República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04640-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandado: ESE Hospital de Fontibón, Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente
Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: auxiliar de enfermería. Subtema 2:
elementos que permiten declarar la existencia de la relación laboral.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
proferida el 19 de mayo de 2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Sonia Patricia Arias Gómez promovió el presente medio de control con el
fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en
los oficios núm. 151-17 del 20 de febrero de 2017 y núm. 234 del 28 de marzo de
2017, expedidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente,
mediante los cuales se negó la existencia de una relación laboral derivada del
ejercicio de sus funciones como auxiliar de enfermería entre el 24 de noviembre de
2009 hasta el 28 de febrero de 2014. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, aportes al Sistema
General de Seguridad Social, subsidio familiar, riesgos profesionales, horas extras,
recargos nocturnos y sanción moratoria por el no pago oportuno de cesantías, entre
otras acreencias laborales.
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto
verificó la configuración de una relación laboral encubierta entre las partes. Lo
anterior, toda vez que se acreditaron los tres elementos constitutivos del vínculo
laboral: la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración
periódica reconocida a la demandante como contraprestación por su labor.
Esta subsección confirmará la decisión de primera instancia al concluir que a la
demandante le asiste el derecho a la declaración de existencia de una relación
laboral por el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 hasta el 28 de
febrero de 2014. En consecuencia, tiene derecho al pago de sus prestaciones
sociales.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Sonia Patricia Arias Gómez, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad de los actos administrativos núm. 151-17 del 17 de febrero
de 2016 2(sic); y núm. 234 del 28 de marzo de 2017, expedidos por la Subred
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, mediante los cuales se negó el
reconocimiento de una relación laboral por los servicios prestados como auxiliar de
enfermería a partir del 24 de noviembre de 2009 al 28 de febrero de 2014.
• A título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la entidad
accionada al pago de las prestaciones sociales que percibían los empleados
públicos de la ESE Hospital de Fontibón en el cargo de auxiliar de enfermería por el
tiempo de los contratos de prestación de servicios con base en el valor de los
honorarios que fueron pactados.
• Ordenar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y
Pensiones por el tiempo de la duración de los contratos, así como el pago de los
aportes a las cajas de compensación familiar; riesgos profesionales que el
empleador debió realizar de conformidad con la Ley 1562 de 2012; el pago de las
horas extras y recargos nocturnos; la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías.
1Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 014ED_C01_01DEMANDA.
2 17 de febrero de 2017.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
• Indexar las sumas adeudadas; y condenar en costas y agencias en derecho.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así3:
• La señora Sonia Patricia Arias Gómez laboró al servicio de la ESE Hospital
de Fontibón, de forma ininterrumpida como auxiliar de enfermería por el periodo
comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2014.
Adujo que los contratos de prestación de servicios fueron suscritos de conformidad
con lo previsto en la Ley 80 de 1993.
• Señaló que cumplía el horario laboral de 7:00 pm a 7:00 am, el cual fue fijado
por la entidad demandada. Asimismo, indicó que el empleador le pagaba un salario
periódico y mensual sin que en ningún momento se reconocieran recargos
nocturnos y horas extras.
• Añadió que las funciones ejercidas eran de carácter exclusivo, en tanto le
impedían desempeñarse bajo otros contratos simultáneos. Que dichas funciones
eran inherentes al servicio hospitalario, ejecutadas bajo la supervisión del
coordinador de turno y conforme a las instrucciones del personal médico, según
consta en la minuta de procedimientos sistematizada.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La demandante citó como vulnerados los artículos 2, 13, 25, 53 y 125 de la
Constitución Política de Colombia; el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993; el
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; y los artículos 1, 19, 21 y 27 de la Ley 909 de
2004.
4. Reiteró que la entidad accionada desconoció los mandatos constitucionales
al negar la existencia de una relación laboral plenamente acreditada, con lo cual
vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al
reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas de dicho vínculo. Precisó,
además, que tal omisión compromete su derecho pensional.
5. Adujo la transgresión del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades por cuanto la ejecución de sus funciones durante aproximadamente
cuatro años demostró la existencia de un vínculo laboral real, encubierto bajo la
figura del contrato de prestación de servicios. Consideró que la entidad demandada
estaba en la obligación de reconocer las prestaciones sociales, vacaciones y demás
acreencias laborales causadas durante dicho lapso, obligación que fue desatendida
en contravía del ordenamiento jurídico.
3Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 014ED_C01_01DEMANDA.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
6. En consecuencia, a su juicio, los actos acusados contrarían abiertamente las
disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como la jurisprudencia
reiterada y pacífica sobre la materia, al desconocer la existencia de una relación
laboral ejercida en condiciones contrarias a la dignidad humana y a la justicia
laboral.
2.2. Contestación de la demanda
7. La ESE demandada4, se opuso a las pretensiones incoadas, al advertir que
los actos acusados no incurrieron en causal de nulidad.
8. Dijo que la relación contractual estuvo reglada de conformidad con el artículo
32 de la Ley 80 de 1993. Que los contratos fueron suscritos de manera libre y
voluntaria, sin que en ningún momento de ellos se pueda derivar una relación laboral
ni obligaciones prestacionales a cargo de su representada.
9. Argumentó que la vigilancia ejercida sobre la ejecución del contrato
correspondía a la figura de un interventor, propia del contrato y no a una
subordinación laboral. Afirmó que el cumplimiento de un horario dentro de las
instalaciones de la entidad obedecía a la naturaleza del objeto contratado, sin que
ello constituyera dependencia jurídica frente a la contratante.
10. Aseveró que la demandante ejecutó el objeto contractual con plena
autonomía e independencia, para lo cual constituyó pólizas de garantía y cobró
honorarios pactados mediante actas de liquidación, conductas propias de quien
actúa bajo la modalidad de prestación de servicios y no como trabajador
subordinado.
11. Formuló como excepciones: i) caducidad; ii) prescripción; iii) inexistencia de
la aplicación de la primacía de la realidad; iv) inexistencia del derecho y de la
obligación; v) pago; vi) cobro de lo no debido; vii) relación contractual con el actor
no era de naturaleza laboral; viii) buena fe; ix) inexistencia de la convención
colectiva; x) presunción de legalidad de los actos administrativos y contratos
celebrados entre las partes; y xi) cosa juzgada.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B profirió sentencia del 19 de mayo de 20235 en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, por consiguiente, dispuso lo siguiente:
Primero. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad
demandada, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 023ED_C01Contestación.
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 045ED_C01_32Fallo.
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Segundo. Declarar la nulidad de los Oficios 151-17 del 17 de febrero de 2016(sic) y
234 del 24 de marzo de 2017(sic), proferidos por la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E., mediante el cual se le negó a la demandante el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral, conforme a lo explicado en
la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Declarar que entre la señora Sonia Patricia Arias Gómez, identificada con
cédula de ciudadanía No. 51.725.781 y la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E., existió una relación encubierta de naturaleza laboral, durante
el lapso comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 hasta el 28 de febrero de
2014, acorde con lo expuesto.
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, Ordenar a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,
pagar a la señora Sonia Patricia Arias Gómez, identificada con cédula de ciudadanía
No, 51.725.781, lo siguiente:
a) Las prestaciones reclamadas (cesantías, intereses a las cesantías,
vacaciones,) dentro del lapso comprendido entre el 24 de noviembre de 2009
hasta que culminó el vínculo contractual, esto es, el día 28 de febrero de
2014, liquidadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
b) Efectuada la anterior liquidación la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E., deberá tomar (durante el tiempo comprendido entre el
24 de noviembre de 2009 y el 28 de febrero de 2014), el Ingreso Base de
Cotización IBC pensional de la demandante, sobre el salario devengado por
un auxiliar de enfermería de planta, mes a mes, y si existe diferencia entre
los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar,
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador
Quinto. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., hará la
actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta los índices de
inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática
adoptada por el Consejo de Estado, expuesta en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., deberá dar
cumplimiento a la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos
establecidos en los artículos 187,189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Séptimo. Declarar que el tiempo laborado por la señora Sonia Patricia Arias Gómez,
bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicios desde el 24 de noviembre
de 2009 hasta el 28 de febrero de 2014, se debe computar para efectos pensiónales.
Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Noveno. Sin condena en costas, de conformidad a la parte motiva de esta
providencia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
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Fontibón
[…]6
13. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
14. Del acervo probatorio obrante en plenario se logró acreditar los tres
elementos constitutivos de una relación laboral.
• Prestación personal del servicio: El Tribunal verificó que la
demandante ejerció de manera personal y continua funciones propias de
auxiliar de enfermería7, pese a que la entidad accionada revistió dicha
vinculación bajo la denominación contractual de prestación de servicios. La
extensión ininterrumpida del vínculo por aproximadamente cuatro años y tres
meses desvirtúa el criterio de temporalidad, presupuesto esencial de esa
modalidad contractual.
• Subordinación: El fallador constató que la señora Arias Gómez laboró
de manera ininterrumpida por aproximadamente cuatro años y tres meses,
en lo que cumplió turnos de domingo a domingo en horario de 7:00 p.m. a
7:00 a.m., bajo la supervisión y dirección de los enfermeros jefes de turno,
con suministro de materiales por parte de la entidad y ejerció funciones
propias de auxiliar de enfermería.
• La contraprestación: El juez de primera instancia añadió que, pese a
la ausencia de extractos bancarios, los contratos de prestación de servicios
acreditan el valor pactado por las funciones a desempeñar, suma que
ninguna de las partes controvirtió, lo que permite inferir que el pago se
efectuó de forma periódica, a modo de salario. La concurrencia de
subordinación, horario de trabajo, prestación personal del servicio y
remuneración periódica desvirtúa la naturaleza del contrato de prestación de
servicios y muestra una relación laboral encubierta bajo dicha figura
contractual.
15. Aunado a lo expuesto el Tribunal, adujo que en el presente asunto no hubo
solución de continuidad, toda vez que entre la fecha de finalización de cada contrato
y la del inicio de uno nuevo no trascurrieron más de 30 días.
16. En relación con la prescripción precisó que no se configuró porque el ultimo
contrato celebrado finalizó el 28 de febrero de 2014 y el 10 de febrero de 2017 la
demandante presentó reclamación administrativa, en tanto que, el 22 de septiembre
de 2017 acudió ante la administración de justicia.
6 Se trascribe con errores de texto.
7 Entre las que se destacan atención de pacientes, recibo y entrega de turnos, apoyo en procedimientos clínicos,
mantenimiento de equipos y adherencia a protocolos institucionales, actividades que constan en los contratos
de prestación de servicios suscritos entre el 24 de noviembre de 2009 y el 28 de febrero de 2014.
6
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17. Declaró que la entidad demandada deberá reconocer y completar los aportes
a pensión del período comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 y el 28 de
febrero de 2014, con base el salario de un auxiliar de enfermería de planta.
18. Frente a la no afiliación al Sistema de Seguridad Social para cubrir riesgos y
contingencias laborales y de salud concluyó que no procede el reembolso de los
aportes que la contratista hubiera realizado.
19. El Tribunal accedió al reconocimiento y pago de las vacaciones, por constituir
una prestación social8. No obstante, frente a la pretensión del reconocimiento del
subsidio a las cajas de compensación familiar, la primera instancia no accedió a la
misma al considerar que la contratista no era beneficiaria de dicha prestación.
20. En relación con el reconocimiento y pago de las cesantías e intereses a las
mismas, el juez accedió de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación9
pero, negó el reconocimiento de la indemnización moratoria, al considerar que el
presente asunto trata sobre la existencia de la relación laboral, razón por la cual las
prestaciones solo se consolidan a partir de la sentencia que la declara, lo que impide
configurar la mora con anterioridad a dicho pronunciamiento.
21. Destacó que, en el presente caso, los derechos salariales y prestacionales
de la demandante solo se consolidan a partir de la declaratoria judicial de existencia
de la relación laboral, razón por la cual no había lugar al reconocimiento de la
indemnización moratoria con anterioridad a dicha decisión.
22. Frente a las excepciones propuestas por la entidad demandada, expuso que
las mismas no están llamadas a prosperar, puesto que a la demandante le asiste el
derecho al reconocimiento de una relación laboral, razón por la cual no existen
fundamentos fácticos ni jurídicos que permitan dar prosperidad a las excepciones
formuladas. En este sentido, fueron negadas en su totalidad.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «B», sentencia de 19 de abril de 2018. Magistrado Ponente:
Carmelo Perdomo Cuéten «Sobre el carácter jurídico de las vacaciones, esta subsección, en sentencia de 29
de abril de 2010, al resolver un caso de «contrato realidad, sostuvo que no tiene «[... la connotación de
prestación salarial porque (es] un descanso remunerado que tiene el trabajador por cada año de servicios, no
obstante lo cual, en pronunciamiento de 21 de enero de 2016, asumió un entendimiento diferente de aquellas,
cuando dijo: Dentro de nuestra legislación, las vacaciones están concebidas como prestación social y como una
situación administrativa, la cual consiste en el reconocimiento en tiempo libre y en dinero a que tiene derecho
todo empleado público o trabajador oficial por haberte servido a la administración durante un año y el monto de
las mismas se liquidará con el salario devengado al momento de salir a disfrutarlas. Por tanto, resulta menester
precisar, en consonancia con este último criterio, que las vacaciones comportan una prestación social y son un
derecho de los trabajadores, derivado del principio de garantía de descanso previsto por el artículo 53 de la
Constitución Política, consistente en la concesión de 15 días no laborables remunerados, que de manera
excepcional ha de ser reconocido monetariamente en los términos de Decreto ley 1045 de 1978[…].
Por ende, al haber declarado la existencia de una relación laboral entre el supuesto contratista y la
Administración, corresponde compensarle al primero el derecho a descansar de sus labores y a la par recibir
remuneración ordinaria, pero como quiera que el daño de impedirle el goce de tal periodo se encuentra
consumado, ha de compensársele con dinero tal garantía en los términos del aludido artículo 20 del Decreto ley
1045 de 1978, así como de la Ley 995 de 2005».
9 Sentencia de Unificación del 9 de septiembre de 2021, exp. núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-
2016).
7
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
2.4. Recurso de apelación
23. La ESE demandada interpuso recurso de apelación10 contra la sentencia de
primera instancia, con sustento en los siguientes argumentos.
24. Los actos acusados están ajustados a la Constitución y a la ley, por lo que
su ilegalidad debió ser acreditada probatoriamente por la contratista, carga que, en
su criterio, no fue satisfecha. Indicó que el Tribunal no valoró adecuadamente el
material probatorio aportado por su representada y en este sentido cotejó de manera
indebida la situación de la demandante con la de los empleados de planta.
25. La entidad accionada refutó la existencia de subordinación y precisó que las
actividades desplegadas por la demandante se circunscribían a la programación
mensual de turnos, frente a la cual la contratista conservaba plena libertad para
determinar la prestación del servicio. En tal sentido, puntualizó que el simple
cumplimiento de actividades convenidas entre las partes a través de contratos de
prestación de servicios no configura, por sí solo, el elemento de subordinación
propio de una relación laboral, habida cuenta de que dicho vínculo contractual
admite la coordinación de actividades sin que ello implique dependencia jerárquica
frente a la entidad contratante.
26. En punto a la prueba testimonial recaudada refirió que únicamente dan
cuenta de las actividades asignadas a la demandante, sin que de ellos se desprenda
la forma en que se ejercía control del horario, razón por la cual no se acreditó que
a la contratista se le controlara la jornada laboral ni que recibiera órdenes propias
de un funcionario de planta. Adicionalmente, cuestionó la idoneidad e imparcialidad
de los testigos, al evaluar que sus declaraciones carecían de espontaneidad. Afirmó
que el juez de primera instancia omitió la valoración de pruebas documentales que
acreditaban la autonomía de la contratista, entre ellas, la facultad de designar su
propio reemplazo en caso de ausencia.
27. Precisó que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud sufragados
por la contratista tienen naturaleza parafiscal y destinación específica, razón por la
cual su restitución resulta improcedente, aun ante la eventual declaratoria de
existencia de una relación laboral encubierta, en tanto dichos recursos no
constituyen un crédito a favor del interesado.
28. Alegó la configuración del fenómeno prescriptivo por cuanto la demandante
no formuló reclamación dentro del término de tres años, contados a partir de la
terminación de cada vínculo contractual.
10 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 046ED_C01_33Recurso.
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
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Fontibón
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
29. Mediante auto del 12 de diciembre de 202311, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia
de primera instancia. Además, prescindió del término para correr traslado a las
partes, por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
30. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
31. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de
conformidad con el artículo 32812 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:
32. ¿Se configuró una relación laboral encubierta entre la demandante y la ESE
accionada, con ocasión de los contratos de prestación de servicios que
suscribieron?
33. En caso afirmativo, ¿operó el fenómeno de la prescripción respecto de los
derechos laborales y prestacionales reclamados por la accionante?
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
34.La jurisprudencia unificada de esta corporación13 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que, aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
11 Samai, índice 005.
12 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales propios de un vínculo laboral.
35. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
36. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
37. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en los anteriores presupuestos, esta
corporación ha determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de
prestación de servicios, pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el
marco jurídico que ofrece el ordenamiento, junto con los principios fundamentales
del artículo 53 superior, para hacer efectiva la garantía de los derechos de las
personas que se relacionan laboralmente con el Estado».
38. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
39. Entre los elementos que permiten determinar la existencia de la subordinación
se encuentran: que el lugar de prestación del servicio sea las instalaciones de la
entidad; la imposición de un horario o turnos; la dirección y control ejercidos
mediante órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo; la participación en
reuniones obligatorias; y el seguimiento por parte de superiores jerárquicos. Así
mismo, constituyen indicios de la subordinación que las actividades contratadas
correspondan al objeto misional de la entidad y comprendan funciones equivalentes
a las de los empleados de planta
40.En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
10
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»14.
41. De igual manera, la dirección y control efectivo por parte de la administración
son formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la
coordinación con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse a primera vista
la existencia de una relación laboral en los eventos en los que el objeto contratado
consiste en el desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica,
tales actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional
de la entidad»15.
42. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del contrato
estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados».16
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación
o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina
que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales».17
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
14 Idem.
15 Idem.
16 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
17 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
11
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.18
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
43. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación del
9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes
de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse,
de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De
tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada
funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe
reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.
44. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
45. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
Rad. IJ-0039.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
46. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si existen
interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles. Esta
regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que, si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta
30 días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que
permite mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta: La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la
prescripción en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30
días hábiles es el que más protege los derechos del trabajador, y por eso se
considera el más adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción-contenciosa.
iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato:
En la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente para
«para determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una
prórroga de otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha
encontrado que existe la relación laboral encubierta o subyacente, se ha
advertido que se presentan tales interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
47. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción entre
los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 202519, frente a un instructor del
SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una interrupción de 34
días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional de los aprendices20.
3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba
48. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-
01 (5263-2024), M.P Jorge Édison Portocarrero Banguera.
20 Se precisa que pueden presentarse supuestos distintos a los del SENA en los que resulte justificada una
interrupción por un término superior a treinta (30) días.
13
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»21.
49. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202122, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados23».
50. En cuanto a la subordinación, la providencia de unificación precisó que implica
órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos demuestra la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
51. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de horarios
rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
21 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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poder de disciplina o del ius variandi,24 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación
52. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un
contrato de prestación de servicios.
53. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los supuestos
de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad judicial, por ello,
ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que la pruebas se
practiquen o se aporten»25, y materializa la regla procesal regulada en el artículo
167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164 de la norma
citada que regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
24 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
25 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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proceso».
54. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente
expuestos.
55. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»26, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»27.
56. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)
57. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
58. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
59. Ahora bien, en casos emblemáticos relacionados con auxiliares de enfermería
y vigilantes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, la
jurisprudencia ha evolucionado desde la idea de subordinación implícita, pasando
por la presunción de subordinación, hasta llegar actualmente a la noción de indicio
de subordinación.
60. En efecto, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
transitado por distintas etapas en la valoración de la subordinación en los casos de
26 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
27 Idem.
16
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auxiliares de enfermería contratados mediante contratos de prestación de servicios.
61. En una primera etapa (201128), se exigió acreditar la subordinación mediante
diversos medios probatorios, tanto documentales como testimoniales.
62. En un segundo momento (201229), consideró que la naturaleza misma de las
funciones desempeñadas por los auxiliares de enfermería implicaba una carencia
estructural de autonomía, lo cual permitía presumir la existencia de subordinación.
63. En un tercer momento, a partir del año 201630, la jurisprudencia estableció de
manera expresa que existía una presunción de subordinación, y trasladó la carga
probatoria a la entidad pública, quien debía demostrar que la labor no fue realizada
bajo sujeción a órdenes e instrucciones jerárquicas.
64. No obstante, en decisiones más recientes, particularmente en los años 202331
y 202432, y a partir de la sentencia de unificación de 2021, se retomó la exigencia
de acreditar ciertos indicios para configurar la existencia de una relación laboral
subordinada. Sin embargo, no se excluye la valoración de la naturaleza del servicio
asistencial prestado por estos profesionales como un indicio relevante.
3.4. Hechos probados
65. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala encuentra
probado lo siguiente:
3.4.1. La vinculación de la demandante con la entidad quedó demostrada con las
pruebas documentales que se relaciona a continuación:
66. Con la certificación que suscribió el asesor jurídico de la ESE Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente el 17 de enero de 201733, la prestación del
servicio de la demandante como auxiliar de enfermería en los siguientes periodos:
28 Sección Segunda, Subsección B en sentencia del 27 de octubre de 2011, con ponencia del magistrado
Gerardo Arenas Monsalve, Proceso con radicado 19001-23-31-000-2003-00853-01(0437-10).
29 Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 24 de octubre de 2012, M.P. Alfonso Vargas Rincón,
proceso con radicado 19001-23-31-000-2002-01469-01(1468-10).
30 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 2016, con ponencia del magistrado Gabriel
Valbuena Hernández, Proceso con radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14).
31 Proceso con radicado 23001 23 33 000 2015 00168 01 (4550–2021).
32 Proceso con radicado 50001-23-33-000-2021-00340-01 (7137-2023). M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
33 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007ED_C01_CD. FOLIO 105-ANEXOS DE LA
CONTESTACION DE LA DEMANDA.HVSONIA PATRICIA ARIAS GOMEZ, folios 9 al 10.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
Contrato Objeto Fecha de Fecha de Valor mensual
inicio finalización
1678 A -09 24 /11/2009 31/12/2009 $ 942.930
Prestar servicios
técnicos de
auxiliar de
enfermería en el
CAM II- Hospital
de Fontibón ESE
974-10 $ 942.930
01/02/2010 31/01/2011
978-11 01/02/2011 31/01/2012 $ 999.506
609-12 01/02/2012 31/01/2013 $1.039.486
1129-13 01/02/2013 31/01/2014 $1.039.486
835-14 01/02/2014 28/02/2014 $1.070.000
Información extraída de la certificación citada.
67. Como obligaciones que debía cumplir la contratista, se enlistan en los contratos
de prestación de servicios, que se anexaron al expediente con sus correspondientes
prórrogas o adiciones34, las siguientes:
«1. Participar activamente con experticia y conocimientos técnicos con el equipo
interdisciplinario de salud en consultorio, urgencias, salas de cirugía y hospitalización
en los diversos procedimientos y notificaciones en forma permanente.
2. Tomar y registrar de manera sistemática los signos vitales de los pacientes
asignados de acuerdo con la orden médica y avisar inmediatamente cualquier
alteración de los mismos.
3. Realizar cuidados de enfermería de baja y mediana complejidad asignada y según
el plan de enfermería.
4. Informar y notificar oportunamente las situaciones de riesgo de los pacientes
asignados.
5. Asistir en forma puntual al cambio de tumo para recibir y entregar los pacientes, de
la misma forma los equipos bajo su responsabilidad.
6. Administrar los medicamentos que por la complejidad del paciente le hayan sido
asignados.
7. Diligenciar de manera completa, legible y oportuna la Historia Clínica dando
cumplimiento a la Resolución 1995 de 1.999.
8. Propender por las buenas relaciones con todo el equipo de salud.
9. Participar activamente en las convocatorias a las diferentes actividades
administrativas y de capacitación hechas por la Institución.
10. Adherirse a las guías de manejo Institucionales.
11. Cumplir y vigilar la adherencia a la técnica de asepsia y antisepsia y adherencia
al manual de bioseguridad.
12. Diligenciar los formatos de notificación obligatoria, eventos adversos e Infecciones
Intrahospitalarias.
34 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007ED_C01 Folios 8 a 39
18
Radicación: 25000-23-42-000-2017-04640-02 (4916-2023)
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13. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en los manuales y
reglamentos de la institución.
14. Realizar las acciones necesarias que garanticen la aplicación de cadena de
custodia en los casos en que se requiera.
15. Alimentar permanentemente los sistemas de información que están a su cargo y
mantenerlos al día.
16. Presentar las evaluaciones trimestrales programadas por el Hospital para medir
la adherencia a los procesos de entrenamiento en puesto de trabajo.
17. Todas las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato
y sean afines desarrollo del objeto del contrato.
Registrar las obligaciones transversales que se encuentran descritas en los
diferentes perfiles.
1. Ejecutar las actividades según criterios de autocontrol.
2. Salvaguardar los equipos y elementos puestos a disposición para el
desarrollo del objeto contractual.
3. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en manuales y
reglamentos de la institución.
4. Asistir a los comités institucionales cuando sea requerido.
5. Participar en el proceso de acreditación en salud del Hospital.
6. Mantener, desarrollar e implementar la visión y la misión del Hospital e
impulsar y promocionar nuestro portafolio de servicios.
7. Realizar la notificación de los eventos de interés en salud pública, así como
los eventos adversos presentados en el servicio.
8. Cumplir con las competencias requeridas para el desarrollo de la cultura
organizacional y del objeto contractual, de tal manera que favorezca el proceso de
acreditación al interior de la institución.
[…]
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: […] f) Atender el servicio
contratado de forma oportuna; […] h) Presentar mensualmente informes de ejecución
de las obligaciones contractuales al supervisor […]; i) cumplir con las demás
instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato que se deriven o
tenga relación con la naturaleza del mismo; m) En general, las que se desprendan de
la naturaleza del contrato y de su objeto.
[…]»35.
En otras se registraron las siguientes:
«Obligaciones del contratista:
1. Asistir y apoyar los procedimientos que se deriven de la atención de los
pacientes en los diferentes servicios.
2. Mantener en completo orden y aseo el instrumental y equipo teniendo en
cuenta la técnica de asepsia.
3. Apoyar y asistir al profesional que lo requiere en la atención hospitalaria y
ene le diligenciamiento de los sistemas de información en salud diariamente.
4. Controlar, cuidar y realizar el inventario de los elementos devolutivos y hacer
uso racional de insumos medico quirúrgicos.
5. Realizar el cuidado de enfermería de baja y media complejidad adhiriéndose
a las guías de manejo y al plan de cuidado de enfermería.
35 Se transcriben con errores de texto. Contrato de prestación de servicios 835-14.
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[…]
Actividades desarrolladas:
1. Participar activa y proactivamente en todas las actividades programadas por la
institución en el proceso de acreditación, que apuntan al mejoramiento contino de la
entidad.
[…]
6. Atender el servicio contratado de forma oportuna.
[…]»36
3.4.2. De la reclamación en sede administrativa y su respuesta
68. La demandante radicó escrito, el 10 de febrero de 201737, ante la ESE
demandada en el cual solicitó el reconocimiento de una relación laboral por el
periodo en el que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería, entre los años
2009 al 2014, así como las prestaciones sociales e indemnización moratoria «que
se desprenden del contrato de trabajo en comento […]»
69. La jefe de la Oficina Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, en Oficio núm. 151-17 del 17 de febrero de 201638, negó lo pretendido
bajo el argumento de que en los contratos de prestación de servicios suscritos con
su representada se estipuló la exclusión de la relación laboral «en el entendido que
los mismos no serían considerados como contratos de trabajo ni existirá relación
laboral durante la ejecución de los mismos, circunstancia que la contratista conocía
al momento de la firma del contrato para la realización de las actividades inherentes
a su profesión».
70. La actora presentó recurso de apelación contra la anterior negativa39, el cual
fue resuelto mediante Oficio núm. 234 del 28 de marzo de 201740 en el que se indicó
que el escrito es idéntico al derecho de petición incoado el 10 de febrero de 2017.
Por consiguiente, el recurso de reposición (sic) interpuesto, no era procedente.
3.4.3. De la prueba testimonial recaudada
71. En audiencia de pruebas celebrada el 8 de marzo de 202241, el Tribunal
practicó varios testimonios, así como el interrogatorio de parte de la demandante.
72. En el interrogatorio de parte, la señora Sonia Patricia Arias Gómez reiteró que
ejerció funciones como auxiliar de enfermería en el horario ordenado por la entidad,
comprendido entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. Manifestó, así mismo, que contaba
con un coordinador general de enfermería, de nombre Carlos Rojas, quien verificaba
la asistencia al turno.
36 Se transcriben con errores de texto. Contrato de prestación de servicios 974-10.
37 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 005ED_folios 62 al 65.
38 Fecha correcta 20 de febrero de 2017.
39 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 005ED_folios 58 al 61.
40 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 005ED_folios 53 al 54.
41 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 010ED_C01_CDS y pdf 039ED_C01.
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Demandante: Sonia Patricia Arias Gómez
Demandados: ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Hospital de
Fontibón
73. Por su parte, el despacho realizó las siguientes preguntas:
¿Usted se podía retirar autónomamente de su lugar de trabajo? ¿o debía pedir algún
permiso, a quien se lo solicitada y quien le otorgaba el permiso? Interrogada: No, yo
no me podía retirar cuando yo quisiera, y si yo necesitaba algún permiso, pues con él
con el coordinador.
Despacho: ¿Cómo le otorgaba ese permiso el coordinador? Interrogada: […] por
escrito y tenía uno que comprobar si realmente se necesitaba o no si era médico o si
era alguna calamidad.
Despacho: ¿Cuántas enfermeras trabajaban durante el turno? Interrogada: durante el
turno yo trabajé con cuatro auxiliares y una enfermera jefe inmediata por el piso y el
coordinador era la persona que coordinaba todo el hospital, pero tenía una enfermera
jefe inmediata en el piso.
Despacho: ¿Cuántas de esas enfermeras eran de planta y cuántas de prestación de
servicios? Interrogada: […] en la noche la mayoría éramos de contrato, la mayoría de
la planta estaban en el día.
Despacho: ¿Sabe cuál era el salario asignado de las enfermeras de planta? La
demandante manifestó no tener conocimiento.
Despacho: ¿Quién le suministraba los elementos para el cumplimiento de esas
funciones? Interrogada: Los elementos los encontraba uno, la enfermera jefa se
encargaba de pedir los que se necesitare […]. El coordinador era el que se encargaba
de buscar las cosas que si hicieran falta porque precisamente él era el coordinador
[…].
Despacho: ¿Con que prioridad se le hacía los pagos a usted? Interrogada: nos
pagaban mensualmente.
Despacho: ¿Qué requisitos necesitaba para que le pagaran? Interrogada: Nosotros
teníamos que pasar una cuenta de cobro la parte administrativa.
Despacho: ¿Usted fue consciente que la vinculación con el hospital era de contratos
de prestación de servicios o como empleada del hospital? Interrogada: pues a mi
simplemente me dijeron tiene el trabajo y pues yo no me fijé mucho en eso.
Despacho: ¿Usted conoció los contratos de prestación de servicios que firmó?
Interrogada: Nos daban para firmarlos continuamente a penas se acababan el mes o
dos meses o tres meses y nos conseguían el otrosí, sin ningún tipo de interrupción.
Despacho: ¿Usted tuvo la oportunidad de leer el contrato que firmó? Interrogada:
Pues yo leí todas las actividades a las que tenía que realizar, pues como eran el tipo
de actividades que yo sabía, las acepté.
Despacho: ¿A usted le informaron que se trataba de un contrato de prestación de
servicios sí o no? Recuerde que está bajo juramento. Interrogada: Si.
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74. En la misma audiencia se recibieron los testimonios que a continuación se
relacionan, de los cuales se destacan los siguientes aspectos relevantes:
75. Flor Ángela Álvarez Triana: indicó que tiene estudios como técnica de
enfermería y trabajó junto con la demandante en el Hospital de Fontibón como
auxiliar de enfermería desde el año 2009 hasta el 2014, vinculadas a través de
contratos de prestación de servicios. Adujó que también presentó demanda contra
la accionada por los mismos motivos que la actora.
76. Informó que la demandante laboró en el Hospital de Fontibón en el cual rotó
por varios de los servicios, medicina interna, pediatría en todos donde se requería
su asistencia y tenía un horario de 7:00 pm a 7:00 am bajo la modalidad de
prestación de servicios. Insistió que el hospital siempre les establecía un horario y
estaban bajo la dirección de un coordinador.
77. La testigo precisó que el supervisor del contrato era el señor Carlos Rojas
Sanabria, quien elaboraba las planillas de control de asistencia y establecía
mensualmente la rotación del personal por los diferentes servicios. Adujo que toda
ausencia debía ser comunicada con antelación, pues de lo contrario no era
autorizada, y que el cambio de turnos requería la aprobación previa del coordinador.
Añadió que era este mismo funcionario quien asignaba los pacientes a atender en
cada turno, y que el personal se guiaba por las órdenes médicas y el plan de cuidado
establecido para cada paciente en el desarrollo de sus funciones.
78. Esta declarante dijo desconocer si la demandante suscribió contratos con
entidades distintas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
durante el período objeto de controversia. Que para el año 2014 la actora se retiró
del servicio por motivos de salud.
79. María Patricia Cubillos Díaz, a su turno expuso que, laboró al servicio del
hospital como profesional de costos y realizaba la vinculación de los contratos de
prestación de servicios para asignarle el valor a un «centro de costo de cobro
independiente» y manejaba la nómina de contratos de prestación de servicios.
Relató que la demandante cumplía con un turno nocturno de 7:00 pm a 7:00 am, el
cual era controlado por la jefe de enfermería a través de una tabla de horarios o
asignación de turno.
80. Añadió que cuando la actora debía presentar sus servicios, por ejemplo, en la
Unidad de Cuidados Intensivos estaba en la obligación de reportarse ante la jefe de
enfermería de dicha unidad, funcionaria que, de acuerdo con el servicio al que fuera
asignada la demandante, le indicaba las actividades a desarrollar durante el turno
correspondiente.
81. Explicó que el pago de los honorarios se efectuaba de forma mensual, para lo
cual la actora debía allegar documentos específicos, entre ellos: i) la relación de
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actividades con las fechas de inicio y terminación; ii) la planilla de pago de aportes
al sistema de seguridad social en salud y pensión; y iii) la cuenta de cobro
debidamente suscrita por el jefe del área correspondiente.
82. Relató que no le constaba de manera directa que un director o jefe de área le
impartiera órdenes a la actora, en razón a que ella ejercía sus funciones en el área
administrativa. Sin embargo, por la naturaleza del servicio, el jefe de enfermería
debía verificar la asistencia al turno e impartir las funciones específicas a la auxiliar
de enfermería. Manifestó desconocer las razones por las cuales se dio por
terminada la relación contractual de la demandante. Finalmente, comentó que
promovió medio de control contra la misma entidad accionada, con el propósito de
obtener el reconocimiento de sus derechos laborales.
83. Omaira Pulido Parada, narró que conoció a la señora Sonia Patricia Arias
Gómez, en el Hospital de Fontibón, donde ambas ejercieron funciones como
auxiliares de enfermería. Que el horario de trabajo era de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., de
domingo a domingo, y que el control de asistencia al turno se efectuó inicialmente
a través de la verificación directa del jefe de enfermería y, con posterioridad,
mediante un sistema de registro de ingreso «reloj para timbrar».
84. Expresó que las funciones de la actora eran asignadas por la jefe de
enfermería e incluían la toma de signos vitales, la toma de exámenes, el traslado de
pacientes a rayos X y su preparación para procedimientos quirúrgicos. Que los
turnos nocturnos eran igualmente asignados por la jefe de enfermería, y que para
el cobro de los honorarios debían presentar la cuenta de cobro correspondiente.
85. Refirió que su vinculación con la entidad accionada se extendió
aproximadamente entre los años 2009 y 2015, sin que se presentaran
interrupciones en la prestación del servicio. Dijo desconocer si la demandante laboró
de manera simultánea para otra entidad pública o privada. Finalmente, señaló que
también promovió medio de control en contra de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente ESE, con el propósito de obtener el reconocimiento de sus
derechos laborales.
4. Análisis sustancial.
86. El presente asunto se circunscribe a establecer si entre la demandante y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., se configuró una
relación laboral encubierta y, en caso afirmativo, si le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de las acreencias laborales derivadas de dicho vínculo. El
Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la
entidad accionada discrepa de tal decisión, al sostener que entre las partes existió
una prestación de servicios de carácter autónomo e independiente, y en este sentido
el cumplimiento de las actividades pactadas no configura el elemento de
subordinación propio de una relación laboral. Adicionalmente, argumentó que los
testimonios recaudados no acreditaron la supervisión de funciones ni el control de
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horarios y además no fueron imparciales. Por último, alegó que los derechos
reclamados se encuentran prescritos.
87. Efectuada la precisión anterior, la Sala procederá al análisis del acervo
probatorio obrante en el expediente, a efectos de determinar si se acreditaron los
elementos constitutivos de una relación laboral entre las partes y, con base en ello,
resolver los cargos formulados por la entidad recurrente.
4.1. De los elementos que configuran una relación laboral
4.1.1. La prestación personal del servicio
88. Al descender al caso concreto se tiene que la señora Sonia Patricia Arias
Gómez prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en la ESE Hospital de
Fontibón, hoy ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a través
de contratos de prestación de servicios que fueron ejecutados entre el 24 de
noviembre de 2009 al 28 de febrero de 2014.
89. La referida prestación personal del servicio también fue corroborada con el
cuadro de turnos y el listado de personal de enfermería que se adjuntaron a la
demanda42 y en el cual se lee que la prestación del servicio se llevaba a cabo en
horas de la noche de: 7:00 p.m. a 7:00 a.m. en el área de medicina interna.
90. Adicional a lo anterior, la prueba testimonial también da cuenta de esta
situación. En efecto, los testigos fueron contestes y relataron que se enteraron de
la suscripción de los contratos entre la ESE y la demandante quien bajo la directriz
del coordinador y la jefe de enfermeras tenía a su cargo más o menos 15 pacientes,
cumplía funciones de asistente de enfermería, asistente de pacientes. Y agregaron
que para el cambio de turnos debía contar con la autorización del coordinador.
4.1.2. De la remuneración
91. En relación con el elemento de la remuneración, se acreditó que la actora
percibió una contraprestación económica por los servicios prestados a la entidad
accionada, cuyo valor fue estipulado en cada uno de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre las partes. Tal circunstancia fue corroborada con los
testimonios recaudados en el proceso, en los cuales los declarantes coincidieron en
que el pago se efectuaba de forma mensual, previa presentación de documentos
específicos, entre ellos, la planilla de aportes al sistema de seguridad social en salud
y pensión, la relación de actividades ejecutadas y la aprobación del coordinador o
jefe de turno.
42 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, folios 40 a 41.
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4.1.3. De la subordinación
92. Del análisis conjunto del acervo probatorio obrante en el expediente, tanto de
las pruebas documentales como de los testimonios recaudados, se concluye que
las funciones desplegadas por la demandante no fueron ejecutadas de manera
autónoma e independiente. Por el contrario, el ejercicio de sus labores como auxiliar
de enfermería estuvo sometido a horarios nocturnos de 7:00 p.m. a 7:00 a.m., así
como a instrucciones y órdenes impartidas por el coordinador o por el jefe de
enfermería, circunstancias que acreditan la existencia de una relación de
subordinación frente a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
ESE.
93. De igual modo, se constató que la entidad accionada disponía de manera
permanente del servicio de la actora, quien estaba en la obligación de acatar las
directrices impartidas por sus superiores jerárquicos.
94. En consonancia con lo anterior, de los testimonios de las señoras María
Patricia Cubillos Díaz, Flor Ángela Álvarez Triana y Omaira Pulido Parada se verificó
que la actora, al presentarse a las instalaciones de la entidad accionada, estaba
sujeta al control de asistencia mediante planillas, tablas de registro o reloj marcador
de ingreso y salida. Así mismo, se acreditó que, al incorporarse a su turno, debía
reportarse ante la jefe de enfermería o el coordinador de turno.
95. En ese orden de ideas, la entidad accionada estableció las condiciones de
tiempo, modo y lugar en que la demandante debía ejecutar sus funciones. Del cotejo
del objeto contractual, las obligaciones de las partes, las pruebas documentales y
los testimonios recepcionados, se corrobora que las labores ejercidas por la actora
requerían de una dependencia y subordinación permanente frente a la entidad. En
consecuencia, la Sala concluye que se acreditó la existencia de una relación laboral
durante el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2009 y el 28 de febrero
de 2014.
96. En concordancia con lo expuesto, la demandante estuvo obligada a prestar
sus servicios como auxiliar de enfermería para lo cual debía ejercer actividades
específicas, entre las que se destacan43:
1. Asistir y apoyar procedimientos que se deriven de la atención de los pacientes
en los diferentes servicios.
2. Mantener en completo orden y aseo el instrumental y equipo teniendo en cuenta
la técnica de asepsia.
3. Apoyar y asistir al profesional que lo requiera en la atención hospitalaria y en el
diligenciamiento de los sistemas de información en salud diariamente.
[…]
43 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal pdf 005ED_C01, folio 10, contrato de prestación de servicios
núm. 974-10.
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9. Realizar los registros clínicos y administrativos establecidos en la institución,
adhiriéndose a la sistematización de la historia clínica.
10. Recibir y entregar turno en el servicio asignado en el horario establecido por la
institución de acuerdo con la guía.
[…]
97. Así, del contenido de cada uno de los contratos de prestación de servicios que
fueron aportados y certificados por la entidad, es posible advertir que la demandante
no ejecutó sus funciones de manera autónoma ni independiente. Por consiguiente,
el argumento de la entidad recurrente, relacionado con que la actora cumplía
actividades con ocasión de la programación de turnos y que quedaba a su libre
disposición la realización de estos, no encuentra respaldo probatorio alguno y, en
consecuencia, no está llamado a prosperar.
98. Lo anterior, porque, insiste la Sala, se acreditó en el plenario que, durante la
ejecución de los contratos de prestación de servicios, la demandante estuvo en todo
momento sujeta a las disposiciones de la entidad accionada. En consecuencia,
resulta claro que la ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a
través de sus funcionarios, determinó las condiciones de tiempo, modo y lugar para
la ejecución de las funciones a cargo de la actora, acredita de manera inequívoca
la existencia del elemento subordinación propio de una relación laboral44.
99. En ese orden de ideas, la relación existente entre las partes no puede
describirse como una simple coordinación de actividades, por cuanto el ejercicio de
las funciones de la demandante estuvo en todo momento sometido a las órdenes y
directrices de la entidad accionada. En efecto, la actora debía cumplir los horarios
fijados por la institución, acatar las disposiciones de la jefe de enfermería y los
coordinadores de turno, circunstancias que, valoradas en conjunto, demuestran sin
lugar a duda la existencia de una relación de subordinación y dependencia propia
de un vínculo laboral, y no de una prestación de servicios de carácter autónomo e
independiente.
100. En relación con el argumento de la entidad accionada, según el cual los
testimonios recaudados únicamente dieron cuenta de las funciones asignadas a la
demandante, sin precisar la forma en que se ejercía el control del horario, y que
además carecían de imparcialidad, la Sala advierte que dicho planteamiento no está
llamado a prosperar. Lo anterior, por cuanto los testigos de manera unánime y sin
que en ellos se advierta ánimo de favorecimiento, relataron que la actora debía
cumplir un horario específico comprendido entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m., y que
al presentarse a su turno estaba en la obligación de reportarse ante la jefe de
enfermería o el coordinador de turno.
101. Así mismo, los testimonios resultaron precisos y coherentes en cuanto a las
condiciones en que se ejecutaron los contratos de prestación de servicios, por lo
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. núm.
63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).
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que constituyen medio de prueba idóneo para acreditar la existencia de la relación
laboral encubierta entre las partes. Y si bien los declarantes tienen un interés en lo
debatido en el proceso, no se puede perder de vista su cercanía con los hechos
estudiados, en tanto, fueron compañeros de trabajo de la accionante, en el empleo
de auxiliar de enfermería.
102. Sumado a lo expuesto, es claro que la facultad de contratación del Estado con
terceros prevista en los artículos 32 de la Ley 80 de 1993, 195 de la Ley 100 de
1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede interpretarse como una habilitación
irrestricta para desconocer los derechos y las garantías laborales. Lo anterior, por
cuanto la vinculación de la señora Sonia Patricia Arias Gómez, pese a revestir una
forma «contractual», perdió tal naturaleza al ejecutarse sin autonomía ni
independencia, elementos esenciales y definitorios del contrato de prestación de
servicios45.
103. En el mismo orden de ideas, el carácter liberal atribuido a la profesión de
enfermería por la Ley 266 de 1996 no puede interpretarse como una renuncia al
reconocimiento de condiciones laborales dignas, ni como una restricción al derecho
de estos profesionales a percibir una remuneración equitativa e igualitaria respecto
de quienes se vinculan legal y reglamentariamente. De otra parte, la autorregulación
profesional prevista en la Ley 1164 de 2007 —definida como el conjunto concertado
de acciones orientadas a regular la conducta y las actividades derivadas del
ejercicio profesional— no excluye la posibilidad de que, en el marco de dicha labor,
se configure una relación laboral46. Por consiguiente, para los periodos
comprendidos entre el 24 de noviembre de 2009 a 28 de febrero de 2014, existió
una relación laboral entre la demandante y la entidad de salud demandada. Así las
cosas, la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.
4.2. De la interrupción en la prestación del servicio y sus efectos en la
prescripción
104. Respecto a la interrupción o a la solución de continuidad de la vinculación, esta
Corporación en sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre
de 202147, estableció las siguientes reglas:
150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de junio de 2024, exp. núm. 25000-
23-42-000-2018-02630-01 (6022-2022).
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de junio de 2024, exp. núm. 25000-
23-42-000-2018-02630-01 (6022-2022).
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021, exp. núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016)
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de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza»
para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio
que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del
vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la
Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos
de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha
en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En
el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».
105. Igualmente, la sentencia de la unificación del 25 de agosto de 201648
estableció que el interesado en el reconocimiento de la relación laboral y el pago de
las prestaciones sociales debe reclamar en los tres años siguientes a la terminación
del vínculo contractual.
106. En relación con el fenómeno prescriptivo, se advierte que la reclamación
administrativa para el reconocimiento de la relación laboral fue presentada por la
demandante ante la entidad accionada, el 10 de febrero de 201749, esto es, dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación del último vínculo
contractual, ocurrida el 28 de febrero de 2014. A lo anterior se suma que entre los
contratos de prestación de servicios suscritos no se presentaron interrupciones
superiores a treinta (30) días hábiles que configuraran solución de continuidad en la
prestación del servicio. En consecuencia, no operó el fenómeno de la prescripción
respecto de los derechos reclamados por la actora, razón por la cual la respuesta al
segundo problema jurídico es negativa.
107. En punto al argumento de la entidad recurrente, según el cual los aportes a
salud sufragados por la demandante tienen carácter parafiscal y destinación
48 Consejo de Estado, Sección segunda, Subsección B, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. núm. 23001-
23-000-2013-00260-01 (0088-2015)
49 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 014ED_C01_01DEMANDA, folios 62 al 65.
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específica, razón por la que su devolución resulta improcedente aun ante la
declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta, la Sala advierte que
dicho planteamiento carece de vocación de prosperidad. Lo anterior, por cuanto el
fallador de primera instancia no solo advirtió tal circunstancia, sino que
expresamente la acogió en su decisión, al advertir que no habría lugar al reembolso
de los aportes en salud sufragados por la contratista, debido a la naturaleza
parafiscal que caracteriza dichos conceptos.
108. En ese orden de ideas, la Sala concluye que a la señora Sonia Patricia Arias
Gómez le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral acreditada en el plenario, cuya liquidación deberá
efectuarse sobre el salario devengado por un auxiliar de enfermería de planta de la
entidad accionada, tal como lo determinó el fallador de primera instancia.
109. Al respecto la Corte Constitucional ha precisado que la retribución económica
reconocida a los trabajadores debe guardar correspondencia con criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo desplegado, de tal suerte que
quienes se encuentren en condiciones equiparables reciban una remuneración
igualitaria. Lo anterior, sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico admita la
aplicación de reglas diferenciadas cuando las situaciones fácticas y jurídicas objeto
de comparación resulten disímiles entre sí50.
4. Costas
110. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 51 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
50 Sentencia SU-519 de 1997.
51 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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111. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del 19 de mayo de 2023, mediante
el cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
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