República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01452-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)1
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998.
Subtema 1: incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en la
liquidación de la bonificación por compensación. Subtema 2: bonificación de gestión
judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 3: prescripción. Subtema 4:
incongruencia de la sentencia de primera instancia.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
el 29 de julio de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La accionante, en calidad de magistrada auxiliar de alta corte, solicitó el
reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 610 de 1998 a efectos
de igualar el 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta
que los ingresos totales anuales de los magistrados de las altas cortes deben coincidir
con los ingresos totales anuales de los congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de
la Ley 4 de 1992.
El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto ordenó
el reajuste de la bonificación por compensación, incluyendo en la base de la liquidación
las diferencias adeudadas por concepto de la prima especial de servicios, teniendo en
1 Expediente híbrido.
1
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
cuenta los ingresos laborales totales anuales percibidos por los congresistas, desde el
18 de diciembre de 2010 (por prescripción) hasta que la accionante ostentara el cargo
de magistrada auxiliar de alta corte o uno que le otorgara el beneficio a dicho
emolumento.
La Subsección confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia. En tal
sentido, la modificará en cuanto a limitar el extremo final del reconocimiento del
reajuste por concepto de la bonificación por compensación hasta el 1 de enero de
2012, conforme se pidió en la demanda. A su vez, se adicionará la providencia
impugnada en cuanto a ordenar la reliquidación del pago de aportes a pensión por las
diferencias dejadas de pagar por la bonificación por compensación. Asimismo, en lo
relativo a aclarar que lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar
ordenada no se haya sufragado por la entidad previamente, y que lo reconocido no
podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La señora Carmen Castro Moreno, mediante apoderado judicial, presentó
demanda el 14 de agosto de 20142, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con las siguientes pretensiones3:
2. Se declare la nulidad de la Resolución 6143 del 24 de diciembre de 2013,
mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó el
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación, a efectos de igualar el 80
% de lo que devengue por todo concepto salarial un magistrado de alta corte, de
conformidad con el Decreto 610 de 1998. A su vez, pidió que los ingresos totales
anuales de los magistrados de las altas cortes en la liquidación de la bonificación
deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas, de acuerdo con
el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que con
fundamento en el Decreto 610 de 1998 se ordene reconocer el reajuste de su
remuneración equivalente al 80 % de lo que por todo concepto perciben los
magistrados de altas cortes, en condición de magistrada auxiliar del Consejo de
Estado, desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 1 de enero de 2012. Ello, incluyendo
las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en
cuenta para la liquidación de este emolumento, todos los ingresos laborales anuales
de carácter permanente devengados por los congresistas.
2
Expediente físico, fol. 15.
3 Expediente físico, fols. 4 a 15.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
4. Pidió que se condene a la accionada a la reliquidación y pago de todas las
prestaciones sociales que le fueron pagadas a la demandante, con la inclusión de
diferencia existente entre las sumas pagadas y las que debió recibir según lo previsto
en el Decreto 610 de 1998; que las sumas reconocidas se ordenen de manera
indexada y con los respectivos intereses moratorios; y que se condene en costas.
2.1.1. Hechos
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
6. La señora Carmen Castro Moreno prestó sus servicios a la Rama Judicial,
vinculada al cargo de magistrada auxiliar del Consejo de Estado, entre el 1 de octubre
de 2010 y el 1 de enero de 2012.
7. Durante la vinculación de la demandante, la entidad le reconoció la bonificación
de gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, teniendo en cuenta el 70 % del valor total
devengado anualmente por un magistrado de alta corte, a diferencia de otros
trabajadores que con las mismas funciones percibieron dicha acreencia con el
porcentaje del 80 %. La norma en mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces
del Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 4. Por lo tanto, la
entidad debe pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que
iguale el 80 % de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.
8. La accionante solicitó a la administración el pago de las diferencias por concepto
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, equivalente
al 80 % de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes;
del 1 de octubre de 2010 al 1 de enero de 2012. Lo anterior, teniendo en cuenta para
su liquidación el reconocimiento y pago de todos los ingresos laborales anuales de
carácter permanente devengados por los congresistas (artículo 15 de la Ley 4 de
1992). Sin embargo, esta petición fue negada a través de la Resolución 6143 del 24
de diciembre de 2013.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• Constitución Política.
• Decreto 610 de 1998.
10. La parte accionante indicó que el Decreto 4040 de 2004 fue anulado por el
Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 2011; decisión que tiene
efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de 1998 volvió a ser aplicable.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
11. Sostuvo que el acto administrativo acusado está viciado de nulidad por falsa
motivación, toda vez que al negar los derechos reclamados desconoció la
jurisprudencia pacífica del Consejo de Estado, que ha definido que los magistrados
auxiliares de las altas cortes, entre otros, tienen derecho a que se les reconozcan y
paguen las diferencias salariales que resulten de la aplicación del Decreto 610 de
1998.
12. Afirmó que la demandante es acreedora del pago del 80 % de los ingresos
mensuales recibidos por los magistrados de alta corte, que deben ser iguales a los de
los congresistas, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
2.2. Contestación de la demanda
13. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «cobro de lo no debido y prescripción trienal»5.
14. Señaló que en sentencia del 14 de diciembre de 2011 el Consejo de Estado
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, razón por la cual recobró vigencia el
Decreto 610 de 1998, que prevé el pago de la bonificación por compensación a efectos
de alcanzar el 80 % de lo que por todo concepto perciban anualmente los magistrados
de las altas cortes. De hecho, en cumplimiento del referido fallo se expidió el Decreto
1102 de 2012, que modificó el emolumento en mención, a partir del 27 de enero de
2012.
15. Precisó que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial como
parte del ingreso base de cotización para pensión, de conformidad con los decretos
610 de 1998 y 1102 de 2012. Por ende, no puede tenerse en cuenta para efectos de
la liquidación de las prestaciones sociales percibidas por la demandante.
16. Alegó que reliquidar las prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación
por compensación con carácter salarial, implicaría realizar un cálculo matemático para
ajustar los ingresos percibidos por la accionante, de manera que no se supere el tope
del 80 % de lo que por todo concepto devenga anualmente un magistrado de alta corte,
lo que resultaría en una solicitud de reintegro de los mayores valores pagados, que
afectaría a la interesada. Esto, puesto que según lo muestra en una tabla, en la que
se detallan los valores de la liquidación de las prestaciones teniendo en cuenta la
bonificación por compensación como factor salarial, se sobrepasa el tope antes
mencionado.
17. Destacó que, en todo caso, la accionante solo tiene derecho a las sumas
causadas antes del 18 de diciembre de 2010, comoquiera que la reclamación
administrativa se presentó el «18 de diciembre de 2013», al haberse configurado la
prescripción trienal.
5 Expediente físico, fols. 48 a 56.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
18. Afirmó que la prima especial de servicios a que tienen derecho los magistrados
de las altas cortes, con el fin de igualar sus ingresos con los de los congresistas, con
ocasión de lo previsto en la Ley 4 de 1992, carece de carácter salarial. Por
consiguiente, no puede tenerse en cuenta en la liquidación de la bonificación por
compensación de la que son beneficiarios los magistrados de tribunal y los
magistrados auxiliares de las altas cortes.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
mediante sentencia del 29 de julio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas. Así, ordenó lo siguiente6:
[…]
TERCERO: DECLARAR la excepción de prescripción de las acreencias pedidas por el
reajuste salarial, causadas con anterioridad al 18 de diciembre de 2010, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 6143 de 24 de diciembre de
2013, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá- Cundinamarca (sic), por lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: Condenar a la Nación – Rama Judicial, a reconocer y pagar a CARMEN
CASTRO MORENO, los valores correspondientes al derecho a recibir mensualmente la
bonificación por compensación equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo que por
todo concepto devengue un magistrado de Alta Corte, mensual, de conformidad con el
Decreto 610 de 1998, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, de conformidad con el artículo
15 de la Ley 4 de 1992, desde el 18 de diciembre de 2010, y hasta cuando funja como
Magistrada Auxiliar del Consejo de Estado, o sea titular del citado derecho, todo ello con
los correspondientes reajustes, conforme a lo expuesto en el acápite del caso concreto
de la presente sentencia.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
[…]
UNDÉCIMO: No condenar en costas.
[…].
6 Expediente físico, fols. 151 a 161.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
20. Indicó que según se probó en el expediente, la accionante se vinculó a la Rama
Judicial en el cargo de magistrada auxiliar del Consejo de Estado desde el 1 de octubre
de 2010 a la fecha. En consecuencia, es beneficiaria de los decretos 610 de 1998 y
1102 de 2012 que establecieron la bonificación por compensación con una
remuneración mínima mensual que en ningún caso podía ser inferior al 80 % de lo que
por todo concepto devengue un magistrado de alta corte, teniendo en cuenta para su
liquidación todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente percibidos
por los congresistas, conforme con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.
21. Adujo que la demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la
diferencia salarial que reclama, por cuanto se trata de un derecho adquirido.
22. Señaló que operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los derechos
causados antes del 18 de diciembre de 2010, toda vez que la reclamación
administrativa se presentó el 18 de diciembre de 2013, esto es, luego de transcurridos
más de tres años desde que el derecho se hizo exigible. Explicó que en el presente
asunto el término prescriptivo se comenzaba a contabilizar a partir del 7 de enero de
1993, momento en el que entró en vigor el Decreto 57 de 1993, de acuerdo con lo
definido por el Consejo de Estado en la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2019.
2.4. Recurso de apelación
23. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia. Bajo los siguientes
argumentos7:
24. En primer lugar, realizó un recuento normativo y jurisprudencial acerca de la
bonificación por compensación (decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012) y también
sobre la bonificación de gestión judicial (Decreto 4040 de 2004), para concluir cómo
se debe contabilizar el término de prescripción de acuerdo con las reglas establecidas
por esta corporación en las sentencias del 18 de mayo de 2016 y 2 de septiembre de
2019.
25. Sostuvo que a los beneficiarios del Decreto 4040 de 2004 que habían estado
amparados por el Decreto 610 de 1998, les resulta aplicable esta última norma a partir
de la ejecutoria de la sentencia de nulidad del Decreto 4040 de 2004. Ello, significa
que desde el 30 de enero de 2012, día hábil siguiente a la notificación por edicto de la
decisión, la Rama Judicial debió pagar la referida bonificación a los magistrados de
tribunal y a los magistrados auxiliares de las altas cortes.
26. Manifestó que no es posible entender que la pretensión de reajuste de la
bonificación por compensación incluye per se la incidencia de la prima especial de
servicios reliquidada teniendo en cuenta lo percibido por los congresistas por concepto
7 Expediente físico, fols. 171 a 174, 179 a 181.
6
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de cesantías. Lo anterior, comoquiera que las dos reclamaciones tienen orígenes
distintos. Por su parte, la bonificación liquidada en el 80 % de los ingresos anuales de
los magistrados de las altas cortes, se produjo dada la coexistencia de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004, y la posterior declaratoria de nulidad de la última
normativa; mientras que, la prima especial existe desde que se expidió la Ley 4 de
1992 (artículo 15) y el Decreto 10 de 1993, sin que frente a ello haya existido discusión
o dualidad jurídica.
27. Alegó que la sentencia del 18 de mayo de 2016 proferida por esta corporación
no precisó que la regla fijada para el cómputo de la prescripción de los derechos que
se originaban del reconocimiento de la bonificación por compensación en el 80 % de
los ingresos laborales anuales de los magistrados de las altas cortes, se aplicara a las
reclamaciones sobre el reajuste de esa bonificación incluida la incidencia de la
reliquidación de la prima especial de servicios (artículo 15 de la Ley 4 de 1992) con las
cesantías de los congresistas.
28. Afirmó que en los asuntos relacionados con la incidencia de la prima especial en
la liquidación de la bonificación por compensación debe aplicarse la regla general de
prescripción trienal; de manera que el interesado cuenta con tres años para reclamar
el derecho a partir del momento desde el que se hace exigible el derecho, esto es,
desde que se hace exigible la referida bonificación.
29. Solicitó que en caso de accederse al derecho al reajuste de la bonificación por
compensación con la incidencia del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se declare la
prescripción de las sumas causadas con anterioridad al 18 de diciembre de 2010, ya
que la reclamación se radicó ante la entidad accionada el 18 de diciembre de 2013.
30. Con posterioridad, el 15 de septiembre de 2022 (dentro del término para
controvertir el fallo de primera instancia8), la entidad accionada presentó un memorial
que denominó «alcance recurso de apelación». En este, sostuvo que el Tribunal
vulneró los principios de congruencia y justicia rogada, toda vez que falló por fuera de
las pretensiones de la demanda al reconocer el derecho reclamado hasta cuando la
accionante fungiera como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, y no hasta el 1
de enero de 2012, como se solicitó en la demanda.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
31. Mediante auto del 2 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
8 Es decir, dentro de los 10 días dispuestos en el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia se entiende notificada a los dos días
siguientes del envío del correo electrónico correspondiente (del 30 de agosto de 2022) –artículo 205 del CPACA–,
según se observa en el expediente físico, fols. 162 a 169.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.
2.6. Ministerio Público
32. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto10.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
34. De acuerdo con el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y
teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez
de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en la alzada, corresponde a la Sala definir si:
35. ¿La prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992
debe incluirse en la reliquidación de la bonificación por compensación, teniendo en
cuenta para su liquidación las cesantías devengadas por los congresistas?
36. ¿Se configuró la prescripción del derecho de la demandante al reajuste de la
bonificación por compensación con la inclusión de la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los
congresistas?
37. ¿La sentencia de primera instancia es congruente con las pretensiones de la
demanda, toda vez que se ordenó el reconocimiento del reajuste de la bonificación por
compensación hasta que la accionante ostente el cargo que le da derecho a tal
emolumento y no hasta el 1 de enero de 2012, como lo solicitó la accionante?
38. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
bonificación por compensación, bonificación de gestión judicial y prescripción.
9
Samai, índice 23, expediente digital, archivo 23Autoqueadmite_02592023Autoadmiteap(.pdf).
10 Samai, índice 27, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
8
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
39. A partir de lo anterior se destacarán los hechos probados más relevantes y en el
acápite de análisis del caso concreto se resolverán los problemas jurídicos
formulados.
3.3. Marco normativo y jurisprudencial
3.3.1. Bonificación por compensación
40. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados11 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201312, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4 a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30 % de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46
% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60 % de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80 %. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4 a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.
11 Y autoridades equivalentes.
12
M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
41. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 199813, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
42. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199814 dictado por el presidente de la República.
43. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
13
Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decretos 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
14 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
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e) se paga mensualmente;
f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60 % de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70 % (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80 % (2001), de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
44. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201615, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60 %, 70 % y 80 % “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
45. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».
46. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
47. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-
25-000-2010-00246-02(0845-15).
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anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80 % a partir del año 2001»16.
48. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201917, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud de Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
49. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación18. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).
50. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.
3.3.1.1. Bonificación de gestión judicial
51. El Decreto 4040 de 200419, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70 % del valor integrado por la asignación básica y
los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados
de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-
42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-
23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
18
En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
19 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
12
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
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52. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
53. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Igualmente, tenían derecho a ella quienes ingresaron, con
posterioridad a la publicación de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación,
en empleos en los que actúen de manera permanente como agentes del Ministerio
Público ante los magistrados de Tribunal a que se refiere el presente artículo.
54. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
55. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201120 declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80 %, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
56. La Sala de Conjueces precisó que para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes, el Decreto 610 de 1998 que fijaba la asignación mensual en
el 80 % de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70 %, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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57. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad, y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
58. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201221, según el cual a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 22
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales
iguale el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
las altas cortes, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base
de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
59. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1.° del
presente decreto».
3.3.1.2. Sobre la prescripción
60. La Sección Segunda analizó el tema de la prescripción de los derechos laborales
en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 202023, en la cual se identificaron los
elementos de la citada figura, así: «i) […] se predica de manera general respecto
aquellos de contenido patrimonial, con excepción de aquellos en los que el legislador
ha establecido que de acuerdo con su naturaleza no pueden extinguirse, verbigracia,
el derecho a la pensión, dado que solo son objeto de ella, las mesadas pensionales no
reclamadas oportunamente; ii) la inactividad prolongada del titular, denota que no tiene
interés en el servicio o la prestación debida, salvo que sea forzada por encontrarse
imposibilitado para actuar; y iii) el transcurso del tiempo, que de manera concreta será
el plazo legal dentro del cual se debe exigir el cumplimiento de la obligación, so pena
de que se extinga».
61. En el citado fallo, la Sección Segunda explicó que el término de prescripción
empieza a correr desde cuando la obligación es exigible, y adujo que el efecto es la
«extinción de la pretensión y del derecho subjetivo mismo, que se producen en razón
21 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
22 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ-SII-022-2020, exp. 08001-23-33-000-2013-00666-01
(0833-2016).
14
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
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de la sentencia judicial que acoge la correspondiente excepción propuesta por el
demandado o la declaratoria de oficio por el juez».
62. En el campo de lo contencioso-administrativo, la prescripción protege el
patrimonio público, el interés general, la seguridad jurídica, al impedir que se
reconozcan derechos reclamados de forma tardía. Así pues, el juez «como director del
proceso, [tiene la obligación] de analizar de manera oficiosa si en el asunto sometido
a su conocimiento ha operado o no este fenómeno extintivo, sin perjuicio, claro está,
de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De manera que la prescripción
extintiva puede invocarse por vía de excepción o declararse de oficio»24.
63. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 regula la
prescripción al indicar que:
Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en
tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple
reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo
por un lapso igual.
64. Este precepto fue reglamentado por el Decreto 1848 de 1969, que en el artículo
102 señala:
Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado
oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
65. Sobre este aspecto, en el fallo del 18 de mayo de 201625, la Sala de Conjueces
abordó el estudio de la prescripción del derecho al pago de la bonificación por
compensación. Para el efecto, sostuvo que el derecho debe ser exigible, pero que para
los destinatarios «existía la disyuntiva», entre el Decreto 610 de 1998 y el Decreto
4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a la exigibilidad del
derecho». En este contexto, la providencia determinó que «solo puede hablarse de
exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del
fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012», cuando
quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201126, que declaró la nulidad
del Decreto 4040 de 2004.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia CE-SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de 2023, exp.
080012333000201200200-02 (2459-2014).
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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66. No obstante, en el fallo del 2 de septiembre de 201927, la Sala de Conjueces
abordó nuevamente el tema del derecho al pago de la bonificación por compensación
para lo cual precisó que la sentencia de 2016 «no fijó ninguna regla respecto de la
prescripción del derecho a percibir la bonificación por compensación de que trata el
Decreto 610 de 1998 antes de la expedición del Decreto 4040 de 2004», por ello,
consideró que previo al Decreto 4040 de 2004 «el único régimen vigente respecto de
la bonificación por compensación era el Decreto 610 de 1998 y el derecho era
plenamente exigible».
67. Adujo que del «período comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló
el Decreto 2668 de 199828 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, procede
decretar la prescripción. Durante este lapso no hubo dualidad de normas y, por lo tanto,
los beneficiarios de que trata el artículo 2° del Decreto 610 de 1998 tenían la
oportunidad de interrumpirla». En consecuencia, el fallo estableció que por regla
general operó la prescripción del derecho al pago de la bonificación por compensación
entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, salvo que la persona
demuestre que reclamó antes de esta última fecha.
68. Nótese que el auto del 7 de octubre de 2019, que aclaró la providencia del 2 de
septiembre de 2019, expuso las siguientes consideraciones sobre la prescripción:
no existe prescripción de la bonificación por compensación entre el 2 de diciembre de
2004 y el 27 de enero de 2012 -vigencia del Decreto 4040 de 2004- porque durante dicho
periodo, como es ampliamente conocido, hubo coexistencia de regímenes. Al salir de la
vida jurídica, el 27 de enero de 2012 dicho decreto, los destinatarios podían efectuar
reclamaciones hasta el 27 de enero de 2015, sin que los afectara la prescripción; por
fuera de ese término hacia atrás, se cuenta la prescripción desde el 3 de diciembre de
2004 -fecha de entrada en vigencia del D. 4040- hasta el 5 de octubre de 2001 -fecha en
la que cobró ejecutoria la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998-,
con la excepción de quienes hayan interrumpido la prescripción por haber presentado
reclamación durante el tiempo que no hubo coexistencia de regímenes -5 de octubre de
2001 al 2 de diciembre de 2004.
69. En síntesis, acorde con las providencias previamente citadas de la Sala de
Conjueces, se extrae que:
a) Entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004 operó por regla
general la prescripción de la bonificación por compensación, si no se interpuso
reclamación;
b) entre el 3 de diciembre de 2004 (fecha de vigencia del Decreto 4040 de 2004)
y el 28 de enero de 2012 no operó la prescripción, pues el derecho no era exigible
dada la coexistencia de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004;
c) a partir del 28 de enero de 2012, empezó a correr el término de prescripción
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, sentencia del 25 de septiembre
de 2001.
16
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trienal sin excepciones.
70. Ahora bien, esta Subsección precisa que la prescripción se interrumpe con la
reclamación administrativa, por el término de tres años. Esta interrupción solo es
efectiva si se acude a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en el mismo
plazo; sin perjuicio de los términos para interponer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 164 del CPACA).
3.4. Hechos probados relevantes
71. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
72. La señora Carmen Castro Moreno desempeñó el cargo de magistrada auxiliar del
Consejo de Estado a partir del 1 de octubre de 2010, en servicio activo el 22 de mayo
de 201429.
73. La Dirección Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial certificó, el 14 de julio de 2014, los «pagos» efectuados a la
demandante durante los años 2010 y 2011. Entre estos, se evidencia que devengaba
la bonificación de gestión judicial30.
74. El 18 de diciembre de 2013, la accionante solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por
compensación, a efectos de igualar el 80 % de lo que devengue por todo concepto
salarial un magistrado de alta corte, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, por
el periodo comprendido del 1 de octubre de 2010 al 1 de enero de 2012. También pidió
que los ingresos totales anuales de los magistrados de las altas cortes en la liquidación
de la bonificación coincidieran con los ingresos totales anuales de los congresistas31.
75. A través de la Resolución 6243 del 24 de diciembre de 2013, la entidad
demandada negó lo solicitado. Indicó que si bien la sentencia del 14 de diciembre de
2011, proferida por el Consejo de Estado, que declaró la nulidad del Decreto 4040 de
2004, daba lugar a que se aplicaran las disposiciones sobre la bonificación por
compensación previstas en el Decreto 610 de 1998, lo cierto era que los ajustes de la
remuneración de los funcionarios judiciales estaban sujetos a la asignación de
recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin que se cuente con
una partida presupuestal para acceder a lo pretendido por la peticionaria32.
29 Fecha en la que el secretario general del Consejo de Estado emitió el certificado en el que constan los cargos y
tiempos servidos por la accionante a la corporación. Ver: Expediente físico, fols. 23 a 24.
30 Expediente físico, fol. 26.
31
Conforme se señala en la Resolución 6243 del 24 de diciembre de 2013, vista en el expediente físico, fol. 16.
32 Expediente físico, fols. 16 a 21.
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3.5. Caso concreto
76. En el asunto bajo análisis, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
bonificación por compensación que iguale el 80 % de lo devengado por los
magistrados de alta corte, incluyendo para su cálculo la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías y demás ingresos
anuales percibidos por los congresistas, debido a que lo percibido por estos incide en
la liquidación de la bonificación reclamada en favor de los magistrados auxiliares. Esto,
del 1 de octubre de 2010 al 1 de enero de 2012.
77. El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80% de lo
devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes incluyendo la
prima de servicios —art. 15 Ley 4 de 1992—[…] y las diferencias adeudadas por
concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas,
incluidas las cesantías. Ello, desde el 18 de diciembre de 2010 hasta que la accionante
ostente el cargo de magistrada auxiliar de esta corporación o sea beneficiaria del
derecho.
3.5.1. La incidencia de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, en la
liquidación de la bonificación por compensación
78. La parte demandada en el recurso de alzada sostuvo que a partir de la pretensión
de reconocimiento del ajuste de la bonificación por compensación sobre el 80 % de los
ingresos anuales de los magistrados de altas cortes, no puede entenderse la inclusión
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
teniendo en cuenta en la liquidación de esta las cesantías devengadas por los
congresistas.
79. Así, la Sala estudiará si la prima especial de servicios prevista en el artículo 15
de la Ley 4 de 1992, cuyos destinatarios son los magistrados de altas cortes, debe
considerarse al reliquidar la bonificación por compensación en favor de la demandante
como magistrada auxiliar, teniendo en cuenta en el cálculo de aquella las cesantías
percibidas por los congresistas.
80. En primer lugar, la Sala precisa que la accionante, quien ejerció el cargo de
magistrada auxiliar en esta corporación, es beneficiaria de la bonificación por
compensación, acorde con el Decreto 610 de 1998. Asimismo, se destaca que, dada
la fecha de vinculación, esto es, el 1 de octubre de 2010, percibió la bonificación de
gestión judicial del Decreto 4040 de 2004 y que la entidad considera que no procede
el pago de la diferencia del 10 %.
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81. Ahora bien, están acreditados en el proceso los emolumentos devengados por la
demandante en calidad de magistrada auxiliar durante los años 2010 y 2011, entre
estos, la bonificación de gestión judicial33.
82. En punto, se destaca que, conforme se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial de esta sentencia, la bonificación por compensación debe atender lo
dispuesto en el Decreto 610 de 1998, el cual indica que «sumada a la prima especial
de servicios» debe igualar el 80 % de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado,
Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
83. Al respecto, cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201634, la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo
devengado por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se
debían tener en cuenta las cesantías con el fin de determinar el valor de la prima
especial de servicios a la que tienen derecho los magistrados de alta corte. Sobre el
particular, se señaló lo siguiente:
Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido
consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo
de Estado en ocasiones anteriores35, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de
una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se
causa por cada día de trabajo del empleado.
De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido
en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios
mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir
una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.
Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de
1998 pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto 10 de 1993, previó
la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo concepto devenguen los
Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la
Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado” (subraya fuera del texto), para los
años 1998, 1999, 2000 y siguientes, respectivamente.
En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un
ingreso laboral sino que también cuenta con un carácter salarial limitado en atención a
lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003,
habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma,
o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento
33 Expediente físico, fol. 26.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 4 de mayo de 2009, Rad.
250002325000200405209 02, M.P. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de
los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
Habiendo señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera
permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente
que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal
naturaleza únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados
en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.
En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el
Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la
diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas
Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos.
84. En dicha sentencia se definió que en la reliquidación de la bonificación por
compensación debe incluirse la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4
de 1992, liquidada esta sobre «todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los Congresistas», lo que como quedó visto incluye el
auxilio de las cesantías. Así pues, la discusión sobre la liquidación de la prima especial
de los magistrados de alta corte, que pretende plantear la entidad recurrente, se
resolvió en la providencia de conjueces de 2016.
85. En este orden de ideas, se reitera que el derecho discutido en el proceso está
regulado en el Decreto 610 de 1998. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse
hasta alcanzar el tope del 80 % de lo que devenguen los magistrados de altas cortes,
lo que a su vez conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de hacer el
cálculo correcto de lo que deben percibir estos, ejercicio en el que debe incluirse la
prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, en cuya liquidación
deben tenerse en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas, por las razones
anteriormente expuestas.
86. Lo anterior no significa que los magistrados de tribunal, auxiliares y demás
titulares de la bonificación por compensación, sean beneficiarios de la prima especial
de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, prevista entre otros, para los
magistrados de altas cortes; sin embargo, la correcta determinación de esta sí incide
en el cálculo de la bonificación, porque es a partir de lo devengado por los magistrados
de altas cortes, que se precisa el monto de la acreencia de que trata el Decreto 610
de 1998; razonamiento que se evidencia en el fallo controvertido.
87. Así las cosas, los argumentos expuestos por la parte demandada no son
suficientes para desvirtuar la decisión de primera instancia.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
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3.5.2. Prescripción del derecho
88. Al respecto, se tiene que el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda. En tal sentido, ordenó el reajuste de la bonificación por compensación
teniendo en cuenta el 80 % de los ingresos totales anuales de los magistrados de las
altas cortes incluyendo todos los ingresos laborales devengados por los congresistas,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 4 de 1992; así como las respectivas
diferencias entre lo efectivamente pagado y lo que se debía pagar. Todo, a partir del
18 de diciembre de 2010, toda vez que declaró probada la excepción de prescripción
trienal.
89. Así, la Sala procederá a definir si en el presente asunto se configuró la
prescripción del derecho de la demandante al reajuste de la bonificación por
compensación con la inclusión de la prima especial de servicios del artículo 15 de la
Ley 4 de 1992, teniendo en cuenta las cesantías percibidas por los congresistas.
90. En primer lugar, resulta importante precisar que en la sentencia del 18 de mayo
de 201636 dictada por esta corporación, que invoca la entidad accionada, en la que se
determinó que en la reliquidación de la bonificación por compensación debe incluirse
la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada sobre todos
los ingresos totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas,
incluidas las cesantías, se fijó un criterio sobre el conteo de la prescripción.
91. Al respecto, se definió que el derecho a la bonificación por compensación debe
ser exigible, pero que para los destinatarios «existía la disyuntiva» entre el Decreto
610 de 1998 y el Decreto 4040 de 2004, de modo que «resultaba imposible referirse a
la exigibilidad del derecho». En este contexto, la providencia señaló que «solo puede
hablarse de exigibilidad de la bonificación por compensación, a partir de la fecha de
ejecutoria del fallo que declaró la nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de
2012», cuando quedó ejecutoriada la sentencia del 14 de diciembre de 201137, que
declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004.
92. Sobre el particular, la Sala considera que al haberse definido la manera como
operaría la prescripción de la bonificación por compensación con la inclusión en la
base de liquidación de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, dada la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes (Decreto 610 de
1998 y Decreto 4040 de 2004), se estableció un criterio claro que se entiende cobija la
incidencia del artículo 15 en mención. Ello, toda vez que contrario a lo afirmado por la
entidad recurrente, no puede tratarse dicha norma, en el caso de los beneficiarios de
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02, actor: Jorge
Luis Quiroz Alemán y otros.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
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la bonificación por compensación, como un derecho autónomo e independiente de tal
emolumento; en la medida en que hace parte de la base de liquidación de este.
93. En efecto, reconocer que los beneficiarios de la bonificación por compensación
tienen derecho a que esta equivalga a una cifra que sumada a la prima especial de
servicios y a los demás ingresos laborales iguale el 80 %, no el 70 % como lo señalaba
el Decreto 4040 de 2004, de los ingresos que por todo concepto perciben los
magistrados de las altas cortes, supone a su vez que deba efectuarse una debida
liquidación de las prestaciones de estos, por ejemplo, la prima especial del artículo 15
de la Ley 4 de 1992; de manera tal que (a) la debida delimitación del referido porcentaje
y (b) la base sobre la que se aplica, constituyen elementos de la misma acreencia, que
no pueden fraccionarse al momento de establecer cómo debió reconocerse.
94. Por tal motivo, si la jurisprudencia de esta corporación, debido a la dualidad
normativa derivaba de la vigencia simultánea de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004, consideró que el derecho a reclamar la diferencia del 10 % se hizo exigible con
la ejecutoria de la sentencia que anuló la segunda de las normas, el reconocimiento
de aquella (la aludida diferencia) no puede separarse de la correcta delimitación de la
base sobre la que se aplica el porcentaje del 80 %, so pena de fraccionar los elementos
que componen la acreencia reclamada, lo cual no es de recibo.
95. Cuestión diferente tendría lugar, cuando a propósito de la bonificación por
compensación, la controversia se desarrolló al margen de la aplicación de los decretos
610 de 1998 y 4040 de 2004; es decir, cuando resulta ajena a la dualidad normativa
que permitió un entendimiento particular del fenómeno de la prescripción, evento en el
cual no existen circunstancias especiales para considerar que el derecho reclamado
se hizo exigible desde el instante en que su titular reunió las condiciones legalmente
previstas para disfrutar de él.
96. En este orden de ideas, corresponde en el caso concreto hacer el análisis de la
prescripción alegada por la parte demandada, de acuerdo con las reglas que sobre el
tema se han establecido para el reconocimiento de la bonificación por compensación,
en escenarios como el analizado en esta oportunidad, frente a la aplicación simultánea
de los referidos decretos.
97. Ahora bien, como se explicó en las consideraciones expuestas en el numeral
3.3.1.2. de esta sentencia, en relación con prescripción de la bonificación por
compensación deben tenerse en cuenta tres escenarios: el primero, durante el cual
estuvo vigente el Decreto 610 de 1998, antes de que entrara en vigor el Decreto 4040
del 3 de diciembre de 2004; el segundo, cuando las anteriores normas rigieron
simultáneamente; y el tercero, con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004, lo que tuvo lugar el 28 de enero de 2012, instante a
partir del cual se retornó al monto del 80 % de la referida bonificación, como lo
señalaba el Decreto 610 de 1998 y lo reiteró el Decreto 1102 de 2012.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
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98. La anterior distinción es relevante, entre otras razones, porque respecto de lo
causado en la época en la que estuvieron vigentes simultáneamente los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004, es decir, del 3 de diciembre de 2004 al 27 de enero de 2012,
la prescripción no operó, pues no había claridad de la exigibilidad del derecho, a
diferencia de lo que ocurre en los otros 2 escenarios.
99. Al aplicar las consideraciones expuestas al caso concreto, se precisa que las
diferencias a las que tiene derecho la accionante, se generaron, desde el 1 de octubre
de 2010, es decir, durante la dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040
de 2004. Por tal razón, la exigibilidad de las acreencias, conforme se indicó con
anterioridad, tuvo lugar después de la ejecutoria de la sentencia que anuló la segunda
de las normas, esto es, desde el 28 de enero de 2012; instante a partir del cual debía
presentarse la reclamación correspondiente dentro de los 3 años siguientes para evitar
el fenómeno de la prescripción, lo cual en efecto ocurrió. Ello, comoquiera que la
petición se radicó el 18 de diciembre de 2013 y el plazo para hacerlo fenecía el 28 de
enero de 2015.
100. En consecuencia, se estima que, contrario a lo definido por el Tribunal en la
sentencia impugnada, no se configuró la prescripción trienal del derecho al pago de
las diferencias reclamadas a título de la bonificación por compensación con la inclusión
de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, liquidada sobre
todos los ingresos totales anuales de carácter permanente devengados por los
congresistas. No obstante, como en esta ocasión la entidad tiene la calidad de
apelante único, no se modificará sobre el particular la decisión de primera instancia,
para garantizar así el principio de non reformatio in pejus.
101. Por consiguiente, al no prosperar el cargo de apelación contra la sentencia de
primera instancia, hay lugar a confirmarla, aunque con las precisiones que a
continuación se realizan, respecto de la congruencia con las pretensiones de la
demanda, los aportes a seguridad social correspondientes a la prestación reconocida
y algunos aspectos a tener en cuenta para evitar pagos dobles o por encima de los
límites previstos por el ordenamiento jurídico.
3.5.3. Congruencia de la sentencia impugnada con las súplicas de la demanda
102. La parte recurrente alega que el fallo de primera instancia no es congruente con
las pretensiones de la demanda, en la medida que se pidió el reconocimiento del
reajuste de la bonificación por compensación con la inclusión de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, por el periodo comprendido del 1 de
octubre de 2010 al 1 de enero de 2012; no obstante, se reconoció el derecho hasta la
fecha en la que la accionante ejerza el cargo de magistrada auxiliar de alta corte o uno
equivalente.
103.Al respecto, se evidencia que, en efecto, las súplicas de la demanda establecen
como límite temporal del derecho reclamado el 1 de enero de 2012; sin embargo, el
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Tribunal condenó a la entidad demandada al reconocimiento y pago del reajuste de la
bonificación por compensación hasta que la demandante ostente el cargo que le
otorgue el derecho a tal emolumento.
104. Asimismo, se destaca que según se señaló en el acto acusado –Resolución 6143
del 24 de diciembre de 2013–, la accionante reclamó ante la entidad accionada el pago
del reajuste en mención solo por el periodo comprendido del 1 de octubre de 2010 al
1 de enero 2012. Lo anterior, demuestra que la petición de la demandante tanto en
sede administrativa como judicial ha coincidido en cuanto a los extremos en los que
solicita se reconozcan las acreencias a las que considera tiene derecho.
105. En tal sentido, y como quiera que se advierte la incongruencia manifestada, sin
que le esté permitido al juez fallar más allá de las pretensiones y hechos aducidos en
la demanda, pues ello vulnera el derecho al debido proceso de la contraparte, se
considera necesario modificar la decisión de primera instancia, para en su lugar,
determinar que el extremo final del reconocimiento del derecho al que se accedió es
el 1 de enero de 2012.
3.6. Consideraciones adicionales
106. Al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable38 e imprescriptible39, se
adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y pague a favor de la
señora Carmen Castro Moreno –en calidad de magistrada auxiliar del Consejo de
Estado– desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 26 de enero de 2012 –fecha esta
última en la que se profirió el Decreto 1102 de 2012–, los aportes hechos al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones, por las diferencias dejadas de pagar por
la bonificación por compensación durante la dualidad normativa de los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004.
107. Sobre el particular se aclara que el reajuste de los aportes a pensión se dispone
por el periodo antes señalado, aun cuando las pretensiones de la demanda se limitaron
al 1 de enero de 2012, toda vez que se trata de una orden de oficio, dada la expedición
del Decreto 1102 de 2012, en cuyo artículo 1 se prevé que desde el 27 de enero de
2012 la bonificación por compensación que percibían los magistrados auxiliares de
alta corte, entre otros servidores públicos, equivaldría al 80% de lo que por todo
concepto devengaran anualmente los magistrados de alta corte. Ello, sumado que el
derecho a la seguridad social –pensión–, como se indicó antes, tiene el carácter de
irrenunciable e imprescriptible.
38 Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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Demandante: Carmen Castro Moreno
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108. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando la suma a pagar por concepto de la reliquidación ordenada no se haya
sufragado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente. Asimismo, en cuanto a que lo reconocido por el Tribunal
no podrá exceder los topes fijados por el Gobierno nacional.
3.7. Conclusión de la decisión
109. Se confirmará parcialmente la sentencia apelada, toda vez que se modificará el
numeral quinto, en el sentido de definir que el pago de la condena, frente a la diferencia
reclamada, se ordenará hasta el 1 de enero de 2012, como se solicitó en las
pretensiones de la demanda.
110. A su vez, se adicionará dicho numeral, en cuanto a ordenar a la accionada a
efectuar el pago de aportes a pensión a favor de la accionante por las diferencias
dejadas de pagar por la bonificación por compensación. Asimismo, en lo relativo a
aclarar que lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por
concepto de la reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada
previamente, y que lo reconocido por el Tribunal no podrá exceder los topes fijados
por el Gobierno nacional.
3.8. Costas
111. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia dictada el 29 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, de
conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Modificar y adicionar el numeral quinto de la sentencia impugnada, el cual
quedará así:
QUINTO: Condenar a la Nación, Rama Judicial, a reconocer y pagar a CARMEN
CASTRO MORENO, los valores correspondientes al derecho a recibir mensualmente la
bonificación por compensación equivalente al ochenta por ciento (80 %) de lo que por
todo concepto devengue un magistrado de Alta Corte, mensual, de conformidad con el
Decreto 610 de 1998, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima
especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos
laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que
son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de
salud, prima de servicios, prima de navidad y cesantías, de conformidad con el artículo
15 de la Ley 4 de 1992, desde el 18 de diciembre de 2010, y hasta el 1 de enero de
2012, todo ello con los correspondientes reajustes, conforme a lo expuesto en el acápite
del caso concreto de la presente sentencia.
Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
a reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones en favor de la señora Carmen Castro Moreno, en condición de magistrada
auxiliar del Consejo de Estado, a partir del 1 de octubre de 2010 hasta el 26 de enero de
2012. Esto, con ocasión de las diferencias surgidas a causa de la bonificación por
compensación durante la dualidad normativa de los decretos 610 de 1998 y 4040 de
2004.
En ningún caso las sumas de dinero que se reconozcan podrán exceder el tope salarial
fijado por el Gobierno nacional.
Lo reconocido será procedente siempre y cuando la suma a pagar por concepto de la
reliquidación ordenada no se haya sufragado por la entidad accionada previamente. Por
lo que concierne a esta hacer la verificación correspondiente.
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-01452-02 (0259-2023)
Demandante: Carmen Castro Moreno
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
27
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