Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00902-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00902-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00902-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00902-01 (3334-2021)
Demandante: Nixon Jacomé Casadiego
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: Reliquidación pensional
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. El
demandante no tiene derecho a la reliquidación pensional
por ser beneficiario del régimen de transición.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por Nixon Jacomé Casadiego
contra la sentencia de primera instancia del 16 de octubre de 2020 dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Nixon Jacomé Casadiego por medio de apoderado y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, con
el propósito de que se declare la nulidad de la Resolución No. GNR 130738 del
2 de mayo de 2016, por medio de la cual la entidad demandada le reconoció una
pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985 por un valor de $4.113.172,
efectiva a partir del 1 de enero de 2016 y liquidada por un monto equivalente al
75% sobre el promedio de los factores salariales cotizados (asignación básica
mensual) en los 10 años anteriores al estatus pensional de conformidad con el
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene la
reliquidación pensional de la asignación con el método de liquidación del IBL de
la Ley 33 de 1985, esto es, por un monto del 75% sobre todos los factores
devengados en el último año de prestación de servicios, incluyendo en específico
los gastos de representación, la prima de servicios, la prima de navidad y la prima
de vacaciones. También solicitó condenar al pago (i) retroactivo de las mesadas
adeudadas desde la fecha en que se solicitó por primera vez el reconocimiento
pensional, esto es, el 28 de noviembre de 2014, (ii) indexado de las diferencias
que resulten entre el valor inicialmente reconocido y el que corresponda conforme
el reajuste una vez sea incluido dentro de la nómina pensional, (ii) el reajuste
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anual de la mesada una vez reliquidada y (iii) de las costas procesales y agencias
en derecho.
3. Manifestó que nació el 25 de julio de 1959 y prestó sus servicios por más
de 20 años en diferentes entidades del sector público, como la Contraloría
General de Santander, la Gobernación de Santander, el Municipio de
Bucaramanga, Telebucaramanga y Empresas Públicas de Bucaramanga.
4. Al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
argumentó que el acto administrativo demandado erró al liquidar la asignación
por el promedio de los últimos 10 años sin tener en cuenta todos los factores
salariales que percibió durante su último año de servicios, por lo que debió
liquidar la asignación tal como lo estableció el artículo 1° de la Ley 33 de 19851 y
asignarle una mesada por el valor de $ 10.957.819.
5. A su juicio, la entidad desconoció los principios inescindibilidad normativa
y favorabilidad e inaplicó la sentencia del 4 de agosto de 2010 dictada por el
Consejo de Estado, precedente vigente para el momento en que se expidieron
los actos administrativos y que establecía que la liquidación del IBL debía
efectuarse a partir de los factores enunciados y no los taxativamente establecidos
en la ley.
Contestación de la demanda
6. Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones. Argumentó que
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no operó respecto de la liquidación
del IBL, por lo que este debía seguir las reglas fijadas en los artículos 21 y 36 de
la mencionada legislación. En respaldo de lo anterior, citó la sentencia SU-427
de la Corte Constitucional.
7. Como excepciones de mérito, alegó la prescripción sin aceptación de la
obligación, inexistencia de la obligación y la genérica.
Sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la
demanda por medio de sentencia del 16 de octubre de 2020. Luego de realizar
un recuento jurisprudencial sobre la materia, determinó que lo correcto era
acoger el criterio de la sentencia del 28 de agosto de 2018 dictada por el Consejo
de Estado y resolver el caso a partir de este.
9. Si bien para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 el demandante
no tenía 40 o más años, el Tribunal constató que para el 1 de abril de 1994 el
1 Ley 33 de 1985. Artículo 1. “ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte
(20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a
que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. (...)”.
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señor Jacomé ya había acreditado más de 15 años de servicios y por ende era
beneficiario del régimen de transición. Con base en esta misma información,
aplicó las subreglas de la sentencia de unificación2 y concluyó que el período de
liquidación debía ser respecto de los últimos 10 años de servicio y solo en
consideración a los factores salariales sobre los cuales cotizó de conformidad
con el Decreto 1158 de 1994.
10. Por último, se abstuvo de condenar en costas procesales a la parte
demandante. Si bien el señor Jacomé fue vencido en el proceso, el Tribunal tuvo
en cuenta que la demanda fue presentada bajo un período en el que la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo respaldaba sus argumentos, pero
que por un cambio de la línea jurisprudencial en el transcurso del proceso se
procedió a negar lo pretendido.
Recurso de apelación
11. El demandante apeló la sentencia de primera instancia con el propósito de
que fuese revocada y en su lugar se accediera a sus pretensiones.
12. Argumentó la inaplicación del precedente de unificación fijado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018 en atención a que,
para cuando el proceso inició ante la jurisdicción contenciosa, la línea
jurisprudencial correspondía a la sentencia del 4 de agosto de 2010. En
consecuencia, reprochó la demora en el tiempo que le tomó al a quo resolver el
asunto en vigencia de esta última providencia y alegó la vulneración del principio
de confianza legítima respecto de una expectativa concreta por pensionarse en
las condiciones del régimen anterior.
13. De igual manera, sostuvo que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el
derecho al pago retroactivo desde la fecha en que cumplió el estatus pensional,
asunto parcialmente ajeno a la reliquidación pensional. Explicó que el acto
administrativo que reconoció el derecho solo ocurrió después de presentar 5
veces la solicitud ante la entidad, razón por la cual realizó aportes innecesarios
entre la fecha en que solicitó el reconocimiento pensional y la expedición de la
Resolución No. GNR 130738 del 2 de mayo de 2016. En ese sentido,
Colpensiones debió otorgarle la pensión desde el primer momento en que solicitó
el reconocimiento.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01. “Si faltare más de diez (10) años,
el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. (...) La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones. (...)”.
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14. Mediante auto del 13 de abril de 2023 el recurso de apelación fue admitido,
se corrió traslado de este a las partes y al Ministerio Público, este último para
rendir concepto.
15. Colpensiones reitero que la liquidación del IBL no estaba sujeta al régimen
de transición y respaldó este criterio con jurisprudencia de la Corte Constitucional
y la sentencia de unificación del 2018 del Consejo de Estado y aseguró que el
acto administrativo demandado era plenamente legal. Por su parte, el
demandante ratificó los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
16. El Ministerio Público apoyó la decisión de primera instancia con base en
la obligatoriedad del precedente jurisprudencial y la teoría doctrinal del
constitucionalismo moderno como sistema jurídico.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
17. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
18. Le corresponde a la Sala determinar si el señor Nixon Jacomé Casadiego
como beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho
a la reliquidación de su pensión de vejez con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios. Así mismo, se examinará si
la fecha de efectividad del derecho reconocido corresponde a una distinta del 1
de enero de 2016.
Análisis del problema jurídico
19. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia al determinar que el
demandante no tiene derecho a la reliquidación pensional con inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios, toda vez que, al
ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 la pensión de vejez debe ceñirse a los parámetros de liquidación del IBL
consagrados en dicha norma.
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20. El señor Jacomé nació el 25 de julio de 1959 y prestó sus servicios al
sector público por más de 20 años3. Una vez cumplió con el requisito continuó
cotizando por tiempos de servicio en el sector público. Para la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, el demandante contaba con 15 años de servicio. El 25 de
julio de 2014 cumplió 55 años.
21. Por medio de la Resolución No. GNR 130738 del 2 de mayo de 2016,
Colpensiones le reconoció una pensión de vejez por el valor de $4.113.172,
efectiva a partir del día siguiente a la última cotización en el sistema (1 de enero
de 2016), con fundamento en el régimen de transición, y por un monto del 75%
sobre el promedio de los factores salariales cotizados en los 10 años anteriores,
de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
22. Con base en el Decreto 1158 de 1994, la entidad incluyó como único factor
salarial la asignación básica mensual y aclaró que tomó el valor del salario
mínimo legal vigente para el período comprendido entre julio de 1989 y diciembre
de 1990, dado que al expediente administrativo no se allegaron los formatos
CLEBP. De todas maneras, le advirtió al demandante que una vez se aportara
dicha información procedería a estudiar la reliquidación pertinente.
23. La Sala encuentra que el señor Jacomé pretende la reliquidación
pensional con el promedio de lo devengado en el último año de servicios
prestados a la Gobernación de Santander, con inclusión de los factores de gastos
de representación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones.
24. Para resolver este tipo de controversias, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dictó sentencia de unificación el 28 de
agosto de 20184 y fijó una regla sobre la liquidación del IBL de las pensiones de
vejez de quienes gozan del régimen de transición.
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”. (Negrilla del texto original).
25. Bajo este criterio, la Corporación ha explicado que si bien los beneficiarios
tienen derecho a pensionarse una vez cumplan con la edad, tiempo de servicios
y monto prevista en el régimen anterior, el IBL a aplicar sigue las reglas
determinadas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda.
26. Adicionalmente, a partir de las subreglas definidas, la determinación del
IBL involucra dos elementos: el período sobre el cual se computa el promedio de
3 Expediente digital 68001233300020160090201, índice 00002 de Samai, archivo
“ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTEESCA(.PDF)”, folio 46 (reverso), p. 92.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018, Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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ingresos y los factores salariales que integran este último5. Para identificar qué
período corresponde, es necesario examinar cuántos años (menos de 10 años o
más) le faltaban a la persona para consolidar su estatus pensional al momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Y en relación con los factores salariales,
precisó que solo pueden tenerse en cuenta aquellos sobre los cuales se hubiesen
realizado cotizaciones y que simultáneamente, estén expresamente fijados por el
ordenamiento jurídico.
27. Ahora bien, para los beneficiarios del régimen de transición, el Decreto
1158 de 1994 enlista de manera taxativa los factores salariales a incluir dentro
del IBL. A saber, asignación básica mensual, gastos de representación, prima
técnica (cuando corresponda), prima de antigüedad, remuneración dominical o
por festivo, horas extra y bonificación por servicios prestados. Cualquier otro
concepto carece de respaldo normativo para ser incluido.
28. Bajo estas consideraciones, la Sala encuentra que no le asiste razón al
señor Jacomé alegar que la liquidación del IBL debe hacerse a partir del último
año de servicios como lo establece el artículo 1° de la Ley 33 de 19856, pues el
IBL no fue incluido en el régimen de transición y, al contrario, se encuentra sujeto
al inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
29. Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 – el 1 de abril
de 1994 el demandante tenía apenas 35 años, es decir, le hacían falta 20 años
para adquirir el estatus pensional en los términos del régimen anterior. Según el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 o la primera subregla definida en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, para estos casos el IBL debe calcularse
a partir del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la persona ha
cotizado en los últimos 10 años anteriores, actualizados anualmente con base
en la variación del IPC que certifique el DANE.
30. La Sala observa que la Resolución No. GNR 130738 del 2 de mayo de
2016 expedida por Colpensiones fue liquidada con base en ese período,
desvirtuando entonces la ilegalidad del acto en los términos esbozados en la
demanda.
31. Frente al segundo elemento correspondiente al IBL, la Sala tampoco
encuentra plausible que este sea calculado a partir del promedio de todos los
conceptos devengados por el empleado. Se reitera que este computo solo se
realiza respecto de los conceptos cotizados al sistema pensional, tal y como
dispuso Colpensiones en el acto demandado.
5 Ibidem.
6 Ley 33 de 1985. Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y
con las prestaciones sociales para el Sector Público. Artículo 1°. “El empleado oficial que sirva o
haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”. (Negrilla fuera del texto
original).
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32. En todo caso, al verificar la correspondencia entre los factores salariales
cotizados por el demandante al sistema pensional, los establecidos por la norma
y los efectivamente incluidos en el IBL por el cual se reliquidó la pensión del
demandante, la Sala descarta que exista causal de nulidad alguna sobre el acto
administrativo demandado. De conformidad con el formato CETIL del 10 de
noviembre de 20147, el demandante no cotizó para pensión sobre los factores
reclamados.
33. En ese sentido, Colpensiones liquidó la pensión tomando “los factores
salariales establecidos en el artículo 1° del Decreto 1158 del 3 de junio de 1994”8.
Para el caso del demandante, solo incluyó la asignación básica mensual.
34. Por todo lo anterior, esta Sala concluye que la entidad demandada aplicó
en debida forma el período de liquidación y los factores salariales cotizados
necesarios para liquidar el IBL y, en esa medida, no es procedente efectuar una
reliquidación pensional con el promedio de lo devengado en el último año de
servicios.
35. En consideración a los argumentos presentados en el recurso de
apelación sobre la aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, esta Corporación aclaró que la decisión tendría efectos retroactivos. Esto,
con el propósito de zanjar de manera uniforme todos los casos que para la fecha
se encontraban pendientes y dotarlos de seguridad jurídica, sin que por ello se
pueda afirmar que el precedente desconoció principios de rango constitucional
en materia laboral y/o de la seguridad social. Este criterio ha sido reiterado de
manera pacífica por la Sala9. En ese sentido, tampoco es de recibo el argumento
del demandante encaminado a desacreditar la aplicación de la mencionada
sentencia de unificación.
36. Por último, en relación con la fecha de efectividad del derecho pensional
que le fue reconocido al demandante, resulta pertinente destacar que la
pretensión sobre la cual se alega que el Tribunal Administrativo de Santander
omitió pronunciarse fue redactada por la apoderada del demandante de la
siguiente manera:
7 Expediente digital 68001233300020160090201, índice 00002 de Samai, archivo
“ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTEESCA(.PDF)”, folio 54, p. 107.
8 Expediente digital 68001233300020160090201, índice 00002 de Samai, archivo
“ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTEESCA(.PDF)”, folio 48 (reverso), p. 96.
9 Ver los siguientes expedientes: rad. 05001233300020170217401 (6754-2024), rad.
68001233300020140012402 (5749-2022), rad. 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022),
rad. 08001233300020140152501 (0028-2017), rad. 25000234200020130163801 (0015-2016).
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De lo anterior, se infiere que el demandante busca que Colpensiones pague de
manera retroactiva las mesadas pensionales que, a su parecer, le deben desde
el 28 de noviembre de 2014, primera fecha en que solicitó el reconocimiento
pensional.
37. Si bien es cierto que el a quo omitió pronunciarse expresamente sobre
dicha pretensión, la Sala advierte que esta no está llamada a prosperar. En
efecto, del acervo probatorio obrante en el expediente se evidencia que el
demandante efectuó cotizaciones al Sistema General de Pensiones hasta el 31
de diciembre de 201510. En ese contexto, debe precisarse que el acto
administrativo de reconocimiento pensional solo podía producir efectos fiscales y
económicos a partir del retiro definitivo del servicio, razón por la cual, no resulta
jurídicamente viable reconocer el pago de mesadas pensionales con anterioridad
a esa fecha, con independencia del momento en que el demandante consolidó
su estatus pensional o presentó la primera solicitud de reconocimiento de la
prestación.
38. En orden a lo expuesto. la Sala confirmará la decisión de primera instancia
consistente en negar la reliquidación pensional en los términos solicitados.
Condena en costas
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
40. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
10 Expediente digital 68001233300020160090201, índice 00002 de Samai, archivo
“ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTEESCA(.PDF)”, folio 46 (reverso), p. 92.
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41. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 16 de octubre de 2020 dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Nixon Jacomé Casadiego en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones, Colpensiones.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia al señor Nixon
Jacomé Casadiego en favor de Colpensiones. Para el efecto, las agencias en
derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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