Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01347-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01347-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01347-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de febrero de 2025
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01347-01
Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-01347-01 (3117-2022)
Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Temas: Sanción moratoria por consignación incompleta de cesantías
anuales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó las pretensiones de la demanda.
El conocimiento del presente asunto tiene su origen en el auto del 10 de julio de 2024,
donde se ordenó la remisión de este proceso al despacho del magistrado ponente de
esta decisión, para la elaboración de una ponencia, al no haber obtenido el proyecto
inicial la mayoría requerida para su aprobación.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones de la demanda.
El señor Jonathan Narváez Ramírez por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del acto
ficto o presunto negativo por la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a la petición presentada el 22 de marzo de 2019.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria desde el 15 de
febrero de 2019 y hasta que se acredite la consignación total, por la no consignación
de las cesantías correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de enero y e 24
de junio de 2018 ii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
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Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
187, 192 y 195 del CPACA y, iii) se condene en costas y agencias en derecho a la
entidad demandada.
1.1. Hechos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
El 22 de marzo de 2019, el señor Jonathan Narváez Ramírez solicitó ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Cali el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 24 de junio de 2018, los
intereses correspondientes y la sanción moratoria establecida en el parágrafo 5° de la
Ley 1071 de 2006, por su no consignación dentro de los términos de ley.
La entidad demandada mediante la Resolución DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre
de 2019, al resolver los recursos de reposición presentados contra todos los actos
administrativos1, ordenó el pago de las cesantías definitivas por el periodo del 1° de
enero al 24 de junio de 2018, por un valor de 2.047.202 COP y, condicionó su pago a
través de la oficina de talento humano, evento que a la fecha de presentación de la
demanda no se ha realizado.
Sin embargo, como nada se dijo sobre la sanción moratoria por no haber consignado
las cesantías dentro de la oportunidad legal para ello, se configuró el silencio
administrativo negativo.
1.2. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 6, 13, 29, 53, 83,
121, 123, 209, 230 y 241 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; inciso
7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996; 42 del Decreto 1042 de 1968; 1 y 2 de la Ley
244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y 102, 155, 157 y 138 de la Ley 1437 de
2011.
En síntesis, en el concepto de violación expuso que la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, determinó el derecho a recibir un día de salario por cada día
de retardo hasta que se hiciera efectivo el pago de las cesantías.
La intención del legislador con las normas en mención fue buscar que una vez el
trabajador quedara cesante en su empleo, pudiera obtener los recursos para mitigar la
ostensible rebaja de sus ingresos.
Explicó que las cesantías anualizadas son una prestación imprescriptible, que la
sanción moratoria está sometida al fenómeno de la prescripción trienal, que la mora
1 Resoluciones 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 y 2340 del 5 de enero de 2019. Aquí se reclamó el pago del auxilio
de cesantías por el periodo comprendido entre el 25 de junio y el 31 de diciembre de 2018.
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se produce desde el 15 de febrero de 2019 y hasta cuando se produce la
desvinculación del servicio.
1.3. Contestación de la demanda
La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial2 se
opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, por
carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.
Luego de pronunciarse sobre los hechos de la demanda, puntualizó lo siguiente:
«Mediante Resolución 2335 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía DEFINITIVAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 25 de junio al 13 de julio de 2018, la suma de $245.735.
Mediante Resolución 2336 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía DEFINITIVAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 14 de julio al 22 de julio de 2018, la suma de $85.925.
Mediante Resolución 2337 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía DEFINITIVAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 23 de julio al 19 de agosto de 2018, la suma de $350.678.
Mediante Resolución 2338 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía DEFINITIVAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 20 de agosto al 18 de noviembre de 2018, la suma de $896.371.
Mediante Resolución 2339 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía DEFINITIVAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 19 de noviembre al 22 de noviembre de 2018, la suma de $51.325.
Mediante Resolución 2340 del 5 de enero de 2019 “Por la cual se liquida y reconoce
un auxilio de cesantía ANUALIZADAS” se le reconoce por el periodo comprendido entre
el 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, la suma de $370.940.
El señor Jonathan Narváez Ramírez, durante la vigencia 2018, se desempeñó en
provisionalidad en los siguientes periodos: a) Entre el 1º de enero al 24 de junio de
2018. b) Entre el 25 de junio al 13 de julio de 2018. c) Entre el 14 de julio al 22 de julio
de 2018. d) Entre el 23 de julio al 19 de agosto de 2018. e) Entre el 20 de agosto a 18
de noviembre de 2018. f) Entre el 19 de noviembre al 22 de noviembre de 2018. g)
Entre el 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.
Que los periodos a y f, se le debía liquidar como CESANTÍAS DEFINITIVAS y el periodo
g, como CESANTÍAS ANUALIZADAS.
En virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, la liquidación de las cesantías definitivas
procede en cualquier tiempo por la terminación de la relación laboral, en el presente
caso se advierte que los vínculos laborales del demandante fueron interrumpidos, es
decir, se surtieron con solución de continuidad, y en relación con la no solución de
continuidad, la misma debe estar consagrada en la ley y para el caso concreto no es
dable aplicar la continuidad en lo relativo al régimen de cesantías del hoy demandante.»
2 Folios 36 a 51 del expediente físico.
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En consecuencia, al actor se le liquidó cada periodo de manera independiente,
teniendo en cuenta el cargo desempeñado y los factores salariales, sin que fuera
posible la acumulación de tiempos, ni promediar los salarios.
Ahora, una vez revisados los periodos y sumas dinerarias liquidadas y pagadas, se
corroboró que no se liquidó el periodo comprendido entre el 1° de enero al 24 de junio
de 2018, por lo que le fue liquidado el auxilio de cesantías con saldo a favor por valor
de $2.047.202 a través de la Resolución DESAJCLR19-7209; empero los periodos y
valores enunciados en las Resoluciones 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 y 2340 del 5
de enero de 2019, fueron bien liquidados.
Por otra parte, precisó que el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores
de la Rama Judicial es el contenido en el Decreto 3118 de 1968.
No procede la sanción moratoria cuando se trata de reliquidación de cesantías
parciales, como ocurre en el presente caso, ya que no hay mala fe respecto del
empleador.
Propuso las excepciones de: “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de causa
para demandar” y la “innominada o genérica”.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 11 de noviembre
de 20213 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida,
con base en los siguientes argumentos.
Adujo que en la demanda se partió de un concepto equivocado respecto de la sanción
moratoria, puesto que se solicitó el reconocimiento de la indemnización prevista en el
parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 al no haberse consignado la totalidad
de las cesantías correspondiente al periodo de 2018 antes del 15 de febrero de 2019.
Pese a lo anterior, aclaró que el demandante busca el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación extemporánea del
auxilio de cesantías y no la indemnización moratoria por el no pago o pago tardío
de las cesantías, cuya disposición legal es la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006. Por lo que, en garantía del principio de congruencia analizó de fondo el
asunto.
De conformidad con el acervo probatorio obrante en el plenario, encontró que el
demandante es beneficiario del sistema de liquidación anualizado consagrado en la
Ley 50 de 1990, pues su vinculación a la Rama Judicial se efectuó en el año 2004.
3 Folios 85 a 96 del expediente físico.
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Ahora, a pesar de estar acreditado que en el año 2018 el actor laboró en la Rama
Judicial en diferentes cargos de manera ininterrumpida desde el 1 de enero al 31 de
diciembre, la directora de Administración Judicial Seccional Cali efectuó la liquidación
del auxilio de cesantías correspondiente a cada periodo laborado, pero solo a partir
del 25 de junio del año 2018, a través de las Resoluciones 2335, 2336, 2337, 2338,
2239 y 2340 del 5 de enero de 2019, procediendo a la consignación de estas sumas
liquidadas por concepto de esta prestación en el Fondo de Cesantías Porvenir el día
12 de febrero de 2019.
Inconforme con la liquidación, el señor Narváez Ramírez el 4 de marzo de 2019
presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, solicitando entre otras, que el
auxilio de cesantías se liquidara por todo el año 2018, y dos semanas después (22 de
marzo de 2019) pidió nuevamente la liquidación correspondiente del 1° de enero al 24
de junio de 2018, el reconocimiento de intereses por su pago no oportuno y el pago de
la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por
no haberse consignado en el término establecido en la Ley 50 de 1990.
Al resolver el recurso de reposición la entidad demandada liquidó el auxilio de
cesantías por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 24 de junio de 2018.
No obstante, afirmó que no procede el reconocimiento de la sanción moratoria, toda
vez que la entidad demandada consignó dentro del término previsto en la Ley 50 de
1990, la liquidación del auxilio de cesantías efectuada por el año 2018, y si bien, el
señor Jonathan Narváez estuvo inconforme con la liquidación, esta divergencia, no
está prevista como causal para imponer esta indemnización, toda vez que, esta
sanción no es accesoria a la prerrogativa laboral y no depende directamente de su
reconocimiento.
Por ello, tratándose de una reclamación frente a la indebida liquidación de la
prestación, no procede el pago de esta penalidad, porque, de acuerdo a lo previsto en
la Ley 50 de 1990, esta surge únicamente en el evento en que el empleador no cumpla
la obligación de realizar el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada vigencia
fiscal, situación que no se ajusta a lo acontecido en el asunto bajo estudio.
1.5. Recurso de apelación
El apoderado de la parte demandante4 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia primera instancia. En su escrito se mostró inconforme con la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca porque a su juicio se
presentó: 1) indebido planteamiento del problema jurídico, 2) indebida aplicación del
precedente jurisprudencial, 3) insuficiente valoración probatoria, 4) desconocimiento
de las cesantías anualizadas, 5) solución de continuidad, 6) no se trata de reliquidación
de cesantías, 7) jurisprudencia de unificación y 8) prescripción y sanción moratoria.
4 Folios 100 a 105 del expediente físico.
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En cuanto al primer punto, afirmó no se trata de una liquidación o reliquidación de
cesantías, porque es la misma administración la que reconoce su error y ordena el
pago del periodo no liquidado mediante acto administrativo del 1° de octubre de 2019,
es decir mucho tiempo después del 14 de febrero.
Con relación al segundo reparo, adujo que, pese a que el a quo consideró que no
procede la sanción moratoria, con base en la sentencia de unificación del 20 de
septiembre de 2019, en el asunto materia de estudio, sí es aplicable la sanción
moratoria que regula la Ley 50 de 1990, puesto que hasta la fecha no se ha producido
pago alguno por parte de la administración del periodo comprendido entre el 1° de
enero al 24 de junio de 2018.
Tesis que es avalada por las sentencias del 25 de febrero y agosto de 2016, proferidas
por el Consejo de Estado
Frente al tercer reparo, se indicó que en la sentencia se relacionó el certificado
expedido por el Fondo Privado de Cesantías Porvenir S.A, el día 13 de marzo de 2020,
en el que consta que para el año 2019 no fueron consignadas las cesantías y mucho
menos después de la Resolución DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre de 2019.
Las sumas que aparecen ahí consignadas con fecha del 12 de febrero de 2019, por
valor 1.967.452 COP y 35.523 COP suman un total de 2.002.948 COP, valor que
corresponde a los dineros reconocidos en las Resoluciones 2335, 2336, 2337, 2338,
2339 y 2340 del 5 de enero de 2019. Pero de ninguna manera se debe confundir con
el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 24 de junio de 2019, los cuales no
han sido consignados.
Respecto a los puntos cuarto y quinto, indicó que no se está en presencia de cesantías
definitivas, sino anualizadas. Ello, porque el señor Narváez Ramírez no terminó su
vínculo en el año 2018, es decir que no hubo solución de continuidad entre los
nombramientos.
Por último, sobre los puntos 6, 7 y 8 explicó que la sanción moratoria está sometida al
fenómeno de la prescripción, pero en este caso se interrumpió y el salario a tener en
cuenta para liquidar la sanción moratoria es el devengado al momento de la causación
de la mora.
1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Por medio del auto del 12 de julio de 20225 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público guardaron
silencio.
5 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.
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Ahora, mediante providencia del 12 de septiembre de 20246 se profirió auto con el fin
de requerir a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para que certificara la
fecha en que consignó la totalidad de las cesantías anualizadas del 2018 del señor
Jonathan Narváez Ramírez, con el fin de limitar un posible restablecimiento.
En respuesta a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Seccional Valle del Cauca allegó el certificado de Porvenir que da cuenta de los
movimientos entre el señor Jonathan Narváez Ramírez y la DEAJ. Donde se observa
que el valor de 2.047.202 COP fue puesto a disposición del actor el día 20 de abril de
2022.
Por su parte, el demandante informó que si bien la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Seccional Valle del Cauca mediante la Resolución
DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre de 2019, ordenó el pago de 2.047.202 COP
correspondiente al periodo de cesantías del 1° de enero al 24 de junio de 2018, solo
hasta el 20 de abril de 2022 consignó dicho valor.
Además, aportó: i) la Resolución DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre de 2019, ii) la
Resolución DESAJCLR22-994 del 31 de marzo de 2022, iii) el certificado de cesantías
expedido por Porvenir que da cuenta la consignación de 2.047.202 COP el día 20 de
abril de 2022.
Documentos a los que se les corrió traslado el 10 de diciembre de 2024 7 conforme el
artículo 110 del Código General del Proceso, y ninguna de las partes emitió
pronunciamiento.
Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma,
sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se procederá
a resolver las apelaciones, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2. Competencia
Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de
acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo8.
De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto
6 PDF 21 del expediente digital.
7 PDF 32 y 33 del expediente digital.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó
recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso.
2.1. Problema jurídico
Le corresponde a la Subsección determinar si procede el reconocimiento de la sanción
moratoria, contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 producto de la
consignación parcial o incompleta de las cesantías correspondientes a la anualidad
2018, antes del 15 de febrero de 2019, o si hay lugar a confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará los
siguientes temas: 2.2. Cesantías, 2.3. Régimen anualizado de cesantías. 2.4
Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial, 2.5. Interpretación del numeral
3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, 2.6. Caso concreto.
2.2. Cesantías
El auxilio de cesantías es una prestación social, que se constituye como un ahorro
para el trabajador, que lo beneficia a él y a su núcleo familiar en tanto es una ayuda
económica, no solo en caso de encontrarse cesante el trabajador, sino «en lo que
concierne a educación superior y vivienda, que el trabajador tenga un respaldo que no
comprometa los recursos que requiere para su mínimo vital9.»
La Corte Constitucional ha resaltado con relación a la cesantía, que dentro de los
principios mínimos fundamentales que rigen la relación laboral, está el pago de las
acreencias laborales, emolumentos que persiguen fines en torno a la dignidad humana
y la manutención familiar en el marco de las relaciones laborales, y dentro de esas
prestaciones se encuentra el auxilio de cesantía10.
Con relación a esta prestación la misma Corporación, ha dicho que dado su contenido
opera el principio de progresividad y la prohibición de regresividad.
La Ley 6 de 194511 en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año
de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a),
ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente12.
9 SU 448 de 2016, SU 098-18.
10 Sentencia C-486 de 2016.
11 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo»
12 La Ley 65 de 1946, en el artículo 1º, consagró tal derecho a favor de todos los servidores públicos.
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Por su parte, el Decreto 1160 de 1947 extendió el auxilio de cesantías para los
empleados y obreros al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder
público, concretamente en su artículo 6, consagró que para liquidar las cesantías se
tomará como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
2.3. Régimen anualizado de cesantías
Con el Decreto Ley 3118 de 1968, se creó el Fondo Nacional del Ahorro 13, que se
encargaría de administrar las cesantías de los empleados públicos y trabajadores de
los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos
públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional,
estableciendo en el artículo 27, la novedad de un régimen anualizado, en los siguientes
términos:
«Artículo 27°Liquidaciones anuales. Cada año calendario, contado a partir del 1 de
enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán
las cesantías que anualmente se causen en favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.»
La consignación de la prestación se dirige a cuentas individuales de los empleados tal
como lo dispuso el artículo 34 ibidem, en la forma prevista en el artículo 49, que regula
lo siguiente:
«Artículo 49°Consignaciones anuales. La Nación, los establecimientos públicos y las
empresas industriales y comerciales del Estado deberán consignar en el Fondo
Nacional de Ahorro las cesantías que a partir del 1 de enero de 1969 se causen en
favor de sus empleados y trabajadores.
Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplirá de la siguiente
a) Mensualmente, las entidades en referencia, deberán depositar en el Fondo una
doceava parte del valor de los pagos en favor de sus empleados y trabajadores por
salarios y demás conceptos que se incluyan dentro de la base para liquidar el auxilio
de cesantía, y
b) Dentro de los primeros tres (3) meses de cada año, las referidas entidades
depositarán en el Fondo la diferencia que resulta entre la liquidación de que trata el
artículo 27 y las sumas depositadas en desarrollo del literal anterior; o tendrán derecho
a que el Fondo les abone en cuenta el exceso de lo depositado sobre la liquidación.»
Lo expuesto en párrafos anteriores, corresponde a la constitución del régimen
anualizado de cesantías especial bajo la administración de dicho fondo, que hoy
13 Artículo 1° del mencionado Decreto.
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subsiste, acorde la Ley 432 de 1998, y que regula de forma diferente la causación de
los intereses de esa prestación, así como el destino de éstos.
Acto seguido, el artículo 13 de la Ley 344 de 199614, respecto de las cesantías dispuso
lo siguiente:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen
a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
Parágrafo. - El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.»
Con la expedición de dicha ley, se introdujo al sector público el régimen anualizado de
cesantías establecido inicialmente sólo para particulares en la Ley 50 de 1990
modificatoria del Código Sustantivo del Trabajo, el que se extendió incluso a los
servidores públicos del orden territorial mediante el Decreto 1582 de 199815.
La Ley 50 de 199016, consagró en el artículo 99, el nuevo régimen especial de
cesantías, así:
«Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que
se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo.
14 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
15 «Artículo 1.°. - El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial
y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto
en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos
del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas
pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo
Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo
6 de la Ley 432 de 1998»
16 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
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4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma
naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.
6ª. Los Fondos de Cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se
autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicta el Gobierno
Nacional, en orden a:
a. Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en
todo el territorio nacional;
b. Garantizar que la mayor parte de los recursos captados para orientarse hacia el
financiamiento de actividades productivas.
7ª. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta Ley, continuarán
regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de
cesantía.
Parágrafo. - En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y
consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes
Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías autorizadas para funcionar, el
Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las
instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las
funciones de Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantía.» (Negrilla y
Subrayado fuera de texto original).
Norma que dispuso, en su numeral 3 una sanción en caso de mora en la consignación
del valor liquidado en la cuenta individual, liquidación que conforme al numeral 1°, se
debe realizar cada 31 de diciembre de la respectiva anualidad laborada o la fracción
correspondiente.
2.4. Régimen aplicable a los servidores de la Rama Judicial
A efectos de precisar el régimen de cesantías aplicable a los servidores de la Rama
Judicial, conviene recordar lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación17 al respecto:
«...esta Sala ha precisado (Concepto 1777 de 2006) que en materia de cesantías ha
existido un “régimen retroactivo de cesantías, que consiste en que esta prestación se
liquida con base en el último salario devengado, a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicios, …” Dicho régimen fue modificado para la rama ejecutiva del poder
público del orden nacional por virtud del Decreto 3118 de 1968, que dispuso la
liquidación anual de la prestación y reconoció intereses a la misma, y para los
servidores de la rama judicial por la Ley 33 de 1985, la cual dispuso para los que se
vincularán a partir del 1º de enero de 1985 un régimen de liquidación anual definitiva
con intereses.»
En esta materia el artículo 7º de la Ley 33 de 1985 dispuso:
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. c p: Juan Pablo Cárdenas Mejía de 16 de agosto de 2018
radicación: 11001-03-06-000-2018-00075-00(2375)
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«Artículo 7o. Las entidades que en la actualidad pagan cesantías a través de la Caja
Nacional de Previsión asumirán directamente el pago de dicha prestación a partir del
1o de enero de 1985. Sin embargo, la Caja pagará cesantías a los empleados oficiales
de dichas entidades hasta concurrencia del valor de transferencias que éstas hubieren
efectuado “Quienes a partir del 1o de enero de 1985, ingresen a la Rama Jurisdiccional,
el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional
del Estado Civil y las Notarías, se regirán por las normas del Decreto Extraordinario
3118 de 1968 y las que lo adicionen y reglamenten en lo relacionado con la liquidación
y el pago de sus cesantías».
Así, a partir del 1º de enero de 1985, las personas que ingresen a la Rama Judicial se
rigen en materia de cesantía por el Decreto Extraordinario 3118 de 1968 y las normas
que lo adicionen y reglamenten. Ahora bien, con posterioridad a dicha fecha, el Decreto
57 de 1993, expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus funciones legales
y en desarrollo de las conferidas por el Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, estableció una
serie de reglas sobre el Régimen Salarial y Prestacional para los servidores públicos
de la Rama Judicial y en su artículo 10 dispuso:
«Artículo 10. Las cesantías de los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial
podrán ser administradas por las Sociedades cuya creación se autorizó en la Ley 50
de 1990 o por el Fondo Público que el Consejo Superior de la Judicatura señale. El
Consejo Superior de la Judicatura establecerá las condiciones y requisitos para ello,
en los cuales indicará que los recursos serán girados directamente a dichas
Sociedades o Fondos».
Por su parte el artículo 12 del mismo Decreto dispuso:
«Artículo 12. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal
Militar que tomen la opción establecida en este Decreto o se vinculen por primera vez,
no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, de capacitación y
cualquier otra sobrerremuneración. Las primas de servicios, vacaciones, navidad y las
demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las
cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes. “Las cesantías se regirán
por las normas establecidas en el Decreto extraordinario 3118 de 1968 y las normas
que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, con excepción del pago, el cual se regirá
por lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 33 de 1985” (se subraya).
De esta manera, de conformidad con este Decreto, las cesantías de los servidores
públicos de la rama judicial se sujetan al Decreto 3118 de 1968, que establece el pago
anual y definitivo, y a las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten, pero para
su pago se aplica el artículo 7º de la Ley 33 de 1985».
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 dispuso:
«Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a
los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: “a) El
31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en
fecha diferente por la terminación de la relación laboral; “b) Les serán aplicables las
demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad
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al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente
artículo».
Desde esta perspectiva encuentra la Sala que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996,
que es posterior al Decreto 57 de 1993, complementa el régimen dispuesto por el
Decreto 3118 de 1968 y tiene un alcance general, pues incluyó a todas “las personas
que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado” y sólo exceptuó “al personal
uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”, por lo que claramente
complementa el Decreto 3118 de 1968.
Por consiguiente, a juicio de la Sala dicha norma también es aplicable a la Rama
Judicial.
2.5. Interpretación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Frente a la causación de la mora contenida en el numeral 3 del artículo 99 de Ley 50
de 1990, concretamente producto de la no consignación de un periodo de las cesantías
antes del 15 de febrero de la siguiente anualidad, existen diferencias en la
interpretación que sobre el particular había adoptado esta Corporación y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
La Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos cuyo supuesto fáctico es
similar al analizado, ha considerado lo siguiente:
• Sentencia de 10 de febrero de 2022, la Subsección “B” -Sección Segunda se
consideró lo siguiente18:
«19. El legislador estableció una sanción económica para los eventos en que ocurra el
pago tardío de las cesantías, que debe ser liquidada y reconocida mediante acto
administrativo en firme, equivalente a un día de retardo por cada día de mora hasta que
se haga efectivo su pago.
20. De la misma manera, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, consagra lo referente al
pago de las cesantías y a su vez, la sanción moratoria por incumplir dicho pago dentro
del término estipulado14:
[...]
21. Con base en la norma expuesta, se establece que la sanción moratoria es un
castigo o penalidad impuesta por el legislador para el empleador por no consignar
oportunamente las cesantías en el fondo, la cual consiste en un día de salario por cada
día de retardo en la consignación de las cesantías. El plazo para consignar las
cesantías al fondo de cesantías, vence el 14 de febrero de cada año, así que la sanción
corre desde el 15 de febrero hasta que se realice la consignación.
Análisis del caso concreto.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2022, C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, Radicado 25000-23-42-000-2018-02833-01 (0612-2021).
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22. Ahora bien, como se extrae del tenor literal de la norma, la reclamación de la
sanción moratoria surge ante el incumplimiento del empleador al deber de consignar
las cesantías anualizadas al servidor en la fecha determinada por la ley, por cada
periodo anual servido, que como se vio, es a más tardar el 14 de febrero del año
siguiente al liquidado. Este supuesto fáctico no se configura en el presente caso, ya
que no se presentó tal incumplimiento, pues la entidad demandada consignó las
cesantías de la actora el 14 de febrero de 2017, por la suma de $ 1.144.980, monto
que fue modificado por la Resolución No. 6447 del 17 de octubre de 2017, por la suma
de $ 5.325.649, el 20 de diciembre de 2017.
23. Si bien la entidad demandada incurrió en error al realizar el cálculo y
liquidación de las cesantías de la demandante para el año 2016, porque no liquidó
diez meses servidos que corresponden a los meses de enero a octubre del mismo
año, no puede confundirse la situación fáctica que genera la sanción moratoria
establecida por la ley, con el pago de reliquidación después de desatar la
discusión sobre el monto consignado. La sanción moratoria es una penalidad para
el Estado – empleador, por su incumplimiento en la consignación de las cesantías en
el respectivo fondo, en tiempo oportuno, consistente en el pago de un día de salario
por cada día de retardo; de manera que solo la ausencia en el pago de las cesantías
es la castigada con la mora. Por consiguiente, no puede extenderse la sanción
cuando se presenta una discusión sobre ese monto que puede, a su turno,
generar o no un reajuste.
24. En ese sentido, no es posible crear una segunda regla de derecho para decir
que cuando hay discusión sobre el monto liquidado, si el recurso prospera, ello
indica mora en el pago; dicha mora se ha fijado por el legislador para castigar o
sancionar a la entidad que omitió el pago, no para el caso inconsistente en la
liquidación. Recuérdese que esta es una sanción pecuniaria de reserva legal, de modo
que por vía de interpretación no puede extenderse la sanción moratoria a los valores
complementarios de la liquidación inicial que fue satisfecha en tiempo.
25. Dilucidado lo anterior, la sanción moratoria no tiene el alcance que pretende
endilgarle la actora para extenderla a los eventos en que hubo lugar a un reajuste de
las cesantías por inconsistencia en el monto liquidado o discutido al tiempo de
liquidación. De igual forma, el nuevo valor correspondiente a la reliquidación se genera
con ocasión de la controversia que la actora provocó al punto que le fue modificado por
la administración el acto de reconocimiento aceptando sus argumentos, pero sin que
ello encuadre en la descripción de la norma que regula la penalidad.»19 (Negrilla y
subrayado fuera de texto original)
• La misma subsección en recientes sentencias del 6 de octubre de 2022 20 y 9
de febrero de 202321, iteró la anterior postura. Así:
«2.2.1. Reglas Jurisprudenciales sentadas en la Sentencia de Unificación CE-
SUJ-SII-022-2020 proferida por la Sección Segunda de la Corporación el 6 de
agosto de 2020.
La Sección Segunda de la Corporación, mediante providencia del 6 de agosto de 2020,
dictó la siguiente Sentencia de Unificación con las reglas de jurisprudencia
19 Transcripción con posibles errores incluidos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2022, C.P. César Palomino
Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2018-01693-01 (3168-2020).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2023, C.P. César Palomino
Cortés, Radicado 25000-23-42-000-2019-00444-01 (0062-2021
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relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de
cesantías anualizadas:
“PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de
Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su
causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende,
la reclamación administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so
pena de configurarse la prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación
de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de
1990 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el
empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su
causación para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so
pena de su extinción”.
La anterior decisión tuvo como fundamento el hecho que la Sección Segunda, mediante
Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016[1], fijó la regla
jurisprudencial según la cual la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo
señalado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[2],
esto es, que la reclamación del empleado sobre un derecho o prestación debida, tendrá
que efectuarse dentro de los 3 años, so pena de la prescripción, término que es
susceptible de interrupción a través del simple reclamo escrito del trabajador, pero solo
por un lapso igual, es decir, un trienio. Sin embargo, la forma como debe computarse
la prescripción de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
anualizadas no ha sido pacífica entre las Subsecciones A y B de la Sección Segunda
y, por lo tanto, debía aclararse[3].
Que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es claro en señalar la sanción moratoria como
una de las características del nuevo régimen de cesantías, así: “(…)3. El valor liquidado
por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en
cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija.
El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
día de retardo”.
Que el término prescriptivo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible,
el cual, de manera concreta, en las obligaciones sometidas a plazo, surge a partir del
vencimiento de éste[4]. En consecuencia, la causación de la sanción por mora por falta
de consignación de las cesantías anualizadas ocurre al día siguiente al del vencimiento
de la oportunidad que tiene la Administración para proceder en tal sentido, esto es, 15
de febrero siguiente a la anualidad que causó la cesantía (plazo fijado por el
ordenamiento). Aclaró que este momento es el parámetro cierto y determinado que
permite el nacimiento de la penalidad que, sin ser un derecho, beneficia al empleado.
Precisó que la causación de la sanción por mora es totalmente independiente a la
prestación social. El nacimiento de la sanción por mora no está condicionado al
reconocimiento de la cesantía, ocurriendo de pleno derecho por el incumplimiento del
pago por parte del empleador dentro de los términos de ley. Sin embargo, ello no se
confunde con la extensión de la penalidad en el tiempo, que sí está directamente
asociada a que se efectúe la cancelación de la prestación social. El pago de las
cesantías, ante la causación eventual de la moratoria, ocasiona que ésta cese, no que
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se extinga, como sí ocurre con la prescripción una vez transcurridos los 3 años
establecidos en el artículo 151 del CPTSS.
A juicio de la Subsección, si bien estas reglas de unificación se establecieron respecto
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas reguladas por
la Ley 50 de 1990, son igualmente aplicables frente a la sanción relativa al
reconocimiento y pago extemporáneo de cesantías definitivas o parciales, regidas por
las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pues lo que varía en estos casos es el momento
en que se hace exigible la sanción moratoria, y no, el criterio cómo debe contarse la
prescripción a partir de su exigibilidad.
[...]
Pues bien, de acuerdo con los hechos probados y según las reglas jurisprudenciales
señaladas en líneas atrás, la Sala advierte que la accionante tiene derecho a reclamar
la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías anualizadas, teniendo en
cuenta que por la fecha de su vinculación (1 de enero de 2016) es beneficiaria del tal
régimen.
Empero, la sanción moratoria solo se causa conforme los presupuestos
establecidos por el legislador; esto es, al estar regida entonces por el principio
de legalidad, su aplicación no puede ser extensiva o analógica a supuestos no
contemplados en la norma, como es el caso del reajuste de las cesantías.
Por consiguiente, por el hecho del reajuste de las cesantías no procede el
reconocimiento de la sanción pretendida; pues, la jurisprudencia de esta
Colegiatura ha sido clara en señalar que una indebida liquidación de las
cesantías no implica que el empleador haya incurrido en mora, “de manera que el
hecho de que la administración haya liquidado un monto por cesantías definitivas que
luego haya sido objeto de un reajuste, no conlleva a determinar que desde la fecha de
la solicitud de reconocimiento de la prestación hasta el pago de la misma, no se hayan
cumplido con los términos establecidos por la ley para tal efecto (…) pues una cosa es
efectuar liquidación y cancelación de acuerdo con las directrices tomadas por la entidad
demandada en su momento y otra es reconocer fuera del plazo determinado la
prestación aludida» (Negrilla y subrayado fuera de texto original).
• Por su parte, la Subsección “A” de esta Corporación en sentencias del 15 de
julio de 202122 y 3 de febrero de 202223, entre otras, ha coincidido con la Subsección
“B”, al considerar:
«Segundo problema jurídico.
¿Procede la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 cuando se paga
tardíamente una diferencia en la liquidación de las cesantías anualizadas?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la sanción moratoria consagrada en
Ley 50 de 1990 no procede cuando lo que existe es una controversia sobre el
valor pagado, sino solo cuando el pago fue tardío, esto es, con incumplimiento
de los términos señalados en el numeral 3.° del artículo 99 ibidem.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de julio de 2021, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, Radicado 68001-23-33-000-2015-01238-01 (5257-2021).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2022, C.P. William Hernández
Gómez, Radicado 25000-23-42-000-2019-02188-01 (6664-2019).
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Esta Corporación ha sostenido en reiteradas ocasiones que la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías consagrada en la ley referida no procede cuando lo que
sucede es la inoportuna cancelación de una diferencia en la liquidación que debió
pagarse. Al respecto se ha pronunciado en el siguiente sentido 13:»
No obstante, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral ha mantenido
una línea de interpretativa desde la providencia SL 403-2013 del 3 de julio de 2013,
diferente a la expuesta por el Consejo de Estado.
• Concretamente en sentencia SL 1451-2018 del 25 de abril de 2018; se reiteró
lo dicho en la providencia de 3 de julio de 2013; frente a la causación de la sanción
moratoria, por la consignación deficitaria de las cesantías anualizadas.
«El numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 dice:
“3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día
de salario por cada retardo.
De la pretrascrita disposición se extrae la obligación para el empleador de consignar
antes del 15 de febrero del año siguiente, en el fondo respectivo, el valor de la cesantía
liquidada a 31 de diciembre de cada año, so pena de hacerse merecedor de la sanción
consistente en un día de salario por día de retardo.
La severa consecuencia prevista por la citada norma ante el incumplimiento del
empleador de su obligación de consignar las cesantías, como un elemento
característico del nuevo régimen de cesantías que eliminó la retroactividad, indica
la trascendencia que el legislador le quiso dar a dicho pago, no solo en beneficio directo
de cada trabajador a quien le favorece que sus cesantías comiencen a rentar a tiempo
en el respectivo fondo, sino también para garantizar que el sistema de administración
de cesantías creado por misma Ley 50 de 1990 reciba a tiempo los recursos y facilitarle
que pueda cumplir con sus planes de rentabilidad.
Por demás, conforme al principio de la buena fe que ha de regir la ejecución de todos
los contratos de trabajo, artículo 55 del CST, las partes están obligadas “no solo a lo
que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella”.
No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la citada
disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema de cesantías
sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a quo consistente en
que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma automática, para el caso de la
consignación deficitaria de las cesantías al igual que si se hubiese hecho esta de forma
total.
Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación podría traer, pues
bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por cesantías, para
enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho proceder se estaría
perjudicando al trabajador y al sistema de administración de cesantías.
Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a las
cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la retroactividad,
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porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma perentoria, fijó la ley para realizar
la consignación; es claro que la norma ordena la consignación del valor de las
cesantías correspondientes a 31 de diciembre de cada año, antes del 14 de
febrero del año siguiente; si, a esta fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se
está atendiendo el plazo legal, pues es bien sabido que el pago parcial no
extingue la obligación.
Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que conlleva la
exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral 3º del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación deficitaria de cesantías. En esta
dirección, se ha de decir que la consecuencia contenida en el numeral 3º del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 está prevista tanto para el pago parcial como para
el no pago.»
• Sentencia SL5146-2020 7 de octubre de 202024.
«Ahora, el juez de primer grado erró al concebir que la referida indemnización prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 solo era procedente en los casos en los que no
se hacía la consignación de la cesantía, pues la Corte ha precisado que dicha sanción
también opera en los casos en que el empleador realiza la consignación de manera
deficitaria o parcial porque, por ejemplo, no tiene en cuenta el salario realmente
devengado por el trabajador, como sucedió en este caso.
En la sentencia CSJ SL403-2013, reiterada en la decisión CSJ SL1451-2018, se
explicó:
No sería acorde con este principio, ni con el aludido propósito implícito de la citada
disposición que hace parte del conjunto normativo que regula el sistema de cesantías
sin retroactividad, si se aceptase la distinción establecida por el a quo consistente en
que se exceptúan los efectos sancionatorios, de forma automática, para el caso de la
consignación deficitaria de las cesantías al igual que si se hubiese hecho esta de forma
total. Ni que decir de las consecuencias perversas que esta interpretación podría traer,
pues bastaría con que el empleador consignase cualquier valor por cesantías, para
enervar los efectos de la norma, no obstante que con dicho proceder se estaría
perjudicando al trabajador y al sistema de administración de cesantías.
Con tal interpretación se debilitaría la protección que el legislador quiso dar a las
cesantías en el nuevo sistema, en compensación a la pérdida de la retroactividad,
porque se estaría flexibilizando el plazo que, de forma perentoria, fijó la ley para realizar
la consignación; es claro que la norma ordena la consignación del valor de las
cesantías correspondientes a 31 de diciembre de cada año, antes del 14 de febrero
del año siguiente; si, a esta fecha, solo se efectúa un pago parcial, no se está
atendiendo el plazo legal, pues es bien sabido que el pago parcial no extingue la
obligación.
Por lo anterior, esta Sala se aparta de la interpretación del ad quem que conlleva la
exclusión de la aplicación de los efectos contenidos en el numeral 3º del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 para el caso de la consignación deficitaria de cesantías. En esta
dirección, se ha de decir que la consecuencia contenida en el numeral 3º del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 está prevista tanto para el pago parcial como para el no pago.»
24 Radicación n.° 69731 Acta 37 Bogotá, D. C.,
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01347-01
Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
Recientemente con ponencia de este despacho la subsección A, en providencias de 8
de agosto radicado interno 1016-202125 y 21 del año 2024 radicado interno 0443-
202126, en cuanto a la causación de la mora por pago parcial, rectificó el criterio
adoptado por la Corporación, conforme a las siguientes consideraciones:
«De cara a los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y lo acreditado en
el proceso, considera la Sala que le asiste razón al recurrente al afirmar que la
consignación incompleta antes del 15 de febrero de 2017 de la cesantía anualizada
del año 2016 al actor constituye un pago incompleto y en consecuencia da lugar a la
sanción moratoria solicitada
En ese sentido, la Sala rectifica el criterio adoptado en asuntos similares por esta
sección al considerar que la consignación incompleta de la cesantía anualizada del
año 2016 del actor, producto de la liquidación incompleta del año laborado y su
posterior reconocimiento por haber prestado sus servicios a la Rama Judicial en
diferentes cargos y sin solución de continuidad, sí da lugar a la sanción moratoria
contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Conforme a las decisiones citadas en el acápite normativo, esta Corporación
consideraba que, en asuntos como el presente, el pago incompleto correspondía a
una reliquidación o ajuste a las cesantías, y por ende no se genera la sanción
moratoria, no obstante, la Sala fundamenta el criterio adoptado en este asunto, en lo
siguiente:
1. La sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de la cesantía, proviene del incumplimiento de las normas que regulan
el auxilio de cesantía, prestación que constituye un derecho mínimo laboral en favor
del trabajador amparado por el principio de progresividad y en consecuencia la
prohibición de regresividad. De tal manera, que al encontrarse el actor sujeto al
régimen anualizado de cesantías desde el año 201343, no solo cuenta con la
prestación, sino con la garantía de que, a falta de su efectivo cumplimiento, se cause
a su favor la sanción moratoria hasta la extinción total de la obligación.
2. Ahora, si bien esta Corporación ha sido enfática en afirmar que del texto del numeral
3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no se desprende la sanción moratoria cuando
la liquidación y consignación resulta deficitaria, y no ha diferenciado cuando lo
acontecido es producto de una reliquidación o ajuste por monto y liquidación
incompleta del periodo anual laborado, tratándose del régimen de liquidación anual de
cesantías, no existe duda que tal circunstancia desconoce, que el cumplimiento de
una obligación y por lo tanto su extinción de conformidad con lo previsto en el artículos
1625 y 1626 del Código Civil, se produce por su pago total.
Disponen las normas citadas lo siguiente:
«Artículo 1625. Modos de extinción. Toda obligación puede extinguirse por una
convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente
de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. C P: Luis Eduardo
Mesa Nieves Bogotá, D.C., sentencia del 8 de agosto 2024. Radicación: 25000-23-42-000-2018-01694-01(1016-
2021)
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A C.P: Luis Eduardo
Mesa Nieves. Sentencia del 21 de agosto de 2024 radicado 25000-23-42-000-2018-00305-01(0443-2021)
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1o.) Por la solución o pago efectivo.
[...]»
«Artículo 1626. Definición de pago. El pago efectivo es la prestación de lo que se
debe.»
A la luz del precitado artículo 1626 del Código Civil, por pago completo se entiende el
efectivo cumplimiento de lo que se debe o dicho de otra manera, es la consumación
de las obligaciones con el cual el deudor extingue las obligaciones que posee con su
deudor, mientras que el pago parcial se refiere a una porción de lo que se debe, véase
que el artículo 1649 de la norma civil estipula que «el deudor no puede obligar al
acreedor a que reciba por partes lo que se le deba».
Por lo que, al evidenciarse un pago incompleto, no es posible afirmar conforme a la
norma civil, que se cumplió con la obligación al consignar en la fecha prevista en la
ley, el valor correspondiente a un periodo de la anualidad laborada, pues la norma
contentiva de la obligación consagra que «El 31 de diciembre de cada año se hará la
liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente»,
es decir, por todo el periodo laborado, lo que da lugar a la sanción moratoria por el
incumplimiento de la norma.
Por lo tanto, precisa la Sala que no se está frente al supuesto del ajuste de cesantías
por desconocimiento de factores salariales o por incrementos salariales tardíos, sino
frente a un pago incompleto o deficitario de las cesantías, producto del
desconocimiento del tiempo total laborado por el servidor, que sin duda alguna
conlleva al desconocimiento de la norma.
3. Considerar cumplida la obligación pese a que no fue liquidada la cesantía del
servidor público por todo el tiempo laborado durante la anualidad de 2016,
desnaturaliza el cumplimiento de la obligación laboral, pues libre de todo apremio, deja
su cumplimiento al arbitrio del empleador, quien por desgreño administrativo u otra
razón, no realiza la liquidación y consignación del dinero oportunamente.
4. Los principios “in dubio pro-operario” y “progresividad”, que rigen las relaciones
laborales, resultan sacrificados, pues a pesar de no constituir la sanción moratoria una
prestación social, su finalidad no es otra que hacer efectivo el cumplimiento de la
prestación social, a la que como se dijo en líneas anteriores tanto la legislación como
la jurisprudencia le han reconocido una especial connotación.
5. La no liquidación y consignación de la cesantía por todo el periodo anual laborado
por el servidor dentro del término legal, constituye sin duda el incumplimiento de la
prestación por parte de su empleador. Máxime, que los fondos de cesantías generan
un beneficio económico producto de la afiliación y disposición de dichos dineros
conforme a una rentabilidad regulada en la normatividad, que resulta afectada por su
pago incompleto, lo que impacta negativamente el patrimonio del servidor público.44
6. De conformidad con lo previsto en la parte final del artículo 10 del Decreto 1045 de
197845 y la jurisprudencia de esta Corporación, no existe solución de continuidad, pues
lo advertido es el cambio de cargos en la anualidad.»
2.6. Caso concreto
Dentro del material probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala acreditado
que el señor Jonathan Narváez Ramírez en el año 2018 se desempeñó en la Rama
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Judicial, tal como se observa de la Resolución DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre
de 201927, así:
Cargo Fecha de inicio Fecha de finalización
Auxiliar judicial I 1° de enero 24 de junio
Juez municipal 25 de junio 13 de julio
Auxiliar judicial I 14 de julio 22 de julio
Juez municipal 23 de julio 19 de agosto
Auxiliar judicial I 20 de agosto 18 de noviembre
Juez municipal 19 de noviembre 22 de noviembre
Auxiliar judicial I 23 de noviembre 31 de diciembre
De lo anterior, se desprende que el actor trabajó sin interrupción durante toda la
anualidad 2018, por lo que, conforme al régimen anualizado de cesantías, tenía
derecho a que, al 31 de diciembre de ese año, se le liquidara dicha prestación por el
tiempo trabajado, 364 días.
Sin embargo, mediante Resoluciones 233528, 233629, 233730, 233831, 233932 y 234033
del 5 de enero de 2019, fueron liquidadas sus cesantías por el periodo comprendido
entre el 25 de junio y 31 de diciembre de 2018.
Inconforme con lo decidido, el hoy demandante, el 4 de marzo de 201834 interpuso
recurso de reposición solicitando la correcta liquidación de su auxilio de cesantías,
toda vez que no fue incluido el periodo laborado entre el 1° de enero y el 24 de junio
del año 2018.
Comoquiera que no había obtenido respuesta, el 22 de marzo de 201935 el señor
Narváez Ramírez presentó solicitud de pago completo de las cesantías reconocidas,
por la no inclusión del periodo laborado no tenido en cuenta en las liquidaciones
efectuadas. Asimismo, pidió la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006,
equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de
febrero de 2019 hasta el día en que se pagara de manera correcta las cesantías. Sin
embargo, no recibió respuesta.
El recurso de reposición fue resuelto por la DEAJ por medio de la Resolución
DESAJCLR19-7209 del 1° de octubre de 201936, la cual reconoció a favor del señor
Jonathan Narváez Ramírez, la suma de 2.047.202 COP, por concepto de auxilio de
cesantías del periodo comprendido entre el 1° de enero al 24 de junio de 2018.
27 Páginas 4 a 9 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
28 Páginas 35 y 36 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
29 Páginas 37 y 38 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
30 Páginas 39 y 40 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
31 Páginas 41 y 42 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
32 Páginas 43 y 44 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
33 Páginas 45 y 46 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
34 Páginas 10 a 17 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
35 Páginas 21 a 23 del PDF 02 demanda del expediente digital.
36 Páginas 4 a 9 del PDF antecedentes administrativos del expediente digital.
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Esta Sala, de oficio, profirió el auto del 12 de septiembre de 202437 por medio del cual
requirió a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que certificara la fecha
en que fue consignada la totalidad de las cesantías anualizadas del 2018 del señor
Jonathan Narváez Ramírez en el fondo destinado para tal fin.
El jefe de asuntos laborales del área de talento humano de la DEAJ en cumplimiento
del auto de mejor proveer anexó el certificado de aportes de Porvenir, con los
siguientes movimientos38:
Fecha Concepto Aportes Valor Comisión de retiro Gravamen (4x1000)
27/03/2018 ACREDITACIÓN $4.377.806.00 $0.00 $0.00 $0.00
RECAUDO POR
TRASL
12/02/2019 CONSIGNACIÓN $1.967.452.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2018
12/02/2019 CONSIGNACIÓN $35.523.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2018
04/06/2019 RETIRO POR $0.00 $6.585.004.84 $52.680.04 $260340.02
COMPRA DE
VIVIENDA
13/02/2020 CONSIGNACIÓN $4.592.378.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2019
10/02/2021 CONSIGNACIÓN $4.892.462.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2020
07/02/2022 CONSIGNACIÓN $5.026.401.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2021
20/04/2022 CONSIGNACIÓN $2.047.202.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2021
07/02/2023 CONSIGNACIÓN $5.391.690.00 $0.00 $0.00 $0.00
CESANTÍAS 2022
Por su parte, el demandante aportó la Resolución DESAJCLR22-994 del 31 de marzo
de 202239 «por medio de la cual se ordena el pago». En las consideraciones de este
acto administrativo se expuso: «Que, efectuada las revisiones de rigor, se verifica que
a la fecha no se ha hecho efectiva la cancelación de la suma ordenada, esto es
($2.047.202.00), toda vez que la actuación administrativa no había guardado firmeza.
No obstante, como quiera que lo que se discute es la procedencia de la sanción
moratoria, más no el reconocimiento de la reliquidación del auxilio de cesantías o
diferencia que tiene a favor el señor NARVÁEZ RAMÍREZ, se considera dable acceder
favorablemente a lo solicitado.»
En el extracto de cesantías de Porvenir40 se constata que la Rama Judicial consignó
el valor reconocido en el antedicho acto administrativo, el día 20 de abril de 2022, a la
cuenta individual del servidor. Es decir, que la consignación total del auxilio de
cesantías se realizó en esta última fecha.
De cara a los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y, lo acreditado en
el proceso, considera la Sala que le asiste razón al recurrente al afirmar que la
consignación incompleta antes del 15 de febrero de 2019 de la cesantía anualizada
37 PDF 21 del expediente digital.
38 PDF 26 del expediente digital.
39 Páginas 1 y 2 del PDF 07 del expediente digital.
40 PDF 25 y 26 del expediente digital.
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del año 2018 constituye un pago incompleto y en consecuencia da lugar a la sanción
moratoria solicitada.
De hecho, la misma entidad demandada en la Resolución DESAJCLR22-994 del 31
de marzo de 2022 acepta el error e informa que hará efectiva la consignación del valor
correspondiente a las cesantías.
Así las cosas, al tener acreditado que la entidad demandada consignó las cesantías
de la anualidad 2018 del demandante por fuera de la fecha prevista en la norma;
concluye la Sala que se causó la sanción moratoria solicitada hasta el 19 de abril de
2022, día anterior a cuando se produjo la consignación total de las cesantías.
A pesar de todo, esta Sala no desconoce que, frente a la suma consignada
efectivamente al actor, debió percibir los rendimientos dispuestos por el sistema para
los fondos de cesantías los cuales hacen parte del patrimonio del empleado, por lo
que ordenar la sanción moratoria en forma plena, es decir un día de salario por cada
día de retraso, generaría un incremento injustificado en el patrimonio del demandante.
Por esa razón, para efectos de establecer la proporcionalidad de la sanción moratoria,
se realizará la operación matemática implementada en la sentencia del 26 de
septiembre de 2024, donde se resolvió un caso similar al aquí analizado41.
Para dichos efectos, la Sala establecerá:
1. Los porcentajes correspondientes al valor consignado en tiempo y el
depositado extemporáneamente.
Proporción que se determina conforme a la siguiente fórmula:
x= (a * 100) / b
En la que “x” corresponde: al porcentaje que representa las cesantías consignadas
por fuera del término de ley.
En la que “a” equivale: al valor de las cesantías consignadas por fuera del término de
ley.
En la que “b” concierne: al valor total de las cesantías que debieron ser consignadas
y/o pagadas.
2. El valor en dinero equivalente al porcentaje de consignación extemporánea
del salario básico devengado en el año en que se causó la sanción moratoria.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves, Bogotá D.C., sentencia del 26 de
septiembre de 2024, radicado 76001-23-33-001-2014-00489-01 (0774-2022).
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Proporción que se determina conforme a la siguiente operación matemática:
x= (a * b) / 100
En la que “x” corresponde: al valor proporcional de la consignación extemporánea.
En la que “a” equivale: la asignación básica mensual devengada por el actor en el año
2019 y si bien en la sentencia SUJ004/16 se hizo referencia a que se debía cambiar
el salario cuando la mora corría por más de un periodo, ello no aplica a este caso,
pues no son varios periodos de cesantías adeudados, sino uno solo, pero la mora
transcurrió por más de un año.
En la que “b” concierne: al porcentaje de lo dejado de consignar.
3. El valor diario proporcional por los días de mora. Determinado el porcentaje
del salario mensual proporcional al incumplimiento, se halla el valor diario para
luego multiplicarlo por los días de mora. Conforme a la siguiente fórmula:
x= (a* 30)/100
Lo que arroja el valor total de la mora en forma proporcional a lo debido, y la diferencia
con la misma aplicada sin descontar el valor previamente consignado.
Verificada las operaciones aritméticas
Aplicadas las fórmulas al presente asunto, tenemos lo siguiente.
1. El porcentaje del pago consignado extemporáneamente, es igual a:
x= (2.047.202 COP * 100) / 4.050.176 COP. x= 50,5%
De la anterior operación se tiene que el porcentaje de la consignación extemporánea
(2.047.202 COP) equivale al 50,5% del valor total de las cesantías (4.050.176 COP),
por lo tanto, el porcentaje del valor consignado dentro de la oportunidad prevista en la
norma (2.002.974 COP), corresponde al 49,5%.
2. El valor proporcional de la asignación básica corresponde a la suma de
1.805.204 COP, es decir el 50.5% del salario básico de febrero de 2019
devengado por el actor42 (3.574.593COP43), fecha de causación de la sanción
moratoria.
42 A febrero del 2019 se desempeñaba como auxiliar judicial I del Despacho 04 Sala Civil del Tribunal Superior de
Cali, tal como fue certificado por la coordinadora de talento humano de la DEAJ del Valle del Cauca, cargo que
tenía una asignación básica de 3.420.663.
Ese valor más el incremento fijado por el Decreto 997 de 2019, arroja la asignación básica del demandante en el
año 2019.
43 El valor exacto es 3.574.592,835, al superar este último digito el 50%, se redondea hacía arriba
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Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
x= (3.574.593 * 50.5) / 100. x = 1.805.169 COP
3. La anterior cantidad al ser dividida entre 30 que corresponde a los días del
mes, arroja el valor diario de mora, así.
x= 1.805.169/ 30. x= 60.172 COP
Cantidad que multiplicada por los días de mora, 1.159 días, arroja un valor de
69.739.348 COP, tal y como se refleja a continuación:
x= 60.172 *1.159, es igual x= 69.739.348 COP.
De lo anterior se tiene que la sanción moratoria en forma proporcional al pago
realizado asciende a la suma de 69.739.348 COP cantidad sustancialmente diferente
a la resultante si se hiciere sin proporcionalidad, cuyo valor realizada la operación
aritmética por la Sala, asciende a una cantidad similar a 138.098.327 COP, valor que
a simple vista resulta contrario a la realidad, al desconocer que la entidad demandada
se allanó a cumplir dentro del término con la obligación hasta un 49,5%, cantidad sobre
la cual dada la oportunidad de su consignación no se genera la sanción moratoria.
Cabe aclarar que si bien en oportunidades anteriores esta Sala44 condenó a la Nación
• Rama Judicial al pago total de la sanción moratoria por la liquidación y consignación
incompleta, en aquellos casos se encontró acreditado que la entidad omitió realizar la
liquidación por toda la anualidad laborada45, situación disímil a lo ocurrido en este
caso, donde se consignó un 49,5% de las cesantías dentro de los términos previstos,
causándose la penalidad, pero en forma proporcional.
Por lo anterior, se revocará la sentencia del 11 de noviembre de 2021 que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar se accederá a la sanción moratoria
correspondiente a un día de salario por cada día de retardo proporcional al valor
incumplido (50,5%), por un monto de 69.739.348 COP sin lugar a indexación aspecto
que no fue solicitado en la demanda.
Las sumas reconocidas serán ajustadas tomando como base el índice de precios al
consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente que cesó
la causación de la sanción moratoria (20 de abril de 2022 por ser este el día en que
se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en
adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195.
44 Sentencias con radicado interno: 1016-2021 y 0443-2021
45 En el expediente con radicado interno 0443-2021 el acto administrativo que reconoció las cesantías del
demandante tomó como periodo laborado solo 12 días de los 360 laborados y en el proceso con radicado interno
1016-2021, se tomaron 260 días.
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Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
Por otra parte, si bien la parte recurrente no reprochó la condena en costas, lo cierto es
que al prosperar la pretensión parcialmente no hay lugar a condena por dicho concepto.
Por lo que también hay lugar a revocar el numeral segundo de la sentencia de primera
instancia en cuanto a la condena en costas, por las razones expuestas en precedencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas. Lo
expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la prosperidad del recurso de apelación, por lo que, se repite, no se condenará
en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En su lugar:
SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto originado ante la falta de
respuesta a la petición del 22 de marzo de 2019, mediante la cual la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la consignación incompleta de las cesantías anuales
del 2018.
TERCERO. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho condenar a la
Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y
pagar a favor del señor Jonathan Narváez Ramírez, la sanción moratoria equivalente
a un día de salario por cada día de retardo al proporcional incumplido (50.5%), por el
periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2019 y el 19 de abril de 2022, en cuantía
de 69.739.348 COP conforme la liquidación efectuada en precedencia, sin que la
misma sea objeto de indexación alguna, conforme se explicó en precedencia. Sin
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Radicado: 76001-23-33-000-2020-01347-01
Demandante: Jonathan Narváez Ramírez
embargo, la suma ordenada deberá ser ajustada en los términos del artículo 187 del
CPACA.
CUARTO. Ordenar que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de
precios al consumidor, conforme el artículo 187 del CPACA, a partir del día siguiente
que cesó la causación de la sanción moratoria (20 de abril de 2022, por ser este el día
en que se dejó a disposición el pago) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.
QUINTO. Revocar la condena en costas de primera instancia, por las motivaciones de
esta providencia.
SEXTO. La sentencia se cumplirá, de conformidad con lo indicado en el artículo 192
de la Ley 1437 de 2011, so pena de ser condenado, el ente demandado, al pago de
los intereses previstos en el artículo 195 de la norma en comento.
SÉPTIMO. Sin condena en costas en esta instancia por lo expuesto en precedencia.
OCTAVO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
(Con salvamento de voto)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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