Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2017-00659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-00659-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-00659-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 3 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Leonor Villamizar Figueroa presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del acto administrativo S-2016-082227/DINASUR ASJUR-
10.10 del 10 de octubre de 2016, por medio del cual el director de sanidad de la
Policía Nacional le negó la existencia de una relación laboral por sus servicios
como «médica especialista en ginecología y obstetricia», entre el 19 de abril de 1999 y
el 15 de diciembre de 2013, y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella.
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el periodo
reclamado, sin solución de continuidad; ii) el reconocimiento y pago de las
prestaciones laborales y sociales «a que tenía derecho por ser funcionaria pública»,
tales como las cesantías y sus intereses, primas de servicio y vacaciones, así como
los aportes al sistema integral de seguridad social, «especialmente al Fondo de
Pensiones con el salario devengado (…), incluyendo todos los factores salariales a que
tenía derecho por ser funcionaria pública» (sic); iii) el pago de la indemnización por la
no consignación de las cesantías, así como por el no pago oportuno de las
prestaciones sociales, con fundamento en el artículo 65 del Código Sustantivo del
Trabajo2, desde el 15 de diciembre de 2013 y hasta el pago efectivo; iv) el «pago
de todos los factores salariales beneficios reconocidos que le corresponden por el tiempo
laborado al ser una servidora pública»; y v) la condena en costas a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Leonor Villamizar Figueroa laboró de forma continua e ininterrumpida como
«[médica especialista en ginecología y obstetricia» al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional, entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de diciembre de
2013, vinculada a través de contratos de prestación de servicios.
3.2. La labor que prestó no fue independiente, sino permanentemente subordinada,
en cumplimiento de órdenes relacionadas con el modo, tiempo, cantidad y el
horario de trabajo. Además, debía solicitar permisos y compensatorios, estaba
sujeta a los reglamentos de la entidad, recibía los elementos necesarios para el
desarrollo de sus funciones y una retribución por sus servicios.
3.3. En consecuencia, desarrolló las labores de médica especialista dentro de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron impuestas por parte de la
demandada; de tal suerte que los contratos y órdenes de prestación de servicios
tuvieron como finalidad esconder una relación laboral y no pagarle las prestaciones
sociales a las que tenía derecho.
3.4. El 19 de septiembre de 2016, le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional el reconocimiento de la relación laboral por sus servicios como
médica especialista y el pago de las prestaciones que se derivaban de ella; sin
embargo, esta petición fue negada por medio del acto demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
2 En lo que sigue CST.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 13 y 48 de la Constitución Política; y la
Ley 80 de 1993; el Código Sustantivo del Trabajo; y los Códigos de Procedimiento
laboral y Civil; Ley 100 de 1993 y Decreto 2351 de 1965.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Se le vulneraron sus derechos laborales al haber sido vinculada mediante
contratos de prestación de servicios que desconocieron la relación laboral
existente, pese a que realizaba iguales funciones y en idénticas condiciones que
otros servidores públicos.
5.2. La naturaleza del vínculo debe determinarse a partir de las condiciones reales
en las que se prestó el servicio y no por la denominación otorgada al contrato. En
su caso, concurrieron los elementos de la relación laboral, esto es la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación. En efecto, prestó sus
servicios personales como médico especialista al servicio de la Sanidad de la
Policía Nacional, estuvo bajo la subordinación de las directivas de la institución en
las diferentes unidades en las que laboró y recibió una contraprestación por ello.
5.3. En consecuencia y de acuerdo con el artículo 24 del CST, se presume la
existencia de una relación laboral entre ella y la entidad demandada.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en las siguientes
consideraciones4:
6.1. La relación contractual que existió entre las partes no fue de índole laboral ni
reglamentaria, razón por la cual no había lugar al reconocimiento de emolumentos
prestacionales y de seguridad social reclamados. En efecto, el vínculo jurídico
obedeció a contratos de prestación de servicios suscritos con fundamento en las
leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, normas que autorizan la vinculación de personal
para desarrollar actividades que no puedan ser atendidas con el personal de
planta, tal y como ocurrió en el presente asunto, en el que se contrató a la
demandante porque se requerían de conocimientos especializados en ginecología
y obstetricia.
6.2. No se acreditaron los elementos esenciales de la relación laboral,
particularmente el de subordinación, toda vez que las actividades desarrolladas por
la contratista no fueron dependientes ni subordinadas, sino coordinadas conforme
3 Folios 3 a 10.
4 Folios 193 a 197.
3
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
con el objeto y las condiciones técnicas pactadas en los respectivos contratos. En
consecuencia, tampoco hubo identidad entre las funciones por ella desempeñadas
y aquellas realizadas por el personal de planta, pues estas últimas eran amplias y
de carácter permanente, mientras que la labor de la demandante debía ceñirse al
objeto contractual y tenía naturaleza temporal, de manera que, una vez vencido el
plazo pactado, cesaban las obligaciones bilaterales derivadas del contrato.
6.3. La jurisprudencia ha señalado que, en los contratos de prestación de servicios,
las partes se rigen por el principio de coordinación, en virtud del cual pueden
impartirse instrucciones, exigirse informes de resultados o establecerse horarios
para la adecuada ejecución de las actividades contratadas, sin que ello implique la
configuración de la subordinación laboral, sino el cumplimiento de condiciones
necesarias para garantizar le eficiente prestación de la labor encomendada.
6.4. Aunque la jurisprudencia, en aplicación del principio de primacía de la realidad
sobre las formas, ha declarado la existencia de relaciones laborales encubiertas,
para ello resultaba necesario acreditar el elemento de subordinación, a partir de
una valoración probatoria integral y particular de cada caso en concreto.
6.5. Por último, propuso la «excepción de prescripción de los derechos a las prestaciones
como consecuencia de la declaratoria del contrato realidad» (sic).
1.3. La sentencia apelada
7. En sentencia del 3 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, así:
«PRIMERO. - DECLÁRASE prescritas las prestaciones derivadas de las contrataciones
anteriores al 22 de octubre de 2010, salvo los aportes pensionales, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - DECLÁRASE la nulidad del oficio núm. S-2016-082227/DINASUR
ASJUR-1.10 del 10 de octubre de 2016, expedido por la demandada por el cual se negó
el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de los emolumentos reclamados por la
señora Leonor Villamizar Figueroa.
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE a la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional a reconocer y pagar a favor de la señora Leonor
Villamizar Figueroa, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.577.687, todas
las acreencias laborales ordinarias que devenga un empleado de planta que
desempeñe el cargo de Médico Ginecólogo o su equivalente, pero con base en el valor
de los honorarios mensuales pactados en cada contrato, ello entre el 22 de octubre de
2010 y el 15 de diciembre de 2013, por los estrictos períodos contractuales. Se precisa
que el reconocimiento debe comprender los emolumentos salariales y prestacionales
que cuenten con fundamento legal.
4
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
Las sumas que resulten en favor de la parte actora se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh X índice final / índice inicial
En donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la
fecha en que debió
hacerse el pago).
CUARTO. - CONDÉNASE a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a realizar
los aportes a pensión en el porcentaje que correspondía al empleador con base en el
valor de los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Para tal
efecto la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema de
Seguridad Social en el período comprendido entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de
diciembre de 2013, por los estrictos periodos contractuales.
Con base en lo anterior la demandada deberá establecer los porcentajes de cotización
omitidos informando al accionante los pagos que adeuda y si a ello hay lugar. Una vez
el trabajador demuestre haber efectuado la totalidad de los aportes a su cargo, la
entidad condenada efectuará la cotización a los respectivos fondos de pensiones por
el monto que le correspondía.
QUINTO. - A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 187 y
192 del C.P.A.C.A.
SEXTO. - NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO. - ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia (…)» (sic).
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos 5:
8.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer: i) la
prestación personal del servicio por parte de la demandante, vinculada a través de
contratos para prestar sus servicios como médica especialista en ginecología y
obstetricia, y ii) la remuneración recibida, en tanto, de los contratos se derivó la
modalidad y el valor que recibiría como contraprestación por sus servicios.
8.2. Asimismo, se acreditó la subordinación, toda vez que en la totalidad de los
objetos contractuales se pactó la prestación del servicio como médica especialista
en ginecología y obstetricia, durante un periodo de alrededor de 14 años, 7 meses
y 26 días. Igualmente, se evidenció la existencia de un cargo que se equiparaba al
desempeñado por la demandante, lo que demostraba que desarrolló una función
permanente y misional de la entidad, como lo era la atención en salud de los
afiliados y sus beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional,
5 Folios 320 a 331.
5
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
«situación que a su vez permit[ió] establecer que realizó actividades en igualdad de
condiciones de los demás servidores públicos pertenecientes a la planta de personal que
atendía el mismo cargo» (sic).
8.3. En consecuencia, su vinculación no fue ocasional ni obedeció a circunstancias
excepcionales, sino que correspondió al ejercicio de una función permanente y del
giro ordinario de la entidad.
8.4. Además, con fundamento en los testimonios recaudados, se probó que las
labores ejercidas por la demandante carecían de autonomía en su ejecución, pues
el sistema de turnos era programado por los jefes de las unidades médicas, no
podía definir ni el lugar ni el horario en que prestaba el servicio; no existía distinción
entre las obligaciones asignadas a los empleados de planta y a la contratista, había
jerarquía y mando institucional, debía solicitar permisos para ausentarse de sus
labores, y asistir a eventos de forma obligatoria.
8.5. No obstante, se configuró la prescripción de los derechos reclamados con
anterioridad al 22 de octubre de 2010. Frente al periodo no afectado por la
prescripción, tenía derecho a las cesantías y sus intereses, a la prima de servicios,
a la compensación en dinero de las vacaciones y a «las acreencias laborales
ordinarias que devenga un empleado de planta». Sin embargo, no resultaba
procedente la devolución de los aportes a seguridad social ni la indemnización por
mora, porque la sentencia que declara la relación laboral es la constitutiva del
derecho.
8.6. No procedía la condena en costas, toda vez que no se advirtió una carencia de
fundamento legal en las actuaciones desplegadas por la parte vencida en el
proceso.
1.4. Los recursos de apelación
9. ElMinisterio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional solicitó que se revocara la decisión de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las súplicas de la demanda con fundamento en que6:
9.1. El a quo realizó una indebida valoración probatoria, particularmente de los
testimonios, los cuales únicamente daban cuenta de la prestación del servicio y del
cumplimiento de turnos por parte de la demandante, sin que se hubiese acreditado
la subordinación. Ello, porque varios de los declarantes no trabajaron directamente
con la accionante y las manifestaciones estaban relacionadas con las actividades
propias del objeto contractual.
6 Folios 343 a 346.
6
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
9.2. Tampoco se allegaron pruebas de llamados de atención, imposición de
sanciones o del ejercicio del poder disciplinario, con lo cual la demandante
incumplió con la carga probatoria para demostrar los elementos que configuran la
relación laboral. Maxime, si con lo aportado al expediente, como los contratos y
antecedentes administrativos, se evidenciaba una relación contractual regida por
la Ley 80 de 1993 y no un vínculo laboral encubierto.
9.3. Las instrucciones impartidas correspondían a directrices técnicas y protocolos
médicos inherentes al servicio de salud que prestaba, cuya finalidad era garantizar
la adecuada atención a los pacientes y la protección de la vida e integridad de
estos, así como a labores de coordinación y supervisión contractual, prevista en
los estudios técnicos y aceptadas por la contratista.
9.4. Las labores desempeñadas por la demandante requerían de conocimientos
especializados que no podían desarrollarse con el personal de planta, razón por la
que la contratación utilizada se ajustaba a la normativa.
9.5. La demandante cumplía con una programación de turnos derivada del servicio
contratado, sin que ello implicara subordinación entendida como la facultad del
empleador de imponer órdenes, horarios y jornadas. Además, la demandante
contaba con autonomía en el desarrollo de sus actividades y sus funciones diferían
de las asignadas a los empleados de planta, quienes asumían cargas adicionales,
como contar con disponibilidad para realizar actividades en áreas administrativas,
asistir a eventos programados por la dirección, realizar actividades de archivo y
gestión documental, servicios de apoyo a la seguridad ciudadana para el caso de
personal uniformado, entre otros.
9.6. La prestación del servicio de ginecología en las instalaciones de la dirección y
dentro de jornadas previamente organizadas obedecía a las particularidades del
sistema especial de salud de la Policía Nacional y las necesidades del servicio, sin
que ello desnaturalizara el contrato estatal suscrito.
9.7. Lademandante conocía las condiciones contractuales debido a formación
profesional y la experiencia adquirida durante la ejecución de los contratos, sin que
hubiese presentado inconformidades sobre el particular o dispuesto de
mecanismos para la solución de controversias, suspensión o manifestación de
desacuerdo ante el supervisor.
9.8. La contratación de personal obedeció a la insuficiencia de personal de planta y
a la imposibilidad de ampliar la nómina, pese a las gestiones adelantadas desde
1998 para incrementar el personal asistencial, con lo cual la única alternativa para
garantizar el servicio de salud fue acudir a tal modalidad además permitida en la
Ley 80 de 1993.
7
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
10. Leonor Villamizar Figueroa solicitó que se revocara parcialmente la decisión
de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos7:
10.1. Comoquiera que se reconoció la existencia de la relación laboral, se debieron
reconocer también «las prestaciones extraordinarias» en igualdad de derechos que
los trabajadores de planta sin que ello implicara que se le otorgara el estatus de
servidor público, así como la sanción por mora en el pago de sus prestaciones y
las costas y agencias en derecho, toda vez que la entidad no actuó de buena fe al
utilizar contratos de prestación de servicios para encubrir la relación laboral y evitar
el pago de los derechos laborales.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se contraen a
determinar ¿si entre Leonor Villamizar Figueroa y la Dirección de Sanidad de la
Policía Nacional existió una verdadera relación laboral? y, en consecuencia, ¿si le
asistía el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones económicas
derivadas de esa relación?, en caso de que la respuesta sea positiva ¿si tenía
derecho a las prestaciones extraordinarias recibidas por los empleados de planta,
así como la sanción por mora en el pago de sus prestaciones y las costas y
agencias en derecho?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
7 Folio 349.
8
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19988 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
8 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
9
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades
para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad
y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)9 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización10, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»11 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
9 Aprobada el 11 de abril de 1919.
10 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
11 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
10
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación12 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales13». (Resalta la Sala).
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
11
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
24. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202114 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
32. Durante el periodo comprendido entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de diciembre
de 2013, Leonor Villamizar Figueroa estuvo vinculada con la Dirección de Sanidad
13
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
de la Policía Nacional, mediante los siguientes contratos de prestación de
servicios15:
Contrato u
orden de Fecha de Fecha de Interrupción en días
Objeto
prestación inicio terminación hábiles
de servicios
31 de -
07-7-20484- 19 de abril
1 diciembre de
1999 de 1999
1999
07-7-21275- 1° de enero 31 de julio -
2
1999 de 2000 de 2000
30 de 2
07-7-2069- 3 de agosto
3 noviembre
2000 de 2000
de 2001
1° de 28 de -
07-7-21170-
4 diciembre febrero de
2001
de 2001 2003
07-7-20795- 3 de marzo 31 de marzo -
5
2003 de 2003 de 2004
07-7-20856- 1° de abril 5 de octubre -
6
2004 de 2004 de 2004
6 de -
07-7-21357- 5 de abril de
7 octubre
2004 2005
2004
13 de 6
07-7-20504- 14 de abril
8 diciembre de
2005 de 2005
2005
Prestación de servicios
14 de 13 de -
07-7-21859- profesionales y de apoyo a la
9 diciembre agosto de
2005 gestión como médico con
de 2005 2006
especialidad en ginecología y
23 de 22 de 6
07-7-20906- obstetricia
10 agosto de febrero de
2006
2006 2007
26 de 27 de 20
07-720442-
11 marzo de octubre de
2007
2007 2007
6 de 5
07-7-21411- 5 de mayo
12 noviembre
2007 de 2008
de 2007
07-7-20182- 16 de junio 15 de junio 27
13
2008 de 2008 de 2009
18 de 17 de 40
07-7-20215-
14 agosto de agosto de
2009
2009 2010
22 de 21 de 46
81-7-20832-
15 octubre de octubre de
10
2010 2011
1° de 6
81-7-20- 30 de junio
16 noviembre
1134-11 de 2012
de 2011
81-7-20794- 9 de julio 8 de mayo 4
17
12 de 2012 de 2013
15 Certificados suscritos por el jefe del área administrativa DISAN del 18 de agosto de 2022 y por el
jefe del área administrativa regional de aseguramiento en salud No. 1 del 19 de igual mes y año,
visible en los índices 48 y 51 de Samai de Tribunales y Juzgados y en el CD a folio 243 del
expediente físico, así como de los contratos aportados.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
15 de 4
81-7-20238- 16 de mayo
18 diciembre de
13 de 2013
2013
33. Se allegó el expediente administrativo con la hoja de vida de la demandante, los
estudios de conveniencia y oportunidad, certificados de plan de compras, de
disponibilidad y registro presupuestal, de idoneidad y experiencia y de ausencia de
personal de planta, pólizas de seguros de cumplimiento y de responsabilidad civil
profesional, formatos de aprobación de garantía única, comunicaciones de inicio
de ejecución del contrato y los actos jurídicos suscritos por las partes16.
34. A través de escrito radicado el 19 de septiembre de 2016, la actora le solicitó al
Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional el reconocimiento de la relación
laboral por sus servicios como médica especialista y el pago de las prestaciones
que se derivaban de ella17.
35. La anterior petición fue negada a través del Oficio del S-2016-082227/DINASUR
ASJUR-10.10 del 10 de octubre de 2016, suscrito por el director de sanidad de la
Policía Nacional, toda vez que las actividades ejecutadas tuvieron lugar con
ocasión de la suscripción y ejecución de contratos de prestación de servicios
profesionales como médica con especialidad en ginecología y obstetricia, los
cuales no se podían ofrecer con el personal de planta de la entidad, razón por la
que la vinculación estuvo acorde con lo establecido en la Ley 80 de 199318.
36. Se aportaron constancias: i) del 18 de octubre de 2022, expedido por el jefe del
Area Administrativa Disan, en el que se relacionan los contratos suscritos por las
partes entre el 19 de abril de 1999 y el 17 de agosto de 2010, el valor del contrato,
el valor mensual, el plazo, el valor adicional y la fecha de inicio y terminación; ii)
del 18 de octubre de 2022, expedido por el jefe regional de Aseguramiento en
Salud No. 1, en el que se relacionan los contratos suscritos por las partes entre el
22 de octubre de 2010 y el 15 de diciembre de 2013, el valor mensual de los
honorarios, el valor del contrato, el plazo de ejecución y las fechas de inicio y
terminación; iii) los manuales de funciones de los años 2011, 2014 y 2017; y iv) el
oficio GS-2022 SUSAN-GUTAH-3.1 sin fecha, suscrita por el jefe del Grupo de
Talento Humano Disan en torno a la existencia de cargos equivalentes en la planta
de personal con similares funciones a las desempeñadas por la demandante19
2.3.2. Testimonios y declaración de parte
37. En la audiencia de pruebas celebrada el 6 de diciembre de 2023 se practicaron
16 Índice 51 y 52 de Samai de Tribunales y Juzgados.
17 Folios 21 a 20 [según foliación del expediente].
18 Folios 11 y 12.
19 Índice 51 de Samai de Tribunales y Juzgados.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
los testimonios de Gloria Inés Mendéz Gómez, Gladys Albarracín Duarte, Rosa
Alvarado, Astrid Castro, Yurani Castro y Sandra Valenzuela, y la declaración de
Leonor Villamizar Figueroa, de las cuales se extrae lo siguiente:
38. Gloria Inés Méndez es auxiliar de enfermería y laboró para la Policía desde el
2001 hasta el 2013. Durante ese periodo, trabajó con la demandante todo el tiempo
en el que permaneció en el área de ginecología, donde prestaban sus servicios
varios profesionales de la salud y uno de ellos era Leonor Villamizar Figueroa.
38.1. La jornada laboral de la demandante era de 6 horas; sin embargo, en
ocasiones, dependiendo del programa, podía extenderse 1 o 2 horas adicionales.
Asistía diariamente y cumplía con un horario que iniciaba a las 7:00 am y atendía
el último paciente entre las 12:00 m y 12:40 pm, aproximadamente.
38.2. Prestaba sus servicios directamente para la policía y nunca observó que
saliera para trasladarse a otro lugar de trabajo. Su dedicación era exclusiva para
la institución.
38.3. La mayor parte del tiempo que trabajó para la Policía lo hizo junto a la
demandante. Inicialmente estuvieron en Kennedy y, posteriormente, ella pidió
traslado para Chapinero; tiempo después llegó la demandante y continuaron
prestando servicios en el área de ginecología.
38.4. Como todo el personal de planta, la demandante cumplía puntualmente sus
obligaciones y con los programas asignados. Se regían por las órdenes impartidas
por el personal oficial uniformado, como capitanes, mayores y coroneles, que eran
los jefes de las unidades.
38.5. Los contratos que suscribían eran continuos. En ocasiones tenían 1 o 2 días
para entregar los documentos requeridos a la DISAN, en el área de contratación,
y entre 8 y 15 días se expedían los contratos. Sin embargo, al inicio de cada
vinculación, antes de finalizar el plazo de ejecución, ya debían tener lista la
documentación para continuar con el siguiente contrato.
38.6. La demandante nunca disfrutó de vacaciones y, aun cuando se terminaban los
contratos, debían continuar laborando, salvo por el día que le otorgaban para
entregar los documentos.
38.7. Tanto a contratistas como a empleados de planta por igual se les concedían
algunos días de descanso; por ejemplo, 5 días durante las festividades de navidad,
año nuevo o el 6 de enero. Nunca observó diferencia en este aspecto entre el
personal. De igual forma, el cumplimiento de las obligaciones era igual para todos.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
38.8. En el grupo en el que trabajó había un médico especialista vinculado de planta.
38.9. En cada unidad había jefe. Por ejemplo, en Kennedy y en Chapinero la
dirección estaba a cargo de capitanes, mayores y, en una ocasión, de una coronel.
El personal de salud se regía por las indicaciones y las órdenes impartidas por
tales oficiales. Estas órdenes se relacionaban con la puntualidad, y les llamaban la
atención si llegaban tarde, pues tenían asignado un paciente cada 20 minutos y
cualquier incumplimiento del horario generaba retrasos que acarreaban quejas por
parte de los usuarios. Esto aplicaba para todo el personal, incluido el vinculado por
contrato. Además, debían cumplir con los programas exigidos por la dirección de
sanidad, así como las directrices relacionadas con el compañerismo y el
funcionamiento de la unidad.
38.10. Durante el tiempo que trabajó con la demandante, « había que llevar unos
programas que en la cual ella a nosotros nos enseñaba. O sea, uno ya generalmente uno
lo sabía cómo se manejaba ese programa. Entonces, pues uno seguía como las
indicaciones de lo que se hacía de cada programa. Como las agendas» [sic]. La
demandante manejaba lo relacionado con los programas «Climaterio y
osteoporosis», «todo lo de las gestantes» y «lo del comité de historias clínicas que le
tocaba ir directamente al hospital».
39. Gladys Albarracín Duarte es pensionada de la Policía Nacional « de hace 29
años» y, desde entonces, es ama de casa.
39.1. Conoció a la demandante aproximadamente en el año 2000 en la Unidad
Médica del Sur en Kennedy. Para esa época residía en el barrio Lago de Tamiza
y era su paciente. Asimismo, la actora participaba en unas reuniones que se
realizaban los miércoles en las mañanas para un grupo de pacientes, en las que
dictaba conferencias y en las que también participaban nutricionistas y psicólogas.
Allí se realizaban ejercicios, actividades de reformulación y charlas sobre el
cuidado personal en el ámbito ginecológico. Esas actividades tenían lugar en la
unidad médica de sanidad en Kennedy, ubicada en la estación de policía.
39.2. Posteriormente, se trasladó a vivir a Villa de Magdala, en el norte de la ciudad,
y volvió a vincularse al programa en la unidad médica de Chapinero, donde se
desarrollaban las mismas actividades que en Kennedy dentro del programa de
climaterio. En cuanto a la atención ginecológica, solicitaba la cita y la demandante
la atendía en el consultorio. En las revisiones anuales o cuando lo estimara
conveniente, le ordenaba exámenes y los tratamientos respectivos.
39.3. Según lo que la demandante les comentaba, estaba vinculada por contratos y,
cuando estos estaban próximos a finalizar, les informaba que debían esperar un
tiempo para que se suscribiera uno nuevo y pudieran reanudar las actividades.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
39.4. Antes de Leonor Villamizar Figueroa estuvo una médica llamada Nelly, cuyo
apellido no recordaba. Cuando la demandante se retiró, fue atendida por una
médica de apellido Zarzamora; sin embargo, las actividades no fueron iguales y,
por esa razón, dejó de asistir.
40. Rosa María Alvarado de Rincón es pensionada «hace 23 años». Era paciente
de la demandante. Tuvo conocimiento de que aquella estaba vinculada por
contrato, pero prestaba el servicio en cumplimiento de un horario « como cualquier
persona que estuviera nombrada». De lo que tuvo conocimiento porque «a veces ella
estaba en la mañana con un grupo y por la tarde con otro grupo de la misma consulta».
41. Fue su paciente por «más de 10 años» inicialmente en Kennedy y, luego en
Chapinero. Periodo en el cual fue atendida por la demandante hasta que se retiró
y durante el cual nunca le suspendió su servicio.
42. Astrid Yolanda Castro Becerra es enfermera jefa y está pensionada por la
Policía Nacional desde el año 2007.
42.1. Conoció a la demandante en la Unidad Médica del Sur, en Kennedy, desde el
año 1999. Posteriormente, fue trasladada al nivel central en la seccional Bogotá en
el año 2003. Trabajó con la demandante durante esos 4 años y también
coincidieron en los programas de promoción y prevención. Su cargo era
coordinadora de enfermería de la Unidad Médica del Sur y de los programas de
promoción y prevención. Se encargaba del seguimiento al cumplimiento de las
agendas de todos los profesionales y de gestión ante ellos de la atención de
pacientes adicionales que llegaban sin cita, denominados extras. Asimismo, fue su
paciente.
42.2. La asignación de la agenda de la demandante se realizaba desde el nivel
central mediante un call center, aunque algunos pacientes eran agendados
manualmente, dependiendo del servicio que requirieran.
42.3. A Leonor Villamizar Figueroa le asignaban agenda desde las 7:00 am y,
dependiendo del horario que tuviera, hasta la 1:00 pm. Cuando desarrollaba
actividades de promoción, la jornada era de todo el día. Debía cumplir con sus
agendas conforme estaban programadas, sin diferencia alguna respecto de los
demás profesionales. Así, atendía pacientes cada 20 o 30 minutos, dependiendo
de si debía practicar algún procedimiento. Su trabajo era exactamente igual al de
todos los profesionales del nivel especializado que laboraban en la unidad. Incluso
había personal de planta de la misma especialidad.
42.4. El servicio se prestaba por turnos. Había profesionales que trabajan de 7:00 a
18
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
11:00 am, otros de 7:00 am a 1:00 pm y algunos ingresaban a la 1:00 pm y
permanecían hasta las 7:00 pm. Dependiendo de la forma de contratación y del
número de horas contratadas por la Dirección de Sanidad, se organizaban las
agendas. La contratación era por horas, «igual los de planta, había gente que estaba
contratada por planta en 4 horas, otros eran de 6 horas, otros eran de 8 horas, entonces
de acuerdo a eso se le cuadraban las agendas desde el call center o [en] las actividades
dentro de la misma unidad».
42.5. A parte de su ejercicio profesional especializado, la demandante hacía parte
de un comité de historias clínicas y participaba en reuniones con médicos de su
especialidad en el hospital, en las que se desarrollaban actividades académicas
directamente relacionadas con ginecología y obstetricia, así como revisiones de
guías o manuales de procedimientos y procesos. También integraba otros comités
en los que se realizaban reuniones de promoción y prevención. En las mañanas
realizaba tales actividades y, en las tardes, atendía pacientes y participaba en
actividades lúdicas, académicas y educativas dirigidas a los pacientes de
promoción y prevención. Además, manejaba el programa de climaterio. Todas
esas actividades las realizaba para la Dirección de Sanidad Policía. Desconocía si
la actora tenía un consultorio particular o prestaba sus servicios por fuera de la
institución.
42.6. El manejo de las agendas era igual tanto para los contratistas como para el
personal de planta, así como para todas las especialidades que se manejaban en
la institución, sin distinción alguna.
42.7. Para el cumplimiento de su función de seguimiento del cumplimiento de las
agendas, no existía una directriz que atendiera a si el personal era de planta o
contratista. El control lo ejerció sobre el cumplimiento del número de pacientes y
de las actividades a ejecutar en los programas de promoción y prevención.
42.8. Aunque no estaba dentro de sus funciones, tenía entendido que las personas
vinculadas por contrato «para poder tomar una vacación o un descanso ellos tenían que
hacer una suspensión del contrato temporal, digamos, no sé el término exacto, pero había
veces en que por acuerdos que se llevaban con los jefes de la unidad, cuando ya había
una agenda de programa ellos tenían que pedir un permiso o se tenía que suspender el
contrato, ellos llevaban como un acuerdo interno» [sic], con el objeto de dejar al día
sus actividades y poder ausentarse. Esto ocurría no solo con el personal médico,
sino también con las enfermeras, pues la programación era mensual y no era
posible reprogramar una cantidad tan alta de pacientes como la que manejaban.
42.9. No tuvo conocimiento de que la demandante alguna vez hubiese suspendido
la prestación de sus servicios para disfrutar de vacaciones o por descanso. Lo que
sí sabía era que «estuvo permanentemente con nosotros los 15 años».
19
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
42.10. La institución es jerarquizada e independientemente de la forma de
vinculación, debía respetarse. Esto es claro, para toda persona que ingresaba a la
Policía Nacional, sin importar el grado del jefe asignado, ya fuera sargento, mayor,
coronel u otro, no había distinción alguna. Este personal impartía las órdenes,
entregaban el manual de funciones y controlaban la ejecución de las actividades.
El ejercicio de la función debía ceñirse por el manual de funciones y actividades,
por las guías de manejo, a los protocolos, a los tiempos de consulta asignados y a
la programación de agendas, pues «sobre las mismas es que a uno lo miden».
42.11. Ella estaba encargada del seguimiento de las actividades que la demandante
desarrollaba en torno a promoción y prevención y del cumplimiento de estas. La
actora le rendía un informe general, el cual, a su vez, hacía parte del informe que
ella debía presentar al nivel central. Existía un mando institucional y todas debían
cumplir con la función para la que habían sido contratados, sin distinción de la
modalidad de vinculación.
42.12. No ejercía la labor de supervisión de contrato. Esa función era desempeñaba
directamente por los jefes de las unidades y por el personal de contratación del
nivel central. Es decir, realizaba el seguimiento de algunas actividades que
desempeñaba la demandante, mas no al contrato.
42.13. En la especialidad que profesaba la demandante, siempre hubo un déficit en
la atención de usuarios. Por ello, en ocasiones se intervenía ante los médicos para
que atendieran pacientes de manera adicional que llegaban sin citas. Esto ocurrió
varias veces con la actora, quien nunca rechazó la atención a un paciente.
42.14. Cree
que la demandante alcanzó a manejar unos 400 pacientes en los
programas de promoción y prevención que desarrollaba una vez a la semana.
42.15. Para las especialidades como la de la demandante se asignaba
permanentemente un auxiliar de enfermería, debido al riesgo que conlleva el
servicio. Igual, ocurría en áreas como psiquiatría y pediatría.
43. Yurani Pabla Castro Arragal conoció a la demandante en el ámbito laboral
desde el año 2011, Pues fue una de las enfermeras que trabajó y compartió labores
con ella aproximadamente por 5 o 6 años.
43.1. La demandante manejaba una agenda con las respectivas citas de cada
paciente. Tenía un horario de 1:00 a 5:00 pm en el área de ginecología.
43.2. Como parte de la Policía, debía atender órdenes impartidas por el mayor, el
teniente o el servidor que estuviera a cargo de la unidad, por ejemplo, en lo
relacionado con el cumplimiento del horario. Cada vez que les era asignado un
20
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
servicio nuevo, recibían una especie de capacitación, se les informaba cómo eran
«los requerimientos, más o menos, a establecer ante el paciente».
43.3. Estas directrices eran dadas directamente por la Policía y su cumplimiento era
verificado por quien era el jefe de la unidad de Chapinero.
43.4. Ella se desempeñaba como auxiliar de enfermería de la demandante y, en ese
ejercicio «ella me decía, llame por favor al paciente, pues yo salgo y llamo al paciente, y
colabórame en este procedimiento, yo le dejaba las cosas listas para el procedimiento que
ella fuera a hacer».
43.5. Cuando finalizaba el contrato de la demandante, la entidad se lo renovaba.
43.6. En cuando a las indicaciones, tratamientos o prescripciones que impartía a los
pacientes, estas obedecían al criterio médico.
44. Sandra Liliana Valenzuela Luna conoció a la demandante porque trabajó con
ella como auxiliar de enfermería durante 2 años.
44.1. Cumplían con un horario. En el caso de la demandante, por ejemplo, laboraba
de 7:00 am a 1:00 pm, según el listado de pacientes asignados. Prestaba sus
servicios de lunes a viernes y, ocasionalmente, apoyaba la labor los sábados.
44.2. No tenía conocimiento de si la demandante prestaba sus servicios para algún
otro empleador.
44.3. La demandante seguía las directrices impartidas por la jefe de la unidad y de
acuerdo con el listado de pacientes que debía atender. En cuanto a cómo se
debían realizar los procedimientos y prescribir los medicamentos, actuaba en parte
conforme con las instrucciones de la jefe de la unidad y, en parte, de acuerdo con
su criterio y «ética médica».
44.4. El cumplimiento de tales directrices era verificado por el jefe de la unidad a
través del área de apoyo funcional. Esa dependencia se encargaba de recoger «los
datos de lo que se hace en la unidad donde uno trabaja, qué procedimientos, qué
pacientes se atendieron, qué se utilizó durante la consulta, como se dicen gastos».
Para ello, existía una persona encargada de esa función. Durante el tiempo en el
que trabajó con la demandante, la encargada de esa función era Pilar Pardo, en
apoyo funcional de la unidad médica de Chapinero.
44.5. Tanto médicos contratistas como de planta trabajan en iguales condiciones y
realizan las mismas actividades, dependiendo de la especialidad.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
44.6. La demandante prestó sus servicios de manera continua.
44.7. Sus funciones como auxiliar de enfermería consistían en «sacar» el listado de
los pacientes, ayudar en su recepción, tomarles signos vitales y asistir a la
demandante cuando esta lo requería para realizar algún procedimiento.
44.8. No recordaba exactamente los años en los que trabajó con la demandante,
pero ella estuvo en la unidad médica de Chapinero desde el año 2008 hasta el
2012.
45. Leonor Villamizar Figueroa al momento de suscribir los contratos, le
asignaban el horario que debía cumplir y le indicaban que debía presentarse ante
el mayor o el director de la unidad médica para exhibir el contrato que le había
expedido la Dirección de Sanidad.
45.1. «No recordaba en 15 años cuándo solicitó la suspensión o modificación del contrato».
Sin embargo, cuando requería asistir a un congreso debía solicitar permiso y luego
reponer ese tiempo.
45.2. En la Clínica San Rafael trabajó 11 años, entre 1987 cuando se graduó como
profesional en ginecología hasta 1991 y «Con la alcaldía no» laboró.
45.3. Durante el tiempo en el que estuvo vinculada con la entidad tuvo varios
supervisores de contrato.
45.4. En lo relacionado con el ejercicio profesional cada médico es autónomo, pero
les indicaban la cantidad de pacientes que debían atender, el tiempo destinado a
cada consulta, que era 20 minutos, y la citaban a reuniones administrativas
mensuales en cada unidad, en las cuales se impartían instrucciones generales, por
ejemplo, sobre el uso de implementos.
45.5. Sus contratos fueron continuos. Sin embargo, al finalizar cada uno disponía de
unos días libres mientras recolectaba los documentos para suscribir el siguiente.
Hubo ocasiones en los que se demoraba el trámite y les solicitaban atender los
pacientes mientas se agilizaban las gestiones para suscribir el siguiente contrato.
45.6. Cuando los pacientes no estaban agendados, por criterio personal les abría un
espacio para atenderlos.
45.7. Trabajó en la unidad de Kennedy en el año 1999 y luego solicitó traslado para
Chapinero, donde estuvo hasta el año 2013.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
45.8. Cotizó aportes a salud y pensión como trabajadora independiente, pero debía
presentar el informe o la constancia de la cotización a la dirección de sanidad para
que le pagaran.
45.9. Abrió una cuenta bancaria para recibir el pago en el banco BBVA, que era la
entidad financiera a través de la cual el empleador consignaba todos los pagos que
hacía.
45.10. La atención de su consultorio particular nunca interfirió en el horario que
cumplía en la policía, ya que solo lo atendía en su tiempo libre. Era contratada « por
seis meses en el horario tal, de ocho a una, de siete a una de la tarde, pero entonces lo
que yo digo, los miércoles, por ejemplo, yo hacía por el grupo de(sic), que tenía promoción
y prevención, que era el que manejaba a las pacientes de climaterio, como lo dijo una
paciente por ahí, no sé, que más o menos tenía yo ya un grupo de 400 personas y tenía
que dividirla, entonces yo acordaba para hacer también en la tarde, el miércoles».
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los
elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre Leonor Villamizar
Figueroa y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
47. De las pruebas relacionadas, se tiene que entre el 19 de abril de 1999 y el 15
de diciembre de 2013, la demandante prestó sus servicios profesionales como
médica especialista a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, mediante
contratos de prestación de servicios en el área de ginecología y obstetricia de la
entidad, pues así se dejó consignado en los objetos de los aludidos actos jurídicos.
48. Asimismo, se acreditó que ejecutó los contratos de manera personal, de
acuerdo con su profesión, calidades, idoneidad, capacidad y experiencia laboral,
así como de las obligaciones contractuales realizadas que eran afines a sus
competencias, tal y como se desprende de algunos certificados suscritos por la jefe
de la Unidad Médica de Chapinero en los que hace constar su idoneidad y
experiencia en el área de ginecología y del clausulado de los contratos en los que
se incluyó además una prohibición expresa de ceder el contrato, toda vez que se
celebrara «en consideración a las calidades personales del CONTRATISTA»20 (sic).
20 Por ejemplo, contrato 07-7-20504 de 2005.
23
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
49. En consecuencia, de las certificaciones allegadas y de los testimonios recibidos
se advierte que efectivamente fue contratada por la entidad demandada para
prestar sus servicios profesionales como «médico con especialidad en ginecología y
obstetricia» y que esa actividad la ejecutó ella y no otra persona.
50. Así las cosas, la prestación personal del servicio se encuentra acreditada por el
periodo referido.
2.4.1.2. Remuneración
51. Ahora bien, Leonor Villamizar Figueroa percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal como se evidencia de los certificados del 19 de agosto de 2022 y del
18 de octubre de igual año expedidos por el jefe del Área Administrativa Regional
de Aseguramiento en Salud No.1 y por la jefe del Área Administrativa de la DISAN,
respectivamente, que dan cuenta que se acordó un valor y una forma de pago, lo
que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación [honorarios o salario]. Lo anterior
también se desprende de las cláusulas contenidas en los contratos.
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
52. Este elemento, propio de las relaciones laborales, se caracteriza por el vínculo
de dependencia del trabajador hacia el empleador; en tal sentido aquel se ve
sometido al acatamiento de órdenes, reglamentos y supervisión directa de su labor,
lo que descarta el ejercicio de actividades en forma autónoma e independiente,
esto último entendido como la característica esencial del contrato de prestación de
servicios.
53. Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento de una relación laboral
encubierta en la celebración de instrumentos jurídicos distintos de aquellos que
permiten el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales como, en este caso,
el contrato de prestación de servicios resulta esencial la demostración de que las
condiciones materiales en que se realizó la labor implicaron el ejercicio del referido
elemento de la subordinación por parte del empleador.
54. Lo anterior impone al juez la labor de analizar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se desarrolló el objeto contractual, a efectos de definir si con
fundamento en su ejecución, la entidad contratante desbordó el alcance de sus
atribuciones y ejerció el poder subordinante sobre el contratista.
55. Así las cosas, corresponde analizar los elementos materiales probatorios que
obran en el expediente a efectos de abordar el análisis del problema jurídico
planteado en esta instancia, de cara a los argumentos de los recursos de apelación
24
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
interpuestos por las partes.
56. Precisamente los testimonios dan cuenta que el empleador impuso las
condiciones de ejecución de la labor para que el trabajador desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia. En efecto, Gloria
Inés Mendéz Gómez, Astrid Castro, Yurani Castro y Sandra Valenzuela
coincidieron en afirmar que la demandante prestaba sus servicios en un horario
específico, debía cumplir con una agenda de pacientes predeterminada y asignada
por la institución, y recibía directrices de los jefes de la unidad médica, quienes
realizaban llamados de atención por incumplimiento de horarios y ejercían control
sobre la puntualidad. Asimismo, manifestaron que la accionante participaba en
programas institucionales, comités, reuniones y actividades de promoción y
prevención.
57. Por su parte, Astrid Castro indicó que se encargaba del seguimiento al
cumplimiento de las agendas de todos los profesionales, incluida Leonor Villamizar
Figueroa, lo que evidencia un control sobre su agenda, los pacientes atendidos y
las actividades ejecutadas. En sentido similar, Sandra Valenzuela señaló que
existía una supervisión por parte del área de apoyo funcional el cual, además,
realizaba seguimientos sobre la utilización de los elementos de sanidad e
instrumentos que se usaban para la labor.
58. En cuanto a los permisos aportados al expediente, se observa que la
demandante, para ausentarse de sus labores, presentaba solicitudes por escrito
en las que incluso proponía mecanismos de reposición de tiempo o actividades.
Algunas de tales solicitudes cuentan con sellos de radicación, lo que evidencia que
efectuaba un procedimiento formal para tramitar sus ausencias. Tales
circunstancias permiten concluir que la accionante no podía disponer libremente
de su tiempo ni ausentarse de sus labores de forma autónoma, sino que requería
de autorización previa de la entidad y, por lo menos en una ocasión, le fue negado
un permiso solicitado con la finalidad de realizar un viaje familiar, a través del oficio
5011/DISAN-ASJUR del 20 de octubre de 2000.
59. Ahora bien, la sala encuentra que Leonor Villamizar Figeroa prestó sus servicios
como médica especialista en ginecología y obstetricia para la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional y cumplió, entre otras funciones, con las siguientes:
«2) La CONTRATISTA realizará las gestiones profesionales o actividades
encomendadas respetando las normas y reglamentos de la DIRECCIÓN DE
SANIDAD, conservando su autonomía profesional. 3) Responder y velar por el buen
uso y mantenimiento de los bienes y elementos entregados por la DIRECCIÓN DE
SANIDAD, para la ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines
y en lugares diferentes a los contratados y a devolverlos a la Institución a la terminación
del presente contrato(…) 8) El contratista, de ser designado a participar en los comités
estructurados y de evaluación de las contrataciones administrativas que lleve a cabo la
25
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
Dirección de Sanidad, asumirá las obligaciones establecidas en el acto de designación
sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales y cumpliendo las
demás obligaciones inherentes al contrato»21; «8) Emitir los conceptos que se le
requieran, hacer parte de los comités académicos, administrativos,
estructuradores y de evaluación de las contrataciones administrativas que lleva
a cabo la DIRECCIÓN DE SANIDAD para los cuales sea designado, asumiendo las
obligaciones establecidas en el acto de designación sin perjuicio del cumplimiento de
sus obligaciones contractuales y cumpliendo las demás obligaciones inherentes al
contrato»22 «1) Realizar las actividades y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan
integral del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
(Acuerdo 002 de 2001 CSSMP y subsiguientes), observando las normas propias de su
profesión, actividad u oficio. 2) Contribuir con el desarrollo del establecimiento de
sanidad policial donde preste sus servicios, revisando y mejorando los procesos de
atención a fin de ofrecer un servicie eficiente y de calidad a los usuarios. 3) Realizar
actividades de consulta en los servicios contratados y los procedimientos e
intervenciones quirúrgicas derivados de la misma. 4) Atender consulta en cualquier
establecimiento de sanidad policial donde le sea programada, con los estándares
mínimos establecidos por la Dirección de Sanidad (…) 9) Llevar los registros de
atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como
mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad
vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de
costos y facturación. 10) Participar en los programas docentes asistenciales que
desarrolle la Dirección de Sanidad mediante convenios con centros educativos o
de formación (Universidades, Institutos, EPS) IPS, etc.), (…) 12) Hacer parte de los
comités académicos, administrativos, de casos especiales, de juntas médico
quirúrgicas; - estructuradores y de evaluación de las contrataciones
administrativas que lleve a cabo la DIRECCIÓN DE SANIDAD para los cuales sea
designado, asumiendo las obligaciones establecidas en el acto de designación sin
perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 13) Solicitar en forma
genérica los elementos requeridos por los usuarios del Subsistema de Sajad de la
Policía Nacional con base en los cuadros básicos adoptados por la Dirección de
Sanidad pera su compra. 14) Prescribir los medicamentos en forma genérica
incluidos en el plan de Salud del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. Cuando
un paciente requiera un medicamento que no se encuentre en el Vademécum
vigente el profesional debe solicitar autorización previa al Comité Técnico
Científico de Autorización para medicamentos de la Dirección de Sanidad para su
prescripción en el formato vigente para tal fin. 15) Rendir los informes que la dirección
de Sanidad requiere dentro de los plazos determinados. 16) Participar en la
definición, estandarización y actualización de los protocolos o instrumentos
metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención,
promoción, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la
prestación de los servicios. 17). Participar en las Brigadas de Salud programadas
por la Dirección de sanidad en los sitios donde la entidad lo requiera.
18)
Participar en el diseño, implantación, ejecución y evaluación de los programas
en salud ocupacional, salud operacional, medicina del trabajo, atención,
promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación en el ámbito
nacional según sus competencias y área de desempeño, 19) Cumplir con las
demás funciones señaladas en la constitución, la ley, los estatutos, las
disposiciones que determine la entidad y/o que le sean asignadas por la autoridad
21 Contrato 07-7-20795 de 2003, entre otros.
22 Contratos 07-7-20856 de 2004; 07-7-20504 de 2005, entre otros.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
competente, de acuerdo con el área de desempaño»23 (sic) (Negrilla fuera del texto
original).
60. De acuerdo con lo anterior, a Leonor Villamizar Figueroa sí se le impusieron las
condiciones en las que debía prestar el servicio para lo cual tenía que seguir las
normas, reglamentos, protocolos, manuales y directrices de la Dirección de
Sanidad y efectuar el reporte de sus actividades, para lo cual debía llevar los
registros de atención diaria, de procedimientos, e intervenciones.
61. Asimismo, estaba obligada a aceptar los traslados de lugar de trabajo, pues
debía atender consultas en cualquier establecimiento de sanidad policial donde le
fueran programadas por la Dirección de Sanidad y según la programación de las
brigadas de Salud, lo que revela la facultad del empleador en determinar el lugar
de ejecución del servicio. Así pues, la entidad no solo determinaba qué actividades
debía desarrollar y bajo qué parámetros, sino también dónde se ejecutaban estas,
aspecto que denota la subordinación de la demandante con respecto de su
empleador.
62. Aquella también tenía la obligación de cumplir con estándares mínimos
establecidos por la Dirección de Sanidad, tales como llevar registros diarios,
mantener actualizados informes estadísticos y los necesarios para atender los
procesos de costos y facturación. Además, debía integrar los comités académicos,
administrativos, de casos especiales, de juntas médico-quirúrgicas cuando fuera
designada para ello. Esa obligación implica que el empleador contaba con la
posibilidad de asignarle tareas adicionales, más allá de la actividad médica
asistencial para la cual había sido contratada.
63. En igual sentido, se advierte que la obligación consistente en cumplir con las
demás funciones señaladas en la constitución, la ley, los estatutos, las
disposiciones que determinara la entidad y/o que le fueren asignadas por la
autoridad competente de acuerdo con el área de desempeño, evidenciaba que la
administración estaba habilitada para imponer tareas adicionales o no previstas en
el acto jurídico suscrito.
64. Con todo, se infiere la facultad de dirección de las actividades ejecutadas por la
demandante por parte de su empleador, según los parámetros y necesidades de
este. Ello también se desprende de los objetos contractuales en los que se dispuso
que «LA CONTRATISTA se compromete con la POLICIA NACIONAL - DIRECCIÓN DE
SANIDAD a prestar sus servicios profesionales como MEDICO CON ESPECIALIDAD EN
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA con oportunidad, eficiencia y eficacia en LA DIRECCIÓN
DE SANIDAD, en las condiciones, área y/o servicio que determine el contratante, de
23 Contratos 07-7-21859 de 2005; 07-7-21411 de 2007; 07-7-20182 de 2008; 07-7-20215 de 2009;
81-7-20832 de 2010; 81-7-20-1134 de 2011
27
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
acuerdo con sus necesidades y programación establecida» (sic).
65. Por otra parte, y como indicio de subordinación, la Dirección de Sanidad
suministraba los elementos y herramientas necesarios para el desempeño de las
actividades contratadas.
66. De lo anterior se tiene que Leonor Villamizar Figueroa no gozaba de autonomía
e independencia en la ejecución de sus labores pues sus actividades se
encontraban sometidas a directrices permanentes, programación institucional y
control por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
67. En efecto, fue el empleador el que determinó las condiciones en las que la
demandante debía prestar los servicios contratados. Así, se estableció que el
contratista fijaría la programación de acuerdo con la demanda del servicio, lo que
implicaba que la contratista no tenía libertad para organizar de forma autónoma su
agenda ni definir los horarios de atención a los pacientes. Incluso, el empleador
estaba facultado para imponer tareas adicionales y determinar o variar el lugar de
prestación del servicio, lo que demuestra el ejercicio del ius variandi por parte del
empleador y la subordinación de la contratista a las decisiones de aquel.
68. Así pues, lo expuesto demuestra i) la inserción en el círculo organizacional del
hospital, pues debía ajustar su labor a las normas y procedimientos internos; ii) la
prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona; iii) el poder
de dirección por parte de la entidad que le indicó bajo qué estándares debía realizar
la labor, por ejemplo, cantidad de pacientes y tiempo de duración de las consultas,
la participación de comités y brigadas de salud; iv) el suministro de herramientas y
material de trabajo; y v) la realización del trabajo en el lugar definido por el
beneficiario del servicio y la disponibilidad que debía tener ante el cambio de sede
de lugar de trabajo por razones del servicio, lo cual muestra también el ejercicio
del ius variandi, que le permite al empleador modificar las condiciones en que se
desarrollaría la labor.
69. Además, se advierte que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional «es la
dependencia de la Jefatura Nacional de Desarrollo Humano que tiene como misión
planificar, dirigir, desarrollar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios en materia de
salud, por medio del aseguramiento, la administración y la prestación de servicios de salud
integrales y efectivos, en cumplimiento de la misión constitucional» (sic)24, función de
carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, y que guarda
similitud con las actividades desempeñadas por la demandante, esto es, que
ejecutaba las labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
70. En consecuencia, la naturaleza de las funciones desarrolladas no permite
24 https://www.policia.gov.co/disan#
28
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
advertir autonomía, toda vez que las actividades hacían parte del giro ordinario y
permanente de la entidad, pues comprendía la atención de pacientes, participación
en programas institucionales de promoción y prevención, cumplimiento de metas
de productividad, apoyo a diferentes servicios cuando se requiriera, tales como
revisar y mejorar procesos de atención, participar en programas de docentes
asistenciales, intervenir en la definición y actualización de protocolos
institucionales, integrar comités académicos y administrativos, participar en juntas
médico - quirúrgicas y brigadas de salud y programas de promoción, prevención y
rehabilitación.
71. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo
de médica especialista en ginecología y obstetricia al servicio de la Dirección de
Sanidad, al tiempo que corrobora que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.
72. Se advierte entonces que la situación descrita en el sub judice no corresponde
a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización
de las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»25.
73. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»26.
74. De tal manera que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba
sujeto a medidas u órdenes de la Dirección de Sanidad y de los jefes de las
unidades médicas, toda vez que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba
con la posibilidad de disponer del trabajo de la actora, lo que denota, a su vez, la
existencia de una indiscutible subordinación.
75. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
26 Ibidem.
29
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte
de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
76. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la
demandante haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron
planteadas en los contratos, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la
ley prevé en su favor»27, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.
77. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante a la Dirección
de Sanidad se desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las
cuales se constituyen en las características propias de la referida relación laboral.
78. Lo anterior dejó en evidencia que aun cuando desempeñó una profesión libre,
sus actividades estaban delimitadas de conformidad con el ejercicio del poder
subordinante del empleador, al tener que atender instrucciones sobre el ejercicio
de la labor; de manera que se le impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
para que desarrollara sus funciones, sin que le hubiere asistido ningún tipo de
independencia y, en ese sentido, se rompió la relación de coordinación contractual
y materializó la realidad de una laboral.
79. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por la
demandante y la Dirección de Sanidad y las pruebas documentales y testimoniales.
80. Por lo anterior, la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana
crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante por alrededor de
14 años.
81. Bajo tal perspectiva, debe advertirse que si bien el contrato estatal de prestación
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
de servicios definido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es un
instrumento de gestión pública y de ejecución presupuestal que permite satisfacer
las necesidades de la administración y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado28, de su contenido sí se puede analizar el efecto jurídico que persiguen las
partes en un proceso judicial. Lo contrario implicaría abandonar la tutela judicial
efectiva en tanto limita la posibilidad del juez de otorgarle vigencia a los derechos
que surgen luego de encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de
prueba.
82. De manera que, para esta Subsección, las pruebas documentales y
testimoniales aportadas tienen el valor suficiente para demostrar el referido
elemento de la subordinación y otorgaron la certeza necesaria para considerar que
la vinculación contractual encubría una relación laboral.
83. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 19 de abril de 1999 y el 15 de diciembre de 2013, salvo sus interrupciones, tal y
como lo consideró el a quo.
2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
84. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de
las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con
la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
85. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación29 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
31
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
86. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el
que la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30)
días hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia
del 9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir
que no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para
efectos de la prescripción de derechos laborales».
87. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 30, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
30 SUJ2-005-16.
32
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
88. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»31.
89. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad el 19 de septiembre de 2016 y la
demanda el 20 de febrero de 2017, y existieron interrupciones superiores a 30 días
hábiles entre los lapsos en que se declaró la existencia de una relación laboral, ello
implicó la solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de
presentar la reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes; por lo que
se determinará que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tenía derecho antes del 22 de octubre de 2010, tal y
como lo dispuso el a quo. Lo anterior, según se observa en el cuadro visible en el
párrafo 32.
90. Es así como, la interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico
de la prescripción extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 07-7-
20215-2009 y 81-7-20832-10 pues el primero terminó el 17 de agosto de 2010 y el
segundo inició el 22 de octubre de 2010, plazo que excede los 30 días hábiles. En
tal sentido, y ante esa interrupción, la oportunidad para que presentara la
reclamación venció el 22 de octubre de 2013, sin que ello ocurriera.
91. Valga precisar que no es necesario pronunciarse sobre las interrupciones
anteriores pues en todo caso superaron la exigencia de los 3 años con los que
contaba la demandante para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de
la relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones
correspondientes.
92. De tal manera, a la demandante le asiste el derecho al pago de las prestaciones
laborales por los periodos transcurridos entre el 22 de octubre de 2010 y el 15 de
diciembre de 2013, excepto en lo atinente a los aportes al sistema de pensiones
que corresponde a todo el periodo por el cual se declaró la relación laboral, razón
por la cual, en torno a este asunto, se confirmará la decisión apelada.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
31 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
33
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
derecho
93. Por lo dicho, la demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios.
94. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «a trabajo igual salario igual»,
que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales32 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la
remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios
de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren
en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas
cuando se trata de hipótesis distintas33. Ello, salvo cuando el cargo desempeñado
por el contratista no existiera en la planta de personal.
95. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá
que calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se
deberá cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía
al empleador. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad
de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá
la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleado.
96. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia34 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
32 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona
al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
33 26 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
34
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
97. En consideración a esto, a la actora le asistía el derecho al reconocimiento de
las prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, teniendo en cuenta que toda su
vinculación fue como médica especialista, por lo que tenía el derecho a la
diferencia de lo pagado y lo que se le debía pagar teniendo en cuenta como base
para la liquidación los salarios devengados por el personal de planta, en el periodo
reconocido y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados en
los contratos de prestación de servicios.
98. En relación con el reajuste de los salarios percibidos, esto es las diferencias
entre lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de
planta, la Sala encuentra necesario exponer las siguientes consideraciones al
advertir que es un aspecto que se encuentra íntimamente ligado con el
consecuente restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de
una relación laboral pues de las pretensiones no puede escindirse el
reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente ligado con el de las
prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la asignación básica.
99. Así las cosas, pese a que en oportunidades anteriores esta Subsección ha
señalado que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»35; esta Sala modificó su postura
para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta,
además, el reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo
devengado por los empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron
pagados a los contratistas36.
100. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone
a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales37, en virtud de los cuales le corresponde al
juez proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en
sus condiciones laborales.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,
radicado 66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024,
radicado 81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
37 Artículo 53 de la Constitución Política.
35
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
101. En efecto, situaciones como las planteadas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que
evite vaciar el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que
los de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»38.
102. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar
de tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas
no reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública,
pues la retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los
cuales son consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se
desnaturalizó, lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y
la especial protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada
con la dignidad humana y la justicia material.
103. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los
contratistas que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de
una verdadera relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional
al que se ha aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así
eliminar las diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una
laboral.
104. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil a los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
105. Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que
en «tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo
a efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»39,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador
que debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más
38 Sentencia T-102 de 1995.
39 Sentencia C-197 de 1999.
36
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
aún cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la
vigencia de los derechos fundamentales»40.
106. Así las cosas, la omisión en el reconocimiento del reajuste salarial no solo
constituye una vulneración a la legislación laboral contenida en el ordenamiento
interno, sino también a los tratados internacionales ratificados por Colombia, los
cuales al tenor del artículo 93 de la Constitución hacen parte del bloque de
constitucionalidad.
107. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo percibido por un empleado de planta que cumplía con las funciones
en igualdad de condiciones de ese cargo de la Dirección de Sanidad de Policía.
No obstante, tal reajuste será procedente en el caso de que exista un cargo de
planta con la cual pueda efectuarse la equivalencia; de no existir, no habrá lugar al
reconocimiento de tales diferencias.
108. Ha de aclararse que, la existencia de la relación laboral y el consecuente
reconocimiento de derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una relación laboral,
en efecto, no implica que se otorgue la calidad de empleado público, sino que es
la expresión del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
109. Por último, en cuanto al argumento de la apelación relacionado con la sanción
moratoria y la indemnización por el no pago de salarios y prestaciones, esta Sala
precisa que no hay lugar, pues la obligación de su pago surge a partir del
reconocimiento de la relación laboral.
110. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado
y la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre Leonor Villamizar
Figueroa y la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en los periodos
comprendidos entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de diciembre de 2013; no
obstante, por prescripción trienal, tiene derecho al consecuente pago de las
prestaciones laborales que surjan de esta y el reajuste salarial en el periodo
transcurrido entre el 22 de octubre de 2010 y el 15 de diciembre de 2013, con la
claridad de que le asiste el derecho a la diferencia de lo pagado por la Dirección
de Sanidad de la Policía Nacional y lo que devengaba un empleado de planta que
realizara iguales funciones a las desempeñadas por ella. Lo anterior, con el objeto
de no incurrir en la prohibición contenida en el artículo 128 Constitucional.
111. Con fundamento en lo anterior, se modificarán los ordinales 3° y 4° de la
40 Sentencia SU-039 de 1997.
37
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
sentencia del 3 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
2.5. Costas
112. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
113. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
114. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma41.
115. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
116. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
117. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Leonor Villamizar Figueroa y la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional durante el periodo
comprendido entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de diciembre de 2013, salvo sus
41 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
38
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
interrupciones. Ese tiempo se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
118. No obstante, comoquiera que operó la prescripción de los derechos anteriores
al 22 de octubre de 2010, la demandante tenía derecho al consecuente pago de
las prestaciones laborales que surjan de esta y el reajuste salarial, con la claridad
de que le asistía el derecho a la diferencia de lo pagado por la demandada y lo que
le correspondía devengar a un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, entre el 22 de octubre de
2010 y el 15 de diciembre de 2013.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Modificar los ordinales 3 y 4 de la sentencia proferida el 3 de septiembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, los cuales quedarán así:
TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional a reconocer y pagar a favor de Leonor Villamizar
Figueroa, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 41.577.687, todas las
acreencias laborales ordinarias que devenga un empleado de planta, las cuales
deberán liquidarse con base en la asignación salarial de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base
en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, entre el 22 de
octubre de 2010 y el 15 de diciembre de 2013 y por los estrictos períodos contractuales.
Asimismo, a reconocer y pagar a favor de Leonor Villamizar Figueroa el reajuste
salarial, con la claridad de que le asiste el derecho a la diferencia de lo pagado por la
Dirección de Sanidad y lo que le correspondía devengar a un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó, en el mismo periodo antes señalado.
No obstante, tal reajuste será procedente en el caso de que exista un cargo de planta
con la cual pueda efectuarse la equivalencia; de no existir, no habrá lugar al
reconocimiento de tales diferencias.
Se precisa que el reconocimiento debe comprender los emolumentos salariales y
prestacionales que cuenten con fundamento legal.
Las sumas que resulten en favor de la parte actora se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh X índice final / índice inicial
En donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es
39
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la
fecha en que debió
hacerse el pago).
CUARTO. - CONDENAR a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, a realizar los
aportes a pensión en el porcentaje que correspondía al empleador con base en el
salario devengado por un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.
Para tal efecto la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
de Seguridad Social en el período comprendido entre el 19 de abril de 1999 y el 15 de
diciembre de 2013, por los estrictos periodos contractuales.
Con base en lo anterior la demandada deberá establecer los porcentajes de cotización
omitidos informando a la accionante los pagos que adeuda y si a ello hay lugar. Una
vez la trabajadora demuestre haber efectuado la totalidad de los aportes a su cargo, la
entidad condenada efectuará la cotización a los respectivos fondos de pensiones por
el monto que le correspondía.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Leonor
Villamizar Figueroa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
40
Radicado: 25000-23-42-000-2017-00659-01 (6927-2024)
Demandante: Leonor Villamizar Figueroa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
41
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.