Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2021-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00478-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00478-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Pensión gracia. Insuficiencia probatoria. Vinculación
docente territorial anterior al 31 de diciembre de 1980.
Condena en costas.
Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones por cuanto la demandante no acreditó de
manera inequívoca haber tenido una vinculación docente de
carácter territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia del 29 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 24224 del 26 de octubre de
2020 y RDP 029699 del 14 de diciembre de 2020 expedidas por la entidad
demandada, mediante las cuales se le negó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la mencionada prestación periódica, con
inclusión de todos los factores salariales devengados para efectos de su
liquidación, junto con los reajustes legales, la indexación de las sumas
adeudadas y los intereses correspondientes. Asimismo, solicitó la condena en
costas.
3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que cuenta con más de 50
años de edad y que prestó sus servicios como docente oficial por más de 20
años. Señaló que inició su vinculación con el servicio educativo oficial antes del
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
31 de diciembre de 1980, mediante nombramiento efectuado por el Distrito
Especial de Bogotá en condición de interinidad, y que posteriormente continuó
vinculada con la Alcaldía de Bogotá, primero en provisionalidad y luego en
propiedad, hasta completar el tiempo de servicios exigido por la ley.
4. Expuso que elevó solicitud administrativa ante la entidad accionada para
el reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, dicha entidad negó la
prestación a través de los actos demandados.
5. Finalmente, sostuvo que la entidad demandada desconoció las normas
que regulan la pensión gracia y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado
en materia de acreditación de la calidad de docente territorial, al no valorar
adecuadamente los actos de nombramiento y demás pruebas aportadas con la
solicitud pensional.
Contestación de la demanda1
6. La entidad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones
reclamadas al considerar que la parte actora no cumple con los requisitos legales
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia y que, por tanto, los actos
administrativos demandados fueron expedidos conforme a derecho.
7. Como sustento de su defensa, señaló que, si bien la actora acreditó
tiempos de servicio como docente oficial, de la documentación obrante en el
expediente administrativo —particularmente del certificado CETIL— se
desprende que dichos servicios correspondieron a una vinculación de carácter
nacional y no territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, requisito indispensable para acceder a la pensión gracia.
8. Igualmente, sostuvo que la actora no acreditó 20 años de servicios
docentes de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado en los
términos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de
1989, razón por la cual no existe obligación legal de reconocer la prestación
reclamada.
9. Adicionalmente, indicó que la demandante actualmente es beneficiaria de
una pensión de carácter nacional, circunstancia que, en su criterio, impide el
reconocimiento de la pensión gracia de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
10. Propuso como excepciones de mérito las denominadas: «inexistencia de
la obligación por no cumplimiento de los requisitos legales», «ausencia de
fundamentos jurídicos», «improcedencia del reconocimiento de la pensión gracia
por incumplimiento del artículo 4 numeral 3 de la Ley 114 de 1913», «presunción
de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de pensiones»,
«buena fe», «prescripción» y la innominada o genérica.
1 Índice 12 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
Sentencia apelada2
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante sentencia del 29 de agosto de 2024, negó las
pretensiones de la demanda considerando que la actora no acreditó el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa que regula
la pensión gracia.
12. Como fundamento de su decisión, precisó que, aunque en el expediente
se encontraba acreditado que la actora nació el 20 de septiembre de 1957 y, por
ende, cumplió el requisito de edad, así como que prestó servicios docentes por
más de 20 años, no se logró demostrar que su vinculación a la docencia oficial
de carácter territorial o nacionalizada hubiera ocurrido con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, exigencia indispensable para acceder a dicha prestación.
13. Señaló que, aunque obraba en el proceso la Resolución 1935 del 29 de
julio de 1981 expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, mediante la
cual se reconocieron y ordenaron pagos al personal interino que prestó servicios
durante el año 1980, dicho acto no permitía establecer con certeza el lapso
concreto ni el tipo de vinculación ostentado por la demandante durante ese
periodo.
14. Agregó que, ante la insuficiencia probatoria, dicho tribunal requirió a las
partes para que allegaran los actos administrativos o certificaciones que
acreditaran el vínculo de la actora antes del 31 de diciembre de 1980; sin
embargo, con los documentos aportados tampoco fue posible establecer la
naturaleza ni el tiempo exacto de dicha vinculación.
15. En consecuencia, concluyó que la demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos administrativos impugnados, razón por la
cual negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en
costas.
Recurso de apelación3
16. La parte demandante interpuso recurso de apelación con el propósito de
que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda.
17. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que el tribunal incurrió en
una indebida valoración probatoria al restarle mérito a la Resolución 1935 del 29
de julio de 1981 expedida por la Secretaría de Educación del Distrito Especial de
Bogotá, por medio de la cual se reconoció y autorizó el pago de prestaciones al
personal interino que prestó sus servicios durante el año 1980, dentro del cual se
encuentra relacionada la demandante. A su juicio, dicho documento constituye
2 Índice 42, ibidem.
3 Índice 47, ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
prueba idónea para acreditar su vinculación territorial antes del 31 de diciembre
de 1980.
18. Señaló que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 21 de junio de 2018, la calidad de docente territorial puede
acreditarse no solo con los actos administrativos de nombramiento, sino también
con certificaciones expedidas por la autoridad nominadora que permitan
establecer de manera inequívoca el tipo de vinculación al cual estuvo sometido
el docente. En ese sentido, afirmó que la referida resolución cumple con tales
exigencias probatorias.
19. De igual manera, argumentó que los tiempos servidos en calidad de
docente interina deben ser computados para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la
cual lo relevante es acreditar la prestación del servicio docente oficial por el
tiempo legalmente exigido, sin que la modalidad de vinculación constituya un
obstáculo para el reconocimiento de la prestación.
20. Adicionalmente, sostuvo que la Resolución 1935 de 1981 goza de
presunción de autenticidad y validez al tratarse de un documento público que no
fue tachado de falso ni controvertido por la entidad demandada dentro del
proceso, motivo por el cual debía valorarse integralmente como prueba del
vínculo territorial.
21. Finalmente, afirmó que el juez de primera instancia desconoció los
principios de favorabilidad, primacía del derecho sustancial sobre las formas y
iura novit curia al restarle la eficacia probatoria suficiente a la documentación
aportada, pese a que, en su criterio, con ella se acreditaba el cumplimiento de
los requisitos legales para acceder a la pensión gracia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. Mediante auto del 20 de febrero de 20254 se admitió el recurso de
apelación de la referencia y se le advirtió a la parte demandada que disponía
hasta la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno al recurso de
apelación y al Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que
ingresara el proceso al despacho para sentencia.
23. El Ministerio Público emitió concepto solicitando que se confirme la
sentencia de primera instancia argumentando que en el expediente no se
encuentra demostrado, a través de medios probatorios idóneos, que la
demandante cumple el requisito de haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
24. La parte demandada guardó silencio.
4 Índice 5 de SAMAI del Consejo de Estado.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
III. CONSIDERACIONES
Competencia
25. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
26. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, a la
Sala le corresponde determinar si la Resolución 1935 del 29 de julio de 1981,
expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá, permite demostrar de
manera inequívoca que la demandante se vinculó como docente territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.
27. En caso afirmativo, se estudiará si la actora satisface los demás requisitos
para acceder a la pensión gracia reclamada.
Análisis del problema jurídico
28. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos
que se exponen a continuación.
29. Para beneficiarse de la pensión gracia, la interesada debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber
cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
30. El objeto de apelación recae en el requisito de haberse vinculado como
docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, el cual la
parte demandante pretende demostrar con la copia de la Resolución 1935 de 29
de julio de 19815, a través de la cual el secretario de Educación del Distrito
Especial de Bogotá, en ejercicio de sus funciones legales, le reconoció a varios
docentes, ellos a la parte actora, el pago de las prestaciones adeudadas por los
servicios prestados como interina durante el año de 1980. El acto también fue
suscrito por la delegada regional ante Bogotá del Ministerio de Educación
Nacional.
5 Folios 14 al 21, ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
31. Al revisar el mencionado acto administrativo, el ente territorial autorizó el
pago de las prestaciones adeudadas con cargo al Fondo Educativo Regional
(FER) a 306 docentes, entre quienes se encontraba la accionante, en calidad de
maestra de segunda categoría. No obstante, en dicho documento no se hace
mención del período durante el cual la demandante prestó sus servicios, ni de los
actos administrativos mediante los cuales fue nombrada en provisionalidad, ni,
mucho menos, de la naturaleza de su vinculación docente.
32. Sobre el particular, la apelante insiste en que la aludida Resolución 1935
del 29 de julio de 1981 constituye prueba idónea para acreditar su vinculación
con anterioridad a 1980 y que, además, satisface los parámetros fijados por esta
Colegiatura en la sentencia de unificación del 21 de junio de 20186, en relación
con la forma de demostrar la naturaleza del vínculo docente. Al respecto, en la
citada providencia se estableció la siguiente regla jurisprudencial:
iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
33. De conformidad con dicho estándar probatorio, la calidad de docente
territorial o nacionalizado debe acreditarse, en principio, mediante los actos
administrativos de nombramiento o, excepcionalmente, a través de
certificaciones expedidas por la autoridad nominadora, siempre que estas
permitan determinar, de manera clara, fehaciente e inequívoca, la naturaleza del
vínculo.
34. Pese a lo anterior, la Sala coincide con el análisis probatorio efectuado por
el a quo, dado que, en efecto, la aludida Resolución 1935 del 29 de julio de 1981
no resulta concluyente para demostrar, de manera inequívoca, la naturaleza de
la relación docente que la actora sostuvo durante 1980, pues, si bien puede
inferirse que prestó sus servicios en esa anualidad, no se precisó el lapso durante
el cual lo hizo, ni se mencionó el acto administrativo de nombramiento con el que
se produjo su vínculo en interinidad.
35. Es más, en el plenario no obra certificado alguno que dé cuenta de la
existencia del referido vínculo, toda vez que los documentos allegados al
expediente —esto es, el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, expedido el 25 de junio de 20147 por la Secretaría de Educación
de Bogotá, y la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL) del 15
de mayo de 20248— registran, contrariamente, que la actora inició sus labores
docentes a partir del 30 de septiembre de 1986 y del 19 de abril de 1988,
respectivamente.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 21 de junio
de 2018, proferida bajo el radicado 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-2014), con ponencia del
magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
7 Folios 22 y 23 del expediente digitalizado.
8 Índice 36 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
36. Adicionalmente, ante la debilidad probatoria advertida en el presente
asunto, el tribunal ordenó9 oficiar a las secretarías de educación del
departamento de Cundinamarca, del Distrito Capital de Bogotá y a la
demandante, para que allegaran copia completa y legible de todos los actos
administrativos en los que constara el vínculo docente que esta última sostuvo o,
en su defecto, certificaran el tipo de vinculación al cual estuvo sometida antes del
31 de diciembre de 1980.
37. No obstante, en cumplimiento de la anterior orden judicial, el
Departamento de Cundinamarca manifestó que la actora no estuvo vinculada con
ese ente territorial10. Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá11
informó que, de acuerdo con lo evidenciado en la hoja de vida de la actora, esta
tuvo una vinculación bajo la modalidad de interinidad; sin embargo, precisó que
«no se encontró ningún acto de vinculación en interinidad de la [actora]».
38. De igual manera, la demandante manifestó que no contaba con la
documentación requerida; no obstante, aportó copia del mencionado certificado
CETIL del 15 de mayo de 202412, en el cual, como ya se indicó, se señaló que su
primera vinculación tuvo lugar en 1986.
39. Así las cosas, en el expediente no reposan pruebas suficientes e
inequívocas que permitan establecer con certeza la duración y la naturaleza de
la vinculación que la actora sostuvo antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual
evidencia el incumplimiento de la carga de la prueba para demostrar sus
afirmaciones.
40. En relación con la carga de la prueba, el artículo 167 del Código General
del Proceso dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En ese orden,
correspondía a la parte demandante aportar prueba idónea que permitiera
acreditar con claridad y suficiencia la naturaleza territorial o nacionalizada del
vínculo docente que sostuvo con el Distrito Capital de Bogotá antes del 31 de
diciembre de 1980.
41. Ahora bien, es pertinente señalar que esta Corporación13, en asuntos
similares al sub judice, ha tenido en cuenta la tantas veces mencionada
Resolución 1935 de 1981 como elemento probatorio idóneo para acreditar una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980; sin embargo, a diferencia de lo
ocurrido en el presente asunto, en tales oportunidades los demandantes
9 Cfr. Auto del 22 de febrero de 2024, que reposa en el índice 25 de SAMAI del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
10 Índice 31, ibidem.
11 Índice 32, ibidem.
12 Índice 36, ibidem.
13 Al respecto, véanse las siguientes sentencias proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado: i) del 20 de octubre de 2022, bajo el radicado 25000 23 42 000 2017 05210
01 (4036-2021), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cueter; ii) del 11 de mayo de 2023, bajo el
radicado 25000 23 42 000 2014 04228 01 (3454-2017), con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena
Hernández; y iii) del 29 de agosto de 2024, bajo el radicado 25000 23 42 000 2019 00084 01 (4327-2023),
con ponencia del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
aportaron otros medios de convicción, tales como certificados de pago,
testimonios o certificaciones laborales que permitieron establecer con certeza la
naturaleza y los extremos temporales de la vinculación docente.
42. Corolario a lo expuesto, no prospera el argumento del apelante fundado
en los principios de favorabilidad, primacía del derecho sustancial e iura novit
curia pues estos no operan como mecanismos para suplir la carga probatoria de
las partes.
43. A propósito, el principio in dubio pro operario es aplicable en materia
laboral cuando existe duda en la interpretación de una norma, no cuando existe
ausencia de prueba sobre un hecho. A su turno, el principio de primacía del
derecho sustancial no releva a la parte de acreditar los supuestos fácticos que
activan la norma sustancial invocada.
44. Lo mismo ocurre con el reparo según el cual la vinculación en interinidad
debe ser computada para efectos de la pensión gracia toda vez que, a pesar de
que esta Corporación ha reconocido que dicha modalidad de vinculación puede
ser tenida en cuenta para el cómputo del tiempo de servicios, lo cierto es que, en
el presente caso, el problema no radica en la modalidad de vinculación sino en
la ausencia de prueba que demuestre de manera inequívoca la existencia,
duración y naturaleza de ese vínculo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
45. Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no acreditó de manera
inequívoca el cumplimiento del requisito de haberse vinculado como docente de
carácter territorial y/o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
exigencia imprescindible para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
46. En ese contexto y teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la
Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes son de carácter concurrente, el
incumplimiento de uno solo de ellos resulta suficiente para negar el
reconocimiento de la prestación reclamada. Por consiguiente, al no haberse
acreditado el presupuesto relativo a la vinculación docente territorial o
nacionalizada en el lapso exigido, se impone confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, sin que sea menester
efectuar consideraciones adicionales sobre los demás requisitos legales.
Condena en costas
47. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
48. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.
49. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50. En consecuencia, se impondrán costas a la demandante en segunda
instancia, por cuanto resultó vencida en el presente caso, al no haber prosperado
sus argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, a
través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda instaurada por la
señora María Nancy Borras Triana contra la UGPP.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS a la parte actora en segunda instancia.
Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000 23 42 000 2021 00478 01 (0224-2025)
Demandante: María Nancy Borras Triana
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.