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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00501-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00501-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar los ordinales 2°, 3 y 4° de la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Jesús Alberto Bustamante Quiceno contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone: Segundo. Reconocer la existencia de una relación laboral entre Jesús Alberto Bustamante Quiceno y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015. Tercero. Condenar a título de restablecimiento del derecho, al Sena, a reconocer y pagar a Jesús Alberto Bustamante Quiceno las prestaciones sociales de orden legal, incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías que debió recibir y que por la irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los honorarios pactados por el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2015 hasta el 15 de diciembre de 2015. Asimismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC del demandante y verificar ante la respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los aportes pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el tiempo en que el demandante desarrolló labores en la entidad (30 de diciembre de 2004 hasta 15 de diciembre de 2015), y en caso de ser así, cotizar al fondo la suma faltante en el porcentaje que le corresponda como empleador. Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos laborales y prestaciones sociales derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos entre Jesús Alberto Bustamante Quiceno y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), causadas entre 30 de diciembre de 2004 y el 13 de diciembre de 2014, excepto en lo relacionado con los tiempos y aportes al sistema general de seguridad social en pensiones. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00501-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de enero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Jesús Alberto Bustamante Quiceno presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del acto negativo ficto derivado de la falta de
respuesta a la petición del 31 de octubre de 2018 presentada ante el Sena, en la
que se solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta
entre el 30 de octubre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015, y el reconocimiento
de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

1 En lo que sigue Sena.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) los salarios correspondientes al cargo de instructor,
durante toda la relación laboral; iii) el pago de todas las acreencias laborales
debidas causadas tales como cesantías, sus intereses, vacaciones, primas de
vacaciones, de navidad, de servicios, de coordinación, técnica, y de localización,
el quinquenio, las bonificaciones por servicios prestados y por recreación, y los
subsidios de alimentación y familiar; iv) el reconocimiento a que se «le continúe
reconociendo y pagando los salarios como INSTRUCTOR en igualdad de condiciones con
los demás INSTRUCTORES que prestan sus servicios al SENA mediante vinculación legal
y reglamentaria»; v) la devolución de los aportes a la seguridad social y la retención
en la fuente; vi) el pago de los aportes correspondientes a las entidades de
seguridad social, para salud, pensiones, riesgos y aportes parafiscales sobre la
diferencia resultante en consideración a los ingresos que le correspondía según la
asignación salarial que debió percibir de acuerdo con el cargo de instructor; vii) la
indexación de las sumas de dinero reconocidas; viii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y xi) la condena
en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Jesús Alberto Bustamante Quiceno laboró para el Sena mediante contratos de
prestación de servicios entre el 30 de octubre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015,
con el objeto de impartir formación en el área de electricidad y electrónica.

3.2. Desarrolló sus labores bajo subordinación pues le fue impuesto el horario laboral,
el contenido y duración de los programas.

3.3. Durante el término en el que estuvo vinculado con la entidad, desempeñó sus
labores de manera continua, ininterrumpida, y bajo permanente dependencia y
subordinación.

3.4. El 31 de octubre de 2018 solicitó al Sena el reconocimiento de la relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin embargo, la
petición no fue resuelta.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 14, 25, 29, 53, 83, 84, 95, 125,

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

126, 209 y 230 de la Constitución Política; 5 y 11 de la Ley 4ª de 1913; 7, 9 y 11 de
la Ley 21 de 1982; 1 de la Ley 89 de 1998; 1, 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990;
1, 2 y 3 de la Ley 119 de 1994; 1 de la Ley 332 de 119; 1, 3,4, 5 y 6 de la Ley 489
de 1998; 1, 2, 5, 17 y 25 de la Ley 909 de 2004; 23 del Código Sustantivo del
Trabajo; 2 y 8 de la Ley 80 de 1993; 17, 18 y 204 de la Ley 100 de 1993; 48 de la
Ley 734 de 2002; 2 y 81 de la Ley 1150 de 2007; 156 de la Ley 1151 de 2007; 10 y
102 del CPACA; 83 de la Ley 1474 de 2011; 329 y 330 de la Ley 1607 de 2012; 1
del Decreto 1732 de 1960; 2 del Decreto 2400 de 1968; 2 del Decreto 2285 de 1968;
5, 8, 10, 11 y 41 del Decreto 3135 de 1968; 3 del Decreto 1737 de 1998, entre otros.

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5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos :

5.1. «El ACTO FICTO NEGATIVO acusado de nulidad viola por omisión las normas legales
(..) que establecen el régimen salarial y prestacional de los empleados del SENA, entre
ellos, los INSTRUCTORES» pese a que desempeñó iguales funciones que estos, pero
se le remuneró con honorarios inferiores a los salarios que ellos percibieron.

5.2. El objeto de todos los contratos celebrados fue impartir formación, asimismo se
le asignaron funciones propias del empleo de instructor y de asesor, y en virtud de
la dirección de formación profesional debía cumplir con los mandatos institucionales,
con lo que se eliminó cualquier posibilidad de autonomía, libertad o independencia
para el cumplimiento del objeto de cada contrato.

5.3. Estuvo bajo orientaciones y pautas emitidas por la entidad a través del director
de formación profesional, las cuales debía cumplir en desarrollo de las clases
orientadas por él y controladas por la entidad mediante los listados de estudiantes
asistentes y verificadas por el coordinador académico, a través del instrumento
denominado «"TIEMPOS ACT. ACADEMICAS"» y los diagramas de Gantt, que se
elaboraban mensualmente.

5.4. Según la naturaleza de las funciones asignadas solo le fue posible ejercerlas
bajo subordinación, en los espacios, horarios y jornadas que determinara la
institución, todo ellos según los reglamentos de trabajo, las instrucciones y órdenes
de esta.

5.5. Cumplió con un horario laboral, con jornadas de trabajo determinadas por la
entidad demandada y que fueron controladas mediante el sistema que se aplicaba
a los demás empleados.

2 Índice 20 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«7_ED_002DEMANDA1(.pdf) NroActua 20»

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

5.6. Nosolo tuvo con el Sena una relación de coordinación de las actividades
encomendadas, sino que cumplió las tareas que realizaban otros servidores
públicos cuyos cargos hacían parte de la planta de personal, es decir, que el servicio
que prestó no fue temporal sino permanente.

5.7. Las obligaciones que le fueron asignadas en calidad de contratista corresponden
a las funciones del cargo de instructor y el de asesor, que son de carrera y hacen
parte de la planta de personal de la institución, razón por la cual no podía abusarse
del contrato de prestación de servicios para ocultar la relación laboral de carácter
reglamentario, según las reglas contenidas en el artículo 125 de la Carta Política y
en la Ley 909 de 2004.

5.8. Para el cumplimiento de la misión y el objeto social del Sena las normas le
permitían la creación de los cargos necesarios dentro de la carrera administrativa,
lo que, además, hacía parte de la obligación de mantener actualizada su planta
global de empleos para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo.

5.9. Se desconoció la prohibición de suscribir contratos de prestación de servicios
para el ejercicio de funciones públicas de carácter permanente, tal como ocurre con
las funciones, actividades u obligaciones que le fueron asignadas las cuales
corresponden al objeto social de la entidad demandada.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo
siguiente3:

6.1. La vinculación de Jesús Alberto Bustamante Quiceno con el Sena se dio a través
de contratos de prestación de servicios profesionales celebrados conforme con lo
dispuesto en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de 1993, norma que
expresamente establece que «en ningún caso estos contratos generan relación laboral
ni prestaciones sociales».

6.2. La prestación personal del servicio es un «elemento esencial según la propia
naturaleza legal del contrato estatal» luego su existencia no conllevó a que se
configurara la relación laboral pues, simplemente en ese tipo de contratos es
necesario que el servicio se preste de manera personal.

6.3. Elhecho de que el demandante cumpliera un horario y realizara ciertas
actividades orientadas por la entidad no configuraba automáticamente el elemento

3 Índice 20 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital,
«8_ED_013CONTESTACIONDELAD(.pdf) NroActua 20»

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

de subordinación, en tanto que, dentro del desarrollo y ejecución del objeto
contratado, resultaba imperativo que las partes coordinaran las actividades, pues la
entidad estatal contratante no estaba obligada a recibir, como cumplimiento de lo
pactado, lo que el contratista presentara a su voluntad.

6.4. Laprestación de los servicios versó sobre obligaciones de hacer para la
ejecución de actividades de formación debido a la experiencia, capacitación y
formación profesional que tenía el demandante en las áreas específicas para las
cuales fue contratado, por lo que, contó con autonomía e independencia desde el
punto de vista técnico y científico como elemento esencial de los contratos de
prestación de servicios. El Sena únicamente le suministró las herramientas
pedagógicas básicas representadas en los contenidos mínimos de los módulos de
aprendizaje que debían desarrollarse de acuerdo con la programación de los cursos
de formación titulada o complementaria.

6.5. La Ley 80 de 1993 impuso obligaciones reciprocas a las partes que suscriben
este tipo de contratos y, en tal virtud, el contratista quedó supeditado al
cumplimiento idóneo de las obligaciones a su cargo con el objeto de satisfacer a la
entidad en una determinada necesidad y con ello la institución garantizó el
cubrimiento de la oferta de servicios de formación profesional y aprendizaje que
ofrecía. Luego, el Sena no impartió ordenes que limitaran la autonomía que el
contratista tenía para desarrollar el objeto contractual pues, la institución solo se
circunscribió a asegurar la calidad y el resultado esperado de la contratación.

6.6. Eldemandante percibió unos honorarios como contraprestación de sus
servicios, que por definición y origen es de naturaleza diferente al salario.

6.7. La vigencia de los contratos fue temporal y su duración se pactó por un tiempo
limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Además,
cada uno fue suscrito para la ejecución por horas de formación dentro de periodos
de tiempo transitorios e independientes uno del otro.

6.8. En los contratos suscritos se incluyó la cláusula expresa de ausencia de relación
laboral, en la cual las partes reconocen la independencia del contratista y la no
existencia de subordinación alguna.

6.9. No es jurídicamente viable equiparar al contratista con empleados públicos o
trabajadores oficiales, ni pretender el reconocimiento de derechos laborales propios
de una vinculación legal o reglamentaria, cuando el vínculo fue claramente de
naturaleza civil y ajustado a las disposiciones contractuales vigentes.

6.10. El uso de la figura de la prestación de servicios se justificó por la insuficiencia

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

del personal de planta para atender la alta demanda de servicios de la entidad,
aplicándose debidamente los procedimientos de selección previstos en la Ley 80 de
1993 y sus decretos reglamentarios.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción trienal de los derechos
derivados del contrato realidad; ii) inexistencia de la configuración del contrato
realidad; iii) cobro de lo no debido; y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 25 de enero de 2014 declaró la nulidad del acto ficto presunto
negativo originado por la falta de respuesta de la entidad a la petición de 30 de
octubre de 2018, la existencia de la relación laboral en el periodo comprendido entre
el 3 de diciembre de 2004 y el 30 de diciembre de 2015 y la prescripción de los
derechos prestacionales derivados de la relación laboral reconocida en los periodos
del 3 de diciembre de 2004 al 30 de abril de 2005, con excepción de los derechos
pensionales sobre los cuales el Sena deberá realizar el pago de las diferencias de
los aportes a su cargo, y a título de restablecimiento del derecho dispuso:

«TERCERO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, al SENA, a
reconocer y pagar al señor JESÚS ALBERTO BUSTAMENTE QUICENO una
indemnización que se cuantifica con el valor de las prestaciones sociales de orden legal,
incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías que debió recibir el demandante y
que por la irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los
honorarios pactados por el periodo comprendido entre el 04 de octubre de 2005 hasta el
30 de diciembre de 2015, descontando los tiempos en que existieron interrupciones.

Asimismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC del demandante y verificar ante la
respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los aportes
pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el tiempo
en que el demandante desarrolló labores en la entidad (03 de diciembre de 2004 hasta
30 de diciembre de 2015), y en caso de ser así, cotizar al fondo la suma faltante en el
porcentaje que le corresponda como empleador.
(…)

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en
esta providencia» (sic).

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:

9.1. Se acreditaron los elementos de la relación laboral, ya que el demandante: i)
percibió un pago mensual por la prestación de sus servicios; ii) ejecutó las

4 Índice 43 de Samai de Tribunales y Juzgados.

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

actividades de forma personal y bajo subordinación, en tanto, de las declaraciones
se probó que fue él quien desarrolló funciones como instructor en electricidad y
electrónica, tenía un coordinador académico que era quien le asignaba los
programas de formación, el horario y el sitio de trabajo, que las actividades las
desempeñó en las jornadas de 7:00 am a 1:00 pm, de 1:00 pm a 5:00 pm, y de 6:00
pm a 10:00 pm, y por requerimiento del Sena eventualmente los sábados, la entidad
le suministraba los elementos de trabajo y tenía que portar un carné de
identificación.

9.2. En la entidad existían empleados de planta que realizaban las mismas funciones.

9.3. Las obligaciones pactadas consistían en desempeñar la labor de instructor, las
cuales tenían que ser desarrolladas bajo el cumplimiento de órdenes y directrices
del coordinador académico, en el horario asignado y de forma continua y
permanente, lo que evidenció que el demandante no tuvo autonomía para el
cumplimiento de las actividades y adicionalmente hacían parte del objeto misional
de la entidad.

9.4. Se desconoció la prohibición de permanencia prevista en el inciso 5 del artículo
2 del Decreto 2400 de 1968, ya que las partes suscribieron contratos de prestación
de servicios de forma sucesiva y por aproximadamente 11 años lo que permitió
evidenciar que las actividades contractuales no fueron ocasionales.

9.5. No era procedente devolver a la parte demandante los aportes a pensión pues
tienen el carácter de parafiscales y según el criterio del Consejo de Estado son de
obligatorio pago y recaudo, para fines específicos y no constituyen un crédito a
favor del contratista. En cuanto a los aportes a salud, estos fueron sufragados por
el contratista y cubrió el riesgo para el cual fue dispuesto, por lo tanto, no se podía
ordenar al patrono su pago ni el reintegro al contratista, criterio reafirmado en la
sentencia de Unificación (SUJ-025-CE-S2-2021) de 9 de septiembre de 2021
proferida por el Consejo de Estado5, lo mismo ocurrió con los aportes por riesgos
laborales.

9.6. En torno al reintegro de las sumas descontadas por concepto de retención en la
fuente, según la mencionada corporación este es un asunto tributario que desborda
el objeto de la controversia laboral.

9.7. No había lugar a la compensación de vacaciones en dinero, por cuanto en el
caso de los empleados de planta ello se presenta únicamente en las dos
circunstancias previstas en el artículo 20 del Decreto 1045 de 1978 y comoquiera

5 Sentencia SUJ-025-CE-S2-202 de 9 de septiembre de 2021, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016)

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

que la sentencia de manera alguna está dándole al demandante la investidura de
empleado público, los supuestos de la norma no se cumplieron pues, Jesús Alberto
Bustamante Quiceno no dejó de disfrutar las vacaciones por necesidades del
servicio o interrupción de la vinculación, sino porque como contratista no tenía
derecho a ese tipo de emolumento. Lo anterior, no implicó el cambio de postura,
sino que siempre se ha reconocido dentro de la indemnización las vacaciones como
parte de las prestaciones, más no compensarlas en dinero.

9.8. Hubo una interrupción de 58 días que transcurrió desde el 16 de diciembre de
2014 hasta el 26 de marzo de 2015, lo que pudo acontecer por el periodo navideño
y por el comienzo del año en el que por lo general existen dificultades
presupuestales para contratar. No obstante, entre el 3 de diciembre de 2004 y el 30
de abril de 2005 sí operó la prescripción, salvo en lo relativo a los aportes a pensión
que son imprescriptibles.

9.9. No procede la condena costas al no hallarse probadas, de conformidad con el
criterio objetivo valorativo aplicado por el Consejo de Estado.

1.4. El recurso de apelación

10. El Sena interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente 6:

10.1. Porregla general, las personas que ejercen la labor formativa técnica
profesional en el Sena son «instructores considerados como empleados públicos, no
docentes». En esa medida, los instructores realizaban actividades orientadas a
promover el desarrollo regional en atención a los requerimientos de los sectores
productivos, a los lineamientos de los programas de gobiernos locales y
departamentales, y a las necesidades de inclusión social y lucha contra la pobreza.
En esa medida, no resultaba procedente aplicar la presunción de subordinación
propia de la actividad docente y asimilarla a la función de los instructores del Sena,
en el caso particular, pues su naturaleza es distinta y respecto de estos existe una
regulación normativa específica en la materia. Con mayor razón, si, además, el
demandante no se desempeñó como instructor durante todo el periodo contractual.

10.2. La sentencia de primera instancia ordenó que para el pago de la condena se
debía tener en cuenta el ingreso base de cotización sobre el salario devengado por
un instructor de planta. Tal determinación no resultaba procedente, puesto que la
fijación de los salarios de estos empleados dependía del grado en el cual hubiesen
sido vinculados. Además, los instructores cuentan con un «Sistema Salarial de
Evaluación por Méritos para Instructores del SENA – SSEMI» el cual se estructura en un

6 Índice 47 de Samai de Tribunales y Juzgados.

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

ordenamiento por grados de remuneración que atiende los méritos alcanzados en
los siguientes factores: experiencia, evaluación del desempeño, producción técnico-
pedagógica, educación y capacitación técnica y pedagógica. En consecuencia, en
caso de una eventual condena, el cálculo correspondiente debía realizarse con base
en el valor de los contratos suscritos en cada vigencia, y no con fundamento en la
asignación salarial de un instructor de planta.

10.3. Ante la carencia del personal de planta suficiente para cumplir las funciones a
cargo de la institución se hizo necesario celebrar contratos de prestación de
servicios. Tal actuación está autorizada por la Ley 80 de 1993, que facultó a las
entidades para usar este medio de vinculación de personal de manera excepcional,
con el fin de garantizar la operatividad funcional que les es propia.

10.4. Las partes celebraron diferentes contratos de prestación de servicio con un
plazo, objeto y honorarios previamente pactados de acuerdo con la necesidad del
servicio para que este se prestara con plena autonomía técnica administrativa y de
forma articulada con los lineamientos institucionales, y el desarrollo de las
actividades de formación en los programa titulada y complementada brindados por
la institución.

10.5. No se demostró que existiera subordinación y, además, no era suficiente para
encontrar acreditado el vínculo laboral, la imposición de un horario de trabajo, el
ejercicio de actividades supervisadas y la elaboración de informes. Sobre el
particular, la presentación de los informes a cargo del contratista era un deber
enmarcado dentro de las obligaciones contractuales para que este pudiera obtener
el pago de los honorarios, en la medida que se exija el cumplimiento a entera
satisfacción de su gestión, lo cual tenía que ser verificado por el supervisor o
coordinador del contrato, sin que con ello se desnaturalizara el contrato de
prestación de servicios. Tampoco se acreditó que debiera cumplir órdenes e
instrucciones por parte de sus superiores, ni que se le hubiesen efectuado llamados
de atención o se le impusieran memorandos.

10.6. Contrario a lo anterior, se demostró que los contratos de prestación de servicios
se ejecutaron de acuerdo con las cláusulas pactadas y que las directrices impartidas
se enmarcaron en el principio de coordinación que debía existir entre las partes para
definir la forma de ejecución contractual. De esta manera, la entidad pública estaba
facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de sus
supervisores y garantizar la prevención de un eventual detrimento patrimonial. En
consecuencia, tal situación no podía asimilarse a la existencia de subordinación.

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1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas se corrió
traslado para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no rindió concepto8.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si entre Jesús Alberto Bustamante Quiceno y el
Sena se configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquel tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral? y si ¿el reconocimiento de las prestaciones sociales se debe calcular con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

7 Según consta en el auto del 30 de julio de 2024, visible a índice 3 de Samai.
8 Según consta en el acta del 25 de noviembre de 2024, visible a índice 8 de Samai de Tribunal y

Juzgados.

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará
una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación
social.

17. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló
el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12
y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias
y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

21. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato
de prestación de servicios.

23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». [se resalta].

24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una
relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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referida sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales
de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que
se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que
demostrar que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones
contenidas en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad
encubría una relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos
de la relación laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación
continuada y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo
prestado, para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

31. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195716 y según el Decreto
164 del 6 de agosto de 195717 sus funciones iniciales consistían en brindar
formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la agricultura,
la minería y la ganadería.

32. Posteriormente, la Ley 119 de 199418 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio
propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función

16 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
17 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
18 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

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que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los
objetivos específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

33. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

34. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199819, este grupo ocupacional
«comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir formación
profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la formación e
investigación aplicada». Según el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y
2015), el cargo de instructor hace parte de la planta, con la descripción de las
siguientes funciones20:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

iii. Descripción de funciones esenciales

19 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
20 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

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Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

35. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201421. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional22 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
22 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

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profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

36. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad académica,
debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en
la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del artículo 4 de la
citada Ley 11923. Es decir que el contenido de los programas que ofrece el Sena
está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de 199224. Así lo
concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 25, que sobre
su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

23 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
24 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

37. De esta manera el Consejo de Estado26 ha reconocido que la función prestada
por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación integral,
profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin embargo,
tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir, de
docencia.

38. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que
los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar la existencia de
la relación a efectos de declararla27. En específico, sobre la subordinación ha
exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las actividades ejecutadas»28
pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de las funciones propias
de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente a la
prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del
objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material
probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»29 a fin de establecer la configuración o
no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

39. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

40. Se aportaron los siguientes documentos:

40.1. Jesús Alberto Bustamante Quiceno celebró los siguientes contratos de
prestación de servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos
jurídicos aportados, tales como certificados, actas de inicio y terminación y los
contratos de prestación de servicios30:

Contrato / Objeto Desde Hasta Interrupción
orden de en días
servicio hábiles
945 del 30 de Prestación de servicios 30 de 30 de abril -
diciembre de personales impartiendo 340 diciembre de de 200532
2004 horas de formación 200431
profesional integral en los

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30 Índice 20 de Samai de Tribunales y Juzgados, expediente digital, archivo
«6_ED_005ANEXOSDELADEMANDA(.pdf) NroActua 20» y CD a folio 163 cuaderno principal.
31 Fecha de suscripción de la orden de servicio
32 En tanto, el plazo del contrato fue de 4 meses

20

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

bloques modulares de
reparación radio y
televisión.
209 del 4 de Prestación de servicios 4 de octubre 19 de 111
octubre de personales impartiendo 340 de 2005 diciembre de
2005 horas de formación 200533
profesional integral en los
bloques modulares de
reparación radio y
televisión.
000023 del 2 Prestación de servicios 2 de enero 2 de julio de 8
de enero de personales impartiendo de 2006 200634
2006 1020 horas de formación en
los bloques modulares de
electrónica.
0074 del 30 de Prestación de servicios de 30 de junio 26 de marzo -
junio de 2006 formación integral, de 2006 de 200735
impartiendo 600 horas en el
área de reparación de
electrodomésticos.
0043 de 2007 Prestación de servicios 22 de mayo 22 de agosto 36
personales impartiendo de 2007 de 200736
formación profesional en el
área de especialización
electrónica en los bloques
modulares de electrónica
en el centro de atención en
Bogotá.
0086 de 2007 Prestación de servicios 25 de abril de 25 de -
personales impartiendo 2007 diciembre de
formación profesional en el 200737
área de especialización
electrónica en los bloques
modulares de electrónica
en el centro de atención en
Bogotá.
16 del 14 de prestación de servicios de 14 de mayo 17 de -
mayo de 2007 formación profesional de 2007 diciembre de
integral, impartiendo 520 2007
horas en el área de
reparación de
electrodomésticos, de
acuerdo a los horarios y
cronogramas que se
establezcan dentro de los
programas que el Sena
viene desarrollando en el
Municipio de Soacha, la
cual forma parte integrante
del presente contrato.

33 El plazo del contrato fue de 2.5 meses
34 El plazo del contrato fue de 6 meses
35 El plazo inicial del contrato fue de 6 meses y se adicionó por 2 meses a partir del 26 de enero de

2007
36 El plazo del contrato fue de 3 meses
37 El plazo del contrato fue de 8 meses

21

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

0341 de 2007 Prestación de servicios 28 de 28 de -
personales impartiendo noviembre de diciembre de
formación profesional en el 2007 200738
área de especialización
electrónica en los bloques
modulares de electrónica
en el centro de atención en
Bogotá
0036 de 2008 Prestación de servicios de 15 de enero 15 de mayo 9
formación profesional de 2008 de 200839
integral, impartiendo 150
horas de acuerdo con el
horario de cada grupo, en el
programa de formación
complementaria en los
bloques modulares de
electricidad y electrónica
básica
008 de 2008 Prestación de servicios de 21 de enero 31 de julio de -
formación profesional de 2008 2008
integral impartiendo 420
horas para la formación
titulada y complementaria
en el área de reparación de
electrodomésticos,
instalaciones eléctricas
domiciliarias, electricidad
industrial
134 del 15 de prestación de servicios de 15 de julio de 15 de -
julio de 2008 formación profesional 2008 diciembre
integral, impartiendo 350 200840
horas para la formación
titulada y complementaria
en el área de
mantenimiento correctivo
de monitores e impresoras
y mantenimiento corrective
de redes LAN, de acuerdo a
los horarios y cronogramas
que se establezcan dentro
de los programas que el
Sena viene desarrollando
en el Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial.
015 del 26 de prestación de servicios de 26 de enero 30 de junio 26
enero de 2009 formación profesional de 2009 de 2009
integral impartiendo 600
horas para la formación
titulada y complementaria
en el área electricidad y
electrónica de acuerdo a los
horario y cronogramas que
el Sena viene desarrollando

38 El plazo del contrato fue de 1 mes
39 El plazo del contrato fue de 4 meses
40 El plazo del contrato fue de 5 meses y 14 días

22

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

en el Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial para
la vigencia 2009.
233 del 30 de prestación de Servicios por 30 de junio 16 de -
junio de 2009 periodos fijos para la de 2009 diciembre de
formación profesional 2009
integral titulada y
complementaria en el área
de ELECTRICIDAD Y
ELECTRONICA PARA LA
FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
PRESENCIAL de acuerdo a
los horarios y cronogramas
que el Sena viene
desarrollando en el Centro
Industrial y Desarrollo
Empresarial para la
vigencia 2009.
130 del 19 de prestación de servicios 19 de enero 15 de 20
enero de 2010 temporales para la de 2010 diciembre de
formación profesional 2010
integral en el programa de
Desplazados para el año
2010 para impartir Mil
(1000) horas en el área de
electricidad y electrónica de
acuerdo a los horarios y
cronogramas que el SENA
viene desarrollando en el
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial para
la vigencia del 2010
127 del 18 de prestación de servicios 18 de enero 30 de junio 22
enero de 2011 personales y de apoyo, por de 2011 de 2011
periodos fijos para orientar
procesos de formación por
proyectos, Para atender el
programa de atención a
población en situación de
Desplazamiento en el área
de ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES
FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA del
Industrial y Desarrollo
Empresarial
465 del 8 de prestación de servicios 8 de julio de 8 de 4
julio de 2011 personales y de apoyo, por 2011 diciembre de
periodos fijos para orientar 201141
procesos de formación por
proyectos, Para atender el
programa de atención a

41 El plazo del contrato fue de 5 meses

23

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

población en situación de
Desplazamiento en el área
de ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES de
FORMACION
COMPLEMENTARIA del
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial.
128 del 18 de prestación de servicios 18 de enero 4 de julio de 27
enero de 2012 personales y de apoyo para de 2012 201242
Orientar procesos de
formación por proyectos
durante el primer semestre
de 2012, en el programa de
atención a desplazados en
formación Complementaria
del centro en el desarrollo
de las competencias para
instalar redes internas de
acuerdo con el diseño
eléctrico, construir
acometidas e instalar
equipos de medida de
energía eléctrica en baja
tensión requeridas para el
uso de instalaciones
residenciales y comerciales
en el área de influencia del
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial, de
acuerdo a las necesidades,
a la programación
establecida y a los
productos de formación
pactados.
501 del 4 de prestación de servicios 4 de julio de 28 de -
julio de 2012 personales y de apoyo para 2012 diciembre de
Orientar procesos de 2012
formación por proyectos
durante el segundo
semestre de 2012, en el
programa de atención a
desplazados en formación
Complementaria del centre
en el desarrollo de las
competencias para instalar
redes internas de acuerdo
con el diseño eléctrico,
construir acometidas e
instalar equipos de medida
de energía eléctrica en baja
tensión requeridas para el
uso de instalaciones

42 El plazo del contrato fue de 5 meses y 15 días

24

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

residenciales y comerciales
en el área de influencia del
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial, de
acuerdo a las necesidades,
a la programación
establecida y a los
productos de formación
pactados.
591 del 18 de prestación de servicios 18 de enero 18 de 12
enero de 2013 personales y de apoyo para de 2013 diciembre de
Orientar procesos de 201343
formación por proyectos
durante el primer semestre
de 2013, en el programa de
atención a desplazados en
formación Complementaria
del centre en el desarrollo
de las competencias para
instalar redes internas de
acuerdo con el diseño
eléctrico, construir
acometidas e instalar
equipos de medida de
energía eléctrica en baja
tensión requeridas para el
uso de instalaciones
residenciales y comerciales
en el área de influencia del
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial, de
acuerdo a las necesidades,
a la programación
establecida y a los
productos de formación
pactados.
857 del 18 de prestación de servicios 18 de enero 13 de 19
enero de 2014 personales y de apoyo para de 2014 diciembre de
Orientar procesos de 2014
formación por proyectos
durante vigencia de 2014,
en el programa de atención
a Desplazados de
formación Complementaria
del centre en el desarrollo
de las competencias para
instalar redes internes de
acuerdo con el diseño
eléctrico, construir
acometidas e instalar
equipos de medida de
energía eléctrica en baja
tensión requeridas para el
uso de instalaciones
residenciales y comerciales

43 El plazo del contrato fue de 11 meses

25

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

en el área de influencia del
Centro Industrial y
Desarrollo Empresarial, de
acuerdo a las necesidades,
a la programación
establecida y a los
productos de formación
pactados.
1810 del 26 de Prestar con plena 26 de marzo 15 de 69
marzo de 2015 autonomía técnica y de 2015 diciembre de
administrativa y de forma 2015 44
articulada con los
lineamientos institucionales
los servicios- profesionales
y de apoyo para orientar
procesos de formación por
proyectos por periodos fijos
durante la vigencia 2015.
Para atender la formación
Complementaria
Presencial; en la
competencia implementar la
estructura de la red de
acuerdo con un diseño
preestablecido a partir de
normas técnicas
internacionales, mejorar el
funcionamiento de
máquinas, y procesos,
buscando su eficiencia y
productividad, en el área de
influencia del Centro, de
acuerdo con las
necesidades, con la
programación establecida y
con los productos de
formación pactados

40.2. El 31 de octubre de 2018 Jesús Alberto Bustamante Quiceno solicitó al Sena el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella45. Petición, frente a la cual, afirmó el demandante, que la entidad
territorial guardó silencio.

2.3.2. Testimoniales

41. En la audiencia de pruebas celebrada el 26 de octubre de 2023, se recibió la
declaración de parte y los testimonios de Yenny Consuelo Pérez Morales y Luís

44 El plazo del contrato fue de 8 meses y 6 días, que según el cálculo seria hasta el 2 de diciembre

de 2015. No obstante, aunque en primera instancia se reconoció hasta el 30 de diciembre en el
expediente obra el acta de liquidación del contrato del 15 de diciembre, por lo que será esta fecha la
que se tendrá en cuenta.
45 Ibidem

26

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

Valentín Rosas Quiasua, de los cuales se extrae lo siguiente:

41.1. Jesús Alberto Bustamante Quiceno empezó a trabajar para el Sena en junio
de 2006 a diciembre de 2015.

41.2. Cumplió las actividades de instructor de electricidad y electrónica en formación
titulada y complementaria. Para tal fin se regía por los parámetros, el programa de
formación, el horario y el lugar de trabajo impuestos por la institución.

41.3. Los horarios eran asignados por el coordinador, quien además le entregaba el
programa. Entre sus coordinadores recuerda a Tatiana Velázquez, Nelson Gómez,
Edna Gómez, Orlando de quien no recuerda el apellido.

41.4. Cuando dictaba formación titulada lo hacía en las sedes de la institución
ubicadas en Soacha o en Sibaté de 7am a 1pm y la formación complementaria si
era fuera de las sedes.

41.5. Había un control del horario puesto que constantemente el personal de la
entidad pasaba por los salones de clase y cuando la labor se cumplía por fuera de
la institución, el personal se comunicaba al lugar en donde se dictaba la formación,
por ejemplo, cuando asistía al batallón de comunicaciones Facatativá el enlace era
el sargento que coordinaba los cursos, igual sucedía cuando era en la escuela de
suboficiales.

41.6. Debianportar un carné tanto en la sede como en el lugar a donde le
correspondiera dictar la formación.

41.7. Había personal de planta que desarrollaba iguales funciones a las que le eran
asignadas a él.

41.8. El Sena les proporcionaba los elementos necesarios para el desarrollo de la
actividad como los instrumentos de medida, componentes para armar circuitos, y un
computador.

41.9. Aunque no hizo uso de los procedimientos para solicitar permisos, si existían, y
en las reuniones periódicas se le hacían llamados de atención a las personas que
se ausentaban sin solicitarlos. Era implícito que se debía solicitar permisos.

41.10. Además, debía apegarse al programa de formación y a los horarios impuestos.

41.11. Yenny Consuelo Pérez Morales conoció al demandante cuando ella ingresó
como contratistas al servicio del Sena y el demandante trabajaba como instructor

27

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

para la Regional Cundinamarca, Centro de Desarrollo Industrial de Soacha. Fueron
compañeros de trabajo. Ella también demandó a la entidad para el reconocimiento
de la relación laboral.

41.12. El demandante cumplía con un horario asignado por la coordinación y atendía
formación de fichas de aprendizaje en la mañana, tarde, noche y fines de semana.

41.13. Estaba supeditado a las órdenes impartidas por los coordinadores académicos
tanto en formación titulada, como en complementaria o en la modalidad a distancia.
En esta labor estuvieron Sandra Tatiana Velásquez, Luis Orlando, Edna, Nelson.

41.14. Loshorarios de trabajo eran definidos con base en los cronogramas
académicos y en las jornadas de la mañana, tarde o noche dependiendo de la
programación de la coordinación, incluso los fines de semana. En la franja
académica para formación titulada se desarrollaban entre las 7 am y las 12 m; de 1
pm a 6 pm; y de 6 a 10 pm. Los sábados dependía del curso complementario y era
posible que se asignaran 8 horas.

41.15. había personal de planta que cumplía con iguales funciones a las ejercidas por
el demandante.

41.16. Jesús Alberto Bustamante Quiceno recibía instrucciones de la coordinación
académica y de la supervisión de contratos. Entre ellas, ejecutar la formación,
entregar calificaciones, y cumplir con los horarios.

41.17. No tuvo conocimiento de que el demandante se ausentara de su lugar de
trabajo, pero como contratistas debían reportar al coordinador y solicitar el permiso
con compensación de tiempo.

41.18. Para ingresar a la institución requería de un carné y para dictar la clase portaba
una bata de instructor que lo identificaba en tal calidad con la «i». Cada coordinación
entregaba los elementos necesarios para impartir la formación.

41.19. Aunque ella ingresó como instructora en administrativo en salud y empresarial
y él en el área de tecnología y electrónica, compartían en el aula múltiple de
tecnología en el primer piso, y en los espacios de rotación para la ejecución y
programación de formación de competencias en el edificio de las sedes Soacha y
la campestre de Sibaté. En promedio se encontraban 2 veces a la semana.

41.20. Algunos de los cursos complementarios se dictaban en las instalaciones los
fines de semana cuando asistía la comunidad y otros eran los contratistas quienes

28

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

debían ir hasta donde estaba la comunidad o las empresas solicitantes. En cuanto
a la titulada siempre se llevaba a cabo en los centros de las sedes principales y
anexas. Y En torno a los cursos de articulación con la media se dictaban en los
colegios que tuviesen convenios con el Sena de Soacha.

41.21. Los contratos se celebraban de manera continua, salvo en el periodo de
diciembre cuando no había formación y estos se terminaban, pero se celebraban
cada año. Eran iniciados y liquidados por periodos de 10 u 11 meses.

41.22. LuísValentín Rosas Quiasua conoció al demandante porque fue su
compañero de trabajo desde el año 2006 hasta el 2015. Demandó a la entidad por
iguales hechos y el demandante es testigo en ese proceso.

41.23. Jesús Alberto Bustamante Quiceno cumplía horario en la mañana de 8 am a
12 m; en la tarde de 1 a 5 pm; y a veces en la noche de 6 a 10 pm. Los sábados en
la mañana o en la tarde dependiendo del requerimiento de la institución se les
asignaban horas de formación.

41.24. Recibía instrucciones de la coordinación académica como por ejemplo a donde
tenían que ir a dictar los cursos. Entre ellos estaba Tatiana Gonzales, Emilse, Edna
Gómez.

41.25. No
está seguro, pero cree que en área en el que se desempeñaba el
demandante había una instructora de planta.

41.26. La institución le suministraba las fichas de trabajo. En la formación titulada el
Sena les entregaba los elementos de trabajo y si era complementaria se los
solicitaban a los aprendices.

41.27. Tanto en las instalaciones de la institución como en los sitios a donde eran
enviados a dictar formación era obligatorio portar el carné.

41.28. Laboraban en la misma edificación, pero eran de áreas diferentes pues él era
instructor en gastronomía y el demandante de electricidad tanto en formación
titulada como en complementaria.

41.29. No tiene conocimiento de que la contratación se realizaba por la falta de
personal o por cumplimiento de metas, pero a ellos les exigían el cumplimiento de
estas.

41.30. El Sena a través de su personal le entregaba el listado de los aprendices, las

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

localidades a donde tenía que asistir para realizar las labores. Debian pasar la
cuenta de cobro a la coordinación con el visto bueno del supervisor.

41.31. Los
contratos los realizaban por 6 meses con adición o por 11 meses,
dependía de las necesidades de la entidad.

41.32. No le reconocieron vacaciones.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Jesús Alberto Bustamante
Quiceno y el Sena.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

43. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Jesús Alberto Bustamante Quiceno prestó sus servicios al Sena, vinculado por
medio de contratos que suscribió con la entidad, con el fin de desempeñarse como
instructor en el área de electricidad y electrónica entre el 30 de diciembre de 2004
y el 15 de diciembre de 2015.

44. Luego, está claro que debió prestar sus servicios de forma personal y en atención
a sus calidades y estudios profesionales pues, de dichos contratos y de las pruebas
testimoniales recibidas en el proceso se observa que fue contratado para prestar
«servicios personales» como instructor y las obligaciones contractuales realizadas
eran afines a sus competencias en áreas específicas de electricidad y electrónica,
así como, en atención a su idoneidad, capacidad y experiencia laboral según se
determinó en las consideraciones de los contratos que aluden: «el (la)
CONTRATISTA está en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y demostró la
idoneidad y experiencia directamente relacionada requerida».

45. Además, no existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta
labor tal y como se extrae de la cláusula incluida en todos los contratos en la que
se manifestó que el contratista no podría cederlos sin autorización previa y expresa
del contratante, lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido; de lo que se sigue
que era él y no otra persona quien debía ejecutar las obligaciones pactadas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

2.4.1.2. Remuneración

46. Jesús Alberto Bustamante Quiceno percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia de los contratos de prestación de servicios que
suscribió con el Sena, en los que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se
entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

47. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

48. Precisamente los testimonios y el contenido de los contratos dan cuenta que el
empleador impuso las condiciones de ejecución de la labor para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia,
pues Jesús Alberto Bustamante Quiceno, además de los señalado anteriormente,
no podía delegar sus labores de instructor en otra persona, las tareas que
desarrollaba debían realizarse de forma continua y no podía ausentarse libremente
de su lugar de trabajo.

49. En este punto, la Sala precisa que, tal y como lo indicaron los instrumentos
jurídicos suscritos, la contratación de los servicios profesionales del demandante se
realizó ante la carencia de personal de planta que atendiera los diferentes grupos
de formación y la oferta educativa; así como, por su perfil profesional, tal como
quedó establecido en el acápite anterior.

50. De los testimonios y la declaración de parte también se advierte que los horarios
de los cursos de formación y la programación eran asignados por el coordinador
académico; que cada programa de formación tenía unos contenidos
preestablecidos por la institución y diseños curriculares específicos para cada área
exigibles a todos los instructores independientemente del tipo de vinculación pues,
había personal de planta que ejecutaba iguales obligaciones; la labor se
desarrollaba en las instalaciones del Sena, sedes de Soacha y Sibaté, o, en caso
de formación complementaria en el lugar dispuesto para ello, pero por instrucción

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

de la entidad.

51. Asimismo, el Sena le suministraba los elementos o herramientas de trabajo, tales
como instrumentos de medida, computador y la bata que debía portar para impartir
la formación. Además, debía portar el carné que lo identificaba con la «i» de
instructor. En general, que para la ejecución de las obligaciones pactadas y para
impartir formación se debían seguir los principios o lineamientos fijados por la
institución.

52. Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver
que la actividad desplegada por Jesús Alberto Bustamante Quiceno se realizó de
conformidad con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su
propia dirección y gobierno.

53. Esto se advierte luego de analizadas las funciones realizadas por el demandante,
en las que se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
demandada de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante como instructor, pues la labor se desarrolló por espacio de 11 años.

54. Lo expuesto se fundamenta en que Jesús Alberto Bustamante Quiceno se
comprometió, entre otras, a realizar actividades propias del empleo de instructor
tales como:

«Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar procesos de aprendizaje en cualquiera
de las estrategias de respuesta institucional para los diferentes grupos poblacionales
objeto de Formación Profesional Integral. 6.) Evaluar el proceso de aprendizaje, las
estrategias pedagógicas, el medio ambiente educativo, el rendimiento académico de los
alumnos y diligenciar oportunamente los formatos correspondientes. 7.) Participar en el
desarrollo de innovaciones pedagógicas y del área específica en que se desempeñe,
mediante proyectos de investigación, en concordancia con las exigencias del desarrollo
sostenible. 8.) Formular, ejecutar y evaluar diagnósticos que conlleven a la actualización
y creación de diseños, planes, programas, procesos y productos propios de las
actividades del Centro de Formación, acordes con su especialidad y área de desempeño,
y según las necesidades del entorno. 9.) Colaborar en el diseño y ejecución de
programas de actualización de instructores del SENA y de otras entidades, en aspectos
pedagógicos y de la especialidad en que imparte Formación Profesional. (…) 11.)
Capacitar y asistir técnica, empresarial y organizativamente a las comunidades, formas
asociativas y empresas en sus proyectos de desarrollo socio empresarial de acuerdo
con la especialidad en que imparte Formación Profesional. (…) Participar en la
concertación y coordinación interinstitucional para la ejecución de proyectos de
desarrollo y acciones de Formación Profesional Integral, proyectos de desarrollo
sectorial, regional, municipal y veredal. 14.) Participar en procesos de promoción de los
programas de Formación Profesional Integral, servicios y actividades de Divulgación

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

Tecnológica, programados por el Centro de Formación. 15.) Participar en las labores de
montaje y puesta en marcha de equipos y maquinaria utilizados en la Formación
Profesional Integral, si es del caso. 16.) Coadyuvar en el proceso de ingreso e inducción
de alumnos. (…) 20.) Participar en los comités de evaluación, asistir puntualmente
a las clases programadas (…). 22.) Participar activamente en las actividades de
formación programadas por el Centro en el área cultural, deportiva, recreativa, dirigidas
a los alumnos y en los programas de carácter preventivo que ameriten de su apoya y
asesoría, adicionalmente en actividades de bienestar dirigidas a los alumnos y
funcionarios»46 [se resalta]

55. Asimismo, se obligó a:

«Participar activamente en los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por
programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar integralidad
en la orientación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el
diseño de talleres e items que alimentarán lo bancos de pruebas para la selección de
aprendices, entre otras. 5. Participar en la programación y ejecución del proceso d
inducción de aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes
previos siempre y cuando cumpla con el objeto contractual de ejecutar acciones de
formación diferentes a la inducción. Reportar en el sistema Sofia Plus en un plazo
máximo de 3 días, de acuerdo con la dinámica del Sistema todas las actividades que
de acuerdo con los procesos son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la
información y su coherencia con el proceso formativo, tales como: - Registro de los
juicios evaluativos. - Creación de rutas y asociación de aprendices - Registro de juicios
evaluativos del reconocimiento de aprendizajes previos. Comunicar al Coordinador
Académico oportunamente anomalías de aprendices y hallazgos en el registro de la
información 5. El Coordinador Académico podrá designarlo como gestor de
proyecto para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o
conjunto de proyectos por redes tecnológicas que inconsistencias, novedades de
garanticen la integralidad en la ejecución del proceso de aprendizaje (…) 12. Realizar
semanalmente el registro en el Aplicativo Sofia Plus, las novedades académicas de
cada estudiante, como requisito para la autorización del pago del periodo
correspondiente (…) 17. Participar en las convocatorias de formación pedagógicas
que el centro establezca, así como formación de TIC'S, en mejora de las
competencias de las nuevas tecnologías Asistir de manera obligatoria a los llamados
efectuados por la Entidad, con el objeto de recibir capacitación, actualización en
formación. 18. Implementación y ejecución del Proyecto Formativo, de acuerdo
con lo diseñado en el Aplicativo SOFIA. (…) 21. Orientar los procesos de
aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación,
metodologías de aprendizaje, programas vigentes y proyectos de formación
definidos. (…) 24. Apoyar procesos de formación en las diferentes modalidades,
según las metas contempladas en la planeación y metas de gestión respectiva y
previo acuerdo con la coordinación de formación profesional y el coordinador del área
respetiva (…) Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el área del desempeño»47 [se resalta].

56. Los anteriores deberes ponen en evidencia que no realizó sus labores en forma
autónoma e independiente pues, estas tienen relación de correspondencia con el

46 Contrato 0036 de 2008.
47 Contrato 857 de 2014

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ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, en la medida en que debía
seguir las directrices de la entidad, ya fuera las contenidas en los reglamentos y
manuales vigentes o las instrucciones entregadas por sus superiores [coordinador
académico], según lo prestablecido en los programas y proyectos de formación
definidos y el calendario institucional.

57. Además, debía asistir de forma obligatoria cuando la entidad lo requiriera para
recibir capacitaciones, participar en el desarrollo de actividades como el diseño
curricular, cumplir los procesos de formación en las diferentes modalidades según
las metas institucionales y registrar sus actividades en la plataforma dispuesta por
el Sena y en los plazos definidos por este.

58. Se observó, además, que en la cláusula de vigilancia administrativa se dispuso
que el supervisor debía verificar que el contratista cumpliera con las actividades
programadas y las clases, evaluar el rendimiento y calidad de la formación impartida
y «[s]upervisar continuamente en las aulas el desempeño, asistencia, calidad, trato y demás
factores que considere relevantes y que contribuyen al mejoramiento continuo de la calidad
de la formación profesional»48, lo que no se enmarca en una simple coordinación de
las actividades contratadas, sino una constante subordinación.

59. Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones
de tiempo, modo y lugar, en el entendido de que permitió el cumplimiento de la
misión encomendada al Sena, pues es claro que a través de las actividades
contratadas aportó al desarrollo de las funciones atribuidas a la institución.

60. Al respecto, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país»,
función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud con las
labores desempeñadas por el demandante, es decir, este ejecutó tareas que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, como instructor, pues la
función formadora es de carácter permanente.

61. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

62. Se resalta que, en efecto, como lo expuso la demandada en el recurso de
apelación, el horario es apenas un indicio de la subordinación, no obstante, en cada

48 Contrato 74 del 30 de junio de 2006

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caso deben analizarse las particularidades en que el servicio se prestó para
determinar si aun cuando se acreditó el cumplimiento de este, ello es constitutivo o
no del ejercicio del poder subordinante del empleador. En el sub judice, los
declarantes manifestaron el cumplimiento de este por parte de Jesús Alberto
Bustamante Quiceno y aunque no se aportó ningún otro elemento de prueba que
corroborara tales afirmaciones, ello no enerva las consideraciones expuestas hasta
ahora, relativas a la falta de autonomía e independencia en que este ejecutó su
labor.

63. Aunado a que, los sucesivos contratos dan cuenta de la vocación de
permanencia en el servicio, sin que se denote excepcionalidad y transitoriedad,
contrario a ello ejecutó actividades misionales o del giro ordinario de la entidad en
cumplimiento de funciones del cargo de instructor que hace parte de la planta de
personal del Sena.

64. Ahora bien, la demandada también señaló que «no se puede dar aplicación a la
presunción de subordinación en actividad docentes y asemejarla con los instructores del
SENA». Sobre el particular, tal como se expuso en el marco normativo y como lo ha
reconocido esta corporación de forma pacífica y reiterada, el Sena tiene como
función permanente impartir formación laboral y profesional, certificando a los
estudiantes que culminan los programas y cursos que ofrece. Por su parte, la
normativa aplicable define la educación como el conjunto de procesos
especializados encaminados a la obtención de certificados, títulos o grados, e indica
que el cargo de instructor implica la coordinación y ejecución de actividades
académicas.

65. De conformidad con lo anterior, la labor de los instructores se orienta a brindar
formación integral, profesional y laboral dentro de un sistema de educación no
formal, lo que no desconoce su calidad de labor educativa, y cuya regulación
corresponde a las disposiciones del servicio público de educación. En todo caso, lo
que se observa en el presente asunto es que las actividades desarrolladas por el
demandante se ejecutaron bajo condiciones que reflejan subordinación, en tanto
debió atender los parámetros y directrices institucionales fijados por el Sena, lo que
tuvo fundamento en el análisis de los contratos de prestación de servicios de los
que es posible analizar la naturaleza de las obligaciones contractuales y de las
cuales se advirtió la falta de autonomía para su ejecución.

66. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en

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armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»49.

67. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»50.

68. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices del coordinador
académico de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al establecerle
responsabilidades particulares en cuanto a los programas de formación de acuerdo
con las necesidades del servicio, la evaluación de los aprendices, y la ejecución de
actividades curriculares, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del demandante y lo
que denota la existencia de una indiscutible subordinación.

69. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado el demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de 11 años.

70. Asimismo, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el contrato
de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la expuesta
pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para que el
trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»51, tal y
como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

71. Es incuestionable entonces, el hecho de que la ejecución del objeto convenido
no se realizó de forma autónoma e independiente como corresponde a una relación

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
50 Ibidem.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se trató
de una en la que las funciones se ejercieron bajo los condicionamientos fijados por
los jefes de área, lo que la asimila a una de carácter laboral, en la que se asignaron
responsabilidades indispensables en el funcionamiento de la entidad.

72. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 30 de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015, afirmación que se
desprende de los testimonios y de los contratos de prestación de servicios.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

73. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

74. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la

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prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

75. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

76. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].

77. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»52.

78. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 31 de octubre de 2018, y que existió una interrupción injustificada superior a 30
días hábiles entre los lapsos en que se declaró la existencia de una relación laboral,

52 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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ello implicó la solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de
presentar la reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes; por lo que
se determinará que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho antes del 13 de diciembre de 2014. Lo
anterior, según se observa del cuadro visible en el párrafo 40.1.

79. Es así como, la interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico
de la prescripción extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 857 y
1810 pues el primero terminó el 13 de diciembre de 2014 y el segundo inició el 26
de marzo de 2015, plazo que excede los 30 días hábiles, sin que se haya alegado
alguna razón que justifique tal interrupción. Incluso, pese a descontar el periodo de
vacaciones que transcurrió entre diciembre y enero del lapso de interrupción se
superó el periodo previsto como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos. En tal sentido, y ante tal interrupción, la oportunidad para que el
demandante presentara la reclamación venció el 13 de diciembre de 2017, sin que
ello ocurriera.

80. Valga precisar que no es necesario pronunciarse sobre las interrupciones
anteriores pues en todo caso superaron la exigencia de los 3 años con los que
contaba el demandante para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la
relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones correspondientes.

81. Ahora bien, el a quo señaló que la interrupción que operó entre los contratos 857
y 1810 estaba justificada tanto por el periodo vacacional como por las dificultades
presupuestales para contratar al inicio del año, sin embargo, tal y como se precisó
aun descontando los 15 días hábiles de las vacaciones se superó el termino y las
dificultades presupuestales no se demostraron ni se alegaron en el proceso, por lo
que no le corresponde a la autoridad judicial inferirlas, máxime si, aunque se
considerado que el periodo de 30 días hábiles no es una camisa de fuerza, es un
indicador temporal adecuado de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que, existan los elementos de juicio dentro
del plenario que lleven a esta Sala a determinar lo contrario.

82. Así pues, se modificará el ordinal 3° y 4° de la sentencia del 25 de enero de 2024
que declaró la prescripción de los derechos en litigio «por el periodo comprendido entre
el 3 de diciembre de 2004 a 30 de abril de 2005» para en su lugar, señalar que acaeció
el fenómeno respecto de las prestaciones sociales a que tenía derecho anteriores
al 13 de diciembre de 2014.

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2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

83. Por lo anterior, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollara iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios.

84. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales53 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas54.

85. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Jesús Alberto Bustamante Quiceno debía ser
remunerada conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara
iguales funciones a las suyas.

86. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia55 que «el

53 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
54 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

87. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales56. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que, en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el
demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones respecto de un empleado que ejecutara iguales funciones en la entidad.

88. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho Jesús Alberto
Bustamante Quiceno y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC).

89. Sin embargo, y pese a que fue objeto de pronunciamiento en el recurso de
apelación pues la entidad adujo que no era procedente tal reconocimiento con base
en el salario de un empleado de planta puesto que la fijación de este dependía del
grado en el cual el instructor se hubiese vinculado, lo cierto es que el a quo no
ordenó tener en cuenta la asignación de un empleado de planta, comoquiera que,
en la resolutiva, estableció que la entidad demandada debía reconocer las
prestaciones de la siguiente manera:

«tomando como base el monto de los honorarios pactados por el periodo comprendido
entre el 04 de octubre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2015, descontando los
tiempos en que existieron interrupciones.
Asimismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC del demandante y verificar ante la
respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los aportes
pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el tiempo
en que el demandante desarrolló labores en la entidad (03 de diciembre de 2004 hasta
30 de diciembre de 2015), y en caso de ser así, cotizar al fondo la suma faltante en el
porcentaje que le corresponda como empleador» (sic).

90. Es decir, ordenó el pago de las prestaciones sociales tomando como base los
honorarios.

56 Artículo 53 de la Constitución Política.

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91. No obstante, en este punto encuentra la Sala necesario modificar los ordinales
2°, 3° y 4° de la sentencia de primera instancia en lo referente a los extremos
temporales del reconocimiento, en cuanto a que la existencia de la relación laboral
se acreditó entre el 30 de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015, de
acuerdo con el material probatorio, entre ellos, los contratos aportados al proceso.
Por iguales razones el periodo respecto del cual se existieron las prestaciones a
que tenía derecho el demandante, en virtud de la prescripción, corresponde al
transcurrido entre el 30 de diciembre de 2004 y el 13 de diciembre de 2014, siendo
el que corrió desde el 26 de marzo de 2015 hasta el 15 de diciembre de 2015 el que
se deberá tener en cuenta para pagar las prestaciones sociales de orden legal que
no se extinguieron.

92. En este punto, valga aclarar que, tal y como fue objeto de unificación por esta
corporación57 el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del
acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de
servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho y
no indemnizatorio.

93. Asimismo, se aclara que si bien hay unos periodos que se superponen a otros,
lo cierto es que únicamente habrá lugar a un solo reconocimiento por estos tiempos.
No obstante, comoquiera que se declaró la prescripción de los derechos
prestacionales causados entre el 30 de diciembre de 2004 y el 13 de diciembre de
2014, periodo en el que no hubo la concurrencia de tiempos laborados por diferentes
contratos, tal aclaración solo se tendrá en cuenta para el cálculo del ingreso base
de cotización (IBC), a efectos de no desconocer la prohibición prevista en el artículo
128 de la Constitución Política en cuanto a que «(n)adie podrá (...) recibir: más de una
asignación que provenga del tesoro público».

2.4. Costas

94. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

57 Sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-

SUJ2-005-16, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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95. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

96. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma58.

97. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

98. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

99. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que existió una relación laboral
entre Jesús Alberto Bustamante Quiceno y el Sena entre el 30 de diciembre de 2004
y el 15 de diciembre de 2015, salvo sus interrupciones y, en consecuencia, tiene
derecho al reconocimiento de las prestaciones de orden legal a que haya lugar para
lo cual la entidad tomará como referente los honorarios pactados en los contratos
de prestación de servicios. Sin embargo, las prestaciones a que tiene derecho en
virtud de la prestación de sus servicios en el periodo comprendido entre el 30 de
diciembre de 2004 y el 13 de diciembre de 2014 se extinguieron en virtud de la
prescripción, pero será tenido en cuenta para efectos pensionales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

58En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

FALLA

Primero. Modificar los ordinales 2°, 3 y 4° de la sentencia proferida el 25 de enero
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda incoada por Jesús Alberto Bustamante Quiceno contra el Servicio
Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia, y en su lugar se dispone:

Segundo. Reconocer la existencia de una relación laboral entre Jesús Alberto
Bustamante Quiceno y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el periodo
comprendido entre el 30 de diciembre de 2004 y el 15 de diciembre de 2015.

Tercero. Condenar a título de restablecimiento del derecho, al Sena, a reconocer y pagar
a Jesús Alberto Bustamante Quiceno las prestaciones sociales de orden legal, incluidas
las cesantías y los intereses a las cesantías que debió recibir y que por la irregular
vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los honorarios pactados
por el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2015 hasta el 15 de diciembre de
2015.

Asimismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC del demandante y verificar ante la
respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los aportes
pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el tiempo
en que el demandante desarrolló labores en la entidad (30 de diciembre de 2004 hasta
15 de diciembre de 2015), y en caso de ser así, cotizar al fondo la suma faltante en el
porcentaje que le corresponda como empleador.

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de los derechos
laborales y prestaciones sociales derivados de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre Jesús Alberto Bustamante Quiceno y el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), causadas entre 30 de diciembre de 2004 y el 13 de diciembre de 2014,
excepto en lo relacionado con los tiempos y aportes al sistema general de seguridad
social en pensiones.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00501-01 (3337-2024)
Demandante: Jesús Alberto Bustamante Quiceno

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-
2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

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