República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02514-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
22 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–
Tema: relación laboral encubierta – instructor del Sena.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B el 9 de junio de 2023, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
1. Síntesis del caso
El accionante celebró contratos de prestación de servicios con el Sena como
instructor, cuya duración se extendió por más de diez años. Solicitó la nulidad del
oficio que le negó el reconocimiento de una relación laboral con la mencionada
entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al considerar que se
acreditaron los elementos propios de la relación de trabajo. No obstante, declaró la
prescripción de lo causado con anterioridad al 30 de octubre de 2007.
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia toda vez que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral en la prestación del
servicio como instructor del Sena. En efecto, demostró la prestación personal del
servicio, la remuneración y la subordinación continua. También se estima que operó
la prescripción de lo reclamado con anterioridad al 30 de octubre de 2007, dada la
pérdida de la solución de continuidad en los contratos suscritos con anterioridad a
tal fecha.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 16 de noviembre de 20181, el señor Rubén Darío
Vásquez Franco, por conducto de apoderado, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Servicio
Nacional de Aprendizaje (en adelante Sena), según las pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.
2. Solicitó que se declare la nulidad del Oficio 2-2018-042988 del 12 de julio de
2018, por medio del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento de las
prestaciones sociales, acreencias laborales e indemnizaciones.
3. En consecuencia, pidió que se declare que existió una relación laboral entre
él y el Sena derivada de la suscripción de múltiples contratos de prestación de
servicios entre el 16 de julio de 2005 hasta el 8 de octubre de 2016.
4. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la demandada a
reconocer y pagar las prestaciones sociales dejadas de percibir —estabilidad
laboral reforzada;bonificación por servicios prestados; incrementos salariales;
auxilio de cesantías; intereses a las cesantías; prima de servicios, de navidad, de
vacaciones y técnica; gastos de representación; remuneración por capacitación,
trabajo suplementario, horas extras y nocturnas; bonificación por no pago;
indemnizaciones; vacaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensión—, por la labor desempeñada en la entidad. Lo anterior, en igualdad de
condiciones al personal de planta.
5. También pidió que se ordene el pago de la indemnización moratoria; las
cotizaciones a la caja de compensación familiar entre el 16 de julio de 2005 y el 8
de octubre de 2016; las cesantías definitivas; la indemnización por haber terminado
la relación laboral de orden legal y reglamentaria; intereses moratorios; la
indexación de las sumas adeudadas; y que se condene en costas a la parte
demandada.
6. Finalmente, como pretensión subsidiaria, solicitó que se ordene el reintegro
al cargo que venía desempeñando, con el pago de las acreencias laborales y
prestacionales causadas.
2.1.1. Hechos
7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
1 Samai, Tribunal, índice 00001, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 1, REPARTOYRADICACION.
2 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar), carpeta cuaderno principal,
documento 4_CUADERNO1.PDF, págs. 2 a 25.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
8. El señor Rubén Darío Vásquez Franco celebró con el Sena contratos de
prestación de servicios desde el 16 de julio de 2005 hasta el 8 de octubre de 2016,
para impartir formación en el Centro Metalmecánico. Durante la relación contractual,
entre otras, se le exigió la prestación personal del servicio, de forma continua, con
elementos de trabajo asignados; debía ceñirse a las funciones predeterminadas por
la entidad y cumplir un estricto horario de trabajo.
9. El 26 de junio de 2018, solicitó a la demandada el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales y acreencias laborales, que
se derivaran de esta. Sin embargo, aquella le fue negada por el director regional del
Distrito Capital, a través del Oficio 2-2018-042988 del 12 de julio de 2018.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
10. En la demanda se citaron las siguientes normas como vulneradas:
• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 25, 29, 48, 53, 58,
83, 90, 95, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 209, 277 y 351-1.
• Ley 6 de 1945.
• Ley 909 de 2004.
• Ley 1437 de 2011.
• Ley 1564 de 2012.
• Decreto 3135 de 1968.
• Decreto 1848 de 1969.
11. Indicó que en su caso se debe dar aplicación al principio de primacía de la
realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, toda vez que en la ejecución de los contratos en cuestión concurrieron los
tres elementos constitutivos del contrato de trabajo, previstos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la
subordinación y la remuneración.
12. Para el efecto, manifestó que, en primer lugar, existió prestación personal del
servicio, porque ejecutó las labores de manera directa, con dedicación de 50 horas
semanales.
13. En segundo lugar, toda vez que percibió una remuneración periódica y
regular como contraprestación por los servicios prestados.
14. En tercer lugar, recibió órdenes directas de personal vinculado al Sena,
quienes le remitían diariamente el cronograma de actividades programadas para
cada mes y le daban órdenes respecto del tiempo, modo y lugar de ejecución de
sus actividades, sin que el accionante pudiera ausentarse ni disponer libremente de
su jornada.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
15. Además de lo anterior, le suministraron las herramientas, equipos, insumos
y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. Indicó que recibía
mensualmente correos electrónicos con instrucciones por parte de la entidad para
el desarrollo de las actividades, asistió a reuniones en calidad de líder de brigada,
participó en actividades de seguimiento de brigadas de emergencia, realizó visitas
en nombre del Sena, entre otras actividades establecidas en los contratos de
prestación de servicios.
16. Añadió que la función de impartir formación profesional constituye el objeto
misional permanente del Sena, por lo que no podía satisfacerse mediante contratos
de prestación de servicios de naturaleza temporal y excepcional.
2.2. Contestación de la demanda
17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
que se negaran. Como excepciones propuso las de prescripción, inexistencia de la
obligación, presunción de legalidad del acto demandado, cobro de lo no debido,
existencia de solución de continuidad entre los contratos celebrados y las genéricas
que resultaran probadas3.
18. Sostuvo que el accionante fue vinculado mediante 22 contratos de prestación
de servicios, todos de carácter temporal, sujetos a diferentes objetos contractuales,
con solución de continuidad entre uno y otro de más de 15 días hábiles,
circunstancia que evidenciaba la ausencia de vocación de permanencia y, por ende,
la improcedencia de reconocer una relación laboral encubierta.
19. Negó categóricamente la existencia de una subordinación y precisó que lo
que hubo entre las partes fue una relación de coordinación de actividades que es
propia de todo contrato de prestación de servicios y necesaria para garantizar la
correcta ejecución del objeto pactado.
20. Indicó que dentro del plenario no obran pruebas que acrediten de manera
fehaciente el elemento de la subordinación, pues no se evidencian órdenes
impartidas al contratista, llamados de atención, memorandos, sanciones ni tampoco
investigaciones disciplinarias en contra de este, que prueben una relación de
dependencia jerárquica. Además, sostuvo que la actividad de formación que
desarrollaba el demandante le permitía plena autonomía e independencia para
determinar la forma de ejecutar sus labores, razón por la cual la supervisión ejercida
por la entidad se enmarcaba en el legítimo deber de verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y no en expresión alguna del poder subordinante del
empleador.
21. Con todo, la accionada explicó que la contratación de instructores mediante
la modalidad de prestación de servicios responde a factores objetivos y variables,
3 Samai, Tribunal, índice 00036, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 36,20_ CONTESTACIONDEMANDA.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
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principalmente, a la demanda de estudiantes en cada período académico y las
necesidades específicas de cada programa de formación, los cuales impiden que la
entidad pueda comprometer recursos públicos a través de cargos de planta
permanentes para actividades de carácter eventual y periódico. Indicó que esta
modalidad de contratación se encuentra expresamente autorizada por la Ley 80 de
1993 y el Decreto 2400 de 1968, para los casos en que las actividades no puedan
realizarse con el personal de planta o requieran conocimientos especializados.
22. Finalmente, el Sena señaló que, de conformidad con los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, el término prescriptivo de
tres años debe contabilizarse a partir de la terminación de cada vínculo contractual,
así que cuando existe solución de continuidad, esto es, una interrupción superior a
15 días hábiles entre un contrato y el siguiente, la prescripción debe analizarse de
manera independiente para cada contrato. Con fundamento en ello, advirtió que
habiendo presentado el demandante su reclamación administrativa el 26 de junio
de 2018, todas las acreencias relacionadas con los contratos finalizados con
anterioridad al 26 de junio de 2015 se encuentran prescritas.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 9 de junio de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas4.
24. Adujo que, según las probanzas, el señor Rubén Darío Vásquez Franco
suscribió con el Sena una multiplicidad de contratos de prestación de servicios entre
el 16 de julio de 2005 y el 9 de octubre de 2016, a través de los cuales desempeñó
funciones de instructor en el Centro Metalmecánico de la Regional Distrito Capital,
impartiendo formación profesional integral a aprendices en la especialidad de
mantenimiento.
25. El Tribunal encontró acreditados los tres elementos de la relación laboral.
Respecto de la prestación personal del servicio, tuvo en cuenta que las funciones
de instructor las ejerció el demandante de manera directa e indelegable durante
aproximadamente once años y tres meses, lo que desvirtuaba el carácter temporal
propio del contrato de prestación de servicios.
26. En cuanto a la subordinación, destacó que el demandante cumplía un horario
asignado por los coordinadores académicos de la entidad, prestaba sus servicios
en las instalaciones del Sena, desarrollaba funciones idénticas a las de los
instructores vinculados a la planta, debía registrar información en la plataforma
educativa institucional y portaba carné de identificación de la entidad. Lo anterior,
adujo, fue corroborado con los testimonios de los señores Iván Martínez Mora y
Dougan Arturo Rodríguez Briceño —instructores de planta que compartieron
4 Samai, Tribunal, índice 00101, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 101,94_SENTENCIA.
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funciones con el demandante—, quienes fueron contundentes al señalar que no
existía diferencia alguna entre las labores cumplidas por los contratistas y las de los
servidores de planta, siendo la única distinción que los primeros cumplían una
mayor carga horaria.
27. En materia de remuneración, el Tribunal valoró los contratos de prestación de
servicios obrantes en el expediente, en los que se pactaron valores periódicos por
las horas de formación impartidas, hecho que ninguna de las partes controvirtió.
28. El juez de primera instancia constató que entre la finalización del contrato 176
—el 15 de agosto de 2007— y el inicio del contrato 659 —el 30 de octubre de 2007—
transcurrieron 52 días hábiles, término superior a los 30 días hábiles fijado por el
Consejo de Estado. En consecuencia, declaró probada la prescripción de los
derechos salariales y prestacionales derivados de los contratos anteriores al 659,
de manera que el reconocimiento de dichos factores quedó circunscrito al período
comprendido entre el 30 de octubre de 2007 y el 9 de octubre de 2016.
29. Sin embargo, precisó que la prescripción no opera respecto de los aportes
pensionales, los cuales deben computarse desde el 16 de julio de 2005, fecha de
inicio del primer vínculo contractual probado. Igualmente, aclaró que la reclamación
administrativa se presentó dentro del término de tres años contados a partir de la
terminación del último contrato —el 9 de octubre de 2016—, razón por la cual no
operó la prescripción frente a los contratos sucesivos sin interrupción.
30. En cuanto al restablecimiento del derecho, el Tribunal ordenó el
reconocimiento de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones —estas últimas
en su equivalente en dinero, al haber quedado consumada la imposibilidad de
disfrutarlas en tiempo—, para el período no prescrito. Precisó que la base de
liquidación de las prestaciones sociales debería calcularse sobre el salario
devengado por un instructor de planta, habida cuenta de que se acreditó la
existencia de un cargo con funciones iguales o similares a las desempeñadas por
el contratista.
31. En lo atinente a los aportes pensionales, dispuso que el Sena debería verificar,
mes a mes, el ingreso base de cotización sobre el salario de un instructor de planta
durante todo el período de vinculación —desde el 16 de julio de 2005 hasta el 9 de
octubre de 2016— y, de existir diferencia frente a lo cotizado por el demandante en
calidad de contratista, cubrir la suma faltante en el porcentaje correspondiente al
empleador.
32. El fallador de primera instancia negó la pretensión relativa al subsidio familiar,
por cuanto el demandante no acreditó tener personas a cargo en los términos del
artículo 18 de la Ley 21 de 1982. De igual manera, negó la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo, al precisar que dicha sanción solo procede cuando el
derecho prestacional no está en discusión, lo que no ocurre en los procesos de
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«contrato realidad», en los que es precisamente la sentencia la que da origen al
derecho.
33. Así mismo, negó el reembolso de los aportes realizados al Sistema de Salud,
por tratarse de contribuciones parafiscales de destinación específica. Negó también
las excepciones propuestas por la entidad demandada, al haber quedado
desvirtuada la naturaleza contractual de la vinculación.
2.4. Recurso de apelación
34. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión y se nieguen las pretensiones de la demanda, bajo los
siguientes argumentos5:
35. Centró su inconformidad en que el juez de primera instancia realizó una
valoración errónea del acervo probatorio al otorgar plena credibilidad a los
testimonios rendidos al interior del proceso, sin que constituyan plena prueba para
acreditar el elemento de la subordinación.
36. Sostuvo que los testigos Iván Martínez Mora y Dougan Arturo Rodríguez
Briceño son demandantes en otros procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantados en contra del Sena, por los mismos supuestos fácticos del
asunto de la referencia, lo que compromete la imparcialidad de sus declaraciones.
37. Además, fueron imprecisos y no señalaron de forma específica las condiciones
en las cuales ocurrió la subordinación, máxime que ninguno de los dos aportó
prueba documental que respaldara sus afirmaciones ni se dejó claro si sus
declaraciones versaban sobre hechos directamente percibidos o meramente
inferidos de su propia situación como trabajadores de la entidad.
38. Por otro lado, manifestó que las documentales que obran en el proceso, lejos
de probar la subordinación, dan cuenta de una típica relación de coordinación entre
el contratante y el contratista, propia de todo contrato de prestación de servicios. En
ese sentido, sostuvo que no obran órdenes, llamados de atención o cualquier otra
manifestación que conlleve a demostrar la subordinación.
39. Indicó que los horarios no le fueron impuestos unilateralmente por el Sena,
sino que se acordaron de manera consensuada en la etapa precontractual, en
función de las franjas disponibles para la atención de los aprendices; además, no
se tuvo en cuenta que la cantidad de horas prestadas por el demandante respecto
de los instructores de planta son disimiles –inferiores–, por tanto, no se puede inferir
que se trata de funciones iguales.
5 Samai, Tribunal, índice 00104, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua
104,96_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION.
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Demandado: Sena
40. Además, se evidencia la interrupción con más de 30 días entre los contratos
celebrados entre el demandante y el Sena y que dicha situación obedece a las
convocatorias académicas de la entidad y a la demanda variable de aprendices por
programa, circunstancias que no fueron valoradas por el a quo6 y que refuerzan el
carácter temporal y específico de cada vinculación contractual.
41. En ese orden, las pruebas decretadas y practicadas no acreditan los tres
elementos constitutivos de una relación laboral, es decir, no está demostrada la
subordinación, la continuada dependencia del demandante ni tampoco la vocación
de permanencia con la entidad, sino por el contrario, están demostrados los
elementos característicos de una relación contractual de carácter estatal.
42. Para reforzar su dicho, invocó la sentencia de unificación IJ-0039 el 18 de
noviembre de 2003 del Consejo de Estado, conforme a la cual el cumplimiento de
un horario, la atención de instrucciones de los coordinadores y la presentación de
informes de ejecución no constituyen manifestaciones de subordinación laboral,
sino obligaciones inherentes a la coordinación que la ley impone a las entidades
públicas para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.
43. En línea con lo anterior, sostuvo que en el caso del Sena lo que se busca con
la coordinación es garantizar la efectiva prestación de los servicios contratados y en
muchas ocasiones se requiere que el servicio sea prestado en determinado horario
y en las instalaciones de la entidad, por tratarse de labores de formación académica,
así que el hecho de que el contratista deba rendir una serie informes para verificar
el cumplimiento de las actividades a su cargo, de ninguna manera puede entenderse
como una subordinación o dependencia, pues de ser así cualquier contrato de
prestación de servicios se desnaturalizaría.
44. En otras palabras, la demandada sostuvo que con el recurso de apelación lo
que busca es que se analice si efectivamente el demandante demostró que estuvo
bajo el elemento de subordinación o dependencia continuada, conforme con la
documentación obrante en el expediente. Sostuvo que el elemento de la
subordinación requiere, para su configuración, que esta se ejecute de manera
continua e ininterrumpida durante el desarrollo del contrato, es decir, que exista una
sujeción o dependencia constante de quien presta el servicio respecto de su
contratante, elementos que no fueron demostrados por el accionante.
45. Concluyó que la relación existente entre el señor Rubén Darío Vásquez Franco
y el Sena fue estrictamente contractual, regida por el numeral 3. ° del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, y que, al no haberse desvirtuado la subordinación continua y
permanente que exige la configuración del contrato realidad, no era dable la
declaratoria de nulidad del Oficio 2-2018-042988 del 12 de julio de 2018. Por todo
lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia.
6 Juez de primera instancia.
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2.5. Trámite procesal en segunda instancia
46. Mediante auto del 16 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia7.
2.6. Ministerio Público
47. La Procuraduría Tercera Delegada8 ante el Consejo de Estado rindió
concepto.
48. Sostuvo que el acervo probatorio recaudado no es suficiente ni contundente
para acreditar el elemento de la subordinación. Al respecto, indicó que del
testimonio del señor Iván Martínez Mora se desprende que los contratistas no se
sujetaban a un horario impuesto por la entidad, sino que la franja de ejecución de
las horas contratadas se acordaba con el coordinador académico, lo que configura
una gestión de coordinación y no una sujeción jerárquica.
49. De otro lado, el testimonio del señor Dougan Arturo Rodríguez Briceño solo
advirtió que este ejerció el cargo de coordinador académico durante dos años, y que
únicamente se encontraba con el demandante en las instalaciones del complejo, sin
que obrara prueba de que presenciara de manera directa los hechos relativos al
cumplimiento del vínculo contractual del señor Vásquez Franco.
50. Por ello, concluyó que las declaraciones de ambos testigos se basaron en
supuestos fácticos y no en hechos percibidos de manera directa y personal, razón
por la cual no resultaban conducentes, pertinentes ni útiles para acreditar la
subordinación continuada exigida por la jurisprudencia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
51. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
52. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
7 Samai, índice 00012, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 12,96_AUTOQUEADMITE.
8 Samai, índice 00020, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 22_CONCEPTOMINISTERIOPUBLICO.
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solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:
53. ¿Las condiciones en las que se ejecutaron los contratos de prestación de
servicios evidenciaron la existencia de subordinación, y, por ende, de una relación
laboral encubierta conforme a los medios de pruebas aportados en el expediente?
54. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(1) relación laboral encubierta; (2) distinción entre coordinación y subordinación; (3)
la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de subordinación; (4)
naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena y su
correspondencia con las labores permanentes de la entidad.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial
55. La jurisprudencia unificada de esta corporación9 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales de un vínculo laboral.
56. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.
57. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.
58. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo del Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado»10.
59. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.
60. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre el modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.
61. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»11.
62. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»12.
63. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:
Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
10 Ibídem.
11 Idem.
12 Idem.
11
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88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».13
89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».14
90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto
contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una
serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados.15
91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.
64. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir de manera definitiva las
funciones permanentes de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente
necesidades temporales, contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos
contratos «no pueden suplirse, de manera definitiva, las funciones permanentes o
misionales de las entidades, pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones
legales y reglamentarias». De tal suerte, cuando se acredite que el contratista
cumplió de forma subordinada funciones misionales, permanentes y propias del
personal de planta, debe reconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta.
65. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:
13 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
14 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia
C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con
el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación
del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal.
66. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como “una camisa de
fuerza” que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».
67. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:
(a) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.
(b) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
(c) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato: En
la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
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la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».
3.3.2. Distinción entre coordinación y subordinación
68. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»16.
69. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202117, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados»18.
70. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.
71. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para detectar
la subordinación: (1) uso de instalaciones de la entidad; (2) cumplimiento de horarios
rígidos; (3) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (4) similitud entre
funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso en
profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde la
autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:
a) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas,
esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador
habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas
para los empleados de planta.
16 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,
proceso con radicado IJ-0039. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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b) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación
laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas
actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos
para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario
de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
c) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,19 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
d) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas,
incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a
cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia, en las que el representante de la entidad contratante o la persona que
él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de
obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de
la permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad.
3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de la
subordinación
72. Cuando se trata del elemento de la subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral, la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban que se oculta tras un contrato de
prestación de servicios.
19 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54
y 55.
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73. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad
judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
las pruebas se practiquen o se aporten»20, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba, al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».
74. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a su demostración.
75. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»21, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP), «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»22.
76. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).
77. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado y las
inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.
78. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […] o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».
20 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
21 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
22 Idem.
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3.3.4. Naturaleza de las funciones desempeñadas por los instructores del Sena
y su correspondencia con las labores permanentes de la entidad
79. El Gobierno nacional expidió el Decreto 118 de 1957, por medio del cual creó
el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena—23, que de conformidad con el Decreto
164 de 195724, se encargaría de dar formación profesional a los trabajadores
jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la
minería.
80. La anterior normativa fue subrogada por el Decreto 3123 de 196825, en el que
se estableció dentro de sus funciones la formación profesional a los trabajadores de
todas las actividades económicas y en todos los niveles del empleo.
81. Más adelante, mediante el Decreto 2149 de 199226, el Sena se reestructuró.
En tal sentido, se definió que es un establecimiento público del orden nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como funciones, entre otras, se le asignó:
el diseñar y mantener un sistema nacional de aprendizaje que se ajuste a las
disposiciones que regulan el contrato de aprendizaje; y adelantar, previa aprobación
de las autoridades competentes, programas de formación tecnológica y técnica
profesional.
82. El anterior decreto fue derogado por la Ley 119 de 1994 27, en la que se
mantuvo la naturaleza jurídica de la entidad, y dispuso que su misión radica en
«intervenir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos;
ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo
social, económico y tecnológico del país». Además, se estableció que el Sena
tendría como objetivo, «dar formación profesional integral a los trabajadores de
todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación»,
entre algunos otros.
83. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la entidad se encuentra adscrita al
Ministerio de Trabajo y tiene como misión la formación y capacitación de aprendices.
Así, aun cuando no está subordinada al Ministerio de Educación, lo cierto es que
ejerce una labor docente con el fin de poder desarrollar los programas de formación
de educación no formal que ofrece28.
23 Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el Servicio Nacional
de Aprendizaje, Sena.
24 Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y se dictan otras disposiciones.
25 Por el cual se reorganiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
26 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.
27 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022). M.P. Juan Enrique
Bedoya.
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84. Aclarado lo anterior, se destaca que dentro de los empleos de la planta de
personal del Sena se encuentran los instructores, grupo que según el artículo 2 del
Decreto 1424 de 199829 «comprende los empleos cuyas funciones principales
consisten en impartir formación profesional y desempeñar actividades de
coordinación académica de la formación e investigación aplicada». En punto, se
señala que conforme con el manual específico de funciones, contenido en la
Resolución 986 del 25 de mayo de 200730 (vigente entre el año 2007 y 2015), los
instructores tienen las siguientes funciones:
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
INSTRUCTOR:
1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de
evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales
asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual
de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo.
85. Ahora bien, esta Sección del Consejo de Estado, en sentencia del 1 de
septiembre de 201431, definió que como la función del Sena, a través de sus
instructores, se dirige a la formación integral, profesional o laboral certificada de sus
estudiantes, por su naturaleza la entidad se encuentra en el sistema de educación
no formal. Ello, en los siguientes términos:
[…] la función prestada por el SENA a través de los Instructores se orienta a una
formación integral, profesional y laboral certificando a sus estudiantes, o sea, que
por estas características y su naturaleza se clasifica dentro de un sistema de
educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace parte de los
niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley 115 de
1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de la
definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación. (Se destaca)
29 Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-Sena.
30 Por la cual se adopta el Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los
empleados públicos de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena.
• El anterior manual de funciones se puede consultar en la página web del Sena, link:
https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de septiembre de 2014, proceso con radicado 20001-
23-31-000-2011-00503-01(3517-2013). M.P. Alfonso Vargas Rincón
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86. Así, toda vez que el Sena ejecuta una actividad académica, el contenido de
sus programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley
119 de 199432, debe ceñirse a la normativa aplicable, esto es, a la Ley 30 de 199233.
Sobre el particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación34,
concluyó lo siguiente:
La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4
permite al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica
profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.
Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:
i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a
los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado
en 1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.
ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,
iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o
reformen.
Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga
a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la ley 30 de
1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la ley 749 de
2002.
Advierte la Sala que la autorización dada al Sena para ofrecer programas en la
modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma
en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico
definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión
específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe
agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por
las normas que rigen ese servicio.
De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al Sena para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y
técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre
el régimen académico aplicable al Sena respecto de tales programas, y con la
naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin que
32 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
33 Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
34 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de 2010, proceso
con radicado 11001-03-06-000-2010-00089-00. M.P. Enrique José Arboleda Perdomo.
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ello signifique que el Sena deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de
una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.
3.4. Hechos probados relevantes
87. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se evidencia lo
siguiente:
88. El señor Rubén Darío Vásquez Franco suscribió contratos de prestación de
servicios con el Sena35, tal y como consta en la copia de estos y en la certificación
allegada al expediente expedida por la entidad demandada36, como se muestra a
continuación:
Contrato Objeto Desde Hasta
63 «Prestación de servicios 16/07/2005 15/01/2006
personales, impartiendo 800 horas
de Formación Profesional Integral
en la especialidad de
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
en el Centro Metalmecánico de
acuerdo con el horario de cada
grupo de alumnos».
99 «Prestación de servicios de 20/01/2006 31/07/2006
formación profesional integral,
impartiendo 700 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los alumnos de
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico».
294 «Prestación de Servicios de 25/08/2006 30/12/2006
Formación Profesional Integral,
impartiendo 600 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO,
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los
Trabajadores Alumnos de
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico»
758 «Prestación de servicios de 28/12/2006 30/03/2007
formación profesional integral
impartiendo 302 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO,
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los alumnos de
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico».
176 «Prestación de servicios de 22/03/2007 15/08/2007
formación profesional integral
impartiendo 446 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO,
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los alumnos de
35 Samai, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,1_DEMANDA, pp. 29 a 109.
36 Samai, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,16_DEMANDA, pp. 43 a 70.
20
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico».
659 «Prestación de Servicios de 30/10/2007 30/12/2007
Formación Profesional Integral,
impartiendo 400 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO,
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los
Trabajadores Alumnos de
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico».
71 «Prestación de servicios de 25/01/2008 20/09/2008
formación profesional integral
impartiendo 786 horas en la
especialidad de MANTENIMIENTO,
de acuerdo con el horario de cada
grupo para atender los alumnos de
Aprendizaje, Técnicos y Tecnólogos
del Centro Metalmecánico».
584 «Prestación de Servicios 04/09/2008 20/12/2008
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional, integral del
SENA.
228 «Prestación de servicios personales 29/01/2009 29/07/2009
para impartir formación profesional
integral por competencias de forma
presencial y/o virtual,
complementaria y otras acciones
que se deriven de la formación para
atender los atender los aprendices
de los diferentes niveles y
especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de formación
profesional integral del SENA. 880
horas».
606 «Prestación de Servicios 06/08/2009 06/11/2009
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
21
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional Integral del
SENA».
859 «Prestación de Servicios 27/10/2009 26/12/2009
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional Integral del
SENA».
114 «Prestación de Servicios 28/01/2010 30/07/2010
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional Integral del
SENA».
632 «Prestación de Servicios 20/08/2010 19/12/2010
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional Integral del
SENA».
944 «Prestación de servicios personales 17/09/2010 15/12/2010
para impartir formación profesional
integral por competencias de forma
presencial y/o virtual,
complementaria y otras acciones
22
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
que se deriven de la formación para
atender los atender los aprendices
de los diferentes niveles y
especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de formación
profesional integral del SENA».
37 «Prestación de Servicios 31/01/2011 02/07/2011
Personales para Impartir Formación
Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual, complementaria y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital, de
acuerdo con el horario de cada
grupo, aplicando los procesos y
procedimientos de los numerales
3.4 y 3.5 del estatuto de la
Formación Profesional Integral del
SENA».
135 «Contratación por prestación de 15/07/2011 16/12/2011
servicios de instructores por periodo
fijo o por horas para Impartir
formación Profesional Integral por
competencias de forma presencial
y/o virtual y otras actividades que se
deriven de la formación para
atender la capacitación dirigida a los
Aprendices de los niveles y
especialidades implementación de
programas para la innovación y
Desarrollo Técnico Productivo,
impartidas por el Centro
Metalmecánico del SENA - Regional
Distrito Capital, de reportar en el
Sistema Sofia Plus en un Plazo
máximo de tres (3) días , todas las
actividades que de acuerdo con
procesos que son de su
responsabilidad, garantizando la
calidad de la Formación y su
coherencia en el proceso formativo
tales como: Registro de juicios
evaluativos- creación de las rutas de
aprendizaje- registro de los juicios
evaluativos del reconocimiento de
aprendizaje previos, entre otros-
Comunicar al coordinador
académico oportunamente
anomalías, inconsistencias,
novedades de aprendizaje , y
hallazgos en el registro de la
formación, de acuerdo con el
horario de cada grupo, aplicando los
procesos y procedimientos de los
23
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
numerales 3.4. y 3.5 del Estatuto de
Formación Profesional Integral del,
SENA».
54 «Prestar los servicios profesionales 30/01/2012 04/07/2012
de carácter temporal, para impartir
Formación Profesional Integral de
forma presencial y/o virtual, y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender la
formación titulada y complementaria
dirigida a los aprendices de los
diferentes niveles y especialidades
impartidas por el Centro
Metalmecánico del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el
horario de cada grupo y aplicando
los procesos y procedimientos de
los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral
del SENA, en el Área de
Mantenimiento Mecánico industria».
136 «Prestar servicios personales de 09/07/2012 15/12/2012
carácter temporal, para la ejecución
de acciones de formación titulada
y/o complementaria presencial y/o
virtual y otras acciones que se
deriven de la formación, para
atender la formación titulada y
complementaria dirigida a los
aprendices de los diferentes niveles
y especialidades impartidas por el
Centro Metalmecánico del SENA -
Regional Distrito Capital.
Especificaciones: de acuerdo con el
horario de cada grupo y aplicando
los procesos y procedimientos de
los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral
del SENA, en el Área de la
Especialidad: Mantenimiento
Mecánico Industrial».
1178 «Prestación de servicios personales 23/01/2013 16/12/2013
de carácter temporal, para impartir
formación por proyectos y de forma
presencial y/o virtual, junto con otras
actividades que se deriven de la
formación de los diferentes
programas de aprendices en los
niveles y especialidades impartidas
por el Centro Metalmecánico del
SENA - Regional Distrito Capital».
24
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
1235 «Prestar los servicios profesionales 17/01/2014 13/12/2014
de carácter temporal, para impartir
Formación Profesional Integral de
forma presencial y/o virtual, y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender la
formación titulada y complementaria
dirigida a los aprendices de los
diferentes niveles y especialidades
impartidas por el Centro
Metalmecánico del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el
horario de cada grupo y aplicando
los procesos y procedimientos de
los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral
del SENA. En el Área y especialidad
de Mantenimiento Mecánico
Industrial».
1296 «Prestar los servicios profesionales 22/01/2015 19/12/2015
de carácter temporal, para impartir
Formación Profesional Integral de
forma presencial y/o virtual, y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender la
formación titulada y complementaria
dirigida a los aprendices de los
diferentes niveles y especialidades
impartidas por el Centro
Metalmecánico del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el
horario de cada grupo y aplicando
los procesos y procedimientos de
los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral
del SENA, en el área de
Mantenimiento Mecánico
Industrial».
789 «Prestar los servicios de carácter 25/01/2016 09/10/2016
temporal, para impartir Formación
Profesional Integral de forma
presencial y/o virtual, y otras
acciones que se deriven de la
formación, para atender la
formación titulada y complementaria
dirigida a los aprendices de los
diferentes niveles y especialidades
impartidas por el Centro
Metalmecánico del SENA - Regional
Distrito Capital, de acuerdo con el
horario de cada grupo y aplicando
los procesos y procedimientos de
los numerales 3.4 y 3.5 del estatuto
de la Formación Profesional Integral
del SENA. ÁREA
MANTENIMIENTO MECÁNICO
INDUSTRIAL».
Tabla 1: contratos de prestación de servicios
89. El 26 de junio de 2018 el accionante presentó petición al Sena en la que solicitó
que se reconociera la existencia de una relación laboral entre ambos y se le pagaran
25
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
los emolumentos salariales, prestacionales y de seguridad social, causados durante
el periodo en el que prestó sus servicios a la entidad37.
90. A través del Oficio 2-2018-042988 del 12 de julio de 2018, el director
Regional del Distrito Capital del Sena negó la petición anterior38.
91. En audiencia de pruebas celebrada el 15 de marzo de 2022, se recibieron los
testimonios de los señores Iván Martínez Mora y Dougan Arturo Rodríguez Briceño.
• Testimonio del señor Iván Martínez Mora
92. El señor Iván Martínez Mora manifestó ser instructor de planta del Sena,
adscrito al Centro Metalmecánico de la Regional Bogotá, con una vinculación de
aproximadamente 15 a 16 años. Declaró conocer al demandante por haber
compartido el mismo entorno laboral.
93. En cuanto a la naturaleza de los contratos del demandante, el testigo señaló
que se suscribían anualmente y finalizaban entre el 25 y el 31 de diciembre de cada
año, para ser suscritos nuevamente entre la segunda y tercera semana de enero
siguiente.
94. Sobre las obligaciones derivadas del contrato, precisó que las funciones de los
instructores contratistas comprendían tres ejes: la orientación de procesos de
formación, la evaluación del aprendizaje y la gestión educativa, entendida esta
última como el cumplimiento de labores administrativas y el diligenciamiento de los
formatos exigidos por la institución. Indicó que dichas funciones estaban
expresamente estipuladas en el respectivo contrato de prestación de servicios.
95. En relación con el lugar y modo de ejecución del contrato, el testigo declaró
que la prestación del servicio era presencial en las instalaciones del Centro
Metalmecánico, condición que se consignaba en cada contrato suscrito por el
demandante. Añadió que el servicio debía cumplirse de manera personal e
indelegable, habida cuenta de que la vinculación se sustentaba en las calificaciones
técnicas y académicas específicas del contratista; en consecuencia, ante la
imposibilidad de ejecución, la única salida jurídicamente viable era la cesión o la
terminación del contrato.
96. En materia de supervisión y control, explicó que los coordinadores académicos
ejercían una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de las franjas horarias
asignadas, sin que existiera trato diferenciado entre instructores de planta e
instructores contratistas. Dichas franjas —mañana, tarde o noche— se concertaban
entre el instructor y el coordinador académico en función de las necesidades de
cada trimestre formativo. Enfatizó en que la ausencia injustificada del instructor en
los entornos de aprendizaje resultaba inadmisible, puesto que comprometía
37 Samai, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,1_DEMANDA, pp. 8 a 20.
38 Samai, índice 00003, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 3,1_DEMANDA, pp. 22 a 26.
26
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
directamente la prestación del servicio educativo y el normal funcionamiento de la
institución.
97. En cuanto al suministro de elementos de trabajo, el testigo precisó que la
dotación de ropa laboral estaba reservada al personal de planta, si bien en algunas
ocasiones los contratistas recibían materiales de uso corriente en el aula
—marcadores, borradores, herramientas e instrumentos—. Agregó que la totalidad
del personal vinculado a la institución, incluidos los instructores contratistas, estaba
obligado a portar carné institucional, en cumplimiento de los protocolos de seguridad
y control de acceso.
98. Finalmente, el señor Martínez Mora manifestó que no le constaba que el
demandante hubiera sido objeto de llamado de atención alguno durante su
vinculación con el Sena, por el contrario, lo reconocía como una persona puntual y
comprometida con sus horarios, a quien hallaba con regularidad en las franjas
diurnas de la mañana.
• Testimonio del señor Dougan Arturo Rodríguez Briceño
99. El señor Dougan Arturo Rodríguez Briceño adujo que era instructor de planta
del Sena desde 1999. Manifestó haber conocido al señor Rubén Darío Vásquez
Franco porque tuvo en alguna oportunidad funciones de coordinador académico en
el Centro Metalmecánico del Complejo Sur del Sena, cargo desde el cual tuvo
contacto directo con los procesos de contratación de instructores, entre ellos el del
demandante.
100. Sobre el objeto de los contratos de este, el testigo señaló que correspondía al
estándar aplicable a todos los instructores del centro, y comprendía impartir
formación profesional, atender a los aprendices y realizar las pruebas y demás
actividades propias del proceso formativo.
101. En cuanto al mecanismo de supervisión, explicó que los coordinadores
académicos elaboraban y comunicaban los horarios en los que los instructores
debían orientar la formación, en cumplimiento de las funciones que les eran
atribuidas por resolución interna. Señaló que durante el período en que ejerció la
coordinación ningún instructor, incluido el señor Vásquez Franco, incurrió en
incumplimiento ni dio lugar a llamado de atención, precisando que esta última
potestad correspondía a la Subdirección y no a la Coordinación Académica.
102. En lo relativo a la determinación de los horarios, señaló que, si bien era el
coordinador académico quien los fijaba, previo a la suscripción del contrato se
consultaba al instructor sobre su disponibilidad para atender la franja propuesta. De
no contar con ella, el contrato simplemente no se celebraba. Una vez verificada la
disponibilidad, el horario era asignado por la Coordinación de manera unilateral.
27
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
103. Sobre el alcance de sus atribuciones como coordinador, el señor Rodríguez
Briceño precisó que su competencia se circunscribía a supervisar el cumplimiento
de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios, sin facultad
para impartir instrucciones que desbordaran su objeto. Añadió que, durante su
gestión, los instructores a su cargo desarrollaron exclusivamente las funciones
contratadas, sin que se presentaran casos de ejecución de actividades ajenas al
contrato.
104. Finalmente, el testigo precisó que su conocimiento sobre las actividades y
contratos del señor Vásquez Franco quedó limitado al período en que ejerció como
coordinador académico, pues al retomar sus funciones como instructor de planta
cesó todo contacto con la situación contractual del demandante.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
105. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que se
acreditaron los tres elementos de la relación laboral encubierta, estos son:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación. A su vez, declaró
probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de los derechos
laborales, causados con anterioridad al 30 de octubre de 2007, inclusive, excepto lo
atinente a aportes al Sistema de Pensiones.
106. La decisión fue recurrida en apelación por la parte demandada, quien pide que
se revoque. Cuestionó la prueba de la subordinación. Argumentó que: (a) los
testigos fueron imprecisos y no señalaron de forma específica las condiciones en
las cuales ocurrió la supuesta subordinación ni aportaron documentales para
respaldar sus afirmaciones; (b) sostuvo que no obran órdenes, llamados de atención
o cualquier otra manifestación que conlleve a demostrar la subordinación; (c) los
horarios no fueron impuestos unilateralmente por el Sena, sino que se acordaron de
manera consensuada en la etapa precontractual; (d) se evidencia la interrupción
contractual con más de 30 días entre contrato y contrato. Con todo, sostuvo que no
se acreditaron los tres elementos constitutivos de una relación laboral, es decir, no
está demostrada la subordinación, la continuada dependencia del demandante ni
tampoco la vocación de permanencia con la entidad, sino que, por el contrario, está
demostrado los elementos característicos de una relación contractual de carácter
estatal.
3.5.1. Valoración probatoria de los testimonios
107. En primer lugar, la Sala destaca que la imparcialidad de los testigos Iván
Martínez Mora y Dougan Arturo Rodríguez Briceño se discutió por la parte
accionada en el recurso de alzada. Al respecto, se manifestó que como los testigos
habían presentado una demanda con pretensiones similares a la presente podrían
tener interés en las resultas del asunto de la referencia.
28
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
108. El artículo 211 del Código General del Proceso dispone que en los eventos
que se afecte la imparcialidad del testigo, el juez debe analizar lo declarado según
las particularidades del caso, en los siguientes términos:
Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de
cada caso.
109. Como se observa, la norma no prevé la exclusión de la declaración del testigo
cuya imparcialidad pueda estar comprometida, como sí acontece por ejemplo con
las inhabilidades para dar testimonio (art. 210 del CGP39); sino que el juez debe
estudiar lo manifestado con la prevención del interés que puede tener el declarante
en el proceso. De suerte que, se reitera, en atención a los criterios generales de
valoración probatoria, impera acudir al estudio en conjunto de las pruebas bajo las
reglas de la sana crítica (arts. 24240 y 17641 del CGP), teniendo en cuenta que el juez
debe exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
110. Así, la Sala valorará lo expresado por los testigos junto con las demás pruebas.
Al respecto, se subraya que no se advierte que las situaciones destacadas por la
accionada, en sí mismas, constituyan una razón suficiente para poner en entredicho
la veracidad de lo declarado; más aún cuando de forma directa los testigos Martínez
Mora y Rodríguez Briceño tuvieron conocimiento del contexto en que los instructores
de la entidad demandada desarrollaban sus labores, en particular, el accionante.
111. Ello, toda vez que desempeñaron ese mismo cargo, e incluso uno de ellos fue
coordinador de Vásquez Franco, por lo que de manera directa conocían las
funciones que se ejercían en cumplimiento de la labor de instructor y los horarios en
que debían desarrollarse las actividades, de manera tal que sus declaraciones
39 Artículo 210. Inhabilidades para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado
quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren
en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o
alucinógenas y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento
determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del
testimonio u oralmente dentro de ella. El juez resolverá en la audiencia, y si encuentra probada la causal se
abstendrá de recibir la declaración.
40 Artículo 242. Apreciación de los indicios. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración
su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
41 Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia
o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
29
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
pueden contribuir a acreditar o desvirtuar las circunstancias de hecho en las que el
peticionario reclama la protección de sus derechos.
112. Así las cosas, se valorará lo expresado por los testigos de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, apreciando sus declaraciones en conjunto con las demás
pruebas que obran en el expediente.
113. En este orden de ideas, con el fin de dar respuesta al problema jurídico
planteado, la Sala analizará si en el presente asunto se acreditan los elementos que
permitirían la configuración de una relación laboral entre el accionante y el Sena.
3.5.2. Sobre los elementos que permiten configurar la relación laboral
encubierta
114. En primer lugar, se destaca que conforme se señaló en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, para que proceda la declaratoria de existencia de
una relación laboral encubierta, la parte demandante debe acreditar que se
materializaron tres elementos, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo: (1) la prestación personal del servicio, (2) la subordinación continua y (3)
la remuneración como contraprestación del servicio.
3.5.2.1. Prestación personal del servicio
115. De acuerdo con la documental allegada por las partes al plenario, esto es, la
certificación emitida por Sena y la copia de los contratos de prestación de servicios
que se relacionaron en el acápite de hechos probados de la presente providencia,
se acredita que el señor Rubén Darío Vásquez Franco prestó servicios en el Centro
Metalmecánico desde el 16 de julio de 2005 hasta el 9 de octubre de 2016.
116. La labor, conforme se prueba, la efectuó como instructor, con el propósito de
impartir formación profesional integral en el Área de Mantenimiento a aprendices
del Sena.
117. Sobre el particular, se tiene que de acuerdo con el testimonio rendido por el
señor Iván Martínez Mora, la función de instructor comprende orientación de
procesos de formación, evaluación del aprendizaje y la gestión educativa, lo cual se
encuentra expresamente estipulado en los respectivos contratos de prestación de
servicios, y se debe cumplir de manera personal e indelegable, en tanto y cuanto la
vinculación tenía como base las calificaciones técnicas y académicas del contratista,
al punto de que ante cualquier imposibilidad de ejecutarla, se debía proceder a la
cesión y/o terminación del contrato.
118. En línea con lo anterior, según el testimonio del señor Dougan Arturo
Rodríguez Briceño, el contrato del demandante correspondía al estándar aplicable
a todos los instructores del centro, lo que comprendía impartir formación profesional,
30
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
atender a los aprendices y realizar las pruebas y demás actividades propias del
proceso formativo.
119. De lo anterior, se concluye que el demandante debía ejercer de manera
personal las obligaciones y funciones para las cuales fue contratado como
instructor.
3.5.2.2. Remuneración
120. El señor Rubén Darío Vásquez Franco percibió una remuneración por el
trabajo desempeñado, de acuerdo con los contratos de prestación de servicios, en
los que se advierte que se estableció el valor pactado por la labor desempeñada.
3.5.2.3. Continuada subordinación o dependencia
121. Sobre el particular, se considera importante señalar que el elemento de la
subordinación se configura cuando el empleador ejerce poder de dirección, imparte
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de la ejecución del trabajo, aplica
reglamentos internos y puede imponer sanciones por incumplimiento,
características propias de una relación laboral y ajenas a la naturaleza autónoma
del contrato de prestación de servicios.
122. Por otra parte, conviene reiterar que la contratación por prestación de servicios
con personas naturales está permitida por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En
tales casos, el contratista debe ejecutar las actividades pactadas con autonomía e
independencia, dentro del término estrictamente indispensable, sin que tales
funciones puedan asumir un carácter permanente ni implicar integración a la
estructura organizacional de la entidad.
123. Cabe destacar que el referido artículo 32 de la Ley 80 de 1993 regula una
presunción legal, según la cual en ningún caso el contrato de prestación de servicios
genera relación laboral ni prestaciones sociales. No obstante, esta presunción del
legislador admite prueba en contrario, de suerte que la jurisprudencia ha identificado
una serie de elementos o, más técnicamente, indicios que permiten inferir la
existencia de una relación laboral subordinada encubierta.
124. La Sala considera que se trata de indicios, en tanto, configuran un hecho
conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia de otro
desconocido (relación laboral), siempre que el hecho base esté debidamente
probado y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del
proceso.
125.En el caso concreto, en primer lugar, se reitera que el Sena, según el Decreto
2149 de 199242, es un establecimiento público del orden nacional, con personería
42 Por el cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje —Sena
31
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02514-01 (5837-2023)
Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Dicha entidad, según la Ley 119 de 199443, tiene por
misión la de intervenir en el desarrollo de los trabajadores colombianos; de manera
que ofrece y ejecuta formación profesional con carácter integral, para su
incorporación en actividades productivas.
126. Al respecto, si bien es cierto que el Sena se encuentra adscrito al Ministerio
del Trabajo y no al Ministerio de Educación, lo cierto es que, como lo ha estudiado
esta corporación, ejecuta una actividad académica y, por ende, el contenido de sus
programas y títulos, en consonancia con el numeral 6 del artículo 4 de la Ley 119
de 199444, debe ajustarse a la Ley 30 de 1992.
127. Ahora, para el desarrollo de la misión de la entidad en la planta de personal,
existe el cargo de instructor, que como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, tiene como función principal impartir formación
profesional y ejecutar actividades de coordinación de la formación e investigación
aplicada.
128. Lo anterior permite precisar que el hecho de que el Sena no se encuentre
adscrito al Ministerio de Educación no desvirtúa su misión, que por orden legal es
la de capacitar e impartir formación profesional; máxime cuando conforme ya se
explicó, su funcionamiento se rige por las normas especiales que le son propias,
entre ellas, la Ley 30 de 1992. En tal sentido, no se puede pasar por alto que dentro
de la planta de personal existe el cargo de instructor que tiene como funciones
programar, orientar y evaluar procesos de aprendizaje; las cuales a su vez resultan
ser propias de la entidad.
129. En este orden de ideas, en el presente caso se encontró probado, conforme
con la documental allegada y las testimoniales, que el señor Rubén Darío Vásquez
Franco ejecutó la labor de instructor en el Centro Metalmecánico. Ello quiere decir
que, en consonancia con lo antes mencionado, desempeñó funciones inherentes a
la misión de la entidad.
130. Lo expuesto tiene fundamento además en que cumplió, entre otras, las
siguientes obligaciones, según el objeto de los contratos de prestación de
servicios45:
• Prestación de servicios personales de formación profesional integral en la
especialidad de mantenimiento predictivo en el Centro Metalmecánico, de
acuerdo con el horario de cada grupo de alumnos.
43 Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y
se dictan otras disposiciones.
44 Artículo 4. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:
(…)
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las
disposiciones legales respectivas. (…).
45 Para efectos prácticos solo se transcribirán algunas de las funciones pactadas en cada uno de los contratos
de prestación de servicios celebrados entre las partes.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
• Prestación de servicios personales para impartir formación profesional
integral por competencias de forma presencial y/o virtual, complementaria y
otras acciones que se deriven de la formación para atender los aprendices
de los diferentes niveles y especialidades impartidas por el Centro
Metalmecánico.
• Impartir formación en el Área de Mantenimiento para los programas de
formación ofertados por el Centro en áreas de tecnologías, técnicos,
especialización técnicas y tecnológicas de los programas de mantenimiento
mecánico industrial, mecánico de maquinaria industrial, mecanizado de
productos metalmecánicos automatización industrial, diseño e integración de
automatismos mecatrónicos, fabricación de productos plásticos por inyección
y soplado, fabricación de moldes y troqueles.
• Atender los aprendices de los diferentes niveles y especialidades impartidas
por el Centro Metalmecánico.
• Atender los trabajadores alumnos de aprendizaje, técnicos y tecnólogos del
centro metalmecánico.
• Registro de juicios evaluativos – creación de las rutas de aprendizaje.
• Registro de los juicios evaluativos del reconocimiento de aprendizaje previos.
• Comunicar al coordinador académico anomalías, inconsistencias, novedades
de aprendizaje y hallazgos en el registro de la formación.
131. Las obligaciones transcritas, evidencian que el accionante realizó actividades
que tienen correspondencia con el poder subordinante del empleador. Ello, toda vez
que debió prestar sus servicios de manera personal, en los horarios establecidos
para cada grupo de aprendices; permanentemente le correspondió atender a estos
en los diferentes niveles y especialidades impartidas por el Centro Metalmecánico,
así como a los trabajadores, alumnos de aprendizaje, técnicos y tecnólogos del
Centro en mención; asimismo, debió realizar el registro de juicios evaluativos y crear
rutas de aprendizaje; comunicar al coordinador académico anomalías,
inconsistencias, novedades de aprendizaje y hallazgos en el registro
correspondiente.
132. En punto, de nuevo la Sala hace eco de lo que en su testimonio expresó el
señor Dougan Arturo Rodríguez Briceño, sobre el objeto del contrato del
demandante, según el cual correspondía al estándar aplicable a todos los
instructores del Centro Metalmecánico y que comprendía impartir formación
profesional, atender a los aprendices y realizar las pruebas y demás actividades
propias del proceso formativo.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
133. Por su parte, en su testimonio el señor Iván Martínez Mora dijo que uno de los
ejes de los contratos de prestación de servicios del accionante era la evaluación del
aprendizaje y la gestión educativa, entendida esta última como el cumplimiento de
labores administrativas y el diligenciamiento de los formatos exigidos por la
institución.
134. A juicio de la Sala, las funciones descritas coinciden con las relacionadas con
la ejecución de programas de formación del Sena, y no a labores ocasionales o
propias del contrato de prestación de servicios.
135. Ahora bien, los testigos coinciden en señalar que los horarios eran
concertados entre el instructor y la entidad en función de las necesidades de cada
trimestre formativo, lo que llevaría a pensar que no había imposición horaria. Sin
embargo, el señor Iván Martínez Mora fue claro al subrayar que las franjas horarias
no tenían trato diferenciado entre instructores de planta e instructores contratistas.
Además, los coordinadores académicos ejercían una vigilancia permanente sobre
el cumplimiento de ellas, a tal punto que la ausencia injustificada del instructor en
los entornos de aprendizaje resultaba inadmisible, inclusive, podría darse por
terminado el contrato.
136. En ese orden, al existir seguimiento sobre el cumplimiento de horarios, es un
indicio de que la actividad desarrollada por el demandante como instructor no estuvo
limitada a un acuerdo de horarios, sino a una dirección y control efectivo de las
actividades, y no bajo su propia dirección y manejo.
137. En este orden de ideas, se concluye que las funciones del demandante se
ejecutaron según las órdenes del Sena, como se demostró, con la imposición de un
horario; la sujeción a las directrices de coordinadores; y la correspondencia de las
actividades a desarrollar con las de los empleados de planta, según el manual de
funciones.
138. Al respecto, se precisa que aun cuando en la ejecución de un contrato de
prestación de servicios, por su propia naturaleza, se requiere supervisión, con
ocasión a la coordinación de actividades entre las partes contratantes, lo cierto es
que en caso de que tal coordinación desborde los límites, sin que quede duda
acerca de que las funciones se realizaron sin autonomía e independencia, se
encuentra acreditada la subordinación como elemento diferenciador de la verdadera
relación laboral encubierta, como ocurrió en esta oportunidad.
139. Asimismo, se destaca que el presente caso no se enmarca dentro del principio
de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente
y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en armonía
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»46.
140. En tanto, la subordinación es aquella «en virtud de la cual existe una sujeción
del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que
el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista ningún tipo de
independencia»47.
141. En conclusión, en el caso bajo análisis, se considera probado el elemento de
la subordinación. Lo anterior, en la medida que el accionante al desempeñar las
funciones de instructor, ejecutó labores que permitían el desarrollo del objeto
misional de la entidad.
142. A su vez, las funciones las ejercía en horarios controlados por la entidad; su
lugar de trabajo eran las instalaciones del Centro Metalmecánico.
143. También, se tiene que la labor desempeñada fue con carácter permanente,
por más de once años, y propia del personal de planta. Asimismo, el accionante era
supervisado, más allá de la coordinación, conforme se explicó en precedencia.
144. Por último, en relación con el argumento del Sena, según el cual no existieron
llamados de atención o sanciones que demostraran subordinación, la Sala precisa
que la configuración de este elemento no depende exclusivamente de la existencia
de dichos actos por escrito, porque el mencionado elemento puede acreditarse
mediante diferentes medios de prueba e indicios, como los mencionados en
precedencia
145. Aclarado lo anterior, al encontrarse acreditados en el caso concreto, los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación, la
Sala considera que, del 16 de julio de 2005 al 9 de octubre de 2016, la parte
demandante demostró la existencia de la relación laboral encubierta con el Sena.
• Prescripción trienal
146. En sentencia de unificación SUJ2-005-16 proferida por esta corporación el 25
de agosto de 2016, se fijó como subregla la siguiente:
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción,
frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022, con ponencia
del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).
47 Ibidem.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.
Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción
contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada
caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido
burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo
contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales. (Se
destaca)
147. En relación con el término de la no solución de continuidad en asuntos en los
que se debate la existencia de una relación laboral encubierta, esta Sección en
sentencia del 9 de septiembre de 2021, como se explicó en el marco normativo y
jurisprudencial precedente, estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente. Término que debe
entenderse como un marco de referencia para la administración, el contratista y el
juez de la controversia.
148. Por lo expuesto, quien pretenda el reconocimiento de una relación laboral
encubierta con el Estado, y el pago de las prestaciones que de esta se deriven,
deberá reclamarlo dentro del término de tres años contados a partir de la finalización
del vínculo contractual48.
149. Descendiendo al caso particular, se advierte que existió pérdida de solución
de continuidad, entre los contratos 176 y 659, conforme la siguiente tabla –Tabla 2:
Finalización e inicio de contratos de prestación de servicios– que tiene como base
la «Tabla 1: contratos de prestación de servicios» de esta providencia.
Contrato que finaliza Hasta Contrato que inicia Desde Días hábiles de interrupción
63 15/01/2006 99 20/01/2006 4
99 31/07/2006 294 25/08/2006 16
294 30/12/2006 758 28/12/2006 -
758 30/03/2007 176 22/03/2007 -
176 15/08/2007 659 30/10/2007 51
659 30/12/2007 71 25/01/2008 17
71 20/09/2008 584 04/09/2008 -
584 20/12/2008 228 29/01/2009 25
228 29/07/2009 606 06/08/2009 5
606 06/11/2009 859 27/10/2009 -
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, proceso con
referencia SUJ2-005-16.
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Demandado: Sena
Contrato que finaliza Hasta Contrato que inicia Desde Días hábiles de interrupción
859 26/12/2009 114 28/01/2010 21
114 30/07/2010 632 20/08/2010 13
632 19/12/2010 944 17/09/2010 -
944 15/12/2010 37 31/01/2011 31
37 02/07/2011 135 15/07/2011 8
135 16/12/2011 54 30/01/2012 29
54 04/07/2012 136 09/07/2012 2
136 15/12/2012 1178 23/01/2013 24
1178 16/12/2013 1235 17/01/2014 20
1235 13/12/2014 1296 22/01/2015 25
1296 19/12/2015 789 25/01/2016 22
789 09/10/2016
Tabla 2: finalización e inicio de contratos de prestación de servicios
150. Con posterioridad, desde el contrato 659, que se comenzó a ejecutar el 30 de
octubre de 2007, hasta la finalización de la vinculación, el 9 de octubre de 2016, no
se evidencia interrupciones superiores a 30 días hábiles, salvo la existente entre los
contratos 944 de 2010 a 37 de 2011, de 31 días, que se estima justificada en la
medida que comprende el periodo de vacaciones de los estudiantes, como lo ha
destacado la Subsección en casos similares49, a efectos de considerar que por dicha
situación en estricto no hubo interrupción de la relación laboral.
151. Esclarecido esto, como la reclamación administrativa se presentó el 26 de
junio de 2018 –y la demanda el 16 de noviembre de 2018–, se tiene que no
transcurrieron más de tres años —artículo 41 del Decreto 3135 de
1968, reglamentado en el Decreto 1848 de 1969— desde la finalización de la
relación laboral —9 de octubre de 2016—, por lo que dicha petición tuvo la
virtualidad de interrumpir la prescripción frente a lo causado durante el periodo en
que no se evidencia rompimiento en el desarrollo de la relación laboral, es decir, del
30 de octubre de 2007 en adelante.
152. Por la misma razón, el fenómeno de la prescripción operó frente a lo causado
con antelación a la fecha antes señalada, 30 de octubre de 2007 (fecha de inicio del
contrato 659), como bien lo determinó el Tribunal.
153. En punto, se precisa que dicha prescripción no opera frente a los aportes
pensionales, por tratarse de derechos imprescriptibles e irrenunciables. Criterio que
coincide con lo definido por el a quo.
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 16 de mayo de 2024, proceso con
radicado 63001-23-33-000-2021-00071-01 (4327-2022); del 13 de junio de 2024, proceso con radicado 63001-
23-33-000-2022-00002-01 (5856-2022); del 4 de julio de 2024, proceso con radicado 63001-23-33-000-2019-
00159-01 (2006-2021), entre otras.
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
3.6. Conclusión de la decisión
154. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que la parte
demandante acreditó la existencia de una relación laboral entre el 16 de julio de
2005 y el 9 de octubre de 2016 en la prestación del servicio como instructor del
Sena. En efecto, demostró la prestación personal del servicio, la remuneración y la
subordinación continua. No obstante, operó la prescripción de lo causado con
anterioridad al 30 de octubre de 2007. Por ende, se confirmará la sentencia
impugnada.
3.7. Costas
155. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 50 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B el 9 de junio de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones
expuestas en este proveído.
Segundo. Sin condena en costas.
50 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones, a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).
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Demandante: Rubén Darío Vásquez Franco
Demandado: Sena
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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