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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01463-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01463-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia dictada el 8 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, el cual quedará en los siguientes términos: TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, y a título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reajustar la pensión de jubilación reconocida a OLGA PLAZAS LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 27.982.557 de Barbosa, a partir del 01 de octubre de 2015, en los términos del artículo 7° de la Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, cuyo porcentaje de liquidación se determinará teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios y sobre los cuales se haya realizado aportes, siempre y cuando estén expresamente señalados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los contemplados en los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014, el Decreto 2354 de 2018 y demás disposiciones concordantes aplicables a los docentes. La entidad deberá realizar el ajuste de valores contemplado en el inciso final del artículo 187 del CPACA, a efecto de que esta se pague con su valor actualizado, para lo cual deberá aplicarse la siguiente fórmula: R= RH x Índice final Índice inicial 10 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022) Demandante:Olga Plazas López En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es la suma adeudada a la demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió efectuarse el pago de cada mensualidad y así sucesivamente. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01463-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

31 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante: Olga Plazas López
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.

Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la entidad
demandada contra la sentencia dictada el 8 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

2. La señora Olga Plazas López interpuso demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare
la nulidad parcial de la Resolución 5385 de 13 de junio de 2019, acto mediante
el cual se le reconoció la pensión de vejez de conformidad con la Ley 100 de
1993; y la nulidad de la Resolución 7618 de 1 de agosto de 2019 que confirmó la
decisión anterior.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) ordenar el traslado de los
aportes realizados a Colpensiones al FOMAG; ii) reconocer y pagar pensión
jubilación por aportes de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 71 de 1988
y 812 de 2003; iii) liquidar las mesadas pensionales desde la fecha de su status
pensional hasta cuando se verifique su pago; iv) pagar la indemnización
moratoria establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) no realizar
ningún tipo de descuento para salud sobre los aportes que se lleguen a
reconocer; y vi) condenar a la entidad demandada a pagar la indexación sobre
las sumas de dinero reconocidas, según lo establecido en los artículo 187 y 192
del CPACA .

Hechos relevantes

1
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante:Olga Plazas López

4. La señora Olga Plazas López nació el 5 de noviembre de1959; prestó sus
servicios docentes en la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 1 de febrero
de 2002 hasta la fecha de la presentación de la demanda.

5. Afirmó que al haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 71
de 1988 para acceder a la pensión de jubilación, presentó ante la Secretaría de
Educación de Educación de Bogotá solicitud de reconocimiento y pago de dicha
prestación con efectos a partir del 5 de noviembre de 2014, fecha en la que
adquirió el estatus pensional.

Normas violadas y concepto de la violación

6. La accionante señaló que con la negativa de la entidad se desconocieron
las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 16, 25, 29, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política de Colombia; Ley 71 de 1988; Ley 91 de 1989; Ley 4 de
1992; Ley 100 de 1993; y Ley 812 de 2003.

7. En el concepto de violación argumentó que los actos acusados infringieron
las normas en que debían fundarse, teniendo en cuenta que se desempeñó como
docente oficial vinculada mediante contratos de prestación de servicios antes de
que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le
reconozca y pague una pensión de jubilación conforme con la Ley 71 de 1988,
prestación que es compatible con el salario.

Contestación de la demanda

8. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pese a ser notificado de la admisión de la
demanda1 guardó silencio.

La sentencia de primera instancia

9. Mediante sentencia dictada el 8 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, accedió a las
pretensiones de la demanda2.

10. Determinó que la parte actora cumplió 55 años de edad el 5 de noviembre
de 2014 y completó 20 años de servicio el 1 de octubre de 2013, fecha para la
cual se encontraba afiliada al FOMAG en materia pensional.

11. Indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-20193 unificó el
tema del régimen de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial

1
Índice 2 de SAMAI Consejo de Estado. Archivo 05GastosNotificaciones.
2
Índice 2 de SAMAI Consejo de Estado. Archivo Sentencia.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, de fecha 25 de abril de 2019, con ponencia del Consejero Ponente:
César Palomino Cortés, dentro del expediente con radicado 68001233300020150056901, número Interno:
0935-2017, actora: Abadía Reynel Toloza, demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante:Olga Plazas López

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es
aplicable para el presente caso.

12. Estableció que la señora Olga Plazas López es beneficiaria del régimen
pensional previsto en la Ley 91 de 1989, en tanto se encontraba vinculada como
docente oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, puesto que
ingresó al servicio educativo oficial el 1 de febrero de 2002 en calidad de docente
interina, y posteriormente mantuvo vinculaciones en provisionalidad y,
finalmente, en propiedad.

13. Señaló que la demandante es beneficiaria del régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes del sector oficial. Asimismo, al
haberse efectuado cotizaciones tanto al sector privado como al público, concluyó
que su pensión debe reconocerse conforme al régimen legal anterior, para el
caso concreto, la Ley 71 de 1988, en los términos del Decreto 2709 de 1994, esto
es, con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios
y sobre los cuales hubiera efectuado aportes.

14. En cuanto a la prescripción, precisó que la parte actora presentó solicitud
de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes el 1 de octubre de
2018, y la demanda fue radicada el 10 de octubre de 2019.

15. Debido a que el derecho a percibir la pensión se causó el 5 de noviembre
de 2014; y que la petición se realizó el 1 de octubre de 2018, declaró que se
encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 1 de octubre de
2015.

16. Finalmente, no condenó en costas a la entidad demandada.

Recurso de apelación

17. La apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia,4 argumentando que el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 dispone que a quienes se encontraban vinculados al sector
educativo oficial al momento de su entrada en vigencia se les aplicarían las
disposiciones anteriores, mientras que quienes se vincularan con posterioridad
serían afiliados al FOMAG, con derechos pensionales regidos por el régimen de
prima media, contenido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

18. Para el caso en concreto, la demandante se vinculó como docente en
propiedad con posterioridad de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por
lo cual no es beneficiaria de lo dispuesto en la Ley 71 de 1988.

19. Advirtió que la demandante registró varios períodos de desvinculación
laboral superiores a quince (15) días entre una relación y que esta circunstancia
incide en la determinación del régimen pensional aplicable al momento de evaluar
su derecho.

4
Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado. Archivo 22RECURSOAPELACIÓN

3
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante:Olga Plazas López

Intervención en segunda instancia

20. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda5.

21. La entidad demandada pese a ser notificada guardó silencio.6

22. El agente del Ministerio Público rindió concepto,7 indicando que se debe
confirmar la sentencia de primera instancia ya que se encuentra acreditado que
la parte demandante se vinculó a la docencia oficial antes de la Ley 812 de 2003.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico:

23. Corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el régimen previsto en la Ley
71 de 1988, con fundamento en el tiempo de servicios prestado como docente
mediante órdenes de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003.
El caso concreto

24. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:

i) La señora Olga Plazas López nació el 5 de noviembre de 19598 y laboró
como docente en la Secretaría de Educación de Bogotá durante los
siguientes periodos:

Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios
Resolución 1186 de 01 de febrero al 3 de 62 días
2002 (Interino)9 abril de 2002
Resolución 1424 de 8 de abril al 21 de junio 75 días
2002 (Interino)10 de 2002
Resolución 2319 de 15 de julio al 11 de 89 días
2002 (Interino)11 octubre de 2002
Resolución 3503 de 15 de octubre al 30 de 47 días
2002 (Interino)12 noviembre de 2002
Resolución 630 de 2003 30 de enero al 27 de 149 días
(Interino)13 junio de 2003

5
Índice 12 de SAMAI Consejo de Estado
6
Índice 9 de SAMAI Consejo de Estado
7
Índice 13 de SAMAI Consejo de Estado
8
Índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado. Folio 37. Archivo 02Anexos
9
Folio 32. Ibidem
10
Ibidem
11
Ibidem
12
Ibidem
13
Folio 33 Ibidem.

4
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Demandante:Olga Plazas López

Resolución 2146 de 14 de julio al 12 de 152 días
2003 (Interino)14 diciembre de 2003
Resolución 031 de 2004 19 de enero de 2004 al 365 días
(Provisional)15 14 de julio de 2005
Resolución 2641 de 15 de julio de 2005 al 11 1.155 días
2005 (Periodo de de septiembre de
16
prueba) 2008**
Resolución 3569 de 12 de septiembre de 3.672 días
2008 (Propiedad)17 2008 al 1 de octubre de
2018 (fecha de
certificado) **
5.766 días, equivalen
16 años y 6 días
**Se relacionan las fechas según certificado de historia laboral expedido por la Secretaría
de Educación de Bogotá.

ii) La actora también registra 542.29 semanas de cotización en
Colpensiones18, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 11 de marzo de 1988 y el 30 de noviembre de 2001, de manera
discontinua, equivalentes a 3.796 días es decir 10 años, 6 meses y 16
días.

25. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros
que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan
de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida
de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el
de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.

26. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban
vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes
de la expedición de la norma.

27. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:

«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una

14
Ibidem
15
Ibidem
16
Ibidem.
17
Ibidem
18
Folios 34 y 35. ibidem.

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Demandante:Olga Plazas López

vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»19.

28. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.

29. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

30. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.

31. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional20, como ocurre con la bonificación pedagógica21 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes22, por ejemplo.

32. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los

19
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación:
40.662.
20
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y
sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
21
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para
tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
22
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial
para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las
cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual
docente.

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factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz
debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido
el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es
el caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se
trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el
artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de
1992.

33. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el
previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la
posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo
porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona
beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella23.

34. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:

«EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE
MODIFICACIONES

[…]

Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley
71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del
movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios

23
En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido
prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al FNPSM. No obstante, dicha
providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el
educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora
como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que
regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).

7
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Demandante:Olga Plazas López

asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera
lo permite»24.

35. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio
por sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la
posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.

36. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de
prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al
que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor
desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente
oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral,
con independencia de la denominación contractual que se les designe25.

37. En ese contexto, la demandante demostró que tuvo vinculaciones a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia
la Ley 812 de 2003, concretamente desde el 1 de febrero de 2002 en periodos
discontinuos, mediante nombramientos como docente interino y en propiedad.
Por consiguiente, su régimen pensional está regulado por la Ley 91 de 1989, la
cual habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.

38. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de
1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala
verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a
la pensión de jubilación por aportes.

39. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación
se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos,
y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los hombres, o 55 años, en el
de las mujeres.

40. En este asunto, se encuentra demostrado que la señora Olga Plazas
López cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia de cédula de
ciudadanía, nació el 5 de noviembre de 1959, por lo que alcanzó la edad de 55
años el 5 de noviembre de 2014; y (ii) las certificaciones laborales aportadas
acreditan que para esa fecha acumulaba más de 20 años de servicio en los
sectores público y privado.

24
Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
25
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-00082-
01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-
2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante:Olga Plazas López

41. Ahora bien, en cuanto a los factores salariales que integran la base de
liquidación de la pensión reconocida, la Sala observa que el artículo 6 del
Decreto 2709 de 1994 dispone:

«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo
las excepciones contenidas en la ley».

42. Así se reconoció en la sentencia de primera instancia. Sin embargo, dado
que se apeló toda la sentencia, y con fundamento en lo prescrito en el artículo
187 del CPACA, la sala advierte que, de oficio se debe modificar parcialmente la
decisión, puesto que la norma transcrita debe interpretarse de manera armónica
con la Ley 62 de 1985, pues la prestación se reconoce conforme a lo previsto en
la Ley 71 de 1988, atendiendo la condición de docente de la demandante.

43. La Sala observa que, si bien en ocasiones anteriores se afirmó que,
conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión reconocida bajo la Ley
71 de 1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709
de 1994, es preciso aclarar que dicha regla solo aplica respecto de los factores
expresamente consagrados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. En ese sentido,
se rectifica y aclara la posición previamente adoptada.

44. La razón de esta precisión radica en la necesidad de evitar regímenes
diferenciados dentro de una misma categoría de servidores públicos, como lo son
los docentes. No sería razonable que algunos accedan a la pensión incluyendo
cualquier factor sobre el cual se hubiesen efectuado aportes, incluso si estos no
están previstos en la normativa aplicable, mientras que otros estén sujetos
exclusivamente a los factores expresamente establecidos. Esta disparidad
configuraría una vulneración al derecho a la igualdad.

45. Por lo anterior, se modificará parcialmente el ordinal tercero de la
sentencia apelada para precisar que solo se tendrán en cuenta los expresamente
señalados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los contemplados en
los Decretos 633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014, el Decreto 2354 de
2018 y demás disposiciones concordantes aplicables a los docentes, durante el
año anterior a la consolidación del estatus pensional.

46. Por lo expuesto, esta Sala modificará el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia.

Costas

47. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva donde el juez, una vez comprobaba su

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Demandante:Olga Plazas López

causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.

48. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA. En
este, se introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que
la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que
implica que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación
procesal correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible.
Tal situación acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente
la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas
producto de los precedentes fijados por esta Corporación.

49. En el presente caso, la entidad demandada ejerció su defensa con
fundamento en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se
abstendrá de imponer la condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia dictada el 8 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, el
cual quedará en los siguientes términos:

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaratoria, y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO a reajustar la pensión de jubilación reconocida a
OLGA PLAZAS LÓPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 27.982.557 de
Barbosa, a partir del 01 de octubre de 2015, en los términos del artículo 7° de la
Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994,
cuyo porcentaje de liquidación se determinará teniendo en cuenta el promedio
de los salarios devengados durante el último año de servicios y sobre los cuales
se haya realizado aportes, siempre y cuando estén expresamente señalados en
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, así como los contemplados en los Decretos
633 y 634 de 2007, el Decreto 1566 de 2014, el Decreto 2354 de 2018 y demás
disposiciones concordantes aplicables a los docentes.

La entidad deberá realizar el ajuste de valores contemplado en el inciso final del
artículo 187 del CPACA, a efecto de que esta se pague con su valor actualizado,
para lo cual deberá aplicarse la siguiente fórmula:

R= RH x Índice final
Índice inicial

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01463-01 (6607-2022)
Demandante:Olga Plazas López

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es la suma adeudada a la demandante, por el guarismo que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la
fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que
debió efectuarse el pago de cada mensualidad y así sucesivamente.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas de segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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