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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01271-01

Fecha
27 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01271-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Adriana Lucía González Díaz en contra de la Contraloría General de la República. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251- 2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. JNFG 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01271-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz
Demandado: Contraloría General de la República

Tema: Solicitud de reconocimiento primas técnica «automática» y de
alta gestión fueron previstas por el legislador con carácter no
salarial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sección
Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Adriana Lucía González Díaz presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1 en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 2019IE0025876 del 21 de marzo de 2019, por el
cual negó el reconocimiento de las primas técnica y de alta gestión como factores
salariales; y se inaplicara por inconstitucionalidad los siguientes apartados: i) «[l]a

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

prima de alta gestión de que trata este artículo no constituye factor salarial para ningún
efecto legal» previsto en el artículo 5 de los decretos 1012 de 2013, 182 de 2014,
1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017 y 334 de 2018; y ii) «[l]a cual no constituye
factor salarial para ningún efecto legal» establecido en el artículo 6 de los decretos
1012 de 2013, 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017 y 334 de
2018.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó la reliquidación y pago de i) todos los factores salariales y las prestaciones
sociales pagadas a favor de la demandante causadas desde su ingreso en octubre
de 2014, con la debida indexación; y ii) los aportes patronales de seguridad social
en pensiones, salud y ARL que correspondan, con la inclusión de las primas de
alta gestión y técnica automática, con los respectivos intereses de mora a partir de
la nómina mensual de octubre de 2014.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Adriana Lucía González Díaz ingresó a la Contraloría General de la República el
7 de octubre de 2014 y se desempeña como directora grado 3 del del régimen
especial de carrera administrativa en la Dirección de Estudios Sectoriales de la
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario en Bogotá D.C.

3.2. Desde su ingreso a la entidad devengó en forma mensual, habitual y
permanente, además del salario básico y una remuneración equivalente al 20% del
sueldo básico a título de prima de alta gestión y, otra del 50% del sueldo básico
como prima técnica, entre otras prestaciones sociales, sin que la autoridad
demandada considerara estos dos emolumentos como factores salariales.

3.3. El 12 de marzo de 2019 le solicitó a la entidad demandada, el reconocimiento,
reliquidación y pago de las prestaciones sociales con incidencia de las primas
técnica y de alta gestión como factores salariales; petición denegada a través del
oficio 2019IE0025876 del 21 de marzo de 2019, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 5 y 6 del Decreto 241 de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 53 y 150 de la Constitución Política; 2 y 4
de la Ley 4 de 1992; 31 y 42 del Decreto Ley 1042 de 1978; y 13 y 40 del Decreto
720 de 1978.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 2:

5.1. El concepto de salario abarca todas las sumas o incentivos que de manera
mensual, permanente y habitual reciba el empleado como retribución por sus
servicios, de tal manera que en atención a la naturaleza de las primas técnica y de
alta gestión percibidas por los directivos de la Contraloría General de la República,
estas se constituyeron en factores salariales, tal y como lo consideró la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el Concepto 923 del 27 de
noviembre de 1996. Sin embargo, el gobierno nacional estableció lo contrario, al
expedir sin competencia los decretos anuales que fijan los incrementos salariales,
de tal manera que fueron expedidos con infracción de los artículos 42 del Decreto
1042 de 1978 y 40 del Decreto 720 de 1978.

5.2. Asimismo son inconstitucionales, toda vez que es facultad del legislador
determinar los emolumentos que constituyen factores salariales, de conformidad
con el literal e) del numeral 19, artículo 150 de la Constitución Política, así como
también desconoció el derecho a la igualdad, en la medida en que establecieron
una diferenciación injustificada en lo concerniente a la aplicación del concepto
salario respecto de otros servidores públicos, a quienes sí se les tienen en cuenta
todas las sumas percibidas en forma habitual y periódica como factores salariales.

5.3. El acto acusado está viciado por falsa motivación por contrariar el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades, puesto que la negativa de tener en
cuenta a las señaladas primas como factores salariales pese a que se trataba de
emolumentos percibidos de manera habitual y permanente como retribución al
servicio prestado por la demandante en la Contraloría General de la República, cuyo
valor o beneficio además no se percibía con el objeto de cubrir riesgos o
necesidades derivados de la relación laboral ni era un medio para el adecuado
desarrollo de su labor, por ende era evidente su carácter retributivo por el servicio
prestado y en tal sentido, su carácter salarial.

1.2. Contestación de la demanda

6. La
Contraloría General de la República se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en los siguientes argumentos3:

7. En el presente caso se configuró la ineptitud de la demanda, toda vez que la
determinación concerniente a si un emolumento constituye factor salarial es una

2 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»
3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,

archivo 7

3

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Demandante: Adriana Lucía González Díaz

atribución propia del gobierno nacional, en ejercicio de la función atribuida por el
legislador a través del artículo 1 de la Ley 4ª de 1992 para fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la entidad demandada, en aplicación de los
objetivos fijados por el Congreso de la República, de acuerdo con el mandato
previsto en el literal e), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política.

8. La anterior excepción también se encuentra configurada debido a la «falta de
claridad, […] cuando el demandante se limita a denunciar una supuesta violación del
artículo 53 constitucional, [a partir de] la respectiva confrontación entre el oficio que dio
respuesta a la petición, los motivos de ataque y las disposiciones superiores supuestamente
violadas, pues sufre de falta de exposición de argumentos» (sic).

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 negó las pretensiones de la demanda y
se abstuvo de condenar en costas. Para tal efecto se pronunció en los siguientes
términos4:

9.1. De acuerdo con los elementos de prueba allegados al proceso se acreditó que
Adriana Lucía González Díaz ingresó desde el 7 de octubre de 2014 como directora
grado 3, adscrita a la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada
para el Sector Agropecuario y percibió desde el ingreso a la entidad y en forma
mensual las primas técnica y de alta gestión.

9.2. De conformidad con los criterios señalados en los artículos 1 y 2 de la Ley 4ª de
1992, se expidió el Decreto 270 de 2000 que reguló dentro de las prestaciones
sociales percibidas para los cargos de contralor delegado, director de oficina,
secretario privado, director y gerente de la Contraloría General de la República, la
prima técnica en cuantía del 50% de la asignación básica mensual; y la de alta
gestión equivalente al 20% de aquella. Asimismo estableció en forma expresa que
«no constituye factor salarial para ningún efecto legal».

9.3. En concordancia con lo anterior y en atención a que el gobierno nacional profirió
de manera anual la normativa en la que determinó la escala de remuneración para
las distintas categorías de empleo de la Contraloría General de la República, entre
los que se encontraron los decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010
de 2017 y 344 de 2018, se previó en cada vigencia que las primas técnicas y de alta
gestión no constituirían factor salarial para ningún efecto. En igual sentido, el

4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,

archivo 10

4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

Consejo de Estado5 se pronunció sobre la improcedencia de su reconocimiento con
el carácter pretendido por la demandante, bajo el argumento concerniente a que las
normas expedidas por el gobierno nacional gozan de presunción de
constitucionalidad y legalidad.

9.4. Si bien es cierto que por salario se entiende todo pago o la remuneración que el
servidor público percibe directamente de manera periódica y habitual por la
prestación del servicio, también lo es que los criterios para determinar el monto y
los emolumentos son determinados previamente por el legislador o el ejecutivo del
nivel central o territorial, en virtud de las reservas de competencia que le
corresponden a cada órgano, según la estructura constitucional.

9.5. De ahí que Adriana González Díaz no tenía derecho a pretender la reliquidación
de sus prestaciones sociales con el cómputo de la prima de alta gestión y la prima
técnica y, por tanto, no resulta procedente inaplicar las normas referidas, toda vez
que la excepción de inconstitucionalidad es un instrumento jurídico para la
protección de los derechos fundamentales respecto de quienes la interpretación y
aplicación de una norma en un caso particular contraría sus derechos o una
disposición de orden superior, situación que en sub examine no ocurrió en tanto
que, las citadas disposiciones normativas se dictaron válidamente en ejercicio de la
competencia conferida por el ejecutivo en la Ley 4 de 1992.

9.6. Aun mas si se tiene en cuenta que desde 1990 tanto el legislador ordinario como
extraordinario aumentó salarios, pero disminuyó prestaciones sociales y
económicas; se entiende que lo hizo como una manera de apoyar la sostenibilidad
financiera del sistema pensional. Por ende, el acto acusado conserva la presunción
de legalidad ya que se limitó a dar cumplimiento en forma puntual a las normas
referidas que determinaron que no constituían factor salarial para ningún efecto
legal los señalados emolumentos.

1.4. El recurso de apelación

10. Adriana Lucía González Díaz interpuso recurso de apelación en los siguientes
términos6:

10.1. El
a quo desconoció el debido proceso de la demandante, «por el
desconocimiento de los derechos adquiridos del demandante contenidos en las normas que

5 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 5 de mayo

de 2022, radicación 25000-23-42-000-2018-01942-01 (3032-2021) y del 5 de mayo de 2022,
radicación 25000-23-42-000-2018-01942-01 (3032-2021)
6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,

archivo 52

5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

establecen y definen el concepto y los diferentes factores de salario de los empleados de
la Contraloría General de la República», razón por la cual la decisión «se construyó en
forma equivocada [pues el análisis] se debió hacer desde lo que debe entenderse por
retribución del servicio, aplicando e interpretando el presente asunto con base en el principio
de favorabilidad legal y constitucional en materia laboral, el marco del Convenio 95 de la
OIT ratificado por el Estado colombiano, y conforme a lo que la propia Ley 4 de 1992,
dispone en el literal a) de su artículo 2, referidos al respeto de los derechos adquiridos de
la demandante». Esto en concordancia con los artículos 4, 29, 58 y 230
constitucionales.

10.2. Además se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado proferida en
casos de circunstancias fácticas similares a las de la demandante7, concerniente al
carácter remunerativo de las primas o los incentivos previstos por el gobierno
nacional respecto del servicio prestado.

10.3. Al respecto también era necesario examinar el concepto «salario», desde el
Convenio 95 de la OIT y los artículos 22 del Código Sustantivo del Trabajo y 42 del
Decreto Ley 1042 de 1978, así como el Concepto 1393 del 18 de julio de 2002 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre esa noción8.

10.4. Por lo anterior se desconoció además el artículo 93 Superior, sobre la aplicación
efectiva de los tratados y convenios internacionales a nivel nacional, tal y como lo
consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-562 de 1992, como un
imperativo ineludible en aras de la efectividad real de los derechos y deberes
establecidos en la Constitución Política.

10.5. Lo anterior para reiterarse en lo expuesto desde la demanda, esto es el «carácter
retributivo, tal como le fueron remuneradas las denominadas primas de alta gestión y
técnica automática, efectivamente pagadas por el demandando a la demandante, es decir
como retribución del servicio prestado, lo cual per se le confiere naturaleza salarial a tales
pagos, désele el nombre que quiera dársele, con apego a lo normado y aceptado por el
Estado Colombiano, al acoger como legislación permanente el Convenio OIT 095, ratificado
mediante ley 54 de 1962».
10.6. También se desconocieron los principios de favorabilidad en materia laboral y
de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidos en el artículo 53
Superior, en obediencia a la especial protección del derecho al trabajo.

10.7. Por todo lo anterior, era procedente la inaplicación de los decretos 182 de 2014,
1093 de 2015 y 241 de 2016, en tanto fueron expedidos por el ejecutivo, sin tener

7 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia proferida el 19 de

febrero de 2018, dentro del proceso con radicación 11001-03-25-000-2011-00167-00 (0580-2011)
8 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia proferida el 1 de agosto de 2013,

en el proceso con radicación 44001-23-31-000-2008-00150-01(0070-11)

6

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Demandante: Adriana Lucía González Díaz

la competencia para ello, toda vez que la atribución para determinar qué es salario
y los elementos que lo conforman como factores salariales, fueron desarrollados por
el legislador en el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, y su voluntad fue que «en
Colombia, existen otros factores de salario, al preceptuarse que “…constituyen salario todas
las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios».

10.8. Sumado a ello, un derecho adquirido «es el que ha entrado al patrimonio de una
persona por cumplirse los presupuestos previstos en una ley; por lo tanto, la prima técnica
reconocida y la prima de alta gestión otorgadas a [la] demandante, con los requisitos
legalmente establecidos, constituyen derecho adquirido, por cuanto ambas primas fueron
reconocidas y se pagaron legalmente. Por tanto, ambas retribuciones hacen parte del
salario de [la] demandante, conforme con las normas invocadas en este recurso».

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

12. Vencido el término de traslado el Ministerio público no rindió concepto 10.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si Adriana Lucía González Díaz quien se
desempeña como directora grado 3, adscrita a la Dirección de Estudios Sectoriales
de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario de la Contraloría General
de la República, tiene derecho a que la prima técnica y la prima de alta gestión que
ha percibido desde el año 2014 sean reconocidas como factores salariales y, en
consecuencia, se ordene su inclusión para la reliquidación de sus prestaciones
sociales?

2.2.1. Sobre los conceptos de salario y prestaciones sociales

14. Los Convenios 95 de 1949 y 100 de 1951 de la OIT, ratificados por Colombia,

9 Tal y como se indicó en el auto del 13 de febrero de 2024. Samai, índice 4
10 Según la constancia secretarial de esta Subsección proferida el 10 de abril de 2024, índice 8 de

Samai

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

aprobados por medio de la Ley 54 de 1962, se refieren al «salario» así:

«el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su
denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada
por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador
en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último
haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.»11

«(a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el
empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este
último»12

15. El término salario es comprendido como toda remuneración ordinaria, habitual y
permanente que recibe el trabajador como «contraprestación directa del servicio»13 y
tiene sustento constitucional en el artículo 53 de la Constitución Política, conforme
con el cual, será uno de los principios del trabajo, la «remuneración mínima vital y
móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo».

16. En efecto, el Decreto 1160 de 1947 (artículo 6, parágrafo 1) lo definió como «[...]
todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente
retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y
bonificaciones [...]». En igual sentido, el artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo14, que aunque aplicable al régimen laboral individual de carácter privado
sirve de referente, señaló que es «[...] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en
especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación
que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones […]».

17. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta sección ha definido el
concepto de «salario» como «[l]a retribución al trabajador por su servicio […]»15 y, por
lo tanto, «[…] comprende entonces, los sueldos, primas, bonificaciones y demás
reconocimientos que se hagan directa o indirectamente por causa o por razón del trabajo o
empleo sin ninguna excepción […]»16. Además, ha señalado que el salario se
«constituye frente a casos particulares y concretos, atendiendo un factor objetivo o subjetivo

11 Convenio 95 de 1949 de la OIT.
12 Convenio 100 de 1951 de la OIT.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de julio de 2021, Radicado:

25000-23-42-000-2016-04269-01(6190-18).
14 En lo sucesivo CST
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012,

Radicado 70001-23-31-000-2002-01697-02(1941-08).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de julio de 2021, Radicado:

52001-33-31-002-2015-00657-01(0329-20).

8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

o ambos»17 que se diferencian así:

«Cuando se habla del factor objetivo se hace referencia a que el salario se instituye
dependiendo de criterios de responsabilidad y/o complejidad del cargo o empleo, y
subjetivo cuando para establecerlo se atienden circunstancias tales como la
capacidad, nivel académico o experiencia del empleado.»

18. Esta noción de salario ha sido objeto de diversos pronunciamientos, dentro de
los cuales se encuentra el concepto 1393 del 18 de julio de 2002, en el que la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio del análisis del
alcance de los términos salario y factor salarial contenidos en el artículo 42 del
Decreto 2042 de 1978 expuso:

«[…] El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa
que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para
ponerla a disposición del empleador…. En efecto, según el artículo 127 del Código
Sustantivo de Trabajo (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) “constituye
salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el
trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea
cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor
del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.”
En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que “además
de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del
trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios. […]».

19. Igualmente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
considerado que, para que «un pago sea considerado como salario», debe hacerse
como «retribución directa del servicio»18. A su vez, esta última la ha definido como
«nota distintiva del salario, en cuanto traduce la remuneración próxima o inmediata, por
oposición a la lejana o mediata, que recibe el trabajador por el servicio prestado, es una
consecuencia natural y lógica de los rasgos de bilateralidad u onerosidad, que acompañan
al contrato de trabajo o a la relación legal y reglamentaria».

20. Asimismo ha precisado que «no todo pago que recibe el trabajador constituye salario,
sino que para determinar su carácter no basta con que se entregue de manera habitual o
que sea una suma fija o variable, sino que se debe examinar si su finalidad es remunerar
de manera directa la actividad que realiza el asalariado»19. Es decir que, los pagos
recibidos por el trabajador por su actividad subordinada son salario, a menos de que

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2010,
radicación 05001-23-31-000-1998-00307-01 (4935-05).
18 SL7820-2014.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL9827-2015.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

se trate de prestaciones sociales20.

21. Por su parte, las prestaciones sociales, aunque también tienen origen en la
relación laboral, se diferencian del salario porque su objeto se contrae a «cubrir los
riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo»21
aunque no se derive directamente de esta. Es decir que no tienen como objeto
retribuir propiamente la actividad22.

22. En este sentido, en la sentencia del 12 de mayo de 2022 SUJ-027-CE-S2-2022,
la Sección Segunda sostuvo:

«[…] las prestaciones sociales se han definido como “pagos adicionales o
complementarios al salario básico que tienen como propósito ayudar a cubrir o
solventar las ‘vicisitudes de la vida’, cuando ella le hace al trabajador exigencias que
no resultaban cubiertas con los salarios básicos que la sociedad ofrecía a sus
trabajadores”23. Aquellos emolumentos hacen parte de un esquema solidario que,
junto con los salarios, propenden por niveles mínimos de seguridad social frente a
contingencias tales como el desempleo, la enfermedad, la muerte, así como la
necesidad de descanso y de cubrir gastos de transporte, entre otros24.».

23. En efecto, esta Sección ha señalado que estas «no emergen de criterios particulares
y concretos, sino por aspectos generales en relación con todos los trabajadores o un grupo
considerable de ellos»25. Estas definiciones también han sido expuestas por la Corte
Suprema de Justicia; por ejemplo, en la sentencia 10515 de 1985, la Sala de
Casación Laboral sostuvo lo siguiente:

«Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie,
servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en
convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o
establecida en el Reglamento Interno de Trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier
acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que
se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia
del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no repara perjuicios causados por el patrono.»
[Se resalta]

24. Es así como las prestaciones sociales constituyen aquellas sumas reconocidas
a favor del servidor público vinculado, tendientes a garantizar las condiciones

20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia CSJ SL 1798-2018.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de diciembre de 2011,

radicación 68001-23-15-000-2001-02652-02 (1076-11).
22 Ibidem.
23 Corte Constitucional, sentencia C-244 de 2013.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de agosto de 2010,

radicación: 05001-23-31-000-1998-00307-01 (4935-05) y de la Sala de Consulta y Servicio Civil,
concepto del 11 de septiembre de 2003, radicación 1518, entre otros.
25 Ibidem

10

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

materiales para el ejercicio del empleo, a cubrir las contingencias derivadas de la
labor desempeñada o para apoyar situaciones particulares de la relación entre la
vida personal y laboral del empleado, de manera que su reconocimiento no se
constituye como una contraprestación del servicio sino de los riesgos y
contingencias de aquel durante la vigencia de la relación laboral.

2.2.2. Acerca de la regulación de la prima técnica dentro del régimen salarial
y prestacional de los empleados de la Contraloría General de la República

25. En vigencia de la Constitución de 1991, a través del artículo 1 de La Ley 4ª de
199226, el legislador delegó en el gobierno nacional la tarea de fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel
nacional, del Congreso de la República, de la Rama Judicial, del Ministerio Público,
de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública.

26. Para ello, en su artículo 2 ejusdem, se determinaron los objetivos y criterios que
debía atender el gobierno nacional, entre ellos, el respeto por los derechos
adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los
regímenes especiales y que en ningún caso se podrían desmejorar sus salarios y
prestaciones sociales; la sujeción al marco general de la política macroeconómica
y fiscal; y la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.

27. Así las cosas, en lo que a la «prima técnica automática» se refiere [que, valga
anotar, difiere de las primas técnicas por evaluación del desempeño y por formación
avanzada y experiencia altamente calificada preceptuadas en el artículo 2º del
Decreto ley 1661 de 27 de junio de 1991, es decir la devengada de manera
automática por el solo hecho de desempeñar uno de los cargos determinados por
la ley 27], y la prima de alta gestión, fue expedida la Ley 106 de 199328 que reguló,
entre otros, la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, para lo cual en su artículo 113 señaló lo concerniente a las prestaciones
sociales de los empleados públicos vinculados a la entidad así:

26 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política»
27 Tal como se señaló por esta Subsección en sentencia proferida el 27 de junio de 2023, dentro del

proceso con radicación 25000-23-42-000-2019-01272-01 (4751-2022). En igual sentido, fallo de 26
de julio de 2018, expediente 11001-03-25-000-2014-01192-00 (3850-14)
28 «Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de

la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de
la auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal,
se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones».

11

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

«Artículo 113.- De las Prestaciones Sociales de los Empleados de la Contraloría General
de la República. Los empleados públicos de la Contraloría General de la República
tendrán derecho a disfrutar, además del régimen prestacional establecido para los
empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional, de las
prestaciones que vienen disfrutando en virtud de normas anteriores, entre otros, a saber:
[…]

5. Prima Técnica

El Contralor General de la República podrá asignar, previo señalamiento de los requisitos
mínimos que deberán cumplirse, prima técnica a los funcionarios que desempeñen los
cargos comprendidos en los niveles directivo-asesor, nivel ejecutivo y el nivel
profesional.

La prima técnica no podrá exceder en ningún caso el cincuenta por ciento (50%) de la
asignación básica mensual fijada por ley para el respectivo cargo. Para su asignación se
deberán contar con certificado de disponibilidad presupuestal hasta el 31 de diciembre
del respectivo año. Artículo 46 y ss. Decreto-Ley 720 de 1978. La prima técnica será
asignada por Resolución del Contralor General de la República. Criterios, Requisitos,
Formalidades.

6. Prima de Alta Gestión. Derogado por el Artículo 52 del Decreto 268 de 2000.

Los funcionarios de la Contraloría General de la República vinculados en el nivel
directivo-asesor grados 19 y 20, tendrán derecho a una prima de alta gestión en una
suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) de la asignación básica mensual.

Para el Vicecontralor está prima será del treinta por ciento (30%) de la asignación básica
mensual.»

28. En tal virtud, los aludidos empleados contaban con la posibilidad de devengar,
en atención a su vinculación y cargo ejercido en la entidad, entre otros
emolumentos, las primas «técnica automática» y de alta gestión; la primera para
quienes desempeñaran empleos en los niveles directivo-asesor, ejecutivo y
profesional, en cuantía no mayor al 50% de la asignación básica mensual; y la
segunda, para los grados 19 y 20 del nivel directivo-asesor, sin exceder del 20%.

29. La Corte Constitucional en sentencia C-100 de 1996 declaró exequible el inciso
1, numeral 5 de la Ley 106 de 1993, transcrito en precedencia, en el entendido de
que, en virtud del artículo 150 [numeral 19] de la Constitución Política, correspondía
al gobierno nacional la reglamentación de los requisitos mínimos que deben
cumplirse para acceder a la prima técnica, en tanto que el contralor general de la
República estaba a cargo de la asignación, con sujeción a las disposiciones
generales establecidas por el legislador.

30. Es así como en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el gobierno nacional expidió el

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

Decreto 270 de 200029 que fijó el sistema de remuneración de los empleos de la
Contraloría General de la República, y en lo que respecta a las primas técnica y de
alta gestión dispuso:

«Artículo 4º—Prima de alta gestión. Los siguientes empleos podrán percibir
mensualmente una prima de alta gestión equivalente al 20% de la asignación
básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal:
• Contralor delegado.

• Director de oficina.
• Secretario privado.
• Director.
• Gerente.

Artículo 5º—Prima técnica. Los siguientes empleos tendrán derecho a percibir
mensualmente una prima técnica automática equivalente al 50% de la asignación
básica mensual, la cual no constituye factor salarial para ningún efecto legal:
-Contralor delegado.
-Director de oficina.
-Secretario privado.
-Director.
-Gerente.» [Se resalta]

31. Con base en la normativa que precede, el gobierno determinó la escala de
remuneración para las distintas categorías de empleo, entre estos los decretos 182
de 7 de febrero de 2014, 1093 de 26 de mayo de 2015, 241 de 12 de febrero de
2016, 1010 de 9 de junio de 2017, 344 de 19 de febrero de 2018, 1005 de 6 de junio
de 2019, 320 de 27 de febrero de 2020, 963 de 22 de agosto de 2021, 469 de 29 de
marzo de 2022, 901 de 2 de junio 2023 y 298 del 5 de marzo de 2024 [vigente], en
los que determinó para cada vigencia que las denominadas primas de alta gestión y
técnica automática, por expresa disposición, no son constitutivas de «factor salarial
para ningún efecto legal».

30
32. En igual sentido se ha pronunciado esta Subsección en un asunto similar en el
que se desarrolló la improcedencia jurídica del reconocimiento de la condición de
factor salarial a las primas aquí debatidas, así:

«[…] Por consiguiente, a aquellos altos funcionarios de la Contraloría General de la
República enunciados en el Decreto 270 de 22 de febrero de 2000 les asiste el derecho

29 «Por el cual se fija el sistema de remuneración de los empleos de la Contraloría General de la

República»
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencias del 27 de julio de 2023, rad. 25000-23-42-000-2019-01272-01 (4751-2022); del 27 de
abril de 2023, rad. 25000-23-42-000-2017-00764-02 (4311-2022); del 7 de diciembre de 2022, rad.
25000-23-42-000-2018-02808-01 (2671-2021); entre otras.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

de devengar las primas (i) «técnica automática», es decir, la sufragada de manera
automática por el solo hecho de desempeñar uno de esos cargos, en atención a las
calidades excepcionales que se exigen para su ejercicio, equivalente al 50% de la
asignación básica mensual; y (ii) de alta gestión, liquidada sobre el 20%, durante el
tiempo que ocupen un empleo en plazas directivas, sin que comporten carácter salarial.
[…]».

33. Así pues, el legislador tiene un margen de configuración limitado para disponer
cuáles factores derivados de la relación laboral hacen parte del salario, justamente
porque si bien la Constitución Política no enunció los elementos que integran el
salario, sí previó unos lineamientos o principios mínimos fundamentales vinculantes
para todas las autoridades, en especial en materia laboral31.

34. En ese orden, las primas «técnica automática» y de alta gestión se establecieron
de forma específica para los servidores de la Contraloría General de la República
que ocupen un empleo en las plazas directivas [contralor delegado, secretario
privado director y gerente], sin que constituyan factor salarial para ningún efecto
legal.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente32:

35.1. De acuerdo con los reportes de nómina del 1° de octubre de 2014 al 30 de junio
de 2021, expedidos por la Gestión de Talento Humano de la entidad, se observó
que Adriana Lucía González devengó sueldo básico, bonificación por servicios
prestados, vacaciones, bonificación especial de recreación y primas de servicios,
vacaciones, navidad, técnica y de alta gestión.

35.2. El 12 de marzo de 2019 le solicitó a la entidad el reconocimiento de las primas
«técnica automática» y de alta gestión como factores salariales y la correspondiente
reliquidación de sus prestaciones sociales con inclusión de aquellas, al considerarse

31 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A

señaló en la sentencia proferida el 5 de mayo de 2022, rad. 25000-23-42-000-2018-01942-01 (3032-
2021), que bajo la obligatoria observancia de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y
razonabilidad que rigen la actividad del legislador, fue que se reglamentó el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la Contraloría General de la República, mediante las
normas previamente señaladas, en las que, específicamente para los cargos jerárquicos como los
de contralor delegado, director, gerente, etc., se crearon, entre otras, las primas técnica y de alta
gestión, las cuales para ningún efecto legal constituirían factor salarial, esto es, que no serían
devengadas como contraprestación directa del servicio, sino como un pago a cargo del empleador.
32 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2»,

archivo 2

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

que el concepto de salario ha sido entendido como todas las sumas que en forma
habitual y periódica recibe el empleado como retribución de sus servicios.

35.3. Con Oficio 2019IE0025876 del del 21 de marzo de 2019, el contralor general
de la Republica denegó la anterior petición, con fundamento en que «la prima técnica
y de alta gestión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto 241
de 2016, no constituyen factor salarial para ningún efecto y por lo tanto, no resultaría
procedente la reliquidación de sus salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad
social, entendiendo por ello, la inclusión de los mencionados emolumentos como factor para
determinar su cuantía».

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

36. El tribunal denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que
conforme con lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, era potestad del gobierno nacional
la regulación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la
Contraloría General de la República y en ese marco creó la prima técnica y la prima
de alta gestión sin carácter salarial para los cargos de altas responsabilidades del
nivel jerárquico de la carrera administrativa de la entidad demandada, por lo que no
había lugar a la inaplicación de los decretos salariales que establecieron aquella
prohibición ni la declaratoria de nulidad del acto acusado.

37. Adriana Lucía González Díaz manifestó que la decisión de primera instancia «se
construyó en forma equivocada [pues el análisis] se debió hacer desde lo que debe
entenderse por retribución del servicio, aplicando e interpretando el presente asunto con
base en el principio de favorabilidad legal y constitucional en materia laboral, el marco del
Convenio 95 de la OIT ratificado por el Estado colombiano, y conforme a lo que la propia
Ley 4 de 1992, dispone en el literal a) de su artículo 2, referidos al respeto de los derechos
adquiridos de la demandante».

38. Sobre el particular, como se expuso en el acápite precedente, por mandato
constitucional existe una competencia concurrente entre el Congreso de la
República, facultado para determinar los principios y parámetros generales
observados por el gobierno nacional para la determinación del régimen salarial de
los empleados de la Contraloría General de la República.

39. En tal virtud, el legislador creó la prima de alta gestión y la prima técnica
automática para los cargos señalados en forma expresa en la norma que le dio
origen, en atención a las altas responsabilidades pertenecientes al nivel jerárquico
de la carrera administrativa de la entidad, «en atención a las calidades excepcionales

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

que se exigen para el ejercicio de las funciones propias de los empleos de altos funcionarios
y durante el tiempo en que permanezcan en el desempeño de sus cargos»33.

40. Es así como el Decreto 270 de 2000 determinó el carácter prestacional y no
salarial de aquellas primas, de modo que contrario a lo señalado por la impugnante,
no se constituyen como una contraprestación directa del servicio en los términos de
los convenios 95 de 1949 y 100 de 1951 de la OIT, y los artículos, 53 Superior, 42
del Decreto Ley 1042 de 1978, 6 [parágrafo] del Decreto 1160 de 1947 y 127 del
CST. Esto en atención a que como se expuso, la determinación del carácter salarial
de un emolumento es competencia del legislador.

41. Una interpretación distinta vulneraría las atribuciones que el constituyente de
1991 estableció como marco de referencia, tendientes a garantizar el desarrollo y
efectivización del derecho al trabajo en cabeza del gobierno nacional, máxime
cuando las disposiciones normativas que regularon el esquema de salarios y
prestaciones de estos servidores, previeron de manera taxativa el carácter no
salarial de esos emolumentos, por lo que la consecuencia lógica de ello, es que a
Adriana Lucía González Díaz no le asista el derecho para reclamar la reliquidación
de sus prestaciones sociales con el cómputo de la prima técnica automática y la
prima de alta gestión, por preverlo así los decretos que las regulan.

42. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 1996 señaló
que la facultad que goza el legislador para determinar la naturaleza de factor salarial
o no, de los emolumentos devengados por los trabajadores, no conlleva el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, a saber:

«[…] Aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para
calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se
establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos
constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador
(sic) disponer que determinada prestación social o indemnización se liquide sin
consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan
determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello
tal carácter.

Igualmente, la Corte Constitucional, ha sostenido que "el legislador conserva una
cierta libertad para establecer, que componentes constituyen, o no salario, así como
la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia
desarrollar la Constitución.

Las definiciones de convenios internacionales que transcribe la actora no significan
que el legislador nacional haya perdido la facultad de tomar o no en cuenta una

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2018, radicación:

11001-03-25-000-2014-01192-00(3850-14)

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

parte de la remuneración que perciben los trabajadores para definir las bases sobre
las cuales han de hacérseles otros pagos.

Así pues, el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean
factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión
o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano
tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia
ha adquirido ante la comunidad internacional. […]». [Se resalta]

43. Así las cosas, la Subsección encuentra que contrario a lo expresado por la parte
demandante, el acto administrativo que negó el reconocimiento de carácter salarial
de las primas técnica y de alta gestión, no se encuentra viciado de nulidad toda vez
que el gobierno nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria otorgada por la
Ley 4ª de 1992, determinó el derecho a percibirlas en razón del ejercicio del empleo
señalado por la norma, y que en forma expresa excluyó del salario, por lo que no se
les puede conceder una naturaleza distinta a la conferida por la autoridad
competente al momento de su creación. Por consiguiente es claro que el acto
acusado fue expedido de acuerdo con las normas constitucionales y legales en que
debía fundarse.

44. Sumado a ello, es preciso señalar que la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad no puede tener por objeto lograr interpretaciones más
favorables para quien la solicita o frente a quien se haya declarado, pues hay lugar
a aquella cuando la norma reglamentaria vulnere el ordenamiento jurídico superior,
circunstancia que no ocurrió en el sub judice.

45. Así las cosas, carece de asidero jurídico el reproche acerca de la
inconstitucionalidad de los decretos expedidos por el gobierno nacional que fijaron
las escalas de remuneración de los empleos de la planta de personal de la
Contraloría General de la República, por desconocer los criterios para tal propósito
previstos en la Ley 4ª de 1992, pues esta Corporación34 en asuntos similares, ha
sostenido que esa normativa tiene naturaleza de ley marco, razón por la cual el
ejecutivo cuenta con una potestad reglamentaria amplia, habida cuenta de que
puede regular el tema acorde con la realidad social vigente, con el límite que los
principios contenidos en la norma imponen, de modo que al ser una función de
origen constitucional, la ley general no debe precisar exactamente todos los detalles
del régimen objeto de regulación, sino que establece unos criterios previstos en el
artículo 2º ibidem.

46. En relación con el presunto desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, se advierte que las controversias analizadas en las providencias señaladas

34 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección segunda, Subsección A, fallo

de 5 de mayo de 2022, expediente 25000-23-42-000-2018-01942-01 (3032-2021)

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

en la apelación difieren fáctica y jurídicamente del asunto objeto de análisis, pues si
bien en aquellas hacían referencia a un reajuste pensional derivado de la inclusión
de un emolumento que a juicio de los demandantes debía incluirse para el cálculo
del ingreso base de liquidación, no se estudió el carácter salarial de la prima técnica
automática o de la prima de alta gestión, ni su incidencia en las prestaciones
sociales de los servidores de ese órgano de control.

47. Por otro lado, frente al argumento atinente a que la demandante ostentaba un
derecho adquirido debido a que las sumas pagadas por concepto de las señaladas
primas entraron a su patrimonio en virtud de un mandato legal, la Sala señala que
si bien Adriana Lucía González Díaz devengó las primas técnica automática y de
alto riesgo durante el 2014 a 2021 por su desempeño como directora de oficina de
la Contraloría General de la República, la naturaleza pretendida en la demanda
respecto de estos factores no tiene esa condición de situación jurídica consolidada,
pues se insiste, el legislador extraordinario habilitado por una potestad general de
regulación les dio la connotación prestacional y no salarial, de modo que este cargo
tampoco tiene vocación de prosperidad.

48. En consecuencia, en el presente caso no se logró advertir una transgresión de
las normas constitucionales que imponen a las autoridades la protección -cuando
hay lugar a ello- de las garantías mínimas de los trabajadores, ni se debe acudir al
principio de favorabilidad o in dubio pro operario, comoquiera que no existe duda en
la aplicación y/o interpretación de las fuentes del derecho, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 53 Superior y 21 del CST invocados por la demandante35.

49. En virtud de lo expuesto, para la Subsección es claro que no se demostró que el
gobierno nacional haya desatendido las potestades otorgadas por parte del
legislador para la reglamentación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos de la Contraloría General de la República, en lo atinente a los
emolumentos en mención frente a los cuales se determinó que no constituyen factor
salarial para ningún efecto legal, es decir que no se desvirtuó la presunción de
legalidad del acto demandado y tampoco hay lugar a la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad.

50. De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 9 de
febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sección Segunda, Subsección A,
que negó las pretensiones de la demanda.

35 Tal y como lo consideró la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL450-2018, radicación

57441 del 28 de febrero de 2018 y la Corte Constitucional en la sentencia SU-267 de 2019

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

2.4. Costas

51. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

52. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

53. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma36.

54. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

55. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

56. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que a Adriana Lucía González
Díaz no le asiste derecho al demandante para reclamar la reliquidación de sus
prestaciones sociales con el cómputo de las primas técnica «automática» y de alta
gestión, en atención a que el legislador habilitado por una potestad general de
regulación estableció en forma expresa que no constituye factor salarial para ningún

36En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01271-01 (5914-2023)
Demandante: Adriana Lucía González Díaz

efecto legal. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 9 de
febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Sección Segunda, Subsección A,
que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda incoada por Adriana Lucía González Díaz en contra de la Contraloría
General de la República.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
JNFG

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