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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00617-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00617-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” que condenó al pago de la sanción moratoria por no consignación de cesantías, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías a Andrea Josefina Valenzuela Morales, identificada con C.C N° 1.030.562.962, la suma de 1.076.327 COP, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo para el periodo transcurrido entre el 15 y el 22 de febrero de 2018, tomando como base la asignación básica vigente en febrero de 2018». SEGUNDO. Confirmar en sus demás ordinales la sentencia de primera instancia. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2019-00617-01 Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00617-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de marzo de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2019-00617-01
Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00617-01 (4032-2023)
Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Sanción moratoria por consignación tardía de cesantías anuales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” que
accedió a las pretensiones de la demanda.

2. El conocimiento del presente asunto tiene su origen en el auto del 10 de julio de
2024, donde se ordenó la remisión de este proceso al despacho del magistrado
ponente de esta decisión, para la elaboración de una ponencia, puesto que el proyecto
de sentencia presentado en su momento no obtuvo la mayoría requerida para su
aprobación.
I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

3. La señora Andrea Josefina Valenzuela Morales por intermedio de apoderado y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que
se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo por la falta de respuesta de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial al recurso de reposición interpuesto el
6 de abril de 2018 contra la Resolución 2481 del 9 de febrero de 2018, acto
administrativo que liquidó el auxilio de cesantías del año 2017.

4. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo desde el 1° de enero

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

de 2017 hasta cuando se haga efectivo el pago de la misma, ii) la actualización de los
valores conforme al artículo 187 del CPACA, iii) se dé cumplimiento a la sentencia en
los términos del artículo 192 ibidem y iv) se condene en costas y agencias en derecho
a la entidad demandada.

Hechos

5. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

6. La señora Andrea Josefina Valenzuela Morales ha prestado sus servicios a la
Rama Judicial como profesional universitario 16 en el Juzgado 12 Administrativo de
Bogotá y en los cargos de escribiente, oficial mayor, auxiliar judicial I y sustanciador
del Consejo de Estado.

7. De acuerdo con las normas que regulan la materia para los empleados del
Estado, la demandante pertenece al régimen anualizado de cesantías, por lo que una
vez cumplió el periodo laborado de un año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, la
Dirección Ejecutiva debió reconocer y consignar la prestación en el fondo elegido por
la servidora.

8. En la anualidad 2017, la actora desempeñó en el Consejo de Estado los cargos
que a continuación se relacionan y en las siguientes fechas:

Auxiliar judicial Desde el 1° de enero hasta el 1° de junio
Sustanciador nominado Desde el 2 de junio hasta el 3 de julio
Sustanciador nominado Desde el 5 de julio hasta el 28 de agosto
Auxiliar judicial Desde el 29 de agosto hasta el 2 de octubre
Sustanciador nominado Desde el 3 de octubre hasta el 14 de diciembre
Auxiliar judicial Desde el 15 de diciembre al 31 de diciembre

9. Pese a haber laborado para la Rama Judicial por toda la anualidad, mediante la
Resolución 2481 del 9 de febrero de 2018 le fueron reconocidas las cesantías por valor
de 1.825.486 COP, por el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 31 de diciembre
de 2017.

10. El 6 de abril de 2018, interpuso recurso de reposición por no habérsele
reconocido la totalidad del tiempo laborado en el 2017 pese a que prestó sus servicios
ininterrumpidamente durante la anualidad. Además, solicitó la sanción moratoria por
no la no consignación de la totalidad de las cesantías a la fecha.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

11. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 13, 48 y 53
de la Constitución Política; artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y «demás normas relativas
a la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías».

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

12. En síntesis, en el concepto de violación se expuso que teniendo en cuenta la
vinculación laboral de la demandante1, el régimen que regula sus cesantías es el
anualizado, por lo que tiene derecho a que su prestación se liquide el 31 de diciembre
de cada año y el valor liquidado se consigne antes del 15 de febrero del año siguiente
en la cuenta individual del trabajador, en el fondo de cesantías por este elegido2.

13. El régimen de liquidación anual de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y
104 de la Ley 50 de 1990 extendido a los servidores públicos afiliados a los fondos
privados, contempló una sanción por mora a razón de un día de salario por cada día
de retardo en el evento en que el empleador incumpla con la obligación de consignar
antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación anual del
auxilio.

14. Según la unificación de criterios del órgano máximo de lo Contencioso
Administrativo, la sanción moratoria tiene exigibilidad desde que el empleador
incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de
cesantías, por la anualidad o por la fracción correspondiente en la cuenta individual
del trabajador dentro del plazo legal y ocurre hasta que la entidad cumpla con su deber
legal, se produzca su pago efectivo o finalice el vínculo laboral.

15. En el caso de la señora Valenzuela Morales, la Dirección Ejecutiva no consignó
las cesantías en el periodo causado en el año 2017 teniendo en cuenta que estuvo
vinculado desde el 4 de julio hasta el 31 de diciembre, sino que liquidó solo 418 días,
argumentando que al haber cambio de empleo se liquida el periodo del último empleo3.

16. Lo anterior genera una confusión respecto del régimen anualizado de cesantías,
pues la única forma de hacer lo que la Dirección hizo, es cuando se rompe el vínculo
laboral lo que no sucedió en este caso como se aprecia de la certificación expedida
por el secretario General del Consejo de Estado.

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial violó con su comportamiento
todas la normas legales y constitucionales teniendo en cuenta que no ha pagado las
cesantías causadas en el año 2017 (del 1° de enero al 31 de diciembre), sabiendo que
tenía la obligación de hacerlo antes del 15 de febrero de 2018; razones más que
suficientes de ámbito legal y jurisprudencial para el reconocimiento del pago de la
sanción moratoria con ocasión de la cancelación tardía de las cesantías reconocidas.

Contestación de la demanda

1 Desde al año 2012.
2 Ley 344 de 1996 en su artículo 13 dispuso que los servidores que a partir de la publicación de la Ley se vinculen

con el Estado tendrán derecho al régimen anualizado de cesantías.
3 Así se plasmó en el concepto de violación.

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

18. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial4 se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la
demanda, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

19. Luego de pronunciarse sobre los hechos de la demanda, puntualizó lo siguiente:

o «A la reliquidación del auxilio de cesantías, no le aplica sanción moratoria de
conformidad con las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema Sala
Laboral.

o No se debe incurrir al error entre el pago de la reliquidación del auxilio de cesantías
con el pago tardío de dicho auxilio de cesantía.

o La renuncia a un cargo implica adelantar el trámite de solicitud de las mismas con
la paz y salvo previsto.

o Del hecho de ocupar más de dos cargos en un periodo anual, no se puede predicar
la NO SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, en razón a que aquellas prestaciones no
contemplan normativamente esta posibilidad.

o En todo caso, no debe perderse de vista, que el Consejo de Estado, consideró que
la sanción moratoria, “sólo será aplicable cuando el derecho a la cesantía y los
ingredientes que lo conforman no se encuentren en litigio, es decir, cuando no exista
discusión entre las partes, pues lo que se sanciona es la negligencia de la entidad
en efectuar los trámites tendientes a la satisfacción de la obligación. Pero si la
entidad, con razones jurídicamente admisibles, argumenta la inexistencia del
derecho y, previendo el pago de sumas a las que no existe el derecho, deja a
disposición del administrado la vía judicial, no parece justo que se el impute mora
en el pago…”

o La liquidación de cada uno de los cargos ostentados por la actora en el 2017
obedece a la no configuración de la no solución de continuidad en los mismos, y al
cumplimiento de las directrices de liquidación vigentes para dicha época. » 5

20. Además, adujo que la Ley 50 de 1990 no es aplicable a los servidores públicos
del nivel nacional, entre ellos los de la Rama Judicial, dado que su ámbito son las
relaciones de trabajo de los empleados del sector privado y los servidores del orden
territorial, por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998.

21. En consecuencia, no existe norma aplicable a los servidores de la Rama Judicial
que consagre el pago de sanción moratoria por la no consignación del auxilio de
cesantías anualizadas antes del 15 de febrero del respectivo año.

22. Por otra parte, precisó que la liquidación que adelantó la Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contenida en la Resolución 2481 del 9
de febrero de 2018, no puede ser entendida como un pago tardío de la prestación, sino
que, por el contrario, fue pagada en los términos dispuestos por ley. Y si bien la misma
no fue liquidada inicialmente por el año completo laborado, también es cierto que la

4 Folios 36 a 51 del expediente físico.
5 Folio 38. Tanscripción con posibles errores incluidos.

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demandante ocupó 3 cargos diferentes en el año reclamado, de tal manera que la
liquidación se efectuó por el último periodo laborado.

23. No obstante, mediante la Resolución RH-0545 del 24 de julio de 2018, se
reliquidó el auxilio de cesantías por el período comprendido entre el 2 de junio y el 3
de julio de 2017, por un valor de 519.654 COP. Asimismo, a través de la Resolución
RH-0706 del 26 de julio de 2018, se reliquidó nuevamente el auxilio por el lapso del 1
de enero al 1 de junio de 2017, por una cuantía de 1.535.661 COP.

24. Lo anterior demuestra que a la actora le fue pagado el auxilio de cesantías por
toda la vigencia de 2017, circunstancia que se puede corroborar con el correo
electrónico del 28 de julio de 2020 remitido por la directora de negocios institucionales
de gobierno de Protección, donde da cuenta que en el año 2018 a la señora Valenzuela
Morales se le consignó un total de 3.880.801 COP.

25. Propuso las excepciones de: “ausencia de transgresión normativa”, “ausencia
de causación de la indemnización moratoria reclamada” y la “innominada”.

Sentencia de primera instancia

26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“A” mediante sentencia del 7 de julio de 20226 accedió a las pretensiones de la
demanda.

27. Aseguró el tribunal, que la demandante laboró sin solución de continuidad para
la Rama Judicial todo el año 2017, pero la entidad demandada únicamente le reconoció
a 15 de febrero de 2018 una liquidación parcial de su auxilio de cesantías,
correspondiente al periodo de labores comprendido entre el 4 de julio y el 31 de
diciembre de 2017, tal como consta en la Resolución 2481 del 9 de febrero de 2018.

28. Por lo que, no se realizó una consignación total y completa de las cesantías a
la que tenía derecho la actora, puesto que no se reconoció en esa oportunidad el valor
causado entre el 1° de enero y el 3° de julio de 2017.

29. Así las cosas, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996,
en concordancia con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, hay lugar a la sanción
moratoria por consignación tardía de las cesantías cuando el empleador no consigne
el valor correspondiente a las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a la
causación de esa prestación en el fondo de cesantías al que se encuentra afiliado el
trabajador.

30. De lo expuesto, resulta evidente que la entidad demandada al no cumplir con el
mandato de consignar la totalidad del valor de las cesantías dentro de la oportunidad
prevista en la norma incurrió en la sanción moratoria.

6 Folios 85 a 96 del expediente físico.

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31. Y si bien la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial puso de presente que la consignación parcial de dicha prestación se dio por
los cambios de empleos que tuvo la demandante en ese año, tal excusa no tiene la
virtualidad de eximirla de dicha obligación, «puesto que se trata de una inconsistencia
o error administrativo» y « en términos del Consejo de Estado en la sentencia atrás
citada y Io cual resulta plenamente aplicable al sub lite, “la Rama Judicial, en su
condición de empleador, incumplió su obligación de consignar las cesantías causadas
en el año 2011, antes del 15 de febrero de 2012, pues las diferentes fracciones que
fueron liquidadas, no por error sino debido a una omisión administrativa, sobrepasaron
el mencionado límite temporal”».

32. En consecuencia, el acto ficto negativo que negó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria se encuentra viciado de nulidad por infracción de las normas en
que debía fundarse, por lo que declaró su nulidad.

33. Y a título de restablecimiento del derecho, dispuso a favor de la demandante el
reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías
equivalente a un día de salario por cada día de retraso entre el 15 de febrero de 2018,
fecha correspondiente al límite y generador de la mora por consignación oportuna de
las cesantías, y el momento en que se acredite la consignación de la totalidad de esa
prestación en el fondo de cesantías en el que se encontrare afiliada la demandante.

34. Penalidad que debe realizarse tomando como base la asignación básica vigente
a la fecha de la causación de la mora, es decir la que percibía a 15 de febrero de 2018.

35. Por último, precisó que no es procedente la indexación de la sanción moratoria,
pero si el ajuste del valor de la condena en los términos del artículo 187 del CPACA.

Recurso de apelación.

36. El apoderado de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial7, interpuso recurso de apelación contra la sentencia primera
instancia, el cual sustentó así:

37. Aduce la entidad apelante, que se encuentra acreditada la consignación del
valor total de las cesantías de la señora Andrea Valenzuela en el año 2017, ya que
este pago corresponde a la sumatoria de los valores que aparecen en las tres
resoluciones, así:

No. Res Fecha Periodo Valor Ces Intereses Ces Total

7 Folios 100 a 105 del expediente físico.

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RH- 24 julio/18 2 junio/17 al 3 $514.170 $5.484 $519.654
0545 julio/17

RH- 26 julio/18 1 enero/17 al 1 $1.462.070 $73.591 $1.535.661
0706 junio/17

2481 9 febrero/18 4 julio/17 al 31 $1.723.783 $101.703 $1.825.486
diciembre/17
(anualizada 17)

Total $3.700.023 $180.778 $3.880.801

38. De acuerdo con el estado de cuenta de cesantías de la señora Andrea Josefina
Valenzuela Morales, suministrado por Protección, se acreditaron los siguientes pagos
correspondientes al periodo 2017.

Fecha Valor
2018/02/15 $180.778
2018/02/20 $3.700.023
Total $3.880.801

39. Movimiento que se corrobora con el correo electrónico remitido por la directora
de negocios institucionales de gobierno de Protección el 28 de julio de 2020, donde se
da cuenta que en el año 2018 a la actora se le consignó por concepto de cesantías del
año 2017 la suma de 3.880.801 COP.

40. Aunado a lo anterior, en la sentencia no se dio aplicación al precedente judicial,
contenido en la sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida por el exconsejero William
Hernández Gómez, en donde se negaron las pretensiones de la demanda en un caso
de cesantías anualizadas.

41. La sentencia apelada incurre en un defecto sustantivo, ya que realiza una
interpretación irrazonable de las normas aplicables al caso en cuestión.

42. Además, debe adoptarse la tesis jurisprudencial de las altas cortes en torno a
limitar el cobro de la indemnización moratoria hasta el monto total de la obligación, en
aras de evitar un detrimento al Estado, máxime si se tiene en cuenta que la sanción
moratoria no se aplica de manera automática.

43. De otro lado, en este caso, la reliquidación se produjo por un suceso interno o
dentro de la órbita de actividad de la Rama Judicial, lo cual resultó un acontecimiento
imprevisible que impidió realizarlo en la primera liquidación, de manera que no se podía
exigir un comportamiento o conducta diferente.

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44. Finalmente, concluyó: i) Que no hay lugar a la sanción moratoria cuando se trata
de reliquidación del auxilio de cesantías ii) no se debe incurrir en el error entre el pago
de la reliquidación del auxilio de cesantías con el pago tardío de dicho auxilio, iii) la
renuncia a un cargo implica adelantar el trámite de solicitud de las cesantías con el
paz y salvo previsto, iv) del hecho de ocupar más de dos cargos en un periodo anual,
no se puede predicar la no solución de continuidad, en razón a que aquellas
prestaciones no contemplan normativamente esta posibilidad, v) no debe perderse de
vista que el Consejo de Estado consideró que la sanción moratoria penaliza la
negligencia de la entidad en efectuar los trámites tendientes a la satisfacción de la
obligación y vi) no existió mala fe por parte de la administración al pagar la reliquidación
del auxilio de cesantías a la señora Andrea Josefina Valenzuela Morales.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

45. Por medio del auto del 31 de julio de 20238 se admitió el recurso de apelación.

46. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

47. Ahora, en providencia del 12 de septiembre de 20249 se ordenó prueba con
fines de limitar el posible restablecimiento, consistente en requerir a la demandada
para que certificara la fecha en que fue consignada la totalidad de las cesantías
anualizadas del año 2017 de la señora Andrea Josefina Valenzuela Morales.

48. En respuesta, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial allegó los
siguientes documentos: i) Resolución 2481 del 9 de agosto de 2018 -por la cual se
liquida un auxilio de cesantía anualizada-, ii) Resolución RH-0545 del 24 de julio de
2018 -por la cual se liquida un auxilio de cesantía definitiva-, iii) Resolución 0706 del
26 de julio de 2018 -por la cual se liquida un auxilio de cesantía definitiva-, iv) estado
de cuenta en cesantías de la señora Andrea Josefina Valenzuela Morales expedido
por el Fondo de cesantías Protección y v) el Oficio DEAJRHO24-3198 del 5 de
noviembre de 2024.

49. Documentos a los que se les corrió traslado el 10 de diciembre de 202410
conforme el artículo 110 del Código General del Proceso, y ninguna de las partes
emitió pronunciamiento.

50. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

8 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
9 PDF 44 del expediente digital.
10 PDF 054 y 055 del expediente digital.

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

Competencia

51. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo11.

52. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

Problema jurídico

53. Le corresponde a la Subsección determinar si procede el reconocimiento de la
sanción moratoria, contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 producto de la
consignación tardía de las cesantías correspondientes a la anualidad 2017.

54. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: 2.3. Cesantías, 2.4. Régimen anualizado de cesantías. 2.5
Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial, 2.6. Interpretación del numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 2.7. Caso concreto.

Cesantías

55. El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una
ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo
que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo
que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital.»12

56. La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de las
acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad humana
y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro de esas
prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía13.

57. Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

11 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
12 SU 448 de 2016, SU 098-18.
13 Sentencia C-486 de 2016

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

58. La Ley 6 de 194514 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo
por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17,
literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente15.

59. Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Régimen anualizado de cesantías

60. Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro16, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden
nacional, estableciendo en el artículo 27, la novedad de un régimen anualizado, en los
siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado,
liquidarán las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o
empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»

61. La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo
49, que regula lo siguiente:

«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y
las empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo
Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en
favor de sus empleados y trabajadores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente

14 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
15 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
16 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y

b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán
derecho a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la
liquidación.»

62. Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación
de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

63. Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199617, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica
al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»

64. Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50
de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a
los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199818.

65. La Ley 50 de 199019, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

17 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
18 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial

y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
19 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar
un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la
misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el
efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el
Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores,
en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia
el financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al
auxilio de cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).

66. Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor liquidado en la cuenta individual, liquidación que conforme al
numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad laborada
o la fracción correspondiente.

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Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial

67. A efectos de precisar el régimen de cesantías aplicable a los servidores de la
Rama Judicial, conviene recordar lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta Corporación20 al respecto:

«...esta Sala ha precisado (Concepto 1777 de 2006) que en materia de cesantías ha
existido un “régimen retroactivo de cesantías, que consiste en que esta prestación se
liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por
cada año de servicios, …” Dicho régimen fue modificado para la rama ejecutiva del
poder público del orden nacional por virtud del Decreto 3118 de 1968, que dispuso la
liquidación anual de la prestación y reconoció intereses a la misma, y para los
servidores de la rama judicial por la Ley 33 de 1985, la cual dispuso para los que se
vincularán a partir del 1º de enero de 1985 un régimen de liquidación anual definitiva
con intereses.

68. En esta materia el artículo 7º de la Ley 33 de 1985 dispuso:

«Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la Caja
Nacional de Previsión asumirán directamente el pago de dicha prestación a partir del
1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los empleados oficiales
de dichas entidades hasta concurrencia del valor de transferencias que éstas
hubieren efectuado “Quienes a partir del 1o de enero de 1985, ingresen a la Rama
Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del
Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten en lo
relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías».

69. Así, a partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la Rama
Jurisdiccional se rigen, en materia de cesantía, por el Decreto Extraordinario 3118 de
1968 y las normas que lo adicionen y reglamenten. Posteriormente, el Decreto 57 de
1993, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus funciones legales y en
desarrollo de las conferidas por el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, estableció una
serie de reglas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de
la Rama Judicial, y en su artículo 10 dispuso:

«Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial
podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50
de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El
Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello,
en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas
Sociedades o Fondos».

70. El artículo 12 del mismo Decreto consagró:

20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. c p: Juan Pablo Cárdenas Mejía de 16 de agosto de 2018

radicación: 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375)

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«Artículo 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia
Penal Militar que tomen la opción establecida en este Decreto o se vinculen por
primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de
capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios,
vacaciones, navidad y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí
mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes. “Las
cesantías se regirán por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118
de 1968 y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del
pago, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985” (se
subraya).

71. De esta manera, de conformidad con este Decreto, las cesantías de los servidores
públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968, que establece el pago anual
y definitivo, y a las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, pero para su pago se
aplica el artículo 7º de la Ley 33 de 1985».

72. A su vez, la Ley 344 de 1996 dispuso:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: “a)
El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; “b) Les serán aplicables
las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del
presente artículo».

73. Desde esta perspectiva, la Sala considera que el artículo 13 de la Ley 344 de
1996, posterior al Decreto 57 de 1993, complementa el régimen dispuesto por el
Decreto 3118 de 1968 y tiene un alcance general, ya que incluyó a todas “las personas
que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado”, y sólo exceptuó “al personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, por lo que claramente
complementa el Decreto 3118 de 1968.

74. Por consiguiente, a juicio de la Sala dicha norma también es aplicable a la Rama
Judicial.

Interpretación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

75. Frente a la causación de la mora contenida en el numeral 3 del artículo 99 de
Ley 50 de 1990, concretamente producto de la no consignación de uno o varios
periodos de las cesantías antes del 15 de febrero de la siguiente anualidad, existen
diferentes posturas y discrepancias en la interpretación que del mencionado artículo
hasta hace poco había adoptado esta Corporación y la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.

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76. La Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos relacionados con
consignación parcial de las cesantías anualizadas, ha considerado lo siguiente:

77. Sentencia de 10 de febrero de 2022, la Subsección “B” -Sección Segunda se
expuso 21:

«19. El legislador estableció una sanción económica para los eventos en que ocurra
el pago tardío de las cesantías, que debe ser liquidada y reconocida mediante acto
administrativo en firme, equivalente a un día de retardo por cada día de mora hasta
que se haga efectivo su pago.

20 De la misma manera, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consagra lo referente al
pago de las cesantías y a su vez, la sanción moratoria por incumplir dicho pago dentro
del término estipulado14:

[...]

21. Con base en la norma expuesta, se establece que la sanción moratoria es un
castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por no consignar
oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en un día de salario por
cada día de retardo en la consignación de las cesantías. El plazo para consignar las
cesantías al fondo de cesantías, vence el 14 de febrero de cada año, así que la
sanción corre desde el 15 de febrero hasta que se realice la consignación.

Análisis del caso concreto.

22. Ahora bien, como se extrae del tenor literal de la norma, la reclamación de la
sanción moratoria surge ante el incumplimiento del empleador al deber de consignar
las cesantías anualizadas al servidor en la fecha determinada por la ley, por cada
periodo anual servido, que como se vio, es a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente al liquidado. Este supuesto fáctico no se configura en el presente caso, ya
que no se presentó tal incumplimiento, pues la entidad demandada consignó las
cesantías de la actora el 14 de febrero de 2017, por la suma de $ 1.144.980, monto
que fue modificado por la Resolución No. 6447 del 17 de octubre de 2017, por la suma
de $ 5.325.649, el 20 de diciembre de 2017.

23. Si bien la entidad demandada incurrió en error al realizar el cálculo y
liquidación de las cesantías de la demandante para el año 2016, porque no
liquidó diez meses servidos que corresponden a los meses de enero a octubre
del mismo año, no puede confundirse la situación fáctica que genera la sanción
moratoria establecida por la ley, con el pago de reliquidación después de
desatar la discusión sobre el monto consignado. La sanción moratoria es una
penalidad para el Estado – empleador, por su incumplimiento en la consignación de
las cesantías en el respectivo fondo, en tiempo oportuno, consistente en el pago de
un día de salario por cada día de retardo; de manera que solo la ausencia en el pago
de las cesantías es la castigada con la mora. Por consiguiente, no puede

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022, C.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez, Radicado 25000-23-42-000-2018-02833-01 (0612-2021).

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extenderse la sanción cuando se presenta una discusión sobre ese monto que
puede, a su turno, generar o no un reajuste.

24. En ese sentido, no es posible crear una segunda regla de derecho para decir
que cuando hay discusión sobre el monto liquidado, si el recurso prospera, ello
indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado por el legislador para castigar o
sancionar a la entidad que omitió el pago, no para el caso inconsistente en la
liquidación. Recuérdese que esta es una sanción pecuniaria de reserva legal, de
modo que por vía de interpretación no puede extenderse la sanción moratoria a los
valores complementarios de la liquidación inicial que fue satisfecha en tiempo.

25. Dilucidado lo anterior, la sanción moratoria no tiene el alcance que pretende
endilgarle la actora para extenderla a los eventos en que hubo lugar a un reajuste de
las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o discutido al tiempo de
liquidación. De igual forma, el nuevo valor correspondiente a la reliquidación se
genera con ocasión de la controversia que la actora provocó al punto que le fue
modificado por la administración el acto de reconocimiento aceptando sus
argumentos, pero sin que ello encuadre en la descripción de la norma que regula la
penalidad.»22 (Negrilla y subrayado fuera de texto original)

78. La misma subsección en decisiones recientes del 6 de octubre de 202223 y 9 de
febrero de 202324, iteró la anterior postura. Así:

«2.2.1. Reglas Jurisprudenciales sentadas en la Sentencia de Unificación CE-
SUJ-SII-022-2020 proferida por la Sección Segunda de la Corporación el 6 de
agosto de 2020.

La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de agosto de
2020, dictó la siguiente Sentencia de Unificación con las reglas de jurisprudencia
relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación
de cesantías anualizadas:

“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende,
la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes,
so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista
en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año,

22
Transcripción con posibles errores incluidos.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, C.P. César Palomino

Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2018-01693-01 (3168-2020).
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2023, C.P. César Palomino

Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021)

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de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero
del año siguiente a su causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad
correspondiente, so pena de su extinción”.

La anterior decisión tuvo como fundamento el hecho que la Sección Segunda,
mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016[1], fijó la regla
jurisprudencial según la cual la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo
señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social[2], esto es, que la reclamación del empleado sobre un derecho o prestación
debida, tendrá que efectuarse dentro de los 3 años, so pena de la prescripción,
término que es susceptible de interrupción a través del simple reclamo escrito del
trabajador, pero solo por un lapso igual, es decir, un trienio. Sin embargo, la forma
como debe computarse la prescripción de la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías anualizadas no ha sido pacífica entre las Subsecciones A y B
de la Sección Segunda y, por lo tanto, debía aclararse[3].

Que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es claro en señalar la sanción moratoria como
una de las características del nuevo régimen de cesantías, así: “(…)3. El valor
liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que
él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de
salario por cada día de retardo”.

Que el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible,
el cual, de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del
vencimiento de éste[4]. En consecuencia, la causación de la sanción por mora por
falta de consignación de las cesantías anualizadas ocurre al día siguiente al del
vencimiento de la oportunidad que tiene la Administración para proceder en tal
sentido, esto es, 15 de febrero siguiente a la anualidad que causó la cesantía (plazo
fijado por el ordenamiento). Aclaró que este momento es el parámetro cierto y
determinado que permite el nacimiento de la penalidad que, sin ser un derecho,
beneficia al empleado.

Precisó que la causación de la sanción por mora es totalmente independiente a la
prestación social. El nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al
reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento del
pago por parte del empleador dentro de los términos de ley. Sin embargo, ello no se
confunde con la extensión de la penalidad en el tiempo, que sí está directamente
asociada a que se efectúe la cancelación de la prestación social. El pago de las
cesantías, ante la causación eventual de la moratoria, ocasiona que ésta cese, no
que se extinga, como sí ocurre con la prescripción una vez transcurridos los 3 años
establecidos en el artículo 151 del CPTSS.

A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se establecieron respecto
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas reguladas por
la Ley 50 de 1990, son igualmente aplicables frente a la sanción relativa al
reconocimiento y pago extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el
momento en que se hace exigible la sanción moratoria, y no, el criterio cómo debe
contarse la prescripción a partir de su exigibilidad.

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[...]

Pues bien, de acuerdo con los hechos probados y según las reglas jurisprudenciales
señaladas en líneas atrás, la Sala advierte que la accionante tiene derecho a reclamar
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas, teniendo en
cuenta que por la fecha de su vinculación (1 de enero de 2016) es beneficiaria del tal
régimen.

Empero, la sanción moratoria solo se causa conforme los presupuestos
establecidos por el legislador; esto es, al estar regida entonces por el principio
de legalidad, su aplicación no puede ser extensiva o analógica a supuestos no
contemplados en la norma, como es el caso del reajuste de las cesantías.

Por consiguiente, por el hecho del reajuste de las cesantías no procede el
reconocimiento de la sanción pretendida; pues, la jurisprudencia de esta
Colegiatura ha sido clara en señalar que una indebida liquidación de las
cesantías no implica que el empleador haya incurrido en mora, “de manera que
el hecho de que la administración haya liquidado un monto por cesantías definitivas
que luego haya sido objeto de un reajuste, no conlleva a determinar que desde la
fecha de la solicitud de reconocimiento de la prestación hasta el pago de la misma,
no se hayan cumplido con los términos establecidos por la ley para tal efecto (…)
pues una cosa es efectuar liquidación y cancelación de acuerdo con las directrices
tomadas por la entidad demandada en su momento y otra es reconocer fuera del
plazo determinado la prestación aludida» (Negrilla y subrayado fuera de texto
original).

79. Esta Subsección en sentencias del 15 de julio de 202125 y 3 de febrero de
202226, entre otras, ha coincidido con la interpretación realizada por la Subsección “B”,
al considerar:

«Segundo problema jurídico.

¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se paga
tardíamente una diferencia en la liquidación de las cesantías anualizadas?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria consagrada
en Ley 50 de 1990 no procede cuando lo que existe es una controversia sobre
el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío, esto es, con
incumplimiento de los términos señalados en el numeral 3.° del artículo 99
ibidem.

Esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción moratoria por
el pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no procede cuando lo
que sucede es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que
debió pagarse. Al respecto se ha pronunciado en el siguiente sentido 13:»
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena

Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William Hernández

Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

No obstante, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha
mantenido una línea de interpretativa desde la providencia SL 403-2013 del 3
de julio de 2013, diferente a la expuesta por esta Corporación hasta hace poco.

• Concretamente en sentencia SL 1451-2018 del 25 de abril de 2018; se
reiteró lo dicho en la providencia de 3 de julio de 2013; frente a la causación
de la sanción moratoria, por la consignación deficitaria de las cesantías
anualizadas.

«El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dice:

“3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.

De la pretrascrita disposición se extrae la obligación para el empleador de consignar
antes del 15 de febrero del año siguiente, en el fondo respectivo, el valor de la
cesantía liquidada a 31 de diciembre de cada año, so pena de hacerse merecedor de
la sanción consistente en un día de salario por día de retardo.

La severa consecuencia prevista por la citada norma ante el incumplimiento del
empleador de su obligación de consignar las cesantías, como un elemento
característico del nuevo régimen de cesantías que eliminó la retroactividad,
indica la trascendencia que el legislador le quiso dar a dicho pago, no solo en beneficio
directo de cada trabajador a quien le favorece que sus cesantías comiencen a rentar
a tiempo en el respectivo fondo, sino también para garantizar que el sistema de
administración de cesantías creado por misma Ley 50 de 1990 reciba a tiempo los
recursos y facilitarle que pueda cumplir con sus planes de rentabilidad.

Por demás, conforme al principio de la buena fe que ha de regir la ejecución de todos
los contratos de trabajo, artículo 55 del CST, las partes están obligadas “no solo a lo
que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella”.

No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la citada
disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema de cesantías
sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a quo consistente en
que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma automática, para el caso de la
consignación deficitaria de las cesantías al igual que si se hubiese hecho esta de
forma total.

Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación podría traer,
pues bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por cesantías,
para enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho proceder se
estaría perjudicando al trabajador y al sistema de administración de cesantías.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00617-01
Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a las
cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la retroactividad,
porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma perentoria, fijó la ley para
realizar la consignación; es claro que la norma ordena la consignación del valor
de las cesantías correspondientes a 31 de diciembre de cada año, antes del 14
de febrero del año siguiente; si, a esta fecha, solo se efectúa un pago parcial,
no se está atendiendo el plazo legal, pues es bien sabido que el pago parcial no
extingue la obligación.

Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que conlleva la
exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral 3º del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación deficitaria de cesantías. En esta
dirección, se ha de decir que la consecuencia contenida en el numeral 3º del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 está prevista tanto para el pago parcial como
para el no pago.

80. Sentencia SL5146-2020 7 de octubre de 202027.

«Ahora, el juez de primer grado erró al concebir que la referida indemnización prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo era procedente en los casos en los que no
se hacía la consignación de la cesantía, pues la Corte ha precisado que dicha sanción
también opera en los casos en que el empleador realiza la consignación de manera
deficitaria o parcial porque, por ejemplo, no tiene en cuenta el salario realmente
devengado por el trabajador, como sucedió en este caso.

81. En la sentencia CSJ SL403-2013, reiterada en la decisión CSJ SL1451-2018,
se explicó:

No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la citada
disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema de cesantías
sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a quo consistente en
que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma automática, para el caso de la
consignación deficitaria de las cesantías al igual que si se hubiese hecho esta de
forma total. Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación
podría traer, pues bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por
cesantías, para enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho proceder
se estaría perjudicando al trabajador y al sistema de administración de cesantías.

Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a las
cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la retroactividad,
porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma perentoria, fijó la ley para
realizar la consignación; es claro que la norma ordena la consignación del valor de
las cesantías correspondientes a 31 de diciembre de cada año, antes del 14 de
febrero del año siguiente; si, a esta fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está
atendiendo el plazo legal, pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la
obligación.

27 Radicación n.° 69731 Acta 37 Bogotá, D. C.,

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Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que conlleva la
exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral 3º del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación deficitaria de cesantías. En esta
dirección, se ha de decir que la consecuencia contenida en el numeral 3º del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 está prevista tanto para el pago parcial como para el no
pago.»

82. Recientemente con ponencia de este despacho la subsección A, en
providencias de 8 de agosto radicado interno 1016-202128 y 21 del año 2024 radicado
interno 0443-202129, en cuanto a la causación de la mora por pago parcial, rectificó el
criterio adoptado por la Corporación, conforme a las siguientes consideraciones:

a. « De cara a los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y lo
acreditado en el proceso, considera la Sala que le asiste razón al recurrente al
afirmar que la consignación incompleta antes del 15 de febrero de 2017 de la
cesantía anualizada del año 2016 al actor constituye un pago incompleto y en
consecuencia da lugar a la sanción moratoria solicitada

b. En ese sentido, la Sala rectifica el criterio adoptado en asuntos similares por
esta sección al considerar que la consignación incompleta de la cesantía anualizada
del año 2016 del actor, producto de la liquidación incompleta del año laborado y su
posterior reconocimiento por haber prestado sus servicios a la Rama Judicial en
diferentes cargos y sin solución de continuidad, sí da lugar a la sanción moratoria
contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

c. Conforme a las decisiones citadas en el acápite normativo, esta Corporación
consideraba que, en asuntos como el presente, el pago incompleto correspondía a
una reliquidación o ajuste a las cesantías, y por ende no se genera la sanción
moratoria, no obstante, la Sala fundamenta el criterio adoptado en este asunto, en
lo siguiente:

d. La sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de la cesantía, proviene del incumplimiento de las normas que
regulan el auxilio de cesantía, prestación que constituye un derecho mínimo laboral
en favor del trabajador amparado por el principio de progresividad y en
consecuencia la prohibición de regresividad. De tal manera, que al encontrarse el
actor sujeto al régimen anualizado de cesantías desde el año 2013 43, no solo cuenta
con la prestación, sino con la garantía de que, a falta de su efectivo cumplimiento,
se cause a su favor la sanción moratoria hasta la extinción total de la obligación.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. C P: Luis Eduardo

Mesa Nieves Bogotá, D.C., sentencia del 8 de agosto 2024. Radicación: 25000-23-42-000-2018-01694-01(1016-
2021)
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A C.P: Luis Eduardo

Mesa Nieves. Sentencia del 21 de agosto de 2024 radicado 25000-23-42-000-2018-00305-01(0443-2021)

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

e. Ahora, si bien esta Corporación ha sido enfática en afirmar que del texto del
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no se desprende la sanción
moratoria cuando la liquidación y consignación resulta deficitaria, y no ha
diferenciado cuando lo acontecido es producto de una reliquidación o ajuste por
monto y liquidación incompleta del periodo anual laborado, tratándose del régimen
de liquidación anual de cesantías, no existe duda que tal circunstancia desconoce,
que el cumplimiento de una obligación y por lo tanto su extinción de conformidad
con lo previsto en el artículos 1625 y 1626 del Código Civil, se produce por su pago
total.
f.
Disponen las normas citadas lo siguiente:

a) «Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente
de lo suyo, consientan en darla por nula.

b) Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.

c) [...]»

«Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se
debe.»

g. A la luz del precitado artículo 1626 del Código Civil, por pago completo se
entiende el efectivo cumplimiento de lo que se debe o dicho de otra manera, es la
consumación de las obligaciones con el cual el deudor extingue las obligaciones que
posee con su deudor, mientras que el pago parcial se refiere a una porción de lo
que se debe, véase que el artículo 1649 de la norma civil estipula que «el deudor no
puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba».

h. Por lo que, al evidenciarse un pago incompleto, no es posible afirmar conforme
a la norma civil, que se cumplió con la obligación al consignar en la fecha prevista
en la ley, el valor correspondiente a un periodo de la anualidad laborada, pues la
norma contentiva de la obligación consagra que «El 31 de diciembre de cada año
se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción
correspondiente», es decir, por todo el periodo laborado, lo que da lugar a la sanción
moratoria por el incumplimiento de la norma.

i. Por lo tanto, precisa la Sala que no se está frente al supuesto del ajuste de
cesantías por desconocimiento de factores salariales o por incrementos salariales
tardíos, sino frente a un pago incompleto o deficitario de las cesantías, producto del
desconocimiento del tiempo total laborado por el servidor, que sin duda alguna
conlleva al desconocimiento de la norma.

j. Considerar cumplida la obligación pese a que no fue liquidada la cesantía del
servidor público por todo el tiempo laborado durante la anualidad de 2016,
desnaturaliza el cumplimiento de la obligación laboral, pues libre de todo apremio,
deja su cumplimiento al arbitrio del empleador, quien por desgreño administrativo u
otra razón, no realiza la liquidación y consignación del dinero oportunamente.

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Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

k. Los principios “in dubio pro-operario” y “progresividad”, que rigen las relaciones
laborales, resultan sacrificados, pues a pesar de no constituir la sanción moratoria
una prestación social, su finalidad no es otra que hacer efectivo el cumplimiento de
la prestación social, a la que como se dijo en líneas anteriores tanto la legislación
como la jurisprudencia le han reconocido una especial connotación .

l. La no liquidación y consignación de la cesantía por todo el periodo anual
laborado por el servidor dentro del término legal, constituye sin duda el
incumplimiento de la prestación por parte de su empleador. Máxime, que los fondos
de cesantías generan un beneficio económico producto de la afiliación y disposición
de dichos dineros conforme a una rentabilidad regulada en la normatividad, que
resulta afectada por su pago incompleto, lo que impacta negativamente el patrimonio
del servidor público.44

m. De conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 10 del Decreto 1045
de 197845 y la jurisprudencia de esta Corporación, no existe solución de continuidad,
pues lo advertido es el cambio de cargos en la anualidad. »

Caso Concreto

83. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditado que la señora Andrea Josefina Valenzuela Morales viene vinculada a la
Rama Judicial desde el año 2012.

84. Durante la anualidad de 2017 desempeñó varios cargos sin presentar
interrupciones entre ellos. Concretamente conforme a la certificación emitida por el
secretario general del Consejo de Estado, laboró entre el 1° de diciembre de 2016
hasta el 1° de junio de 2017, en el cargo de Auxiliar Judicial I; del 2 de junio al 3 de
julio de 2017, en el cargo de sustanciador nominado en encargo; como sustanciador
nominado en provisionalidad desde el 5 de julio hasta el 28 de agosto de 2017; auxiliar
judicial entre el 29 de agosto y el 2 de octubre de 2017; sustanciador nominado entre
el 3 de octubre y el 14 de diciembre de 2017 y auxiliar judicial en provisionalidad desde
el 15 de diciembre de 2017 hasta el 4 de marzo de 201830. Vínculo que sostenía hasta
la expedición de la respectiva certificación.

85. Aunado a lo anterior, el 4 de julio de 2017 trabajó como profesional universitario
grado 16 en propiedad en el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá. 31

86. Comoquiera que, conforme a los documentos allegados, la demandante viene
vinculada a la rama judicial en varios cargos desde el año 2012, no existe duda que es
beneficiaria del régimen anualizado de cesantías y por lo tanto tenía derecho a que, al
31 de diciembre de ese año, se le liquidara dicha prestación por el tiempo trabajado,
364 días.

30 Páginas 11 y 12 del PDF Anexos del expediente digital.
31 Página 14 del PDF Anexos del expediente digital.

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87. No obstante, mediante la Resolución 2481 del 9 de febrero de 201832 -notificada
el 22 de marzo-, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidó las cesantías
anualizadas de la señora Andrea Josefina Valenzuela Morales por el periodo
comprendido entre el 4 de julio y el 31 de diciembre de 2017, arrojando un valor de
1.825.486 COP.

88. Inconforme con la decisión anterior, la servidora presentó recurso de reposición
el 6 de abril de ese mismo año33, con el fin de que se expidiera una nueva resolución
que tuviera en cuenta toda la anualidad 2017, por haber laborado ininterrumpidamente
durante ese año. Además, solicitó la sanción moratoria por la no consignación del
auxilio de cesantías. Sin embargo, al no tener respuesta, se configuró el acto ficto
negativo demandado.

89. La demandada por medio de las Resoluciones RH 0545 del 24 de julio de
201834, y RH 0706 del 26 de julio de 201835, liquidó las cesantías de la señora Andrea
Josefina Valenzuela Morales la primera por el periodo comprendido entre el 2 de junio
y el 3 de julio de 2017, con un monto de 519.654 COP y, la segunda por el lapso del 1
de enero a 1 de junio de 2017, por un valor equivalente a 1.535.661 COP.

90. Para acreditar la consignación tardía de las cesantías, la demandante allegó
consulta realizada el 28 de febrero de 2019 al fondo de pensiones y cesantías
Protección36, en la cual se observa lo siguiente: «consignación-acreditación».
Depósitos de 180.778 COP y 3.700.023 COP con fecha del 23 de febrero de 2018.
Información posteriormente contenida en el documento suministrado por el mismo
fondo a la demandada el 28 de julio de 202037, en el cual se indicó:

a) «Revisando la solicitud de certificación de aportes del empleador NIT
800,093,816 RAMA JUDICIAL DIR.SECC. DE ADMINIS para los casos relacionados
a continuación, adelanto los hallazgos encontrados y la información sobre la que se
solicitaron certificaciones de aportes.

b) Para cada caso en azul encuentra mis anotaciones. Una vez tenga las
certificaciones se las haré llegar.

c) 1.CC # 1.030.562.962 ANDREA JOSEFINA VALENZUELA MORALES
d) […]
e) En el año 2017 no se recibieron consignaciones de parte del empleador con nit
800093816. Se sugiere confirmar consignaciones al FNA

f) En el año 2018

32 Páginas 3 y 4 del PDF Anexos del expediente digital.
33 Páginas 5 a 10 del PDF Anexos del expediente digital.
34 PDF RES No. RH 0545 del expediente digital. Acto administrativo expedido la directora de la unidad de recursos

humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio de la función delegada por el director de
la entidad.
35 PDF RES No. RH 0706 del expediente digital.
36 Página 17 del PDF Anexos.
37 PDF Pagos protección de la contestación de la demanda.

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g) 20180223 CON 20180215 180,778.00
h) 20180223 CON 20180220 3,700,023.00
i) […]»

91. Y que además coincide con el estado de cuenta de cesantías de la empleada
Valenzuela Morales, expedido por Protección 38 donde se relacionan las fechas,
valores y los conceptos de los movimientos realizados, así:

CONCEPTO Fecha de Fecha de VALOR DE LA PERIODO (aaaa) EN PESOS EN UNIDADES
consignación del consignación o UNIDAD
aporte en el fondo retiro de aporte en la
(aaaa/mm/dd) cuenta individual
(aaaa/mm/dd)

CONSIGNACIÓN - 2018/02/15 2018/02/23 $26.724.89 2017 $180.778.00 $6.76
ACREDITACIÓN
CONSIGNACIÓN - 2018/02/20 2018/02/23 $26.739.44 2017 $3.700.023.00 $138.37
ACREDITACIÓN

92. Así las cosas, para la Sala resulta claro que la demandada inicialmente procedió
a liquidar y reconocer el valor de las cesantías a que tenía derecho la actora,
únicamente por el periodo comprendido entre el 4 de julio y el 31 de diciembre de 2017,
pese a que esta laboró todo el año en forma ininterrumpida, procediendo a liquidar el
año completo, a través de actos administrativos posteriores.

93. Además, se advierte que la consignación total de las cesantías se produjo el 23
de febrero de 2018, es decir en fecha posterior al 14 de febrero del mencionado año.

94. Evidenciándose en este caso, que no se realizó consignación de las cesantías
dentro de la oportunidad legal; es decir, que la demandada incumplió con lo previsto
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 el cual reza: «El valor liquidado por concepto de
cesantías se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en la cuenta
individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que el mismo elija. El
empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo.»

95. En el caso bajo examen, advierte la Sala que la Dirección Ejecutiva solo
procedió a consignar los dineros el día 23 de febrero del año 2018, sin que se evidencie
consignación alguna anterior.

96. A causa de lo anterior, precisa la Sala que no se está frente al supuesto de la
causación de la sanción moratoria por consignación incompleta de cesantías, sino
frente a la sanción moratoria por no consignación de cesantías dentro de los términos
previstos en la norma.

97. Ahora, pese a que las resoluciones que liquidaron la totalidad de las cesantías
correspondiente al año laborado por la demandante se expidieron en fecha posterior,
lo cierto es que el supuesto fáctico de la norma es su consignación después del 14 de
febrero.

38 PDF 49 del expediente digital.

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98. Por lo tanto, hay lugar a reconocer la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías de la anualidad 2017 de la actora desde el 15 de febrero hasta
el 22 de febrero de 2018, día anterior a cuando se produjo su consignación total, para
un total de 1.076.327 COP, suma que resulta luego de dividir la asignación básica
mensual del año 2018 entre 30 y multiplicar el saldo por 8 días de mora.

99. Lo anterior, conlleva a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido
de limitar el restablecimiento al día anterior al que se produjo la consignación.

100. Valor que asciende a la suma de, como resultado de la operación

101. En tales circunstancias, no le asiste razón a la parte apelante en su recurso en
cuanto a que, en el presente asunto, lo debatido es una reliquidación de cesantías
anualizadas y su pago tardío, dado que lo acontecido realmente es el incumplimiento
de la consignación de sus cesantías anualizadas en la cuenta individual del fondo
escogido por la servidora antes del 15 de febrero de 2018.

102. Tampoco es posible afirmar que existió solución de continuidad por renuncia a
un cargo, en tanto la servidora laboró ininterrumpidamente en la entidad. Sobre el
particular la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación ha conceptuado39,
que en esos eventos no existe ruptura del vínculo laboral, concretamente ha afirmado
que: «... si un funcionario o empleado de la rama judicial se desvincula de un despacho
judicial y es nombrado en similar cargo en el mismo despacho u otro, sin que haya
solución de continuidad, no puede entenderse que se ha roto el vínculo laboral que
existe entre la entidad pública, en este caso la rama judicial, y el servidor público, pues
el mismo permanece independientemente de que el servidor ejerza un cargo u otro y,
por consiguiente, procede la acumulación de tiempos», por lo tanto, tenía el deber de
liquidar la anualidad laborada.

103. Aunado a lo anterior, la causación de la sanción moratoria no se encuentra
condicionada a demostrar la mala fe del empleador, pues de su consagración
normativa se advierte que para que se cause la mora, no es requisito el ingrediente
subjetivo.

104. La sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de la cesantía, proviene del incumplimiento de las normas que regulan
el auxilio de cesantía, prestación que constituye un derecho mínimo laboral en favor
del trabajador amparado por el principio de progresividad y en consecuencia la
prohibición de regresividad. De tal manera, que al encontrarse la actora sujeta al
régimen anualizado de cesantías desde el año 201240, no solo cuenta con la
prestación, sino con la garantía de que, a falta de su efectivo cumplimiento, se cause
a su favor la sanción moratoria hasta la extinción total de la obligación.

39 Concepto emitido el 16 de agosto de 2018.
40 A partir de su vinculación a la Rama Judicial.

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105. En consecuencia, la penalidad para el caso sub examine, tiene como extremo
final el 22 de febrero de 2018 -día anterior a la consignación total de las cesantías del
periodo 2017-, circunstancia que como se indicó impone la modificación del ordinal
segundo de la sentencia apelada.

Condena en costas

106. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de apelación se presentó con
carencia de fundamento legal.

107. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario,
se avizora la prosperidad parcial del recurso de apelación, por lo que, se repite, no se
condenará en costas en esta instancia.

108. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 7 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A” que condenó al pago de la sanción moratoria por no consignación de
cesantías, el cual quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer y pagar la sanción moratoria por la consignación
tardía de las cesantías a Andrea Josefina Valenzuela Morales, identificada con C.C N°
1.030.562.962, la suma de 1.076.327 COP, correspondiente a un día de salario por
cada día de retardo para el periodo transcurrido entre el 15 y el 22 de febrero de 2018,
tomando como base la asignación básica vigente en febrero de 2018».

SEGUNDO. Confirmar en sus demás ordinales la sentencia de primera instancia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-00617-01
Demandante: Andrea Josefina Valenzuela Morales

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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