Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00851-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-00851-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-00851-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2019-00851-01 (6059-2023)
Demandante: Edith Massiel Hernádez Gaitán
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: Reliquidación pensional
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2023 dictada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Edith Massiel Hernández Gaitán por medio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó demanda en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones,
en adelante Colpensiones, con el propósito de que se declare la nulidad de las
Resoluciones (i) No. 12582 del 24 de octubre de 20111, (ii) No. GNR 322888
del 16 de septiembre de 20142, (iii) la No. VPB 23970 del 13 de marzo de
20153, (iv) No. GNR 243583 del 11 de agosto de 20154 y (v) No. VPB 4083 del
1 Por medio del cual resolvió un recurso de reposición en contra de la Resolución 5250 del 4 de
junio de 2010, acto administrativo inicial en el que Colpensiones le reconoció el derecho a la
pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, resolución que no fue demandada en
el proceso de la referencia. En el acto demandado, esto es, resolución 12582 de 2011
Colpensiones determinó que la señora Hernández había perdido el régimen de transición y
ordenó reliquidar la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
otorgándole una asignación por el valor de $ 2.802.103, efectiva a partir del 1 de abril de 2011
y liquidada por el 77.11% del promedio de los factores salariales cotizados en los últimos 10 años.
2 Por medio de la cual resolvió un recurso de reposición y modificó parcialmente la Resolución
No. 12582. Estableció que la pensionada conservó el régimen de transición y el reconocimiento y
liquidación de la asignación debía efectuarse de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 y el
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respectivamente. No obstante, negó la aplicación
de la Ley 33 de 1985 por no serle más favorable. Reliquidó la mesada por el valor de $ 3.423.574
efectiva a partir del 1 de abril de 2011, liquidada con una tasa de reemplazo del 90% por el
promedio de los factores salariales cotizados en los últimos 10 años.
3 Por medio del cual resolvió un recurso de apelación y modificó parcialmente la Resolución No.
12582. Confirmó los motivos por los cuales no había lugar a aplicar la Ley 33 de 1985 y reliquidó
la pensión reconocida por el valor de $ 3.506.626 efectiva a partir del 1 de abril de 2011, liquidada
por una tasa de reemplazo del 90% por el promedio de los factores salariales cotizados en los
últimos 10 años.
4 Por medio de la cual resolvió negar una solicitud de reliquidación de conformidad con la Ley 33
de 1985, pues el método de liquidación no fue parte del régimen de transición.
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Demandante: Edith Massiel Hernández Gaitán
27 de enero de 20165, por medio de las cuales la entidad demandada
reconoció y liquidó su pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de
1990.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de
1985 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 con fecha de
efectividad a partir del 1 de abril de 2011 y liquidada por un monto equivalente al
75% del promedio de todos los salarios devengados en el último año de servicios,
o bajo la condición más beneficiosa. Igualmente, pretendió se condene al pago
de (i) las diferencias que resulten del reajuste con la respectiva indexación, (ii)
los intereses moratorios y (iii) las costas procesales y las agencias en derecho.
3. Los actos demandados fueron expedidos a lo largo de una actuación
administrativa que tuvo como origen la Resolución No. 5250 del 4 de junio de
2010, por medio del cual Colpensiones le reconoció a la demandante el derecho
a la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, pero liquidó según
el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La demandante repuso este
acto inicial para que la asignación fuese reliquidada por el promedio de los
salarios devengados en el último año de servicios, esto es, conforme la Ley 33
de 1985.
4. Producto de ello, a través de la Resolución No. 12582 del 24 de octubre
de 2011, Colpensiones modificó parcialmente el acto para, en su lugar, inaplicar
el régimen de transición y reconocer la pensión de vejez de manera absoluta bajo
la Ley 100 de 1993, como quiera que se identificó que la demandante se trasladó
del Régimen de Prima Media con Prestación Definitiva al Régimen de Ahorro
Individual.
5. La señora Hernández recurrió y a través de la No. GNR 322888 del 16 de
septiembre de 2014, Colpensiones nuevamente modificó la decisión. Precisó que
la señora conservó el régimen de transición y, por lo tanto, le era aplicable el
Acuerdo 049 de 1990. No obstante, negó la implementación de la Ley 33 de 1985
por no serle más favorable. Presentado el recurso de apelación para reclamar la
reliquidación bajo el régimen anterior, Colpensiones confirmó a través de la
Resolución No. VPB 23970 del 13 de marzo de 2015.
6. La demandante presentó una segunda solicitud de reliquidación en los
mismos términos inicialmente propuestos. Por medio de las Resoluciones No.
GNR 243583 del 11 de agosto de 2015 y No. VPB 4083 del 27 de enero de 2016,
la entidad mantuvo su criterio.
Contestación de la demanda
5 Por medio de la cual resolvió un recurso de apelación en contra de la Resolución No. GNR
243583 y confirmó en todas sus partes la decisión. Aclaró que, con independencia del régimen
anterior que correspondiera en virtud del régimen de transición, el método de liquidación
pensional seguiría los parámetros del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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7. Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda.
A efectos de evaluar la procedencia de las pretensiones de la señora Hernández,
la entidad aplicó un estudio pensional en los términos por ella pretendidos.
Concluyó que con independencia del régimen anterior que correspondiera en
virtud del régimen de transición - bien fuera la Ley 33 de 1985 o el Acuerdo 049
de 1990 –, el método de liquidación pensional debía seguir los parámetros del
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al haber sido cobijado por el
régimen de transición de conformidad con la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 dictada por el Consejo de Estado. De esta manera, al comparar
los resultados de cada uno de los regímenes anteriores, determinó que a la
demandante le era más favorable el Acuerdo 049 de 1990.
8. A título de excepciones, alegó la inexistencia de la obligación, el cobro de
lo no debido, la prescripción, la buena fe y la innominada.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del
31 de marzo de 2023 negó las pretensiones de la demanda. Explicó de manera
sucinta que la demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y si bien le era aplicable la Ley 33 de 1985, el reconocimiento que
esta norma le ofrecía no era más favorable que el efectivamente aplicado por la
demandada en los actos administrativos cuestionados, En específico, señaló que
la Ley 33 de 1985 le ofrecía un monto de apenas el 75%, mientras que el Acuerdo
049 de 1990 le permitía acceder a una tasa de reemplazo del 90% en
consideración al número de semanas cotizadas al sistema de manera adicional,
según el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.
10. En relación con el método de liquidación del IBL, el Tribunal aclaró que
este no se basaba en la redacción de la legislación anterior, sino de conformidad
con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
Lo anterior, porque el régimen de transición solo cobijó los conceptos de edad,
semanas de cotización y monto o tasa de reemplazo. Para respaldar esta
explicación desarrolló la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
dictada por el Consejo de Estado y recordó que con su publicación se modificó
el precedente anteriormente fijado por la Corporación vía la sentencia del 4 de
agosto de 2010.
11. Frente a la imposición de condena en costas procesal y agencias en
derecho, aplicó un criterio objetivo de argumentación y se abstuvo de sancionar
a la demandante como parte vencida del proceso.
Recurso de apelación
12. La demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia con el propósito de que fuese revocada y en su lugar, se
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accediera a su pretensión consistente en la reliquidación pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, es decir, calcular el IBL bajo el 75% del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicios. Argumentó que en virtud
de la condición más beneficiosa y el principio de progresividad lo adecuado era
analizar el caso en concreto a la luz de la sentencia del 4 de agosto de 2010,
máxime cuando adquirió el derecho pensional con anterioridad a la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
13. A través del auto del 29 de febrero de 2024, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público, este último para rendir concepto.
14. Las partes procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
15. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
16. Le corresponde a la Sala determinar si la señora Edith Massiel Hernández
Gaitán al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene
derecho a la reliquidación de su pensión de vejez por un monto equivalente al
75% del promedio de la totalidad de los salarios devengados durante el último
año de servicios de conformidad con el artículo 1° de la Ley 33 de 1985.
Análisis del problema jurídico
17. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia debido a que el
régimen de transición no cobija la forma en cómo debe calcularse el IBL, aspecto
que debe ceñirse a los parámetros del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
18. La señora Hernández nació el 27 de marzo de 1951 y prestó sus servicios
al sector público por más de 20 años, fungiendo como servidora pública del
Hospital Benjamín Barney Gasca hasta el 30 de marzo de 2011. Para la entrada
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en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994), la demandante tenía 43
años, por lo que cumplió con uno de los requisitos habilitantes para acceder al
régimen de transición.
19. Mediante la Resolución No. 5250 del 4 de junio de 20106, Colpensiones le
reconoció una pensión de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 por el
valor de $ 2.981.210 pero con efectos fiscales supeditados al retiro definitivo del
servicio.
20. Posteriormente, a través de la Resolución No. 12582 del 24 de octubre de
20117, Colpensiones determinó la pérdida del régimen de transición tras
constatar que la señora Hernández se trasladó del Régimen de Prima Media con
Prestación Definitiva al Régimen de Ahorro Individual. Por lo tanto, le reconoció
una pensión de vejez en los términos de la Ley 797 de 2003. Le asignó una
mesada por el valor de $ 2.802.103, liquidada de conformidad con los artículos
21 y 34 de la Ley 100 de 1993. La demandante interpuso los recursos de ley
correspondientes en aras de que la asignación fuese reliquidada por el promedio
de los salarios devengados en el último año de servicio.
21. Por medio de las resoluciones No. GNR 322888 del 16 de septiembre de
20148 y No. VPB No. 23970 del 13 de marzo de 20159, Colpensiones modificó
parcialmente la Resolución No. 12582 del 24 de octubre de 2011. Determinó que
la demandante conservó el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y verificó
el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento en los términos del Acuerdo
049 de 199010 por serle mucho más favorable la integración del monto o tasa de
reemplazo de dicha norma11.
22. Para calcular la liquidación del IBL, la entidad tuvo en cuenta el inciso 3°
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ende, le asignó una mesada por el
valor de $ 3.506.626 efectiva a partir del 1 de abril de 2011 y liquidada por un
monto del 90% sobre el promedio de los factores salariales cotizados en los
últimos 10 años.
23. Tras solicitar nuevamente la reliquidación del IBL en los términos de la Ley
33 de 1985, Colpensiones negó lo pretendido a través de la Resolución No.
6 Expediente digital 76001233300020190085101, índice 00004 en SAMAI, archivo
“ED_C1_01Demanda”, folio 24.
7 Ibidem, folio 28.
8 Ibidem, folio 34.
9 Ibidem, folio 43.
10 Acuerdo 049 de 1990. Por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. Artículo 12. “Artículo 12. Requisitos de la pensión por
vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad,
si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado
un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”
11 Colpensiones constató que la demandante cotizó un total de 1410 de semanas ante el ISS. Por
lo tanto, a partir del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, se le aplicó una tasa de reemplazo del
90%.
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243583 del 11 de agosto de 201512 y explicó que el método de liquidación del IBL
no había sido incluido dentro del régimen de transición. La decisión fue
confirmada a través de la Resolución No. VPB 4083 del 27 de enero de 201613.
24. Precisado lo anterior, la Sala advierte que los argumentos de
inconformada expuestos por la señora Hernández se dirigen exclusivamente a
cuestionar la aplicación del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón
por la cual, el debate jurídico planteado se circunscribe exclusivamente en
determinar el método de liquidación del IBL aplicable bajo el artículo 1° de la Ley
33 de 198514.
25. Para resolver este tipo de controversias, es necesario dar aplicación a la
sentencia de unificación el 28 de agosto de 201815, providencia en la que la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado fijó una regla
sobre la liquidación del IBL de las pensiones de vejez para quienes gozan del
régimen de transición.
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”16. (Negrilla dentro del texto
original).
26. Es decir, el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 consistió
en permitir la aplicación de regímenes anteriores exclusivamente respecto de las
condiciones para acceder al reconocimiento pensional, esto es, la edad, el
número de semanas o tiempo de servicio y el monto porcentual. Las demás
condiciones y/o requisitos a considerar como la forma de liquidación del IBL
necesariamente debían seguir las reglas definidas en la Ley 100 de 1993.
27. Si bien la regla fijada en la sentencia de unificación referenció la Ley 33 de
1985, esta Corporación no ha sido ajena a reconocer que este mismo criterio ha
de aplicarse a otros regímenes anteriores. Por ejemplo, en sentencia del 23 de
abril de 2020, reiterada en sentencia del 3 de diciembre del mismo año 17, la
Subsección A de la Sección Segunda determinó que
12 Expediente digital 76001233300020190085101, índice 00004 en SAMAI, archivo
“ED_C1_01Demanda”, folio 50.
13 Ibidem, folio 59.
14 Ley 33 de 1985. Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público. Artículo 1°. “El empleado oficial que sirva
o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco
(55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio”. (Negrilla fuera del texto original).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018, Rad. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
16 Ibidem.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de diciembre del 2020,
Rad. 25000-23-42-000-2017-01915-01 (0233-2019).
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Demandante: Edith Massiel Hernández Gaitán
“(...) el régimen pensional de las personas beneficiarias de la transición
consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique el
Acuerdo 049 de 1990, incluye los requisitos de edad, tiempo de servicios o
semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior; en cuanto al
ingreso base de liquidación, este se liquidará en los términos del inciso del
artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 con la inclusión de los factores
sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes previstos en
los Decretos 691 y 1158 de 1994”18.
28. Bajo estas consideraciones, la Sala encuentra que los argumentos
esbozados en el recurso de apelación no tienen vocación de prosperidad, toda
vez que (i) la aplicación del régimen de transición y el reconocimiento pensional
en los términos del Acuerdo 049 de 1990 o la Ley 33 de 1985 no dan lugar a que
el IBL de la pensión de vejez se calcule teniendo en cuenta el IBL del último año,
sino en virtud del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al examinar los
actos administrativos demandados, se concluye que Colpensiones calculó el IBL
en cuestión con sujeción al ordenamiento jurídico y (ii) porque, aunque la señora
Hernández alegó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018
dictada por el Consejo de Estado no era aplicable por haber sido dictada con
posterioridad a la consolidación de su derecho pensional, en la misma
providencia se aclaró que sus efectos se extendían a todos los procesos en curso
al momento de su expedición.
29. Lo anterior, en aras de garantizar la uniformidad y seguridad jurídica en la
resolución de este tipo de controversias, sin que ello diera lugar a la vulneración
de principios y derechos constitucionales en materia laboral y/o de la seguridad
social. De ahí que esta Sala haya reiterado de manera pacífica este criterio 19.
30. La Sala concluye que la entidad demandada aplicó correctamente el
régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, pues verificó el
cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento pensional
conforme el régimen más favorable y respetó del método de liquidación del IBL
consagrado en el inciso 3° del artículo 36 de la mencionada legislación.
31. La Sala confirmará la decisión de primera instancia consistente en negar
la reliquidación pensional en los términos solicitados.
Condena en costas
32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2020, Rad.
25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018).
19 Ver los siguientes expedientes: rad. 05001233300020170217401 (6754-2024), rad.
68001233300020140012402 (5749-2022), rad. 68001 23 33 000 2014 00124 02 (5749-2022),
rad. 08001233300020140152501 (0028-2017), rad. 25000234200020130163801 (0015-2016).
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Demandante: Edith Massiel Hernández Gaitán
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma, se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un desconocimiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
33. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
34. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por Edith Massiel Hernández Gaitán en contra de la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones).
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS en segunda instancia a la señora Edith
Massiel Hernández Gaitán en favor de Colpensiones. Para el efecto, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
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Radicación: 76001-23-33-000-2019-00851-01 (6059-2023)
Demandante: Edith Massiel Hernández Gaitán
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
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