01(0288-15).

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señalados. De igual forma, se precisa que los casos respecto de los cuales haya
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.

Para la Sala aplicar las nuevas reglas al caso en estudio no vulnera los principios y
normas citadas en el concepto de violación puesto que según la Corte
Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte
Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud
de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos
13 y 83 de la Constitución Política4. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma
jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter
vinculante y obligatorio.

Teniendo en cuenta lo anotado, no es acertado pretender que para efectos de
determinar el IBL aplicable al actor, se de aplicación a las sentencias de unificación
anteriores al año 2018, pues se reitera las nuevas reglas por ser vinculantes, afectan
situaciones jurídicas que se encuentren en curso o a la espera de un fallo judicial
de modo tal que no se encuentren consolidadas.

Por lo expuesto, se comparte la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que la pensión de vejez fue
reconocida aplicando el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y la Ley 33 de 1985 por la calidad de empleado público del demandante
y dando aplicación a las reglas que sobre el IBL dispuso la sentencia de unificación
del Consejo de Estado en providencia de 28 de agosto de 2018.

En consecuencia, la Subsección, confirma la sentencia de primera instancia por las
razones anteriormente expuestas.

De la condena en costas en segunda instancia.

4 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en el vértice

de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de la jurisprudencia
nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia
T-321/98. En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de
unificación jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos de cierre,
según el Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales y de examen de
validez constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii)
el Consejo de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativos (CP arts.
236 y 237); y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal de casación y máxima autoridad de la
jurisdicción ordinaria (CP art. 235). […]»

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www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 05001233300020170217401 (6754-2024)

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 5 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de septiembre dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la
cual se negaron las pretensiones, por las razones esbozadas en este proveído.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

5 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.

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12

Radicación: 05001233300020170217401 (6754-2024)

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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