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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04269-01

Asignación de retiro: concepto

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-04269-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. – Confirmar la sentencia proferida, el 10 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Wilson Mora Hincapié contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. – Condenar en costas de segunda instancia al demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo. Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2016-04269-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

1 de julio de 2021

DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO -Prohibición / PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR REINTEGRO AL SERVICIO POR ORDEN JUDICIAL Y ASIGNACIÓN DE RETIRO – Incompatibilidad / PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR REINTEGRO AL SERVICIO POR ORDEN JUDICIAL – Descuento de lo recibido por asignación de retiro

En atención a la diferente naturaleza jurídica de las relaciones que ostentó el demandante, la primera, laboral con el Ejército Nacional y, la segunda, la de retirado con la asignación respectiva a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se considera que al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que el demandante también percibiera esta última prestación, debido a que por ese mismo lapso, fue retribuido con los haberes laborales que se le reconocieron en la sentencias que ordenó el reintegro.(…) Aunado a ello, se debe tener en cuenta que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto administrativo que desvinculó al actor, retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se entiende como si aquel nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles por ausencia de causa justificada para su reconocimiento. De esta forma, en virtud de la providencia judicial que declaró la nulidad del acto de desvinculación del demandante, a este le fueron reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejados de percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, circunstancia que permite advertir que el tiempo durante el cual estuvo por fuera de la institución, se asumió como si efectivamente lo hubiese prestado en actividad para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro.(…) En conclusión, las sumas que percibió el señor Wilson Mora Hincapié por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo del Ejército Nacional, son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad (declarada por sentencia judicial). Por tal motivo los descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo.

FUENTE FORMAL : CONSTITUCIÓN POLÍTICA- ARTÍCULO 128 / LEY 4 DE 1992-ARTÍCULO 19

ASIGNACIÓN DE RETIRO - Concepto / SALARIO – Concepto

Los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normativa del Sistema General de Seguridad Social. El segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de esta Corporación

SALARIO Y ASIGNACIÓN DE RETIRO -Compatibilidad / DOBLE ASIGNACIÓN DEL TESORO PÚBLICO- Excepciones

La Constitución Política en el artículo 128 instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones reconocida pacíficamente en el ordenamiento jurídico. No obstante, frente a dicha regla, legalmente se contempló una serie de excepciones taxativas y específicas a las que le son inherentes ciertos fines y causas. Puntualmente en el caso del artículo 19, literal b) de la Ley 4.ª de 1992, relacionado con los militares que perciben asignación de retiro, la teleología de dicha norma es que un miembro de la Fuerza Pública desvinculado precisamente por retiro de la institución y con derecho a la mentada prestación, pueda laborar y percibir otro emolumento derivado del erario a título de remuneración, únicamente en el entendido de que por su condición, ya no estaría en servicio activo como uniformado, al punto de habilitarse el ejercicio de cualquier otra actividad en relación con el Estado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04269-01(6190-18)

Actor: WILSON MORA HINCAPIÉ

Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Temas: Reintegro de dineros, asignación de retiro de miembro del Ejército Nacional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 10 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Wilson Mora Hincapié, mediante apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de los siguientes Resoluciones: i) 7669 de 19 de noviembre de 2013, emitida por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio de la cual se ordenó el reembolso de valores pagados al demandante y la extinción de la asignación de retiro que aquel tenía reconocida, ello en razón de su reintegro al servicio activo; y ii) 3685 de 24 de mayo de 2016, a través de la entidad demandada rechazó por extemporáneo el recurso de reposición elevado contra la Resolución 7669 de 19 de noviembre de 2013.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó declarar que el señor Wilson Mora Hincapié se encuentra a paz y salvo y que se suspendan los cobros coactivos en su contra.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 14 de noviembre de 2001 mediante Resolución N.º 1626, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, por facultad discrecional, se retiró del servicio activo al señor Wilson Mora Hincapié.

ii) El 9 de junio de 2016 presentó derecho de petición ante el tesorero del comando del Ejército Nacional - Grupo de prestaciones sociales nómina, solicitando el reajuste de las asignaciones mensuales y la asignación de retiro, conforme al IPC.

iii) El 19 de abril de 2012 el Consejo de Estado profirió sentencia, en la cual resolvió a) declarar la nulidad de la Resolución N.º 1626 de 14 de noviembre de 2001; b) ordenar el reintegro al servicio activo del señor Mora Hincapié; y, c) declarar que «no habrá lugar a realizar los descuentos de las sumas de dinero que hubiera recibido el actor en el evento de que haya celebrado otra u otras vinculaciones laborales durante el tiempo de retiro del servicio.»

iv) El 31 de julio de 2013 se expidió el Decreto N.º 1658 a través de la cual se ordenó el reintegro del señor Mora Hincapié al servicio activo del Ejército Nacional.

v) El 19 de noviembre de 2013, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares mediante Resolución N.º 7669 resolvió ordenar al señor Mora Hincapié el reintegro de la suma de $34.817.026, valores que le fueron pagados por concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2012, fecha de ejecutoria que ordenó el reintegró y el 31 de agosto de 2013.

vi) La Resolución N.º 7669 de 2013 no fue debidamente notificada toda vez que fue enviada a una dirección inexistente donde nunca ha residido el hoy demandante.

vii) El 4 de abril 2016 a través de oficio N.º 20165208800603, suscrito por el subdirector de personal del Ejército Nacional y dirigido a la coordinadora del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Defensa Nacional, se le solicitó notificar la Resolución N.º 7669 de 2013 al señor Mora Hincapié.

viii) En contra de dicha resolución se interpuso recurso de reposición ante el director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el cual fue resuelto desfavorablemente por considerar que se había radicado de forma extemporánea.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 13, 25, 29, 53 y 220 de la Constitución Política de 1991; 2.º de la Ley 4 de 1992; 14 y 279 de la Ley 100 de 1993; y 1.º de la Ley 238 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

i) El acto censurado fue expedido con desconocimiento de las normas en que debían fundarse en la medida en que si bien el artículo 128 de la Constitución Política determina que nadie puede recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, también lo es que el reintegro efectivo al servicio activo del señor Wilson Mora Hincapié se efectuó mediante Decreto 1658 de 31 de julio de 2013, motivo por el cual no se deben cobrar los valores percibidos a título de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2012 y el 30 de julio de 2013, sino únicamente desde el mes de agosto de 2013.

Lo anterior implica la transgresión de los artículos 53 y 220 de la Carta Política.

ii) La entidad demandada vulneró el debido proceso administrativo porque omitió la notificación de la Resolución N.º 7669 de 2013, o existiendo esta fue ineficaz al enviar comunicación a una dirección donde nunca residió el señor Mora Hincapié y, a pesar de haber sido devuelta la correspondencia, no se agotaron los medios legales para culminar con su notificación «máxime si se tiene en cuenta que podía ser notificada a través de la oficina de personal, como se hizo luego de dos años y medio».

1.2. Contestación de la demanda

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

i) El régimen prestacional del personal de las Fuerzas Militares se rige por disposiciones especiales vigentes al momento de los hechos, de esta forma para la época de reconocimiento de la asignación de retiro a favor del señor Mora Hincapié – Resolución N.º 1459 de 15 de marzo de 2002- se encontraba vigente el Decreto Ley 1211 de 1990, que consagra que para los requisitos para el otorgamiento de tal prestación son el retiro del servicio activo, la determinación de una causal de retiro, tiempo de servicio prestado, entre otras.

«Adicionalmente, el artículo 128 de la Constitución Nacional dispone: (…) Nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público (…), significa esto, que al ordenarse el reintegro del militar sin solución de continuidad y teniendo en cuenta que el mismo se hace a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia que lo ordena, debe cobrarse el dinero pagado por concepto de asignación de retiro a quien no ostente dicha calidad; de no hacerlo se estaría incurriendo en un doble pago, prohibido expresamente en el citado artículo.»

Por otra parte, el Acuerdo N. 08 de 31 de octubre de 2002, modificado por el Acuerdo N.º 004 de 2004, «Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y establece las funciones del Director General», en su artículo 20 dispone que le corresponde al director general, entre otras cosas, ordenar la suspensión del pago de las asignaciones, pensiones y prestaciones, así como el descuento de las sumas indebidamente pagadas por tales conceptos, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la ley.

ii) Las actuaciones de CREMIL se encuentran ajustadas a la ley pues por un lado el actor no puede ostentar una asignación de retiro encontrándose en servicio activo y por el otro lado, no puede pretender devengar un sueldo de actividad y simultáneamente y por el mismo tiempo, percibir un sueldo de retiro.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia proferida el 10 de agosto de 2018, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

i) No hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda en atención a que los valores que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó reintegrar al actor corresponden a las sumas canceladas a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que ordenó su reincorporación al Ejército Nacional (es decir desde el 28 de mayo de 2012) hasta el 31 de agosto de 2013 (día siguiente a la fecha de suspensión de la asignación), fecha en la cual no existía fundamento fáctico alguno para continuar cancelando la asignación de retiro comoquiera que los supuestos de hecho que dieron origen al reconocimiento de la asignación de retiro desaparecieron con la orden de reincorporación al servicio.

ii) En el acervo probatorio está acreditado que el demandante fue retirado del servicio en virtud de la Resolución N.º 1626 de 14 de noviembre de 2001 y que mediante sentencia proferida por el Consejo de Estado el 19 de abril de 2012 se ordenó se reintegro al servicio, orden que fue cumplida por el Presidente de la República mediante Decreto N.º 1658 de 31 de julio de 2013. Así mismo, está demostrado que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ordenó el reconocimiento a favor del actor, de una asignación de retiro según Resolución N.º 1459 de 15 de marzo de 2002, la cual extinguió mediante Resolución N.º 7669 de 19 de noviembre de 2013, acto en el cual ordenó a su vez al actor el reintegro de la suma que le canceló por concepto de la asignación de retiro desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia que dispuso su reincorporación al servicio -28 de mayo de 2012- hasta la fecha en que suspendió el pago de la prestación -31 de agosto de 2013.

iii) Frente al cargo atinente a la indebida notificación al demandante de la Resolución N.º 7669 de 19 de noviembre de 2013, «si bien es cierto, la entidad demandada no acreditó que dicho acto administrativo hubiese sido notificado en debida forma, pues no aportó constancia del envío de la citación de que trata el artículo 67 del CPACA, ni se logró verificar porque se remitió a la Calle 14C No. 40ª-22 Barrio el Guayabal (Cali, Valle del Cauca) la citación (en la medida en que la hoja de servicios tenida en cuenta para proferir el acto administrativo de la asignación de retiro, reposa como dirección de residencia del demandante la Diagonal 86 No. 80-58), de ello no puede concluirse que el acto administrativo esté viciado, como quiera que la notificación es un requisito de eficacia y oponibilidad, más no de existencia o validez.»

iv) Pese a que el demandante afirma que no es posible ordenar el descuento de los valores pagados por concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2012 y el 30 de julio de 2013, pues su reintegro se produjo solo hasta el 31 de julio 2013, dicho proceder no riñe con lo ordenado en la sentencia emitida por el Consejo de Estado el 19 de abril de 2012 porque aquella providencia nada dijo sobre la posibilidad de descontar lo cancelado por concepto de asignación de retiro; lo anterior, aunado a que el pago de la asignación de retiro perdió su fundamento fáctico pues de conformidad con el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 el requisito sine qua non para ser titular de la asignación de retiro, además del cumplimiento de un determinado tiempo de servicio, es encontrarse desvinculado del servicio.

Así las cosas, no resulta procedente de aquella prestación un vez proferida la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho aludido, máxime si se tiene en cuenta que el fallo proferido por el Consejo de Estado constituye un título jurídico que impone una obligación de hacer al Ejército Nacional (en este caso reincorporar al demandante a su cargo como oficial activo), el cual al momento de ser cumplido, se traduce en la ficción jurídica que el demandante nunca estuvo desvinculado del servicio, razón por la cual independientemente de la fecha en que se ordene su cumplimiento, en este se señala que no hay solución de continuidad en el servicio y se ordena el pago de salarios y prestaciones sociales desde el retiro hasta la fecha de su reincorporación, los cuales son fijados a título de indemnización.

1.4. El recurso de apelación

El señor Wilson Mora Hincapié, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

i) La sentencia proferida por el a quo desconoce que pese a que la sentencia que ordenó el reintegro del hoy demandante quedó debidamente ejecutoriada el 28 de mayo de 2012, el reintegro solo se produjo hasta el 31 de julio de 2013, de manera que solo desde esa fecha adquirió la calidad de oficial activo, recibiendo desde esa fecha la asignación de actividad, motivo por el cual solo desde ahí debe extinguirse la asignación de retiro y no antes.

ii) Conforme lo ha señalado en el Consejo de Estado el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del servicio sino el daño causado por el retiro ilegal, que no tiene la connotación de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado, y por ende no se incurre en la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, puesto que el pago de las acreencias dejadas de percibir, equivalen a una indemnización.

Así las cosas, el a quo se apartó sin fundamento alguno del precedente jurisprudencial vinculante del Consejo de Estado en sentencias del 3 de abril de 2008, 6 de agosto de 2009 y 30 de marzo de 2011, en las cuales se precisó que las órdenes de restablecimiento del derecho se traducen en indemnizaciones por los perjuicios causados en virtud de un acto administrativo ilegal, por lo que el pago de salarios dejados de percibir por su retiro, deben entenderse como una forma de resarcimiento y no de compensación.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. El demandante

El señor Wilson Mora Hincapié, por intermedio de su apoderado, y reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

1.5.2. La entidad demandada

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, por intermedio de apoderado, solicitó confirmar lo decido en primera instancia, con fundamento en la contestación de la demanda.

1.6. El ministerio público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación, si las sumas que percibió el señor Wilson Mora Hincapié por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo del Ejército Nacional, son compatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad declarada por sentencia judicial.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Naturaleza jurídica de la asignación de retiro y de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

La asignación de retiro es un derecho prestacional con carácter periódico que surge de una relación laboral administrativa y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, consagrada a favor del personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación se le ha reconocido el carácter de una pensión como la de vejez o de jubilación.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, creada y reglamentada por los Decretos 0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 823 de 1995, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios del orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998.

Según los artículos 5.° y 6.° del Acuerdo 008 del 31 de octubre de 2002, «por el cual se adoptan los estatutos internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares», su objetivo fundamental es reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares que adquieran el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios y desarrollar la política y los planes generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.

En igual sentido, se tiene que conforme al artículo 3.10 de la Ley 923 de 2004, las Cajas de Retiro de las Fuerzas Militares y de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes; aspectos absolutamente independientes del reconocimiento de las acreencias laborales causadas con ocasión de la prestación del servicio de los miembros de la institución castrense que como empleador tiene atribuido el Ejército Nacional, es decir, las propias de la relación de trabajo.

Sobre el particular, se recuerda que la referida autoridad es un organismo del sector central de la administración pública que pertenece a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional.

Verificada la naturaleza jurídica de las entidades involucradas en la actuación revisada, se colige que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional son integrantes del poder público del Estado Colombiano, conforme a la Ley 489 de 1998.

De la prohibición de percibir doble asignación del tesoro público

El artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público, en los siguientes términos:

ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

De acuerdo con lo anterior, es claro que la prohibición constitucional de percibir doble asignación proveniente del tesoro público impide que dos o más emolumentos que tengan como fuente u origen el ejercicio de empleos o cargos públicos. En este sentido, la norma comprende dos prohibiciones: i) desempeñar dos empleos de forma simultánea y ii) recibir más de una asignación del tesoro público.

Por otro lado el artículo 128 Constitucional fue desarrollado por el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, así:

Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.

Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa.
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. […] (Subrayado fuera del texto).

Acorde con el precepto en cita, se permite percibir de manera simultánea dos asignaciones provenientes del erario, e incluye entre ellas las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública. Sin embargo, en el sub lite se debate una situación que no está contemplada en el supuesto de la norma reseñada, en cuanto, las sumas que recibió el demandante fueron ordenadas en la sentencia judicial que declaró la nulidad del acto de retiro y dispuso su reintegro al servicio.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C 133 del 1.° de abril de 1993, al estudiar la exequibilidad del citado artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, consideró:

[…] Este mandato constitucional (el contenido en el artículo 128 de la Constitución Política) consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar simultáneamente dos o más cargos públicos y de recibir más de una asignación que provenga del tesoro público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, además de autorizar a la ley para fijar los casos en que no opera dicha prohibición.

Tal incompatibilidad está redactada en los siguientes términos:
[...]

Esta disposición apareció por primera vez en la Constitución Política de 1886 cuando el constituyente de esa época prescribió: «Nadie podrá recibir dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes» (art. 64). Este precepto, como se lee en los antecedentes legislativos obedeció al deseo del constituyente de evitar posibles abusos por parte de los empleados públicos, al permitírseles la acumulación de cargos y por ende de sueldos.

Como se puede apreciar, en la Constitución de 1991 se conserva el precepto antes vigente en su integridad, agregándole la prohibición que tiene toda persona de desempeñar mas (sic) de un cargo público, y adecuando su texto a la nueva normatividad, al extenderse la definición de tesoro público, también al patrimonio correspondiente a las entidades descentralizadas. […]

Bajo dicho entendido, se encuentra la prohibición de percibir más de dos asignaciones por cualquier concepto que provengan del erario, (dos empleos públicos en forma simultánea o pensión de jubilación –proveniente de entidades de previsión del Estado- y sueldo), cuyo pago o remuneración proceda del tesoro público o de empresas o instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Ello, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.

Ahora bien, al efectuarse el análisis del vocablo «asignación», se observa que el Diccionario de la Real Academia Española, lo define como:

1. f. Acción y efecto de asignar.
2. f. Cantidad señalada por sueldo o por otro concepto.
3. f. Der. En el supuesto de pluralidad de deudas, imputación de pago a una de ellas.
4. f.P. Rico. deber (‖ ejercicio que se encarga al alumno).» (Resaltado fuera del texto).

De esta forma, en el sub examine el citado término debe entenderse como el monto percibido con ocasión de sueldo o por otro concepto.

A su turno, la Corte Constitucional en la citada sentencia C133 del 1.° de abril de 1993, definió el alcance de dicha expresión como:

[…]
El término "asignación" comprende toda clase de remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo. […]» (Resalta la Subsección).

Adicionalmente, dentro de esta prohibición ha de entenderse no solo la percepción de más de una asignación proveniente de varios empleos públicos, sino la de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, tales como las pensiones o asignación de retiro en el caso de las Fuerzas Militares y de Policía.

Se resalta, que la prohibición de percibir doble asignación que provenga del tesoro, salvo las expresas excepciones de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia, incluye todo tipo de haberes, emolumentos, remuneraciones, salarios y prestaciones originados en la misma fuente.

Bajo este entendido, la subsección analizará si tal y como lo expuso el a quo en la sentencia de recurrida, los rubros reconocidos al demandante como consecuencia de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó su reintegro sin solución de continuidad, son incompatibles con la asignación de retiro que percibió durante el mismo periodo.

Incompatibilidad de la asignación de retiro con el pago de salarios y prestaciones recibidos por orden judicial

Inicialmente, resulta necesario precisar que los conceptos de asignación de retiro y salario son diferentes. En efecto, el primero goza de una naturaleza prestacional que tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la Fuerza Pública, con un tratamiento diferencial que obedece a la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares, susceptible de reconocimiento por el retiro del servicio activo, al igual que la pensión de vejez que se le otorga a los trabajadores que se rigen bajo la normativa del Sistema General de Seguridad Social. El segundo, es toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, conforme lo ha definido la jurisprudencia de esta Corporación.

Como se indicó anteriormente, la Constitución Política en el artículo 128 instituyó la prohibición de recibir más de una asignación proveniente de varios empleos públicos y de otras remuneraciones o asignaciones que tengan la misma fuente, situación que configura la incompatibilidad de salarios y pensiones reconocida pacíficamente en el ordenamiento jurídico.

No obstante, frente a dicha regla, legalmente se contempló una serie de excepciones taxativas y específicas a las que le son inherentes ciertos fines y causas. Puntualmente en el caso del artículo 19, literal b) de la Ley 4.ª de 1992, relacionado con los militares que perciben asignación de retiro, la teleología de dicha norma es que un miembro de la Fuerza Pública desvinculado precisamente por retiro de la institución y con derecho a la mentada prestación, pueda laborar y percibir otro emolumento derivado del erario a título de remuneración, únicamente en el entendido de que por su condición, ya no estaría en servicio activo como uniformado, al punto de habilitarse el ejercicio de cualquier otra actividad en relación con el Estado.

La Sala considera necesario manifestar que a través de sentencia de 13 de mayo de 2021, abordó un caso similar al planteado razón por la cual es menester traerla a colación. En efecto, en la sentencia de 13 de mayo de 2021, esta Subsección afirmó:

Al respecto, es necesario indicar que, analizadas las especificidades de este caso particular, si se llegara a retrotraer la situación objeto de litigio al estado anterior, en orden a concretar el restablecimiento del derecho pretendido, se evidencia que al anular los actos administrativos cuestionados por medio de los cuales se revocó el reconocimiento de la asignación de retiro, se convalidaría la condición del demandante como miembro retirado del Ejército Nacional, la cual en su momento le permitió adquirir ese derecho.

Por lo tanto, al haber sido reintegrado mediante orden judicial con el consecuente pago de salarios y prestaciones por el mismo lapso de la supuesta desvinculación, se entiende que también habría ostentado la calidad de uniformado en servicio activo, lo cual contraviene abiertamente la finalidad y causa de la excepción legal analizada previamente, de suerte que en el presente caso se consolida una clara incompatibilidad entre dicha remuneración y la prestación reconocida por el retiro del servicio.

[…] Acerca de estas consideraciones que se comparten con las del a quo, la parte apelante en su recurso manifestó que lo que se desconoce es que la orden de restablecimiento del derecho en la sentencia que previó su reintegro a la institución y el pago de salarios, fue concebida como una indemnización por el daño causado y no propiamente como un pago de los haberes adeudados en virtud del vínculo laboral con el Ejército Nacional, de manera que no podría entenderse que aquel estuvo en servicio activo para el período comprendido entre el 16 de noviembre de 2009 y el 31 de mayo de 2012 cuando efectivamente estaba retirado de la institución. Sobre el punto aseguró que, en esencia, el tribunal se apartó de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que considera el restablecimiento del derecho como una indemnización.

Pues bien, sobre este punto la Subsección estima que tal argumentación no tiene vocación de prosperidad por diferir de la verdadera intelección de una orden como la impartida en su momento por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Santa Marta. Al respecto, se recuerda que, en el marco de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la esencia de este es desvirtuar la legalidad de un acto administrativo a fin de ser retirado del tránsito jurídico, esto es, que sea eliminado y que por consiguiente se realicen todas las acciones tendientes a retrotraer a su estado original la situación jurídica que se había creado, modificado o extinguido por medio de este, es decir, como si nunca se hubiese expedido.

Este contexto relacionado con la finalidad del aludido medio de control, implica que particularmente en este caso, el hecho de que la decisión del referido juzgado se hubiese concretado en reintegrar al señor Giraldo Hernández y específicamente en condenar a la entidad demandada, (como lo era el Ejército Nacional en la actuación judicial aludida), a efectuar el pago de salarios y prestaciones adeudadas por el tiempo que estuvo desvinculado, quiere decir que el fin del fallo judicial buscaba retrotraer la situación a su estado primigenio, es decir, devolverle la calidad de miembro activo de la institución castrense al demandante y efectuarle el pago de la remuneración a que tenía derecho por esa condición. (Resaltado fuera del texto)

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

2.3.1. Sobre la relación laboral del demandante

El señor Wilson Mora Hincapié prestó sus servicios a las Fuerzas Militares, Ejército Nacional durante 15 años y 5 meses, de conformidad con la hoja de servicios N.º 2440 de 16 de noviembre de 2001, emitida por la Dirección de personal de la entidad referida y, fue retirado el servicio en ejercicio de la facultad discrecional a través de la Resolución N.º 1626 de 14 de noviembre de 2001.

El 15 de marzo de 2002 mediante Resolución N.º 1459 proferida por el Ministerio de Defensa Nacional – Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, CREMIL, se le reconoció la asignación de retiro, a partir del 16 de febrero de 2002.

El Consejo de Estado mediante sentencia de 19 de abril de 2012, declaró la nulidad de la Resolución N.º 1626 de 14 de noviembre de 2001, a través del cual el demandante había sido retirado del servicio. En virtud de lo anterior, el fallo concreto en punto a la orden de restablecimiento del derecho, precisó lo siguiente:

[…] CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a reintegrar al actor al servicio activo del Ejército Nacional en el grado que ostentaba al momento de su retiro y a ser llamado a curso de ascenso, de conformidad a lo establecido en el reglamento interno.

CONDÉNASE a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, a reconocer y pagar al actor Wilson Mora Hincapié los sueldos, prestaciones y demás emolumentos dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, atendiendo al cargo a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la anterior condena.

DECLÁRESE para todos los efectos que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte de Wilson Mora Hincapié.

No habrá lugar a realizar los descuentos de las sumas de dinero que hubiere recibido el actor en el evento de que haya celebrado otra u otras vinculaciones laborales durante el tiempo de retiro de servicio.

2.3.2. Sobre el cumplimiento de la sentencia de 19 de abril de 2012

El 31 de julio de 2013 por medio del Decreto 1658 el Presidente de la República dio cumplimiento a la providencia judicial precitada en el sentido de reintegrar al demandante al servicio activo de la institución y ordenar que le fueran abonados los salarios, primas, bonificaciones y demás prestaciones dejadas de devengar desde el momento de su desvinculación hasta la fecha del reintegro efectivo.

El 19 de noviembre de 2013, se expidió la Resolución 7669 en la cual la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares extinguió la asignación de retiro que le había sido reconocida al señor Mora a partir del 16 de febrero de 2002, debido a que este fue reintegrado al servicio activo. Con motivo de esta decisión, la aludida entidad ordenó al señor Mora Hincapié reembolsar la suma de $34.817.026, correspondiente al total de los pagos efectuados por concepto de la mentada prestación.

El señor Mora Hincapié interpuso recurso de reposición en contra del acto administrativo precitado, a fin de que se revocara dicha decisión por considerarla ilegal. No obstante, CREMIL expidió la Resolución 3685 de 24 de mayo de 2016, a través de la cual rechazó por extemporáneo el recurso de reposición elevado por el peticionario.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El señor Wilson Mora Hincapié en su escrito de apelación alega que la sentencia proferida por el a quo desconoce que pese a que la sentencia que ordenó el reintegro del hoy demandante quedó debidamente ejecutoriada el 28 de mayo de 2012, el reintegro solo se produjo hasta el 31 de julio de 2013, de manera que solo desde esa fecha adquirió la calidad de oficial activo, recibiendo desde esa fecha la asignación de actividad, motivo por el cual solo desde ahí debe extinguirse la asignación de retiro y no antes.

Aduce que conforme lo ha señalado en el Consejo de Estado el pago impuesto en la condena no tiene por causa la prestación del servicio sino el daño causado por el retiro ilegal, que no tiene la connotación de asignación laboral dirigida a remunerar el servicio prestado, y por ende no se incurre en la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, puesto que el pago de las acreencias dejadas de percibir, equivalen a una indemnización.

Al respecto, la Sala al realizar el análisis de las pruebas allegadas al plenario, se observa que el señor Wilson Mora Hincapié fue retirado del servicio el 16 de noviembre de 2001, y posteriormente, mediante Resolución 1459 de 15 de marzo de 2002, CREMIL reconoció asignación de retiro a su favor, efectiva desde el 16 de febrero de 2002.

De igual forma, se observa que en virtud de la providencia proferida el 19 de abril de 2012 por parte de esta Corporación, le fueron canceladas las sumas que por concepto de restablecimiento del derecho se reconocieron en la citada sentencia judicial que anuló la decisión de retiro y ordenó su reincorporación al servicio, respecto de las cuales se concluye que aquellas no pierden el carácter de salario, de manera que resultan incompatibles con los pagos que percibió por concepto de asignación de retiro, según lo expuesto con antelación.

Ahora, es preciso traer a colación la sentencia de 13 de mayo de 2021 a través de la cual esta Subsección en un caso similar al presente sostuvo:

Bajo dicho entendido, en el sub iudice es claro que existe incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario, pues resulta evidente que ser beneficiario de salarios y prestaciones dejadas de percibir durante el tiempo en que se estuvo desvinculado del servicio con ocasión de una sentencia judicial, no constituye una excepción a dicha prohibición, toda vez bajo dicho entendido, el demandante finalmente habría devengado aquellos conceptos remunerativos por servicio activo decretado judicialmente y al mismo tiempo recibió una asignación de retiro cuya causa y eficacia desaparecieron desde el mismo momento en que se concibió su reintegro a partir de la fecha de su desvinculación.

Lo antepuesto, habida cuenta de que la consecuencia lógica de un reingreso a la institución con fines retroactivos es retornar la situación a su estado original, el cual no es otro que la vigencia del nexo laboral al que solo le corresponde el pago de salarios y prestaciones.

La subsección precisa que en el caso estudiado no se trata de una doble asignación a título de salarios por varias vinculaciones laborales, sino de la percepción concomitante de sueldos y de asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en su actuación a ley y a la Constitución Política, de manera que debe efectuar un manejo adecuado a los recursos que administra, en orden a mantener la sostenibilidad del sistema.

Así, en atención a la diferente naturaleza jurídica de las relaciones que ostentó el demandante, la primera, laboral con el Ejército Nacional y, la segunda, la de retirado con la asignación respectiva a cargo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se considera que al recuperar la situación administrativa de servicio activo por restablecerse su derecho, no resultaba posible que el demandante también percibiera esta última prestación, debido a que por ese mismo lapso, fue retribuido con los haberes laborales que se le reconocieron en la sentencias que ordenó el reintegro.

En igual sentido se ha pronunciado la Sección Segunda del Consejo de Estado al analizar una situación con similares situaciones fácticas y jurídicas al sub examine y consideró que existe la deprecada incompatibilidad, así:

[…] Además, es necesario tener en cuenta que al momento de proferir las sentencias que anularon la decisión de retiro, el Juzgado de Descongestión del Circuito de Girardot no tenía conocimiento que al demandante se le había reconocido asignación de retiro. En consecuencia, al disponer el restablecimiento, se dijo Así (sic), al momento de disponer el restablecimiento, dijo que sin que se efectuara descuento alguno por concepto de salarios percibidos por haber desempeñado otro cargo público, no de lo percibido por asignación de retiro, pues ni siquiera se sabía de este hecho.

En el caso estudiado aplica la incompatibilidad constitucional de percibir más de una erogación del erario porque la situación descrita, es decir, el pago por concepto de una orden judicial no configura una excepción a la referida prohibición. […] (Subrayado y Resaltado fuera del texto).

Aunado a ello, se debe tener en cuenta que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante, es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. En consecuencia, la declaración de nulidad del acto administrativo que desvinculó al actor, retrotrajo las cosas a su estado anterior, de manera que se entiende como si aquel nunca se hubiera separado del servicio, razón por la cual las sumas que recibió por concepto restablecimiento del derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles por ausencia de causa justificada para su reconocimiento.

De esta forma, en virtud de la providencia judicial que declaró la nulidad del acto de desvinculación del demandante, a este le fueron reconocidos de forma retroactiva los emolumentos y prestaciones dejados de percibir y el reintegro efectivo al servicio sin solución de continuidad, circunstancia que permite advertir que el tiempo durante el cual estuvo por fuera de la institución, se asumió como si efectivamente lo hubiese prestado en actividad para todos los efectos, incluso para computar el tiempo necesario para el reconocimiento y determinación de una cuantía superior de su asignación de retiro.

Bajo este mismo entendido, tampoco es viable la posición de la parte recurrente en cuanto solicita que en caso de confirmar la sentencia impugnada, esta se modifique en orden a conminar a la entidad demandada a que el reembolso de los pagos por concepto de asignación de retiro, solo se realice desde la fecha el reintegro efectivo del demandante y no desde la fecha de ejecutoria del fallo proferido por esta Corporación el 19 de abril de 2012, por medio de la cual se condenó al Ejército Nacional a reintegrar al señor Mora al servicio de la institución.

Lo anterior se afirma improcedente, habida cuenta de que los efectos de la providencia aludida se retrotraen a la fecha de retiro y de pago real de la correspondiente asignación que le había sido reconocida, esto es, desde el 16 de febrero de 2001 cuando fue desvinculado, por lo que la incompatibilidad advertida en esta oportunidad, también se configura desde esa época, sin que la firmeza del proveído en comento o el reintegro efectivo del señor Mora al servicio, cobren alguna relevancia.

En conclusión, las sumas que percibió el señor Wilson Mora Hincapié por concepto de asignación de retiro durante el tiempo en que estuvo apartado del servicio activo del Ejército Nacional, son incompatibles con el pago de salarios y demás prestaciones que recibió como restablecimiento del derecho por la anulación de la decisión de desvinculación de dicha entidad (declarada por sentencia judicial). Por tal motivo los descuentos ordenados en el acto administrativo cuya nulidad se depreca, son ajustados a derecho y a la prohibición constitucional prevista en el artículo 128 Superior, contrario a lo declarado por el a quo.

Finalmente, la Subsección advierte que dentro del plenario no se demostró si al demandante se le descontó o ya se le dedujo de sus salarios y prestaciones el valor de la asignación de retiro, motivo por el cual esta Corporación ordenará que en caso de que no se hayan descontado dichos emolumentos, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares efectuará el descuento con la preservación del mínimo vital del demandante atendiendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Igualmente, deberá tener en cuenta la entidad demandada que si ya realizó el descuento de la asignación de retiro al momento del reintegro del señor Wilson Mora Hincapié, no podrá descontar dichos haberes de su salario mensual como miembro activo, ello con el fin de evitar que el libelista pague doblemente tal erogación.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016, respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida, esto es, si es el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 3.º y 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas al demandante y a favor de la entidad demandada, en la medida en que el primero resultó vencido al confirmarse en su totalidad la sentencia recurrida, y además la parte pasiva presentó alegatos de conclusión en esta instancia conforme a la constancia secretarial visible a folio 199 del plenario, lo que demuestra su causación.

4. Conclusión

La Sala advierte que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos reprochados, por lo que se impone confirmar la sentencia apelada, que denegó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:

Primero. – Confirmar la sentencia proferida, el 10 de agosto de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Wilson Mora Hincapié contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. – Condenar en costas de segunda instancia al demandante y a favor de la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Tercero. – Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 19 de abril de 2012, radicado 250002325000200220439102
Folio 31
Folio 35
Folios 74 al 77
Folios 75 reverso y 76
Folios 166 al 177
Folio 144 reverso
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 19 de abril de 2012, radicado 250002325000200220439102
Folios 151 al 157
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI
Constancia secretarial Folio 199
Ver entre otras las sentencias proferidas dentro del expediente 250002342000201306374-01 de 28 de septiembre de 2017 y de 7 de marzo de 2013, referencia 1796-2012.
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.»
«Por la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.»
Referencia: Expediente D-153.
http://dle.rae.es/?id=3zj6xzB.
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de febrero de 2017.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-00369-01 (1590-2019)
Folio 50
Folio 351
Folios 55 y 56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 19 de abril de 2012, radicado 250002325000200220439102
Folios 6 al 27
Folios91 reverso y 92
Folios 2 al 4
Folios 5 al 9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de mayo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2016-00369-01 (1590-2019)

Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de mayo de 2018. Radicación número: 08001-23-33-000-2014-00016-01(0727-16).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
«3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

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