Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00477-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00477-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00477-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de marzo de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00477-01 (5409-2022)
Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
CONSEJO DE ESTADO
SALADE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00477-01 (5409-2022)
Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la
Ley 812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 71 de 1988.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia
proferida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual concedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Lourdes Judith Martínez Pérez solicitó la declaración de nulidad del acto administrativo
ficto o presunto, por medio del cual, la parte demandada le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988. Según
indicó, la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida
prestación, en la medida en que realizó cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Lourdes Judith Martínez Pérez, en ejercicio del medio de control establecido en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-
Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda1 en contra de la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante FOMAG), radicada mediante apoderada judicial, el 28 de junio de 20212.
1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA
Y ANEXOS», páginas 5 a 23.
2 Correo electrónico de envío de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 2,
archivo «2_ED_EXPEDIENTE_02CORREOREPARTOTACP(.PDF) NroActua 2».
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Martínez Pérez solicitó lo siguiente:
(i) Que se declare la existencia y nulidad del acto ficto o presunto, configurado el 2 de
junio de 2021, ante la falta de respuesta a la petición de reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, que adquirió al cumplir 55 años y 1000 semanas de cotización.
(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte demandada al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, en una cuantía
equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, con anterioridad a la
adquisición del estatus de pensionada —11 de mayo de 2017—.
(iii) Que se condene a la parte demandada a ajustar y actualizar el valor de las sumas
adeudadas con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo y a pagar los intereses
moratorios causados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta el
pago de los valores debidos.
(iv) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG.
2.1.2. Hechos
3. En el escrito de demanda, la señora Martínez Pérez hizo referencia a los siguientes:
(i) Nació el 11 de mayo de 1962.
(ii) Realizó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) y completó
774.71 semanas.
(iii) Ingresó al servicio docente desde el año 2004, vínculo que para la época en la que
presentó la demanda —28 de junio de 2021— seguía vigente.
(iv) Mediante petición radicada el 2 de marzo de 2021, solicitó el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, para que le fuera reconocida a partir del 11 de mayo de
2017. Sin embargo, indicó que su petición no fue atendida, motivo por el que se
configuró el silencio administrativo negativo.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Lourdes Judith Martínez Pérez citó, como normas vulneradas, los siguientes
artículos: (i) 7 de la Ley 71 de 1988; (ii) 15, numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; (iii)
6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100 de 1993;
(vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
5. Como concepto de violación, expuso que a los docentes vinculados antes de la Ley
812 de 2003 se les aplicaban las normas anteriores a esta, en especial la Ley 71 de
1988, cuando habían efectuado aportes al ISS. Afirmó que su pensión debía ser
reconocida en aplicación de dicha normativa, puesto que para el 27 de junio de 2003
contaba con aportes al ISS, y de esa manera quedaba demostrada su vinculación con
anterioridad a la referida fecha. Así, indicó que el acto ficto o presunto demandado
desconoció que era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
la Ley 812 de 2003, y por esa vía, de la aplicación de la Ley 71 de 1988.
6. Finalmente, precisó que la expresión «vinculada» hacía referencia a «estar
laborando o haber realizado aportes al ISS, como [normativa] aplicable a los servidores
públicos del Estado, antes del [27] de junio de 2003»3.
2.1.4. Contestación de la demanda
7. La Fiduciaria La Previsora S.A.4, en condición de vocera y administradora del
FOMAG, y por medio de apoderada judicial5, presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la accionada y propuso la excepción de «legalidad del acto
administrativo demandado».
8. En relación con los hechos de la demanda, afirmó, por un lado, que «el problema
jurídico para resolver en el presente caso correspond[ía] a si le asiste el derecho a la
parte actora al reconocimiento y pago de pensión por aportes. Así las cosas, en
primera medida se debe tener en cuenta que el régimen aplicable al docente depende
de su fecha de vinculación, circunstancia que deberá ser probada dentro del
proceso»6.Por otro lado, manifestó que «[…] la docente nació el 11-05-1962, es decir
que para el 1 de abril de 1994 contaba con 32 años, 10 meses y 20 días […], [razón
por la que] se concluye que [la] demandante no es beneficiaria del régimen de
transición al no cumplir los requisitos previstos, valga decir 35 años y/o 15 años de
servicio»7.
2.2. Sentencia de primera instancia
9.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 10 de junio de 20228, concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.
10. La referida autoridad judicial precisó que la señora Martínez Pérez no era
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, porque estaba demostrado que se vinculó al servicio público docente con
posterioridad a la entrada en vigor de esta norma. Sin embargo, indicó que, con el fin
de «garantizar los principios de economía procesal, celeridad, eficacia y acceso a la
administración de justicia, y al tratarse de un derecho pensional, [estudiaría] el régimen
pensional aplicable»9.
3 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA
Y ANEXOS», páginas 5 a 23.
4 Contestación de la demanda por parte de Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «10_250002342000202100477001RECIBEMEMORIAL20211126152
031».
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Sentencia de primera instancia, proferida el 10 de junio de 2022, por Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
visible en: Samai, índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento
«21_250002342000202100477001SENTENCIASENTENCIA20220610020348».
9 Ibidem.
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11. Así, al realizar el referido análisis, concluyó lo siguiente:
(i) La demandante no era beneficiaria del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque no cumplió con los requisitos para ello,
debido a que a la fecha de entrada en vigor —1 de abril de 1994— no tenía 35 años ni
15 años de servicios. Por esta razón, indicó que procedería a estudiar si era posible
acceder a la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 1993, modificada por
la Ley 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994, en consideración a los requisitos de 57
años de edad y 1300 semanas de cotización.
(ii) En línea con lo anterior, precisó, por un lado, que la señora Martínez Pérez cumplió
57 años de edad el 11 de mayo de 2019. Por otro, que acumuló 1643 semanas de
aportes en el sector público y en el privado, de las cuales, 787 correspondían al tiempo
cotizado en el ISS (hoy COLPENSIONES), y las 85610 restantes, a los aportes realizados
en el servicio docente. A partir de esta información, indicó que adquirió el estatus de
pensionada el 11 de mayo de 2019 y que en ese sentido, era procedente ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos de la Ley 797 de 2003.
(iii) Frente a la liquidación de la prestación, explicó lo siguiente:
✓ Que se debía tener en cuenta, por un lado, la relación del ingreso base de cotización
reportado desde el 10 de mayo de 1989 hasta el 31 de marzo de 2005. Por otro, los
factores que la demandante devengó desde el 28 de mayo de 2004 —fecha en la que
ingresó al servicio docente—, a saber: (i) asignación básica, (ii) pago sueldo de
vacaciones y/o receso escolar, (iii) prima de navidad, (iv) subsidio de alimentación, (v)
prima de vacaciones, (vi) prima de servicios, (vii) bonificación mensual docentes
(devengada a partir del 2014), (viii) bonificación pedagógica, y (ix) horas extras, de los
cuales solo se pueden tener en cuenta para la liquidación de la pensión de vejez los
factores de asignación básica, horas extras y bonificación mensual docentes11.
✓ Que debía efectuarse con una tasa de reemplazo inicial que oscilaría entre el 55%
y el 65% del promedio de lo devengado en los 10 años anteriores a la fecha del retiro
efectivo del servicio docente o del promedio de lo devengado durante toda la vida
laboral.
(iv) Finalmente, precisó que la efectividad de la prestación estaría supeditada al retiro
definitivo del servicio docente. Lo anterior, en razón a que consideró incompatible el
pago de la pensión de vejez con el salario como docente del sector oficial, ante la
inexistencia de una vinculación anterior al año 2003.
12. En consecuencia, la referida autoridad judicial declaró la existencia y nulidad del
acto ficto o presunto, configurado ante el silencio administrativo negativo por la falta
de respuesta a la petición presentada en la Secretaría de Educación de Facatativá. De
igual forma, se abstuvo de imponer condena en costas.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó este último tiempo de cotización hasta el 12 de febrero de
2021, fecha en que la fue certificado.
11 Ibidem.
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
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2.3. Recurso de apelación
13. Lourdes Judith Martínez Pérez, por medio de su apoderada judicial, apeló la
sentencia de primera instancia12, porque consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca debió examinar su situación pensional de conformidad con la Ley 71
de 1988, en la medida en que laboró por más de 20 años en entidades públicas y
privadas. Precisó, que contrario a lo concluido en primera instancia, no le resultaba
aplicable el régimen de prima media, por cuanto realizó aportes a seguridad social
desde 1989, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
14. Por lo anterior, solicitó lo siguiente: (i) que se revoque la sentencia de primera
instancia; (ii) que se declare la nulidad del acto ficto o presunto demandado; (iii) que a
título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte demandada a que
«determine [su] mesada pensional [en] aplicación al régimen previsto en la Ley 71 de
1988 […] en [una] cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios que sirvieron
de base para realizar los aportes pensionales durante el año de consolidación del
[e]status pensional»13, con efectos fiscales desde el anterior instante; y (iv) que se
declare que no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para el pago de la
pensión.
2.4. Trámite procesal en segunda instancia
15. Esta corporación dictó auto el 29 de junio de 202314, en el que admitió el recurso
de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que
no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a las partes y al Ministerio
Público.
2.5. Ministerio Público
16. El procurador delegado de intervención 8 ante esta corporación rindió el concepto
núm. 354-2023 del 1 de septiembre de 202315, en el que solicitó que se confirme la
sentencia apelada, toda vez que la demandante no es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 812 de 2003.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
12 Recurso de apelación, visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «24_250002342000202100477001RECIBEMEMORIAL
20220623143058».
13 Ibidem.
14 Samai, índice 6, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 6».
15 Concepto del Ministerio Público, visible en: Samai, índice 4 archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «Memorial_FLF_9CONCEPTO_202335454092022
LOURDESJUDITHMARTINEZPEREZVSFOMAGNRDPENSIONDOCENTEVINCULACIONPOSTERIORALEY8(.p
df) NroActua 11».
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
inciso del artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
18. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
32816 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:
(i) ¿Lourdes Judith Martínez Pérez, en condición de docente oficial, tiene derecho a
que su situación pensional se decida con fundamento en la Ley 71 de 1988, teniendo
en cuenta que realizó aportes al Sistema de Seguridad Social con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003?
(ii) En caso negativo, ¿la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de vejez en aplicación de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003?
(iii) ¿Se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la efectividad de la pensión?
19. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (iii) el reconocimiento
pensional a la luz de la Ley 71 de 1998 para los docentes; y (iv) la compatibilidad de
la pensión y la prestación del servicio docente. A partir de estas consideraciones se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverán los interrogantes planteados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio
20. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
21. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y de financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198917, que creó un fondo especial con el objetivo
16 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de
autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán
promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
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específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
22. La Ley 91 de 1989 establece un esquema particular de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes en el que los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación
aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de
las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
23. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91
de 1989, que establece las reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, en el sentido de diferenciar entre
el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes
que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
24. Es importante señalar que la excepción del régimen general se mantiene incluso
después de la expedición de la Ley 812 de 200318. Aunque esta norma (en su artículo
81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003)
se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para
hombres y mujeres. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.
25. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo
81 de esta».
26.La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia
de un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la
necesidad de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del
magisterio, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y la
adecuada prestación del servicio público de educación.
3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201919
27. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
28. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
18 «Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario». Diario Oficial
No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
19 Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Demandado: FOMAG
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales,
cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales
regímenes son:
(i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 198520, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos
aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto
se indicó lo siguiente:
«En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo».
29. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de
conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de reemplazo: 75%.
✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los
factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62
de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
30. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de
los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de
liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se
deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas
posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de
201821.
20 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales
para el Sector Público».
21 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden,
el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen
realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la
providencia se fijó la siguiente regla:
«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones».
31. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo
9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%22, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l
valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.
✓ IBL que comprende: (i) el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión; y (ii) los
factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 que son la asignación
básica mensual, los gastos de representación, la prima técnica (cuando sea factor
de salario), las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean
factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por
servicios prestados y remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.
32.Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado sobre la existencia de normas especiales
que reconozcan que un factor salarial hace parte del ingreso de cotización.
33. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que el
factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación
inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas
reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
22 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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jurisprudencia de esta Sección23, de la siguiente manera:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 mantienen su régimen pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio,
aspecto que cobra especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos
de prestación de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios).
34. Este criterio diferenciador establecido en la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, en garantía de la sostenibilidad
financiera del sistema, sin que se afecten derechos adquiridos.
3.3.3. De reconocimiento pensional a la luz de la Ley 71 de 1988 para los docentes
35. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral, y han
acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía la discusión sobre si pueden acceder a
los beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.
36. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de
la Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan a reunir el tiempo de servicio requerido
exclusivamente en el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar
sus aportes en diferentes sectores.
37.En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos, según lo dispuesto en su artículo 7:
✓ Para mujeres: 55 años.
✓ Para hombres: 60 años.
23 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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✓ 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS (hoy COLPENSIONES).
✓ Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.
38. Con respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que
reglamentó esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios. Ello, con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 198524 y demás
normas especiales que creen prestaciones sociales con carácter de factor salarial, y
que en consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
39. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente, mediante
sentencia del 30 de enero de 202525 expuso cinco razones fundamentales por las
cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes, a saber:
(i) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
(ii) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de
todos los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que
hace la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes,
al régimen del sector público nacional.
(iii) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normativa que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público.
Dicho de otro modo, excluir a los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988
supondría suprimir uno de estos derechos esenciales, al impedirles completar el
requisito de tiempo de servicios mediante la acumulación de aportes en sectores
público y privado.
(iv) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida
laboral la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
(v) Si bien la «Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una
excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra
norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se
expidieron con posterioridad».
24 En aplicación del artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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40. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados con anterioridad a la
expedición de la Ley 812 de 2003, de pensionarse exclusivamente con tiempo público
bajo la Ley 33 de 1985. Por el contrario, constituye una opción adicional y favorable
para aquellos docentes que han acumulado tiempos tanto en el sector público como
en el privado. Esta interpretación se alinea con el principio de favorabilidad en materia
laboral, pues amplía las posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya
existentes.
41. En conclusión, en la sentencia antes mencionada se precisó que la Ley 71 de 1988
es aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional» al que remite la
Ley 91 de 1989. La Ley 71 de 1988 establece una modalidad pensional que requiere
55 años para mujeres y 60 para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser
acumulados entre el sector público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará
con el 75% del promedio del salario que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.
42. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025
se pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad
a la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición de
que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior
resulta más favorable.
43. Lo antedicho supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado
artículo 36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de
lo Contencioso-Administrativo de esta Corporación26, la aplicación de normas
anteriores (v.gr. la Ley 71) en cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de
los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.
3.3.4. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
44. Como lo ha precisado esta Sala en anteriores oportunidades27, sobre la presunta
incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, M.P. César
Palomino Cortés, proceso con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
27 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Rad. 15001
23 31 000 2004 02695 01 (0133-10), M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de septiembre
de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César Palomino Cortés. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de
2023, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, Rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre
de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de
2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las
prestaciones «serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
45. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100 de 1993, en otros momentos
ha sido otorgado por las siguientes disposiciones:
(i) El Decreto 224 de 197228 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia
no sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
(ii) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197929 que señaló que el goce de la pensión
no sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se
advierte, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante
sentencia del 20 febrero de 1981.
(iii) La Ley 60 de 199330 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia31, esta
compatibilidad al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía
este beneficio.
(iv) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709
de 1994 que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se
retiren del servicio», precisa: «salvo las excepciones previstas en la ley».
(v) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del
tesoro público, consagra «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente
Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la
cual tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado
que no hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró
en vigor la norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban
a los docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto
de 201932 se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez
Maldonado, sostuvo:
“Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de aclarar
situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
28 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».
29 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente».
30 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
31
Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la fecha de
entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados,
contempló la posibilidad de que tales servidores se siguieran beneficiando de la normatividad
que les permitía percibir simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación
y pensión gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años siguientes a la
expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en examen, como lo establecen,
los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley 100 del mismo año y 115 de la Ley 115
de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al establecer las
excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha ley,
beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 50 del Decreto 224 de
1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero
se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada”
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio
civil de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en
fallo de 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01
(0133-10), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero».
(vi) El artículo 1933 de la Ley 344 de 199634, al dejar a salvo lo dispuesto en las
leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de las que se
desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con ocasión
del ejercicio docente»35.
(vii) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre
el salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4536 del Decreto
1278 de 200237, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 200338), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que
no fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en
33 Ley 334 de 1996, artículo 19. «Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho
beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios
podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones».
34 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
36 «ARTÍCULO 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos,
el ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:
a) El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido;
b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
37 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
38 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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providencia del 20 de noviembre de 202439 indicó:
«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública40.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos
con contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales
pueden devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad».
46. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los que
se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea
vinculados con anterioridad41 o posterioridad42 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de
acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan
sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no
con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar
esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto
que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
47. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración
está limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función
docente oficial.
48. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20
de noviembre de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera.
40 A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En
esta providencia se analizó con detalle la aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes
vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
42 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador.».
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
3.4. Hechos probados
49.Con el objeto de resolver los interrogantes planteados, en el caso concreto se
encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) Lourdes Judith Martínez Pérez nació el 11 de mayo de 196243. A la fecha en la que
solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes prevista en la
Ley 71 de 1988 —2 de marzo de 2021—, tenía 58 años.
(ii) Desde el 10 de mayo de 1989 hasta el 31 de marzo de 2005, realizó aportes en el
en el ISS, y completó 774,71 semanas de cotización44.
(iii) Ingresó al servicio docente en los municipios de Anolaima y Facatativá desde el 28
de mayo de 2004, vínculo que, según informó, se mantenía vigente a la fecha en la
que presentó la demanda —28 de junio de 2021—. Sin embargo, frente a esta
vinculación, se debe precisar lo siguiente:
✓ Según el formato único para la expedición del certificado de historia laboral
consecutivo núm. 9545, la demandante comenzó a prestar servicios docentes el 28
de mayo de 2004, fue nombrada en el cargo el 29 de marzo de 2005 y tomó
posesión el 10 de febrero de 2006. Esta información podría sugerir la existencia de
algunas inconsistencias en el documento, que sería pertinente aclarar mediante la
verificación de las fechas de vinculación, lo cual no es posible sin los actos de
nombramiento y posesión, que no fueron aportados al expediente. No obstante, la
Sala considera que, conforme al formato único para la expedición de certificados de
salarios consecutivo núm. 9546, la demandante recibió salario por su servicio
docente desde el 28 de mayo de 2004.
Por lo tanto, aunque la información relativa al primer acto de nombramiento y
posesión de la demandante, reportada en el certificado de historia laboral, no
coincide con la fecha de inicio del servicio, es decir, el 28 de mayo de 2004, existe
otro documento que confirma este hecho: el que indica que por la labor realizada
desde esa fecha se pagaron los salarios y prestaciones correspondientes. Esto
permite concluir que desde el 28 de mayo de 2004, la señora Martínez Pérez ejerció
la docencia oficial.
Lo anterior, aunado a que la parte demandada no controvirtió ni ha desvirtuado la
vinculación desde la fecha antes señalada, que también fue referida en la petición
que se radicó para el reconocimiento de la pensión y que fue aportada como prueba
43 Cédula de ciudadanía de Lourdes Judith Martínez Pérez, visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», página 43.
44 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por Colpensiones, visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», página 26.
45 Formato único para la expedición del certificado de la historia laboral consecutivo núm. 95, visible en: Samai,
índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», páginas 33 a 37.
46
Formato único para la expedición de certificado de salarios consecutivo núm. 95, visible en: Samai, índice 4,
archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4»,
enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», página 38.
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
al expediente.
✓ Los certificados antes mencionados no establecen una fecha final de la
prestación del servicio. En esa medida, y teniendo en cuenta lo que antecede, la
Sala tomará como extremos temporales acreditados de la relación laboral, el 28 de
mayo de 2004 —fecha de ingreso al servicio docente— y el 12 de febrero de 2021
—fecha de expedición de los certificados referidos—.
✓ Durante el lapso antes indicado, la demandante prestó sus servicios como
docente en dos municipios distintos, así: (i) del 28 de mayo de 2004 al 15 de enero
de 2006 en Anolaima, y (ii) del 13 de febrero de 2006 al 12 de febrero de 2021 en
Facatativá. En ese orden, la prestación del servicio docente fue realizada de la
siguiente manera:
Tiempo en
Desde Hasta Tiempo
semanas
1 año, 7 meses y 18
28 de mayo de 2004 15 de enero de 2006 84
días
14 años, 11 meses y 30
13 de febrero de 2006 12 de febrero de 2021 771.43
días
16 años, 7 meses y 18
TOTAL 855,43
días
✓ De las semanas cotizadas al ISS y el tiempo de vinculación al FOMAG, se
traslapan los periodos laborados del 28 de mayo de 2004 —fecha de ingreso al
servicio docente— al 31 de marzo de 2005 —última cotización realizada en el ISS.
Por ese motivo, a efectos de no computar dos veces el tiempo de servicio y
cotización, la Sala descontará los aportes que fueron efectuados al ISS, que se
detallan a continuación, de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas en
pensiones, emitido por COLPENSIONES:
Nombre o razón social Desde Hasta Semanas
«Corporación Educativa» 01 de junio de 2004 30 de junio de 2004 0
«Coop de Educación Y» 01 de febrero de 2005 28 de febrero de 2005 2,43
«Coop de Educación Y» 01 de marzo de 2005 31 de marzo de 2005 4,29
TOTAL 6,72
✓ En ese orden, para la Sala, el tiempo total de cotización al ISS es el siguiente:
Tiempo cotizado total 774,71 semanas
Tiempo que se descuenta 6,72 semanas
TIEMPO TOTAL 767,99 semanas
(v) Finalmente, la señora Martínez Pérez, mediante petición radicada el 2 de marzo de
202147, pidió a la Secretaría de Educación Municipal de Facatativá el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación por aportes, de conformidad con la Ley 71 de 1988.
Sin embargo, la solicitud no fue atendida.
47
Solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», páginas 44 a 47.
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3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. Del régimen aplicable a la situación pensional de la demandante
50. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que
la situación pensional de la señora Martínez Pérez no podía ser resuelta en aplicación
de la Ley 71 de 1988. Por un lado, advirtió que la demandante no era beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en la medida
en que no acreditó una vinculación al servicio docente con anterioridad al 27 de junio
de 2003. Por otro, que tampoco era beneficiaria del régimen de transición previsto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque no cumplió los requisitos para ello. Sin
embargo, la demandante insistió en que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por aportes dispuesta en la Ley 71 de 1988, porque realizó
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en pensiones desde 1989, es decir, antes
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
51. De la revisión de las pruebas allegadas al expediente, la Sala observa que la
demandante tuvo varias vinculaciones como docente, que ocurrieron con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a saber: (i) del 28 de mayo de 2004 al 15
de enero de 2006 en Anolaima, y (ii) del 13 de febrero de 2006 al 12 de febrero de
2021 en Facatativá.
52. Así, en el presente asunto se encuentra acreditada la vinculación de la señora
Martínez Pérez al servicio docente, desde el 28 de mayo de 2004, es decir, con
posterioridad al 27 de junio de 2003. Por consiguiente, y contrario a lo manifestado por
la demandante, su situación pensional se debe regir por las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, por disposición expresa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
53. Al respecto, cabe precisar que la vinculación con anterioridad a la Ley 812 de 2003
no está dada por los aportes que se hayan hecho a seguridad social con anterioridad
a la fecha de entrada en vigor, sino con el ingreso al servicio oficial docente. Además,
de la lectura detenida del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, no se advierte que la sola
existencia de aportes al Sistema de Seguridad Social con antelación a su entrada en
vigor constituya el criterio relevante para establecer si la situación pensional de un
docente oficial está o no llamada a definirse con fundamento en la Ley 100 de 1993.
54. Esto obedece a que el criterio diferenciador se construyó bajo una sola situación:
la vinculación docente antes o después del 27 de junio de 2003. Con esta precisión se
buscó, por un lado, avanzar en el objetivo de unificar los distintos regímenes
pensionales, con la indicación de que a los docentes oficiales que se vinculen después
de la Ley 812 de 2003 se les aplicaría el régimen de prima media (con excepción de
la edad). Por otro, garantizar la expectativa legítima de aquellos que prestaron sus
servicios antes del cambio normativo, quienes esperaban pensionarse con normas
anteriores a la Ley 100 de 1993.
55. Inclusive, de aceptar la tesis de la parte demandante, consistente en que los
aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social con antelación a la Ley 812 de
2003 le permiten definir su situación pensional sin tener en cuenta la Ley 100 de 1993,
se desconocería que el trato preferente que se conservó con el artículo 81 de aquella
solo se otorgó a un sector de la población: los docentes «vinculados al servicio público
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
educativo oficial», y no a la totalidad de ellos, sino únicamente a quienes tuvieron dicho
vínculo antes de la entrada en vigor de la norma antes señalada, comoquiera que los
demás son destinatarios de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en los términos
descritos.
56. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe precisar que a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 —1 de abril de 1994—, la señora Martínez Pérez tenía 31 años
de edad, y 4 años, 10 meses y 22 días de servicio48, razón por la que no cumplió con
los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la referida
normativa, de manera tal que tampoco es posible aplicar la Ley 71 de 1988 por vía del
régimen de transición.
57. En consecuencia, la Sala concluye que a la señora Martínez Pérez le aplican «los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de
la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres» 49. Por
tanto, la respuesta al primer problema jurídico es negativa.
3.5.2. Del análisis de la situación pensional de la demandante en aplicación de la
Ley 100 de 1993
58. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera, tal y como lo hizo el tribunal en
primera instancia, que, si bien no fue factible el reconocimiento pensional de
conformidad con la Ley 71 de 1988, el juez debe examinar si ello es posible, por medio
del estudio del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
59. Esto es así, en la medida en que se encuentra en discusión una situación jurídica
relacionada con el derecho fundamental a la seguridad social, que es irrenunciable, de
aplicación inmediata y de tutela efectiva por parte de la administración de justicia. Esto
no significa que de esta manera se quebranten los principios de justicia rogada o de
congruencia, puesto que, en todo caso, el trámite administrativo y judicial estuvo
circunscrito a los derechos pensionales de la demandante.
60.Así, cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificada por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para acceder a la
pensión de vejez son los siguientes:
(i) La edad de 55 años si es mujer o de 60 años si es hombre, hasta el 31 de diciembre
de 2013, porque desde el día siguiente son 57 años para las mujeres y 62 para los
hombres. Sin embargo, para los docentes, la edad será 57 años en ambos casos, en
48 La Sala obtuvo este cálculo de la sumatoria de las semanas cotizadas al ISS reportadas por COLPENSIONES, en el
reporte de semanas cotizadas en pensiones. De acuerdo con la información allí consignada, la demandante
acumuló, al 1 de abril de 1994, 251,71 semanas de servicio, que corresponden a 4 años, 10 meses y 22 días.
Información visible en: Samai, índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA
Y ANEXOS», página 26.
49 Ley 812 de 2003, artículo 81. «Régimen prestacional de los docentes oficiales. […] Los docentes que se vinculen
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez
que será de 57 años para hombres y mujeres […]».
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
(ii) El tiempo de cotización de mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo, que se
incrementan hasta llegar a 1300, en el año 2015.
61. De las pruebas aportadas al expediente, la Sala observa, por un lado, que la
señora Martínez Pérez cumplió 57 años de edad el 11 de mayo de 2019. Por otro, que
para esta fecha tenía un tiempo de cotización equivalente a 1533,2750 semanas, como
se detalla a continuación:
Entidad Fechas Tiempo en semanas
10 de mayo de 1989 –
ISS (ahora Colpensiones) 767,99 semanas51
31 de marzo de 2005
28 de mayo de 2004 –
FOMAG – vinculación en Anolaima 84 semanas52
15 de enero de 2006
13 de febrero de 2006 –
FOMAG – vinculación en Facatativá 681,28 semanas53
11 de mayo de 2019
TOTAL 1.533,27 semanas
62. La anterior información permite concluir lo siguiente: (i) que Lourdes Judith
Martínez Pérez adquirió el estatus de pensionada el 11 de mayo de 2019, al cumplir
57 años y tener más de 1300 semanas de cotización; y (ii) que acreditó los requisitos
del régimen de prima media para el reconocimiento de la pensión de vejez.
63. En conclusión, la respuesta al segundo problema jurídico es positiva, en el sentido
en que a Lourdes Judith Martínez Pérez le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de vejez, de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
partir de la fecha en la que adquirió el estatus pensional, esto es, desde el 11 de mayo
de 2019 —fecha en la que cumplió el requisito de la edad—.
3.5.3. De la compatibilidad entre el la pensión y el salario
64. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la señora Martínez
Pérez no tenía derecho a la compatibilidad entre el salario y la pensión. Lo anterior,
con fundamento en antecedentes de esa corporación54:
«[L]a compatibilidad en el goce de la pensión […] con el salario por los servicios
prestados como docente oficial [se ha permitido] siempre y cuando su vinculación se
haya producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pues
esta señaló que los docentes que se encontraran vinculados [les aplica] el régimen
50 La Sala obtuvo esta cifra al realizar el cálculo de las semanas cotizadas hasta la fecha en que la demandante
cumplió 57 años, que coincide con la fecha del estatus pensional.
51 Reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por COLPENSIONES, visible en: Samai, índice 4, archivo
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace
«25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», página 26. // Esta información corresponde
al número de semanas cotizadas reportadas por COLPENSIONES, sin tener en cuenta las 6,72 semanas que fueron
descontadas por doble cotización en el FOMAG.
52 Formato único para la expedición del certificado de la historia laboral consecutivo núm. 95, visible en: Samai,
índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento «DEMANDA Y ANEXOS», páginas 33 a 37.
53
Ibidem.
54 El tribunal hizo referencia a la siguiente providencia: Sentencia del 28 de marzo de 2019 proferida por el Consejo
de Estado, M.P. César Palomino Cortés, radicado No. 25000-23-42-000-2013-05659-01.
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
prestacional vigente con anterioridad , y los vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la norma pese a ser afiliados al [FOMAG] tendrán los derechos pensionales del régimen
de prima media [previsto] en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 [que]
no permite percibir de forma simultánea salario y cualquier otra clase de asignación del
erario como lo sería la pensión de jubilación»55.
65. En esa medida, concluyó que «al no existir una vinculación como docente anterior
al año 2003, resulta incompatible el pago de la pensión de vejez y el salario como
docente del sector oficial»56.
66. Frente a lo anterior, la Sala reitera, por un lado, que el artículo 279 de la Ley 100
de 1993 establece que las prestaciones de los afiliados al FOMAG serán compatibles
con pensiones o cualquier clase de remuneración. Por otro, que, como se explicó en
el acápite 3.3.4 de esta providencia, a partir del análisis del literal g) del artículo 19 de
la Ley 4 de 1992, puede concluirse que los docentes oficiales gozan de la prerrogativa
de la compatibilidad entre el salario y la pensión.
67. En ese orden, los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición de
devengar doble asignación del erario. Por esta razón, el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez no está supeditada al retiro del servicio, inclusive, para los vinculados
con posterioridad al 27 de junio de 200357.
68. Esto en la medida que la referida compatibilidad se estableció a favor de quienes
prestan sus servicios como maestros oficiales, es decir, en razón a la actividad docente
y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable
limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico,
puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador.
69. Así las cosas, la Sala no encuentra de recibo el alcance que el tribunal le dio a la
compatibilidad, pues la excepción que permite a los docentes devengar una doble
asignación del erario no está condicionada al régimen jurídico aplicable definido con la
fecha de vinculación al servicio, sino a la calidad de docente como tal. En esa medida,
la respuesta al tercer problema jurídico es negativa, motivo por el cual a la señora
Lourdes Judith Martínez Pérez no se le puede exigir el retiro del cargo docente para la
efectividad de la pensión.
70.Esta precisión es relevante, teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, al ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, dispuso,
55 Sentencia de primera instancia, proferida el 10 de junio de 2022, por Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
visible en: Samai, índice 4, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_
KBURGOSBCONSEJODEES(.pdf) NroActua 4», enlace «25000234200020210047700», documento
«21_250002342000202100477001SENTENCIASENTENCIA20220610020348».
56 Ibidem.
57
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01
(3118-2022). En esta providencia se indicó: «Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario
y pensión de la que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición
de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al
régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo
con el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales,
esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no
es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue
un requisito o límite establecido por el legislador.».
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que esta sería reconocida a partir del 11 de mayo de 2019, pero efectiva desde el retiro
definitivo del servicio.
71. En esa medida, la Sala estima necesario modificar la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia para que la demandante pueda disfrutar la pensión
desde la adquisición del estatus pensional en compatibilidad con el salario. En ese
sentido, es importante tener en cuenta que el fallo apelado ordenó lo siguiente:
«Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- a reconocer y pagar la pensión
de vejez a favor de la demandante Lourdes Judith Martínez Pérez, identificada con
cédula de ciudadanía No. 36.547.247, de conformidad con el régimen pensional
contenido en la Ley 797 de 2003, por lo que la liquidación de la pensión de vejez debe
efectuarse con una tasa de reemplazo inicial que oscilará entre el 55 % y el 65 % del
promedio de lo devengado en los diez años anteriores a la fecha del retiro efectivo del
servicio docente y/o del promedio de lo devengado durante toda la vida laboral al reportar
más de 1.250 semanas de cotización, con el monto que corresponda de acuerdo al
número adicional de semanas cotizadas a las mínimas sin superar el 80 %, teniendo en
cuenta para la liquidación el ingreso base de cotización reportado desde el 10 de mayo
de 1989 al 31 de marzo de 2005 en Colpensiones, y los factores devengados como
docente del sector oficial desde el 28 de mayo de 2004, de los cuales solo se pueden
tener en cuenta para la liquidación de la pensión de vejez los factores de asignación
básica, horas extras y la bonificación mensual docente, sumas actualizadas con la
variación del índice de precios al consumidor, según la certificación que expida el DANE,
a partir del 11 de mayo de 2019 pero supeditada al retiro definitivo del servicio.
Cuarto.- Declarar que el pago de la mesada pensional es incompatible con el salario
como docente del sector oficial en actividad, por las razones expuestas».
72. En relación con la orden del numeral tercero, la Sala destaca que frente a los
aspectos a tener en cuenta para la liquidación de la pensión únicamente fue objeto de
apelación la compatibilidad entre el salario y la pensión. Por esta razón, es necesario
realizar las modificaciones tendientes a que la demandante pueda percibir su
prestación desde la adquisición del estatus pensional sin que el ejercicio de la actividad
docente le impida disfrutar su derecho. En cuanto al numeral cuarto, se declarará que
la mesada es compatible con el salario obtenido en la actividad docente.
73. No obstante lo anterior, la Sala no pierde de vista que la demandante devengó,
entre otros factores, la bonificación pedagógica establecida en el Decreto 2354 de
2018, y que a pesar de que tiene carácter salarial, no fue incluida en el IBL de la
prestación reconocida en primera instancia. En esa medida, cabe precisar que, si bien
para la definición del IBL se deben tener en cuenta los conceptos previstos en el
Decreto 1158 de 1994 que hayan sido devengados por el docente y que hayan sido
factor de cotización, lo cierto que es con posterioridad a dicha norma se han creado
otros emolumentos que por disposición legal tienen carácter salarial, y que por esa
razón, también deben ser incluidos en el IBL. En ese sentido, la Sala modificará la
parte resolutiva de la sentencia para incluir dentro del IBL la bonificación pedagógica
y aquellos factores que por disposición legal constituyen base de cotización para
pensión, respecto de los cuales se efectuaran los descuentos correspondientes.
74. En ese orden de ideas, la parte resolutiva de la sentencia quedará así:
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00477-01 (5409-2022)
Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
«Tercero.- En consecuencia, ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la
demandante la pensión de vejez desde que adquirió el estatus de pensionada, 11 de
mayo de 2019, con el IBL previsto en los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
con el monto correspondiente según el número de semanas cotizadas, que no podrá
superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores fijados en el Decreto
1158 de 1994 y en otras normas aplicables a los docentes, como los decretos 1566 de
2014 y 2354 de 2018, entre otros, que hayan sido devengados por la demandante y
respecto de los cuales se hayan hecho los aportes correspondientes al Sistema de
Seguridad Social, sin que le sea exigible el retiro del servicio educativo docente.
Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida
para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de adquisición del estatus pensional de la demandante). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Cuarto.- Declarar que el pago de la mesada pensional es compatible con el salario como
docente del sector oficial en actividad, por las razones expuestas».
75. Finalmente, la Sala precisa que, como entre la adquisición del estatus pensional
—11 de mayo de 2019— y la petición de reconocimiento —2 de marzo de 2021— no
trascurrieron más de 3 años, el término de prescripción se interrumpió por un plazo
igual (art. 41 de Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969),
dentro del cual, incluso, se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de estudio en los términos establecidos por el CPACA —28 de junio de
2021—, lo que quiere decir, que no operó el fenómeno prescriptivo de mesada alguna.
3.6. Conclusión
76. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, la Sala
concluye que, en la medida en que Lourdes Judith Martínez Pérez se vinculó con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y no cumplió con los
requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el régimen pensional que
le es aplicable es el de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Así, al haberse probado que tiene más de 57 años de edad y 1300 semanas cotizadas,
se estima que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en los
términos de la normativa referida.
77. También tiene derecho a la compatibilidad entre el salario y la pensión, motivo por
el cual, no se le puede exigir el retiro definitivo del cargo para la efectividad de la
prestación.
78. Por ende, se debe confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia, en el
sentido de modificar los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva, para que se
tenga en cuenta que la prestación es compatible con el salario como docente del sector
oficial en actividad.
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
3.7. Costas
79. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 58 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 10 de junio de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
SEGUNDO. MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
anterior providencia, que quedarán así:
«Tercero.- En consecuencia, ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar a la
demandante la pensión de vejez desde que adquirió el estatus de pensionada, 11 de
mayo de 2019, con el IBL previsto en los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
con el monto correspondiente según el número de semanas cotizadas, que no podrá
superar el 80% de la asignación básica mensual y demás factores fijados en el Decreto
1158 de 1994 y en otras normas aplicables a los docentes, como los decretos 1566 de
2014 y 2354 de 2018, entre otros, que hayan sido devengados por la demandante y
respecto de los cuales se hayan hecho los aportes correspondientes al Sistema de
Seguridad Social, sin que le sea exigible el retiro del servicio educativo docente.
Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida
para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará de multiplicar el valor
histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente a la fecha de adquisición del estatus pensional de la demandante). La
58 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-14).
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Demandante: Lourdes Judith Martínez Pérez
Demandado: FOMAG
fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Cuarto.- Declarar que el pago de la mesada pensional es compatible con el salario como
docente del sector oficial en actividad, por las razones expuestas».
TERCERO. No condenar en costas en segunda instancia.
CUARTO. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
MMOG/JCBB
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