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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-00924-02

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
2 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-00924-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)1
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —
Hospital de Kennedy—

Tema: relación laboral encubierta - técnico administrativo. Subtema 1. La
excepción de caducidad no se predica de la pretensión de reconocimiento y pago
de los aportes a seguridad social en pensión. Subtema 2. Aportes a seguridad
social en pensión sobre la base de lo devengado por el servidor de planta – principio
a trabajo igual salario igual.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, el 25 de noviembre de 2022, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El accionante celebró contratos de prestación de servicios con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.— como técnico
administrativo II y técnico II, cuya duración se extendió por más de tres años. Solicitó
la nulidad del oficio que negó el reconocimiento de una relación laboral con la
anterior entidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al considerar que se acreditaron los elementos propios
de la relación de trabajo. No obstante, al declarar probada de oficio la excepción de
caducidad parcial del medio de control, solo condenó al pago de las diferencias
entre los aportes a pensión efectuados por el contratista y aquellos que se debieron

1 Expediente híbrido.

1

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

realizar por el empleador, teniendo en cuenta los honorarios pactados en los
contratos de prestación de servicios.

La Subsección confirmará parcialmente el fallo apelado, para modificar el numeral
tercero, en el sentido de ordenar que el IBC pensional, debe corresponder a los
salarios de un empleado de planta que haya desarrollado funciones iguales a las
que ejecutó el demandante, entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2016.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 23 de noviembre de 20172, el señor Gustavo Castro
Rozo, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.—, según las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan 3.

2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 275 del 4 de abril de 2017, por
medio del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de las prestaciones
sociales y acreencias laborales.

3. Pidió que se declare que existió una relación laboral entre él y la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.—,
durante la suscripción de múltiples contratos de prestación de servicios desde el 1
de febrero de 2013 hasta el 30 de junio de 2016.

4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la parte demandada a
reconocer y pagar las diferencias salariales y las prestaciones sociales dejadas de
percibir —vacaciones; primas de vacaciones, navidad y servicios; cesantías;
intereses sobre las cesantías; bonificación por servicios prestados; subsidio
familiar—, por la labor desempeñada en la entidad. Todo, en igualdad de
condiciones al personal de planta.

5. Requirió que se ordene la devolución de las sumas de dinero pagadas por
concepto de aportes a seguridad social en pensión que tuvo que realizar sin tener
obligación de ello; así como de los dineros retenidos por concepto de impuestos
nacionales y distritales, dada la condición de contratista. También, solicitó que se
condene al pago de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990; a las
indemnizaciones previstas en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo
y 1 del Decreto 797 de 1949.

2 Expediente físico, fol. 401.
3 Expediente físico, fols. 389 a 401.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

6. A su vez, pidió que el pago de las sumas reconocidas se ordene de manera
indexada y que se condene en costas a la parte demandada.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. El señor Gustavo Castro Rozo celebró con el Hospital Occidental de Kennedy
III nivel contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 2013 hasta el
30 de junio de 2016, en el Área de Facturación, como técnico administrativo II y
técnico II. Durante la relación contractual se le exigió la prestación personal del
servicio, de forma continua, con elementos de trabajo asignados; también, debía
ceñirse a las funciones predeterminadas, obedecer órdenes; acatar circulares,
resoluciones, memorandos y acuerdos de la entidad; y cumplir un horario.

9. El 24 de marzo de 2017, solicitó a la Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.— el reconocimiento de una relación
laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales, derivados de
esta. Tal petición fue negada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, a través del
Oficio 275 del 4 de abril de 2017.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

10. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 6, 25, 48 y 53.
• Ley 6 de 1945.
• Ley 33 de 1985, artículo 1.
• Ley 62 de 1985.
• Ley 50 de 1990.
• Ley 100 de 1993, artículo 36 —inciso 2—.
• Ley 244 de 1995.
• Ley 1071 de 2006.
• Código Sustantivo del Trabajo.
• Decreto 2127 de 1945.
• Decreto 2400 de 1968.
• Decreto 3135 de 1968.
• Decretos 1042 y 1045 de 1978.
• Decreto 1158 de 1994.
• Decreto 691 de 1994.
• Decreto 1582 de 1998.
• Acuerdo 092 de 2003 del Concejo Distrital.
• Acuerdo 019 de 2015 de la Junta Directiva del Hospital Santa Clara E.S.E.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

11. La parte demandante afirmó que independientemente de la denominación
dada a los contratos celebrados con la accionada, en la práctica se configuraron los
elementos esenciales de una relación laboral encubierta; razón por la cual debe
prevalecer la realidad fáctica sobre la apariencia contractual.

12. Manifestó que las funciones administrativas ejercidas por el accionante
correspondían a la ejecución de la actividad misional de la entidad demandada.
Aclaró que, si bien estas funciones no eran de carácter médico, sí eran propias del
desarrollo del servicio prestado a la comunidad dentro del marco normativo y del
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud. Ello, toda vez que las labores
desempeñadas permitían a la entidad recuperar los dineros que se facturaban por
la actividad médica y que las EPS debían asumir con cargo a los recursos del
sistema.

13. Sostuvo que durante el periodo de vinculación se acreditaron los tres
elementos constitutivos de una relación laboral. En primer lugar, afirmó que existió
prestación personal del servicio, toda vez que ejecutó las labores de manera directa
y personal, con dedicación de tiempo completo. Por otra parte, indicó que percibió
una remuneración periódica y regular como contraprestación por los servicios
prestados. Por último, señaló que se configuró el elemento de subordinación o
dependencia laboral, el cual se materializó a través del cumplimiento de horarios
dentro de las instalaciones de la entidad, la recepción de órdenes y directrices, así
como la falta de autonomía al desarrollar las diferentes actividades. A su vez, señaló
que las funciones desarrolladas tenían el carácter de permanente, pues la
naturaleza de la labor implica la continuidad del servicio en el tiempo.

2.2. Contestación de la demanda

14. La entidad accionada presentó extemporáneamente la contestación de la
demanda4.

2.3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 25 de noviembre de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas5.

16. Adujo que según se acreditó, el señor Gustavo Castro Rozo prestó sus
servicios en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. —
Hospital Occidente de Kennedy III Nivel— de forma ininterrumpida desde el 1 de
febrero de 2013 hasta el 30 de abril de 2016, mediante la suscripción sucesiva de

4 Así lo señaló el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la audiencia inicial celebrada el 16 de febrero de

2022: Acta de la diligencia vista en Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400,
índice 51, expediente digital, archivo 17_AUDIENCIAINICIAL(.PDF).
5 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 85, expediente digital,

archivo 40_SENTENCIA_SENTENCIA(.pdf).
4

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

diecisiete contratos de prestación de servicios cuyo objeto fue, en todos los casos,
el desempeño de funciones como técnico administrativo II en el Área de
Facturación.

17. Precisó que únicamente los contratos de prestación de servicios aportados al
proceso, junto con sus adiciones y prórrogas, permiten establecer con certeza las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron las labores, así como
las obligaciones de cada parte. En consecuencia, descartó las certificaciones
expedidas por la entidad accionada como medio probatorio suficiente; postura que
según dijo, está respaldada por la sentencia de unificación 025-CE-S2-2021 del
Consejo de Estado, en la que se estableció que los estudios previos, documentos
precontractuales y contractuales son los indicios determinantes para establecer la
naturaleza del vínculo que se pretende desvirtuar.

18. En cuanto a la prestación personal del servicio, el Tribunal constató que las
funciones encomendadas al demandante en cada uno de los objetos contractuales
—relacionadas con auditoría de facturación, recuperación y radicación de cartera,
conciliación con aseguradoras y capacitación a liquidadores— eran de naturaleza
personalísima, por lo que no podían ser ejecutadas por intermedio de un tercero.
Adicionalmente, destacó que la duración de los contratos, sin solución de
continuidad desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 30 de abril de 2016, desbordó el
término estrictamente indispensable al que alude el artículo 32, numeral 3, de la Ley
80 de 1993.

19. Adujo que los contratos aportados al expediente permitieron evidenciar que en
todos ellos se pactaron honorarios en favor del demandante, con lo cual se tuvo por
acreditado el segundo elemento de la relación laboral, esto es, la remuneración.

20. Señaló que de acuerdo con los testimonios rendidos en la audiencia de
pruebas el demandante cumplía un horario fijo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a
viernes, y en ocasiones asistía los días sábados; sus superiores inmediatos eran el
subgerente financiero y el líder de facturación, quienes le impartían directrices y le
asignaban las tareas; debía solicitar autorización expresa para ausentarse y, en
caso de incapacidad, presentar los soportes correspondientes y reponer el tiempo
no laborado; las labores se ejecutaban en las instalaciones del hospital, con los
equipos y elementos proporcionados por la entidad; debía presentar informes
periódicos —mensuales o semanales— sobre la facturación auditada, la cartera
recuperada y las actividades ejecutadas; era objeto de requerimientos verbales en
caso de incumplimiento de metas, e incluso podía ser objeto de traslado a otras
sedes; y, finalmente, sus funciones eran idénticas a las ejecutadas por el personal
de planta del Área de Facturación, siendo la única diferencia la modalidad de
vinculación.

21. Afirmó, frente a la objeción de parcialidad planteada por la entidad demandada
respecto de los testimonios de Diana Elizabeth Castro Padilla —hija del
demandante— y Claudia Patricia Padilla Ríos —quien para la época tenía vínculo
5

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

afectivo con él—,que el parentesco o la afinidad no constituyen, por sí solos, causal
suficiente para restarles mérito probatorio, toda vez que sus declaraciones fueron
coherentes entre sí y se limitaron a describir las condiciones fácticas en que se
desarrolló la prestación del servicio durante el período en que compartieron trabajo
con el demandante. En consecuencia, dichos testimonios fueron valorados bajo las
reglas de la sana crítica, en conjunto con los demás elementos de prueba.

22. Verificó que en la planta de personal del Hospital Occidente de Kennedy
existía el cargo de técnico operativo código 314, grado 08 —posteriormente
reclasificado en el grado 14 con ocasión de la fusión que dio origen a la Subred—,
cuyas funciones asignadas en la Subdirección Financiera —Área de Facturación y
Cartera— eran sustancialmente coincidentes con las ejecutadas por el demandante
durante toda su vinculación contractual. Este hecho evidenció que las labores
contratadas correspondían a funciones permanentes, propias del objeto misional de
la entidad, y que debían ser desarrolladas por personal de planta, lo que tornó
improcedente la utilización del contrato de prestación de servicios como forma de
vinculación.

23. Concluyó que se encontraban plenamente acreditados los tres elementos
configurativos de la relación laboral —prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación—, por lo que resultaba procedente, en aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, previsto en el artículo 53
de la Constitución Política, declarar la existencia del denominado contrato realidad
durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de abril de
2016.

24. No obstante, el Tribunal advirtió que las pretensiones relativas al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y laborales se encontraban
afectadas por el fenómeno de la caducidad. Señaló que el Oficio N 275 del 4 de
abril de 2017 —acto administrativo demandado— fue notificado al demandante el
12 de abril de 2017, por lo que el término de cuatro meses previsto en el artículo
164, numeral 2, literal d), del CPACA para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho venció el 13 de agosto de 2017. Sin embargo, la
demanda fue radicada el 27 de noviembre de 2017, es decir, de manera
extemporánea.

25. Precisó que la caducidad operó de forma parcial, en tanto no afectó las
pretensiones relativas al reconocimiento y pago de los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, los cuales, por su carácter periódico e
irrenunciable, son imprescriptibles y se encuentran exceptuados de tal fenómeno.
Ello, de conformidad con lo definido en la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

26. Decidió ordenar a la entidad accionada calcular la diferencia entre los aportes
efectivamente realizados mes a mes por el contratista durante el período

6

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de abril de 2016, y los que
debieron haberse efectuado en la proporción correspondiente al empleador y al
trabajador dentro de una relación laboral, teniendo como base los honorarios
pactados en cada uno de los contratos de prestación de servicios. Las sumas
resultantes deberían ser pagadas de forma indexada.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. Parte demandada. Apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos6:

27. Argumentó que entre las partes lo que existió fue una serie de contratos de
prestación de servicios con objetos, honorarios y funciones distintos entre sí, sin
que ello pudiera configurar la continuidad y uniformidad propias de una relación
laboral encubierta. Señaló que los particulares vinculados mediante contratos de
prestación de servicios no son servidores públicos ni les resulta aplicable el régimen
de estos, conforme al Concepto N.º 75841 de 2013 del Departamento Administrativo
de la Función Pública.

28. Sostuvo, en cuanto al elemento de la subordinación —eje central de la
apelación—, que las condiciones en que se ejecutaron los contratos no configuraron
dependencia jerárquica sino una simple coordinación de actividades, inherente a la
naturaleza del vínculo contractual y a la obligación legal de las entidades públicas
de vigilar la correcta ejecución de los contratos estatales.

29. Afirmó que la exigencia de cumplir horarios, presentar informes o desarrollar
las labores en las instalaciones de la entidad no constituye subordinación, sino
estipulaciones contractuales orientadas a garantizar la adecuada prestación del
servicio. Apoyó su argumento en la sentencia de unificación 025-CE-S2-2021 del
Consejo de Estado, en la sentencia del 23 de junio de 2006, expediente 0245-2003,
y en la sentencia de unificación IJ-0039 del 18 de noviembre de 2003 de la Sala
Plena de esta corporación, en las cuales se precisó que el cumplimiento de un
horario o la sujeción a parámetros de la entidad no configuran por sí solos el
elemento de subordinación, sino una relación de coordinación basada en las
cláusulas contractuales.

30. Añadió que las capacitaciones a las que hicieron referencia los testigos, a las
que debía acudir el accionante, son permitidas al personal contratado en el sector
de la función pública, con el fin de generar un mejor rendimiento en la prestación
del servicio.

6 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 88, expediente digital,

archivo 42_Recurso apelación Subred (.pdf).
7

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

2.4.2. Parte demandante. Interpuso recurso de apelación con el propósito de que
revoque el numeral quinto de la parte resolutiva —que declaró probada de oficio la
caducidad parcial del medio de control respecto del reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales y laborales— y, en su lugar, se condene a la demandada al
reconocimiento y pago de la totalidad de las prestaciones sociales —vacaciones,
prima de vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, prima de navidad, prima
de servicios y bonificación por servicios prestados— causadas del 1 de febrero de
2013 al 30 de abril de 2016, asimiladas a las de un trabajador con el cargo de técnico
operativo código 314, grado 147.

31. Sostuvo que la demanda fue radicada dentro del término de cuatro meses
previsto en el CPACA, y no de manera extemporánea como lo concluyó el Tribunal.
Explicó que, al presentar la reclamación administrativa, el demandante solicitó
simultáneamente la entrega del expediente, material que resultaba indispensable
para consolidar el acervo probatorio documental que sirvió de soporte a la
declaratoria de la relación laboral. Sin embargo, la entidad, en su respuesta del 4
de abril de 2017, no informó el valor total de las copias, limitándose a señalar que
lo haría una vez recibida la carpeta contractual, lo que prolongó injustificadamente
el trámite. Ante la imposibilidad de obtener información por vía telefónica, el
apoderado se presentó personalmente en las instalaciones del Hospital de Kennedy
el 26 de julio de 2017, pagó el valor indicado y dejó constancia escrita de la solicitud
de las copias.

32. Adujo que el término de caducidad solo podía comenzar a contarse a partir del
día siguiente a esa fecha —esto es, el 27 de julio de 2017—, de manera que el
último día hábil del plazo de cuatro meses correspondía precisamente al 27 de
noviembre de 2017, fecha en que efectivamente se radicó la demanda. Apoyó esta
tesis en la jurisprudencia de la Corte Constitucional8, según la cual, ante respuestas
administrativas incompletas o insuficientes, el ciudadano puede optar por esperar a
que la respuesta sea completa antes de acudir a la administración de justicia, sin
que ello implique el inicio del término de caducidad.

33. Planteó, en subsidio, la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad
frente a la norma aplicada por el Tribunal, propia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

34. Alegó que la exigencia del término de caducidad genera una «discriminación
laboral injustificada», toda vez que, por una parte, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido uniforme en señalar que la sentencia que declara la existencia de la
relación laboral encubierta no tiene la virtualidad de otorgar al demandante la
calidad de empleado público —pues para ello se requiere el cumplimiento de los
requisitos constitucionales y legales de nombramiento y posesión—, y, por otra, los

7 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 89, expediente digital,

archivo 43_Recurso de apelación demandante (.pdf).
8 No citó providencia alguna.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

contratistas subordinados de entidades públicas quedan en una posición procesal
más desventajosa que los trabajadores del sector privado, los trabajadores oficiales
y los contratistas subordinados de empresas industriales y comerciales del Estado,
quienes disponen del término de tres años para formular sus reclamaciones.

35. Señaló que las respuestas a las solicitudes de los contratistas son simples
oficios, sin indicación de recursos ni autoridad competente para resolverlos, lo que
los priva de las herramientas procedimentales que sí tienen los servidores públicos,
y que someterlos al término de cuatro meses del medio de control contencioso-
administrativo resulta contrario al principio de igualdad y a la garantía de acceso
efectivo a la administración de justicia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Mediante auto del 13 de julio de 2023 se admitió el recurso de apelación
presentado por las partes demandante y demandada, y se prescindió del traslado
para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no
se solicitaron pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

37. La Procuraduría Segunda Delegada10 ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

38. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

39. De acuerdo con los antecedentes, la Sala procede a resolver los siguientes
problemas jurídicos:

40. ¿Operó la excepción de caducidad respecto de los derechos salariales y
prestacionales reclamados por el accionante?

41. ¿Existió una relación laboral entre la entidad accionada y el demandante,
quien ejerció como técnico administrativo a partir de los contratos de prestación de

9 Samai, índice 03, expediente digital, archivo AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx).
10 Samai, índice 10, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

servicios celebrados con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
—Hospital de Kennedy E.S.E.—?

42. En caso afirmativo, ¿el accionante tiene derecho al reconocimiento y pago de
las diferencias adeudadas por concepto de aportes a pensión?

43. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
temas: (1) caducidad del medio de nulidad y restablecimiento del derecho cuando
se pretende la declaratoria de una relación laboral encubierta; (2) relación laboral
encubierta; (3) distinción entre coordinación y subordinación; (4) la carga de la
prueba y los indicios frente al elemento de la subordinación.

44. A partir de las anteriores consideraciones: (5) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (6) en el acápite de análisis del caso concreto se
resolverán los problemas jurídicos propuestos.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. La caducidad del medio de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretende la declaratoria de una relación laboral encubierta

45. La caducidad constituye un fenómeno jurídico de orden público que, en
aplicación del principio de seguridad jurídica, supone la extinción del derecho a
ejercer acciones judiciales orientadas a reclamar derechos individuales y subjetivos,
como resultado del vencimiento del término que la ley establece para su ejercicio.
Dicho presupuesto procesal opera como una sanción y un límite temporal que, una
vez cumplido, impide el análisis de fondo de la controversia planteada en razón del
ejercicio extemporáneo del medio de control respectivo.

46. El literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA establece que en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo las excepciones
previstas en otras disposiciones legales, la demanda deberá ser presentada dentro
de los cuatro meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo cuya nulidad se pretende, según corresponda;
de manera que, si el medio de control se promueve con posterioridad a dicho
término, se configura la caducidad.

47. Ahora bien, en relación con la aplicación de este fenómeno jurídico en
controversias que versan sobre la declaración de la existencia de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda de esta Corporación, mediante sentencia de
unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201611, precisó lo siguiente:

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
10

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al
sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter
de imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la
prescripción extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el
artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y
demandados en cualquier momento, puesto que la Administración no puede
sustraerse al pago de los respectivos aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, cuando ello puede repercutir en el derecho de acceso a una pensión en
condiciones dignas y acorde con la realidad laboral, prerrogativa que posee quien ha
servido al Estado mediante una relación de trabajo.

[…]

3.5 Síntesis de la Sala. A guisa de corolario de lo que se deja consignado, respecto
de las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular en lo que
concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas
jurisprudenciales:

[…]

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de
seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y
prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de
control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

48. De acuerdo con lo anterior, se concluye que, en aquellos asuntos en los que
se pretende el reconocimiento de una relación laboral encubierta, no opera la
caducidad de las pretensiones referentes a los aportes al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, en tanto son prerrogativas laborales de naturaleza periódica e
irrenunciable, que inciden directamente en el derecho a obtener una pensión. En tal
sentido, sí resulta procedente aplicar la caducidad respecto de las demás
pretensiones, comoquiera que, una vez terminado el vínculo contractual o la relación
laboral, las acreencias laborales y prestacionales dejaron de tener el carácter de
periódico.

3.3.2. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

49. La jurisprudencia unificada de esta corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
11

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

50. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

51. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

52. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»13.

53. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

54. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

55. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad

13 Ibídem.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»14.

56. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»15.

57. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».16

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».17

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.18

14 Idem.
15 Idem.
16 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
17 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
13

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

58. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.

59. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.

60. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren

14

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

61. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

3.3.3. Distinción entre coordinación y subordinación

62. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.

63. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados21».

19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
15

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

64. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

65. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.

b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

22 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
16

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.

3.3.4. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación

66. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.

67. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 167
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

68. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.

69. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de

23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.

70. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP)

71. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

72. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

3.4. Hechos probados relevantes

73. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:

74. El señor Gustavo Castro Rozo suscribió entre los años 2013 y 2016 contratos
de prestación de servicios con el Hospital Occidental de Kennedy E.S.E., que hoy
integra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente26, como consta en
la copia de estos, en los certificados de disponibilidad presupuestal y en los
certificados de registro presupuestal, allegados por la parte accionante y
demandada, conforme se muestra a continuación:

25 Idem.
26 Conforme lo mencionó la misma entidad accionada en el acto administrativo acusado. Ver: Expediente físico,

fol. 357.
18

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

Contrato de Objeto Desde Hasta Interrupción
prestación de (días
servicios hábiles)
839 de 201327 Prestar servicios como técnico 01/02/2013 30/04/2013 -
administrativo II en el Área de
Facturación.

2359 de 201328 Prestar servicios como técnico 01/05/2013 31/07/2013 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
3520 de 201329 Prestar servicios como técnico 01/08/2013 31/10/2013 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
4633 de 201330 Prestar servicios como técnico 01/11/2013 31/12/2013
administrativo II en el Área de Ningún día
Facturación.
794 de 201431 Prestar servicios como técnico 01/01/2014 28/02/2014 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
1146 de 201432 Prestar servicios como técnico 01/03/2014 30/06/2014 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
2924 de 201433 Prestar servicios como técnico 01/07/2014 31/07/2014 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
4027 de 201434 Prestar servicios como técnico 01/08/2014 31/08/2014 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.
4781 de 201435 Prestar servicios como técnico 01/09/2014 30/09/2014 Ningún día
administrativo II en el Área de
Facturación.

27 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
40 a 45.
28 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
62 a 67, 84, 86 a 87, 90 a 91; documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs. 49 a 50.
29 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
105 a 111, 117.
30 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
130 a 142.
31 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs. 1
a 7.
32 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
35 a 41.
33 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
84 a 86.
34
Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,
archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
130 a 131, 133.
35 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
155 a 159.
19

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

5761 de 201436 Técnico administrativo II 01/10/2014 31/10/2014 Ningún día
6224 de 201437 Técnico administrativo II 01/11/2014 31/12/2014 Ningún día
230 de 201538 Técnico administrativo II 01/01/2015 28/02/2015 Ningún día
1569 de 201539 Técnico administrativo II 01/03/2015 30/06/2015 Ningún día
5122 de 201540 Técnico II 01/07/2015 31/08/2015 Ningún día
6471 de 201541 Técnico II 01/09/2015 30/09/2015 Ningún día
7672 de 201542 Técnico II 01/10/2015 31/12/2015 Ningún día
1133 de 201643 Técnico II 01/01/2016 30/04/2016 Ningún día

75. Obran en el plenario los informes de las actividades ejecutadas durante la
prestación de los servicios al hospital, entre estas, se detallan las siguientes44:

1. Se inició el inventario de facturación en físico por cada una de las
aseguradoras, arrojando los resultados que se reportaron en oficio a la jefatura.
2. Se realizaron visitas al consorcio SAYP, ASEISA Y FIDUFOSYGA para
recuperar información necesaria para contestar las objeciones que están
represadas en la institución.
3. Se depuró las facturas materia de glosas o devoluciones de Colpatria Seguros
SOAT, encontrando diferencia así: físico $147.590.355, en cartera $90.743.193
arrojando una diferencia a favor del hospital de $56.847.162, las causales de
glosa tales como soportes, furias (sic) con correcciones y otros se encuentran
listos esperando al orden para corregir la facturación y radicar estas devoluciones
y glosas por valor de $147.590.355 (sic).
4. Se identificó en el consorcio SAYP que el reporte de glosas no refleja el valor
real de las glosas y/o devoluciones, toda vez que allí se encuentran registradas
hasta cinco veces el mismo número de factura con diferente fecha de radicación

36 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
175 a 180.
37 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
185 a 190.
38 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
37 a 38.
39 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs.
13 a 17, 34 a 37.
40 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs.
49 a 54.
41 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs.
64 a 66.
42 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs.
79 a 83, 87 a 88, 90 a 91.
43 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs.
104 a 107.
44 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
46 a 47; 53; 69; 92; 96; 112; 118; 125; 143; 149; documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3,
págs. 8; 14; 42; 56; 66; 75; 96; 136; 161; 181; 191; 195; documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-
2 DE 3, págs. 3; 7; 18; 26; 32; 44; 61; 72; 84; 92; 102.
20

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

y en algunos casos cuentas que fueron canceladas en su totalidad en la primera
radicación y nuevamente se radicaron para pago inflando el valor de las glosas
registradas en este momento, en espera de cita con el consorcio para asistir a
conciliación de cuentas con acompañamiento de cartera y tesorería la diferencia
es superior a $ 650.000.000 del periodo 01/01/2010 al 23/02/2013.
5. Acompañamiento para radicación de cuentas a las aseguradoras por valor de
$116.570.064.
6. Apoyar a la oficina de facturación realizando visitas y realizando conciliaciones
de cartera con aseguradoras, consorcio SAYP FIDUFOSYGA, para determinar
saldo, iniciales de glosa y devoluciones para cruzarlos con el físico de facturación
y glosas.
7. Se entregó a la oficina de facturación, para direccionar a Jurídica, facturas por
valor de $42.000.000.
8. Se exportaron y corrigieron 120 facturas que se radicaron para pago en
seguros Colpatria SOAT, por valor de $127.000.000 de las vigencias de año 2011
y 2012.
9. Se atendió público entregando estados de cuentas y copias de soportes de
facturación.
10. Se realizó conciliación con Colpatria Seguros S.A. Por eventos de las
vigencias años 2010 y 2011-2012, por valor de $40.000.000.
11. Se respondieron glosas de aseguradoras por valor de $24.000.000.
12. Se realizaron visitas de conciliación de cartera a las aseguradoras Seguros
del Estado, Previsora, Liberty, Previsora, La Equidad, Grancolombiana,
Interamericana y Superintendencia de Industria y Comercio.
13. Se consiguió vía conciliación de cartera con Liberty, Estado, Previsora.
14. Se inició el alistamiento de facturas con glosa para la aseguradora Seguros
del Estado por valor de $600.000.000, que registran en glosa y objeciones
subsanables a la fecha de hoy pendiente 397 facturas por reimprimir para solicitar
HC y llevar a conciliación.
15. Se auditó facturación de glosas y devoluciones de SOAT, Seguros del Estado,
por valor de $81.114.334, para ser facturados a otros pagadores.
16. Se asistió a reuniones con el gerente de la ESE para definir políticas de apoyo
en facturación en procemo (sic) de SOAT.
17. Se asistió a reuniones con Mundial de Seguros. Se concretó cita de
conciliación de glosa para el día 6 de diciembre de 2013.
18. Se realizó entrega de informes oficina de glosas Luigy Valencia, ordenado
por el Dr. Orlando Galeano. Se recibió capacitación de 2 horas en manejo módulo
de glosas dinámica.
19. Se hizo acompañamiento al proceso hora cero de la dra. Soledad De La Cruz.
Se implementó campaña de capacitación al personal de admisiones,
autorizaciones y liquidadores. Se asistió en acompañamiento al cierre del mes de
enero de 2014, unidad renal. Se asiste a cierre de periodo unidad renal mes de
febrero de 2014 en horario adicional en la noche. Se realizaron 8 jornadas de
capacitación nuevos aspirantes.

21

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

20. Se trabaja la matriz y guía de facturación para campañas de capacitación. Se
hace cierre de facturación mes de enero, mayo, septiembre y noviembre de 2015
de la unidad renal, por valor de $412.000.000, $523.000.000, $450.000.000, y
$546.000.000, respectivamente, garantizando la radicación del 100% de las
facturas emitidas debidamente soportadas, garantizando el cobro del 100% de
las actividades desarrolladas por paquete y evento o sesiones adicionales al
paquete de hemodiálisis y diálisis peritoneal en la unidad renal.
21. Se realizaron reuniones para conciliación de cartera, glosas y devoluciones
logrando que las aseguradoras Colpatria, QBE y Previsora reconozcan pago
porcentual de las glosas y/o devoluciones prescritas durante las vigencias
anteriores.
22. Se apoya Área de Glosas con cruce de información de los entes territoriales
para dar respuesta a glosas pendientes, secretarías de Atlántico, Risaralda y
Quindío.

76. El 24 de marzo de 2017 el accionante presentó petición a la Subred Integrada
de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.—, en la que
solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral y se le pagaran los
emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social, causados durante el
periodo en el que prestó sus servicios a la entidad. Además, pidió la expedición de
la copia de documentos contractuales, correos electrónicos y de su expediente
administrativo45.

77. A través del Oficio 275 del 4 de abril de 2017, el jefe de la Oficina Jurídica de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy
E.S.E.—, negó la petición anterior. En este acto administrativo no se indicó la
procedencia de recurso alguno en su contra46. Además, se notificó el 12 de abril de
201747.

78. Obran en el plenario las planillas integradas de autoliquidación y pago de
aportes a Compensar EPS y a Colfondos48.

79. En audiencia de pruebas celebrada el 30 de marzo de 2022, se recibieron los
testimonios de los señores José Sanín Ortega Sanjuan, Diana Elizabeth Castro

45 Expediente físico, fol. 355.
46 Expediente físico, fols. 357 a 360.
47 Información suministrada mediante Oficio 20192100026851 del 28 de febrero de 2019, emitido por la jefe de

la Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en respuesta al
requerimiento efectuado por el Tribunal sobre la fecha de notificación del acto acusado, en auto del 13 de febrero
de 2019. Ver: expediente físico, fols. 416, 422 a 423. Hecho que, a su vez, no fue controvertido por la parte
accionante.
48 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs.
57, 58, 81, 82, 97, 98, 115, 120, 126, 128, 151 a 153; documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2
DE 3, págs. 43, 57, 64, 65, 69, 70, 73, 74, 91, 93, 137, 166, 168 a 170, 182, 183, 192, 196 a 198; documento
GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs. 27, 28, 30, 59, 60, 73, 74, 77, 85, 93, 94, 101.
22

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

Padilla, Claudia Patricia Padilla Ríos y Luis Alexander Ramírez Hernández,
solicitados por la parte demandante49.

• Testimonio del señor José Sanín Ortega Sanjuan

80. Afirmó que es administrador de empresas y trabaja actualmente en una
empresa dedicada a la liquidación de EPS. Aclaró no tener ningún vínculo familiar
con el demandante, y explicó que lo conoce porque fueron compañeros en el
Hospital de Kennedy, donde ambos estaban vinculados mediante contrato de
prestación de servicios.

81. Señaló que ingresó a trabajar en el Hospital de Kennedy en febrero o marzo
de 2014 hasta julio de 2017. Afirmó tener conocimiento directo de que el
demandante prestó sus servicios en el Área de Facturación, y que la naturaleza de
las funciones de ambos exigía comunicación constante, dado que debían estar al
tanto de la facturación dirigida a las EPS y a las entidades territoriales. Estaban
encargados de la facturación, la auditoria de las glosas, glosas y auditoria de
facturación.

82. Describió que las labores del accionante consistían en auditar los procesos de
facturación para garantizar la correcta emisión de facturas y permitir la radicación
de cuentas, así como en capacitar a los liquidadores del hospital —Área de
Urgencias; hospitalización; consulta externa— y realizar auditorías ante las EPS.

83. Agregó que el demandante tenía como superiores inmediatos al jefe de
facturación; al subgerente financiero; al subjefe del departamento de glosa.
Principalmente los dos primeros, a quienes debía informar cuánto se facturaba
diaria y mensualmente. Recibía órdenes en materias de facturación, glosa y
auditoría, y debía cumplir un horario de 8:00 a.m. a 04:30 p.m. o 5:00 p.m. según
las necesidades del hospital en esa Área, y que en algunas ocasiones también
asistía los sábados.

84. Al ser interrogado sobre las funciones específicas del accionante, reiteró que
este se desempeñaba en el Área de Facturación, auditando ese proceso para
asegurar la correcta liquidación de los pacientes y la posterior radicación de
cuentas, además de brindar capacitaciones a los funcionarios liquidadores del
hospital.

85. Frente a la pregunta sobre si existía en el manual de funciones un cargo que
contemplara las labores realizadas por el demandante como contratista, respondió
que no lo recordaba, aunque dijo que suponía que a cada contratista le eran
asignadas funciones específicas. Aclaró que los liquidadores, si bien podían tener
conocimiento de ciertas tareas, no ejecutaban las mismas funciones que el

49 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 58, expediente digital,

archivo 18_AUDIENCIAPRUEBAS(.pdf).
23

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

demandante, puesto que ellos se encargaban de liquidar a los pacientes, mientras
que el demandante realizaba auditorías, capacitaciones y revisión de cuentas.

86. Al preguntársele si algún otro compañero había desempeñado funciones
similares de auditoría o capacitación en facturación, respondió afirmativamente e
indicó que se trataba de una persona llamada Carlos. Precisó que el demandante
se ocupaba de la auditoría de facturación de las EPS, del SOAT; mientras que
Carlos realizaba auditorías para las aseguradoras, el fondo financiero y al FOSYGA.

87. Manifestó que la labor del accionante requería presencia física en las
instalaciones de la entidad, pues debía estar atento a cualquier inconveniente con
la facturación de los pacientes, y que cuando necesitaba ausentarse debía solicitar
autorización al subgerente financiero o al jefe de facturación.

88. Indicó también que el demandante estaba obligado a asistir a las reuniones
convocadas por la jefe de facturación, las cuales podían programarse en horas de
la mañana o después de las 4:00 p.m.

89. Señaló que al accionante le fueron asignados un computador, implementos de
oficina y un escritorio, y que en caso de pérdida de dichos elementos debía
responder por ellos.

90. Explicó que las funciones debían cumplirse dentro de las instalaciones del
hospital, ya que no era posible revisar la facturación desde otro lugar, pues estaba
prohibido retirar información y era indispensable tener acceso a las historias
clínicas.

91. Afirmó que las funciones del accionante eran de carácter permanente, dado
que implicaban la revisión continua de cuentas, facturación e historias clínicas.

92. En relación con los informes que se debían rendir, señaló que quienes
trabajaban en el Área de Facturación debían entregar un reporte diario y mensual
de lo facturado, discriminado por urgencias, hospitalización, SOAT y entes
territoriales.

93. Al ser interrogado sobre con qué frecuencia tenía contacto con el demandante,
respondió que se encontraban a diario en las instalaciones del hospital, pues las
áreas de Glosa y Facturación están estrechamente relacionadas.

94. Frente a la pregunta de si tenía conocimiento de que el accionante mantuviera
otro contrato de prestación de servicios con una entidad diferente durante el mismo
periodo, respondió que no le constaba.

95. Reiteró que sí tenía conocimiento directo de la labor del demandante, ya que
su propio trabajo le exigía saber cuánto se facturaba diariamente para elaborar las

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

proyecciones de glosa, y destacó que el Área de Facturación producía un informe
diario al respecto.

96. Subrayó que la interdependencia entre sus funciones y las del accionante
hacía necesaria una comunicación permanente entre ambos.

97. Finalmente, en cuanto al pago de honorarios, indicó que para recibirlos el
demandante debía presentar una cuenta de cobro junto con el informe mensual de
actividades y acreditar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social.

• Testimonio de la señora Diana Elizabeth Castro Padilla

98. Indicó que es abogada e hija del accionante. Señaló que actualmente trabaja
en el Área de Glosa y Cartera en Famisanar, y que laboró junto a su padre en el
Área de Facturación del Hospital de Kennedy, también vinculada mediante contrato
de prestación de servicios.

99. Al ser interrogada sobre si el demandante tenía uno o varios jefes que le
impartían instrucciones en el Área de Facturación, confirmó que efectivamente
contaba con jefes: uno era el líder de facturación y el otro el subgerente financiero.
Precisó que el accionante tenía a su cargo el área de SOAT, junto con el señor José
Sanín.

100. Adujo que entre las funciones del demandante se encontraban asistir a
conciliaciones con las aseguradoras, elaborar los informes requeridos sobre la
ejecución de las actividades y realizar la auditoría de cuentas. Señaló que las
directrices recibidas estaban relacionadas con la forma en que debía llevarse a cabo
la operación y con lo que se requería para cada uno de los pagadores que se
manejaban en ese momento.

101. Al preguntársele sobre las funciones concretas del demandante, respondió
que este realizaba conciliaciones de carteras, recuperación de cartera con las
aseguradoras, y que revisaba y radicaba la facturación del SOAT. Para ello, debía
desplazarse a las aseguradoras con el fin de adelantar las conciliaciones.

102. Señaló que las funciones desempeñadas por el demandante eran de carácter
permanente en el hospital, que se trataba de labores continuas sin interrupción, y
que actualmente siguen siendo desarrolladas en la entidad demandada.

103. Afirmó que el accionante prestó servicios para el hospital hasta cuando se hizo
la fusión con la subred; aproximadamente en agosto de 2016.

104. Dijo que el demandante prestó sus servicios hasta agosto de 2016, que estaba
sujeto a un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y que, cuando se requería, también

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

prestaba servicios los días sábados y domingos. Precisó que dicho horario no era
autónomo, sino que era determinado por el líder de facturación.

105. Al ser preguntada sobre si las funciones del accionante eran ejercidas también
por empleados de planta, respondió que en el Área de Facturación sí había personal
vinculado directamente con la entidad que realizaba labores en esa Área, y que la
única diferencia era la modalidad de vinculación.

106. Indicó que los requerimientos relacionados con el cumplimiento del horario se
hacían de forma verbal y nunca por escrito. Para ausentarse, era necesario justificar
la inasistencia, siempre mediante notificación por correo al líder de facturación. En
caso de enfermedad, se exigían las incapacidades o los soportes correspondientes,
y el tiempo no laborado debía ser compensado para evitar descuentos.

107. Dijo que, en caso de no cumplir las metas fijadas por el líder de facturación, el
demandante era objeto de requerimientos verbales, y que dicho incumplimiento
podía derivar incluso en cambios en las condiciones contractuales, como el traslado
a otras sedes para continuar realizando las mismas actividades.

108. Manifestó que el accionante debía asistir a reuniones por fuera del horario
habitual, ya que las conciliaciones debían atenderse hasta su finalización. Señaló
también que tenía a su cargo un inventario de elementos de oficina, entre ellos un
computador.

109. Al ser preguntada por la renovación de los contratos de prestación de
servicios, indicó que el proceso era esencialmente el mismo: presentación de
documentos y requerimientos, y que el demandante nunca tuvo interrupciones en el
desarrollo de la labor.

110. Indicó que el peticionario debía presentar informes mensuales y, en ocasiones,
semanales, en los que se consignaba la cartera recuperada, la facturación auditada
y la facturación recibida. En dichos informes se especificaba el cumplimiento de una
lista de indicadores exigidos según cada sección de facturación, y también servían
como soporte para efectuar el pago mensual de honorarios.

111. Señaló que las actividades a desarrollar estaban descritas en la minuta
contractual, e incluían funciones como auditar la facturación, analizarla, revisar los
servicios facturados, los soportes y las tarifas.

112. Al indagársele sobre las capacitaciones realizadas por el demandante, indicó
que ella misma había asistido a varias, y precisó que para programarlas el
accionante debía realizar la solicitud al líder de facturación para que este las
avalara.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

113. Indicó que quien autorizaba la asistencia a las conciliaciones externas era el
líder del Área de Facturación, sin que existiera autonomía al respecto, pues era él
quien determinaba si la actividad podía ejecutarse o si había otras tareas pendientes
que lo impidieran.

114. Señaló que el demandante fue objeto de llamados de atención verbales, que
no tuvo interrupciones en la prestación del servicio y que los contratos fueron
consecutivos.

115. Explicó que para el cobro de honorarios debían presentarse un informe junto
con los soportes de pago de los aportes a salud y pensión, y que los honorarios se
sufragaban de forma mensual.

116. Sostuvo que el grupo de facturación entre 2013 y 2014 estaba integrado por
alrededor de 85 personas, sin contar al personal de línea de frente encargado de la
atención al público. Afirmó que todos quienes hacían parte del Área tenían asignada
una tarea específica: unos auditaban facturas, otros se encargaban de la radicación,
otros del fondo financiero, y otros tenían a cargo pagadores como las EPS
contributivas y subsidiadas, y las aseguradoras.

117. Adujo que los técnicos administrativos contratistas recibían la facturación y
realizaban la auditoría completa de las facturas, incluyendo sus componentes,
autorizaciones y soportes.

118. Finalmente, manifestó que en el grupo de facturación había dos personas de
planta: una de ellas se retiró en 2015 y la otra continuaba realizando funciones de
radicación al momento del testimonio. Precisó que la diferencia entre unos y otros
radicaba exclusivamente en la forma de contratación, pues las funciones eran las
mismas, se cumplía un horario, y todos eran objeto de llamados de atención y
requerimientos, aunque estos no fuesen formales.

• Testimonio de la señora Claudia Patricia Padilla Ríos

119. Informó que es técnica en atención a la primera infancia y que al momento del
testimonio trabajaba en una firma auditora. Señaló que se encontraba casada con
el demandante, aunque con un proceso de divorcio en curso.

120. Indicó que el accionante estuvo vinculado al Hospital de Kennedy desde 2013
hasta 2016 mediante contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la
auditoría de la facturación de accidentes de tránsito y pólizas vencidas. Tuvo
conocimiento de ello porque en ese momento eran pareja y porque trabajaron juntos
en la misma entidad, aclarando que ella prestó sus servicios entre enero y agosto
de 2016.

27

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

121. Señaló que le constaban las labores del demandante porque ella
desempeñaba las mismas actividades, con la diferencia de que las tenía a cargo
para una entidad distinta. Precisó que el demandante realizaba auditorías a la
facturación del SOAT, lo que comprendía la auditoría, la conciliación y la radicación
de facturas ante las aseguradoras y el Adres.

122. Manifestó que, al ocupar el mismo cargo y ejercer las mismas funciones,
ambos dependían de la Oficina de Facturación y compartían el mismo jefe, a quien
identificó como el señor Alexander Buitrago. Indicó también que dependían de la
Subgerencia Administrativa.

123. Refirió que era el líder de facturación quien impartía las órdenes y ante quien
se presentaban los informes mensuales sobre lo radicado a las diferentes entidades
y los resultados obtenidos.

124. Manifestó que el demandante debía cumplir un horario de 7:00 a.m. a 5:00
p.m., y precisó que durante los últimos meses de su vinculación debió prestar
apoyos administrativos los fines de semana, consistentes en asistir a los
facturadores en la elaboración de pagarés para garantizar el pago de las cuentas
cuando los usuarios no contaban con recursos para sufragarlas.

125. Sostuvo que el control de ingreso a la entidad se ejercía mediante
presentación en la Oficina de Facturación. Para solicitar permisos, estos debían
tramitarse ante el líder de facturación y, en su ausencia, ante su asistente. En caso
de incapacidad, se exigía la presentación de los soportes correspondientes, y tanto
los permisos como las incapacidades requerían la reposición del tiempo no
laborado.

126. Señaló que el demandante cumplía con las metas diarias establecidas y que
no fue objeto de llamados de atención. Precisó además que lideraba los procesos
de capacitación a los facturadores con el propósito de mejorar el desempeño del
Área.

127. Al ser preguntada por el horario de las capacitaciones, indicó que estas
generalmente se realizaban por fuera del horario laboral de los facturadores y eran
programadas por el líder de facturación.

128. Finalmente, indicó que en el Área de Auditoría de Facturación también se
ejercían funciones del personal de planta de la entidad; sin embargo, debido a que
estos trabajadores estaban afiliados al sindicato y contaban con fuero sindical, la
mayoría de las funciones del Área terminaban siendo asignadas a los contratistas.

28

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

• Testimonio del señor Luis Alexander Ramírez Hernández

129. Relató que es ingeniero industrial y fue compañero de trabajo del accionante
en el Área de Facturación del Hospital de Kennedy. Afirmó que las actividades del
demandante eran de carácter permanente, pues tenía a su cargo la auditoría de la
facturación del SOAT, y que prestó sus servicios a la entidad desde 2012 hasta
2020.

130.Señaló que existía personal de planta de la entidad demandada que
desempeñaba las mismas funciones que el accionante.

131. Sostuvo que una vez el demandante dejó de prestar sus servicios, su labor fue
asumida por otra persona, y que incluso él mismo apoyó las tareas de auditoría de
facturación.

132. Manifestó que el demandante estaba sujeto a un horario de 7:00 a.m. a 5:00
p.m. de lunes a viernes, y que en caso de ser necesario podía ser convocado los
sábados por el líder de facturación. El incumplimiento de dicho horario daba lugar a
llamados de atención.

133. Agregó que para ausentarse durante la jornada el demandante debía solicitar
autorización al líder de facturación, y que el tiempo no laborado debía ser
compensado fuera del horario habitual.

134. Finalmente, señaló que era el líder de facturación quien distribuía el trabajo
entre todo el personal del Área, tanto contratistas como empleados de planta. En
ese marco, el accionante tenía a su cargo la auditoría diaria de la facturación, la
contestación de glosas y la realización de capacitaciones en consulta externa para
apoyar los procesos de facturación.

3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

3.5.1. Caducidad del presente medio de control

135. La parte demandante alega en el recurso de apelación interpuesto, que en el
presente asunto el término de caducidad comenzó a contabilizarse a partir del 27
de julio de 2017, día después a la fecha en que se pagaron las copias del expediente
administrativo que se solicitaron junto con la reclamación administrativa, con el fin
de acreditar la existencia de la relación laboral. Ello, comoquiera que la
administración prolongó en el tiempo la contestación de la solicitud de copias, y solo
dio respuesta acerca del valor de estas cuando el apoderado judicial, el 26 de julio
de 2017, se acercó personalmente a la entidad. Así, como el término para presentar
la demanda vencía el 27 de noviembre de 2017, esta se radicó dentro de la
oportunidad prevista por la ley.

29

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

136. Sostuvo que la respuesta dada por la entidad fue incompleta y por tal razón,
el ciudadano puede optar por esperar para acudir a la administración.
Adicionalmente, solicitó que se aplique la excepción por inconstitucionalidad de la
norma que establece la caducidad, porque genera una «discriminación laboral
injustificada», toda vez que tratándose de un contratista, no cuenta con las mismas
garantías que un empleado público a quien en respuesta a sus peticiones se le
emiten actos administrativos, contra los que proceden recursos; a su vez, los
trabajadores del sector privado y empleados oficiales pueden acudir a la
administración de justicia luego de tres años de finalizado el vínculo laboral.

137. En punto, se tiene que el Tribunal, de acuerdo con la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 2016 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
declaró la excepción de caducidad parcial de las pretensiones relacionadas con el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y laborales que eventualmente
se hubiesen podido generar con la declaratoria de la existencia de la relación laboral
entre las partes, con excepción de los aportes a seguridad social en pensiones, por
su carácter periódico e irrenunciable.

138. En este orden de ideas, se recuerda que según lo fijó la jurisprudencia de esta
corporación en la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201650, solo las
reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al Sistema Integral de
Seguridad Social derivados de la relación laboral encubierta, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuados de la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en consonancia con el
artículo 164, numeral 1, literal c), del CPACA. En tal sentido, se precisa que las
demás pretensiones propias de los asuntos en los que se reclama la existencia de
la relación laboral son objeto de la caducidad.

139. Ahora bien, en el caso concreto, se observa que el Oficio 275 del 4 de abril de
2017, acusado, se notificó el 12 de abril de 2017. Así, de acuerdo con el literal d)
del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de cuatro meses para acudir
a esta jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho comenzó a contabilizarse a partir del 13 de abril de 2017 y feneció el 13 de
agosto de ese mismo año.

140. No obstante, en razón a que la demanda se presentó el 23 de noviembre de
2017, es decir, fuera del plazo previsto para el efecto por la ley, el medio de control,
como bien lo definió el Tribunal, se encuentra caducado frente a aquellas
pretensiones diferentes a los aportes a seguridad social en pensiones, por su
carácter periódico e irrenunciable.

141. En este punto de la discusión, no es de recibo el argumento de la parte
accionante, referente a que el término de caducidad debía contarse a partir de la

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

fecha en la que se pagó el valor de las copias del expediente administrativo
solicitadas, porque, a su juicio, la administración no dio una respuesta completa a
la reclamación presentada en la debida oportunidad.

142. Al respecto, se aclara que revisada la solicitud radicada el 24 de marzo de
2017 ante la entidad accionada, esta, de manera general, contenía dos
pretensiones; la primera, concerniente a la declaratoria de la existencia de la
relación laboral encubierta; y la otra, referente a una solicitud de copia de algunos
documentos. Ello significa que tratándose de dos tipos de peticiones de acuerdo
con la Ley 1755 de 201551, podía dárseles un tratamiento diferente.

143. En tal sentido, en cuanto a la relación laboral, el término previsto por la
mencionada ley, para resolver era de 15 días52 y conforme se probó, dentro de ese
lapso la accionada expidió el Oficio 275 del 4 de abril de 2017 —acusado—, en el
que negó el derecho reclamado. Y aun cuando con dicho acto administrativo no se
expidieron las copias solicitadas (para lo cual se tenía un término de 10 días53), sino
que solo se informó al interesado la suma que por cada copia debía consignar a la
entidad, bajo el compromiso de avisarle cuánto era el valor total, lo cierto es que ello
en nada afecta la decisión sobre el derecho pretendido, la cual quedó en firme al no
haberse dado la oportunidad de presentar ningún recurso en su contra.

144. En consecuencia, se precisa que como la entidad demandada resolvió de
fondo la petición de la declaratoria de la existencia de la relación laboral encubierta,
a través del Oficio 275 del 4 de abril de 2017, es a partir de la notificación de este
que se realiza el conteo del término de caducidad del medio de control de la
referencia.

145. Por otra parte, se advierte que el accionante en el recurso de apelación solicitó
que se inaplique, por vía de excepción de inconstitucionalidad, el artículo 164 del
CPACA, que prevé la caducidad, en tanto en su criterio, dicha norma le genera una
«discriminación laboral injustificada». Ello, toda vez que, en su criterio, quienes
laboran como contratistas no tienen los mismos derechos que los empleados
públicos, a los que se les garantiza al momento de presentar una solicitud, la
expedición de actos administrativos fundamentados, contra los que proceden
recursos.

51 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos
los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
[…] (Negrilla fuera del texto).
52 Inciso primero del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, antes trascrito.
53 Numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, antes trascrito.

31

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

146. En punto, se considera que la discriminación alegada por el recurrente no
existe, en la medida que la exigencia de la caducidad por ser una norma de orden
público se aplica a quienes acuden a la Jurisdicción de lo Contencioso-
Administrativo por igual. En tal sentido, se precisa que, en materia laboral-
administrativa, el término previsto por la ley para demandar es el mismo para
todos los que ejerzan el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

147. Sumado a lo anterior, en el caso concreto no se evidencia que el accionante
se encuentre en una situación excepcional, o distinta a quienes como él reclaman
la existencia de una relación laboral encubierta, en tanto deben acudir
oportunamente al juez, teniendo en cuenta que la ley no establece ninguna
excepción a dicha carga por el hecho de ser contratistas.

148. Ahora bien, el demandante también sostiene que los contratistas quedan en
una posición más desventajosa que los trabajadores del sector privado y los
trabajadores oficiales, quienes disponen del término de tres años para formular sus
reclamaciones. Al respecto, se aclara que no puede pretender el recurrente que se
le dé el mismo tratamiento de aquellos a quienes les corresponde acudir a la
jurisdicción ordinaria para resolver sus conflictos, pues las normas procesales
difieren con esta jurisdicción, las cuales obedecen a la naturaleza de cada asunto y
de las partes involucradas. En el caso particular, la competencia para conocer del
asunto concierne a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, por cuanto la
autoridad demandada es una entidad pública y se pretende desmostar que a través
de contratos de prestación de servicios se encubrió lo que debió ser una relación
legal y reglamentaria54 (art. 104 del CPACA), y en esa medida las normas aplicables
son las establecidas por las leyes que rigen la materia, esto es, la Ley 1437 de 2011,
modificada por la Ley 2080 de 2021. Norma que como se explicó en precedencia,
prevé el término de 4 meses en casos como el presente, para demandar.

149. Por razón de lo expuesto, se estima que la solicitud del apelante en cuanto a
declarar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 164 del CPACA no tiene
vocación de prosperidad.

150. Así las cosas, se confirmará la decisión del Tribunal en cuanto declaró que
operó la caducidad del medio de control frente a las pretensiones relativas a obtener
el pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de la declaratoria de la
relación laboral entre las partes, según lo previsto en el numeral 2, literal d), del
artículo 164 del CPACA.

151. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el criterio establecido por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2

54 Se aclara que dadas las funciones desempeñadas por el accionante en condición de técnico administrativo,

no se infiere que declarándose una relación laboral encubierta, se determine que ejerció labores propias de un
trabajador oficial.
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No. 5 de 201655, esta Sala concluye que, debido al carácter irrenunciable y periódico
de los aportes al sistema de pensiones, la pretensión orientada a obtener su
reconocimiento y pago no está sometida al término de caducidad propio del
presente medio de control. En consecuencia, se procederá al análisis de los
elementos constitutivos de la relación laboral.

3.5.2. Sobre la existencia de la relación laboral encubierta

152. La entidad accionada solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia
y se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que, a su juicio, entre las
partes no existió una relación laboral encubierta, en tanto no se configuró el
elemento de la subordinación.

153.En consecuencia, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los
elementos que permitirían la configuración de una relación laboral entre el señor
Gustavo Castro Rozo y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —
Hospital de Kennedy E.S.E.—.

154. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.

3.5.2.1. Prestación personal del servicio

155. De acuerdo con la documental allegada por las partes al plenario, esto es, la
copia de los contratos de prestación de servicios que se relacionaron en el acápite
de hechos probados de la presente providencia, se acredita que el señor Gustavo
Castro Rozo prestó servicios en el Hospital Occidental de Kennedy E.S.E., que hoy
integra la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, vinculado a través
de contratos de prestación de servicios, del 1 de febrero de 2013 al 30 de abril de
2016, sin interrupción en días hábiles.

156. Según el objeto los contratos celebrados y lo señalado por todos los testigos,
el accionante efectuó la labor como técnico administrativo I y técnico II en el Área
de Facturación, con el propósito de auditar los procesos de facturación para
garantizar la correcta emisión de facturas y permitir la radicación de cuentas,
asesorar diariamente los procesos administrativos sobre la facturación SOAT, así
como apoyar el proceso de respuesta de glosa administrativa.

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.
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Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

157. De acuerdo con el testimonio del señor José Sanín Ortega Sanjuan, la labor
del demandante exigía su presencia física en las instalaciones de la entidad y
cuando necesitaba ausentarse, debía solicitar permiso. Lo cual fue corroborado por
los señores Luis Alexander Ramírez Hernández y la señora Diana Elizabeth Castro
Padilla.

158. En este orden, se considera que el demandante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratado.

3.5.2.2. Remuneración

159. En los contratos de prestación de servicios celebrados entre el accionante y el
Hospital Occidental de Kennedy E.S.E., las partes acordaron el pago de honorarios
a favor del contratista, lo cual se evidencia en la copia de estos, que reposan en el
plenario, en donde se advierte que se fijó un valor por la prestación de los servicios.

160. A su vez, en el expediente reposan las copias de los certificados de
disponibilidad presupuestal y de los certificados de registro presupuestal, en los que
se observa que la E.S.E. realizaba la programación del pago de cada contrato, mes
a mes.

3.5.2.3. Continuada subordinación o dependencia

161. Sobre el particular se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, el tiempo y el lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.

162. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estipulado, sin que tales funciones puedan
asumir un carácter permanente ni implicar integración a la estructura organizacional
de la entidad.

163. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
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164. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.

165. Descendiendo al caso concreto, en primer lugar, se señala que, de
conformidad con el Decreto 1876 de 199456, las Empresas Sociales del Estado
constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Y según lo prevé
tal norma, tienen como objetivo, entre otros, prestar los servicios de salud de
manera eficiente y efectiva, de acuerdo con las normas de calidad establecidas,
garantizando mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la entidad. Tales objetivos hacen parte de la misión de cada E.S.E.

166. Ahora bien, conforme con las pruebas practicadas, se tiene que el señor
Gustavo Castro Rozo ejecutó la labor de técnico administrativo en el Área de
Facturación. Ello quiere decir que, en dicha calidad, en consonancia con lo antes
mencionado, desempeñó funciones para cumplir con el objeto misional del Hospital
Occidental de Kennedy, comoquiera que las actividades de facturación deben
garantizarse en procura de lograr la prestación del servicio de salud con eficiencia
y calidad en una E.S.E.

167. Lo anterior, tiene fundamento, además, en que de acuerdo con los contratos
suscritos con el Hospital Occidental de Kennedy E.S.E. se comprometió a cumplir,
entre otras, las siguientes obligaciones:

1. Realizar las actividades descritas en la justificación allegada por la respectiva
área. 2. PIGA. Conocer y retroalimentar el Plan Institucional de Gestión Ambiental
(PIGA) dispuesto por la Empresa Social, con el fin de convertirse en gestor
ambiental cumpliendo con la normatividad y participando en los subprogramas que
se deriven del mismo. 3. Conocer y dar aplicabilidad al Código de Ética Institucional.
4. Conocer los procesos y procedimientos de su área, así como la integración de los
mismos al Programa de Acreditación Institucional.

168. A su vez, obran en el plenario las obligaciones contractuales establecidas para
el accionante dados los contratos de prestación de servicios suscritos con la E.S.E.,
como técnico administrativo en la Subgerencia Financiera del Hospital, Área de
Facturación57:

56
«Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las
Empresas Sociales del Estado».
57 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-1 DE 3, págs. 1,
39, 65, 109, 133; documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs. 4, 40, 86, 133, 158, 188;
GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-3 DE 3, págs. 15, 52, 66, 81, 106.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
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1. Gestionar y realizar el proceso de auditoría y preauditoria al 100% de la facturación
de SOAT con cargo a las Aseguradoras y al Consorcio Fiduciario del FOSYGA y
proponer sugerencias para el mejoramiento en la calidad de la facturación y soporte
de cuentas.
2. Apoyar el proceso de respuesta de glosa administrativa y de pertinencia de la
facturación con cargo al SOAT y al Consorcio Fiduciario del FOSYGA dentro de los
tiempos según la normatividad legal vigente.
3. Revisar y analizar la glosa aceptada en respuesta y conciliación e informar los
posibles responsables de la glosa aceptada con posible detrimento patrimonial.
4. Asesorar diariamente los procesos administrativos sobre la facturación SOAT que
le sean requeridos.
5. Planear y realizar el desarrollo de las capacitaciones sobre facturación de SOAT y
FOSYGA.
6. Realizar los informes necesarios para determinar y prevenir causales de glosa.
7. Estar actualizado en la normatividad expedida sobre salud, facturación, glosa y su
aplicabilidad.
8. Apoyar las respuestas a los requerimientos hechos por las diferentes Aseguradoras
y el FOSYGA.
9. Gestionar las respuestas a los requerimientos hechos al área y que están
pendientes.
10. Asistir a las reuniones y comités a los que sea designado y efectuar la divulgación
y retroalimentación de la información.
11. Dar soporte a los revisores en temas y procedimientos facturados.
12. Rendir informes periódicos de la gestión realizada de conformidad con las normas
vigentes.
13. Efectuar los trámites y seguimientos necesarios ante el Área de Facturación para
el control, solución e implementación de mejoras en el módulo de facturación de
Dinámica Gerencial.
14. Conocer y retroalimentar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
dispuesto por la Empresa Social, con el fin de convertirse en gestor ambiental
cumpliendo con la normatividad y participando en los subprogramas que se deriven
del mismo.
15. Participar en la ejecución de las acciones que se establezcan en los planes de
mejoramiento acordados y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la
Empresa (SIGHOK) y planes de acreditación que correspondan.
16. Participar de manera activa en las actividades programadas del Premio Distrital
de Gestión en Salud (PDGS) como son el apoyo a la auditoria de los elementos del
índice de Desarrollo Institucional Distrital (IDID), implementación del sistema
obligatorio.
17. Realizar y presentar al supervisor de la orden de prestación de servicios el informe
de cumplimiento de actividades y las copias de los recibos de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, de acuerdo con lo establecido en el artículo (sic).
18. Presentar la certificación y soportes correspondiente para el pago por el
cumplimiento de las actividades contratadas.
19. Y demás actividades que asigne el supervisor acorde con las relacionadas.
20. Consolidar y entregar estados de cuenta por prestación de servicios a los usuarios
con el fin de evitar superaciones de topes por aseguradoras o consorcio.
21. Conocer y retroalimentar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)
dispuesto por la empresa social con el fin de convertirse en gestor ambiental

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
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Kennedy—

cumpliendo con la normatividad y participando en los subprogramas que se deriven
del mismo.
22. Ejercer las demás obligaciones afines al objeto de la contratación.

169. Advertido lo anterior, se evidencia que el accionante no realizó sus actividades
de forma autónoma e independiente, pues las obligaciones y labores desarrolladas
tienen correspondencia con el poder subordinante del empleador. Ello, en tanto,
debía seguir las directrices, guías y protocolos de la entidad, como aquellas
contenidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), el Código de Ética
Institucional y el Programa de Acreditación Institucional.

170. A su vez, se acredita que para el cumplimiento de sus funciones como técnico
administrativo debía participar en la ejecución de las acciones que se establecieran
en los planes de mejoramiento y la implementación del Sistema Integrado de
Gestión de la Empresa (SIGHOK), además de hacer parte, de manera activa, de las
actividades programadas del Premio Distrital de Gestión en Salud (PDGS).

171. Adicionalmente, se advierte que las obligaciones eran susceptibles de ser
modificadas, en tanto el supervisor podía asignar funciones y se le instaba a ejercer
todas aquellas que pudiesen ser afines al objeto contratado. Circunstancias que
evidencian el ejercicio del ius variandi, propio de una relación laboral caracterizada
por el sometimiento a órdenes, controles y lineamientos jerárquicos dispuestos por
la entidad.

172. Sumado a lo expuesto, se allegaron al plenario facturas resultado de
auditorías, las cuales el accionante remitía a través de oficio al subgerente
financiero del Hospital Occidente Kennedy58; informes de gestión enviados por el
demandante a la coordinadora de la oficina de facturación sobre respuesta de
glosas de las aseguradoras59; informes de conciliación de cuentas con
aseguradora60; y radicación de respuesta de glosa y/o objeciones dentro de proceso
de auditorías médicas, dirigidos al director operativo Grupo SIS61.

173. Dichos documentos demuestran que el demandante debía rendir informes a
distintos coordinadores y líderes, a quienes les remitía las actividades y tareas
desarrolladas. Ello, lo confirmaron, además, los testigos José Sanín Ortega Sanjuan
y Diana Elizabeth Castro Padilla, quienes fueron compañeros de trabajo del
accionante y manifestaron que él como integrante del Área de Facturación debía

58 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
27 a 29.
59 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
30 a 34.
60
Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,
archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
104 a 106.
61 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
140 a 153.
37

Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

entregar reportes diarios y semanales de lo facturado y de la ejecución de las
actividades.

174. Sobre el particular, se destaca que los testigos de manera coincidente
sostuvieron que el demandante recibía órdenes de sus superiores inmediatos,
quienes eran el jefe de facturación y el subgerente financiero; mismos a quienes les
debía solicitar permiso en caso de ausentarse de la entidad y a los que, conforme
se señaló antes, rendía informes de actividades y remitía facturas, glosas y
conciliaciones de cuentas.

175. A su vez, se evidencia que el demandante debía participar en reuniones, pues
se aportaron al expediente, actas de asistencia a reuniones para tratar temas como
la gestión del SOAT y proceso de glosas, que él entregaba al líder de la Oficina de
Facturación62. Dichas reuniones, eran obligatorias, según el decir del testigo José
Sanín Ortega Sanjuan, quien también aseguró que estas eran convocadas por la
jefe de facturación.

176. Asimismo, se advierte que, en sus declaraciones, los señores Diana Elizabeth
Castro Padilla, Claudia Patricia Padilla Ríos y Luis Alexander Ramírez Hernández
afirmaron que el accionante laboraba en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y que,
cuando se requería, también prestaba servicios algunos sábados. Se señaló que,
en caso de no cumplir con el referido horario, podía ser objeto de llamados de
atención. Además, le correspondía pedir permiso, cuando no pudiera asistir a la
entidad. Por su parte, sobre el particular, el señor José Sanín Ortega Sanjuan en su
declaración manifestó que el accionante tenía que cumplir sus funciones dentro de
las instalaciones del hospital, en tanto no era posible revisar la facturación desde
otro lugar, teniendo en cuenta que era indispensable tener acceso a las historias
clínicas y estaba prohibido retirar la documentación.

177. Por otra parte, en lo referente a que el servicio personal contratado
corresponda a las funciones permanentes de los empleados de planta, se destaca
que, si bien en el plenario no obra manual de funciones alguno que permita acreditar
si las labores desempeñadas por el accionante se asemejan a aquellas ejercidas
por el personal de planta, lo cierto es que la testigo, Diana Elizabeth Castro Padilla,
adujo que las actividades que realizaba el demandante eran desarrolladas también
por personal vinculado directamente con la entidad, cuya única diferencia con el
contratista era la modalidad de la vinculación.

178. A su turno, el señor Luis Alexander Ramírez Hernández reiteró lo anterior;
mientras que la señora Claudia Patricia Padilla Ríos, quien también laboró para la
entidad, sostuvo que en el Área de Facturación se ejercían funciones propias del
personal de planta del hospital.

62 Samai, gestión en otros despachos, radicación 25000234200020180092400, índice 69, expediente digital,

archivo 23_Elementos probatorios(.zip), documento GUSTAVO CASTRO ROZO CC79277666-2 DE 3, págs.
17 a 22, 23, 24 a 26.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

179. En este orden de ideas, se concluye que, contrario a lo aducido por la entidad
recurrente, no existió un desarrollo de actividades bajo la simple coordinación de la
entidad, toda vez que las funciones del accionante se ejecutaron según las
órdenes de la E.S.E., como se demostró, con la imposición de un horario; la sujeción
a las directrices de coordinadores y líderes; y la correspondencia de las actividades
a desarrollar con las de los empleados de planta.

180. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.

181. Asimismo, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»63.

182. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»64.

183. Así las cosas, en el caso en estudio, teniendo en cuenta la valoración
probatoria, se estima probado el elemento de la subordinación. Lo anterior, en la
medida que el accionante al desempeñar las funciones de técnico administrativo en
el Área de Facturación, ejecutó labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad, por cuanto las actividades de facturación deben realizarse
en procura de prestar los servicios de salud de manera eficiente y efectiva,
garantizando mediante un manejo gerencial adecuado, la rentabilidad social y
financiera de la E.S.E.

63 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, exp. 63001-23-

33-000-2020-00365-01 (2181-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, .
64 Ibidem.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

184. A su vez, las funciones las ejercía en un horario fijo de lunes a viernes; su lugar
de trabajo eran las instalaciones del hospital. Y, para cumplir el objeto contractual, la
entidad le asignaba los elementos que requería, como computadores e implementos
de oficina y escritorio, de acuerdo con las declaraciones de los señores José Sanín
Ortega Sanjuan y Diana Elizabeth Castro Padilla.

185. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
por más de tres años, propia del personal de planta. Asimismo, el accionante era
supervisado, más allá de la coordinación, en tanto recibía órdenes por parte de la
entidad, conforme se expuso en precedencia.

186. En consecuencia, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que del 1 de febrero de 2013 al 30 de abril de 2016, como bien lo
definió el Tribunal, la parte demandante demostró la existencia de la relación laboral
con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de
Kennedy E.S.E.—, lo que se evidenció con las pruebas documentales y
testimoniales practicadas en el proceso.

3.5.3. El reconocimiento y pago de los aportes a título de restablecimiento del
derecho

40. Conforme se expuso en el acápite 3.5.1 de esta sentencia, el accionante no tiene
derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de prestaciones
sociales legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarse. No obstante,
como los aportes para pensión tienen el carácter de imprescriptibles, irrenunciables
y periódicos, la entidad demandada deberá efectuar las cotizaciones por tales
valores al respectivo fondo de pensiones por el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2013 y el 30 de abril de 2016, salvo sus interrupciones.

187. En punto, se aclara que esta corporación en su jurisprudencia ha
señalado que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral
subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante
la calidad de empleado público», lo que no impide que se reconozcan las
prestaciones reclamadas en virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario
igual»65.

188. Por ende, hay lugar a modificar la decisión dictada por el Tribunal en el numeral
tercero de la sentencia impugnada, en tanto la parte demandada debe calcular el
ingreso base de cotización (IBC) pensional, que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que haya desarrollado funciones iguales a las que ejecutó el
demandante, del 1 de febrero de 2013 al 30 de abril de 2016. A su vez, deberá

65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-
33-000-2013-00091-01 (0237 2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador, teniendo en cuenta, además, su carácter imprescriptible.

189. Por su parte, el demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones durante el tiempo que duró su
vinculación y, en el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en su
contra, tendrá que pagar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
correspondía como empleado.

190. Sobre el particular, si bien en oportunidades anteriores esta
Subsección sostuvo que por el reconocimiento de una relación laboral «no surge el
derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales» 66; esta Sala
modificó su postura para señalar que en estos asuntos el restablecimiento del
derecho comporta, además, el reconocimiento y pago de la diferencia que
pueda existir entre lo devengado por los empleados de planta de la entidad y los
honorarios que le fueron pagados a los contratistas67.

3.6. Conclusión de la decisión

191. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el demandante acreditó
la existencia de una relación laboral entre el 1 de febrero de 2013 y el 30 de abril de
2016, en la prestación del servicio como técnico administrativo del Área de
Facturación en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital
de Kennedy E.S.E.—. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación continua.

192. Sin embargo, al haberse demostrado que operó la caducidad de las
pretensiones de pago de salarios y prestaciones sociales, excepto de los aportes a
pensión, por cuanto tienen el carácter de imprescriptibles, irrenunciables y
periódicos, se confirmará parcialmente fallo apelado, para modificar el numeral
tercero, en el sentido de ordenar que el ingreso base de cotización (IBC) pensional,
debe corresponder a los salarios de un empleado de planta que haya desarrollado
funciones iguales a las que ejecutó el demandante, del 1 de febrero de 2013 al 30
de abril de 2016.

3.7. Costas

4. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 68 de la
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, exp. 66001-23-33-

000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 25 de enero de 2024, exp. 81001-23-

39-000-2017-00008-01 (1824-2022) y exp. 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-2021), M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
68 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 25 de noviembre de 2022,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las razones expuestas en este proveído.

Segundo. Modificar el numeral tercero de la sentencia impugnada, el cual quedará
así:

Tercero.- A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur Occidente —Hospital de Kennedy E.S.E.—, en caso de existir
diferencias entre los aportes realizados por el demandante como contratista y los que
efectivamente se debieron cumplir en razón de la relación laboral, que efectúe las
cotizaciones al respectivo fondo de pensiones en el porcentaje que le incumbía como
empleador, por el periodo comprendido del 1 de febrero de 2013 al 30 de abril de
2016, en que se acreditó la relación laboral. Para ello, tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba iguales funciones a las
ejecutadas por el demandante en el referido periodo. Por su parte, el demandante
para el mismo lapso deberá acreditar las cotizaciones realizadas al mencionado
sistema durante el vínculo contractual y si no las hubiese hecho, o si se verificara
algún faltante, tendrá la obligación de completar o pagar según corresponda, el
porcentaje que le concernía como empleado, según lo analizado en esta sentencia.

Tercero. Sin condena en costas.

el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-00924-02 (1233-2023)
Demandante: Gustavo Castro Rozo
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente—Hospital de
Kennedy—

Cuarto. Reconocer personería al abogado Camilo Andrés Cruz Bravo identificado
con la cédula de ciudadanía 80.102.233, portador de la tarjeta profesional 162.400
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la entidad
accionada, en los términos del poder que le fue conferido que obra a índice 21 de
Samai.

Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

43

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