Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00819-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00819-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00819-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00819-01 (6889-2023)
Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.
Efectividad de la prestación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 23 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Guillermo Antonio Acevedo presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución 2234 del 23 de abril de 2021, por medio de
la cual el director de Talento Humano de la Secretaría de Educación del distrito de
Bogotá le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.
1 En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00819-01 (6889-2023)
Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% de los salarios y
primas que percibió en el año anterior a la adquisición del derecho, a partir del 12
de septiembre de 2016, de conformidad a lo establecido en la Ley 33 de 1985; ii) el
pago de las mesadas atrasadas y la declaratoria de que la pensión es compatible
con el ejercicio de la docencia; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas
conforme con el índice de precios al consumidor; iv) el cumplimiento del fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA; v) los intereses moratorios de que trata a. el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y b. el artículo 192 del CPACA, esto es a partir
de la ejecutoria de la sentencia condenatoria; vi) la condena en costas y agencias
en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Guillermo Antonio Acevedo nació el 12 de septiembre de 1961, y prestó sus
servicios en el sector público, así: i) como auxiliar operativo en el departamento del
Guainía en el período comprendido entre el 10 de febrero de 1984 y el 30 de mayo
de 1989, ii) como docente en ese departamento entre el 1° de junio de 1989 y el 16
de abril de 1997, iii) como docente en provisionalidad del 31 de julio al 26 de
septiembre de 2009, del 28 de septiembre al 25 de noviembre de 2009, del 9 de
febrero al 9 de marzo de 2010, del 10 al 24 de marzo de 2010, del 25 de marzo al
22 de mayo de 2010 y del 24 de mayo al 21 de julio de 2010, y iv) como docente en
propiedad a partir del 12 de julio de 2010.
3.2. El 19 de marzo de 2021 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, la cual le fue negada a través de la Resolución 2234 del 23 de abril de
2021.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228
y 336 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989;
y 81 de la Ley 812 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:
2 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA», páginas 4 a 17.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
5.1. El contenido del acto acusado está afectado por falsa motivación, toda vez que
en él se señaló que no cumplía con los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993;
empero, esa norma no es aplicable al caso objeto de estudio. Además, el acto se
fundó en que no era viable la aplicación de la Ley 71 de 1988; sin embargo, esa
norma no se invocó, pues la totalidad del tiempo de servicio fue en el sector público,
y «no hay tiempos de orden privado que pretendan ser computados».
5.2. Comoquiera que su primera vinculación se dio con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, el docente pertenece a un régimen especial y por
ende la norma bajo la cual se debe estudiar su pretensión no puede ser otra que la
Ley 33 de 1985.
5.3. De conformidad con el artículo 5 del Decreto Ley 224 de 1972, el ejercicio de la
docencia es compatible con el goce de la pensión, por lo que no era procedente
condicionar el reconocimiento pensional al retiro del servicio, por atentar contra el
principio de igualdad respecto de los demás docentes.
1.2. Contestación de la demanda
6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en que el
acto acusado había sido proferido en atención al contexto fáctico y jurídico del
docente, por lo que no se había configurado ninguna causal de nulidad, en
consideración a que su vinculación al servicio se había dado con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no había duda de que el
régimen aplicable era el contenido en la Ley 100 de 19933.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
profirió sentencia el 23 de junio de 2023 mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad de la Resolución 2234 del 23 de
abril de 2021; y ordenó al Fomag que reconociera y pagara la pensión de vejez a
favor de Guillermo Antonio Acevedo a partir del 13 de septiembre de 2016, pero con
efectos fiscales a partir del 19 de marzo de 2018, por prescripción trienal, en cuantía
del 75% del promedio de lo devengado durante el último año anterior al estatus
pensional, comprendido entre el 13 de septiembre de 2015 y el 12 de septiembre
3 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«15_Contestación de la demanda y sustitución de poder».
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
de 2016, para lo cual, debía tenerse en cuenta a efectos de establecer el ingreso
base de liquidación la asignación básica mensual y la bonificación mensual docente.
8. Además, dispuso que no había lugar a efectuar descuento alguno a cargo del
demandante por concepto de los aportes no realizados por el empleador por el
factor salarial incluido correspondiente a la bonificación mensual docente; empero
ordenó al Fomag que adelantara los procedimientos o acciones pertinentes para
logar «el cobro y traslado de los aportes para pensión no efectuados respecto de los
factores que se ordenaron incluir por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, lo
anterior en virtud de lo dispuesto en los numerales 4° y 5° del artículo 5° de la Ley 91 de
1989».
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:
9.1. No debe entenderse que las interrupciones ocurridas, bien sea por la finalización
de la relación laboral o por el cambio del tipo de vinculación, traigan como
consecuencia la aplicación de las reglas del sistema general de pensiones, pues si
se demuestra que se contaba con una vinculación como docente del sector oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, las normas
aplicables son las contenidas en la Ley 91 de 1989 y por ende la Ley 33 de 1985 o
la Ley 71 de 1988, según corresponda. Esto, puesto que la Ley 91 de 1989 solo se
refirió al régimen prestacional que venían disfrutando los docentes en cada ente
territorial, pero en ningún momento estableció requisitos pensionales diferentes a
los previstos en las normas de carácter general vigentes, que eran las leyes 33 de
1985 y 71 de 1988.
9.2. A Guillermo Antonio Acevedo le resultan aplicables las disposiciones normativas
en materia pensional vigentes con anterioridad a la Ley 812 de 2003, pues su
vinculación como docente se produjo desde el 1° de junio de 1989, por ello se debe
analizar la procedencia del reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos de la Ley 33 de 1985 que estableció como requisitos para acceder a la
prestación que se acreditaran 55 años de edad y 20 de servicios públicos continuos
o discontinuos, los que alcanzó el 12 de septiembre de 2016 al llegar a la edad
requerida.
9.3. Para lo anterior, se tuvo en cuenta la totalidad del tiempo de servicio prestado,
esto es, el de auxiliar operativo y el de docente, por ser ambos tiempos públicos que
son los exigidos por la Ley 33 de 1985.
9.4. Según los presupuestos establecidos en esta norma, la liquidación de la pensión
4 Índice 30 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
debe efectuarse en un 75% de los factores devengados en el último año anterior a
la adquisición del estatus de pensionado, por tratarse de un docente de quien se
predica la compatibilidad entre el salario en actividad y la pensión, por ello tiene
derecho a que la liquidación se efectúe con el promedio de los factores recibidos en
el periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2015 y el 12 de septiembre de
2016, siempre y cuando sobre estos se hubiere efectuado aportes y se encuentren
enlistados en la Ley 62 de 1985. De acuerdo con el formato único para expedición
de certificado de salarios expedido el 2 de febrero de 2021 por la Secretaría de
Educación de Bogotá, en el último año de servicios, percibió i) asignación básica,
ii) prima de servicio, iii) bonificación mensual, iv) prima de vacaciones, y v) prima de
navidad.
9.5. De acuerdo con lo anterior, la liquidación de su pensión de jubilación debe incluir
el 75 % de la asignación básica y la bonificación mensual, pues la primera se
encuentra prevista de forma taxativa en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, y la
segunda por ser un factor salarial según dan cuenta los Decretos 1272 de 2015 y
123 de 2016. Las primas de vacaciones y de navidad no deben ser incluidas por
cuanto no están enlistadas como factores salariales; y la prima de servicios
establecida en el Decreto 1545 de 2013, es un factor salarial que sirve únicamente
para liquidar las primas de vacaciones y de navidad y las cesantías, de manera que
no tiene efectos pensionales y, por tanto, no es procedente su inclusión.
9.6. Comoquiera que el estatus de pensionado bajo la Ley 33 de 1985 lo adquirió el
12 de septiembre de 2016, presentó solicitud de reconocimiento pensional el 19 de
marzo de 2021 y la demanda fue radicada el 1° de septiembre de 2021, operó la
prescripción trienal de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 19 de
marzo de 2018, toda vez que entre la adquisición del derecho y la petición
transcurrieron más de 3 años.
9.7. ElDecreto 224 de 1972 estableció que el ejercicio de la docencia sería
compatible con el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario
estuviera física y mentalmente apto para ejercer la tarea docente. Luego, el Decreto
2277 de 1979 determinó en su artículo 70 que el goce de la pensión de jubilación
era compatible con el ejercicio del empleo docente, a excepción de aquellos de los
que trata el artículo 32. Si bien, el artículo 128 de la Constitución Política prohibió
que se percibiera simultáneamente más de una asignación proveniente del tesoro,
se exceptuaba de ella los asuntos señalados en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992,
entre los que se encuentran las asignaciones que a la fecha de entrar en vigencia
la ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados (literal g).
Asimismo, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 estableció que el régimen pensional
aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporaran a las
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones sería el reconocido en la Ley 91 de 1989 y las prestaciones en ellas
reconocidas serían compatibles con pensiones o cualquier otra clase de
remuneración. Además, antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, los docentes
estaban exceptuados del sistema general de seguridad social, por virtud de lo
dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. De manera que es compatible
el goce simultáneo de la pensión con el salario percibido como docente oficial,
siempre y cuando su vinculación se haya producido con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
1.4. El recurso de apelación
10. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente5:
10.1. Se encuentra plenamente acreditado que «la demandante se vinculó como
docente afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es 2010» (sic), de tal
suerte que para el caso concreto, su régimen pensional corresponde al de prima
media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años
para hombres y mujeres.
10.2. Comoquiera que el demandante se vinculó legal y reglamentariamente con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional
aplicable resulta ser el contenido en la Ley 100 de 1993, y no el que se alega a
través del medio de control.
10.3. No le asiste la razón a la parte demandante respecto de la aplicación del
régimen de transición del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, pues claramente el
referido artículo determina que los docentes que se «encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial» tienen derecho al régimen prestacional establecido por la
normatividad anterior (leyes 91 de 1989 y 33 y 62 de 1989). De modo que «la
demandante, al no estar vinculada al servicio público oficial con anterioridad al 26 de junio
de 2003, más allá de que realizará cotizaciones al ISS, no le era aplicable el régimen
pensional establecido en las citadas leyes».
10.4. La jurisprudencia del Consejo de Estado en concordancia con el artículo 48
constitucional y el Acto Legislativo 01 de 2005, ha señalado que para la liquidación
de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones. En consecuencia, corresponde negar
5 Índice 33 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
las pretensiones del demandante, pues «los actos administrativos demandados, se
profirieron en derecho toda vez que no es viable la reliquidación o ajuste de la pensión
reconocida, puesto que en principio fueron reconocidos factores tales como prima de
alimentación y prima de vacaciones, los cuales no se encuentran enlistados en la norma,
es entonces que en aplicación del principio de favorabilidad, no se realiza el ajuste
solicitado, ya que disminuiría el monto de la pensión percibida» (sic).
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar6.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto7.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia8, se circunscriben a
establecer lo siguiente: ¿Guillermo Antonio Acevedo cumple con los requisitos
legales para ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003?
6 Tal y como se indicó en el auto del 13 de febrero de 2023. Índice 4 de Samai.
7 Así se desprende del informe secretarial del 10 de abril de 2024. Índice 8 de Samai.
8 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el
régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag
14. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la
invalidez, la enfermedad o la muerte9. La norma le otorgó en su inciso segundo la
calidad de «derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho
fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas10.
15. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción11. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar
la normatividad y la planeación de la seguridad social»12. El sistema quedó conformado
por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema
General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios
Sociales Complementarios.
16. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó
los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue
expuesto en sus antecedentes legislativos13. Está integrado por 2 regímenes
9 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de
1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
11 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia
racionalmente enlazados entre sí».
12 Preámbulo y artículo 6.
13 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes
pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un
régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».
Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,
su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los
requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen,
los beneficiarios y el monto pensional.
17. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su
integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que
lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes
pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que
todos los trabajadores públicos, privados e independientes debían cotizar a sus
subsistemas.
18. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral
de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,
para lo cual dispuso:
«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto
se expida». [Resalta la Sala].
19. Dentro de los denominados «regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley
100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al
vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos
vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200314.
20. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores
beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
14 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
modalidades de pensión.
21. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional,
nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes
(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:
Personal Tipo de vinculación Prestaciones sociales a Entidad responsable
docente cargo
Nacional Vinculados por Las causadas hasta La extinta Cajanal y el Fondo
nombramiento del 29/12/1989 y en adelante, los Nacional del Ahorro o las que
gobierno nacional reajustes y la sustitución de hicieren sus veces.
pensiones
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
Las causadas hasta el Las respectivas entidades
31/12/1975 y en adelante, los territoriales o las cajas de
reajustes y la sustitución de previsión, o las entidades que
Vinculados por pensiones hicieren sus veces, a las cuales
Nacionalizado nombramiento de venía vinculado este personal
entidad territorial Las causadas en el período La Nación o las respectivas
antes y después del de nacionalización (1/1/1976 entidades territoriales o las
1/1/1976 (Ley 43/75) – 31/12/1980), los reajustes y cajas de previsión, o las
la sustitución de pensiones entidades que hicieren sus
veces (estas entidades deben
contribuir en los porcentajes
establecidos en el art. 3 de la
Ley 43/75).
Las causadas y no pagadas Las respectivas entidades
entre el 1/1/1981 y el territoriales o las cajas de
29/12/1989 previsión social, o las
entidades que hicieren sus
veces, a las cuales estaba
vinculado dicho personal.
La Nación debe hacer los
aportes correspondientes, en
virtud de lo pactado en los
convenios respectivos.
Las causadas a partir del La Nación y pagadas por el
29/12/1989 Fomag
22. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional
con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo
que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes
nacionales y aquellos que ingresen del 1 de enero de 1990 en adelante, estarán
regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o
que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.
23. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
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prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1 de enero de 1990,
nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el
régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
24. La Ley 60 de 199315 asignó la administración de los servicios educativos
estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes
de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos. En el
artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes
departamental, distrital y municipal al Fomag, así como la conservación del régimen
prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley
91 de 1989. En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la
afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían
cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual
se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con
posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.
25. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de
200616, sobre el tema objeto de análisis, precisó:
«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se
incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las
condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la
pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es
de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la
citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que las autoridades
locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas
disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por
autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de
protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
15 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con
los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y
357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
[...]
Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje
de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los
distritos especiales de Cartagena y Santa Marta, para la atención de los servicios públicos de
educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de
la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de febrero de 2006,
radicado 19001-23-31-000-2002-00594-01(5198-04), M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
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[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone:
‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91
de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en
materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley
60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace.
Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional
en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’,
dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley
no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el
momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable
para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes
reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector
administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’». [Se resalta].
26. Ahora bien, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados. Esta norma dispone que los empleados oficiales que
sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la edad de 55
años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
2.2.2. Entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre
el régimen pensional de los docentes oficiales
27. El Acto Legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, prescribió que «[e]l régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta.
Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley,
tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio
1º).
28. El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 200317, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:
17 «Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el
artículo 8º de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que
le sean contrarias». Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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«Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad
de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para
salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del
monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones».
29. Respecto de las anteriores normas, la Sección Segunda de esta corporación, en
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201918, precisó:
«De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos
los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, así:
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a
partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres».
30. En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, determinó:
«La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
18 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino
Cortés.
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sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando
la siguiente regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que
gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para
los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores
sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 ‘Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones’. Los docentes no están exceptuados de esta disposición
para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de
liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los
que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
[…]
En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir del
1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por
las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.».
[Se resalta]
31. En lo correspondiente al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
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quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en ese fallo
se sostuvo:
«68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las
condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que
ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó
para hombres y mujeres en 57 años19. Esto quiere decir, que para el ingreso base de
liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben
incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».
32. Así las cosas, tal como se consideró en la sentencia proferida de manera reciente
por esta Subsección20, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto legislativo
1 de 2005, del régimen pensional de los docentes al servicio educativo depende de
si la fecha de vinculación es anterior o posterior a la entrada en vigencia de la Ley
812 del 2003, así:
32.1. Los docentes que ingresaron con anterioridad al 27 de junio de 2003 vinculados
como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán derecho a adquirir
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al cumplir 55 años de edad21
y 20 de servicios, o según lo establecido en la Ley 71 de 1988 que la otorga con 60
años si es hombre o 55 si es mujer, cuando se acrediten 20 años o más de
cotizaciones continuas o discontinuas en el Instituto de Seguros Sociales (hoy
Administradora Colombiana de Pensiones) y en una o varias de las entidades de
previsión social del sector público. En ambos casos, con una tasa de reemplazo del
75% y sobre lo aportado durante el último año de servicios; y
32.2. Los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización
establecido en esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar
19 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 15 de junio del 2023,
radicación 47001-23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
21 A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de
1985, pues en tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años,
para los educadores territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres
y 55 si son hombres, para los del orden nacional).
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el género, pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y
mujeres), por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores
(artículo 21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto
1158 de 199422.
2.2.3. Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario para el caso de
los docentes
33. El artículo 64 de la Constitución Política de 1886 disponía que nadie podía recibir
dos sueldos del tesoro público, salvo lo que para casos especiales determinaran las
leyes. De esta manera, el constituyente previó la posibilidad de que se establecieran
excepciones a la prohibición, las cuales inicialmente fueron « determinadas» por el
presidente de la República, quien en ejercicio de facultades extraordinarias expidió
el Decreto-ley 1317 de 196023, dentro de las cuales incluyó «[l]as asignaciones que
provengan de establecimientos docentes de carácter oficial, siempre que no se trata de
profesorado de tiempo completo24». Asimismo, el artículo 5 del Decreto 224 de 197225
señalaba que «el ejercicio de la docencia no ser[ía] incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario est[uviera] mental y físicamente apto para la
tarea docente, pero se decretar[ía el] retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad».
34. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición contenida
en el artículo 64 se mantuvo en los siguientes términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas» [Se resalta].
35. La anterior norma constitucional fue desarrollada por el legislador a través de la
Ley 4ª de 1992, que en su artículo 19, dispuso lo siguiente:
22 Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica
mensual, b) gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo
dominical o festivo; f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna; y g) bonificación por servicios prestados.
23 Por el cual se determinan algunas excepciones a las incompatibilidades establecidas en el artículo
64 de la Constitución.
24 Artículo 1 del Decreto-ley 1317 de 1960.
25 Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
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«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes
asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados. […]». [Se resalta].
36. De acuerdo con lo anterior, se observa que la voluntad del legislador fue
mantener vigentes las excepciones que, con anterioridad a la expedición de la
Constitución de 1991, frente a la referida prohibición constitucional beneficiaban a
los docentes. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, al referirse al alcance del literal g) transcrito concluyó26:
«Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya estaban
pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a los docentes
pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la prohibición, no de
aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes pensionados.
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible que el
legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue las
existentes.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4ª de 1992, art. 19, literal g) al establecer
las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar en vigencia dicha
ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es el artículo 5º del Decreto
224 de 1972 […]
Las razones antes expuestas permiten a la Sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo
sueldo, por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada». [Se resalta].
37. De otra parte, se advierte que las normas que con posterioridad regularon el
régimen pensional de los docentes fueron consistentes en ese sentido, al respecto
se destacan las siguientes disposiciones:
37.1. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que exceptuó a los maestros del Sistema
Integral de Seguridad Social contenido en esa norma [hasta la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003] reiteró la excepción al señalar: « a los afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración» [se resalta].
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de marzo de 2003, radicado
05001-23-31-000-1995-01799-01 (1577-2001), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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37.2. El artículo 6 de la Ley 60 de 1993 precisó que « [e]l régimen prestacional aplicable
a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones»; y
27
37.3. El artículo 19 de Ley 344 de 1996 dispuso:
«Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio, hasta
que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después
de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones.»
38. Así pues, la disposición contenida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se
advierte que el legislador preservó la compatibilidad de la pensión de jubilación con
el salario devengado por el docente, compatibilidad de la cual pueden ser
beneficiarios aquellas personas que acrediten los requisitos para que les sea
reconocida una pensión y presten o llegasen a prestar sus servicios como docentes
oficiales, teniendo en cuenta que son estos últimos quienes deben ser afiliados al
Fomag.
39. Valga precisar que esa disposición expresa que las prestaciones a cargo del
Fomag serían compatibles «con pensiones o cualquier clase de remuneración», es
decir, no establece como requisito que la pensión haya sido reconocida bajo los
requisitos de un régimen determinado.
40. Ahora bien, de la lectura de las disposiciones contenidas en la Ley 344 de 1996
se puede evidenciar que la voluntad del legislador fue mantener vigente la
compatibilidad referida y de la cual son beneficiarios los docentes. Es decir,
mediante dicha disposición señaló que una vez los servidores públicos adquieran el
derecho a disfrutar su pensión de vejez o jubilación, tendrían la posibilidad de optar
por una de 2 opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta que cumpla
la edad de retiro forzoso. Esto es que podrían disfrutar de la pensión, pero solo
hasta cuando acrediten el retiro del servicio. Sin embargo, nuevamente, de manera
expresa excluyó a los docentes oficiales. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
27 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo nacional de
prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994.
[…]
La Corte ya ha puesto de manifiesto la protección especial que la Constitución confiere
a la educación superior. Al respecto, el artículo 68 de la C.P., señala que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Adicionalmente,
la Carta impone al legislador la obligación de garantizar la profesionalización y
dignificación de la actividad docente. En estas condiciones, es claro el interés
constitucional por mantener, en sus puestos de trabajo, a quienes han cumplido
con las condiciones de idoneidad suficientes para poder servir a la mejor
formación de los educandos. Así, advierte la Corporación que existe una razón
constitucional, tan fuerte como la que ampara la definición de la edad de retiro forzoso,
para establecer, a favor de los profesores universitarios, la excepción que se estudia, y
que la misma es útil y necesaria para alcanzar el objetivo perseguido» [Se resalta].
41. Finalmente, de acuerdo con esta tercera cita normativa, una vez los servidores
públicos adquieran el estatus pensional, cuentan con la posibilidad de optar por una
de las dos opciones a saber: i) retirarse del servicio y comenzar a disfrutar de la
pensión de la cual es acreedor o ii) continuar vinculado al servicio hasta cumplir la
edad de retiro forzoso. De esto, es claro que los servidores públicos podrán disfrutar
de la pensión solo hasta cuando acrediten el retiro del servicio; sin embargo,
nuevamente, de manera expresa el legislador excluyó a los docentes oficiales, por
cuanto dejó a salvo lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994,
disposiciones de las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario
percibido con ocasión del ejercicio docente. En ese sentido, se refirió la Corte
Constitucional en sentencia C-584 de 1997:
«No obstante, antes de la expedición de la ley parcialmente demandada [Ley 344 de
1996], el único régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de
jubilación y la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, el que permanece incólume en la
nueva normativa. En efecto, la primera parte del artículo 19 demandado, exceptúa,
expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las Leyes 91 de
1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.» [Se resalta]
42. Esta Sala no desconoce que el gobierno nacional expidió el Decreto 1278 de
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200228 en cuyos artículos 45 y 63, literal b) dispuso i) que el ejercicio de cargos en
el sector educativo estatal sería incompatible con «el goce de la pensión de
jubilación, vejez, gracia o similares» y ii) que la cesación definitiva de las funciones
docentes o directivos docentes de los educadores estatales se produciría, entre
otros, por obtención de la jubilación o pensión de vejez, gracia o invalidez.
43. Sin embargo, el artículo 45 del decreto aludido fue declarado inexequible por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-1157 de 2003, y si bien el artículo 63
literal b) fue declarado exequible mediante la sentencia C-734 de 2003, allí se
precisó que «la norma acusada no estaba modificando el régimen propio de las pensiones
de vejez, gracia o invalidez, ni mucho menos establece objetivos y criterios a los cuales
deba sujetarse el gobierno para fijar el régimen prestacional de los docentes - los cuales
como ya se explicó se encuentran establecidos en la Ley 4 de 1992 y a ellos debe
remitirse el Gobierno» [Se resalta].
44. En igual sentido, los decretos anuales por los cuales se modifica la remuneración
de los servidores públicos y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles
de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
para el sector educativo estatal, prevén que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga
del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las asignaciones de que trata el artículo decimonoveno de la ley
4ª de 1992»29.
45. En consecuencia, la prerrogativa contenida en el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la pensión para el caso
de los docentes, se mantiene vigente, interpretación que guarda armonía con la
regulación expedida con posterioridad a ella y las interpretaciones jurisprudenciales
expuestas.
2.3. Caso en concreto
2.3.1. Hechos probados
46. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
46.1. Guillermo Antonio Acevedo nació el 12 de septiembre de 1961, tal y como se
advierte en la copia del registro civil de nacimiento y de su cédula de ciudadanía30.
28 «Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente»
29 Al efecto ver, entre otros, los decretos 319 de 2020, 965 de 2021, 449 de 2022, 0887 de 2023.
30 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA», páginas 18 y 19.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
46.2. Prestó sus servicios como auxiliar operativo del 10 de febrero de 1984 al 30 de
mayo de 1989, y como docente del 1° de junio de 1989 al 16 de abril de 1997 en el
colegio Manuel Quintin Lame, por virtud del nombramiento efectuado a través de la
Resolución 128 del 1° de junio de 1989, fecha en la que tomó posesión del cargo,
tal y como hizo constar la jefe de personal de la Secretaría de Educación
Departamental de Guainía31. En ese periodo efectuó cotizaciones a Cajanal.
46.3. Además, se vinculó como docente en la Secretaría de Educación de Bogotá en
provisionalidad del 31 de julio al 13 de diciembre de 2009 y del 9 de febrero de 2010
al 21 de julio de 2010; y, en propiedad a partir del 12 de julio de 2010, y por estos
periodos efectuó aportes al Fomag, de acuerdo con lo certificado por el profesional
especializado de la aludida secretaría32.
46.4. A través del formato único para la expedición de certificación de salarios, se
señaló que Guillermo Antonio Acevedo devengó en los años 2015 y 2016 los
siguientes factores salariales: sueldo, bonificación mensual, y primas de servicio, de
navidad, y de vacaciones33.
46.5. Mediante la Resolución 2234 del 23 de abril de 2021 emitida por el director de
Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá, se negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor del actor, con fundamento en
que Guillermo Antonio Acevedo se vinculó a la Secretaría de Educación en vigencia
de la Ley 812 de 2003 y, por lo tanto, su régimen pensional es el de prima media
establecido en la Ley 100 de 1993 «[r]azón por la cual a la docente no le es aplicable la
ley 71 de 1988, que establece los parámetros para la pensión por jubilación»34.
2.3.2. Análisis sustancial
47. De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, Guillermo Antonio Acevedo
prestó sus servicios así:
Total tiempo
Entidad Cargo Desde Hasta Años Meses Días
de servicio
auxiliar 10 de febrero 30 de mayo 5 años, 3
5 3 20
operativo de 1984 de 1989 meses, 20 días
31 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«24_MemorialWeb_Respuesta», páginas 2 a 12.
32 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«24_MemorialWeb_Respuesta», páginas 14 y 15.
33 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«24_MemorialWeb_Respuesta», páginas 17 y 18.
34 Índice 42 de Samai, aplicativo de juzgados y tribunales, expediente digital, archivo en formato pdf
«4_ED_EXPEDIENTE_03ESCRITODEMANDA», páginas 46 y 47.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
Secretaría de
1 de junio de 16 de abril 7 años, 10
Educación de docente 7 10 15
1989 de 1997 meses, 15 días
Guainía
13 de
31 de julio de 4 meses, 12
diciembre 0 4 12
docente en 2009 días
Secretaría de de 2009
provisionalidad
Educación de 9 de febrero 11 de julio 5 meses, 2
0 5 2
Bogotá de 2010 de 2010 días
docente en 12 de julio de 2 de febrero 10 años, 6
10 6 21
propiedad 2010 de 2021 meses, 21 días
Total 22 28 70
2 2 /30
24 30 2,3
/12 10
2,5
6
48. De acuerdo con lo anterior, acreditó 24 años, 6 meses y 10 días al servicio del
Estado, alcanzó la edad de 55 años el 12 de septiembre de 2016, fecha para la cual
ya había completado los 20 años de servicio oficial de que trata el artículo 1 de la
Ley 33 de 1985, pues los alcanzó el 23 de julio de 2016.
49. Además, cumplió con los requisitos enunciados en el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, por cuanto estuvo vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley, de manera que resulta beneficiario
del régimen de transición fijado en ese aparte normativo.
50. Al respecto, es necesario precisar que es irrelevante que entre el 10 de febrero
de 1984 y el 30 de mayo de 1989 haya prestado sus servicios en una actividad
diferente a la docencia, pues lo cierto es que era beneficiario de las prerrogativas
establecidas en la Ley 812 de 2003 que sobre el particular señaló que «[e]l régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley»; de
manera que lo realmente trascendental era que el servidor acreditara su vinculación
al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de esta
ley, como en efecto ocurrió pues se vinculó como docente el 1° de junio de 1989 a
la Secretaría de Educación del departamento de Guainía.
51. Por lo tanto, podía pensionarse con las normas vigentes aplicables, la cual, para
su caso era la Ley 33 de 1985. Nótese que esta norma no establece condición
alguna para sus beneficiarios en torno a la calidad de la labor que prestaron al
servicio del Estado, sino que se limita a requerir el cumplimiento de los siguientes
requisitos: i) haber prestado sus servicios como «empleado oficial» durante 20 años
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continuos o discontinuos; y ii) llegar a la edad de 55 años. Colmadas las exigencias,
tendría derecho a que «se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio».
52. De acuerdo con lo anterior, una interpretación distinta escapa del propósito de la
norma pensional a la que el servidor podía acudir luego de acreditar los requisitos
para beneficiarse de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 y lo cierto es que
la norma aplicable [la Ley 33 de 1985, se insiste] le permite acceder a la prestación
con un porcentaje del promedio salarial de acuerdo con los aportes realizados
durante el último año de servicio, sin condicionarlo a que estos hubieran sido
efectuados como consecuencia de alguna labor o actividad en particular.
53. Valga precisar que la entidad de manera alguna cuestionó esta situación, pues
se limitó a señalar que Guillermo Antonio Acevedo no era beneficiario de la
prestación reclamada, toda vez que su vinculación a la docencia oficial se había
producido el 31 de julio de 2009, lo que desconoce que de acuerdo con su historia
laboral, sus servicios en el sector educativo, y en particular como docente, datan del
1° de junio de 1989.
54. Al respecto resulta necesario resaltar que además de no estar ajustadas a la
realidad fáctica del asunto las afirmaciones según las cuales «se vinculó legal y
reglamentariamente con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003»; lo
cierto es que no solo ese tipo de vinculación es útil para acceder al derecho
reclamado, pues esta Subsección ha señalado que no es el acto por el cual se
vincula a una persona lo que define su relación con el Estado 35, sino lo que se
evidencia de esa relación, de forma que el ejercicio de la función docente a través
de otras modalidad, como la vinculación por contratos de prestación de servicios,
por virtud de los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades, de
favorabilidad y pro homine y por las características de la labor desempeñada en
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de abril de 1999, radicado:
16829. En dicha providencia, se sostuvo: «Ha sostenido la Sala reiteradamente que no es la
modalidad o el acto de vinculación el que determina la condición en la cual se prestan los servicios.
Así, en sentencia del 15 de junio de 1992, Magistrado Ponente Doctor Alvaro Lecompte Luna,
Expediente No. 4058, expresó:
"... La calificación de la naturaleza jurídica del vínculo laboral que une a un funcionario con la
administración no puede ser establecida por la voluntad de las partes o modalidades del acto a través
del cual se llevó a cabo la vinculación, sino por las normas legales. Por ende, puede haberse
vinculado a un funcionario a un establecimiento público por contrato de trabajo, pero si las normas
que regulan al organismo no permiten que la actividad que va a realizar el empleado, pueda ser
cumplida mediante esta modalidad contractual, este no puede ser calificado como trabajador oficial...
"
La demandante se desempeñaba como docente, vale decir, no realizaba labores propias de los
trabajadores oficiales. Por consiguiente, al ser sus funciones las propias de un empleado público
departamental, ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario» (sic)
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
estos casos, permite su cómputo para efectos pensionales36.
55. De manera que, contrario a lo señalado en el escrito de apelación, Guillermo
Antonio Acevedo sí es beneficiario de la Ley 33 de 1985 y no está sometido al
régimen general de la Ley 100 de 1993, en tanto logró beneficiarse de las
prerrogativas de la Ley 812 de 2003.
56. De acuerdo con lo anterior, tal y como lo dispuso el Tribunal, el régimen aplicable
a su caso es el contenido en la Ley 33 de 1985 que señala que el empleado oficial
debe completar 55 años de edad y 20 de servicio continuos o discontinuos; los que,
como se expuso alcanzó el 12 de septiembre de 2016.
57. Ahora bien, fue acertada la decisión del tribunal de ordenar al Fomag adelantar
los procedimientos o acciones pertinentes para logar «el cobro y traslado de los aportes
para pensión no efectuados respecto de los factores que se ordenaron incluir por parte de
la Secretaría de Educación de Bogotá, lo anterior en virtud de lo dispuesto en los numerales
4° y 5° del artículo 5° de la Ley 91 de 1989» pues tal y como se evidenció en el acápite
respectivo, cuando laboró al servicio de la Secretaría de Educación Departamental
de Guainía efectuó cotizaciones a Cajanal y le corresponde al fondo asegurar el
financiamiento de la prestación. Sin embargo, ese trámite no puede afectar el
reconocimiento prestacional, de conformidad con el inciso final del parágrafo 1 del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
58. En torno a la compatibilidad entre el salario y la pensión, la Sala se permite
reiterar que el propósito del legislador ha sido permitir que aquellas personas con
derecho a una pensión de vejez y que se desempeñen como docentes oficiales,
puedan seguir ejerciendo el empleo, sin que por ello deba restringirse la efectividad
de la pensión. Por tal razón no es dable condicionar el reconocimiento de la
prestación a la desvinculación del servicio.
59. A tal conclusión ha llegado esta Subsección en asuntos similares en los que ha
señalado37 que «si bien la letra g del artículo 19 de la mencionada Ley 4ª se refiere a las
asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales
pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a quienes se jubilen con
posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la
regulación vigente a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre de 2024,
radicado 15001-23-33-000-2021-00407-01 (6687-2022)
37 En igual sentido, ver las siguientes sentencias de esta Subsección: i) del 8 de agosto de 2019,
expediente 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015), M. P. Carmelo Perdomo Cuéter; y ii) del
25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014), M. P. César
Palomino Cortés.
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condicionar la pensión de jubilación del demandante a la desvinculación del servicio,
máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de la Ley 91 de 1989 y demás
normas concordantes»38.
60. En efecto, esta interpretación se ha estructurado en antecedentes de esta
corporación en los que se ha concluido que la excepción prevista en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4.ª de 1992 «no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la pensión
ordinaria y/o gracia con posterioridad»39 [Se resalta].
61. Lo anterior guarda correspondencia con lo expuesto en esta decisión, de manera
que el disfrute de la prestación no debe condicionarse al retiro del servicio «dado
que es precisamente su condición de pensionados la que les permite acceder a los
beneficios consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual ‘el ejercicio de la docencia no sería incompatible con el goce
de la pensión de jubilación’»40.
62. En tal medida, tal y como lo indicó el tribunal, el demandante tiene derecho a que
se reconozca el derecho pensional con efectividad desde el momento en que
adquirió el estatus jurídico, sin condicionarlo a su retiro del servicio por no ser
incompatible con el ejercicio de la docencia, pero no solo por ser beneficiario de
la Ley 812 de 2003, como lo señaló el a quo, sino porque, tal y como se expuso en
el marco normativo de esta decisión la prerrogativa contenida en el literal g) del
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 relativa a la compatibilidad entre el salario y la
pensión para el caso de los docentes, se mantiene vigente.
63. Finalmente la Sala resalta que la orden del tribunal en cuanto a los factores a
tener en cuenta para liquidar la prestación estuvo acertada pues obedece al criterio
expuesto por la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia SUJ-014 -CE-
S2 de 25 de abril de 2019, que en su función unificadora y con el propósito de
salvaguardar los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acogió
el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en
cuenta para la liquidación de la mesada pensional de jubilación en el régimen de la
Ley 33 de 1985, para los docentes del servicio público oficial afiliados al Fomag
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Al respecto, indicó que «los
factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, radicado
05001-23-33-000-2021-01482-01 (3388-2022), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2009,
radicado 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado
05001-23-33-000-2014-00331-01(0509-16), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo» [Se resalta]. Además, también son objeto de inclusión los factores
denominados asignación adicional [Decretos 63341 y 63442 de 2007], bonificación
mensual [Decreto 1566 de 201443], y bonificación pedagógica [Decreto 2354 de
201844], siempre que se hubieren devengado para el periodo de la liquidación
de la prestación.
64. En virtud de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.
2.4. Costas
65. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
66. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
41 «por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de
carácter salarial para el sector educativo oficial». El artículo 10 señala que «[l]as asignaciones
adicionales de que tratan los artículos 8° y 9° del presente decreto se tendrán en cuenta en adición
a lo señalado en el Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base de cotización al
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio». [Se resalta]
42 «por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley
1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector
educativo oficial» El parágrafo 3 del artículo 7 señala que «[l]as asignaciones y los porcentajes
adicionales de que trata el presente artículo se tendrán en cuenta en adición a lo señalado en el
Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base de cotización al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio» [Se resalta].
43 «Por el cual se crea una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes
al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se pagan con cargo al
Sistema General de Participaciones, y se dictan otras disposiciones». El artículo 1 señala que «[l]a
bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los
efectos legales y los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se
realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes». [Se resalta].
44 «Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los docentes y directivos docentes de las
plantas de personal de docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en educación»,
el artículo 3 señala que «[l]a Bonificación Pedagógica constituye factor salarial para todos los
efectos legales». [Se resalta].
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del procedimiento para su liquidación y ejecución.
67. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma45.
68. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
69. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.
3. Conclusión
70. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Guillermo Antonio
Acevedo es beneficiario del régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985, toda
vez que acreditó los requisitos señalados en las leyes 91 de 1989 y 812 de 2003,
razón por la cual se confirmará la decisión apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 23 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual
se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Guillermo Antonio
Acevedo contra la nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
45En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Guillermo Antonio Acevedo
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA
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