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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00070-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00070-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada. Tercero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará de la siguiente forma: «[…] CUARTO. - CONDENAR a la Procuraduría General de la Nación a RECONOCER y PAGAR en favor del señor MAURICIO LISANDRO SANCHEZ LEIVA retroactivamente la diferencia por concepto de: 4.1. La diferencia existente desde el 2 de septiembre de 2016 y hasta cuando la entidad efectúe correctamente la liquidación de nómina, al incluir la prima especial consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 correctamente liquidada, esto es, incluyendo las cesantías devengadas por los congresistas en relación con los magistrados de las Altas Cortes que no fueron tenidas en cuenta al momento de liquidar la bonificación por compensación, a la cual tiene derecho el demandante. 4.2. El pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo de la incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los Magistrados de Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto las cesantías, desde el pago efectivo de esta providencia y hasta tanto ocupe el cargo de Procurador Judicial II. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 25000-23-42-000-2020-00070-01 (0156-2023) 4.3. La entidad deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación ordenada. Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las pretensiones. Quinto. Sin condena en costas en segunda instancia. Sexto. Reconocer personería al abogado Carlos Yamid Mustafa Duran, portador de la tarjeta profesional 123.757, en calidad de apoderado de la Procuraduría General de la Nación conforme al memorial visible en el índice 36 de la plataforma SAMAI. Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00070-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00070-01 (0156-2023)
Demandante: Mauricio Lisandro Sánchez Leiva
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. REVOCA PARCIALMENTE,
MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA EN LO DEMÁS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual accedió a las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Mauricio Lisandro Sánchez Leiva instauró demanda1 en contra de la
Nación - Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin
de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad de los actos administrativo: (i) S.G. 010256 del 17
de junio de 2019, y (ii) S.G. 019090 del 17 de septiembre de 2019, por medio
de los cuales la Procuraduría General de la Nación negó el pago de las
diferencias salariales y prestacionales adeudadas, según la forma de
liquidación establecida en el Decreto 610 de 1998.

1 Folios 1 a 12.

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2. A título de restablecimiento del derecho, se condene a reliquidar y pagar la
bonificación por compensación, desde el 2 de septiembre de 2016, en un
equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
magistrados de altas cortes, con la inclusión de la prima especial de servicios,
la cual debe calcularse con base en la totalidad de los ingresos laborales
anuales de carácter permanente que perciben los congresistas, entre los
cuales se encuentra el auxilio de cesantías.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que se desempeña como procurador 149 judicial II desde el 2 de septiembre
de 2016 y es beneficiario de la bonificación por compensación. El 9 de mayo
de 2019 solicitó a la entidad el pago de la diferencia entre lo cancelado y lo
que resultaba de su liquidación con inclusión de la prima especial de servicios
de los magistrados de altas cortes, conforme lo dispuesto en la Ley 4.ta de
1992.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

4. Considera violados los artículos 2, 4, 6, 25, 29, 53, 58 y 230 de la Constitución
Política; las Leyes 4 de 1992, 1437 de 2011, 153 de 1887, 169 de 1896, 1395
de 2010, y los Decretos 10 de 1993, 1102 de 2012, y 2170 de 2013.

5. Que la norma y la jurisprudencia han sido claras al definir la manera correcta
de liquidar la prima especial de servicios devengada por los magistrados de
altas cortes, y que la entidad vulneró las disposiciones normativas enunciadas
al no aplicar dichas directrices.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

6. La demanda fue admitida el 14 de mayo de 20212. La entidad manifestó3 que
corresponde al Gobierno nacional definir el régimen salarial anual de los
servidores públicos, y que las entidades únicamente tienen la facultad de
nominación y el deber de efectuar los pagos con cargo al presupuesto.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia del derecho
pretendido, e (ii) innominada o genérica.

2 Folio 49.
3 Folios 60 a 64.

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN4

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 30 de
junio de 2022, accedió a las pretensiones. Expuso que, la bonificación por
compensación reconocida no fue correctamente liquidada, por lo que ordenó
su ajuste conforme al Decreto 610 de 1998, teniendo en cuenta que el cálculo
del 80 % de lo devengado por los magistrados de las altas cortes incluye las
cesantías que integran la prima especial de servicios. Precisó que dicha
bonificación y la prima especial no constituyen factor salarial, por lo que la
reliquidación debía limitarse a la diferencia mensual derivada de la correcta
inclusión de la prima especial de servicios.

8. Resolvió la excepción de prescripción y determinó esta operó respecto del
derecho causado con anterioridad al 2 de septiembre de 2013 por haberse
presentado la reclamación administrativa el 2 de septiembre de 2016.

RECURSO DE APELACIÓN

9. La parte demandada5 interpuso recurso de apelación. Expresó que, según los
Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, la bonificación por compensación solo
constituye factor salarial para efectos de pensiones, no para liquidar otras
prestaciones como primas, vacaciones, o cesantías, de ser así, los ingresos
de un procurador judicial II superarían el límite legal; por ello, el fallo de
primera instancia, al ordenar la reliquidación de las prestaciones del
demandante, desborda el tope del 80 % fijado por la ley y la jurisprudencia.

10. Manifestó que, si se reconoce la diferencia entre la bonificación por
compensación liquidada con base en los ingresos de los magistrados de altas
cortes y la que resultaría de tomar como referencia los ingresos totales de los
congresistas, dentro de los cuales se incluyen las cesantías, el ingreso del
procurador judicial II igual superaría el límite previsto en la norma.

11. Advirtió que la sentencia ordenó pagos desde el 2013, pese a que el actor
solo empezó a laborar en 2016, lo que implica reconocer sumas no debidas.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

12. El 9 de abril de 20246 se admitió el recurso. El demandante reiteró7 los
argumentos de la demanda y afirmó que a partir del 1.° de enero de 2020 la
entidad paga correctamente la bonificación por compensación. La
demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

4 Folios 92 a 101.
5 Folios 111 a 113.
6 Folio 127.
7 Ver índice 25 de SAMAI.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00070-01 (0156-2023)

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Avoca conocimiento

13. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA, cuando se
modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los
conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique causal de
impedimento o recusación, tal como ocurre en este caso8 y por ello se avocará
conocimiento del proceso.

14. La Sala debe determinar si la bonificación por compensación prevista en el
Decreto 610 de 1998 debe incluir en su base liquidación la prima especial de
servicios que devengan los magistrados de las altas cortes, calculada con la
inclusión del auxilio de cesantías que perciben los congresistas; si ello implica
superar el límite fijado en la norma para la nivelación salarial, y establecer el
alcance del fenómeno prescriptivo analizado en primera instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

Bonificación por compensación

15. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de
1998 tras el reconocimiento de una brecha salarial entre los magistrados de
tribunal y otros funcionarios frente a los magistrados de altas cortes, pues
para ese momento aquellos percibían apenas el 46 % de la remuneración de
estos últimos.

16. Con tal finalidad, la norma adoptó un esquema de nivelación salarial
progresiva, mediante el cual se dispuso un incremento gradual de los ingresos
laborales de los funcionarios destinatarios del decreto9, iniciando en 1999 con
un reconocimiento equivalente al 60% de lo percibido por los magistrados de
las altas cortes y alcanzando el 80% en el 2001.

17. Con la expedición del Decreto 2668 de 1998 se derogaron los Decretos 610
de 1998 y el 1239 del mismo año—que lo había adicionado—, lo que impedía

8 La Sección Segunda, actualmente, declara infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de

la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así se observa en
la siguiente decisión: Consejo de Estado. Auto del 6 de febrero de 2025. C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
41001-23-33-000-2012-00203-04 (1969-2022).
9 Artículo 2.°, Decreto 610 de 1998: «La Bonificación por Compensación de que trata el artículo anterior, se

aplicará a los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo,
Nacional y Superior Militar; a los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los Fiscales y Jefes
de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de
Distrito, y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.»
Adicionado por el artículo 1 del Decreto 1239 de 1998: «a los Secretarios Generales de la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y al Secretario Judicial de la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.»

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la posibilidad de reclamar la Bonificación por Compensación. Sin embargo,
dicha disposición fue declarada nula mediante sentencia de la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 25 de
septiembre de 200110, con lo cual recobraron vigencia los decretos derogados
y se restableció la mentada bonificación, configurándose este como un primer
momento en que la asignación resultó plenamente exigible.

18. No obstante, en el año 2004, mediante el Decreto 4040 el Gobierno Nacional
creó la denominada «Bonificación de Gestión Judicial», destinada a los
mismos beneficiarios del Decreto 610 de 1998, con el propósito de nivelar sus
emolumentos hasta en un 70% de lo devengado, por todo concepto, por los
magistrados de las altas cortes.

19. Esta medida se adoptó pese a la existencia previa de la Bonificación por
Compensación, que perseguía el mismo objetivo de subsanar la desigualdad
salarial, lo que dio lugar a la concurrencia de dos regímenes salariales
aplicables a un mismo grupo de servidores públicos. En ese contexto, el
régimen introducido por el Decreto 4040 de 2004 (incompatible con la
Bonificación por Compensación) reconoció un porcentaje inferior de
nivelación salarial y condicionó su acceso al desistimiento de las acciones
judiciales promovidas con ocasión de la bonificación del Decreto 610 de 1998
o, en su defecto, a la suscripción de contratos de transacción cuando no se
hubieran formulado reclamaciones previas.

20. El Decreto 4040 de 2004 fue objeto de control jurisdiccional y, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 201111, la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que el
Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria por establecer un
régimen salarial regresivo frente a uno previamente reconocido y vigente, en
desconocimiento de los principios de igualdad, progresividad y favorabilidad
aplicables en materia salarial para los beneficiarios de la norma.

21. Como consecuencia, el régimen previsto en el Decreto 4040 de 2004 fue
excluido del ordenamiento jurídico, y en su lugar, recobró vigencia el esquema
de la Bonificación por Compensación, sin las limitaciones, incompatibilidades
ni condicionamientos introducidos por la norma anulada, consolidándose
nuevamente la posibilidad de hacer efectiva dicha remuneración.

22. Ahora bien, lo cierto es que mientras coexistieron ambos regímenes no era
viable determinar con certeza cuál de ellos resultaba aplicable, y, en todo
caso, una vez declarada la nulidad de la Bonificación de Gestión Judicial,

10 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 25 de septiembre de 2001. Exp.

CE-SEC2-EXP2001-N395-99. Radicado. 395-99. CP. Alvaro Lecompte Luna.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 14 de diciembre de 2011. Exp.

11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-2005). CP. Carlos Arturo Orjuela Góngora.

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tampoco había claridad del momento a partir del cual era exigible la
Bonificación por Compensación.

23. En atención a lo anterior, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de mayo de 201612, desarrolló
una interpretación sobre la aplicación del Decreto 610 de 1998 y la
prescripción trienal, precisando que esta última solo comienza a contarse a
partir de la exigibilidad del derecho una vez superada la dualidad de normas
presentada, la cual se configuró con la ejecutoria de la sentencia que excluyó
del ordenamiento jurídico el Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 28 de
enero de 2012.

24. Además, precisó que, al momento de fijar el monto de la bonificación, las
sumas reconocidas a los congresistas por concepto de cesantías constituyen
ingresos laborales permanentes, por lo que integran la base de liquidación de
la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes, criterio que
también aplica a la bonificación por compensación, en la medida en que esta
se determina con base en lo que por todo concepto devenguen dichos
funcionarios.

Resolución del caso concreto

25. Inicialmente la Subsección debe precisar que, en virtud del principio de
congruencia derivado del artículo 281 del CGP, así como de la competencia
del superior en segunda instancia conforme al artículo 328 del CGP, es claro
que en esta oportunidad solo es posible emitir pronunciamientos de fondo
respecto de los argumentos de reparo puntuales de la única parte apelante
que en este caso fue la entidad demandada.

26. En ese orden, se observa que parte del sustento de su impugnación fue
plantear la tesis de que la bonificación por compensación solo constituye
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, y no para la liquidación de las prestaciones sociales, sin
embargo, se advierte que precisamente la orden del tribunal de primera
instancia fue dada en ese mismo sentido, por tanto, lo que procede en este
caso es abstenerse de resolver este punto específico por falta de
correspondencia entre lo fallado y lo manifestado como argumento de
inconformidad.

27. El asunto bajo estudio deberá enfocarse en los motivos de inconformidad
expuestos por el apelante único, que consisten en el desacuerdo con la base
de liquidación de la bonificación por compensación, la superación del tope

12 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-

23-25-000-2010-00246-02(0845-15). CP. Jorge Iván Acuña Arrieta.

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contemplado en la norma para la nivelación salarial, y la fecha a partir de la
cual se ordenó el reconocimiento.

28. Pues bien, respecto a la inclusión de las cesantías en la base de liquidación
de la prima especial de servicios, conviene precisar que, tal como lo estimó el
tribunal de primera instancia, y de acuerdo con la jurisprudencia de esta
corporación13, la bonificación por compensación se fija como un porcentaje
de lo que por todo concepto reciben los magistrados de altas cortes, razón
por la cual su cuantía depende de la base utilizada para el cálculo de la prima
especial de servicios reconocida a dichos funcionarios. Esta prima, a su vez,
se liquida con fundamento en la equiparación de la totalidad de los
emolumentos percibidos por los congresistas, dentro de los cuales las
cesantías han sido reconocidas14 como ingresos laborales anuales de
carácter permanente, y, por tanto, consideradas como factor de liquidación.

29. Ahora bien, no resulta acertado el argumento del apelante según el cual la
inclusión de las cesantías en la liquidación conllevaría la superación del límite
del 80 % de los ingresos de los magistrados de altas cortes al que se deben
equiparar los beneficiarios del Decreto 610 de 1998. La bonificación por
compensación corresponde a un porcentaje fijo aplicado sobre la
remuneración de estos, de modo que la base de cálculo debe definirse
conforme a los componentes que jurídicamente la integran, dentro de los
cuales se encuentra la prima especial prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª
de 1992, calculada con las cesantías devengadas por los congresistas. En
ese sentido, no se adiciona un emolumento al 80 %, sino que se determina
correctamente la base sobre la cual debe aplicarse dicho porcentaje.

30. Ahora, aunque las referidas decisiones del tribunal de origen se encuentran
ajustadas, la fecha a partir de la cual ordenó el reconocimiento no está acorde
con el caso particular del actor, toda vez que su vinculación inició el 2 de
septiembre de 201615. En consecuencia, la reliquidación debe reconocerse
desde esa fecha y hasta cuando la entidad efectúe correctamente la
liquidación de nómina, aspecto que se modificará en el fallo impugnado. Por
su parte, la prescripción declarada se revocará porque este fenómeno no
operó, ya que, a partir de la fecha de exigibilidad del derecho, el demandante

13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de septiembre de 2025. Exp. 47001 -

23-33-000-2014-00057-02 (4173-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado. Sección Segunda.
Sala de Conjueces. Sentencias proferidas el 18 de mayo de 2016. Exp. 25000-23-25-000-2010-00246-02 (0845-
2015). C.P. Jorge Iván Acuña Arrieta; el 3 de diciembre de 2024. Exp. 25000-23-42-000-2018-00716-02 (0499-
2022). C.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá; el 8 de octubre de 2024. Exp 17001-23-33-000-2012-00115-02
(4006-2015). C.P. Miguel Arcángel Villalobos Chavarro.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 4 de mayo de 2009. 25000-23-25-

000-2004-05209-02(0552-07). CP. Luis Fernando Velandia Rodríguez.
15 Según el certificado de sueldos devengados n.° 784 (folio 31), se evidencia el pago de 29 días

correspondientes a septiembre de 2016 y de los meses siguientes en su totalidad, y conforme al certificado de
la Procuraduría General de la Nación (folio 77) del 30 de diciembre de 2020, la fecha de ingreso al cargo de
procurador judicial II, fue el 2 de septiembre de 2016.

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presentó petición ante la entidad el 9 de mayo de 201916 e interpuso la
demanda el 27 de enero de 202017, esto es, dentro del término legal.

31. En ese contexto, es importante resaltar que, si bien el actor allegó un
certificado18 del 30 de diciembre de 2020, en el que se observa un pago a su
favor por concepto de «dif. Bonif.compens» por valor de $19.613.616, y en los
alegatos de conclusión de segunda instancia sostuvo que, a partir de esa
fecha, la entidad paga correctamente la bonificación por compensación, no
obra prueba en el expediente que permita corroborar tal afirmación, pues,
aunque se acreditó un pago realizado por la entidad, no es posible establecer
que este corresponda al monto resultante de la reliquidación pretendida ni que
dicho desembolso se refleje la plena ejecución de la condena impuesta.

32. En todo caso, la demandada deberá pagar únicamente la diferencia entre los
valores previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la
liquidación ordenada; se modificará el ordinal cuarto de la sentencia apelada
en este sentido.

33. Además, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia en cuanto a la entidad
destinataria de la condena, pues el tribunal se refirió a la Nación-Rama
Judicial, cuando la orden debía dirigirse a la Procuraduría General de la
Nación. Esta imprecisión de primera instancia no altera la identificación de la
entidad condenada, pues resulta claro que corresponde a la última en su
condición de demandada dentro del presente proceso, tanto así que fue esta
misma quien interpuso el recurso respecto de los aspectos resueltos en su
contra.

De la condena en costas en segunda instancia

34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

35. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público. Esto creó una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y

16 Folio 15.
17 Ver hoja de radicación.
18 Folio 77.

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restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume. En ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

36. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.

37. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a la parte
recurrente, por cuanto se accedió parcialmente a las peticiones del recurso
de apelación en la medida en que se modificará el fallo en algunos aspectos
a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia, por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia apelada.

Tercero. MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará de
la siguiente forma:

«[…] CUARTO. - CONDENAR a la Procuraduría General de la Nación a
RECONOCER y PAGAR en favor del señor MAURICIO LISANDRO
SANCHEZ LEIVA retroactivamente la diferencia por concepto de:

4.1. La diferencia existente desde el 2 de septiembre de 2016 y hasta cuando
la entidad efectúe correctamente la liquidación de nómina, al incluir la prima
especial consagrada en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 correctamente
liquidada, esto es, incluyendo las cesantías devengadas por los congresistas
en relación con los magistrados de las Altas Cortes que no fueron tenidas en
cuenta al momento de liquidar la bonificación por compensación, a la cual
tiene derecho el demandante.

4.2. El pago de la bonificación por compensación con la inclusión del cómputo
de la incidencia que tiene la prima especial de servicios que reciben los
Magistrados de Altas Cortes, a quienes se les tiene en cuenta para tal efecto
las cesantías, desde el pago efectivo de esta providencia y hasta tanto ocupe
el cargo de Procurador Judicial II.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00070-01 (0156-2023)

4.3. La entidad deberá pagar únicamente la diferencia entre los valores
previamente reconocidos, si existieren, y los que resulten de la liquidación
ordenada.

Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el treinta (30) de junio
de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
medio de la cual accedió a las pretensiones.

Quinto. Sin condena en costas en segunda instancia.

Sexto. Reconocer personería al abogado Carlos Yamid Mustafa Duran, portador
de la tarjeta profesional 123.757, en calidad de apoderado de la Procuraduría
General de la Nación conforme al memorial visible en el índice 36 de la
plataforma SAMAI.

Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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