Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00084-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2019-00084-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00084-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00084-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
Demandante: Elena Esperanza Betancourth Díaz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Período de labor
mediante la modalidad de interinidad y por contrato de
prestación de servicios computables solo si se dan mediante
vinculaciones de los mismos niveles. Aplicación de sentencias
de unificación del 22 de enero de 2015, 21 de junio de 2018 y
del 11 de agosto de 2022. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por medio de
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora ELENA ESPERANZA BETANCOURTH DIAZ instauró demanda en
contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 039258 del 27 de septiembre
de 2018, y (ii) RDP 047479 del 17 de diciembre de 2018; por medio de las cuales la
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandante y
confirmó tal decisión respectivamente al resolver el recurso apelación.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa a la actora conforme a las previsiones
de la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
esta durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas, reajustadas
anualmente, y junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos de los artículos 189 y 195 del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la demandante nació el 3 de septiembre de 1960. En su vida laboral estuvo
vinculada al magisterio del distrito capital de Bogotá como docente interina desde el
20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1980. La citada entidad la nombró educadora
durante el periodo del 22 de febrero de 1996 al 3 de enero de 2016.
Que, el 6 de julio de 2018, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la UGPP. Que la mencionada autoridad negó lo reclamado a través de
la Resolución RDP 039258 del 27 de septiembre de 2018, aduciendo que la
reclamante no tuvo una vinculación nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980, por tanto, no colmó la exigencia normativa de haber prestado el
servicio de docente antes de dicha fecha.
Que la demandante presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue
resuelto mediante la Resolución RDP 047479 del 17 de diciembre de 2018,
resolviendo confirmar en todas y cada una de las partes la decisión inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 2, 13, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; así como
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 91 de 1989; y el
Código Sustantivo del Trabajo.
2 Idem.
3 Idem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
Que la Ley 37 de 1933 hizo extensiva la pensión gracia a los maestros que hayan
completado los años de servicio en establecimientos de enseñanza secundaria,
ampliando la cobertura de este tipo de prerrogativa, con una mentalidad más amplia,
eliminando de tajo la restricción que se refiere a disfrutar otra pensión a cargo del
Tesoro Público.
Que la accionante se vinculó como docente al magisterio del orden municipal
(nacionalizado) y laboró por espacio de más de 20 años, por lo que es
incuestionable que el derecho reclamado debe reconocerse a partir del momento
en que reunió los requisitos señalados en las Leyes que regulan la materia, a saber,
la Ley 114 de 1913, 116 de 1926 y 37 de 1933, estos es los 20 años de servicio y
50 de edad.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto de 15 de mayo de 20194 y notificada a la
UGPP5, quien allegó memorial de contestación6 en el que manifestó que a la
demandante no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia por
cuanto: i) pese a que su vinculación es de carácter distrital, la fecha en que se
vinculó como docente oficial fue el 22 de febrero de 1996 y no antes o hasta el 31
de diciembre de 1980; ii) si bien reposa certificación expedida por la Secretaria de
Educación de Bogotá indicando que la actora cumplió una orden de trabajo desde
el 20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1980, este tiempo no debe tenerse en cuenta
en virtud del inciso primero, artículo 1 de la Ley 91 de 1989; y iii) aun cuando aquella
laboró a favor del servicio oficial docente, no debe perderse de vista que para
efectos de consolidar el derecho reclamado, solo podrán tenerse en cuenta aquellos
períodos laborados antes del 31 de diciembre de 1989, sin que para dicha fecha
hubiese completado los 20 años de labor docente requeridos.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) legalidad de los actos
administrativos, (ii) inexistencia del derecho, y (iii) prescripción.
El 30 de octubre de 2020,7 el tribunal en aplicación del Decreto Legislativo 806 de
2020 advirtió que las excepciones propuestas no podían ser consideradas como
previas, por tanto, postergó el estudio de estas al momento de proferir sentencia,
razón por la cual procedió a decretar las pruebas solicitadas por las partes.
Por último, 8 de abril de 20218 ordenó a las partes presentar por escrito los alegatos
de conclusión dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia.
4 Idem.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
mediante sentencia del 3 de mayo de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de los actos reprochados y
ordenar a la UGPP reconocer la pensión gracia a favor de la accionante desde el 4
de enero de 2016 con los respectivos reajustes e indexación. Además, negó la
solicitud de acceder al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 por considerar que solo son viables cuando se reconoce el
derecho lo cual ocurrió con esta providencia.
Señaló que, con anterioridad a 31 de diciembre de 1980, se demostró que la
reclamante estuvo vinculada como docente interina por 48 días desde el 20 de
marzo de 1980 al 8 de mayo del mismo año. Que, sobre el particular, el Consejo de
Estado ha definido con claridad que la vinculación laboral de los docentes en
interinidad es válida para acreditar el tiempo de servicio previsto por las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para efectos del reconocimiento de una pensión
gracia, ello en la medida que la administración cuenta con la posibilidad de proveer
dichos empleos en forma transitoria, a través de un nombramiento con el fin de
evitar cualquier tipo de traumatismo en la prestación normal del servicio educativo
oficial.
Que convalidar la posición contraria de la UGPP generaría un trato discriminatorio
y violatorio del principio a la igualdad, frente a quienes prestaron sus servicios bajo
dicha modalidad, sin considerar que cumplen idénticas funciones a los designados
en propiedad.
Se comprobó que la accionante tras este período obtuvo su nombramiento en
propiedad con la Resolución 043 del 12 de enero de 1996 y su posesión el 22 de
febrero de la misma anualidad, y para la fecha de expedición del último certificado
laboral recaudado en este asunto, del 17 de marzo de 2021 aún trabajaba
activamente, y se resalta que tal nombramiento lo efectuó el alcalde mayor de
Bogotá y el secretario de educación del distrito.
Que tal prueba acredita el hecho de que la demandante ha trabajado por un periodo
de 25 años, 2 meses y 12 días en calidad de docente con una vinculación territorial
válida, incluso con antelación al 31 de diciembre de 1980, ello porque siempre los
nombramientos fueron efectuados por autoridades territoriales.
Que también está demostrado que aquella satisfizo los demás requisitos de ley para
el reconocimiento de la pensión gracia, en la medida que cumplió 50 años y mantuvo
en el desempeño de sus funciones una buena conducta, y, en todo caso, la
Secretaría de Educación de Bogotá siempre la ha certificado como docente de tipo
9 Idem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
de vinculación territorial. Por eso se tiene que la actora adquirió su estatus pensional
el 3 de enero de 2016 cuando acumuló los 20 años de labor oficial educativa, por lo
que no hay lugar a decretar la prescripción, pues la petición de reconocimiento
pensional la radicó el 12 de septiembre de 2016 y la demanda se interpuso el 25 de
enero de 2019, dentro del término legal para el efecto.
RECURSO DE APELACIÓN10
La parte demandada interpuso recurso de apelación con el que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de
la reclamante.
Argumentó que, para el presente asunto se observa como prueba documental el
certificado expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá el 28 de octubre de
2016, documento en el cual se indicó que los tiempos laborados por la demandante
del 20 de marzo de 1980 al 8 de mayo de 1980 fueron por orden de trabajo y del 22
de febrero de 1996 lo fue nombrada a través de Resolución 043 del 12 de enero de
1993, los cuales se deben entender corresponden a una vinculación como docente
de carácter nacional.
Que en el primer período en comento no existió nombramiento como provisional o
interina, sino que, por el contrario, entre la demandante y la Secretaría de Educación
de Bogotá se realizó un contrato de prestación de servicios. Que por tal motivo, este
periodo no puede ser tenido en cuenta para la obtención de la pensión gracia, ya
que no se demostró por parte de la entidad contratante la naturaleza de la planta
ocupada por la docente de la escuela La Alquería, toda vez que la orden de servicios
por la cual desempeñó el cargo de docente fue a través del Fondo Educativo
Regional (FER), siendo requisito necesario de conformidad, a lo dispuesto en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado, el acreditar el tipo de vínculo del
educador, por cuanto los recursos de los Fondos Educativos Regionales, en gran
parte provenían de la Nación y en menor proporción del ente territorial.
Que lo anterior implica que la parte activa debió solicitar primero la declaratoria de
existencia de una relación laboral encubierta, que habría sido del orden nacional
pues fue financiada con recursos nacionales girados a través del FER.
Que reconocer el derecho al docente que asume el cargo de manera transitoria
como la reclamante, igual que debe hacerse respecto al que es nombrado en
propiedad de la plaza, genera una carga desproporcionada para el Estado, pues
tendría que pagar la prestación a todos los maestros que posiblemente
reemplazaron a un servidor público durante todas las licencias remuneradas o no
solicitadas por este durante la vigencia de la relación laboral, cuando el único
legitimado para adquirir el derecho es el docente con relación legal y reglamentaria
10 Idem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
plena.
Que el tiempo laborado por la accionante con posterioridad al 29 de diciembre de
1989 no puede tenerse en cuenta para efectos del cómputo de la pensión, toda vez
que ese nombramiento corresponde a una vinculación del orden nacional, pues para
esa fecha se encontraba vigente la Ley 91 de 1989, la cual estableció que los
docentes que ingresaran a partir del 1 de enero de 1990, cuando estos cumplieran
los requisitos de ley, esto es, edad y tiempo de servicio, sólo tendrían derecho a la
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio del último año.
Además, la norma referida estableció que a partir de su promulgación los
educadores solo gozarían del régimen vigente para pensionados del sector público
nacional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de agosto de 2023,11 en
el que se dispuso que, de conformidad con el artículo 212 del CPACA, una vez
notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar sentencia a
menos que se presentara solicitud probatoria, lo cual no ocurrió.
PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES
De conformidad con el numeral 4.° del artículo 247 del CPACA, una vez concedido
el recurso y hasta la ejecutoria del auto que lo admitió, los sujetos procesales podían
pronunciarse sobre el mismo.
La parte demandada12 intervino para reiterar los argumentos de su recurso de
apelación.
POSICIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO13
El Ministerio Público allegó concepto frente al caso particular, en el cual solicitó que
se confirme el fallo apelado al asegurar que la jurisprudencia del Consejo de Estado
se ha referido a las vinculaciones de los docentes a través de contratos u órdenes
de prestación de servicios señalando que los tiempos prestados como docente en
interinidad también deben contabilizarse para efectos de la pensión, por cuanto la
Ley 91 de 1989 al referirse a la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 no
la limitó de manera exclusiva a la vinculación en propiedad en el cargo de docente.
Que la actora demostró el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la
pensión gracia, especialmente el de tiempo de servicio y carácter territorial del
11 Ver índice 4 de SAMAI.
12 Ver índice 9 de SAMAI.
13 Ver índice 10 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
cargo, por laborar por más de 20 años como docente oficial del nivel territorial en la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Lo anterior se concluye porque, del
examen de las pruebas aportadas al expediente, se pudo evidenciar que la
reclamante trabajó del 20 de marzo de 1980 al 8 de mayo de 1980 como maestra
de primaria de la escuela la Alquería Zona 16 C, y desde el 2 de febrero de 1996 y
hasta la fecha de la reclamación administrativa el 6 de julio de 2018, como docente
en propiedad escalafón de la misma entidad, sumando más de 20 años al servicio
de la docencia oficial del orden territorial.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones con
carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, e
igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello
contabilizando incluso los tiempos desempeñados bajo la modalidad de interinidad
y contratos de prestación de servicios.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
16 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre el docente en interinidad
Según el criterio ampliamente decantado por el Consejo de Estado, los tiempos
prestados como docente en interinidad también deben contabilizarse para efectos
de la pensión. Así, en sentencia del 14 de noviembre de 201518 se precisó:
«Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para
efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20
años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la
vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley.
En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la
naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta
Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el
mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar
con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas
instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.
Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la
administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto
es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en
consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con
carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)» (Negrillas y
subrayas fuera de texto original).
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la actora nació el 3 de septiembre de 1960,19 de modo que
cumplió los 50 años el 3 de septiembre de 2010.
Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
18 Radicado: 52001233300020130005801 (2636-2014)
19 Según copia de la cédula de ciudadanía obrante en el expediente digital que obra en el índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de debate en
esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor acreditados
en la presente causa judicial:
• Del 20 de marzo al 8 de mayo de 1980 (en interinidad y por contrato de
prestación de servicios)
En lo que atañe a la vinculación de docentes interinos, resulta adecuado recordar
que para reconocer la pensión gracia, la Ley 114 de 1913, entre otros requisitos,
esencialmente exige la acreditación de 20 años de servicio como docente oficial del
orden territorial o nacionalizado, ello sin que cobre relevancia la forma en que se
materializó la prestación de la labor aludida, es decir, sin que deba tenerse en
cuenta o excluirse un tiempo en razón del nombramiento en propiedad o provisional
por carrera administrativa, o incluso si solo lo fue de manera temporal, situación que
ha sido reiterada por la misma jurisprudencia de esta Corporación.20
En tal sentido, para la Subsección es claro que, contrario al argumento de la UGPP
en su recurso, quienes acrediten el ejercicio de la labor docente mediante
vinculaciones territoriales o nacionalizadas, tienen derecho a que tales tiempos se
computen al verificar el cumplimiento del requisito de 20 años de servicio, incluso
cuando esos lapsos se hubiesen concretado bajo la modalidad de interinidad, pues
no influye ni distorsiona la naturaleza de la relación legal y reglamentaria, ni el
efectivo desempeño de funciones como educador que son las que finalmente
otorgan el derecho.
Ahora, según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 31 de agosto de 2016 por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá,21
se observa que la forma en la que la reclamante se desempeñó como educadora
estatal interina, exactamente durante el período bajo análisis, fue en virtud la Orden
de Trabajo 5379 del 20 de marzo de 1980, o lo que es igual, con fundamento en un
contrato de prestación de servicios, y no de una relación legal y reglamentaria.
Si bien ello es cierto, contrario a lo afirmado por la parte apelante, no se puede
desconocer la naturaleza propia de la labor educativa, la cual comporta en esencia
una actividad reglada y sometida a directrices de política pública que conlleva
asumir que, en realidad, tales relaciones contractuales eran verdaderamente
vínculos laborales encubiertos que tienen plenos efectos en materia del
reconocimiento de prerrogativas como la pensión gracia.
20
Al respecto ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A del 5 de octubre de 2023 dictada en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-01035-01
(2607-2017), y del 21 de septiembre de 2023 proferida en el proceso con radicado 63001-23-33-000-2014-
00092-01 (1980-2016).
21 Ver expediente digital en el índica 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
Respecto a esta afirmación, basta con resaltar, como lo hizo esta Corporación en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 que, en el caso de los maestros
del Estado, no existe duda sobre la prestación personal del servicio, así como la
remuneración que estos perciben por esa labor debido a la esencia del contrato
celebrado, al igual que la subordinación y dependencia a la que están sometidos
debido a la falta de autonomía y discrecionalidad que se predica del desarrollo de
las funciones educativas, pues este servicio está regulado por los lineamientos
revisados, controlados y materializados en órdenes de un superior.
Al respecto se recuerda que el Consejo de Estado22 ha manifestado lo siguiente
sobre las vinculaciones mediante la aludida modalidad contractual:
«[…] Para la Sala, esa modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad, habida
cuenta que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el campo
educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante contrato de prestación de
servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias instituciones, dentro
de la autonomía de que gozan para darse sus propios estatutos, puedan establecer
regímenes restrictivos que desconozcan el derecho de los docentes ocasionales
[…], a percibir las prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos
los trabajadores públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al
tiempo laborado».
[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que
la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña
una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala, contrario lo dispuesto por el a quo, valida el tiempo laborado por
el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios, para que
sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le permite, previo
estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la pensión gracia. […]»
Esta postura jurisprudencial obedece al hecho de que debe garantizarse el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades en materia
laboral, básicamente en la medida en que debido a que el desarrollo de la función
docente implica necesariamente un elemento de subordinación intrínseco derivado
de la regulación y control de las actividades educativas por parte de las autoridades,
así como la prestación personal del servicio y el cumplimiento de condiciones de
formación y experiencia, lo que realmente se genera es un vínculo laboral entre la
administración y los educadores contratados, el cual puede deducirse en casos
22 Sección Segunda del Consejo de Estado, sentencia del 19 de enero de 2017, radicación: 54001-23-33-000-
2012-00180-01 (1706-2015).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
particulares como el que es objeto de discusión, sin que deba exigirse el
pronunciamiento judicial previo que así lo declare.
Además, resulta adecuado acudir a la tesis que esta Corporación ha sostenido en
casos similares al presente, cuando se ha precisado que la normativa especial de
la pensión gracia no excluyó tal forma de labor oficial contractual para consolidar
aquel derecho, toda vez que lo esencial para adquirirlo es que la demandante
compruebe que ejerció funciones como educadora oficial en plazas del orden
territorial o nacionalizado, lo cual ocurriría en el asunto bajo examen si se tiene en
cuenta que la actora fue contratada para desempeñarse como profesora
directamente del distrito capital de Bogotá.
Para el efecto, basta con verificar que en el expediente obra la Orden de Trabajo
5379 del 20 de marzo de 1980,23 así como la Resolución 1935 del 29 de julio de
1981,24 con la cual la mencionada entidad territorial reconoció y autorizó el pago a
favor de la actora de las sumas adeudadas por concepto de pagos pendientes por
la labor prestada como docente interina durante el lapso bajo examen, lo que
demuestra con suficiencia la prestación del servicio por parte de esta.
Con todo, en principio sería procedente concluir que esta vinculación habría tenido
una naturaleza del orden territorial; sin embargo, a partir de esta última prueba lo
que se observa es que en el acto de reconocimiento del tiempo laborado por la
accionante intervino directamente con su firma y aval el delegado del Ministerio de
Educación ante el FER de Bogotá, y adicionalmente en el ordinal segundo del acto
se indicó expresamente que: «[…] El gasto que ocasione el pago de la presente
resolución se hará con cargo al Fondo Educativo Regional (FER) […]»
Lo expuesto permite a la Sala arribar a la conclusión de que la demandante fue
maestra oficial nacionalizada durante el interregno en comento, y no territorial ni
nacional como lo sostuvo la UGPP en su recurso, para lo cual es adecuado resaltar
que el Consejo de Estado25 ha precisado sobre la primera clasificación aludida que:
«El carácter nacionalizado de la designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la
Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a
partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».
Bajo este contexto, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación
y clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que
en su artículo 1.º consagró lo siguiente:
23 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
24 Idem.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
13 de julio de 2023. Radicado: 25000 23 42 000 2019 00093 01 (3408–2021)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. […]» (Líneas
intencionales).
Con base en lo anterior, se observa que la vinculación contractual de la actora
durante el tiempo estudiado ocurrió por decisión directa del alcalde mayor de
Bogotá, es decir, por una autoridad territorial, pero todo con el fin de que aquella
ocupara una plaza de su planta de personal, autorizada, aprobada, administrada y
financiada presupuestalmente por el Fondo Educativo Regional a través del
delegado del Ministerio de Educación y con recursos del SGP.
En tal sentido, resulta adecuado concluir que el cargo desempeñado por la
reclamante fue creado o transformado en vigencia y cumplimiento del artículo 10 de
la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6.° de dicha norma, en virtud de
los cuales, los ingresos para atender el proceso de nacionalización serían
administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER) con sujeción a los
planes que en su momento debía establecer la mencionada cartera gubernamental.
Ahora, si bien la entidad recurrente aseguró que la relación legal y reglamentaria
fue nacional, lo cierto es que en ningún aparte de la orden de trabajo o del acto de
reconocimiento y pago del servicio se advierte que la posición ocupada por la
demandante haya sido de aquellas previstas para la estructura funcional de la
Nación, ni que esta entidad le haya conferido autorización expresa al distrito de
Bogotá para que contratara a la accionante como maestra, pues no se verifica
intervención directa de dicha autoridad en lo que respecta a la decisión, sino solo la
de su delegado ante el FER, pero exclusivamente para asegurar la financiación a
través del SGP.
Lo anterior entonces se ajusta a la regla jurisprudencial interpretativa en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018 cuando se indicó lo siguiente:
«[…] se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo territorial antes
del 1.° de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización iniciado con la
expedición de la Ley 43 de 1975; y (i) los que a partir de esa fecha se hayan
vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud, también, del
aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de 1975).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la
vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en
la Nación. […]».
Por consiguiente, deberá computarse para efectos de consolidar el derecho a la
pensión gracia de la accionante, el período comprendido entre el 20 de marzo y el
8 de mayo de 1980 (1 mes y 18 días), pues se acreditó que esta labor se
desempeñó a través de un vínculo de naturaleza nacionalizada que le permite
acumular dicho tiempo conforme a la argumentación anterior.
• Del 22 de febrero de 1996, al menos hasta el 31 de agosto de 201626
Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emanado de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá el 31 de agosto de
2016,27 efectivamente se tiene demostrado que la reclamante laboró como docente
de primaria con exactitud durante el período bajo estudio, ello mediante una
vinculación en propiedad que, según dicho documento, se asegura que fue territorial
con recursos propios.
Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa la Resolución
043 del 12 de enero de 1996,28 por medio del cual el alcalde mayor del distrito capital
de Bogotá nombró en propiedad a la demandante para que ocupara el cargo de
maestra de la planta de personal de la Secretaría de Educación Distrital.
Sobre el punto, la Sala destaca que en el referido acto administrativo de
nombramiento se aprecia que la decisión fue adoptada sin la intervención directa
del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de este para que, en virtud de la
desconcentración, la mencionada autoridad municipal en representación de la
Nación efectuara la designación en comento, así como tampoco se verifica que se
haya presentado autorización de financiamiento por parte del delegado de dicha
cartera gubernamental ante el FER.
A partir de estos medios probatorios, se extrae con claridad que la relación legal y
reglamentaria de la actora tuvo lugar por decisión autónoma y directa del alcalde
del distrito capital de Bogotá, lo que indica que aquella lo fue en calidad de docente
territorial y no nacional como lo adujo la apelante, toda vez que en la parte motiva
del acto en mención no se señala que dicha plaza se hubiese creado y ocupado en
cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los postulados del artículo
6.° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el proceso de
nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos Regionales (FER)
con sujeción a los planes que en su momento debía establecer el Ministerio de
26 Esta fecha corresponde a la del certificado de historia laboral que indica que, para ese momento, la accionante
seguía activa con vinculación al distrito de Bogotá.
27 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
28 Idem.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
Educación, intervención que tampoco se encuentra en el decreto referido
previamente.
De hecho, en ningún momento se extrae que el cargo ejercido por la reclamante
haya sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o que hubiese
sido vinculado por la autoridad territorial como representante de la mencionada
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que el mencionado
vínculo fuera del orden nacional, más aún porque la propia UGPP en el acto
administrativo demandado reconoció este lapso como distrital y solo basó su
negativa en no tener por acreditado el tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre
de 1980.29
Ello se ajusta a la interpretación que se desarrolló en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de
forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos
se cubran con cargo a su propio presupuesto, lo cual se podría inferir además de la
parte considerativa del acto en el que se indica claramente que se trata de
novedades en la planta de personal del Distrito de Bogotá, situación que
corresponde a la noción que de este tipo de vinculación consagró el artículo 1.º de
la Ley 91 de 1989 cuando señaló lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»
Con base en lo anterior, como el tiempo de servicio de la demandante entre el 22
de febrero de 1996 y el 31 de agosto de 2016 (20 años, 6 meses y 9 días),
desarrollado mediante una relación legal y reglamentaria del orden territorial, sí
debe ser incluido junto al primer período analizado para acreditar el requisito de los
20 años de labor oficial educativa, se tendrá por cumplida esta exigencia, pues en
total, la actora demostró que laboró como educadora bajo calidades pertinentes
para el efecto a lo largo de 20 años, 7 meses y 27 días.
Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar algún vínculo en
una plaza de iguales naturalezas jurídicas a las mencionadas antes, previo al 31 de
diciembre de 1980, lo propio se deriva de que la actora laboró como tal al servicio
del distrito capital de Bogotá en virtud de una orden de trabajo para ocupar una
plaza nacionalizada del 20 de marzo al 8 de mayo de 1980, es decir, en un período
previo a la primera fecha en comento, por lo que está colmada la exigencia
analizada.
29 Ver el acto demandad en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
En punto a cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia y mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia acertó en
el fallo apelado al acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por la parte
activa, de manera que se confirmará dicha providencia, tal como fue solicitado por
el Ministerio Público, quien también arribó a esta misma conclusión en su concepto.
La anterior decisión incluye el análisis de la prescripción, pues, teniendo en cuenta
el 3 de enero de 2016 como la fecha de consolidación del estatus tomada por el
juez de origen (lo cual no fue materia de discusión en esta oportunidad), se advierte
que, en efecto, entre esa data y la presentación de la petición de reconocimiento
pensional (6 de julio de 2018)30 y la interposición de la demanda (25 de enero de
2019)31, no transcurrieron más de 3 años de los previstos para el efecto en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, de manera que, en
efecto, no debía declararse probada la prescripción trienal de mesadas.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentado por la parte demandada no
30 Ver la parte motiva del acto demandado que obra en el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
31 Ver acta de reparto en el expediente digital.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 25000-23-42-000-2019-00084-01 (4327-2023)
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandada según lo manifestado en la parte considerativa de la sentencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.