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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00124-02

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00124-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2022, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Hernando Barroso Guevara en contra de la Colpensiones. SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2014-00124-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante : Hernando Barroso Guevara
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema : Reliquidación pensional.
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia. El Tribunal aplicó de
manera adecuada el precedente contenido en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, razón por la cual no
procedía reliquidar la pensión como pretendía el demandante.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del 19 de julio de 2022, proferida el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. Hernando Barroso Guevara presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare la nulidad de las
Resoluciones 1849 de 24 de julio de 2022, 2287 de 22 de julio de 2003 y el acto ficto o
presunto que se configuró a partir del silencio de la entidad ante el derecho de petición
presentado el 31 de enero de 2013, por medio del cual la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones) negó la revisión y reliquidación de la pensión de
vejez reconocida, teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicios, de
acuerdo al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y el
artículo 1 de la ley 33 de 1985 en concordancia con el Decreto 691 de 1994.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) reconocimiento y pago del
retroactivo originado por el verdadero o real valor del monto de la pensión mensual
vitalicia de jubilación debidamente indexada; (ii) solicitó indexación e intereses
comerciales, y moratorios conforme a la ley; y (iii) condenar en costas a la entidad
demandada.

Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

3. Según los hechos de la demanda, el extinto Instituto de Seguros Sociales- ISS,
mediante la Resolución 1849 de 24 de julio de 2002, le reconoció al señor Hernando
Barroso una pensión de jubilación a partir del 1 de agosto de 2002.

4. Afirmó que el 31 de enero de 2013 presentó derecho de petición ante Colpensiones
solicitando la revisión y reliquidación de vejez reconocida, porque a su juicio, no se tuvo
en cuenta lo devengado en el último año de servicios, de acuerdo con el régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y el artículo 1 de la ley 33
de 1985 en concordancia con el Decreto 691 de 1994.

Contestación de la demanda

5. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que las
actuaciones de la entidad estuvieron soportadas en las normas vigentes.

6. Indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previó la aplicación del régimen anterior
solo en tres aspectos—edad para acceder a la pensión de vejez, tiempo de servicio o
número de semanas cotizadas, y monto de la pensión—para quienes, al entrar en
vigencia el sistema, tenían 35 años o más (mujeres), 40 años o más (hombres) o 15 años
o más de servicios cotizados; las demás condiciones se rigen por el régimen general de
la Ley 100 de 1993.

7. Finalmente, propuso como excepciones la inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, y aduciendo que mediante Resolución 375299 de 22 de octubre de 2014 se
reliquidó la pensión a favor del demandante, la cual fue efectiva a partir del 1 de febrero
de 2009, pensión que al retiro de la nómina equivalía a la suma de $5.526.711.

II. SENTENCIA APELADA.

8. El Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones. Sostuvo que,
conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable1, el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 no incorporó el IBL al régimen de transición; en consecuencia, su
determinación se sujeta a las reglas generales de la Ley 100 de 1993.

9. Indicó que el monto pensional debía liquidarse únicamente con ingresos
efectivamente percibidos como retribución del servicio y sobre los cuales se hubieran
realizado las cotizaciones correspondientes.

10. Encontró probado que Hernando Barroso nació el 11 de junio de 1946; que estuvo
vinculado a la Universidad Industrial de Santander del 3 de mayo de 1976 al 1º de abril
de 2002; y que, entre el 1º de julio de 1995 y el 31 de agosto de 2000, cotizó sobre la
asignación básica, los gastos de representación y la prima de antigüedad.

1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia radicado 52001-23-33-000-
2012-00143-01. C.P. César Palomino Cortés, y Sentencia de la Corte Constitucional SU 230 de 2015.

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Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

11. Resaltó que se reconoció al demandante la pensión de jubilación a partir del 1.º de
agosto de 2002 mediante la Resolución 1849 del 24 de julio de 2002, en la cual se dispuso
calcular el IBL con el tiempo de cotización comprendido desde la afiliación del empleador
al ISS hasta la última cotización, actualizado anualmente con el IPC.

12. El Tribunal también evidenció que, en la resolución de reconocimiento pensional se
tuvo en cuenta lo establecido en el Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores
salariales.

13. Señaló que, la Resolución 2287 del 22 de julio de 2003 modificó la Resolución 1849
de 24 de julio de 2002, en el sentido de disponer que el pago de la pensión correspondía
desde el mes de abril de 2002. Además, dispuso el pago del retroactivo causado, hasta
julio de 2003, por valor de $11.322.688.

14. Adicionalmente, que a través de la Resolución GNR 375299 de 22 de octubre de
2014, se reliquidó la pensión al señor Hernando Barroso, reconociendo una mesada por
valor de $4.536.458 para el año 2014, y un retroactivo por valor de $111.491.052 porque
la reliquidación se efectuó con vigencia a partir de febrero de 2009. Se tuvo en cuenta
como factores salariales, la prima de vacaciones, prima de navidad, semestral y de
servicios.

15. Con base en lo anterior, concluyó que no había lugar a acceder a lo pedido: el
régimen de transición cobija únicamente la edad, el tiempo de servicios y la tasa de
reemplazo, excluye el ingreso base de liquidación y los factores salariales, cuya
determinación se rige por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y, en cuanto a
factores, por el Decreto 1158 de 1994.

16. Consideró que la Resolución 1849 del 24 de julio de 2002 comprendió los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994. Según certificación de la universidad, la
base de cotización correspondió a la asignación básica, las horas extras y la prima de
antigüedad. No obra prueba de que se hubiera omitido algún factor cotizado enlistado en
ese decreto.

17. De otra parte, señaló que la Resolución GNR 375299 del 22 de octubre de 2014,
reliquidó la pensión teniendo en cuenta el total de factores devengados en el último año
de servicios, incluyendo los factores de prima de vacaciones, prima de navidad, semestral
y de servicios.

18. Destacó que la reliquidación reconocida al demandante se hizo con base en lo
devengado en el último año e incluyó factores salariales no enlistados en el Decreto 1158
de 1994, en contravía de las reglas vigentes del régimen de transición.

19. Aunque advirtió irregularidades en la reliquidación efectuada mediante la Resolución
GNR 375299 del 22 de octubre de 2014, el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre lo
reconocido, al tratarse de una situación consolidada al momento de la sentencia de
unificación.

3

Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

20. Frente a la reclamación por falta de indexación de la primera mesada en 5,89% y del
retroactivo pensional, determinó que la pretensión carecía de sustento: no se allegó
prueba que evidenciara una actualización indebida.

21. Verificó, en cambio, que la Resolución 2287 del 22 de julio de 2003 actualizó el valor
de la mesada y ordenó el pago del retroactivo causado; y que, posteriormente, la
Resolución GNR 375299 del 22 de octubre de 2014 volvió a actualizar la mesada, declaró
prescritas las causadas con anterioridad a febrero de 2009 y ordenó el pago del
retroactivo correspondiente.

22. En consecuencia, no halló causales de nulidad en los actos demandados ni
fundamentos legales para acceder a las pretensiones.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

23. La parte demandante interpuso recurso de apelación y afirmó que el Tribunal, al
examinar la reliquidación bajo el régimen de transición, omitió el marco constitucional que
debía orientar la decisión. Invocó el artículo 48 de la Constitución (derecho a la seguridad
social) y, de manera complementaria, los artículos 29, 53 y 58, para sostener que el
estudio debía realizarse con enfoque de protección reforzada, respeto del debido
proceso, principios mínimos del trabajo —incluida la favorabilidad— y salvaguarda de
derechos adquiridos. A partir de ese parámetro, sostuvo que la interpretación sobre el
régimen de transición debía inclinarse por reconocer la reliquidación en los términos
reclamados.

24. Alegó que, para el 18 de febrero de 2014 (presentación de la demanda) y el 22 de
octubre de 2014 (reliquidación del monto pensional), ya se había proferido la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 y que, antes de dictarse la sentencia de primera
instancia, también se había proferido la del 26 de febrero de 2016; por ello, esos
precedentes debieron aplicarse al resolver.

25. En criterio del apelante, Colpensiones confesó, por cuanto en la Resolución GNR
375299 del 22 de octubre de 2014 reconoció una diferencia en la mesada y, mediante
cuadro explicativo, indicó que en la reliquidación no se aplicó el 5,89% de ajuste por IPC
correspondiente a la primera mesada pensional.

26. Expresó su inconformidad con las políticas de sostenibilidad del sistema, que, a su
juicio, erosionan la consolidación de derechos, la seguridad jurídica, la buena fe y la
confianza legítima. Concluyó solicitando revocar el fallo de primera instancia, y en su
lugar reconocer las pretensiones, reiterando que al momento de interposición de la
demanda las normas e interpretación del Consejo de Estado vigentes, habrían resuelto
favorablemente la demanda.

27. Reiteró la solicitud de reliquidación bajo el régimen de transición y alegó, de manera
concreta, la omisión de indexar tanto la primera mesada como el retroactivo pensional.

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Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

Sostuvo que Colpensiones debía aplicar el 5,89 % correspondiente al IPC a la primera
mesada reconocida y efectuar la actualización integral del retroactivo, con fundamento
en los artículos 48 y 53 de la Constitución y en la jurisprudencia constitucional (sentencias
SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012 y SU-415 de 2015, entre otras).

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

28. Mediante auto proferido el 1 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte la demandante.

29. A través de auto de 26 de septiembre de 2024, se decretó con fundamento en lo
establecido en el artículo 213 del CAPACA requerir a Colpensiones para que remitiera
información detallada sobre la indexación y fórmulas de indexación aplicadas para la
mesada pensional del demandante.

30. Colpensiones dio respuesta al requerimiento el 18 de noviembre de 2024, allegando
la información correspondiente, de la cual se corrió traslado el 10 de diciembre de 2024.

31. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia

32. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código
General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia,
corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Santander incurrió
en un error al sostener que el ingreso base de liquidación no integraba el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y debía fijarse por las reglas generales
(arts. 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y Decreto 1158 de 1994); que las resoluciones
demandadas incorporaron los factores salariales cotizados previstos en ese decreto, sin
omisiones acreditadas; que la primera mesada y el retroactivo fueron actualizados
correctamente —sin lugar a un 5,89 % adicional—; y que la reliquidación practicada en
2014 constituía una situación consolidada que no ameritaba anulación ni un nuevo ajuste.

Análisis del problema jurídico

34. La Sala confirmará la sentencia apelada que negó la reliquidación solicitada, porque:
i) el ingreso base de liquidación no integra el régimen de transición del artículo 36 de la

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Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

Ley 100 de 1993 y se determina por las reglas generales (arts. 21 y 36 de la Ley 100 de
1993 y Decreto 1158 de 1994); ii) no se probó omisión de factores cotizados ni error de
actualización de la primera mesada o del retroactivo; y iii) la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018 resultaba aplicable al asunto pendiente de decisión.

35. La Ley 100 de 1993 instauró el Sistema General de Pensiones y unificó el marco
normativo, incorporando también a los servidores públicos de los órdenes nacional y
territorial.2

36. En reconocimiento de situaciones en curso, el legislador previó un régimen de
transición (art. 36, Ley 100 de 1993) que permitió aplicar reglas anteriores solo respecto
de la edad de acceso, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de la
pensión. Para los servidores públicos, la Corte Constitucional precisó la ultractividad del
artículo 1 de la Ley 33 de 1985 para los beneficiarios del régimen de transición (sentencia
C-540 de 2008).

37. Esta Sección, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 20183, estableció que
el régimen de transición no cobija el ingreso base de liquidación, el cual se determina
conforme al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a las reglas generales del
sistema. En cuanto a los factores computables, la jurisprudencia4 ha sostenido que
deben sujetarse a lo previsto en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, esto es, a los
conceptos salariales sobre los que efectivamente se cotizó.

38. Corresponde en este punto pronunciarse sobre el argumento expuesto por el
apelante, según el cual, habiéndose interpuesto la demanda el 18 de febrero de 2014 la
resolución del caso debió aplicar la tesis de la sentencia de unificación adoptada por la
sección segunda del consejo de estado el 4 de agosto de 2010, en lugar de los
lineamientos de la sentencia de unificación 28 de agosto de 2018.

39. Al respecto, debe señalarse que, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 se dispuso de manera expresa que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en
ese pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los
que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables. Según el razonamiento expuesto, no le asiste razón al apelante al
reclamar la aplicación de la sentencia de unificación anterior.

40. De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que el Tribunal sí
abordó de manera expresa el cuestionamiento del demandante en torno a la indexación

2
En lo concerniente a la incorporación de los servidores públicos al Sistema General de Seguridad
Social, se debe dar aplicación de los Decretos 691 y 695 de 1994, por medio de los cuales se incorporan
los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de 2018,
rad. núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), C.P. César Palomino Cortés.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 2 de julio de 2020, rad. núm. 25000-23-42-000-2013-05277-01(2398-15), C.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.

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Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

de la primera mesada y del retroactivo pensional. En efecto, constató que las
Resoluciones 2287 de 22 de julio de 2003 y GNR 375299 de 22 de octubre de 2014
incluyeron la actualización de la mesada y el reconocimiento del retroactivo con base en
el índice de precios al consumidor (IPC). Precisó que no se acreditó la omisión alegada
por el actor ni error en la aplicación del 5,89 % invocado, toda vez que no se allegó prueba
que evidenciara una indebida actualización de la prestación. En consecuencia, y al no
haberse aportado en segunda instancia elementos nuevos que desvirtúen ese análisis,
la Sala comparte la conclusión del a quo en cuanto a que Colpensiones aplicó
correctamente los mecanismos de indexación en los actos demandados.

41. Así las cosas, se encuentra acreditado que la entidad demandada efectuó los ajustes
a la mesada y al retroactivo en los actos administrativos mencionados, conforme a la
metodología prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
sin que el apelante demostrara la existencia de un déficit de actualización ni la
procedencia del incremento adicional reclamado. Por tanto, la Sala confirmará la decisión
apelada, al considerar que el Tribunal aplicó de manera adecuada la normativa y el
precedente vigente, y que no hay lugar a una nueva reliquidación ni a un reajuste por
concepto de indexación.

42. En consecuencia, se concluye que el Tribunal aplicó adecuadamente la normatividad
vigente al negar la reliquidación de la pensión de la demandante.

Condena en costas

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente

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Radicación: 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022)
Demandante: Hernando Barroso Guevara

de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de julio de 2022, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor Hernando Barroso Guevara en contra de la Colpensiones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas al demandante en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

8

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