Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01759-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01759-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01759-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
Demandado: Instituto Nacional de Vías1
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 21 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Mónica España Grueso presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio OAJ 36616 del 3 de septiembre de 2019, por medio
del cual el Invías le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral desde el 8 de junio
de 2007 hasta el 22 de noviembre de 2018; ii) el reconocimiento y pago de a)
cesantías, sanción por no consignación de cesantías y demás prestaciones
salariales y extralegales percibidas por los asesores de la planta de cargos de la
1 En adelante Invías.
2 Índice 2 de Samai, carpeta 4, documento 4.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Mónica España Grueso
Oficina Asesora Jurídica de la entidad; b) la indemnización moratoria por la falta de
pago de prestaciones sociales al finalizar la vinculación; c) la indemnización por
despido injusto; d) la devolución de las sumas pagadas por concepto de retención
en la fuente y aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones durante
el período reclamado; y iii) la condena en costas y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mónica España Grueso prestó sus servicios al Invías, mediante contratos de
prestación de servicios suscritos entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de noviembre
de 2018.
3.2. En el desarrollo de los contratos ejecutó actividades de manera personal,
subordinada y remunerada, sujetas al cumplimiento de horarios, órdenes e
instrucciones impartidas por los coordinadores, jefes del Grupo de Jurisdicción
Coactiva y la jefe de la Oficina de Asesora Jurídica; y a través del sistema interno
SICOR.
3.3. Cumplió funciones de apoyo y análisis jurídico en la Oficina Asesora Jurídica de
la entidad y de apoyo en archivo para la búsqueda de información relacionada con
procesos de cobro de valorización; previstas en el manual de funciones. Ejecutó las
actividades en las instalaciones del instituto con los elementos suministrados por
este, portó carné institucional y cumplió con una jornada de trabajo de lunes a
viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.
3.4. El 15 de noviembre de 2018 presentó renuncia «ante la falta de garantías
laborales».
3.5. El 28 de agosto de 2019 solicitó al Invías el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales, aportes a seguridad social e indemnizaciones derivadas de
la relación laboral.
3.6. Mediante Oficio OAJ 36616 del 3 de septiembre de 2019, la entidad negó la
solicitud al considerar que la vinculación se efectuó a través de contratos de
prestación de servicios por lo que no se generó una relación laboral.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4.Como tales se señalaron los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; las leyes
80 de 1993 y 190 de 1995; y el Decreto 222 de 1983.
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5. En cuanto al concepto de violación expuso que el Invías expidió el acto
demandado con falsa motivación al afirmar que carecía de competencia para
resolver la solicitud y al desconocer los elementos configurativos de la relación
laboral, pues pese a la vinculación mediante contratos de prestación de servicios,
ejerció funciones permanentes, propias de la entidad bajo condiciones de
subordinación y dependencia cumplió órdenes, horarios y directrices impartidas por
los superiores, desarrolló actividades previstas en el manual de funciones, prestó
personalmente el servicio y recibió una remuneración como contraprestación.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Invías se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. No le asistía obligación de reconocer prestaciones sociales, indemnizaciones o
demás acreencias reclamadas, porque no existió una relación laboral sino diversos
contratos de prestación de servicios en virtud del numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, ejecutados con autonomía técnica, administrativa y financiera habida
cuenta de que i) la demandante fue contratada para desarrollar actividades
especializadas ante la insuficiencia de personal de planta; ii) no existió
subordinación, sino una relación de coordinación propia de la supervisión
contractual; iii) las actividades desarrolladas no correspondieron a funciones
previstas en la ley o el reglamento para un empleo público; iv) la prestación personal
del servicio obedeció a la naturaleza de los contratos celebrados; v) las sumas
pagadas tuvieron la naturaleza de honorarios y no de salario; vi) los contratos fueron
discontinuos y no constituyeron una vinculación permanente; y vii) aceptó
libremente las condiciones contractuales, por lo que no podía pretender
posteriormente el reconocimiento de derechos laborales.
6.2. Propuso las siguientes excepciones:
i) Falta de legitimación en la causa por pasiva al no estar obligado al reconocimiento
de los derechos reclamados en tanto la vinculación de la demandante fue
exclusivamente contractual y no laboral;
ii) Ausencia de causa para demandar ya que no existió una relación laboral y los
pagos efectuados correspondieron a honorarios derivados de contratos de
prestación de servicios;
iii) Inexistencia de la obligación porque el vínculo generado entre las partes
correspondió a contratos de prestación de servicios celebrados conforme con la ley
y en atención a las necesidades de la entidad.
4 Índice 2 de Samai, carpeta 4, documento 19.
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iv) Legalidad de los actos administrativos demandados: el acto demandado fue
expedido conforme con el ordenamiento jurídico y se encuentra amparado por la
presunción de legalidad.
v) Buena fe de la entidad demandada: la contratación se realizó conforme con la
Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables, sin que existiera intención de ocultar o
desnaturalizar una relación laboral;
vi) Prescripción y «caducidad» de los periodos reclamados porque las acreencias
causadas 3 años antes de la presentación de la reclamación se encontraban
afectadas por dicho fenómeno5, pues el último contrato de prestación de servicios
se ejecutó desde el 4 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018;
vii) Compensación en el evento de prosperar alguna condena, pues se deberán
descontar las sumas ya pagadas a la demandante por concepto de honorarios; y
viii) La innominada.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
profirió la sentencia del 21 de mayo de 20246, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR parcialmente probada la excepción de “prescripción” de los
derechos laborales reclamados por la señora MÓNICA ESPAÑA GRUESO por el periodo
comprendido entre el 8 de junio de 2007 y el 5 de octubre de 2010, salvo los aportes
pensionales.
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, “caducidad”, “ausencia de causa para demandar”, “buena fe de la
entidad demandada”, “inexistencia de la obligación”, “legalidad de los actos
administrativos demandados”, “compensación” y “genérica”, propuestas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS, por las razones anteriormente expuestas.
TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. OAJ 36616 del 3 de septiembre de
2019, proferido por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS en cuanto negó a la
señora MÓNICA ESPAÑA GRUESO la existencia de la relación laboral y el consecuente
pago de los derechos prestacionales derivados de la misma.
CUARTO: DECLARAR que existió un vínculo laboral entre el INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS- INVÍAS y la señora MÓNICA ESPAÑA GRUESO, identificada con cédula de
ciudadanía […], por el período comprendido entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de
noviembre de 2018, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
5 No especificó fecha.
6 Índice 62 Samai tribunales.
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Demandante: Mónica España Grueso
QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al NACIONAL DE VÍAS-
INVÍAS, a:
a. Reconocer y pagar a favor de la señora MÓNICA ESPAÑA GRUESO, las
prestaciones laborales y emolumentos ordinarios o de carácter legal (se excluyen los
derechos extralegales y convencionales), percibidos por un funcionario par de planta o
equivalente de la entidad, liquidados con base en los honorarios contractuales, por el
periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2010 y el 22 de noviembre de 2018,
según la duración de los contratos suscritos por la demandante, acorde con lo probado
y expuesto, por efectos de la interrupción en la suscripción de los contratos.
Las sumas que resulten en favor de la parte actora se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la fórmula citada en la parte considerativa de la presente providencia.
b. Realizar los aportes de seguridad social en pensiones al fondo que corresponda, por
el periodo comprendido del 8 de junio de 2007 al 22 de noviembre de 2018, salvo las
interrupciones acreditadas, con base en los honorarios pactados, mes a mes, por todos
los períodos contractuales suscritos, en razón a que este derecho es imprescriptible.
Para el efecto, INVÍAS deberá tomar el ingreso base de cotización (el valor mensual de
los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes ya realizados
por la contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía como empleador,
según la regla jurisprudencial fijada por el H. Consejo de Estado, siendo necesario que
la parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso que exista diferencia o no
se hubieran efectuado, esta última deberá asumir el porcentaje correspondiente.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de la presente providencia.
[…]
OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…].» (sic).
8. Para tal efecto, expuso lo siguiente:
8.1. Las excepciones de caducidad no prosperaban porque la demanda fue
presentada dentro de los 4 meses siguientes a la expedición del acto demandado
ni la de falta de legitimación en la causa por pasiva porque el acto demandado fue
expedido por el Invías.
8.2. Mónica España Grueso prestó servicios al Invías mediante contratos de
prestación de servicios con el fin de desempeñar labores de apoyo y asesoría
jurídica en la Oficina Asesora Jurídica y, particularmente, en el Grupo de
Jurisdicción Coactiva, entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de noviembre de 2018,
discriminados así:
5
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Demandante: Mónica España Grueso
Duración Días
# Contrato
Desde Hasta hábiles
31 de
1124 8 de junio
1 diciembre 3
2007 de 2007
de 2007
34 de 6 de
31 de julio
2 2008 febrero de 3
de 2008
2008
455 de 6 de
6 de agosto
3 2008 diciembre 28
de 2008
de 2008
21 de 31 de
95 de
4 enero de diciembre 9
2009
2009 de 2009
18 de
71 de 31 de julio
5 enero de 3
2010 de 2010
2010
5 de
564 de 5 de agosto
6 octubre 33
2010 de 2010
de 2010
25 de 31 de
910 de
7 noviembre diciembre 1
2010
de 2010 de 2010
17 de 4 de 31 de
8 2011 febrero de diciembre 22
2011 de 2011
2 de 27 de
128 de
9 febrero de diciembre 30
2012
2012 de 2012
94 de 15 de
15 de abril
10 2013 febrero de 3
de 2013
2013
5 de
493 de 19 de abril
11 agosto de 3
2013 de 2013
2013
1061 de 31 de
6 de agosto
12 2013 octubre de 19
de 2013
2013
3460 de 2 de 21 de
13 2013 diciembre diciembre 2
de 2013 de 2013
3845 de 26 de
30 de junio
14 2013 diciembre 10
de 2014
de 2013
471 de 31 de
15 de julio
15 2014 diciembre 6
de 2014
de 2014
13 de 13 de
45 de
16 enero de octubre de 4
2015
2015 2015
1476 de 20 de 31 de
17 2015 octubre de diciembre 19
2015 de 2015
31 de 30 de
276 de
18 enero de diciembre 4
2016
2016 de 2016
29 de
11 de 6 de enero
19 diciembre 2
2017 de 2017
de 2017
122 de 22 de
4 de enero
20 2018 noviembre
de 2018
de 2018
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8.3. Pese a la forma contractual utilizada, en la práctica se configuró una verdadera
relación laboral, pues la demandante prestó personalmente el servicio, recibió una
remuneración periódica y desarrolló las actividades bajo subordinación. En efecto,
cumplía con un horario, debía solicitar permisos para ausentarse, recibía
instrucciones y directrices de coordinadores y jefes, utilizaba las instalaciones,
herramientas y sistemas institucionales, y sus labores eran revisadas y aprobadas
por superiores. Además, desempeñó funciones permanentes y misionales propias
de la Oficina Asesora Jurídica y del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la entidad.
8.4. Se evidenció una interrupción de 33 días hábiles entre el contrato 564 de 2010,
finalizado el 5 de octubre de 2010, y el contrato 910 de 2010, iniciada el 25 de
noviembre de 2010, circunstancia que generó ruptura de continuidad y permitió
identificar dos períodos independientes de vinculación: i) del 8 de junio de 2007 al
5 de octubre de 2010 y ii) del 25 de noviembre de 2010 al 22 de noviembre de 2018.
8.5. Como la reclamación administrativa fue presentada el 28 de agosto de 2019, los
derechos laborales derivados del primer período (8 de junio de 2007 a 5 de octubre
de 2010) se encontraban prescritos, pues el término para reclamarlos venció el 5 de
octubre de 2013. No ocurrió lo mismo respecto del segundo período (25 de
noviembre de 2010 a 22 de noviembre de 2018), frente al cual la reclamación fue
oportuna. La prescripción no afectaba los aportes al sistema pensional, por tratarse
de derechos imprescriptibles.
1.4. Los recursos de apelación
9. El Invías presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
con fundamento en lo siguiente7:
9.1. No existió relación laboral entre la demandante y el instituto al no haberse
acreditado la subordinación. El tribunal confundió la coordinación de actividades
propia de los contratos de prestación de servicios con dicho elemento, pues
aspectos como la asignación de tareas, la rendición de informes, el cumplimiento
de horarios, la asistencia a reuniones, la utilización de instalaciones y herramientas
institucionales, así como la supervisión de las actividades contratadas, constituyen
manifestaciones normales de coordinación contractual sin que ello implique la
existencia de subordinación.
9.2. La demandante conservó autonomía técnica y administrativa en la ejecución de
los contratos, circunstancia respaldada por los estudios previos y documentos
contractuales suscritos entre las partes. No existieron llamados de atención,
memorandos, sanciones disciplinarias ni otras pruebas que demostraran el ejercicio
de potestades propias de un empleador.
7 Índice 79 Samai tribunales.
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Demandante: Mónica España Grueso
9.3. El tribunal ordenó reconocer prestaciones equivalentes a las de un funcionario
par o equivalente de la entidad sin identificar un cargo específico de la planta de
personal cuyas funciones coincidieran con las desarrolladas por la demandante. Tal
situación evidenciaba que las actividades ejecutadas no correspondían a un empleo
de planta.
9.4. Las labores de apoyo y análisis jurídico desarrolladas por la demandante no
constituían actividades misionales, pues el objeto de la entidad está relacionado con
la ejecución de políticas, planes y proyectos de infraestructura vial, férrea, fluvial y
marítima, mientras que las funciones desempeñadas por aquella se limitaban a
actividades de sustanciación, atención de peticiones, elaboración de memorandos
y demás asuntos jurídicos de apoyo.
9.5. La permanencia de la vinculación contractual durante varios años no demostraba
por sí sola la existencia de una relación laboral, sino únicamente la necesidad que
tenía la entidad de contar con servicios especializados de apoyo jurídico,
circunstancia compatible con la celebración sucesiva de contratos de prestación de
servicios.
10. Mónica España Grueso presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia con fundamento en lo siguiente8:
10.1. El tribunal negó la indemnización por despido sin justa causa y la indemnización
moratoria por el no pago de prestaciones sociales al finalizar la relación laboral, con
sustento en precedentes que únicamente analizaban la improcedencia de la sanción
moratoria por falta de consignación de cesantías en casos de «contrato realidad» de
tal manera que no resultaban aplicables por analogía a figuras jurídicas distintas sin
valorar la conducta de la entidad ni las circunstancias que rodearon la terminación
del vínculo laboral.
10.2. El Invías actuó de mala fe al utilizar contratos de prestación de servicios de
forma sucesiva para encubrir una verdadera relación laboral durante más de 11
años, pese a que las funciones desarrolladas eran permanentes y propias de la
entidad; por tal razón, era procedente la indemnización moratoria derivada del no
pago de prestaciones sociales al finalizar la relación laboral.
10.3. No operaba la prescripción respecto de las prestaciones sociales causadas
entre el 8 de junio de 2007 y el 5 de octubre de 2010, debido a que el tribunal declaró
la existencia de una única relación laboral entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de
noviembre de 2018, de manera que el término trienal debía contarse desde la
terminación definitiva del vínculo. En consecuencia, como la reclamación
8 Índice 69 Samai tribunales.
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administrativa fue presentada el 28 de agosto de 2019, no acaecía dicho fenómeno
jurídico.
10.4. El auxilio de cesantías no estaba sujeto al fenómeno de la prescripción, por
tratarse de una prestación de carácter anualizado cuya finalidad es constituir un
ahorro para el trabajador al momento de quedar cesante, razón por la cual era
procedente el reconocimiento de las cesantías correspondientes a todo el período
laborado.
10.5. Procedía la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías,
puesto que la declaración judicial de la existencia de una relación laboral implicaba
reconocer todos los derechos derivados de ella, incluida la consecuencia legal por
el incumplimiento de la obligación de consignar dicha prestación durante la vigencia
del vínculo.
10.6. Debía ordenarse la devolución de las sumas descontadas por concepto de
impuestos retenidos durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios, toda vez que dichos pagos se efectuaron bajo una modalidad contractual
que fue desvirtuada con la declaración de la relación laboral, por lo que tales cargas
económicas no debían ser asumidas por la demandante.
10.7. Procedía la condena en costas a cargo de la entidad demandada por resultar
vencida en el proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA, en concordancia con el artículo 365 del CGP.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
9 Al respecto, ver auto a índice 6 de Samai.
9
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13. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer
13.1. ¿Si entre Mónica España Grueso y el Invías se configuró una relación laboral?
13.2. ¿Si,
tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral y cuáles son esas prestaciones?;
13.3. ¿Si
había lugar al reconocimiento de la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de cesantías; de la indemnización moratoria derivada del no
pago de prestaciones sociales al finalizar el vínculo; y de la indemnización por
despido sin justa causa?;
13.4. ¿Si
procedía la devolución de los valores descontados por concepto de
impuestos durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios?;
13.5. ¿Si operó el fenómeno de la prescripción?; y
13.6. ¿Si hay lugar a la condena en costas en los términos solicitados por la parte
demandante?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
10
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Demandante: Mónica España Grueso
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 199811 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
11 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)12 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 13, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»14 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
12 Aprobada el 11 de abril de 1919.
13 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
14 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
12
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación15 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales16». (Resalta la Sala).
24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
16 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
13
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202117 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
31.1. Mónica España Grueso suscribió contratos de prestación de servicios con el
Invías entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de noviembre de 2018 con algunos
intervalos entre una vinculación y otra, cuyos objetos y obligaciones se enlistan a
continuación:
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta
15
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
1219 de junio de 31 de El CONTRATISTA se compromete con el INSTITUTO a prestar sus
1 1124 200718 2007 diciembre de servicios de apoyo y análisis jurídico en el Grupo Plan 2500 y en la
2007 Oficina Asesora Jurídica
Obligaciones del contratista
1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato.
2) Adelantar todos los trámites necesarios para el cobro de las sumas que le adeudan al instituto y que le sean solicitadas.
3) Apoyar al Grupo Plan 2500 en los temas jurídicos que le sean requeridos.
4) Tramitar el cobro de los saldos a favor de la entidad, resultado de la ejecutoria de los actos administrativos expedidos por el plan 2500.
5) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud y pensión en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto
con el informe que presente.
6) Entregar al supervisor del contrato un informe mensual en el que relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente.
7) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el supervisor del mismo.
8) Las demás que en relación con el objeto del contrato, sean necesarias y/o le sean solicitadas por el supervisor del contrato.
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta
Prestar apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional de
34 de 200820 6 de febrero de 6 de agosto21 Vías- INVÍAS, en desarrollo de la implementación de la
2
2008 de 2008 infraestructura regional del INVÍAS, así como apoyar y asesorar en
el plan de mejoramiento de la oficina asesora jurídica
Obligaciones del contratista
Las obligaciones son idénticas a las del Contrato 1124 2007.
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta
Prestar su apoyo a la Oficina Jurídica del INVÍAS
3123 de
22 6 de agosto de
3 455 de 2008 diciembre de
2008
2008
Obligaciones del contratista
Las obligaciones son idénticas a las del Contrato 1124 2007. Adicionalmente, constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar
la ejecución del objeto contractual.
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta
31 de Prestar los servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del
21 de enero de
4 95 de 200924 diciembre de INVÍAS
2009
2009
Obligaciones del contratista
Las obligaciones son idénticas a las del Contrato 1124 2007. Adicionalmente, constituir las garantías suficientes y necesarias para amparar
la ejecución del objeto contractual; con el siguiente «alcance»:
a) Asesorar, asistir y apoyar a la oficina Asesora Jurídica de INVÍAS que permita desarrollar proyectos de fortalecimiento y mejoramiento
de los objetivos de dicha oficina.
b) Realizar los cobros de deudas a INVÍAS
c) Conceptuar y apoyar jurídicamente al grupo plan 2500.
d) Apoyar a la oficina Asesora Jurídica de INVÍAS.
e) Elaborar y presentar informes, recomendaciones y sugerencias sobre el objeto del contrato.
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del
18 de enero de 31 de julio de INVÍAS
5 71 de 201025
2010 2010
Obligaciones del contratista
1) Cumplir a cabalidad con el objeto y con las obligaciones derivadas del contrato.
2) Adelantar todos los trámites necesarios para el cobro de las sumas que adeudan al Instituto Nacional de Vías y que le sean solicitadas.
3) Iniciar los procesos coactivos elaborando el cobro prejurídico, el mandamiento de pago y los autos de embargo y secuestro
correspondientes hasta la terminación del proceso.
4) Efectuar la devolución de los expedientes a la Unidad Ejecutora, cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las aclaraciones
o ajustes requeridos.
5) Proyectar y/o revisar los actos administrativos que le sean solicitados.
6) Brindar la asesoría telefónica y/o personal en temas relacionados con la Oficina Asesora Jurídica las Unidades Ejecutoras del INVÍAS.
7) Emitir conceptos jurídicos que le sean solicitados.
18 Folio 22 Cd. Documento 1. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, páginas 40 y 41.
19 El tribunal indicó como fecha el 8 de junio de 2007; sin embargo, la certificación emitida por la
entidad indica que la fecha inicio fue el 12 de junio de 2007 (orden de inicio). Folio 98 Cd. Documento
122-2018.T1.pdf, página 40.
20 Folio 22 Cd. Documento 3. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, páginas 38 y 39.
21 El tribunal se refirió al 31 de julio de 2008; sin embargo, de la certificación emitida por la entidad
se infiere que la fecha corresponde al 6 de agosto de 2008 por cuanto el plazo es de 6 meses
contados a partir del acta de inicio suscrita el 6 de febrero de 2008. Folio 22 Cd. Documento 3. Folio
98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 38.
22 Folio 22 Cd. Documento 4. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, páginas 36 y 37.
23 El tribunal refirió como fecha el 6 de diciembre de 2008; sin embargo, la certificación emitida por
la entidad indica que la fecha inicio fue el 6 de agosto de 2008 con plazo de ejecución de 4 meses y
25 días, por lo que la fecha final corresponde al 31 de diciembre de 2008. Folio 98 Cd. Documento
122-2018.T1.pdf, página 35.
24 Folio 22 Cd. Documento 5. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 36.
25 Folio 22 Cd. Documento 6. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 34.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
8) Efectuar los aportes a Seguridad Social en Salud y Pensión en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto
con el informe que presente. 9) Entregar al interventor del contrato un informe mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente. 10) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el supervisor del
mismo. 11) Las demás que en relación con el objeto del contrato, sean necesarias y/o le sean solicitadas por el supervisor del mismo. Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del
5 de agosto de 5 de octubre INVÍAS
6 564 de 201026
2010 de 2010
Obligaciones del contratista
Las obligaciones son idénticas a las del Contrato 71 de 2010. Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del
25 de 31 de INVÍAS
7 910 de 201027 (cesión) noviembre de diciembre de
2010 2010
Obligaciones del contratista
Las obligaciones son idénticas a las del Contrato 71 de 2010. Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
31 de Asesora Jurídica del INVÍAS
17 de 201128 4 de febrero de
8 diciembre de
2011
2011
Obligaciones del contratista
1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato. 2) Adelantar todos los trámites necesarios para el cobro de las sumas que le adeudan al Instituto Nacional de Vías que le sean solicitadas. 3) Iniciar los procesos coactivos elaborando el cobro prejurídico, el mandamiento de pago, y los autos de embargo y secuestro
correspondientes, hasta la terminación del proceso. 4) Adelantar todos los trámites conducentes para la presentación de las demandas ante la jurisdicción Contenciosa. 5) Efectuar la devolución de los expedientes a la Unidad Ejecutora, cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las
aclaraciones o ajustes requeridos. 6) Proyectar y/o revisar los actos administrativos que le sean solicitados. 7) Brindar asesoría telefónica y/o personal en temas relacionados con la Oficina Asesora Jurídica o las Unidades Ejecutoras del Instituto
Nacional de Vías. 8) Emitir los conceptos jurídicos que le sean solicitados. 9) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud y pensión en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto
con el informe que presente. 10) Entregar al Gestor Administrativo del contrato un informe mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes
correspondiente. 11) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el Gestor
Administrativo del mismo. 12) Las demás que en relación con el objeto del contrato, sean necesarias y/o le sean solicitadas por el Gestor Administrativo del mismo."
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
31 de Asesora Jurídica del INVÍAS
128 de 201229 (plazo 630 de febrero
9 diciembre de
10 meses y 25 días) de 2012
2012
Obligaciones del contratista
9.1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato. 9.2) Proyectar y/o revisar actos administrativos o demás documentos que le sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato. 9.3) Preparar y/o participar en reuniones y/o audiencias relacionadas con las actuaciones que le sean encomendadas o cuando se lo solicite
el gestor del contrato. 9.4) Revisar y proyectar la respuesta a los requerimientos incoados por entidades Públicas y Privadas que le sean asignados, relaciona
dos con el objeto del contrato. 9.5) Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos jurídicos que le sean asignados.
9.6) Efectuar la devolución de los expedientes a las Unidades Ejecutoras cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las
aclaraciones o ajustes requeridos, relacionados con el objeto del contrato. 9.7) Brindar asesoría telefónica y/o personal en temas relacionados con los procesos contractuales a las Unidades Ejecutoras del INVIAS
relacionados con el objeto del contrato. 9.8) Brindar asesoría y acompañamiento en los procesos sancionatorios, elaboración de contratos y todos los demás que se requieran
durante la ejecución de los contratos, relacionados con el objeto del contrato. 9.9) Liderar los procesos de cobro coactivo por valorización. 9.10) Guardar la debida confidencialidad de los procesos y procedimientos de la dependencia. 9.11) Responder por la información a su cargo, llevando el respectivo archivo y no divulgar la información confidencial. 9.12) Presentar un informe mensual de conformidad a las obligaciones contractuales. 9.13) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el gestor del mismo. 9.14) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud y pensión en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos junto
con el informe que presente. 9.15) Las demás actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas por el gestor del contrato, relacionados con el objeto del contrato.
# Contrato Duración Objeto
26 Folio 22 Cd. Documento 7. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 34.
27 Folio 22 Cd. Documento 8.
28 Folio 22 Cd. Documento 9. Folio 98 Cd. Documento Contrato 0017-2011.pdf, página 274.
29 Folio 22 Cd. Documento 10.
30
El tribunal indicó como fecha el 2 de febrero de 2012; sin embargo, la certificación emitida por la
entidad indica que la fecha es el 6 de febrero de 2012 con plazo de 10 meses y 25 días. Folio 98
Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 33.
17
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
Desde Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
94 de 201331 15 de febrero 15 de abril de Jurídica en los temas del programa caminos de prosperidad a nivel
10
de 2013 2013 nacional, de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
Obligaciones del contratista
8.1) Cumplir a cabalidad con el objeto, las obligaciones derivadas del presente contrato y las metas asignadas, prestando apoyo requerido
por la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica.
8.2) Brindar apoyo jurídico en la gestión de los temas relacionados con el Programa Caminos de Prosperidad que se le asignen en la Oficina
Asesora Jurídica.
8.3) Revisar y proyectar la respuesta a los requerimientos incoados por Entidades Públicas y Privadas que le sean asignados en el marco
del Programa Caminos de Prosperidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica.
8.4) Realizar la revisión y presentar informe de los estados de los procesos de incumplimiento que cursan en la Oficina Asesora Jurídica y
que correspondan a la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
8.5) Apoyar la elaboración de manuales de actividades, procesos y demás actos administrativos que deban proferirse en cumplimiento de
las actividades de la SRT.
8.6) Prestar el apoyo en los trámites que adelante el INVIAS, para el cobro de indemnizaciones, de acuerdo con la información que le
suministre la Coordinación Técnica y la Coordinación Administrativa y Financiera de la SRT, apoyando al área de Procesos Coactivos de la
Oficina Asesora Jurídica relacionados con el Programa Caminos de Prosperidad de la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea.
8.7) Todas las demás que le permitan cumplir con el objeto de este contrato y/o le sean asignadas por el Gestor del mismo.
8.8) Presentar un informe general de las actividades realizadas durante el plazo total de ejecución del contrato de prestación de servicios.
8.9) Hacer entrega del estado actual y trámites pendientes con sus respectivos antecedentes de las actividades a ejecutar de los temas a
su cargo, al vencimiento del plazo contractual.
8.10) Realizar de manera conjunta con el gestor del contrato de prestación de servicios, el acta de recibo y liquidación del mismo. Atender
las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato que realice el gestor del mismo.
8.11) Es de exclusiva responsabilidad del Contratista mantener al día el pago correspondiente a sus sistemas de seguridad social en salud,
pensiones y ARP sobre honorarios, de acuerdo con las bases de cotización establecidas por el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 y por el
artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, para los aportes en salud y lo dispuesto en la Ley 797 de enero de 2002 en cuanto a los aportes de
pensiones. Y entregar copia de los mismos junto con el informe que presente.
8.12) Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS, manteniendo actualizada la información
referente a oficios, memorandos, contratos, procesos judiciales y demás asuntos a su cargo, bajo las aplicaciones SICO, SICOR, LITIGOB,
SIPRO y demás sistemas de información con que llegare a contar el instituto, conforme a las condiciones de uso de cada herramienta,
presentando para el efecto, informes quincenales sobre el avance y estado de los mismos para aprobación del gestor del contrato. Los
asuntos a su cargo deberán ser reportados para pago, con trámite de fondo o actualizado, según corresponda, dentro de los parámetros
señalados, debiendo en todo caso presentar cumplimiento de los mismos en proporción al 100% a la finalización del contrato.
8.13) Las demás actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas y relacionadas con el objeto del contrato.
Duración Objeto
# Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
11 2233 de abril de 30 de junio de Jurídica del INVÍAS en los programas y proyectos a su cargo
493 de 201332
2013 2013
Obligaciones del contratista
9.1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato.
9.2) Proyectar y/o revisar actos administrativos o demás documentos que le sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato.
9.3) Revisar y proyectar la respuesta a los requerimientos incoados por entidades Públicas y Privadas que le sean asignados, relacionados
con el objeto del contrato.
9.4) Analizar, conceptuar y presentar las recomendaciones que considere sobre los asuntos jurídicos que le sean asignados.
9.5) Efectuar la devolución de los expedientes a las Unidades Ejecutoras cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las
aclaraciones o ajustes requeridos, relacionados con el objeto del contrato.
9.6) Brindar asesoría telefónica y/o personal en temas relacionados con los procesos de cobro coactivo.
9.7) Brindar apoyo en los procesos de cobro coactivo relacionados con los procesos de valorización.
9.8) Guardar la debida confidencialidad de los procesos y procedimientos de la dependencia.
9.9.) Presentar informe mensual de conformidad con las obligaciones contractuales.
9.10) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes correspondientes y entregar copia
de los mismos junto con el informe que presente.
9.11) Las demás actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas por el gestor del contrato.
9.12) Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición del INVÍAS, manteniendo actualizada la información
referente a oficios, memorandos, contratos, procesos judiciales y demás asuntos a su cargo, bajo las aplicaciones SICO, SICOR, LITIGOB,
SIPRO y demás sistemas de información con que llegara a contar el instituto, conforme a las condiciones de uso de cada herramienta,
presentando para el efecto, informes quincenales sobre el avance y el estado de los mismos para aprobación del gestor del contrato.
# Duración Objeto
Contrato
Desde Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
12 1061 de 201334 6 de agosto de 31 de octubre Asesora Jurídica del INVÍAS en los programas y proyectos a su
2013 de 2013 cargo
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistas en el contrato 128 de 2012 excepto «9.8) Brindar asesoría y acompañamiento en los procesos
sancionatorios, elaboración de contratos y todos los demás que se requieran durante la ejecución de los contratos, relacionados con el
objeto del contrato»; y adicionalmente, «9.12. Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición del INVÍAS,
manteniendo actualizada la información referente a oficios, memorandos, contratos, procesos judiciales y demás asuntos a su cargo, bajo
las aplicaciones SICO, SICOR, LITIGOB, SIPRO y demás sistemas de información con que llegara a contar el instituto, conforme a las
condiciones de uso de cada herramienta, presentando para el efecto, informes quincenales sobre el avance y el estado de los mismos para
aprobación del gestor del contrato».
# Duración Objeto
Contrato
13 Desde Hasta
31 Folio 22 Cd. Documento 11. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 31.
32 Folio 22 Cd. Documento 12.
33
El tribunal se refirió al 19 de abril de 2013; sin embargo, la certificación emitida por la entidad
indica que la fecha es el 22 de abril de 2013. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, páginas 28
y 31.
34 Folio 22 Cd. Documento 13. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, páginas 29 y 32.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
3460 de 201335 (19 336 de 2237 de Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
días) diciembre de diciembre de Asesora Jurídica del INVÍAS en los programas y proyectos a su
2013 2013 cargo
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 493 de 2013
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
14 3845 de 2013 38
26 de diciembre 30 de junio de Asesora Jurídica del INVÍAS
de 2013 2014
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 493 de 2013
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
31 de Asesora Jurídica del INVÍAS
15 471 de 201439 15 de julio de
diciembre de
(31 de julio de 2014) 2014
2014
Obligaciones del contratista
9.1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato.
9.2) Proyectar la respuesta a los requerimientos incoados por entidades Públicas y Privadas que le sean asignados, relaciona
dos con el objeto del contrato.
9.3) Brindar apoyo en los procesos de cobro coactivo relacionados con los procesos de valorización.
9.4) Efectuar la devolución de los expedientes a las Unidades Ejecutoras cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las
aclaraciones o ajustes requeridos, relacionados con el objeto del contrato.
9.5.) Asistir y atender todas las reuniones que le solicite la oficina Asesora Jurídicas del INVÍAS.
9.6) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes correspondientes y entregar copia de
los mismos junto con el informe que presente.
9.7.) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato de prestación de servicios que
realice el gestor del mismo.
9.8) Entregar al gestor administrativo del contrato, una vez finalice el mismo, los archivos físicos y magnéticos y documentos que tenga a
su cargo en virtud de desarrollo del objeto del presente contrato.
9.9) Las demás actividades que sean necesarias y/o que sean solicitadas por el gestor del mismo.
9.10) Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición del INVÍAS, manteniendo actualizada la información
referente a oficios, memorandos, contratos, procesos judiciales y demás asuntos a su cargo, bajo las aplicaciones SICO, SICOR, LITIGOB,
SIPRO y demás sistemas de información con que llegara a contar el instituto, conforme a las condiciones de uso de cada herramienta,
presentando para el efecto, informes quincenales sobre el avance y el estado de los mismos para aprobación del gestor del contrato.
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
16 13 de enero de 13 de octubre Asesora Jurídica del INVÍAS
45 de 201540
2015 de 2015
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 471 de 2014
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
1476 de 201541 (hasta Asesora Jurídica del INVÍAS en los programas y proyectos a su
31 de
17 el 31 de diciembre de 20 de octubre cargo
diciembre de
2015) de 2015
2015
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 471 de 2014 pero en relación con los programas de mejoramiento, mantenimiento y
conservación de vías, Caminos de prosperidad Nacional; y de vías para la para la conectividad Regional.
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
30 de Asesora Jurídica del INVÍAS
18 276 de 201642 (30 de 2243 de enero
diciembre de
diciembre de 2016) de 2016
2016
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 493 de 2013, excepto «9.4) Efectuar la devolución de los expedientes a las Unidades
Ejecutoras cuando en un término prudencial no se hayan efectuado las aclaraciones o ajustes requeridos, relacionados con el objeto del
contrato» y «9.8) Entregar al gestor administrativo del contrato, una vez finalice el mismo, los archivos físicos y magnéticos y documentos
que tenga a su cargo en virtud de desarrollo del objeto del presente contrato»
35 Folio 22 Cd. Documento 14.
36
El tribunal señaló como fecha el 2 de diciembre de 2013; sin embargo, la certificación emitida por
la entidad indica que la fecha es el 3 de abril de 2013. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf,
página 31.
37
El tribunal indicó como fecha el 21 de diciembre de 2013; sin embargo, la certificación emitida
por la entidad indica que la fecha es el 22 de diciembre de 2013. Folio 98 Cd. Documento 122-2018
T1.pdf, página 31.
38 Folio 22 Cd. Documento 15. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 28.
39 Folio 22 Cd. Documento 16. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 31.
40 Folio 22 Cd. Documento 17. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 24.
41 Folio 22 Cd. Documento 18. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 24.
42 Folio 22 Cd. Documento 19.
43
El tribunal refiere el 31 de enero de 2016, sin embargo, la certificación emitida por la entidad indica
que la fecha es el 22 de enero de 2016. Folio 98 Cd. Documento 0276-2016 carpeta 2 página 81.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
29 de Asesora Jurídica del INVÍAS
19 11 de 201744 (29 de 1045 de enero
diciembre de
diciembre de 2017 de 2017
2017
Obligaciones del contratista
Idénticas obligaciones a las enlistadas en el contrato 471 de 2014 y adicionalmente, «9.7) presentar un informe mensual de conformidad
con las obligaciones contractuales informando de manera detallada las actividades realizadas para el seguimiento a las tareas
encomendadas y evaluación del presente contrato; dirigido al director general del Instituto Nacional de Vías, previo visto bueno del supervisor
del contrato y del jefe de la Unidad Ejecutora».
# Duración Objeto
Contrato
Hasta Hasta Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico a la Oficina
122 de 201846 22 de Asesora Jurídica del INVÍAS
20 547 de enero de
(Plazo hasta el 30 de noviembre de
2018
septiembre de 2018) 2018
Obligaciones del contratista
9.1) Cumplir a cabalidad con el objeto y las obligaciones derivadas del contrato.
9.2) Proyectar la respuesta a los requerimientos presentados por Entidades Públicas y Privadas, y por las diferentes Unidades Ejecutoras
del INVIAS.
9.3) Brindar apoyo en la revisión y sustanciación de los procesos de cobro coactivo contractuales adelantados por la entidad.
9.4) Proyectar y hacer seguimiento a los acuerdos de pago suscritos dentro de los procesos de cobro asignados.
9.5) Efectuar el cobro a los entes territoriales de los remanentes generados por la liquidación de los convenios interadministrativos.
9.6) Ejercer la defensa jurídica de la entidad, en los procesos de cobro coactivo asignados.
9.7) Actualizar la base de datos con las diferentes actuaciones surtidas dentro de los procesos de cobro asignados.
9.8) Apoyar al Grupo de Litigio en los comités de conciliación relacionados con procesos de cobro coactivo.
9.9) Apoyar al Grupo de Tesorería en la revisión y aplicación de la compensación de obligaciones relacionadas con procesos de cobro
coactivo.
9.10) Asistir y participar en todas las reuniones que le solicite la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del INVIAS y/o la Coordinación del Grupo.
9.11) Efectuar los aportes a Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales en los porcentajes correspondientes y entregar copia
de los mismos junto con el informe que presente.
9.12) Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el objeto y las obligaciones del contrato de prestación de servicios que
realice el supervisor del mismo.
9.13) Entregar al supervisor del contrato, una vez finalice el mismo, los archivos físicos y magnéticos y documentos que tenga a su cargo
en virtud del desarrollo del objeto del presente contrato.
9.14) Las demás actividades que sean necesarias y/o solicitadas por el supervisor del contrato.
9.15) Emplear las bases de datos y sistemas de información puestos a disposición por el INVIAS, manteniendo actualizada la información
referente a oficios, memorandos y demás asuntos a su cargo, bajo la aplicación SICOR y demás sistemas de información con que llegare
a contar el Instituto conforme a las condiciones de uso de cada herramienta, presentando para el efecto informes mensuales sobre el avance
y estado de los mismos para aprobación del supervisor del contrato. Los asuntos a su cargo deberán ser reportados para pago, con trámites
de fondo o actualizados, según corresponda dentro de los parámetros señalados debiendo en todo caso presentar cumplimiento de los
mismo en proporción del 100% a la finalización del contrato.
31.2. De acuerdo con el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
del Invías para la Oficina Asesora Jurídica, en torno a los procesos administrativos
sancionatorios, jurisdicción coactiva, conceptos, procesos judiciales y litigantes, le
correspondían, entre otras, las siguientes funciones48:
Jefe de Oficina Asesora Jurídica
• «Generar y presentar los informes relacionados con la gestión jurídica a la Dirección General
y a los organismos y entes de control e investigativos, de acuerdo con los procedimientos
institucionales y las disposiciones normativas aplicables».
• «Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el
Instituto o en contra, conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad
vigente».
• «Analizar las solicitudes de cobro persuasivo y solicitar información adicional a las
dependencias, conforme a los procedimientos establecidos».
• «Realizar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos
e instancias establecidas en la normatividad vigente».
• «Realizar las actuaciones jurídicas para el pago de créditos judiciales a cargo del Instituto de
acuerdo a las formalidades y procedimientos internos».
44 Folio 22 Cd. Documento 20.
45
El tribunal refiere el 6 de enero de 2016, sin embargo, la certificación emitida por la entidad indica
que la fecha es el 10 de enero de 2016. Folio 98 Cd. Documento 0276-2016 carpeta 2 página 81
46
Folio 22 Cd. Documento 20. Folio 98 Cd. Documento contrato 11-2017, página 206.
47
El tribunal refiere el 4 de enero de 2018, sin embargo, de la orden de inicio se evidencia que la
fecha corresponde al 5 de enero de 2018. Folio 98 Cd. Documento 122-2018 T1.pdf, página 31.
48 Folio 22 Cd. Documento 50. Páginas 105, 113,115,119, 125 y 127.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
Profesional Especializado – Judiciales y litigantes
• «Establecer las estrategias de defensa y de acción judicial o extrajudicial según el caso,
conforme a la normatividad vigente».
• «Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el
Instituto o en contra, conforme a los términos e instancias establecidas en la normatividad
vigente».
• «Consolidar la información de los procesos judiciales o extrajudiciales en curso o culminados
y remitirla a las entidades correspondientes, conforme al sistema de gestión documental del
Instituto».
• «Requerir concepto técnico a la dependencia involucrada para decidir sobre la procedencia de
la acción de repetición, cuando sea necesario».
• «Determinar la existencia o no de la acción de repetición en contra de los servidores, ex
servidores o particulares que desempeñan funciones públicas para INVIAS, conforme a las
causales establecidas en la normatividad vigente».
• «Estudiar y proyectar los actos administrativos según las formalidades y lineamientos del
Instituto en la materia, solicitando información a las dependencias interesadas».
Profesional Especializado – Jurisdicción coactiva
• «Recibir y analizar la información de las dependencias para la generación del cobro persuasivo
de las obligaciones crediticias que le adeuden al Instituto conforme a la normatividad vigente».
• «Generar las comunicaciones al deudor del crédito en cobro persuasivo a favor de INVIAS, de
acuerdo a los lineamientos internos de comunicación».
• «Remitir el caso a cobro coactivo si el deudor no realiza el pago o no se llegue a un acuerdo,
conforme a la normatividad vigente».
• «Realizar las acciones correspondientes al proceso de cobro coactivo conforme a los términos
e instancias establecidas en la normatividad vigente».
• «Hacer seguimiento al proceso coactivo adelantado por la entidad, conforme a la normatividad
vigente».
• «Establecer un acuerdo de pagos con el deudor en cualquier etapa del proceso conforme a la
normatividad vigente».
• «Consolidar la información de los procesos coactivos en curso y de los culminados conforme
al sistema de gestión documental del Instituto».
• «Proyectar los actos administrativos y sus modificaciones según las formalidades y
lineamientos del Instituto en la materia».
Profesional Especializado – Conceptos
• «Elaborar y coordinar con las dependencias del Instituto los modelos de contratos necesarios
para los procesos de contratación del Instituto».
• «Colaborar con el apoyo requerido legal requerido para una gestión enmarcada por la
normatividad vigente»
• «Participar en la intervención legal de última instancia dentro de la entidad».
• «Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos,
convenios y demás actos administrativos que le sean asignados».
• «Resolver las consultas y atender los derechos de petición que en el plano jurídico formulen
los organismos públicos y privados, así como los particulares».
31.3. El 15 de noviembre de 201849 Mónica España Grueso presentó ante la jefe de
la Oficina Asesora Jurídica del Invías la terminación anticipada del contrato de
prestación de servicios 00122 de 2018, con fundamento en que se le había
presentado una mejor oportunidad laboral. En consecuencia, pidió que la
terminación del vínculo contractual se hiciera efectiva a partir de esa fecha.
31.4. El 21 de noviembre de 201850 dio alcance a la terminación anticipada del
49 Folio 22 Cd. Documento 47.
50 Folio 22 Cd. Documento 48.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
contrato referido. Informó que había entregado los asuntos a su cargo y capacitado
a la profesional que asumiría dichas funciones, con el fin de garantizar la continuidad
de las actividades encomendadas y facilitar el proceso de terminación contractual.
31.5. El 28 de agosto de 201951, solicitó el reconocimiento de una relación laboral
durante el período comprendido entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de noviembre de
2018 y, en consecuencia, el pago de las acreencias laborales y prestacionales
derivadas de dicha relación; el reconocimiento de indemnizaciones e indexaciones;
y la devolución de sumas retenidas por impuestos y por aportes al sistema de
seguridad social.
31.6. Mediante Oficio OAJ 36616 del 3 de septiembre de 201952, la entidad negó la
petición con fundamento en que carecía de competencia para efectuar cualquier
reconocimiento de naturaleza laboral; y porque los honorarios derivados de los
contratos de prestación de servicios suscritos por Mónica España Grueso fueron
pagados oportunamente conforme con las cuentas de cobro presentadas, por lo que
no existía suma alguna pendiente de pago a su favor.
31.7. El 27 de octubre de 202353 se celebró la audiencia de pruebas en la que se
recepcionó la declaración de la demandante y los siguientes testimonios:
31.7.1.Mónica España Grueso es abogada; prestó sus servicios al Invías durante
más de 11 años mediante contratos de prestación de servicios suscritos con la
Oficina Asesora Jurídica. Estuvo adscrita al grupo de Jurisdicción Coactiva, en
donde desarrolló actividades jurídicas relacionadas con el cobro coactivo de
obligaciones adeudadas a la entidad, en apoyo a la Oficina Asesora Jurídica, desde
la recolección de la información necesaria para la conformación del título ejecutivo
hasta el trámite de las actuaciones correspondientes. Estuvo «subordinada» a los
coordinadores del grupo, quienes le impartían instrucciones, le asignaban tareas
específicas mediante memorandos y debían aprobar las actuaciones a su cargo,
por lo que carecía de autonomía para adoptar decisiones. Desempeñó iguales
funciones a las asignadas a los servidores de planta de la dependencia; cumplía
con una jornada de trabajo de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.,
portaba carné para ingresar a la entidad y a la oficina, y debía solicitar autorización
al coordinador cuando requería ausentarse de su lugar de trabajo; presentaba
informes al coordinador para efectos del trámite de pago de sus honorarios. La
dependencia estaba integrada por un coordinador, un empleado de planta y 4
abogados vinculados mediante contratos de prestación de servicios.
31.7.2. Gladys Patricia Hernández Rojas se vinculó a la entidad en el año 2005 en
51 Folio 22 Cd. Documento 51.
52 Folio 22 Cd. Documento 52.
53 Índice 55 de Samai tribunales.
22
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
la territorial del Meta. Conoció a la demandante en febrero de 2013 en las
instalaciones del Invías en Bogotá cuando ocupaba un cargo de carrera; trabajó con
ella entre los años 2017 y 2018 en la elaboración del Manual de Cobro Coactivo de
la entidad. Tanto ella como la demandante portaban carné institucional para ingresar
a las instalaciones. Mónica España Grueso tenía asignado un puesto de trabajo,
correo electrónico institucional, equipos de la entidad, acceso a la red y usuario
institucional para el desarrollo de sus funciones. En varias oportunidades, la
demandante excedía la jornada ordinaria de trabajo debido a las labores que
desempeñaba en la Oficina Asesora Jurídica, en ocasiones, junto con la jefe de la
dependencia. Los contratistas desarrollaban labores similares a las de los
servidores de planta e incluso mayores, aunque sin el reconocimiento de
prestaciones sociales. Las actividades desarrolladas por la demandante eran de
carácter permanente, por lo que, el instituto debió crear una planta temporal para
atender dichas necesidades. Los coordinadores realizaban seguimiento a las
actividades ejecutadas y otorgaban el visto bueno para su aprobación, mientras que
la jefe de la Oficina Asesora Jurídica ejercía la dirección de la dependencia.
31.7.3. Leidy Forero Borbón conoció a la demandante en el año 2015 cuando
ingresó al grupo de cobro coactivo en la Oficina Asesora Jurídica del Invías,
dependencia en la que laboraron conjuntamente hasta diciembre de 2018 y
compartían el mismo espacio de trabajo. Utilizaban el sistema SICOR, plataforma
institucional destinada al manejo de la correspondencia interna y externa y al
intercambio de información de la entidad, a la cual accedían mediante usuario y
correo institucional. Dicho sistema era utilizado tanto por servidores de planta como
por contratistas para tramitar comunicaciones, remitir información a entidades y
deudores, y recibir documentación interna y externa. Portaban carné institucional
para ingresar a las instalaciones, participaban en las actividades de integración
organizadas por la entidad, recibían inducción e instrucciones en condiciones
similares a las de los empleados de planta, cumplían con el horario ordinario de
oficina de lunes a viernes; cuando requerían ausentarse, debían informarlo y
solicitar autorización al coordinador del grupo quien además revisaba las labores
desarrolladas, impartía instrucciones sobre la forma de ejecutarlas, realizaba
reuniones de seguimiento y verificaba el cumplimiento de las actividades asignadas,
por lo que seguían sus directrices. No existían diferencias en el desarrollo de las
labores entre contratistas y servidores de planta; la demandante se encontraba
«subordinada» a las directrices impartidas por el coordinador del grupo. A la pregunta
de por qué Mónica España Grueso dejó de trabajar en el Invías respondió que
«trabajó hasta noviembre, hubo unos cambios en la oficina, solicitaron como un enfoque al
puesto hasta el punto de que, les tuvo que enseñar como manejar su trabajo, ese fue el
tema […] solo pidiéndole a ella, se sintió como acoso».
31.7.4.Óscar Mauricio Jiménez León conoció a Mónica España Grueso en el
grupo de cobro coactivo «hace más de 10 años»; fue coordinador de dicho grupo entre
los años 2010 y 2011 y desde el año 2016 hasta el 2017; organizaba toda la gestión
23
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
del proceso y les entregaba a los contratistas las funciones diarias a través del
SICOR y concedía los permisos; revisaba todos los documentos que elaboraba la
demandante. Ella laboraba desde las 8.00 am hasta las 5.00 p.m., tenía que pedir
permisos; era la que tenía la clave para la revisión de matrículas inmobiliarias en
dicho sistema; participaban de las actividades de fin de año, «ella tenía un grado de
subordinación» tenía la obligación de entregarle los documentos y las tareas que él
le asignaba de forma verbal y a través del SICOR. Los contratistas y los funcionarios
cumplían con el manual de funciones; recibían inducción, debían estar sujetos a los
términos, cumplir con horarios. La jefe jurídica aprobaba los pagos, previo visto
bueno de él.
31.7.5. Mabel Cecilia Monroy García era empleada del Invías, conoció a Mónica
España Grueso en el año 2012, cuando ingresó a la sede central de Bogotá como
coordinadora del grupo de Jurisdicción Coactiva de la Oficina Asesora Jurídica,
dependencia de la que hacía parte la demandante; se desempeñó como
coordinadora del grupo entre el año 2014 y finales de 2015, entre el año 2016 y
septiembre de 2017, y nuevamente desde el año 2020 y en algún período de los
años 2015 o 2016 ejerció como supervisora de los contratos de prestación de
servicios. Trabajó con ella desde el año 2014. La actora se vinculó a través de la
modalidad contractual, desarrollaba actividades de apoyo jurídico al grupo de
Jurisdicción Coactiva, particularmente relacionadas con el cobro persuasivo y
coactivo de las acreencias a favor del Instituto; entre las labores se encontraban
adelantar cobros persuasivos, organizar expedientes, presentar informes,
responder solicitudes de los usuarios y atender asuntos relacionados con
valorización; tenía acceso al sistema SICOR para el manejo de la correspondencia
institucional, contaba con un puesto fijo de trabajo, correo electrónico institucional y
los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades; asistía diariamente
a las instalaciones del Invías, participaba en actividades de bienestar e inducción,
cumplía el horario establecido por la entidad y, cuando requería ausentarse,
informaba tal situación a la coordinación del grupo. En su condición de
coordinadora, le impartía instrucciones relacionadas con las actividades asignadas,
revisaba y aprobaba los oficios proyectados por la demandante y efectuaba
seguimiento al cumplimiento de sus tareas. El grupo de Jurisdicción Coactiva
contaba con un manual de procesos y procedimientos que debía ser observado por
quienes desarrollaban actividades en dicha dependencia (contratistas y empleados
de planta). El grupo estaba integrado por 5 abogados contratistas, 2 servidores de
planta, 1 contadora, 1 auxiliar y la coordinadora; las funciones desempeñadas por
los contratistas eran similares a las desarrolladas por los empleados de planta.
31.7.6.Hernando Fiallo Lasprilla estaba vinculado al Invías en la Oficina Asesora
Jurídica, conoce a la demandante desde el año 2007 aproximadamente, fungió
como coordinador del grupo de jurisdicción coactiva desde junio a noviembre de
2018. Ella estaba vinculada mediante contrato de prestación de servicios para
24
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
adelantar procesos de jurisdicción coactiva, tenía como 59 procesos, contestaba
peticiones y tenía temas de valorización. La vinculación obedeció a la falta de
personal para cumplir esas labores. Ella tenía un puesto fijo, asistía de lunes a
viernes de 8: 00 a.m. a 5 p.m., la jefe de la oficia la requería para que estuviera todo
el tiempo, le revisaba los documentos para la firma de la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, los equipos utilizados eran del instituto; la labor que desarrolla el grupo
está incluida dentro de manual de funciones, de procesos y procedimientos, las
labores se desarrollaban en las instalaciones del instituto; los aplicativos estaban
únicamente dentro de los computadores de la entidad y los expedientes se
encontraban en físico, por eso las labores las debía desempeñar en la entidad.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
32. De las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acreditado que entre
Mónica España Grueso y el Invías se suscribieron contratos de prestación de
servicios entre el 8 de junio de 2007 y el 22 de noviembre de 2018, con algunos
intervalos entre una vinculación y otra. Asimismo, está demostrado que la
demandante prestó personalmente los servicios contratados y recibió una
contraprestación económica por su ejecución, elementos que no fueron objeto de
controversia en el recurso de apelación. En consecuencia, la Sala analizará si se
encuentra acreditado el elemento de subordinación y la correspondencia de las
labores desarrolladas con funciones permanentes de la entidad, aspectos
cuestionados por el Invías, para posteriormente resolver los reparos formulados por
la demandante en relación con las consecuencias económicas derivadas de la
declaratoria de la relación laboral, particularmente en lo concerniente a la
prescripción de los derechos reclamados, las indemnizaciones y sanciones
solicitadas, la devolución de los descuentos efectuados por concepto de impuestos
y la condena en costas.
2.4.1. Continuada subordinación o dependencia
33. Valoradas en conjunto las pruebas documentales y testimoniales recaudadas, la
Sala concluye que las actividades desarrolladas por Mónica España Grueso no
fueron ejecutadas con la autonomía e independencia propias de un verdadero
contratista, sino bajo condiciones de subordinación y dependencia respecto del
Invías, particularmente de la Oficina Asesora Jurídica en el grupo de Jurisdicción
Coactiva.
34. En efecto, la demandante manifestó que durante más de 11 años permaneció
adscrita al grupo de Jurisdicción Coactiva, en donde desarrolló actividades
relacionadas con el cobro persuasivo y coactivo de obligaciones adeudadas a la
entidad; recibía instrucciones permanentes de los coordinadores del grupo, quienes
le asignaban tareas concretas mediante memorandos y a través del sistema SICOR,
25
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
revisaban y aprobaban las actuaciones elaboradas, y ejercían control sobre la
ejecución de sus actividades; cumplía con una jornada de trabajo de lunes a viernes
entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., portaba carné institucional y debía solicitar
autorización cuando requería ausentarse de la oficina.
35. Tales afirmaciones fueron corroboradas a través de los testimonios de Gladys
Patricia Hernández Rojas, Leidy Forero Borbón, Óscar Mauricio Jiménez León,
Mabel Cecilia Monroy García y Hernando Fiallo Lasprilla, quienes coincidieron en
señalar que la demandante tenía asignados procesos de cobro coactivo, compartía
el mismo espacio de trabajo con los demás integrantes del grupo, utilizaba el
sistema SICOR y el correo institucional para el desarrollo de sus actividades y
cumplía con el horario ordinario de oficina. Asimismo, indicaron que los
coordinadores distribuían las tareas, impartían instrucciones sobre la forma de
ejecutarlas, realizaban seguimiento permanente a su cumplimiento, revisaban y
aprobaban los documentos elaborados y autorizaban las ausencias de la
dependencia. De igual manera, señalaron que la actora contaba con puesto fijo de
trabajo, equipos y herramientas suministrados por la entidad, participaba en
actividades institucionales y desempeñaba funciones similares a las desarrolladas
por los servidores de planta adscritos al Grupo de Jurisdicción Coactiva.
36. Dichas circunstancias desbordan claramente la simple coordinación propia de los
contratos de prestación de servicios. En efecto, la exigencia de cumplir horarios, la
obligación de solicitar permisos para ausentarse, la asignación permanente de
tareas según las necesidades del servicio, la revisión y aprobación de actuaciones
jurídicas por parte de los coordinadores, la utilización de herramientas
institucionales, el cumplimiento de procedimientos, el sometimiento a los
procedimientos internos del grupo de Jurisdicción Coactiva y el seguimiento
constante respecto del cumplimiento de las labores, constituyen manifestaciones
inequívocas del poder subordinante de la administración.
37. Además, la subordinación acreditada en el expediente no se limitó a aspectos
formales de control contractual. Por el contrario, los coordinadores definían las
actividades concretas que debía ejecutar la demandante, establecían prioridades,
distribuían cargas de trabajo, impartían instrucciones sobre la forma de desarrollar
las actuaciones jurídicas y verificaban permanentemente los resultados obtenidos,
circunstancias que evidencian que el Invías disponía efectivamente de su fuerza
laboral en condiciones incompatibles con la autonomía propia de un contratista
independiente.
38. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»54.
39. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, éste cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»55.
40. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas y órdenes impartidas por el Invías, tales como el cumplimiento de una
jornada de trabajo, la obligación de atender las instrucciones de los coordinadores
del grupo de Jurisdicción Coactiva, la ejecución de tareas previamente asignadas,
la presentación de informes, la utilización de herramientas institucionales y la
permanente supervisión sobre las actividades desarrolladas, circunstancias que
demuestran que la entidad disponía de su fuerza laboral y evidencian la existencia
de una verdadera subordinación.
41. Las obligaciones contractuales asumidas por la demandante y las funciones
previstas para los empleos adscritos a la Oficina Asesora Jurídica del Invías
demuestran que durante la ejecución de los contratos tuvo a su cargo actividades
relacionadas con el cobro persuasivo y coactivo de obligaciones a favor de la
entidad, la elaboración de mandamientos de pago, medidas cautelares y actos
administrativos, la atención de requerimientos y solicitudes, el seguimiento de
procesos de valorización y la utilización de los sistemas institucionales para el
trámite de actuaciones jurídicas.
42. Dichas actividades coinciden materialmente con las funciones asignadas a los
empleos de la Oficina Asesora Jurídica, particularmente aquellas relacionadas con
la recepción y análisis de información para la generación de cobros persuasivos, la
remisión de asuntos a cobro coactivo, la realización de actuaciones dentro de los
procesos de jurisdicción coactiva, el seguimiento de dichos procesos, la proyección
de actos administrativos y el desarrollo de actuaciones jurídicas a cargo de la
dependencia. En consecuencia, las labores desarrolladas por la demandante no
correspondían a actividades ocasionales, extraordinarias o ajenas a la misión
institucional, sino a funciones permanentes integradas a la estructura funcional de
la Oficina Asesora Jurídica.
54 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y sentencia
del 30 de mayo de 2024, radicado 25000-23-42-000-2017-01673-01 (5052-2022) C.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
55 Ibidem.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
43. Así pues, no le asiste razón al Invías al señalar que las labores ejecutadas
constituían simples actividades de apoyo que no correspondían a funciones de
planta. Por el contrario, la prueba documental demuestra que las obligaciones
contractuales reproducían actividades previstas en el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales de la entidad, especialmente aquellas
asociadas al cobro persuasivo y coactivo de obligaciones, la elaboración de actos
administrativos y el desarrollo de actuaciones jurídicas propias de la Oficina Asesora
Jurídica. Ello evidencia que la demandante atendió necesidades permanentes de la
administración mediante el ejercicio de funciones estrechamente ligadas a las
competencias ordinarias de dicha dependencia.
44. Finalmente, resulta necesario precisar que el hecho de que no existieron
llamados de atención, memorandos, sanciones disciplinarias no enervan las
conclusiones a las que ha llegado la sala en esta decisión, en punto del poder
subordinante que ejerció la entidad sobre la demandante, pues no son suficientes
para controvertir la conclusión de su inserción en el círculo organizativo del Invías,
pues como se expuso en forma amplia, estuvo sometida al control e instrucciones
de sus superiores; y la ausencia de llamados de atención solo evidencia un
desempeño laboral responsable y un estricto cumplimiento de los procesos y
procedimientos establecidos.
45. Así las cosas, se encuentra demostrada la existencia de la subordinación y
demás elementos (no discutidos) de la relación laboral de acuerdo con los contratos
de prestación de servicios y las demás pruebas documentales y testimoniales
practicadas. En consecuencia, la vinculación contractual utilizada por el Invías
constituyó una forma de encubrir una verdadera relación laboral, razón por la cual
se impone confirmar la decisión del tribunal en cuanto declaró la existencia del
vínculo laboral entre Mónica España Grueso y el Invías.
2.4.2. De las indemnizaciones y sanciones reclamadas por la demandante
46. La demandante sostuvo que tenía derecho al reconocimiento de la indemnización
por despido sin justa causa; sin embargo, la Sala advierte que el derecho reclamado
es improcedente, pues en criterio de esta corporación, el reconocimiento de la
relación laboral no le otorga la calidad de empleado público y, en consecuencia, le
impide acceder a beneficios derivados de tal calidad56; pero, además, no se
encuentra acreditado el supuesto fáctico que daría lugar a dicha condena. En efecto,
56 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: del 27 de noviembre de
2008, radicado 73001-23-31-000-2002-01694-01(2685-04), MP. Luis Rafael Vergara Quintero; del
18 de julio de 2018, radicado 52001-23-31-000-2011-00207-01 (0501-17), MP William Hernández
Gómez; del 26 de julio de 2018, radicado 68001-23-31-000-2010-00799-01 (2778-13), MP César
Palomino Cortés; del 25 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2015-04785-01 (4765-
18), MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; del 16 de abril de 2021, radicado 25000-23-42-000-2015-04688-
01(4317-17), MP Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
se encuentra demostrado que el 15 de noviembre de 2018 Mónica España Grueso
presentó ante la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Invías solicitud de
terminación anticipada del contrato de prestación de servicios 122 de 2018, con
fundamento en que se le había presentado una mejor oportunidad laboral.
Posteriormente, el 21 de noviembre de 2018 informó que había hecho entrega de
los asuntos a su cargo y capacitado a la profesional que asumiría dichas funciones,
con el fin de garantizar la continuidad de las actividades de la dependencia. Tales
actuaciones evidencian que la finalización del vínculo obedeció a una decisión
adoptada por la propia demandante y no a una determinación unilateral de la entidad
dirigida a poner fin a la relación laboral reconocida en esta providencia.
47. Ahora bien, aunque Leidy Forero Borbón manifestó que la demandante dejó de
laborar en la entidad porque «hubo unos cambios en la oficina», que le solicitaron
asumir determinadas actividades y que aquello «se sintió como acoso», dicha
afirmación no desvirtúa la conclusión anterior. En efecto, la percepción de la testigo
sobre las circunstancias que rodearon la desvinculación de la actora no demuestra
que la entidad hubiera adoptado una decisión de terminar la relación laboral ni que
hubiera impuesto condiciones que hicieran jurídicamente equiparable su retiro a un
despido indirecto. Además, tales manifestaciones resultan incompatibles con la
solicitud de terminación anticipada presentada por ella, en la que expresó de
manera inequívoca que su decisión obedecía a una mejor oportunidad laboral y no
a una conducta atribuible a la entidad.
48. Enconsecuencia, no hay lugar al reconocimiento de la indemnización por
despido sin justa causa solicitada.
49. Tampoco hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria derivada del
no pago de salarios y prestaciones sociales al finalizar el vínculo laboral declarado
judicialmente.
50. Al respecto, la Sala ha señalado que la procedencia de la indemnización
moratoria exige verificar las circunstancias particulares de cada caso, pues su
imposición no opera de manera automática ante la declaratoria judicial de una
relación laboral. En especial, resulta relevante establecer si la entidad se sustrajo
injustificadamente del cumplimiento de obligaciones laborales ciertas e indiscutibles
o si, por el contrario, existía una controversia jurídica razonable acerca de la
existencia misma del derecho reclamado.
51. En el presente asunto, la existencia de la relación laboral constituyó
precisamente el objeto de controversia entre las partes y solo quedará definida
mediante esta providencia, luego de valorar las pruebas recaudadas en el proceso
y aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formas; esto es así, por
cuanto esta decisión se constituye en una sentencia constitutiva del derecho.
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Demandante: Mónica España Grueso
52. Sobre el particular, conviene recordar que esta corporación ha señalado que la
obligación de pago de salarios y prestaciones surge con este proveído a través del
cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral existente entre la
demandante y la entidad demandada, y que esta decisión tiene el carácter de
sentencia constitutiva, motivo por el cual a partir de su ejecutoria empiezan a correr
los términos para reclamar los derechos que esta genera57.
53. Al respecto, esta corporación sostuvo en anterior oportunidad que comoquiera
que no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad del derecho,
no es procedente sancionar al contratista con la prescripción extintiva [por ser el
aspecto debatido en aquella oportunidad] y que el referente para afirmar la
exigibilidad de esos salarios o prestaciones reclamadas, distintas del valor pactado
en el contrato «es (…) la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del
contrato de prestación de servicios (…) porque conforme a la doctrina esta es de las
denominadas sentencias constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por
ende la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia»58. [Se
resalta].
54. Estas consideraciones operan en doble sentido: por un lado, la oportunidad que
tienen los contratistas de reclamar las prestaciones laborales derivadas de una
relación laboral encubierta, que según la jurisprudencia actual es de 3 años
contados a partir de la terminación del vínculo contractual59; y por el otro, que las
obligaciones que se derivan de la declaratoria de esa relación laboral solo se hacen
exigibles a partir de la sentencia que declara su existencia60, ya que el derecho
surge a partir de ella, esto es «nacen a partir de la sentencia, y su exigibilidad desde su
ejecutoria»61.
55. En efecto, durante toda la vinculación las partes suscribieron contratos de
prestación de servicios amparados por la presunción de legalidad de los actos que
les dieron origen, esto es bajo modalidad contractual. En consecuencia, no puede
afirmarse que el Invías hubiera omitido el pago de prestaciones sociales
previamente reconocidas o de derechos laborales ciertos e indiscutibles, pues la
fuente misma de tales obligaciones se encontraba sometida a debate judicial.
56. Por contera, tampoco procede la sanción moratoria por la falta de consignación
oportuna de las cesantías. En efecto, mientras estuvo vigente la relación
57 Entre otros, se puede consultar la sentencia del 27 de junio de 2025, radicado 76001-23-33-000-
2019-00106-01 (0894-2024), MP. Juan Enrique Bedoya Escobar.
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-
31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
59 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
60 Así lo ha venido reiterando esta corporación, entre otras, en la sentencia del 25 de septiembre de
2020, radicado 50001-23-33-000-2014-00048-01 (2998-2018), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
61 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado 73001-23-
31-000-2000-03449-01 (3074-2005), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Demandante: Mónica España Grueso
contractual, la calidad de trabajadora de la demandante y las obligaciones
prestacionales derivadas de ella constituían aspectos controvertidos que solo serán
definidos mediante decisión judicial. En consecuencia, no se configura el
presupuesto que permitiría imponer la sanción reclamada. Por ello, se confirmará la
decisión del tribunal que negó el reconocimiento de la indemnización moratoria
derivada del no pago de prestaciones sociales al finalizar el vínculo y de la sanción
moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías.
2.4.3. De la devolución de los descuentos efectuados por concepto de
impuestos
57. La demandante solicitó la devolución de los valores descontados por concepto
de impuestos durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios, al
considerar que tales erogaciones fueron efectuadas en el marco de una modalidad
contractual que posteriormente fue desvirtuada por la jurisdicción. La Sala no
comparte dicho planteamiento habida consideración de que los descuentos
tributarios efectuados durante la ejecución de los contratos tuvieron origen en
disposiciones legales de carácter fiscal aplicables a los ingresos percibidos por la
actora bajo la modalidad contractual vigente para ese momento. Tales sumas fueron
recaudadas por la administración tributaria en cumplimiento de obligaciones legales
autónomas e independientes de la controversia relativa a la naturaleza jurídica del
vínculo existente entre las partes.
58. Sobre el particular, esta Sección señaló, en sentencia del 13 de mayo de 201562,
que «no hay lugar a ordenar la devolución de los descuentos realizados al actor por
concepto de retención de la fuente, pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de
origen contractual, también lo es que la declaración de la existencia de dicha relación no
implica per se la devolución de sumas de dinero que se generaron en virtud de la
celebración contractual, pues la finalidad del restablecimiento de derecho es el
reconocimiento de emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir con la
relación laboral oculta más no la devolución de sumas pagadas con ocasión del contrato».
59. En consecuencia, no hay lugar a ordenar la devolución de los valores
descontados por concepto de impuestos durante la ejecución de los contratos de
prestación de servicios.
2.4.4. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
60. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 13
de mayo de 2015. Expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014). M.P.: Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
61. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación63 dispuso que:
«[…] 150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse […]».
62. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales […]».
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: Sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
63. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«[…]
En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
64. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»64.
64. En ese orden y conforme con la jurisprudencia unificada de esta Sección, la tesis
aplicable es que el parámetro de 30 días hábiles constituye un criterio orientador
para que el juez determine, a partir de las circunstancias probadas en cada caso, si
existió o no solución de continuidad; sin embargo, cuando las interrupciones
superan dicho umbral y no se acreditan los elementos que demuestren la
persistencia material o ininterrumpida de la prestación del servicio bajo las mismas
condiciones o una situación que justifique esas interrupciones, tales lapsos
adquieren la entidad suficiente para configurar la ruptura del vínculo con efectos
exclusivamente prescriptivos, lo que obliga a contabilizar el término trienal de
manera independiente desde la finalización de cada periodo contractual.
65. Ahora bien, con fundamento en los lapsos contractuales, se advierten las
siguientes interrupciones en días hábiles con la correlativa fecha máxima para
presentar la reclamación en sede administrativa por cada periodo:
64 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
Interrupción Termino de
Duración Días
# Contrato prescripción
hábiles
Desde Hasta Desde Hasta Hasta
31 de 1 de 5 de
1124 12 de junio
1 diciembre enero de febrero de 24 N/A
2007 de 2007
de 2007 2008 2008
34 de 6 de 6 de
2 2008 febrero de agosto de N/A N/A 0 N/A
2008 2008
455 de 31 de 1 de 20 de N/A
6 de agosto
3 2008 diciembre enero de enero de 12
de 2008
de 2008 2009 2009
21 de 31 de 1 de 17 de N/A
95 de
4 enero de diciembre enero de enero de 9
2009
2009 de 2009 2010 2010
18 de 1 de 4 de N/A
71 de 31 de julio
5 enero de agosto de agosto de 3
2010 de 2010
2010 2010 2010
5 de 6 de 24 de 5 de octubre
564 de 5 de agosto
6 octubre octubre noviembre 33 de 2013
2010 de 2010
de 2010 de 2010 de 2010
25 de 31 de 1 de 3 de N/A
910 de
7 noviembre diciembre enero de febrero de 23
2010
de 2010 de 2010 2011 2011
17 de 4 de 31 de 1 de 5 de
8 2011 febrero de diciembre enero de febrero de 24 N/A
2011 de 2011 2012 2012
6 de 31 de 1 de 14 de 31 de
128 de
9 febrero de diciembre enero de febrero de 31 diciembre de
2012
2012 de 2012 2013 2013 2015
94 de 15 de 16 de abril 21 de abril
15 de abril
10 2013 febrero de de 2013 de 2013 4 N/A
de 2013
2013
1 de julio 5 de
493 de 22 de abril 30 de junio
11 de 2013 agosto de 25 N/A
2013 de 2013 de 2013
2013
1061 de 31 de 1 de 2 de N/A
6 de agosto
12 2013 octubre de noviembre diciembre 20
de 2013
2013 de 2013 de 2013
3460 de 3 de 22 de 23 de 25 de N/A
13 2013 diciembre diciembre diciembre diciembre 2
de 2013 de 2013 de 2013 de 2013
3845 de 26 de 1 de julio 14 de julio N/A
31 de junio
14 2013 diciembre de 2014 de 2014 10
de 2014
de 2013
471 de 31 de 1 de 12 de N/A
15 de julio
15 2014 diciembre enero de enero de 6
de 2014
de 2014 2015 2015
13 de 13 de 14 de 19 de N/A
45 de
16 enero de octubre de octubre octubre 4
2015
2015 2015 de 2015 de 2015
1476 de 20 de 31 de 1 de 21 de N/A
17 2015 octubre de diciembre enero de enero de 13
2015 de 2015 2016 2016
22 de 30 de 31 de 9 de N/A
276 de
18 enero de diciembre diciembre enero de 5
2016
2016 de 2016 de 2016 2017
10 de 29 de 30 de 4 de N/A
11 de
19 enero de diciembre diciembre enero de 3
2017
2017 de 2017 de 2017 2018
122 de 22 de 22 de
5 de enero
20 2018 noviembre noviembre
de 2018
de 2018 de 2021
34
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
66. De lo anterior se concluye que entre los contratos suscritos por Mónica España
Grueso y el Invías existieron interrupciones superiores a 30 días hábiles: la primera,
entre el contrato 564 de 2010, ejecutado hasta el 5 de octubre de 2010, y el contrato
910 de 2010, iniciado el 25 de noviembre de la misma anualidad, con una
interrupción de 33 días hábiles; y la segunda, entre el contrato 128 de 2012,
finalizado el 27 de diciembre de 2012, y el contrato 94 de 2013, iniciado el 15 de
febrero de 2013, con una interrupción de 31 días hábiles. Tales lapsos superan el
parámetro orientador establecido por la jurisprudencia de unificación para efectos
de establecer si hubo solución de continuidad y, en consecuencia, contabilizar el
término de prescripción.
67. A partir de lo anterior, y habida cuenta de que la reclamación administrativa fue
presentada por Mónica España Grueso ante el Invías el 28 de agosto de 2019, se
configuró la prescripción de las prestaciones sociales causadas entre el 12 de julio
de 2007 y el del 31 de diciembre de 2012.
68. Así las cosas, hay lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de la relación laboral declarada únicamente respecto del período
comprendido entre el 15 de febrero de 2013 y el 22 de noviembre de 2018. No
obstante, en virtud del carácter imprescriptible de los aportes al sistema general de
pensiones, habrá lugar a su reliquidación por todo el tiempo efectivamente laborado
al servicio del Invías, esto es, entre el 12 de junio de 2007 y el 5 de octubre de 2010;
entre el 25 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012; y entre el 15 de
febrero de 2013 y el 22 de noviembre de 2018, pues la excepción a la prescripción
únicamente cobija dicho derecho. En consecuencia, se modificará la sentencia de
primera instancia en cuanto a los períodos respecto de los cuales procede el
reconocimiento de prestaciones sociales y se precisarán los extremos temporales
para la reliquidación de los aportes pensionales.
2.4.5. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
69. Por lo analizado, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle. Esas prestaciones corresponden, en criterio de esta
corporación, a aquellas que están a cargo del empleador y que eran percibidas por
los empleados de la planta de personal del Invías. En efecto, la jurisprudencia ha
diferenciado entre las prestaciones que tenía a cargo exclusivamente el empleador
y aquellas que se prestan o reconocen de forma dineraria por el Sistema de
Seguridad Social Integral; esto es se trata de una clasificación de las prestaciones
sociales sobre la base de quién debía asumirlas65.
65Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-2010), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
70. Entre las que tiene a cargo directamente el empleador se encuentran las
ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las cesantías; y las
prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de Seguridad
Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio
familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una
cotización. En el caso de los sistemas de riesgos profesionales y de subsidio
familiar, las cotizaciones las debe realizar el empleador; y en el caso de cotizaciones
a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por el empleador y el empleado
en forma compartida según los porcentajes establecidos en la ley para cada caso.
71. De esta manera, aun cuando el tribunal no hubiese identificado un cargo en
específico de la planta de personal, en virtud del cual estableciera las prestaciones
sociales a que tiene derecho la demandante, esa precisión no resta claridad a la
decisión, pues la entidad tiene la forma de establecer cuáles son esos emolumentos
o prestaciones que tiene a su cargo y que reconoce a los demás empleados de
planta de la entidad, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías,
entre otras.
72. Ahora bien, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la condena
con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, tal y como
se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201666, los honorarios son el criterio
imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no exista
en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto se señaló en aquella oportunidad.
«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta67, o cuando los honorarios pactados
66 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
67 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01759-01 (5855-2024)
Demandante: Mónica España Grueso
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas68.
En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.
En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios». [Se resalta].
69
73. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén70», esto es, por la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.
74. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deberían liquidarse en consideración al salario de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no
existir, con base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de
servicios, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo de
igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales71 frente al cual la Corte Constitucional ha
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
68 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
70 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,
artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
71 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
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Demandante: Mónica España Grueso
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas72.
75. Si bien se ha sostenido que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las
formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente
de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de
empleado público»73, esto no impide que se reconozcan las prestaciones laborales
reclamadas en virtud del aludido principio de «a trabajo igual salario igual» sobre la
base de lo devengado por los empleados de planta.
76. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Mónica España Grueso debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas, e incluso el reajuste de los salarios percibidos, esto es las diferencias entre
lo recibido por concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de planta74,
con el fin de proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales75, ante la necesaria proporcionalidad que debe
existir entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica consecuencia
de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»76, y es un aspecto que
se encuentra relacionado con el consecuente restablecimiento del derecho cuando
se reconoce la existencia de una relación laboral pues de las pretensiones no puede
escindirse el reconocimiento del reajuste salarial al estar este íntimamente ligado
con el de las prestaciones, en tanto que estas se componen entre otros de la
asignación básica.
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
72 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
74 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de enero de 2024, radicado
81001-23-39-000-2017-00008-01 (1824-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
75 Artículo 53 de la Constitución Política.
76 Sentencia T-102 de 1995.
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77. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales77 en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.
78. En efecto situaciones como las expuestas en el sub judice plantean un dilema
que debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance de los derechos en pugna, que no son otros que los
de los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe
existir proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una
lógica consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»78.
79. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones similares a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominado honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la
dignidad humana y la justicia material.
80. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido a lo largo de esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las
diferencias surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.
81. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en materia laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.
82. Sobre el particular, valga señalar que la Corte Constitucional ha indicado que en
«tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a
efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma
77 Artículo 53 de la Constitución Política.
78 Sentencia T-102 de 1995.
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constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente»79,
esto efectiviza y asegura la defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido,
la necesidad de proteger los derechos constitucionales fundamentales impone un
cambio en el papel del juez que se sustenta entre otras en la «aplicación preferente
de la Constitución frente a las demás normas jurídicas y así mismo el efecto integrador que
debe dársele a sus disposiciones con respecto a las demás normas del ordenamiento
jurídico (…) La necesidad de dar prevalencia al derecho sustancial (art. 228 C.P.), más aún
cuando este emana de la Constitución y busca hacer efectivas la protección y la vigencia
de los derechos fundamentales»80.
83. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió la demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones del cargo de la entidad
que desarrollaba iguales funciones a las suyas, siempre que se acredite la
existencia del cargo, pues en caso de no hacerlo, deberá acudirse como base de
liquidación de las prestaciones al valor de los honorarios. En tal sentido, se
modificará la sentencia apelada.
2.5. Costas
84. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
85. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
86. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma81.
79 Sentencia C-197 de 1999.
80 Sentencia SU-039 de 1997.
81En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Mónica España Grueso
87. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
88. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia.
3. Conclusión
89. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la existencia de
una relación laboral entre Mónica España Grueso y el Invías durante los períodos
comprendidos entre el 12 de junio de 2007 y el 5 de octubre de 2010; entre el 25 de
noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012; y entre el 15 de febrero de 2013
y el 22 de noviembre de 2018.
90. No obstante, las prestaciones sociales derivadas de los períodos finalizados
antes del 15 de febrero de 2013 se extinguieron por efecto del fenómeno de la
prescripción, en razón de las interrupciones superiores a 30 días hábiles acreditadas
entre los contratos 564 de 2010 y 910 de 2010, así como entre los contratos 128 de
2012 y 94 de 2013, sin perjuicio del cómputo de dichos períodos para efectos
pensionales, dada la naturaleza imprescriptible de los aportes al sistema general de
pensiones.
91. En consecuencia, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
declarada únicamente respecto del período comprendido entre el 15 de febrero de
2013 y el 22 de noviembre de 2018, así como a la reliquidación de los aportes al
sistema general de pensiones por todo el tiempo efectivamente laborado al servicio
del Invías, liquidadas sobre la base de lo devengado por un empleado de planta, o
con los honorarios, pero solo en caso de que no se acredite la existencia de un
cargo con similares funciones a las desempeñadas.
92. Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera instancia en lo relacionado
con la declaratoria parcial de prescripción (desde el 12 de junio de 2007) y con el
período respecto del cual procede el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, para disponer que estas únicamente serán reconocidas por el lapso
comprendido entre el 15 de febrero de 2013 y el 22 de noviembre de 2018; y se
confirmará en lo demás
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Demandante: Mónica España Grueso
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar los ordinales 1, 4 y 5 de la sentencia proferida el 21 de mayo de
2024 por el Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, los cuales
quedarán así:
Primero. Declarar parcialmente probada la excepción de prescripción de los derechos
laborales reclamados por Mónica España Grueso causadas con anterioridad al 15 de
febrero de 2013, es decir, durante los periodos comprendidos entre el 12 de junio de
2007 y el 5 de octubre de 2010 y entre el 25 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre
de 2012, salvo los aportes pensionales.
Cuarto. Declarar que existió un vínculo laboral entre el Instituto Nacional de Vías, Invías
y Mónica España Grueso, por el período comprendido entre el 12 de junio de 2007 y el
22 de noviembre de 2018, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Quinto: A título de restablecimiento del derecho, condenar al Instituto Nacional de Vías
(Invías) a:
a. Reconocer y pagar a favor de Mónica España Grueso, las diferencias salariales
y las prestaciones laborales y emolumentos ordinarios o de carácter legal percibidos por
un servidor de planta de la entidad con funciones equivalentes, liquidados con base en
los salarios del servidor de planta, o con los honorarios contractuales pero solo en caso
de que no se acredite la existencia de un cargo con similares funciones a las
desempeñadas, por el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2013 y el 22 de
noviembre de 2018, según la duración de los contratos suscritos por la demandante,
acorde con lo probado y expuesto, por efectos de la prescripción.
Las sumas que resulten en favor de la parte actora se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la fórmula citada en la parte considerativa de la presente providencia.
b. Realizar los aportes de seguridad social en pensiones al fondo que corresponda, por
los períodos comprendidos entre el 12 de junio de 2007 y el 5 de octubre de 2010; entre
el 25 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2012; y entre el 15 de febrero de
2013 y el 22 de noviembre de 2018, mes a mes, por todos los períodos contractuales
ejecutados, en razón a que este derecho es imprescriptible; liquidadados con base en
los salarios del servidor de planta, o con los honorarios contractuales pero solo en caso
de que no se acredite la existencia de un cargo con similares funciones a las
desempeñadas.
Para el efecto, el Invías deberá tomar el ingreso base de cotización (el valor mensual de
los honorarios pactados), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes ya realizados
por la contratista y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante solo en el porcentaje que le correspondía como empleador,
según la regla jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado, siendo necesario que la
parte actora acredite las cotizaciones efectuadas, y en caso que exista diferencia o no
se hubieran efectuado, esta última deberá asumir el porcentaje correspondiente.
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Demandante: Mónica España Grueso
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 21 de mayo de
2024 por el Tribunal Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que accedió
de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Mónica España
Grueso contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. No condenar en costas en esta instancia.
Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM
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