Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04942-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-04942-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2017-04942-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 25000-2342-000-2017-04942-02 (6151-2022)
Demandante : Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Medio de control : Ejecutivo
Tema : Excepción de caducidad
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte ejecutada
en contra de la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por medio de la
cual, se declaró probada la excepción de caducidad formulada por la parte ejecutada y
como consecuencia de ello la terminación del proceso ejecutivo, sin imponer condena en
costas.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda2
1.1.1 Hechos
Mediante sentencia del 19 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” se condenó a la extinta Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), hoy UGPP, a reliquidar la pensión gracia
reconocida a la señora Flor Elba Peñaloza de Estupiñán, incluyendo el valor de las primas
de alimentación, de navidad y prima de habitación, devengados en el año anterior a la
1
En adelante, UGPP.
2
Expediente digital visible en la herramienta electrónica Samai.
Número Interno: 6151-2022
Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
fecha de adquisición del estatus y, con los reajustes de ley, a partir del 2 de septiembre
de 2001, por haber operado la prescripción trienal.
El 17 de abril de 2007, Flor Elba Peñaloza de Estupiñán solicitó a la Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL en Liquidación que cumpliera la orden judicial, pidiendo
expresamente la reliquidación de su pensión incluyendo todos los factores salariales. En
respuesta, CAJANAL expidió la Resolución No. 3071 del 19 de diciembre de 2008,
ajustando la pensión a $518.501 desde el 17 de julio de 1996 (fecha en que obtuvo el
estatus pensional), pero aplicando efectos fiscales solo desde el 2 de septiembre de
2001, debido a la prescripción trienal.
La apoderada de la señora Peñaloza alegó que, el pago realizado mediante la Resolución
No. PAP 46318 del 30 de marzo de 2011 fue parcial, pues no se cubrieron todas las
diferencias entre las mesadas reajustadas (con todos los factores salariales) y las
efectivamente pagadas, debiéndosele cancelar un total de $4.090.733. Además,
argumentó que, según el artículo 177 del C.C.A., las diferencias debieron indexarse hasta
la fecha de ejecutoria de la sentencia (marzo de 2007) con el IPC certificado por el DANE,
resultando en una diferencia mensual indexada de $361.654,53.
También reclamó intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, calculados en
$4.473.588,93, y sostuvo que, aún se le adeudaban $3.493.972 de lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 19 de octubre de 2006.
1.1.2 Pretensiones
La señora Flor Elba Peñaloza de Estupiñán, a través de apoderada judicial, presentó
demanda ejecutiva con miras a que se diera cabal cumplimiento a la sentencia proferida
el 19 de octubre de 2006, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”; y en consecuencia se ordenara:
«PRIMERA: Que se libre mandamiento de pago en contra de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL (UGPP) a favor de la señora ROSALINA BERNAL ROJAS (sic) por la suma de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS ($3.493.972) M/TE equivalentes a la diferencia entre lo ordenado en la sentencia
judicial del 19 de octubre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección "D" y las sumas pagadas por la entidad demandada.
SEGUNDA: Que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL (UGPP) pague a favor
2
Número Interno: 6151-2022
Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
de la señora FLOR ELBA PEÑALOZA DE ESTUPIÑAN o a quien sus derechos representen,
el valor por el cual se libre mandamiento de pago, con el correspondiente ajuste monetario o
indexación, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.
TERCERA: Que se condene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIONSOCIAL (UGPP) a cancelar las
costas del proceso, conforme lo disponga la sentencia».
1.2 Mandamiento ejecutivo de pago3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 25 de julio de 2018, libró
mandamiento de pago a favor de la señora Flor Elba Peñaloza de Estupiñán y en contra
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, por $2.509.426,53, al estimar:
«[…] de acuerdo a lo expuesto, por la parte ejecutante, en el líbelo introductorio, la
administración efectuó un pago en el mes de agosto de 2011, tan como se desprende de la
relación de pagos de FOPEP, que obra a folios 28 al 32 del expediente, por la suma de
$5.437.176,99 (valor que se obtuvo de restar al neto pagado de $7.173.876,96, la mesada
pensional del mes de agosto en cuantía de $1.736.599,97), cantidad que al ser descontada
del resultado que arrojó la anterior liquidación, genera una diferencia a pagar a favor de la
señora Flor Elba Peñaloza de Estupiñán de $2.509.426,53, valor por el cual se librará
mandamiento de pago» (negrillas y subrayado propios del texto)
Esta decisión que fue apelada por la ejecutante y remitida a esta Corporación 4 que, en
providencia del 16 de octubre de 2019, consideró que no se calcularon los intereses sobre
las diferencias pensionales posteriores a la ejecutoria del fallo, y ordenó revocar la
decisión anterior, aclarando que el retardo en el pago genera intereses sobre esas sumas,
conforme al artículo 177 del C.C.A.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante
auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, del 24 de febrero de 2020, libró
mandamiento de pago en contra de la UGPP, por la suma de tres millones seiscientos
ochenta mil ochocientos noventa y ocho pesos con cincuenta y dos centavos
($3.680.898, 52) M/CTE.
1.3 Contestación de la demanda5
Dentro del término de traslado de la demanda la UGPP contestó la demanda oponiéndose
a las pretensiones incoadas, al estimarlas carentes de fundamentos fácticos y legales.
3
Expediente digitalizado, visible en el índice 0002 de Samai.
4
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter
5
Expediente digitalizado, visible en el índice 0002 de Samai.
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Número Interno: 6151-2022
Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
En el escrito formuló las excepciones que denominó: i) Inexistencia de la obligación en
cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP; ii) Compensación; iii) Buena fe; iv)
Caducidad; v) Genérica; e vi) innominada.
1.4 Sentencia de primera instancia6
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” mediante
sentencia proferida el 24 de marzo de 2022, se pronunció frente a las excepciones
formuladas por la UGPP y, en las consideraciones del proveído, rechazó por
improcedentes las denominadas: “inexistencia de la obligación”, y “buena fe”.
En cuanto a la excepción de “compensación”, señaló que no se probó, pues de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1714 del Código Civil, ésta se puede
configurar cuando dos personas son al mismo tiempo acreedoras y deudoras.
Respecto a la caducidad de la acción, indicó que, tanto en el Código Contencioso
Administrativo como en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se prevé que, para el caso de la ejecución con títulos originarios de
providencias judiciales proferidas por esta jurisdicción, el término para demandar es de 5
años contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida en dichos títulos. Por
lo que para la ejecución de sentencias en las que se condene a una entidad pública al
pago de dineros, el término es el previsto en el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), que prevé 18 meses después de su firmeza.
Así las cosas, señaló que, la sentencia aportada como título ejecutivo fue proferida el 19
de octubre de 2006 y quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2007, por lo que los 18 meses
aludidos anteriormente, se cumplieron el 1 de octubre de 2008. Por ende, a partir de esta
última fecha, la demandante contaba con 5 años para presentar la demanda ejecutiva,
es decir, hasta el primero de octubre de 2013, empero, señala que fue presentada el 9
de octubre de 2017.
Agregó que, atendiendo al proceso de liquidación de le extinta CAJANAL, circunstancia
que aconteció entre el 12 de junio de 2009 al 12 de junio de 2013, el término para
6
Expediente físico, folios 276-292
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Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
contabilizar la caducidad se suspendió por ese mismo periodo, por lo que concluyó:
«Por lo tanto, si se tiene en cuenta, las fechas antes señaladas (12 de junio de 2009 y 12 de
junio de 2013), obviando los 18 meses del artículo 177 del C.C.A., y sólo calculando los 5
años de caducidad, así como, la fecha de ejecutoria de la sentencia treinta (30) de marzo de
dos mil siete (2007), entre esta última y el 12 de junio de 2009 sólo habían transcurrido 8
meses y 13 días, lo cual le permitía a la ejecutante la posibilidad de presentar la demanda
ejecutiva dentro de los 4 años 3 meses y 17 días, a partir del 12 de junio de 2013, esto es,
hasta el 01 de octubre de 2017. Entonces, teniendo en cuenta que la demanda fue radicada
el 09 de octubre de 2017, es acertado el argumento de la entidad demandada al señalar que
se encuentra demostrada la caducidad de la acción en el presente asunto.»
Finalmente, consideró que, al no decretarse medidas cautelares, no hay lugar a imponer
condena en costas a la parte ejecutante por no encontrarse causadas.
1.5 Recurso de apelación
La apoderada de la parte ejecutante formuló recurso de alzada, en el cual indicó estar de
acuerdo con las fechas señaladas por el tribunal, toda vez que, la sentencia que funge
como título ejecutivo, quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2007, por lo que su
exigibilidad es a partir del 1° de octubre de 2008, como refirió el a quo. Así mismo,
concuerda con la interrupción del término que se presentó con ocasión al proceso de
liquidación de CAJANAL, entre el 12 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013, por lo que
el cómputo de caducidad se fenecía el 1° de octubre de 2017.
Sin embargo, reprocha lo relativo a la fecha presentación de la demanda, indicando así:
«No obstante, yerra el Tribunal al afirmar que, dentro del presente proceso operó la caducidad
pues señala que la demanda fue radicada el 9 de octubre de 2017, de acuerdo a lo registrado
en el sistema Siglo XXI, la anterior afirmación resulta ser errada, toda vez que la demanda
fue radicada el 28 de septiembre de 2017, tal y como consta en el sello del radicado que
adjunto para su conocimiento y validación.
Por lo tanto, al haberse presentado la demanda el 28 de septiembre de 2017 y de conformidad
a las apreciaciones realizadas por el ad-quo, resulta evidente que para la fecha en que se
presentó la demanda se encontraba dentro del término previsto para ejercer la acción y por
ende, aún no había operado la caducidad.»
1.6 Trámite de segunda instancia
El recurso de apelación fue admitido mediante auto 29 de abril de 20247, de acuerdo con
lo establecido en el numeral 3 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo
7
Índice 00011 de Samai.
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Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)8; corriéndose traslado de pruebas allegadas
por la entidad ejecutada. No se corrió traslado para alegar.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA, en concordancia con lo previsto en el
artículo 15 del reglamento de esta Corporación9.
2.2 Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes expuestos, el problema jurídico se contrae a
determinar si le asiste razón jurídica o no al a quo al haber declarado la caducidad de la
acción ejecutiva presentada por la señora Flor Elba Peñaloza de Estupiñán y, como
consecuencia de ello, la terminación del proceso.
2.3 Marco jurídico
2.3.1 Generalidades del proceso ejecutivo
El proceso ejecutivo busca “asegurar que el titular de una relación jurídica que crea
obligaciones pueda obtener, por medio de la intervención estatal, el cumplimiento de
ellas, compeliendo al deudor a ejecutar la prestación a su cargo, si ello es posible, o si
no, conduciéndolo a que indemnice los perjuicios patrimoniales que su inobservancia
ocasionó”10.
El instrumento que sirve como base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina
título ejecutivo, que se define como el “documento que representa una declaración de la
voluntad del juez o de las partes, es aquél que trae aparejada la ejecución, o sea, en
virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor
8 Cabe anotar que, mediante auto de unificación del 12 de septiembre de 2023, M.P. Oswaldo Giraldo López, Exp. 11001 0315 000
2023 00857 00, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo estableció la siguiente regla de unificación: “El régimen aplicable para
la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 2080 de 2021 contra una sentencia proferida en
un proceso ejecutivo es el previsto en el artículo 247 del CPACA.”.
9
Contenido en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
10
López Blanco, Hernán Fabio. (2004). Procedimiento Civil. Parte Especial. Bogotá: DUPRÉ Editores. Citado en el auto del 26 de
febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-01(19250)
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moroso, a fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y costos”11.
Pues bien, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece que constituyen título ejecutivo: 1) las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante
las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias; 2) las
decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución
de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de
dinero en forma clara, expresa y exigible; 3) sin perjuicio de la prerrogativa del cobro
coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito
ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto
administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del
contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que
consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en
tales actuaciones; y 4) las copias auténticas de los actos administrativos con constancia
de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de
una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa,
debiendo la autoridad que expida el acto administrativo hacer constar que la copia
auténtica corresponde al primer ejemplar.
A su vez, el artículo 422 del Código General del Proceso12 establece que: “pueden
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial,
o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]”
De esta norma se desprenden, por un lado, las características de la obligación, esto es
que sea clara, expresa y exigible, por otro, que debe estar consignada en un documento
y, finalmente, que además de los documentos que provengan del deudor o causante, las
sentencias de condena o cualquier otra providencia judicial con fuerza ejecutiva son
títulos ejecutivos.
En cuanto a los atributos del título ejecutivo tenemos que, la obligación es expresa si se
11
Carnelutti, Francesco. (1942). Instituciones del nuevo procedimiento civil italiano. Barcelona: Editorial Bosch. Citado en el auto del
26 de febrero de 2014, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Radicación número: 25000-23-27-000-2011-00178-
01(19250)
12
Aplicable en estos asuntos conforme lo dispuesto en el artículo 306 del CPACA
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encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una
interpretación normativa. Es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente
señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación. Y, es
exigible cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando
dependiendo de ellos ya se han cumplido13.
Estos requisitos sustanciales, han sido abordados por la jurisprudencia de esta
Corporación14 y reiterados recientemente15 de la siguiente manera:
«La doctrina ha precisado que el requisito de ser expresa la obligación puede entenderse
mejor si se analiza etimológicamente el concepto, es así como de conformidad con el
diccionario de la Real Academia Española, la palabra expresar significa “manifestar con
palabras lo que uno quiere dar a entender” y expreso “lo que es claro, patente, especificado”,
conceptos que si se aplican al título ejecutivo, debe entenderse como expreso que “se
manifieste con palabras, quedando constancia, usualmente documental escrita y en forma
inequívoca de una obligación” y explica que “de ahí que las obligaciones implícitas y las
presuntas, salvo que la ley disponga lo contrario, no son demandables por vía ejecutiva” 16.»
La obligación es clara cuando, además de expresa, aparece determinada en el título, de modo
que sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido y será exigible cuando puede
demandarse su cumplimiento, por no estar pendiente el agotamiento de un plazo o de
condición. Dicho de otro modo, la exigibilidad de la obligación se manifiesta en que debía
cumplirse dentro de cierto término ya vencido o cuando ocurriera una condición ya acontecida
o para la cual no se señaló término, pero cuyo cumplimiento sólo podía hacerse dentro de
cierto tiempo que ya transcurrió.» [se subraya]
También se ha dicho, que los títulos ejecutivos pueden ser simples o complejos, serán
simples cuando la obligación se encuentra vertida en un único documento y complejos si
se requieren varios documentos para que surja la obligación clara expresa y exigible 17.
Es importante destacar que, existen diversos debates en torno a la naturaleza del título
ejecutivo cuando se trata de condenas impuestas al Estado mediante sentencia judicial
o conciliación. La discusión gira en torno a si dicho título debe considerarse simple o
complejo. De una parte, se ha sostenido que el título no se agota en la sentencia, sino
que también lo integran el acto administrativo de cumplimiento e, incluso, la liquidación
efectuada por la entidad deudora en caso de incumplimiento parcial de la obligación. De
otra parte, se plantea que la obligación ejecutable se encuentra contenida únicamente en
la sentencia, sin necesidad de documentos adicionales.
13
Velásquez G., Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.
14
Sección Tercera, Subsección A, auto del 31 de agosto de 2021, radicación 17001-23-33-000-2019- 00516-01(66262).
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 30 de mayo de
2024. Cp. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, “Código General del Proceso – Parte Especial”, Dupré Editores, Tomo II, Bogotá, 2017, págs.
507 y 508.
17
Ibidem.
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En ese contexto, una vez se allegan los documentos correspondientes y antes de dar
inicio al proceso ejecutivo, corresponde al juez verificar en cada caso si el título ejecutivo
es simple o complejo, y si aquel cumple con los requisitos legales, esto es, contiene una
obligación clara, expresa y exigible a cargo del demandado.
2.3.2. La caducidad para iniciar procesos ejecutivos contra la extinta Caja Nacional
de Previsión Social - CAJANAL
El Decreto 2196 de 2009 «Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal,
EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones.»,
dispuso lo siguiente:
«Artículo 1°. Supresión y liquidación. Suprímase la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, EICE, creada por la Ley 6ª de 1945 y transformada en empresa industrial y comercial
del Estado, descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, mediante la Ley 490 de
1998, vinculada al Ministerio de la Protección Social. Para todos los efectos utilizará la
denominación “Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación”.
En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, dicha entidad entrará en proceso
de liquidación, el cual deberá concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años, que podrá
ser prorrogado por el Gobierno Nacional, mediante acto administrativo debidamente
motivado.
Artículo 2°. Régimen de liquidación. Por tratarse de una Empresa Industrial y Comercial del
Estado del sector descentralizado del orden nacional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 52 de la Ley 489 de 1998, la liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social,
Cajanal, EICE, se someterá a las disposiciones del Decreto ley 254 de 2000 18 y a la Ley 1105
de 200619 y las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten y a las especiales del
presente decreto»20.
De otra parte, la Ley 510 de 1999, modificó el artículo 116 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, precisando que la toma de posesión trae consigo «La interrupción
de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de
la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión.»
18
«Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional»
19
«Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones». ARTÍCULO 1º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a las
entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución. La
liquidación de las Sociedades Públicas, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%)
o más de su capital social y las Empresas Sociales del Estado, se sujetarán a esta ley.
Los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo
desarrollan.
Aquellas que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, una vez decretada su
supresión o disolución realizarán su liquidación con sujeción a dichas normas.
PARÁGRAFO 1º. Las entidades territoriales y sus descentralizadas, cuando decidan suprimir o disolver y liquidar una entidad pública
de dicho nivel, se regirán por las disposiciones de esta ley, adaptando su procedimiento a la organización y condiciones de cada una
de ellas, de ser necesario, en el acto que ordene la liquidación.
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Demandada: UGPP
Por consiguiente, el proceso liquidatario de Cajanal implica la imposibilidad de iniciar o
continuar procesos ejecutivos contra la misma, además, la suspensión de los términos
para que los acreedores iniciarán estas acciones. Así lo ha entendido la Sala
pacíficamente.
En efecto, la Subsección B de esta Sección, mediante providencia del 12 de septiembre
de 202221 puntualizó:
«[…] fue hasta el 30 de junio de 2016 que esta subsección 22 analizó in extenso esta
problemática y concluyó que con ocasión de la liquidación de Cajanal EICE se presentaron
varias situaciones que dificultaron la exigencia de las condenas judiciales, por lo cual expuso
que resultaba imperativo que los jueces de lo contencioso administrativo se abstuvieran de
adoptar decisiones contrarias a los derechos de los beneficiarios de esas órdenes, bajo el
argumento de que los créditos no formaban parte de la masa liquidataria y, en esa medida, no
habría lugar a la suspensión de la caducidad.
Para soportar la anterior posición se precisó que no era viable generar una afectación a los
favorecidos con un fallo judicial, debido a la desorganización de la administración y la ausencia
de reglas inequívocas sobre la forma de exigir la efectividad de la condena. En esa línea de
ideas, en la providencia en mención se crearon subreglas para determinar cómo operaba la
suspensión de la caducidad en cada caso concreto, estas son:
[…] la caducidad del medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició
el periodo liquidatario de CJANAL EICE y se reactivará:
a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a
la UGPP DE ACUERDO CON EL DECRETO 4269 DE 2011 o,
b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a
CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de
2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende
la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.»
En igual sentido esta Subsección mediante providencia de 19 de enero de 2023 23,
expuso:
«[…] Por último, conviene precisar, además, que hubo una interrupción de dicho plazo con
ocasión del procedimiento de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social y esta Sala
reitera la interpretación pacífica de la sección segunda del Consejo de Estado, consistente en
que ese término de caducidad de las obligaciones a cargo de aquella quedó suspendido
durante el mencionado trámite, comprendido entre el 12 de junio de 2009 (fecha en que se
ordenó la supresión y liquidación de Cajanal) y el 11 de junio de 2013 (día en que concluyó
definitivamente el procedimiento liquidatorio); por tanto, en aplicación del período de
interrupción, los réditos impuestos serían exigibles ante su sucesora procesal, la UGPP, a
partir del 12 de junio de 2013 y hasta el 12 de junio de 2018, lo que descarta también la
caducidad de la acción. […]»
Siendo así, el juez debe determinar cuándo se presentó la petición de cumplimiento,
esto es, si fue antes o después del 8 de noviembre de 2011. Fecha en que se
distribuyeron las competencias entre CAJANAL EICE en liquidación y la UGPP,
mediante Decreto 4269 de 2011.
21
Expediente 25000-23-42-000-2016-06114-01 (6191-2018) MP. Dr. William Hernández Gómez.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Auto del 3 de septiembre de 2014. Radicado 2013-06253-01 (3036-25).
23
Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022) MP. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Número Interno: 6151-2022
Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
2.4. Caso concreto
Pues bien, el proceso de ejecución busca el cumplimiento de una orden judicial, en el
caso que la autoridad no acate esta orden; para esto, debe contener una obligación clara,
expresa y exigible. El Código Contencioso Administrativo 24 estableció que, constituye
título ejecutivo las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condena a una entidad pública al
pago de sumas dinerarias.
Como se vio, la caducidad es el fenómeno que extingue la oportunidad de quien pretende
controvertir la existencia de un derecho en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo
para interponer una acción u otro mecanismo previsto en la ley, como una sanción
regulatoria del ejercicio del derecho sustancial. En el caso del proceso ejecutivo, para
exigir la ejecución de título derivado de una sentencia dictada por la jurisdicción
contencioso administrativo, el artículo 136, numeral 11 del CCA previó un plazo de 5 años
contados a partir del momento en que se haga exigible la obligación.
A su turno, el artículo 177 ejusdem preveía:
«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades publicas
<Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio
del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Cuando se condene a la
Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para
ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.
El agente del ministerio público deberá tener una lista actual de tales sentencias, y dirigirse a
los funcionarios competentes cuando preparen proyectos de presupuestos básicos o los
adicionales, para exigirles que incluyan partidas que permitan cumplir en forma completa las
condenas, todo conforme a las normas de la ley orgánica del presupuesto.
El Congreso, las Asambleas, los Concejos, el Contralor General de la República, los
Contralores Departamentales, Municipales y Distritales, el Consejo de Estado y los tribunales
contencioso administrativos y las demás autoridades del caso deberán abstenerse de aprobar
o ejecutar presupuestos en los que no se hayan incluido partidas o apropiaciones suficientes
para atender al pago de todas las condenas que haya relacionado el Ministerio Público.
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos
públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el
24
«Artículo 68. Definición de las obligaciones a favor del estado que prestan merito ejecutivo
<Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta
esta fecha es el siguiente:> Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara,
expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:
1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público
de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.
2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, de una entidad
territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. […]»
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Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18)
meses después de su ejecutoria.
Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales y
moratorias.
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una
condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma».
Por consiguiente, el término de caducidad de la acción ejecutiva, era de 5 años, contados
a partir del momento en el que se hace exigible la obligación, esto es 18 meses después
de la ejecutoria de la sentencia que impone la condena.
Conviene precisar que, la sentencia base de recaudo ejecutivo fue proferida el 17 de
agosto de 2006, por tanto, la obligación que de ella emana puede ser cobrada de acuerdo
con la norma procesal con la que fue concebida. Para esa fecha se encontraba vigente
el Código de Procedimiento Civil25 y la providencia fue dictada bajo los lineamientos del
Código Contencioso Administrativo- CCA.26.
Así las cosas, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 177 del CCA, las condenas
impuestas a las entidades públicas serían ejecutables una vez transcurridos 18 meses
después de su ejecutoria.
Se advierte que, la actora pretende la ejecución de la sentencia del 19 de octubre de
200627, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se dispuso
la reliquidación de su pensión gracia, con la inclusión de los valores correspondientes a
las primas de alimentación, de navidad y prima de habitación, devengados en el año
anterior a la fecha de adquisición del status.
La interesada reclamó el cumplimiento de la decisión ante la entidad en liquidación antes
del vencimiento de los 18 meses, esto es, el 17 de abril de 200728; como consecuencia,
la demandada expidió la Resolución No. 3071 del 19 de diciembre de 2008, ajustando la
pensión en cuantía de $518.501, efectiva a partir del 17 de julio de 1996, pero con efectos
fiscales desde el 2 de septiembre de 2001, por aplicación de la prescripción.
25
Para la justicia contencioso administrativa el Código General del proceso empezó a regir a partir del 1 de enero de 2014.
26
Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, a partir del 2 de julio de 2012.
27
Eejecutoriada el 30 de marzo de 2007, como se advierte en el expediente digital visible en la herramienta electrónica Samai, índice
00002, archivo denominado “01Anexos”
28
Expediente digital visible en la herramienta electrónica Samai, índice 00002, archivo denominado “01Anexos”, pág. 31.
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Este acto administrativo fue adicionado y modificado por la Resolución No. PAP 32388
del 30 de diciembre de 2010, en el sentido de reconocer el pago de las diferencias entre
las mesadas reliquidadas y las pagadas.
Posteriormente, CAJANAL expidió la Resolución No. PAP 46318 del 30 de marzo de
2011, a fin de modificar la Resolución No. 3071 del 19 de diciembre de 2008, para incluir
el sobresueldo del 50% congelado para el año 1995, en la liquidación de la cuantía
pensional de la actora, lo que elevó la mesada pensional a la suma de $582.803, a partir
del 17 de julio de 1996, con efectos fiscales desde el 2 de septiembre de 2001, por
prescripción trienal.
La interesada presentó demanda ejecutiva, relacionando unos pagos parciales
efectuados por la entidad demandada, por lo que, solicitó el reconocimiento de las
diferencias adeudadas y de los intereses moratorios.
A su turno, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, libró el mandamiento de pago
mediante auto del 25 de julio de 2018, en cuantía de $2.509.426,53, decisión que fue
apelada por la ejecutante y remitida a esta Corporación que, en providencia del 16 de
octubre de 2019, revocó la decisión del a quo, al estimar que no se calcularon los
intereses sobre las diferencias pensionales posteriores a la ejecutoria del fallo y que
hacían parte de la condena.
En cumplimiento a lo ordenado por el superior, el tribunal libró mandamiento de pago por
la suma de $3.680.898,52.
Mediante escrito del 2 de julio de 2020, la entidad ejecutada propuso las excepciones que
denominó: inexistencia de la obligación, compensación, buena fe, caducidad y la genérica
e innominada.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 442 del Código General del Proceso, el
tribunal indicó que las excepciones denominadas inexistencia de la obligación y buena
fe, son improcedentes. En cuanto a la compensación, señaló que no se probó, pues, el
art. 1714 del Código Civil indica que esta, como modo de extinguir la obligación, se puede
configurar cuando dos personas son al mismo tiempo acreedoras y deudoras del otro.
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Para referirse de la excepción de caducidad, expuso que, la sentencia aportada como
título ejecutivo fue proferida el 19 de octubre de 2006 y quedó ejecutoriada el 30 de marzo
de 2007, como se desprende de la documentación aportada con los anexos de la
demanda. Por lo tanto, los 18 meses con que contaba la interesada para presentar la
demanda ejecutiva se cumplieron el primero (1º) de octubre de 2008, fecha a partir de la
cual la parte demandante disponía de un término de cinco (5) años para interponer
oportunamente la solicitud de ejecución, es decir, hasta el primero (1º) de octubre de
2013. Sin embargo, con ocasión al proceso liquidatorio de CAJANAL, el cómputo de la
caducidad se suspendió ente el 12 de junio de 2009 y el 12 de junio de 2013.
Así las cosas, al haber presentado la solicitud de cumplimiento de la sentencia, el 17 de
abril de 2007, es decir, antes del 8 de noviembre de 2011, cuando aún recaía en
CAJANAL la competencia para expedir los actos administrativos que dieran cumplimiento
a las órdenes judiciales, implica que el término de caducidad se suspendió por los cuatro
años que duró la liquidación de la entidad.
Bajo ese entendido, arguyó que, para el 12 de junio de 2009, cuando se suspendieron
los términos con ocasión a la liquidación de la entidad CAJANAL, habían transcurrido tan
solo 8 meses y 13 días desde el vencimiento del plazo de 18 meses que trata el artículo
177 del C.C.A., por tanto, al reanudarse el conteo a partir del 12 de junio de 2013, la
señora Peñaloza de Estupiñán contaba aun con 4 años, 3 meses y 17 días para acudir a
la jurisdicción, esto es, hasta el 1 de octubre de 2017. No obstante, aduce el tribunal de
primera instancia, que esto sucedió el 9 de octubre de 2017, habiendo operado así la
caducidad.
A estas alturas del análisis, resulta necesario para la Sala, destacar que, en el recurso
de alzada, la parte ejecutante indica que está de acuerdo con el cálculo del tiempo y las
fechas señaladas por el tribunal, pese a ello, su objeción radica en la fecha de
presentación de la demanda; toda vez que, aduce que fue el 28 de septiembre de 2017
y no el 9 de octubre de 2017, como señaló aquel.
Para soportar su afirmación, allegó con el recurso de alzada una copia digitalizada de la
supuesta fecha de presentación de la acción, ante la Subsección D del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en efecto, data del 28 de septiembre como se
muestra a continuación:
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Lo anterior, guarda relevancia y credibilidad ya que, al revisar la herramienta electrónica
SAMAI de otros despachos y/o corporaciones e incluso, el de esta instancia judicial, arroja
que, si bien el registro (o radicación) en el sistema se efectuó el 9 de octubre de 2017, la
fecha de presentación de la demanda ejecutiva data del 28 de septiembre de 2017, lo
que soporta la manifestación de la parte activa, así:
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Demandada: UGPP
Dicha fecha de radicación es la que fija el inicio del cómputo de los términos legales
aplicables para la interposición oportuna de la demanda, y no la fecha en que el
expediente es ingresado en el sistema y subsiguientemente asignado al despacho
sustanciador.
El acto de reparto ante el despacho sustanciador se sucede con posterioridad a la
radicación y consiste en la asignación del expediente a un magistrado o sección
específica para su trámite. Aunque este acto es esencial para la sustanciación del
proceso, no altera ni afecta la fecha de presentación de la demanda, la cual, es la que se
considera para evaluar la caducidad o prescripción de la acción.
Por ende, desde una perspectiva jurídica, la fecha de presentación de la demanda
constituye el punto de partida para el cómputo de los términos procesales y debe
distinguirse claramente de la fecha de reparto al despacho sustanciador, que es posterior
y forma parte del trámite interno del órgano jurisdiccional.
De acuerdo con lo anterior, la Sala colige que, contrario a lo establecido por el a quo, en
el presente caso, la presentación de la acción ejecutiva resultó oportuna, toda vez que,
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la fecha determinante para efectos procesales, es la de la radicación de la demanda ante
la oficina judicial competente, esto es, la dependencia legalmente facultada para recibirla
y proceder a su asignación o reparto al despacho sustanciador, quedando demostrado
que en el presente asunto, el medio de control se formuló el 28 de septiembre de 2017 y
no el 9 de octubre de esa misma anualidad, como equivocadamente se indicó en la
sentencia apelada.
Por lo anterior, la Sala revocará la decisión apelada para que, en su lugar, el a quo provea
sobre el trámite subsiguiente que no es otro que el de seguir adelante la ejecución.
La Sala llama la atención del a quo en el sentido que, la revocatoria de la sentencia que
declaró probada la excepción de caducidad y la terminación del proceso, no implica la
desatención de las consideraciones en ella contenidas, respecto de las demás
excepciones formuladas por la entidad ejecutada.
2.5 Condena en costas
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 201129, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o no de
la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte
vencida, tener certeza de su causación y que la conducta desplegada adolece de
temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrán en esta
sede.
Con fundamento en lo anterior, se
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
29
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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Demandante: Flor Elba Peñaloza de Estupiñán
Demandada: UGPP
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, que declaró
probada la excepción de caducidad de la acción ejecutiva y la terminación del proceso,
de conformidad a las razones expuestas en la parte considerativa.
En consecuencia, se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” por el libelista el 28 de septiembre de
2017, se radicó oportunamente.
TERCERO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, en los términos del
mandamiento de pago.
Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, para lo de su cargo, previas las anotaciones a las que haya lugar.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de decisión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
18
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