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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01694-01

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01694-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia del del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Subsección “D”, mediante los cuales se negaron las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. En su lugar: SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado ante la falta de respuesta a la petición del 20 de octubre de 2017, mediante el cual la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación completa de las cesantías anuales del año 2016. TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a favor del señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano, la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, de forma completa equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 19 de diciembre de 2017, para un total de 307 días, la cual deberá ser liquidada con base en la asignación básica que devengaba el demandante al momento en que se causó la sanción. CUARTO. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (20 de diciembre de 2017 por ser este el día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. QUINTO. Condenar en costas en primera instancia a la parte vencida, conforme las motivaciones de esta providencia. SEXTO. Confirmar el ordinal primero de la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Subsección “D”, mediante el cual se declaró la existencia del acto ficto o presunto generado por la falta de respuesta a la petición del 20 de octubre de 2017, conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa. www.consejodeestado.gov.co 27 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01694-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01694-01(1016-2021)
Demandante Gustavo Andrés Montealegre Lozano.
Demandado: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Tema: Sanción moratoria por consignación incompleta
de cesantías anuales- Rama Judicial.

Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera
instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 28 de febrero de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda- Subsección
“D”, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1

Con la demanda se pretende la nulidad del acto ficto o presunto negativo por la
falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a la
petición del actor de fecha 20 de octubre de 2017, mediante la cual reclamó el
pago de las cesantías anuales de 2016 y el reconocimiento de la sanción
moratoria, por el pago tardío de dicha prestación.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la Nación-Rama
Judicial, al reconocimiento y pago de las cesantías causadas en el año 2016, es
decir, el faltante junto con los intereses a las cesantías generados, la sanción
moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo desde el
15 de febrero de 2017, hasta que se realice el pago de las cesantías causadas
en el año 2016, la actualización de los valores solicitados en el numeral anterior
a la fecha de pago.

1 Folios 27 a 36 Demanda expediente físico.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado : 25000-23-42-000-2018-01694-01
Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

Pretensiones que fueron ajustadas posteriormente en escrito de subsanación al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria.2

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano ha prestado sus servicios a la
Rama Judicial desde el año 2013, actualmente se encuentra ejerciendo el cargo
de auxiliar judicial 1 en el Consejo de Estado, desde el 7 de abril de 2016.

Pertenece al régimen anualizado de cesantías, de acuerdo con las normas que
regulan la materia para los empleados del Estado, por lo que una vez cumplió el
periodo laborado de un año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, la Dirección
Ejecutiva debió reconocer y consignar en el fondo de cesantías elegido por el
actor la prestación individual anual causada.

En el año 2016, el señor Montealegre Lozano se desempeñó en varios cargos
así: del 1° de enero al 6 de abril en el cargo de escribiente en el Juzgado 79 Civil
Municipal de Bogotá y desde el 7 de abril hasta el 31 de diciembre como auxiliar
judicial grado 1 en el Consejo de Estado, el cual ejerce actualmente.

Mediante Resolución nro. 2310 del 31 de enero de 2017, le fue reconocida la
suma de $ 3.222.194.00, por concepto de cesantía anualizada, «por el periodo
comprendido entre el 7 de abril de 2016 y el 31 de diciembre de 2016», es decir,
como si solo hubiera trabajado 264 días.

El 20 de octubre de 2017, la parte actora interpuso recurso de reposición por no
habérsele reconocido la totalidad del tiempo laborado en el 2016 pese a que
prestó sus servicios ininterrumpidamente durante la anualidad. Además, solicitó
la sanción moratoria por no la no consignación de la totalidad de las cesantías a
la fecha.

El recurso fue resuelto por medio de la Resolución nro. 6510 del 23 de octubre
de 2017, modificando la Resolución nro. 2310 de 2017 y reconociendo la suma
de $ 4.416.176,00 M/CTE

Adujo el demandante, que la posibilidad de trabajar en diferentes cargos nunca
fue impedimento para que le reconocieran sus cesantías anuales totales hasta
el 2016, que, mediante un comunicado, la Dirección Ejecutiva expresó que una
vez se cambia de cargo el servidor debía solicitar las cesantías, siendo la forma
correcta de liquidarlas.

2 Folios 42 a 44 expediente físico. «Además, al no recibir respuesta al recurso de reposición interpuesto, el

demandante solicitó mediante Derecho de Petición radicado el 20 de octubre de 2017 el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, petición que no fue resuelta, lo que generó el acto ficto o presunto negativo el
21 de enero de 2018 (fecha en que se configuró el silencio administrativo), el acto administrativo del cual
solicité su reconocimiento y su nulidad en la demanda presentada»
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Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 13, 48 y 53
de la Constitución Política; artículo 2 de la Ley 244 de 1995 y «demás normas
relativas a la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías.»

En síntesis, en el concepto de violación se expuso que teniendo en cuenta la
vinculación laboral del actor 3 , el régimen que regula sus cesantías es el
anualizado, por lo que tiene derecho a que la cesantía se liquide el 31 de
diciembre de cada año y el valor liquidado se consigne antes del 15 de febrero
del año siguiente en la cuenta individual del trabajador, en el fondo de cesantías
por este elegido4.

El régimen de liquidación anual de cesantías previsto en los artículos 99, 102 y
104 de la Ley 50 de 1990 extendido a los servidores públicos afiliados a los
fondos privados, contempló una sanción por mora a razón de un día de salario
por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla con la
obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor
correspondiente a la liquidación anual del auxilio.

Según la unificación de criterios del órgano máximo de lo Contencioso
Administrativo, la sanción moratoria tiene exigibilidad desde que el empleador
incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva
de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente en la cuenta
individual del trabajador dentro del plazo legal y ocurre hasta que la entidad
cumpla con su deber legal, se produzca su pago efectivo o finalice el vínculo
laboral.

En el caso del demandante, la Dirección Ejecutiva no consignó las cesantías en
el periodo causado en el año 2016 teniendo en cuenta que estuvo vinculado
desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre, sino que liquidó solo 12 días,
argumentando que, al haber cambio de empleo se liquida el periodo del último
empleo.

Lo anterior genera una confusión respecto del régimen anualizado de cesantías
pues la única forma de hacer lo que la Dirección hizo, es cuando se rompe el
vínculo laboral lo que no sucedió en este caso como se aprecia de la certificación
expedida por el secretario general del Consejo de Estado.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial violó con su comportamiento
todas la normas legales y constitucionales teniendo en cuenta que no ha pagado

3 Desde al año 2013.
4 Ley 344 de 1996 en su artículo 13 dispuso que los servidores que a partir de la publicación de la Ley se

vinculen con el Estado tendrán derecho al régimen anualizado de cesantías.
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las cesantías causadas en el año 2016 (del 1° de enero al 31 de diciembre),
sabiendo que tenía la obligación de hacerlo antes del 15 de febrero de 2017;
razones más que suficientes de ámbito legal y jurisprudencial para el
reconocimiento del pago de la sanción moratoria con ocasión del pago tardío de
las cesantías reconocidas.

1.4. Contestación de la demanda5

La Nación- Rama Judicial, se opuso a todas y cada una de las pretensiones
formuladas en la demanda, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.

Para la demandada, es claro que:

«
• A la reliquidación del auxilio de cesantías, no le aplica sanción moratoria de
conformidad con las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema Sala
Laboral.

• No se debe incurrir al error entre el pago de la reliquidación del auxilio de cesantías
con el pago tardío de dicho auxilio de cesantía.

• La renuncia a un cargo implica adelantar el trámite de solicitud de las mismas con la
paz y salvo previsto.

• Del hecho de ocupar más de dos cargos en un periodo anual, no se puede predicar
la NO SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, en razón a que aquellas prestaciones no
contemplan normativamente esta posibilidad.

• En todo caso, no debe perderse de vista, que el Consejo de Estado, consideró que
la sanción moratoria, “sólo será aplicable cuando el derecho a la cesantía y los
ingredientes que lo conforman no se encuentren en litigio, es decir, cuando no exista
discusión entre las partes, pues lo que se sanciona es la negligencia de la entidad
en efectuar los trámites tendientes a la satisfacción de la obligación. Pero si la
entidad, con razones jurídicamente admisibles, argumenta la inexistencia del derecho
y, previendo el pago de sumas a las que no existe el derecho, deja a disposición del
administrado la vía judicial, no parece justo que se el impute mora en el pago…”

• No existió mala fe por parte de la administración al pagar la reliquidación del auxilio
de cesantías al señor Forero Salazar, por todo lo anterior como por las razones de la
defensa no hay lugar a sanción moratoria. »6

5 Folios 72 a 79 del expediente físico.
6 Folio 173. Tanscripción incluido errores

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1.5. Sentencia de primera instancia7

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
en audiencia inicial celebrada el 28 de febrero de 2020, profirió sentencia en la
cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
vencida.

Previa delimitación de la controversia en la etapa de saneamiento al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de
cesantías para el período 20168, el Tribunal resolvió «declarar la existencia del
silencio administrativo negativo, y por ende, del acto administrativo ficto o
presunto, generado por la falta de respuesta a la petición de 20 de octubre de
2017 que elevó el actor ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial»,
negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte vencida.

Identificadas las normas aplicables en materia de cesantías a los empleados de
la Rama Judicial, el Tribunal de Primera Instancia, encontró acreditado que el
señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano laboró al servicio de la Rama Judicial
durante el año 20169, sin solución de continuidad desde el 1° de enero al 6 de
abril de 2016 en el Juzgado 79 Civil Municipal en el cargo de escribiente
municipal y desde el 7 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de esa anualidad
en el Consejo de Estado, como auxiliar judicial grado 01 en propiedad.

Con base en lo anterior, la entidad debió reconocerle el auxilio de cesantía
durante todo el año 2016 al no existir solución de continuidad.

La entidad demandada, mediante Resolución nro. 2310 del 31 de enero de 2017,
reconoció al actor la suma de $3.222.194, por cesantía anualizada entre el 7 de
abril y el 31 de diciembre de 2016, las cuales consignó el 14 de febrero de 2017.
El actor interpuso recurso de reposición resuelto mediante Resolución No 6510
del 23 de octubre de 2017, en el que se modificó el artículo primero de la
Resolución nro. 2310, reconociendo la suma $ 1.193.982 valor resultante de la
diferencia de las cesantías, suma que se consignó en el fondo de pensiones
Protección S.A., el 20 de diciembre de 2017.

De lo anterior el Tribunal concluye que si bien en principio se podría pensar que
la entidad incumplió con la obligación de consignar antes del 15 de febrero de
cada año, de la lectura integral de la demanda « deduce que lo que pretende

7 En audiencia inicial folios 107 a 124 del expediente físico.
8 «En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que una de las pretensiones del libelo inicial iba encaminada

a que se pagara la totalidad de las cesantías causadas en el año 2016, o cual, ocurrió mediante las
Resoluciones Nos.2310 de 31 de enero de 2017(fls. 6-7) y 6510 de 23 de octubre del referido año (fls. 10-
11 vto), y frente a lo cual está de acuerdo con el demandante, como se acaba de indicar, el Despacho se
circunscribirá solamente a analizar si hay lugar o no al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías para el período 2016, a favor del actor.»
9 De acuerdo con las constancias expedidas por la coordinadora de Talento Humano de la entidad

demandada y el secretario general del Consejo de Estado
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el demandante es que se reconozca la sanción moratoria por el pago tardío
de la diferencia de las cesantías o la reliquidación de éstas, que en el caso
concreto fue el valor de $ 1.193.982, de acuerdo con la Resolución No 6510
de 23 de octubre de 2017… sin embargo, la sanción por mora que pide el actor
no es dable aplicar para este tipo de asuntos, ya que como lo sostuvo la propia
entidad demandada “ No existe obligación de pagar sanción moratoria por
el pago inoportuno de una diferencia de cesantías o de reliquidación de
las mismas” »

Postura que sostuvo con apoyo en las sentencias de 17 de octubre de 2017,
proferida por la Sección Segunda Subsección “B” de esta Corporación y de 22
de marzo de 2018 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” 10.

1.6. Recurso de apelación11.

El apoderado del señor Montealegre Lozano interpuso recurso de apelación en
contra de la sentencia, el cual sustentó, así:

En la decisión de instancia se concluyó que, el demandante laboró en la Rama
Judicial durante todo el año 2016, sin solución de continuidad; que la entidad
cometió un error en el pago de las cesantías al reconocer un periodo y no todo
el año; que a los servidores públicos le son aplicables las disposiciones previstas
en la Ley 50 de 1990, incluida la sanción por mora en el pago tardío de las
cesantías; que se canceló con posterioridad a la fecha establecida en la Ley,
esto es antes el 15 de febrero de 2017, la totalidad de la cesantía lo cual ocurrió
el 20 de diciembre de 2017; aspectos sobre los que no existe discusión.

No obstante, la Sala no accedió a las pretensiones de la demanda al considerar
que con el valor pagado al actor por la Resolución nro. 2310 de 2017, se cumplió
con el pago de las cesantías, pero la realidad es que solo canceló el periodo
entre el 7 de abril y el 31 de diciembre de 2016, lo que constituye un pago parcial
de las cesantías, y según lo establecido por las altas cortes, en las cesantías no
se puede hablar de pagos parciales, ni consignaciones incompletas.

Recalcó que en el presente asunto no existe una “diferencia frente al valor”, pues
no se presentó una mala liquidación de las cesantías por considerarse que la
base era otra, en este caso no hubo liquidación de las cesantías al momento en
que debieron pagarse, pues solo se liquidó el periodo comprendido entre el 7 de
abril y el 31 de diciembre de 2016.

10 Folio 121 «que lo pretendido por el actor es que se reconozca y pague sanción moratoria por el pago

tardío de la diferencia o reliquidación de las cesantías que se efectuó a través de la Resolución No.6510
del 23 de octubre de 2017, por un valor de $ 1.193.982.00, y como quiera que el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 no establece ese supuesto de hecho, para este Tribunal es claro que las pretensiones de la demanda
no están llamadas a prosperar.»
11 Folios 125 a 128 del expediente físico.

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Aunado a lo anterior, de conformidad con lo considerado en sentencia de 26 de
noviembre de 2018 por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado12, en materia de sanción por mora, el único requisito que debe acreditarse
es el incumplimiento de la consignación de las cesantías causadas en la fecha
en que debía realizarse, «que para el presente caso implica que a 15 de febrero
de 2017, no se consignaron la totalidad de las cesantías, es más, solo se
liquidaron y pagaron del periodo comprendido entre el 07 de abril y el 31 de
diciembre de 2016».

Por último, frente a la aplicación por parte de la demandada de la Circular
DEAJ16-90, que disponía que las cesantías debían liquidarse respecto de cada
contrato, arguyó, en primer lugar que la vinculación del demandante es legal y
reglamentaria y no por contrato; en segundo lugar, si la circular disponía la
liquidación por cada contrato, sabiendo que el actor seguía prestando sus
servicios, debió liquidar y pagar por cada cargo; pues de haberlo hecho como lo
disponía la circular, el error se hubiese presentado frente a la forma de liquidar y
no la sanción moratoria al no pagarlas a tiempo. Y, en tercer lugar, la mencionada
circular no tiene mayor relevancia que la ley.

Por lo que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a
las pretensiones de la demanda.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

Mediante auto de 1° de julio de 2021, fue admitido el recurso de apelación y
posteriormente en proveído del 30 de septiembre de 2021 se dispuso correr
traslado a las partes y a disposición del Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión y concepto en caso de este último.13

El apoderado de la parte demandante 14 alegó que la sentencia de primera
instancia se fundamentó en jurisprudencia del Consejo de Estado que no
corresponde a los supuestos de hecho y derecho de la demanda, desconociendo
así el principio de congruencia.

Sostuvo que no se pretende debatir la argumentación sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria por el pago de la diferencia o reliquidación del ingreso
base de liquidación, ya que, simplemente no es el caso, pues en el libelo no se
manifestó inconformidad con el monto de cesantías reconocidas.

Lo que se solicitó fue la procedencia del pago de la sanción moratoria causada
por el pago tardío, parcial o incompleto de las cesantías del demandante, sobre

12 Expediente 68001-23-33-000-2014-00936-02(3169-17) actor: Deyver Fabián Flórez Medina contra la
Dirección Ejecutiva de Administración judicial M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez,
13 Folios 138 a 140.
14 Actuación visible a índica 14 de la plataforma SAMAI.

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la cual el Consejo de Estado y los Juzgados Administrativos de Bogotá15 han
dejado claro que sí hay lugar, dado que los pagos parciales no extinguen la
obligación16.

De otra parte, la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial mediante apoderada 17 , insistió en el hecho que la
sanción pretendida por el demandante no se encuentra determinada por el
legislador como una contravención que conlleve dicha consecuencia jurídica, lo
que implicaría la violación al principio de legalidad.

Indicó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha establecido que la
finalidad del legislador con la norma aludida fue determinar el término perentorio
para el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas de los servidores
públicos, sin que una diferencia en la liquidación de la prestación social acarree
a la autoridad judicial imponer la sanción frente a una circunstancia fáctica que
no se encuentra prevista en la Ley.

En consecuencia, al no existir una infracción de la norma jurídica, no puede
generarse una sanción moratoria.

El agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación guardó
silencio.

Tramitado el proceso en forma legal y no observando la Corporación causal de
nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas
las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo18.

15 Sentencia del 18 de noviembre de 2019, proferida por el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá. Sentencia

del 11 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá. Sentencia del 18 de mayo
de 2021, proferida por el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá. Sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida
por el Juzgado 26 Administrativo de Bogotá.
16 Para el efecto, relacionó las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección

“A”, C. Ponente: Rafael Francisco Suárez, sentencia de 20 de noviembre de 2019, Radicación número:
47001-23-31-000-2006- 01220-01(0464-14) y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P
Hernán Andrade Rincón, sentencia del 3 de abril de 2013, Radicado número: 25000-23-26-000-2002-00212-
01(26319).
17 Actuación visible a índice 15 de la plataforma SAMAI.
18 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». Norma
igual a norma antes de la vigencia de la Ley 2080
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Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por
el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de alzada, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si procede el reconocimiento
de la sanción moratoria, contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990
producto de la no consignación de un periodo de las cesantías correspondientes
a la anualidad 2016, antes del 15 de febrero de 2017, o si hay lugar a confirmar
la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala abordará los
siguientes temas: i) normativa y jurisprudencia aplicable al caso y ii) caso
concreto.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Cesantías

El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un
ahorro para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es
una ayuda económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador,
sino «en lo que concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador
tenga un respaldo que no comprometa los recursos que requiere para su mínimo
vital.»19

La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de
los principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago
de las acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la
dignidad humana y la manutención familiar en el marco de las relaciones
laborales, y dentro de esas prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía 20.

Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su
contenido opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.

La Ley 6 de 1945 21 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los
trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de
sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y

19 SU 448 de 2016, SU 098-18.
20 Sentencia C-486 de 2016
21 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,

conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
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el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos
los empleados y obreros nacionales de carácter permanente22.

Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del
poder público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las
cesantías se tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera
sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido,
si fuere menor a ese lapso.

2.3.2. Régimen anualizado de Cesantías

Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 23, que
se encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y
trabajadores de los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado del orden nacional, estableciendo en el artículo 27, la
novedad de un régimen anualizado, en los siguientes términos:

«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir
del 1 de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado, liquidarán las cesantías que anualmente se causen
en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse, aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador.»

La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los
empleados tal como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el
artículo 49, que regula lo siguiente:

«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos
públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado deberán
consignar en el Fondo Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1
de enero de 1969 se causen en favor de sus empleados y trabajadores.

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente

a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el
Fondo una doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados
y trabajadores por salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la
base para liquidar el auxilio de cesantía, y

22 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
23 Artículo 1° del mencionado Decreto.

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b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas
entidades depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la
liquidación de que trata el artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo
del literal anterior; o tendrán derecho a que el Fondo les abone en cuenta el
exceso de lo depositado sobre la liquidación.»

Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
subsiste, conforme la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la
causación de los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.

Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199624, respecto de las cesantías
dispuso lo siguiente:

«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado
en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las
personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el
siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de
la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación
laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean
contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no
se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.»

Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen
anualizado de cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley
50 de 1990 modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió
incluso a los servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de
199825.

La Ley 50 de 199026, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:

24 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades

extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
25 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel

territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías,
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el
artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista
en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998»
26 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de
la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de
trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre
el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año
o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor
del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los
pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro
de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba
seguirse para el efecto.

6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya
creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los
decretos que dicta el Gobierno Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los
trabajadores, en todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse
hacia el financiamiento de actividades productivas.

7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley,
continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional
relativas al auxilio de cesantía.

Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación
y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan
suficientes Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías
autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente
autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con
participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y Subrayado
fuera de texto original).

Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la
consignación del valor liquidado en la cuenta individual, liquidación que conforme
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al numeral 1°, se debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad
laborada o la fracción correspondiente.

2.3.3. Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial.

A efectos de precisar el régimen de cesantías aplicable a los servidores de la
Rama Judicial, conviene recordar lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación27 al respecto:

«...esta Sala ha precisado (Concepto 1777 de 2006) que en materia de
cesantías ha existido un “régimen retroactivo de cesantías, que consiste en
que esta prestación se liquida con base en el último salario devengado, a
razón de un mes de sueldo por cada año de servicios, …” Dicho régimen fue
modificado para la rama ejecutiva del poder público del orden nacional por
virtud del Decreto 3118 de 1968, que dispuso la liquidación anual de la
prestación y reconoció intereses a la misma, y para los servidores de la rama
judicial por la Ley 33 de 1985, la cual dispuso para los que se vincularán a
partir del 1º de enero de 1985 un régimen de liquidación anual definitiva con
intereses.

En esta materia el artículo 7º de la Ley 33 de 1985 dispuso:

"Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de
la Caja Nacional de Previsión asumirán directamente el pago de dicha
prestación a partir del 1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará
cesantías a los empleados oficiales de dichas entidades hasta concurrencia
del valor de transferencias que éstas hubieren efectuado “Quienes a partir
del 1o de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional, el Ministerio
Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del
Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto
Extraordinario 3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten en lo
relacionado con la liquidación y el pago de sus cesantías".

De esta manera, a partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la
Rama Jurisdiccional se rigen en materia de cesantía por las normas del Decreto
Extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo adicionen y reglamenten. Ahora
bien, con posterioridad a dicha fecha, el Decreto 57 de 1993, expedido por el
Gobierno Nacional en ejercicio de sus funciones legales y en desarrollo de las
conferidas por el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, estableció una serie de normas
sobre el Régimen Salarial y Prestacional para los servidores públicos de la Rama
Judicial y en su artículo 10 dispuso:

“Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama
Judicial podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se
autorizó en la Ley 50 de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior

27 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. c p: Juan Pablo Cárdenas Mejía de 16 de agosto de

2018 radicación: 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375)
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de la Judicatura señale. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá las
condiciones y requisitos para ello, en los cuales indicará que los recursos
serán girados directamente a dichas Sociedades o Fondos”.

Por su parte el artículo 12 del mismo Decreto dispuso:

“Artículo 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la
Justicia Penal Militar que tomen la opción establecida en este Decreto o se
vinculen por primera vez, no tendrán derecho a las primas de antigüedad,
ascensional, de capacitación y cualquier otra sobrerremuneración. Las
primas de servicios, vacaciones, navidad y las demás prestaciones sociales
diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las
disposiciones legales vigentes. “Las cesantías se regirán por las normas
establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas que lo
modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se
regirá por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985” (se subraya).

De esta manera, de conformidad con este Decreto, las cesantías de los
servidores públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968,
que establece el pago anual y definitivo, y a las normas que lo modifiquen,
adicionen o reglamenten, pero para su pago se aplica el artículo 7º de la Ley
33 de 1985.

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 dispuso:

“Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en
la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas
que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente
régimen de cesantías: “a) El 31 de diciembre de cada año se hará la
liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción
correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente
por la terminación de la relación laboral; “b) Les serán aplicables las demás
normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o
entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal
a) del presente artículo.

Desde esta perspectiva encuentra la Sala que el artículo 13 de la Ley 344 de
1996, que es posterior al Decreto 57 de 1993, complementa el régimen dispuesto
por el Decreto 3118 de 1968 y tiene un alcance general, pues incluyó a todas
“las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado” y sólo
exceptuó “al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional”, por lo que claramente complementa el Decreto 3118 de 1968.

Por consiguiente, a juicio de la Sala dicha norma también es aplicable a la
rama judicial.»

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2.3.4. Interpretación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Frente a la causación de la mora contenida en el numeral 3 del artículo 99 de
Ley 50 de 1990, concretamente producto de la no consignación de un periodo
de las cesantías antes del 15 de febrero de la siguiente anualidad, existen
diferencias en la interpretación que sobre el particular ha adoptado esta
Corporación y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos cuyo supuesto fáctico
es similar al analizado, ha considerado lo siguiente:

• Sentencia de 10 de febrero de 2022, la Subsección “B” -Sección Segunda se
consideró lo siguiente 28:

«19. El legislador estableció una sanción económica para los eventos en que
ocurra el pago tardío de las cesantías, que debe ser liquidada y reconocida
mediante acto administrativo en firme, equivalente a un día de retardo por
cada día de mora hasta que se haga efectivo su pago.

20. De la misma manera, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consagra lo
referente al pago de las cesantías y a su vez, la sanción moratoria por
incumplir dicho pago dentro del término estipulado14:

[...]

21. Con base en la norma expuesta, se establece que la sanción moratoria
es un castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por
no consignar oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en
un día de salario por cada día de retardo en la consignación de las cesantías.
El plazo para consignar las cesantías al fondo de cesantías, vence el 14 de
febrero de cada año, así que la sanción corre desde el 15 de febrero hasta
que se realice la consignación.

Análisis del caso concreto.

22. Ahora bien, como se extrae del tenor literal de la norma, la
reclamación de la sanción moratoria surge ante el incumplimiento del
empleador al deber de consignar las cesantías anualizadas al servidor en la
fecha determinada por la ley, por cada periodo anual servido, que como se
vio, es a más tardar el 14 de febrero del año siguiente al liquidado. Este
supuesto fáctico no se configura en el presente caso, ya que no se presentó
tal incumplimiento, pues la entidad demandada consignó las cesantías de la
actora el 14 de febrero de 2017, por la suma de $ 1.144.980, monto que fue
modificado por la Resolución No. 6447 del 17 de octubre de 2017, por la
suma de $ 5.325.649, el 20 de diciembre de 2017.

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022, C.P. Sandra

Lisset Ibarra Vélez, Radicado 25000-23-42-000-2018-02833-01 (0612-2021).
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23. Si bien la entidad demandada incurrió en error al realizar el cálculo
y liquidación de las cesantías de la demandante para el año 2016,
porque no liquidó diez meses servidos que corresponden a los meses
de enero a octubre del mismo año, no puede confundirse la situación
fáctica que genera la sanción moratoria establecida por la ley, con el
pago de reliquidación después de desatar la discusión sobre el monto
consignado. La sanción moratoria es una penalidad para el Estado –
empleador, por su incumplimiento en la consignación de las cesantías en el
respectivo fondo, en tiempo oportuno, consistente en el pago de un día de
salario por cada día de retardo; de manera que solo la ausencia en el pago
de las cesantías es la castigada con la mora. Por consiguiente, no puede
extenderse la sanción cuando se presenta una discusión sobre ese
monto que puede, a su turno, generar o no un reajuste.

24. En ese sentido, no es posible crear una segunda regla de derecho
para decir que cuando hay discusión sobre el monto liquidado, si el
recurso prospera, ello indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado por
el legislador para castigar o sancionar a la entidad que omitió el pago, no
para el caso inconsistente en la liquidación. Recuérdese que esta es una
sanción pecuniaria de reserva legal, de modo que por vía de interpretación
no puede extenderse la sanción moratoria a los valores complementarios de
la liquidación inicial que fue satisfecha en tiempo.

25. Dilucidado lo anterior, la sanción moratoria no tiene el alcance que
pretende endilgarle la actora para extenderla a los eventos en que hubo lugar
a un reajuste de las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o
discutido al tiempo de liquidación. De igual forma, el nuevo valor
correspondiente a la reliquidación se genera con ocasión de la controversia
que la actora provocó al punto que le fue modificado por la administración el
acto de reconocimiento aceptando sus argumentos, pero sin que ello
encuadre en la descripción de la norma que regula la penalidad.»29 (Negrilla
y subrayado fuera de texto original)

• La misma subsección en recientes sentencias del 6 de octubre de 202230 y 9 de
febrero de 202331, iteró la anterior postura. Así:

«2.2.1. Reglas Jurisprudenciales sentadas en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-022-2020 proferida por la Sección Segunda de la
Corporación el 6 de agosto de 2020.

La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de agosto
de 2020, dictó la siguiente Sentencia de Unificación con las reglas de
jurisprudencia relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990,
por la no consignación de cesantías anualizadas:

29 Transcripción incluido errores.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, C.P. César

Palomino Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2018-01693-01 (3168-2020).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2023, C.P. César

Palomino Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021).
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“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de
la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de
1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la
anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente
por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a
partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la
sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción”.

La anterior decisión tuvo como fundamento el hecho que la Sección Segunda,
mediante Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016[1], fijó
la regla jurisprudencial según la cual la sanción moratoria está sujeta al
término prescriptivo señalado en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social[2], esto es, que la reclamación del empleado
sobre un derecho o prestación debida, tendrá que efectuarse dentro de los 3
años, so pena de la prescripción, término que es susceptible de interrupción
a través del simple reclamo escrito del trabajador, pero solo por un lapso igual,
es decir, un trienio. Sin embargo, la forma como debe computarse la
prescripción de la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías anualizadas no ha sido pacífica entre las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda y, por lo tanto, debía aclararse[3].

Que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es claro en señalar la sanción
moratoria como una de las características del nuevo régimen de cesantías,
así: “(…)3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes
del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de
retardo”.

Que el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho
exigible, el cual, de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo,
surge a partir del vencimiento de éste[4]. En consecuencia, la causación de
la sanción por mora por falta de consignación de las cesantías anualizadas
ocurre al día siguiente al del vencimiento de la oportunidad que tiene la
Administración para proceder en tal sentido, esto es, 15 de febrero siguiente
a la anualidad que causó la cesantía (plazo fijado por el ordenamiento). Aclaró
que este momento es el parámetro cierto y determinado que permite el
nacimiento de la penalidad que, sin ser un derecho, beneficia al empleado.

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Precisó que la causación de la sanción por mora es totalmente independiente
a la prestación social. El nacimiento de la sanción por mora no está
condicionado al reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho
por el incumplimiento del pago por parte del empleador dentro de los términos
de ley. Sin embargo, ello no se confunde con la extensión de la penalidad en
el tiempo, que sí está directamente asociada a que se efectúe la cancelación
de la prestación social. El pago de las cesantías, ante la causación eventual
de la moratoria, ocasiona que ésta cese, no que se extinga, como sí ocurre
con la prescripción una vez transcurridos los 3 años establecidos en el artículo
151 del CPTSS.

A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se establecieron
respecto de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anualizadas reguladas por la Ley 50 de 1990, son igualmente aplicables frente
a la sanción relativa al reconocimiento y pago extemporáneo de cesantías
definitivas o parciales, regidas por las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
pues lo que varía en estos casos es el momento en que se hace exigible la
sanción moratoria, y no, el criterio cómo debe contarse la prescripción a partir
de su exigibilidad.

[...]

Pues bien, de acuerdo con los hechos probados y según las reglas
jurisprudenciales señaladas en líneas atrás, la Sala advierte que la accionante
tiene derecho a reclamar la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías anualizadas, teniendo en cuenta que por la fecha de su vinculación
(1 de enero de 2016) es beneficiaria del tal régimen.

Empero, la sanción moratoria solo se causa conforme los presupuestos
establecidos por el legislador; esto es, al estar regida entonces por el
principio de legalidad, su aplicación no puede ser extensiva o analógica
a supuestos no contemplados en la norma, como es el caso del reajuste
de las cesantías.

Por consiguiente, por el hecho del reajuste de las cesantías no procede
el reconocimiento de la sanción pretendida; pues, la jurisprudencia de
esta Colegiatura ha sido clara en señalar que una indebida liquidación
de las cesantías no implica que el empleador haya incurrido en mora,
“de manera que el hecho de que la administración haya liquidado un monto
por cesantías definitivas que luego haya sido objeto de un reajuste, no
conlleva a determinar que desde la fecha de la solicitud de reconocimiento de
la prestación hasta el pago de la misma, no se hayan cumplido con los
términos establecidos por la ley para tal efecto (…) pues una cosa es efectuar
liquidación y cancelación de acuerdo con las directrices tomadas por la
entidad demandada en su momento y otra es reconocer fuera del plazo
determinado la prestación aludida» (Negrilla y subrayado fuera de texto
original).

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Radicado : 25000-23-42-000-2018-01694-01
Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

• Por su parte, la Subsección “A” de esta Corporación en sentencias del 15 de julio
de 202132 y 3 de febrero de 202233, entre otras, ha coincidido con la Subsección
“B”, al considerar:

«Segundo problema jurídico.

¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se
paga tardíamente una diferencia en la liquidación de las cesantías
anualizadas?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria
consagrada en Ley 50 de 1990 no procede cuando lo que existe es una
controversia sobre el valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío,
esto es, con incumplimiento de los términos señalados en el numeral 3.°
del artículo 99 ibidem.

Esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida
no procede cuando lo que sucede es la inoportuna cancelación de una
diferencia en la liquidación que debió pagarse. Al respecto se ha
pronunciado en el siguiente sentido 13 :»

No obstante, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha
mantenido una línea de interpretativa desde la providencia SL 403-2013 del 3 de
julio de 2013, diferente a la expuesta por el Consejo de Estado.

• Concretamente en sentencia SL 1451-2018 del 25 de abril de 2018; se reiteró lo
dicho en la providencia de 3 de julio de 2013; frente a la causación de la sanción
moratoria, por la consignación deficitaria de las cesantías anualizadas.

«El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dice:

“3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

De la pretrascrita disposición se extrae la obligación para el empleador de
consignar antes del 15 de febrero del año siguiente, en el fondo respectivo, el
valor de la cesantía liquidada a 31 de diciembre de cada año, so pena de
hacerse merecedor de la sanción consistente en un día de salario por día de
retardo.

32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel

Valbuena Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021).
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William

Hernández Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).
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Radicado : 25000-23-42-000-2018-01694-01
Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

La severa consecuencia prevista por la citada norma ante el
incumplimiento del empleador de su obligación de consignar las
cesantías, como un elemento característico del nuevo régimen de
cesantías que eliminó la retroactividad, indica la trascendencia que el
legislador le quiso dar a dicho pago, no solo en beneficio directo de cada
trabajador a quien le favorece que sus cesantías comiencen a rentar a tiempo
en el respectivo fondo, sino también para garantizar que el sistema de
administración de cesantías creado por misma Ley 50 de 1990 reciba a tiempo
los recursos y facilitarle que pueda cumplir con sus planes de rentabilidad.

Por demás, conforme al principio de la buena fe que ha de regir la ejecución
de todos los contratos de trabajo, artículo 55 del CST, las partes están
obligadas “no solo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan
precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley
pertenecen a ella”.

No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la
citada disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema
de cesantías sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el
a quo consistente en que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma
automática, para el caso de la consignación deficitaria de las cesantías al igual
que si se hubiese hecho esta de forma total.

Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación podría
traer, pues bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por
cesantías, para enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho
proceder se estaría perjudicando al trabajador y al sistema de administración
de cesantías.

Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a
las cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la
retroactividad, porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma
perentoria, fijó la ley para realizar la consignación; es claro que la norma
ordena la consignación del valor de las cesantías correspondientes a 31
de diciembre de cada año, antes del 14 de febrero del año siguiente; si, a
esta fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está atendiendo el plazo
legal, pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la obligación.

Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que
conlleva la exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación
deficitaria de cesantías. En esta dirección, se ha de decir que la
consecuencia contenida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 está prevista tanto para el pago parcial como para el no pago.

• Sentencia SL5146-2020 7 de octubre de 202034.

34 Radicación n.° 69731 Acta 37 Bogotá, D. C.,

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Demandante : Gustavo Andrés Montealegre Lozano

«Ahora, el juez de primer grado erró al concebir que la referida indemnización
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo era procedente en los casos
en los que no se hacía la consignación de la cesantía, pues la Corte ha
precisado que dicha sanción también opera en los casos en que el empleador
realiza la consignación de manera deficitaria o parcial porque, por ejemplo, no
tiene en cuenta el salario realmente devengado por el trabajador, como
sucedió en este caso.

En la sentencia CSJ SL403-2013, reiterada en la decisión CSJ SL1451-2018,
se explicó:

No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la
citada disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema
de cesantías sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el
a quo consistente en que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma
automática, para el caso de la consignación deficitaria de las cesantías al igual
que si se hubiese hecho esta de forma total. Ni que decir de las consecuencias
perversas que esta interpretación podría traer, pues bastaría con que el
empleador consignase cualquier valor por cesantías, para enervar los efectos
de la norma, no obstante que con dicho proceder se estaría perjudicando al
trabajador y al sistema de administración de cesantías.

Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a
las cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la
retroactividad, porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma
perentoria, fijó la ley para realizar la consignación; es claro que la norma
ordena la consignación del valor de las cesantías correspondientes a 31 de
diciembre de cada año, antes del 14 de febrero del año siguiente; si, a esta
fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está atendiendo el plazo legal,
pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la obligación.

Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que
conlleva la exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral
3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación
deficitaria de cesantías. En esta dirección, se ha de decir que la consecuencia
contenida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 está prevista
tanto para el pago parcial como para el no pago.»

3. Caso concreto

Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala
acreditado que el señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano se desempeñó en
el cargo de escribiente desde el 1° de enero hasta el 6 de abril del año 2016, en
el Juzgado 79 Civil Municipal de Bogotá tal como se observa de la constancia
DESAJ BOCER17-9971 expedida por la coordinadora del Área de Talento

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Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá en fecha del 14 de diciembre de 201735.

Y desde el 7 de abril de 2016 en el cargo de auxiliar judicial Grado 1 en el Consejo
de Estado, tal y como se evidencia de la constancia expedida por el secretario
general de la Corporación de fecha 4 de septiembre de 201736.

De lo anterior, se desprende que el actor trabajó sin interrupción durante toda la
anualidad 2016, por lo que, conforme al régimen anualizado de cesantías, tenía
derecho a que, al 31 de diciembre de ese año, se le liquidara dicha prestación
por el tiempo trabajado, 364 días.

Sin embargo, mediante Resolución nro. 2310 del 31 de enero de 201737, fueron
liquidadas las cesantías anualizadas del señor Montealegre Lozano por haber
laborado entre el 07 de abril y el 31 de diciembre de 2016; esto es, por 264 días38.

Inconforme con lo decidido, el hoy demandante, el 28 de febrero de 2017 39
interpuso recurso de reposición solicitando la correcta liquidación de su auxilio
de cesantías, toda vez que no fue incluido el periodo laborado entre el 1° de
enero hasta el 6 de abril del año 2016, en otras palabras, solo se tuvieron en
cuenta 264 días, de los 364 realmente trabajados.

Lo anterior, conllevó a que fuera expedida la Resolución nro. 6510 del 23 de
octubre de 201740, la cual modificó el artículo 1° de la Resolución nro. 2310 del
31 de enero de 2017, aumentando el valor de las cesantías corresponde a
$4,416.176 COP. En consecuencia, ordenó ajustar el valor de las cesantías por
valor de $1.193.982 COP.

El 20 de octubre de 201741, el señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano a
través de apoderado presentó solicitud de pago completo de las cesantías
reconocidas, por la no inclusión del periodo laborado entre el 1° de enero y el 7
de abril de 2016 en la liquidación de las cesantías anualizadas. Asimismo, pidió
la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990, equivalente a un (1) día
de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2017
hasta el día en que se pagara de manera correcta las cesantías. Sin embargo,
no recibió respuesta.

35 Folios 17 a 20 del expediente físico.
36 Folio 5 del expediente físico.
37 Folios 31 y 32 del expediente físico.
38 Acto administrativo notificado el 14 de febrero de 2017.
39 Folios 8 y 9 del expediente físico.
40 Folios 10 y 11 del expediente físico.
41 Folios 2 a 4 del expediente físico.

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En el extracto de cesantías de Protección 42 se constata que Rama Judicial
consignó los siguientes valores: $981.439 y 212.543, el 20 de diciembre de 2017,
a la cuenta individual del servidor. Es decir, que la consignación total del auxilio
de cesantías se realizó en esta última fecha.

De cara a los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y lo acreditado
en el proceso, considera la Sala que le asiste razón al recurrente al afirmar que
la consignación incompleta antes del 15 de febrero de 2017 de la cesantía
anualizada del año 2016 al actor constituye un pago incompleto y en
consecuencia da lugar a la sanción moratoria solicitada

En este sentido, la Sala rectifica el criterio adoptado en asuntos similares por
esta sección al considerar que la consignación incompleta de la cesantía
anualizada del año 2016 del actor, producto de la liquidación incompleta del año
laborado y su posterior reconocimiento por haber prestado sus servicios a la
Rama Judicial en diferentes cargos y sin solución de continuidad, sí da lugar a la
sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Conforme a las decisiones citadas en el acápite normativo, esta Corporación
consideraba que, en asuntos como el presente, el pago incompleto correspondía
a una reliquidación o ajuste a las cesantías, y por ende no se genera la sanción
moratoria, no obstante, la Sala fundamenta el criterio adoptado en este asunto,
en lo siguiente:

1. La sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de la cesantía, proviene del incumplimiento de las normas que
regulan el auxilio de cesantía, prestación que constituye un derecho mínimo
laboral en favor del trabajador amparado por el principio de progresividad y
en consecuencia la prohibición de regresividad. De tal manera, que al
encontrarse el actor sujeto al régimen anualizado de cesantías desde el año
201343, no solo cuenta con la prestación, sino con la garantía de que, a falta
de su efectivo cumplimiento, se cause a su favor la sanción moratoria hasta
la extinción total de la obligación.

2. Ahora, si bien esta Corporación ha sido enfática en afirmar que del texto del
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no se desprende la sanción
moratoria cuando la liquidación y consignación resulta deficitaria, y no ha
diferenciado cuando lo acontecido es producto de una reliquidación o ajuste
por monto y liquidación incompleta del periodo anual laborado, tratándose
del régimen de liquidación anual de cesantías, no existe duda que tal
circunstancia desconoce, que el cumplimiento de una obligación y por lo

42 Folio 24 del expediente físico.
43 A partir de su vinculación a la Rama Judicial.

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tanto su extinción de conformidad con lo previsto en el artículos 1625 y 1626
del Código Civil, se produce por su pago total.

Disponen las normas citadas lo siguiente:
«Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente
de lo suyo, consientan en darla por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1o.) Por la solución o pago efectivo.

[...]»

«Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se
debe.»

A la luz del precitado artículo 1626 del Código Civil, por pago completo se
entiende el efectivo cumplimiento de lo que se debe o dicho de otra manera,
es la consumación de las obligaciones con el cual el deudor extingue las
obligaciones que posee con su deudor, mientras que el pago parcial se
refiere a una porción de lo que se debe, véase que el artículo 1649 de la
norma civil estipula que «el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba
por partes lo que se le deba».

Por lo que, al evidenciarse un pago incompleto, no es posible afirmar
conforme a la norma civil, que se cumplió con la obligación al consignar en
la fecha prevista en la ley, el valor correspondiente a un periodo de la
anualidad laborada, pues la norma contentiva de la obligación consagra que
«El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente», es decir, por todo el
periodo laborado, lo que da lugar a la sanción moratoria por el
incumplimiento de la norma.

Por lo tanto, precisa la Sala que no se está frente al supuesto del ajuste de
cesantías por desconocimiento de factores salariales o por incrementos
salariales tardíos, sino frente a un pago incompleto o deficitario de las
cesantías, producto del desconocimiento del tiempo total laborado por el
servidor, que sin duda alguna conlleva al desconocimiento de la norma.

3. Considerar cumplida la obligación pese a que no fue liquidada la cesantía
del servidor público por todo el tiempo laborado durante la anualidad de
2016, desnaturaliza el cumplimiento de la obligación laboral, pues libre de
todo apremio, deja su cumplimiento al arbitrio del empleador, quien por
desgreño administrativo u otra razón, no realiza la liquidación y consignación
del dinero oportunamente.

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4. Los principios “in dubio pro-operario” y “progresividad”, que rigen las
relaciones laborales, resultan sacrificados, pues a pesar de no constituir la
sanción moratoria una prestación social, su finalidad no es otra que hacer
efectivo el cumplimiento de la prestación social, a la que como se dijo en
líneas anteriores tanto la legislación como la jurisprudencia le han reconocido
una especial connotación.

5. La no liquidación y consignación de la cesantía por todo el periodo anual
laborado por el servidor dentro del término legal, constituye sin duda el
incumplimiento de la prestación por parte de su empleador. Máxime, que los
fondos de cesantías generan un beneficio económico producto de la
afiliación y disposición de dichos dineros conforme a una rentabilidad
regulada en la normatividad, que resulta afectada por su pago incompleto, lo
que impacta negativamente el patrimonio del servidor público.44

6. De conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 10 del Decreto
1045 de 197845 y la jurisprudencia de esta Corporación, no existe solución
de continuidad, pues lo advertido es el cambio de cargos en la anualidad.

Postura que en el caso bajo estudio se fundamenta, en lo siguiente:

1. Dentro de la oportunidad legal, el actor interpuso recurso contra la decisión
que le reconoció en forma incompleta sus cesantías anualizadas del año
2016.
2. Producto de dicho recurso, obtuvo una nueva liquidación con la inclusión del
periodo omitido, esto es, desde el 1° de enero al 6 de abril del año 2016, por
haber laborado sin solución de continuidad en la rama judicial en el cargo de
escribiente en el Juzgado Setenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá.
3. Y la consignación completa de las cesantías del año 2016, solo se produjo
hasta el 20 de diciembre de 2017, esto es, 10 meses después del término
legal.

El señor Gustavo Montealegre Lozano desempeñó varios cargos en la Rama
Judicial en el año 2016, sin solución de continuidad, pues no existió interrupción
del servicio entre uno y otro cargo.

44 Fedesarrollo. Documento final Efectos sobre el mercado laboral de la Ley 50 de 1990. abril de 1995. «Para

solucionar este problema, la Ley 50 creó los” Fondos de Cesantías”, donde el empleador coloca anualmente
el monto de las cesantías adeudada a sus trabajadores más el 12% de interés cancelando así, año a año,
el pasivo prestacional por ese concepto. El fondo de cesantías tiene la obligación de pagarle al trabajador
un interés, como mínimo igual al DTF.
De acuerdo con la Ley 50, la rentabilidad mínima que pagan los fondos al trabajador debe ser igual al DTF,
si la rentabilidad que obtiene el fondo es inferior, debe responder con su propio patrimonio o con la reserva
de estabilización de rendimientos que obliga la Superintendencia Bancaria. Si los rendimientos son
superiores al DTF, puede cobrar comisión.»
45 ARTICULO 10. DEL TIEMPO DE SERVICIOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO A VACACIONES. Para

el reconocimiento y pago de vacaciones se computará el tiempo servido en todos los organismos a que
se refiere el artículo 2o de este decreto, siempre que no haya solución de continuidad. Se entenderá que
hubo solución de continuidad cuando medien más de quince días hábiles de interrupción en el servicio a
una y otra entidad.
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Así las cosas, al tener acreditado que la entidad demandada consignó las
cesantías de la anualidad 2016 del actor por fuera de la fecha prevista en la
norma; concluye la Sala que se causó la sanción moratoria solicitada hasta el 20
de diciembre de 2017, cuando se produjo la consignación total de las cesantías.

Por lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia del 28 de febrero de 2020
que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar acceder a la sanción
moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de retardo por el lapso
transcurrido entre el 15 de febrero y el 19 de diciembre de 2017, para un total de
307 días, la cual deberá ser liquidada con base en la asignación básica que
devengaba el demandante al momento en que se causó la sanción.

Las sumas reconocidas serán ajustadas tomando como base el índice de precios
al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente que
cesó la causación de la sanción moratoria (20 de diciembre de 2017 por ser este
el día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia, y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192
y 195.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 188 del CPACA -norma vigente al
momento de proferirse la sentencia- en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso, se condenará en costas en primera instancia a la
parte vencida al encontrarse acreditada las agencias en derecho, las cuales
deberán ser liquidadas por el secretario del Tribunal de primera instancia
conforme el artículo 366 del CGP y el Acuerdo PSAA16 – 10554 del 5 de agosto
de 2016.

Por último, se confirmará el ordinal primero de la sentencia apelada, que declaró
la existencia del acto ficto o presunto, producto de la petición realizada por el
demandante en fecha del 20 de octubre de 2017.

4. Condena en costas

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
parte vencida; si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, no puede
observarse que la contestación de la demanda y el actuar de la entidad
demandada dentro del plenario hubiesen sido presentados con carencia de
fundamentación legal. Por el contrario, ejercieron su derecho y apoyaron su

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defensa en la jurisprudencia vigente para obtener la confirmación de la
providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Revocar parcialmente la sentencia del del 28 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-
Subsección “D”, mediante los cuales se negaron las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. En su lugar:

SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado ante la falta
de respuesta a la petición del 20 de octubre de 2017, mediante el cual la Nación
• Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación completa
de las cesantías anuales del año 2016.

TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenar
a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
reconocer y pagar a favor del señor Gustavo Andrés Montealegre Lozano, la
sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, de forma completa
equivalente a un día de salario por cada día de retardo, por el periodo
comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 19 de diciembre de 2017, para
un total de 307 días, la cual deberá ser liquidada con base en la asignación
básica que devengaba el demandante al momento en que se causó la sanción.

CUARTO. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice
de precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día
siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (20 de diciembre de
2017 por ser este el día en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de
ejecutoria de la sentencia.

QUINTO. Condenar en costas en primera instancia a la parte vencida, conforme
las motivaciones de esta providencia.

SEXTO. Confirmar el ordinal primero de la sentencia del 28 de febrero de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda-
Subsección “D”, mediante el cual se declaró la existencia del acto ficto o presunto
generado por la falta de respuesta a la petición del 20 de octubre de 2017,
conforme las motivaciones expuestas en la parte considerativa.

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SÉPTIMO. La sentencia se cumplirá, de conformidad con lo indicado en el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenado, el ente
demandado, al pago de los intereses previstos en el artículo 195, de la norma en
comento.

OCTAVO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
las motivaciones de esta providencia.

NOVENO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
(Con salvamento de voto) Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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