Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00445-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-00445-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Trámite : Ejecutivo
Expediente : 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
Ejecutante : Fidia Esther Fritz Castillo
Ejecutado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema : Obligación emanada de sentencia judicial que reliquidó
pensión de jubilación; término de caducidad de la acción
ejecutiva
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandada
contra la sentencia de 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A), que declaró
«no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada» y ordenó seguir
adelante con la ejecución.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda (ff. 67 a 75). La señora Fidia Esther Fritz Castillo, por
conducto de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar demanda ejecutiva, conforme a los artículos 297 a 299
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se libre mandamiento de pago por la suma de
«TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 31/100 ($340.613.579.31),
por concepto de intereses moratorios ordenados por la resolución No. UGM
013784 del 14 de octubre de 2.011 […] expedida por la UGPP-CAJANAL»
(sic); lo anterior junto con el ajuste de lo adeudado y la condena en costas
procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la ejecutante que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante sentencia de 17 de mayo de 2007, ordenó a la
entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) reajustar la pensión de
jubilación de la actora con el 75% de los factores salariales devengados durante
Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
el último semestre de servicios. La anterior decisión fue confirmada
parcialmente y adicionada por la subsección B de la sección segunda del
Consejo de Estado con fallo de 6 de mayo de 2010, en el sentido de incluir otros
emolumentos.
Dice que la liquidada Cajanal, a través de Resolución UGM 13784 de 14 de
octubre de 2011, liquidó la prestación en cumplimiento de las referidas
providencias, «quedando por fuera los intereses moratorios que eran de
$340.613.579.31»; y en enero de 2012, por medio del Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional (Fopep), le sufragó, previos descuentos de ley, la
suma de $980.994.692.22, como pago de la aludida condena judicial.
Que el 30 de mayo de 2013 solicitó de Cajanal el «pago de los intereses
moratorios de conformidad con el Art. 6º de la [precitada] resolución […]».
1.4 Mandamiento de pago (ff. 158 a 165). Mediante proveído de 20 de marzo
de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda,
subsección A) libró mandamiento ejecutivo contra la entidad demandada por
concepto de intereses moratorios del artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), por la suma de $340.613.579,31 entre el 5 de junio de
2010 y el 24 de enero de 2012; asimismo, por la indexación «de los
TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 31/100 ($340.613.579.31)
m/cte., para el período comprendido entre el 25 de enero de 2012 (día siguiente
al de inclusión en nómina del pago del capital adeudado) y hasta la fecha del
pago efectivo de las sumas aquí determinadas».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 221 a 227). La parte ejecutada se opuso a
las pretensiones del libelo introductorio y propuso las excepciones denominadas
falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de cumplimiento de las
formalidades y del agotamiento de los procedimientos administrativos
liquidatorios, indebida forma de liquidación, improcedencia de la indexación y
caducidad.
Como argumentos de defensa, expuso que «[…] el título por el cual se pretende
el recaudo de los intereses moratorios no es ejecutable por haberse dejado
agotar el tiempo que la ley otorga para que el interesado se presente a
reclamar, es decir que se ha presentado el fenómeno de la caducidad».
2
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Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
1.6 Providencia apelada (ff. 270 a 277). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (sección segunda, subsección A), en sentencia de 10 de junio de
2021, declaró «no probadas las excepciones propuestas por la ejecutada»,
ordenó seguir adelante con la ejecución y la liquidación del crédito, y se abstuvo
de condenar en costas a la accionada, al considerar que «[…] aun cuando en el
mandamiento de pago se dispuso indexar los intereses causados entre el 25 de
enero de 2012 (día siguiente al de inclusión en nómina del pago del capital
adeudado) y hasta la fecha de pago efectivo de las sumas aquí determinadas,
por dicha indexación no se seguirá la ejecución dado que aun cuando la
postura de la Magistrada Ponente fue en anteriores oportunidades la de señalar
que los intereses de mora reclamados judicialmente deben ser indexados desde
la fecha en que cesaron y hasta que se efectúe su pago, la Sala Mayoritaria ha
acogido la postura expresada por el Consejo de Estado en sentencia de 16 de
agosto de 2018 […]. Así las cosas, como en el presente asunto el proceso
ejecutivo versa sobre el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el
pago tardío de una sentencia judicial, los cuales se liquidan a la luz del artículo
177 del C.C.A., es decir 1.5 veces el interés bancario corriente; se entiende
suficientemente compensada la pérdida del poder adquisitivo del dinero
pagado tardíamente por la ejecutada en enero de 2012, pues para dicha fecha
la mora cesó».
Afirma que «[…] los intereses debidos fueron liquidados por la UGPP al
momento de dar cumplimiento parcial a las sentencias presentadas al cobro y
se encuentra demostrado que no fueron pagados a la ejecutante,
argumentándose por la UGPP como razón de ello, que correspondían a
CAJANAL y que la accionante debió cobrarlos en el proceso liquidatorio de
dicha entidad, es decir nunca se refutó la existencia de la obligación sino la
titularidad del pago, que fue esclarecida en el auto que resolvió las excepciones
previas» (sic).
1.7 Recurso de apelación (ff. 280 a 283). La demandada interpuso recurso de
apelación, en el que sostiene que «[…] la UGPP no es pagadora de pensiones,
el pago de las mesadas liquidadas […] se realiza con cargo a los recursos
parafiscales del SISTEMA GENERAL DE PENSIONES que son administrados
por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP […]» (sic).
Por otra parte, estima que «de conformidad con lo previsto en el artículo 177
del C.C.A., la sentencia se hizo exigible el 04 de diciembre de 2011, es decir 18
meses después de la ejecutoria, y la demanda ejecutiva fue radicada ante el
Tribunal Administrativo el 22 de febrero de 2018. Con fundamento en lo
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anterior, se puede concluir que entre la fecha de exigibilidad de la obligación
[…] y la presentación de la demanda […] transcurrieron más de 5 años, […]
lo cual es fundamento más que evidente para negar desde un principio el
mandamiento de pago por caducidad de la acción, puesto que la demandante
tenía hasta el 04 de diciembre de 2016 para presentar la demanda» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido con providencia de 13 de
septiembre de 2021 (f. 285) y admitido por esta Corporación a través de auto de
26 de julio de 2022 (f. 291), en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo
2471 del CPACA, y durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem
la demandante presentó alegatos de conclusión2, para reiterar sus argumentos
de demanda.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De conformidad con el recurso de apelación3,
corresponde a la Sala (i) determinar si el término para reclamar los intereses
moratorios por el pago tardío de la condena impuesta en sentencia de 17 de
mayo de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(sección segunda, subsección A), confirmada parcialmente y adicionada con
fallo de 6 de mayo de 2010 de la subsección B de la sección segunda del Consejo
de Estado, se halla vencido al haber operado el fenómeno de la caducidad de la
acción; y de no haber ocurrido lo anterior, (ii) establecer si dichos intereses
deben estar a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4
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Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
a) Copia de las sentencias de 17 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A); y de
segunda instancia de 6 de mayo de 2010, dictada por la sección segunda,
subsección B, de esta Corporación (ff. 7 a 16 y 17 a 35).
b) Constancia de ejecutoria de 21 de julio de 2016, expedida por el oficial mayor
de la sección segunda del Consejo de Estado, en la que se afirma que las
mencionadas providencias quedaron ejecutoriadas el 4 de junio de 2010 (f. 36).
c) Resolución UGM 13784 de 14 de octubre de 2011, por la cual la extinguida
Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) en Liquidación resolvió dar
cumplimiento a los referidos fallos judiciales, reliquidó la pensión reconocida a
la demandante y elevó la cuantía a partir del 17 de diciembre de 1996; además,
en el artículo sexto dispuso: «El área de nómina realizará las operaciones
pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto administrativo,
respecto a los artículos, 177 del CCA, precisando que éste pago estará a cargo
de CAJANAL E.IC.E. – EN LIQUIDACI[Ó]N, y 178 del CCA pago que estará
a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional» (sic para toda la
cita); asimismo, señala que «[…] en escrito de fecha 30 de Agosto de 2010, la
peticionaria solicitó el cumplimiento al fallo [d]e segunda instancia proferido
por el CONSEJO DE ESTADO […] en sentencia del 6 de Mayo de 2010» (sic)
[ff. 40 a 46].
d) Memoriales de 12 de abril y 20 de junio, ambos de 2013, mediante los cuales
la actora pidió de la accionada «la devolución de las PRIMERAS COPIAS que
son las QUE PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO de las sentencias de fecha 17
de mayo de 2007 […] y 6 de mayo de 2010 […]» (sic) [ff. 60 y 61].
e) Oficio 2013510018846631 de 12 de julio de 2013, por cuyo conducto la
UGPP dio respuesta a la petición anterior, en el sentido de negarla, porque
«hace parte integral del expediente pensional y fue determinante para proferir
Acto Administrativo a través del cual la administración resuelve la obligación
pensional y/o la prestación económica solicitada» (sic) [f. 62 y veulto].
f) Escrito de 24 de agosto de 2016, por medio del cual la demandante solicitó
de la UGPP «PRIMERA COPIA QUE PRESTE MÉRITO EJECUTIVO
CON SU RESPECTIVA CONSTANCIA DE EJECUTORIA, de la
RESOLUCIÓN No. UGM 013784 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2.011 [y]
Copia auténtica de la liquidación detallada correspondiente a lo ordenado por
la [precitada] resolución» (sic) [f. 17].
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Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
g) Copia de las reclamaciones efectuadas por la actora, ante la UGPP el 8 de
noviembre de 2012 y 30 de mayo de 2013, en las que solicita la «liquidación
detallada o aclaración de pagos, pagos de mesadas adeudadas» y la
cancelación de los intereses moratorios del artículo 177 del CCA (ff. 50 y 59).
h) Oficio 201225021540631 de 27 de noviembre de 2012, a través del cual la
UGPP, con ocasión de la solicitud anterior, informa que «[…] el pago según la
mencionada Resolución [UGM 13784 de 14 de octubre de 2011] fue reportado
en la nómina del mes de enero de 2012, con retroactivo e indexación, por el
periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 1996 y el 31 de diciembre de
2011, junto con el pago de las correspondientes diferencias de las mesadas
adicionales. En relación con los intereses de que trata el Art. 177 del C.C.A.,
es preciso aclarar que su pago se encuentra a cargo de Cajanal E.I.C.E. en
Liquidación […]» (sic) [f. 51].
De las pruebas enunciadas se desprende que (i) las sentencias que se pretenden
ejecutar en este proceso quedaron ejecutoriadas el 4 de junio de 2010 (en las
que se dispuso un reajuste pensional y el pago de las respectivas diferencias en
las mesadas de la demandante), (ii) la accionante pidió dentro del plazo de 6
meses su cumplimiento y (iii) la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)
atendió la condena judicial impuesta, por medio de Resolución UGM 13784 de
14 de octubre de 2011.
3.3.1 Sea lo primero indicar que el proceso ejecutivo es el mecanismo judicial
encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa
y exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. En esta
jurisdicción, en el caso de los procesos escritos, el artículo 68 del CCA establece
que constituyen título ejecutivo, entre otros documentos, las sentencias
debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de
sumas dinerarias4. El cumplimiento de la obligación contenida en la sentencia,
deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho, pues este
ya ha sido constituido en la decisión judicial.
4
«ARTICULO 68. DEFINICION DE LAS OBLIGACIONES A FAVOR DEL ESTADO QUE PRESTAN MERITO
EJECUTIVO. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del
año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva,
siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible los siguientes documentos:
[…] 2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional,
de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma
líquida de dinero».
6
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El fenómeno de la caducidad se creó como una sanción que limita el ejercicio
del derecho sustancial en razón a la no presentación de los medios de control en
el plazo que la ley determine para ello. Según la jurisprudencia de esta
Corporación, «busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente,
impidiendo el surgimiento del proceso […]»5, en aplicación del principio de la
seguridad jurídica bajo los criterios de racionalidad y suficiencia temporal6.
Respecto de la formulación oportuna del proceso ejecutivo, cuando se pretenda
la ejecución de títulos derivados de decisiones judiciales dictadas por esta
jurisdicción, el legislador fijó un plazo de 5 años contados a partir del momento
en que se haga exigible la obligación. Dicho término fue previsto en el numeral
11 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo7.
3.3.2 La demandante interpuso acción ejecutiva para lograr los intereses
moratorios generados por pago tardío de la condena impuesta a la entonces Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), por medio de sentencia de 17 de mayo
de 2007, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección
segunda, subsección A), dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 2005- 2771, en la que se ordenó reliquidar la pensión de la actora, «[…]
en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual devengado durante el
último semestre laborado […]», con los parámetros de los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo (CCA); decisión confirmada
parcialmente y adicionada por el Consejo de Estado (sección segunda,
subsección B), mediante providencia de 6 de mayo de 2010, en el sentido de
incluirle unos factores salariales.
La entidad demandada insiste en que en el proceso se configuró el fenómeno de
la caducidad, porque se presentó luego de los 5 años que otorgaba el artículo
136 (numeral 11) del entonces CCA.
Según constancia visible en el folio 36, la aludida decisión judicial cobró
ejecutoria el 4 de junio de 2010 que, dicho sea de paso, no fue tachada ni
redargüida de falsa o inexacta dentro de proceso, por ello, puede tenerse como
prueba.
5
Consejo de Estado, sección tercera, auto de 24 de enero de 2007, radicación 20001-23-31-000-2005-02769-01
(32958).
6
Cfr. sentencia de 22 de julio de 2021, radicación 25000-23-42-000-2016-04418-01 (4651-19).
7
«Artículo 136. Caducidad de las acciones.
[…] 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo
de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por
la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial».
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Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
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El proceso ordinario fue tramitado en vigor del Decreto 1 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo), por ende, resulta necesario acudir a su artículo
177 para determinar los términos en los que debió cumplirse la obligación allí
impuesta, pues así se ordenó en el ordinal cuarto de la parte decisoria del fallo
de primera instancia, en el que se lee: «[…] deberá dar aplicación a lo dispuesto
en los artículos 176 y 177 del C.C.A» (f. 16).
La Caja Nacional de Previsión Social emitió Resolución UGM 13784 de 14 de
octubre de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los referidos fallos judiciales,
en la que reliquidó la pensión reconocida a la actora y elevó su cuantía a partir
del 17 de diciembre de 1996. Sobre la cifra a sufragar no se concedieron los
intereses moratorios de que tratan los artículos 176 y 177 del CCA y ordenados
por el Tribunal, lo que motivó a la parte actora a formular solicitud, la cual no
fue atendida por la entidad demandada.
Ahora bien, de acuerdo con el recurso de apelación, la accionada se muestra
inconforme con las consideraciones del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, respecto de la caducidad de la acción ejecutiva. Frente al
fenómeno de la caducidad, el numeral 11 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo disponía:
Caducidad de las acciones.
[…]
11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas
por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a
partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será
la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.
Por su parte, sobre la exigibilidad de las condenas impuestas a entes estatales,
el artículo 177 del CCA preveía:
Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se
condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará
inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para
ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad
condenada.
[…]
Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de
ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para
8
Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
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Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales
condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria
dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación,
sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable
para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para
el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces
hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma.
De conformidad con lo trascrito, el término de caducidad de la acción ejecutiva,
según el CCA, era de 5 años contados a partir del momento en que se hace
exigible la obligación, hecho que ocurre 18 meses después de la ejecutoria de
la sentencia que impone la condena.
A partir de tales parámetros, en el proceso está probado que la sentencia de
segundo grado de 6 de mayo de 2010 cobró ejecutoria el 4 de junio siguiente,
es decir, que, en virtud del artículo 177 del CCA, la obligación allí impuesta a
Cajanal solo sería exigible judicialmente a partir del 5 de diciembre de 2011,
fecha desde la cual empezaría a correr el término de caducidad de la acción
ejecutiva, el cual finalizaría el 5 de diciembre de 2016.
La presente demanda ejecutiva fue interpuesta el 10 de noviembre de 2016,
según consta en el folio 778, en consecuencia, no se configuró la caducidad de
la acción ejecutiva, pues la demanda fue incoada dentro del término de los 5
años contados a partir de la fecha de exigibilidad de la obligación.
Por último, conviene precisar, además, que hubo una interrupción de dicho
plazo con ocasión del procedimiento de liquidación de la Caja Nacional de
Previsión Social y esta Sala reitera la interpretación pacífica de la sección
segunda del Consejo de Estado, consistente en que ese término de caducidad de
las obligaciones a cargo de aquella quedó suspendido durante el mencionado
trámite, comprendido entre el 12 de junio de 2009 (fecha en que se ordenó la
supresión y liquidación de Cajanal) y el 11 de junio de 2013 (día en que
concluyó definitivamente el procedimiento liquidatorio); por tanto, en
aplicación del período de interrupción, los réditos impuestos serían exigibles
8
La demanda fue radicada en principio ante los juzgados administrativos de Bogotá y asignada al Juzgado 52, pero
remitida al despacho a cargo de la magistrada Carmen Alicia Rengifo Sanguino del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante proveído de 30 de noviembre de 2017 (ff. 148 a 1450 vuelto).
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Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
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ante su sucesora procesal, la UGPP, a partir del 12 de junio de 2013 y hasta el
12 de junio de 2018, lo que descarta también la caducidad de la acción.
Por otra parte, en lo atinente a la entidad que debe asumir los asuntos como el
que aquí se debate, cabe aclarar que el Decreto 4269 de 8 de noviembre de 2011
(artículo 1)9 distribuyó las competencias a ejercer tanto por la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal) como por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1o. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. La
ejecución de los procesos misionales de carácter pensional y demás
actividades afines que se indican a continuación, será ejercida por la
Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación y
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en los
siguientes términos:
1. Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de
derechos pensionales y prestaciones económicas.
Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y
prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de
2011.
A cargo de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en
Liquidación estarán las solicitudes de reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al
8 de noviembre de 2011.
2. Atención del proceso de administración de la nómina de
pensionados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP será la
entidad responsable de la administración de la nómina a partir del mes
de diciembre de 2011, incluido el reporte de las novedades que se
generen al Administrador Fiduciario del Fondo de Pensiones Públicas
del Nivel Nacional –FOPEP-.
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«Por el cual se distribuyen unas competencias».
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Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
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Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
Para efectos de la incorporación de las novedades de nómina
originadas en la atención de las solicitudes que están a cargo de
Cajanal EICE en Liquidación, esta entidad deberá hacer entrega a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP de la
información completa y necesaria para que se pueda efectuar dicha
inclusión.
3. Proceso de Atención al Pensionado, Usuarios y Peticionarios
A partir del 8 de noviembre de 2011, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, asumirá integralmente el proceso de
atención a los pensionados, usuarios y peticionarios, así como la
radicación de los documentos, independientemente de que los
servicios requeridos se deriven de solicitudes que deban ser
tramitadas por Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con la
distribución de competencias establecidas en el numeral 1 del
presente artículo.
PARÁGRAFO. En aquellos casos en que en la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP se presente una solicitud
prestacional que deba ser resuelta en forma integral con una solicitud
de una prestación diferente que esté pendiente de resolver y que sea
competencia de Cajanal EICE en Liquidación, de acuerdo con lo
definido en el numeral 1 del presente, artículo, la UGPP será la
entidad competente para resolver ambas solicitudes.
Conforme al precepto normativo invocado, previo a la entrada en vigor del
Decreto 4269 de 2011 (8 de noviembre), las solicitudes formuladas por los
pensionados, usuarios e interesados referentes al reconocimiento de derechos
pensionales y prestaciones económicas (como es el caso de la ejecutante que
requirió el reajuste pensional desde el 2004), debían ser atendidas por la Caja
Nacional de Previsión Social (Cajanal), pero, con ocasión del proceso
liquidatorio ordenado mediante Decreto 2196 de 200910, que a través del
Decreto 2040 de 2011 se prorrogó su plazo hasta el 12 de junio de 2012, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) adquirió competencia para resolver
dichas reclamaciones, inclusive las pendientes por decidir por aquella a partir
10
«Por el cual se suprime la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, se ordena su liquidación, se
designa un liquidador y se dictan otras disposiciones».
11
Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
de la fecha en que empezó a regir el Decreto 4296 antes referido, según la
distribución de competencias señalas en precedencia.
En lo atañedero a la entidad competente para atender los asuntos como el
sometido a juzgamiento, este alto tribunal determinó que a «[…] la UGPP le
corresponde asumir íntegramente las competencias que antes eran de Cajanal
EICE en materia pensional (con excepción de la administración de afiliados y
el recaudo de las cotizaciones respectivas, actividad que fue trasferida al
Instituto de Seguros Sociales y que actualmente corresponde a Colpensiones),
y debe sustituirla sustancial y procesalmente en tales asuntos»11, mientras que
«[…] tal responsabilidad no puede recaer en otra entidad, toda vez que: (i) el
Patrimonio Autónomo Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, constituido mediante
el Contrato de Fiducia Mercantil No. 014 del 16 de mayo de 2013, se terminó
el 16 de mayo de 2016, por vencimiento del plazo de la ejecución y, (ii) el
Ministerio de Salud y Protección Social como rector del Sistema General de
Protección Social12, no es administrador de los temas pensionales o de la
nómina de pensionados de la extinta CAJANAL»13.
En ese entendido, la UGPP es la llamada a responder por los intereses
moratorios causados por la tardanza en el pago en una sentencia judicial, tal
como lo precisó la jurisprudencia de esta Corporación14, en la que dio claridad
al respecto, al indicar que la vía ejecutiva es la apropiada para reclamar pagos
como el que aquí se depreca, concerniente a tales intereses, en cuanto
corresponden a obligaciones de carácter misional que deben ser asumidas por
la ejecutada ante la liquidación de Cajanal.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará la sentencia de primera instancia, que ordenó
seguir adelante con la ejecución.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
11
Sala de consulta y servicio civil, concepto de 13 de agosto de 2019, expediente 11001-03-06-000-2019-00040-
00(C), C. P. Álvaro Namén Vargas.
12
“[13] Cfr. artículo 1º del Decreto 4107 de 2011 «Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del
Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social».
13
Ibidem.
14
Sección primera, providencia de 11 de febrero de 2016, radicación 11001-03-15-000-2015-03261-00 (AC),
actor: Luis Carlos Rincón Contreras, demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, C. P. María
Elizabeth García González.
12
Expediente 25000-23-42-000-2018-00445-01 (1362-2022)
Trámite ejecutivo
Fidia Esther Fritz Castillo contra la UGPP
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia proferida el 10 de junio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección A),
que declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante
con la ejecución en el proceso ejecutivo instaurado por la señora Fidia Esther
Fritz Castillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo
expuesto en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
13
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