Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2020-00154-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2020-00154-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 05001-23-33-000-2020-00154-01 (3506-20231)
Demandante : Enoris Amparo García Ossa
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 3 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia2, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones.
La señora Enoris Amparo García Ossa, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No.
2019060143653 del 10 de julio de 2019, por medio de la cual el Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Departamento de Antioquia, le negó el reconocimiento de una
pensión de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la demandada a: (i)
reconocer y pagar la pensión de jubilación en aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985 y
1 Expediente híbrido, visible en la herramienta electrónica Samai.
2 M.P. Gonzalo Javier Zambrano Velandia.
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Nº Interno: 3506-2023
Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
91 de 1989, equivalente al 75% de los salarios devengados en el último año de servicio,
incluyendo los factores salariales devengados; ii) reconocer la compatibilidad entre la
pensión y el sueldo oficial docente que cobija a los docentes con vinculación antes de la
expedición de la Ley 812 de 2003; (iii) dar cumplimiento a la sentencia tal como lo
disponen los artículos 189 y 192 del CPACA; (iv) liquidar y pagar los intereses de mora
sobre las sumas adeudadas, conforme lo establecido en el artículo 192 ibidem; (v); ajustar
los valores reclamados y (vi) condenar en costas.
Los hechos relevantes en que se fundan las pretensiones son:
La demandante labora como docente al servicio público de educación, afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así:
ENTIDADES DESDE HASTA
Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección 2024 días 289 semanas (sic)
Secretaría de Educación de
Medellín – DOCENTE OPS 09/03/00 06/06/00
S.E.M. - OPS 24/07/00 21/10/00
S.E.M. - OPS 24/10/00 24/11/00
S.E.M. - OPS 19/04/01 02/08/01
S.E.M. - OPS 03/08/01 30/11/ (sic)
S.E.M. - OPS 03/12/01 14/12/01
S.E.M. - OPS 21/02/02 22/06/02
S.E.M. - OPS 15/07/02 07/12/02
S.E.M. - OPS 14/02/03 21/06/03
S.E.M. - OPS 14/07/03 13/12/03
Docente provisional – Alcaldía de 21/02/2005 9/12/2005
Medellín
Docente nombrada Departamento 12/07/2006 Activa a la fecha (sic)
de Antioquia
Indicó que se vinculó al servicio público de educación antes de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, por lo que su pensión debe ser reconocida según lo establecido en
las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, con 55 años de edad y 20 años de servicios,
estableciendo como base para la liquidación el 75% del promedio de lo devengado en el
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Nº Interno: 3506-2023
Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
año anterior a la adquisición del estatus pensional, teniendo en cuenta los factores
salariales percibidos, además de la compatibilidad entre el sueldo y la pensión.
Agregó que, adquirió su estatus pensional en el año 2016 pero la entidad demandada le
niega el reconocimiento pensional amparados en las disposiciones de la Ley 100 de 1993;
no obstante, estima que, según las leyes vigentes y la jurisprudencia del Consejo de
Estado, tiene derecho a ser pensionado bajo lo establecido en las leyes 33 y 62 de 1985
y la Ley 91 de 1989, pues pertenece al régimen especial docente y tiene un derecho
adquirido por trabajar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25, 2, 53 y 25 de la Constitución Política, la Ley 91 de 1989,
Ley 812 de 2003, leyes 33 y 62 de 1985, el Acto Administrativo 01 de 2005, el artículo
279 de la Ley 100 de 1993 y los decretos 2285 de 1995, 224 de 1972, 1040 y 1045 de
1978 y 2277 de 1979.
La parte demandante asevera que el acto administrativo demandado viola la Constitución
y la ley al desconocer todo el tiempo servido a cargo de la demandada como docente y
no aplicar la norma correspondiente al caso particular, agregando que la aplicación de
cada régimen pensional está condicionado a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial de cada docente.
En razón de lo anterior, señaló que el tiempo trabajado por la demandante en la
modalidad de orden de prestación de servicios, es computable y debe ser tenido en
cuenta en la sumatoria del tiempo para el reconocimiento de la pensión y que, si bien es
cierto en este momento se encuentra escalafonada con base en el Decreto Ley 1278 de
2002, estuvo vinculada y escalafonada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, lo cual la hace acreedora al régimen prestacional previo, ya que debe respetarse
su expectativa pensional; adicionalmente, al tener derecho a los beneficios pensionales
se le causa el derecho a recuperar la compatibilidad entre el salario y la pensión.
Para sustentar su argumento, citó las sentencias de unificación del Consejo de Estado
del 25 de abril de 2019, del 28 de agosto de 2018 y del 25 de agosto de 2016, así como
la sentencia del 15 de marzo de 2018 de la Sección Segunda de la Corporación.
2. Contestación de la demanda.
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Nº Interno: 3506-2023
Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), guardó silencio frente a las súplicas de la demanda.
Departamento de Antioquia (vinculado) – A través de apoderada judicial, se opuso a
la prosperidad de las pretensiones, indicando que no existe legitimación en la causa
materialmente por pasiva, por lo que las condenas deberán recaer únicamente sobre el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Recalcó que el Departamento de Antioquia no es el sujeto llamado a responder u
oponerse al otorgamiento de la pensión de la demandante, sino el Fomag y la Fiduciaria
encargada del manejo y administración de sus recursos, pues en virtud de las
asignaciones de funciones contenidas en el Decreto 2381 de 2005, las secretarías de
educación departamentales se convierten en meros mandatarios del fondo y su función
se ciñe a la elaboración de un proyecto de acto administrativo, que en todo caso, precisa
la aprobación de la entidad encargada de los recursos del Fomag, lo que implica que la
entidad territorial vinculada carece de injerencia en la liquidación, reconocimiento,
negativa o reliquidación de las prestaciones económicas a cargo de la entidad accionada.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 3 de mayo de
2023 negó las pretensiones de la demanda, pues al hacer un recuento normativo y
jurisprudencial del régimen docente, estableció que el aplicable a la señora García Ossa,
es el vigente con posterioridad a la Ley 812 de 2003, pues su vinculación oficial como
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se efectuó a partir
del 3 de febrero de 2005, en varias instituciones educativas adscritas al Departamento
de Antioquia.
Señaló que a pesar de haberse aportado certificación expedida por la Secretaría de
Educación de Medellín, que da cuenta que la accionante prestó sus servicios como
docente por orden de prestación de servicios en los periodos comprendidos entre el
09/03/2000 hasta el 06/06/2000, el 24/07/2000 hasta el 21/10/2000, el 24/10/2000 hasta
el 24/11/2000, el 19/04/2001 hasta el 2/8/2001, el 3/8/2001 hasta el 30/11/2001;
21/02/2002 hasta el 22/06/2002 y el 15/07/2002 hasta el 07/12/2002, refirió que: «(…) no
es posible equiparar una vinculación contractual por OPS a una relación legal y
reglamentaria, toda vez que las características y efectos de una y otra son totalmente
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Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
diferentes, de manera que no puede deprecarse a partir de una orden de prestación de
servicios, la aplicación de los regímenes prestacionales propios de los docentes
vinculados en carrera al sistema educativo oficial».
Continuó sobre su decisión de denegar las súplicas de la demanda, argumentando que
de las vinculaciones como docente de la demandante a partir del 9 de marzo del 2000 y
por cortos periodos de tiempo con posterioridad, no son equiparables a las modalidades
determinadas por la Ley 91 de 1989 para la aplicación del régimen prestacional creado
para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez
que se exige una vinculación por nombramiento por el Gobierno Nacional o una entidad
territorial y, en el caso de la accionante, se formalizó a través de un contrato y no de una
relación legal y reglamentaria.
4. El recurso de apelación.
4.1 La parte demandante, inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación
dentro de la oportunidad legal, pretendiendo la revocatoria de la sentencia de primera
instancia para que en su lugar se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, ley 91 de 1989 y Ley
812 de 2003, es decir, tomando como base de liquidación el 75% de lo devengado en el
año anterior a la adquisición del estatus pensional, teniendo en cuenta la totalidad de los
factores salariales percibidos.
Añadió que en la providencia acusada no se tienen en cuenta los principios de
favorabilidad y progresividad, ni las reiteradas sentencias del Consejo de Estado en las
que se indica que, sin importar el tipo de vinculación, se debe tener en cuenta la
prestación real del servicio por parte de los docentes para el cálculo de los tiempos
requeridos con el fin acceder a la pensión que reclaman, pues el régimen aplicable es
determinado por la fecha de vinculación.
Aseguró que se encuentra probada la prestación de servicios bajo la modalidad de orden
de prestación de servicios como docente en el municipio de Medellín desde el 9 de marzo
de 2009, lo cual implica el cumplimiento de reglamentos, horarios y demás formalidades
de la labor encomendada.
Aclaró que el 10 de abril de 2019, cuando solicitó el reconocimiento de su pensión de
jubilación por aportes, ya había cumplido 55 años de edad y 20 años de servicio, es decir,
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Nº Interno: 3506-2023
Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
reunía los requisitos de las leyes 33 de 1985 y la 91 de 1989, que establecen el régimen
aplicable de acuerdo a la Ley 812 de 2003.
Finalmente agregó que teniendo en cuenta el régimen aplicable, se debe resaltar que en
lo referente a la compatibilidad entre pensión y salario, el Consejo de Estado se pronunció
respecto de hechos similares, donde queda claro que los docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, tienen derecho a «(…)que la liquidación de su pensión
se realice teniendo en cuenta el último año anterior a la fecha de adquisición del estatus
pensional y no con base en el último año de servicio, toda vez que existe una
compatibilidad entre pensión y salario(…)»
5. Alegatos de conclusión.
Mediante auto del 24 de mayo de 2023, fue concedido el recurso de apelación por parte
del Tribunal y con providencia del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador lo
admitió conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 20213. En el término de ejecutoria las
partes no allegaron escritos de intervención, según constancia secretarial del 15 de abril
de 20244.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
3
Visible a índice 00005 de la herramienta electrónica Samai.
4
Visible a índice 00012 de la herramienta electrónica Samai.
5
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»
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Demandante: Enoris Amparo García Ossa
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corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones. Para el efecto se analizará: i) si a la accionante le
asiste razón al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley
71 de 1988; o, por el contrario, carece de razón, pues su vinculación al servicio oficial
docente fue con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como lo
concluyó el a quo; ii) si es o no es compatible el salario devengado como docente con la
pensión cuyo reconocimiento pretende la demandante.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial.
2.1.1 El derecho fundamental a la seguridad social
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuestas por ello,
como una garantía irrenunciable de todas las personas6.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que la privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
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Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
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Demandante: Enoris Amparo García Ossa
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derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”7 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
7 Sentencia T 163 de 2013
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sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"8.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.
2.1.2 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
8 Sentencia C.177 de 1998.
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En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado9,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
9 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
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través del artículo 8110 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.
En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, enseguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201911,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
10 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752
de 2003.
11
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año12, la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”13.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 14. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL o Componente temporal: del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
12
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
13
0937-2017. MP César Palomino Cortés.
14
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.
12
13
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de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de Perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
2.1.3 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance.
Antes de la expedición de la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos sectores para
efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia que unos y otros
no logran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder a dicha prestación.
A través de esta, el legislador buscó dar solución a esta contingencia consagrando la
“pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el artículo 7º de esta
disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de cotización en el sector
público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta normatividad, los empleados
oficiales y públicos y los trabajadores particulares que acrediten, 55 años si es mujer y
60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la acumulación de
aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual particular u oficial y la legal y
reglamentaria.
Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
13
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de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de
previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".
La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".
En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.
La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación15 también se ha pronunciado de la siguiente manera:
«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»
15
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520-
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
14
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De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.
2.1.4 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los
docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.
Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 2025 con radicado interno 0391-2022, acompañó la posición mayoritaria de
la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era aplicable a los docentes
estatales.
Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, fueron los siguientes:
En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye
que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa está dirigida a
todos los empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.
En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió
también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la
categoría de «empleados oficiales»16 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento
conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional
aplicable a los empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que
la Ley 33 de 1985 es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.
En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con
el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su
contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12
de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos
mínimos» en materia de pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público
en general y en todos los niveles».
En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben
ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique
el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a
pensionarse con las normas del régimen pensional de los empleados del sector público
nacional. En efecto, el numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial
nacional o nacionalizado vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de
16
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3
como «empleados oficiales de régimen especial».
15
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1990. En ninguno de sus apartes exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la
docencia oficial.
En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados
por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo
cierto es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que
a los docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71
de 1988 y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.
Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.
De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.
Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
16
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tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.
2.1.5 Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por
aportes.
Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:
«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago
de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».
Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.
Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.
Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.
Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
17
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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
[…]
Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo
pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».
Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.
De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios.
2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades
del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese
sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los
hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Según cédula de ciudadanía la señora Enoris Amparo García Ossa nació el 23 de
octubre de 1961.
b) Certificado expedido el 1 de marzo de 2022, por el Líder de Equipo de Nómina de la
Alcaldía de Medellín, en el que se indica que la accionante prestó sus servicios por Orden
de Prestación de Servicios (O.P.S.) como docente de preescolar en el municipio de
Medellín, en los siguientes periodos:
PLANTEL EDUCATIVO FECHA DE INICIO FECHA DE VALOR CONTRATO
TERMINACIÓN
9 de marzo de 2000 6 de junio de 2000 1.543.950
E.R. Ventanitas 24 de julio de 2000 21 de octubre de 2000 1.784.028
24 de octubre de 2000 24 de noviembre de 2000 669.902
19 de abril de 2001 2 de agosto de 2001 1.646.370
3 de agosto de 2001 30 de noviembre de 2001 2.195.160
Colegio Monseñor Víctor 3 de diciembre de 2001 14 de diciembre de 2001 224.772
Wiedemman
21 de febrero de 2002 22 de junio de 2002 2.528.598
15 de julio de 2002 7 de diciembre de 2002 3.796.628
14 de febrero de 2003 21 de junio de 2003 3.325.393
18
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14 de julio de 2003 13 de diciembre de 2003 3.979.892
c) Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral de conformidad con
el cual, la actora prestó sus servicios como docente en provisionalidad a partir del 3 de
febrero de 2005 hasta el 4 de marzo de 2005 y desde el 21 de febrero de 2005 hasta el
9 de diciembre de 2005, con afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio inicialmente adscrita al Municipio de Medellín y luego del 16 de junio de 2006
desempeñándose como Docente Nacional en propiedad, en varias instituciones
educativas adscritas al Departamento de Antioquia.
d) Copia de los «FORMATO UNICO PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL» expedido el 5 de febrero de 2019 por la Secretaría de Educación
Departamental de Antioquia, con los cuales se precisa la situación laboral de la
accionante, se precisa:
Secretaría de Educación Departamental de Antioquia
• Cargo: docente
• Régimen de pensiones: nacional
• Nivel: preescolar
• Grado de escalafón: 2BE
• Tipo de nombramiento: propiedad
• Activo: si
Historia laboral:
Hasta Entidad de
Situación Acto previsión a
Plantel educativo Desde
Administrativa administrativo la cual ha
aportado
Nombramiento Decreto 1329 de
periodo de I.E. EFE GOMEZ 16 de junio de 12/07/2006 04/06/2007 F.P.M.
prueba 2006
Decreto 1335 de 5
Nombramiento I.E. EFE GOMEZ 5/06/2007 6/12/2007
de junio de 2007 F.P.M.
Decreto 3222 de 7
I.E. LUIS LOPEZ
Traslados de diciembre de 7/12/2007 15/08/2013 F.P.M.
DE MEZA
2007
Decreto 3712 de
I.E. MARIA
Traslados 13 de agosto de 16/08/2016 7/11/2013 F.P.M.
AUXILIADORA
2013
Decreto 5560 de
I.E. LUIS CARLOS
Traslados 24 de octubre de 8/11/2016 31/01/019 F.P.M.
PARRA AMAGA
2016
Que los aportes pensionales se efectuaron al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio desde el 3 de febrero de 2005.
19
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e) Resumen de historia laboral emitido por el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección
S.A., actualizado a 18 de diciembre de 2018, con aportes desde el 7 de febrero de 1989
hasta el mes de mayo de 2005, para un total de 289,14 semanas de cotización. Sobre
este punto es del caso decir que en el reporte están incluidas las semanas que
inicialmente cotizó al ISS hoy Colpensiones (185.71) y que corresponden al bono
pensional que se trasladó a Protección. Luego estas semanas se sumaron a las que
registró en ese fondo privado (103,43) totalizando las mencionadas al inicio.
f) Resolución No. 2019060143653 del 10 de julio de 2019, mediante la cual la Secretaría
de Educación del Departamento de Antioquia le niega a la demandante el reconocimiento
de una pensión de vejez.
2.3 Caso concreto
La señora Enoris Amparo García Ossa acude en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, con el
75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional y, teniendo en cuenta la compatibilidad entre pensión y salario.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al estimar
que la vinculación mediante OPS como docente que se hizo a la demandante a partir del
9 de marzo de 2000, no es equiparable a las modalidades determinadas en la Ley 91 de
1989 para la aplicación del régimen prestacional creado para aquellos afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por lo tanto, al no encuadrar en las prerrogativas de la Ley 71 de 1988, dado que su
primera vinculación como docente oficial data del 3 de febrero de 2005 cuando ya estaba
en vigor la Ley 812 de 2003, su régimen aplicable es el previsto en la Ley 100 de 1993,
con las modificaciones efectuadas por la Ley 797 de 2003.
En ese orden de ideas, concluyó que tal y como se indicó en el acto administrativo
demandado, la señora García Ossa no cumple con los presupuestos del régimen general
de pensiones para el reconocimiento de la pensión de vejez, pues si bien contaba con
más de 57 años de edad, no logró acreditar las 1.300 semanas de cotización requerida
para adquirir el estatus de pensionada.
20
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La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, por
cuanto alegó que el a quo no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad ni los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, según los cuales se debe tener en
cuenta la prestación real del servicio por parte de los docentes para efectos de calcular
los tiempos requeridos para acceder a la prestación reclamada.
Agregó que, se encuentra probado dentro del expediente la prestación de servicios como
docente bajo la modalidad de orden de prestación de servicios con el municipio de
Medellín con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que le permite
regirse en materia pensional por las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003.
De las pruebas previamente enunciadas se puede corroborar que la demandante nació
el 23 de octubre de 1961 y que cuenta con los siguientes aportes:
APORTES EMPLEADOR PERIODO SEMANAS COTIZADAS
Instituto Cristo Rey/ Unidad Educativa San 7 de febrero de 1989
PROTECCIÓN S.A. Marcos/ Misión Panamericana/ Enoris Amparo a mayo de 200617 289,14
García Ossa/ Misión Panamericana de
Colombia
Vinculación por O.P.S. Secretaría de Educación Municipal de Medellín 9 de marzo del 2000 95,57
al 7 de diciembre de
200218
3 de febrero de 2005
FOMAG Secretaría de Educación Municipal de Medellín al 4 de marzo de
2005 y 21 de febrero 44,29
de 2005 al 9 de
diciembre de 2005
FOMAG Departamento de Antioquia – Secretaría de 12 de julio de 2006 al 659,57
Educación 31 de enero de 2019
Total tiempo de servicio 1.088,57
Conforme con lo hasta aquí expuesto, la Sala considera que no le asiste razón al a quo,
por cuanto se acreditó que la demandante tuvo un primer vínculo al servicio oficial
docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a saber, el 9 de
marzo de 2000, según la certificación emitida por la Alcaldía de Medellín 19.
Como se señaló en el marco jurídico de esta providencia, en casos como el presente el
ordenamiento jurídico no consagra una condición diferente a la simple vinculación para
17
Con algunos periodos de interrupción según se advierte en la historia laboral.
18
Los días de vinculación simultánea son contabilizados por una sola vez.
19
Visible en el expediente digital: Respuesta a exhorto por parte del Municipio de Medellín, archivo 170007727363
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ser beneficiario del régimen previsto en la Ley 71 de 1988, en relación con la pensión de
jubilación por aportes a favor de los docentes.
Lo anterior significa que resulta irrelevante que el periodo laborado hubiera sido mediante
contratos u órdenes de prestación de servicios, nombramientos provisionales o en
propiedad, pues resulta suficiente que se acredite haber servido como docente estatal,
pero con antelación al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de
2003.
Ahora, aunque se puedan tener en cuenta los tiempos laborados bajo la modalidad de
órdenes de prestación de servicios, es importante verificar que se efectúen los aportes
correspondientes a los periodos que correspondan tales vinculaciones, a fin de que sirvan
de sustento en el reconocimiento pensional.
Lo cual no obsta que de ser necesario el Fomag puede adelantar las acciones necesarias
para lograr el traslado efectivo de los aportes, correspondientes al tiempo laborado en
esa modalidad20.
Así las cosas, aquellos docentes cuya vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003
tendrán derecho a adquirir la pensión de jubilación de que tratan las Leyes 91 de 1989 y
33 de 1985 o 71 de 1988 (en caso de acumulación de tiempos públicos y privados). Por
su parte, los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder
a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado
por el 9 de la Ley 797 de 2003).
Como se demostró en precedencia, la accionante se vinculó al servicio oficial docente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (9 de marzo del 2000) y prestó sus
servicios a través de órdenes de prestación de servicios para desempeñarse como
docente para la Secretaría de Educación de Medellín por varios periodos en los años
2000 al 2003, por lo que resulta evidente que el régimen prestacional aplicable a su caso
es el de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1994.
En ese sentido, al tener más de 55 años de edad (cumplidos el 23 de octubre de 2016) y
más de 1000 semanas de aportes (las cuales completó el 24 de octubre de 2016 y con
las que adquirió el estatus pensional), tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
20
En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 8 de noviembre de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2021-00819-01 (6889-
2023) y del 20 de noviembre del mismo año, radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023).
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jubilación por aportes, con inclusión de los factores sobre los cuales efectuó cotizaciones
durante el último año de servicios, en aplicación de lo estipulado en los artículos 6º. y 8º.
del Decreto 2709, así como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás
normas posteriores que creen prestaciones sociales con carácter salarial, y en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
Debe reiterarse que el tiempo laborado a través de órdenes de prestación de servicios
celebrados con la Secretaría de Educación de Medellín por los interregnos del 9 de marzo
del 2000 al 6 de junio del 2000; 24 de julio del 2000 al 21 de octubre del 2000; 24 de
octubre del 2000 al 24 de noviembre del 2000; 19 de abril de 2001 al 30 de noviembre de
2001; 21 de febrero de 2002 al 22 de junio de 2002; del 15 de julio de 2002 al 7 de
diciembre de 2002; del 14 de febrero de 2003 al 21 de junio de 2003 y del 1 al 13 de
diciembre de 2003, para un total de 2 años, 10 meses y 7 días21, serán tenidos en cuenta
comoquiera que en aplicación del principio de la realidad sobre las formas22, es relevante
para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales.
Esta determinación, implica de contera que, las semanas de vinculación con la Secretaría
de Educación de Medellín, que correspondan a los mismos periodos cotizados
efectivamente en Protección S.A., no serán consideradas luego que implicaría un doble
registro sobre un mismo tiempo laborado.
Por ejemplo, las semanas que corresponden al periodo prestado vía órdenes de
prestación de servicios, comprendido entre el 14 de julio y el 13 de diciembre de 2003,
se encuentran registradas en el reporte de Protección, de donde surge que no pueden
contabilizarse dos veces para efectos del reconocimiento.
Igualmente, la demandante deberá efectuar los aportes pensionales por el tiempo
correspondiente a los órdenes de prestación de servicios tomando como referencia los
honorarios pactados. Esta decisión se materializará por parte de la demandante en la
proporción que le corresponda como trabajadora.
Por otro lado, resulta oportuno precisar que, por ser el derecho pensional de carácter
imprescriptible, este se causa día a día y se puede solicitar en cualquier época por los
interesados. Contrario sensu, para el caso de las mesadas pensionales adeudadas, el
21
Teniendo en cuenta que el último periodo laborado a través de OPS con el Municipio de Medellín va del 14 de julio de 2003 al 13
de diciembre de 2003, pero ante Porvenir S.A. se cotizó solo de julio a noviembre de 2003, los 13 días correspondientes al mes de
diciembre de 2003 son contabilizados en este cálculo.
22 C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado :17001-23-33-000-
2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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legislador ha establecido el fenómeno de la prescripción, de manera que se pagan
solamente las causadas hasta tres (3) años antes de la fecha en que se haya formulado
la correspondiente reclamación ante la demandada, conforme al artículo 41 del Decreto
3135 de 196823.
En el caso sub examine, comoquiera que entre la adquisición del estatus jurídico de
jubilada de la actora (24 de octubre de 2016, fecha en la que alcanzó las 1000 semanas
según el cómputo realizado) y la petición de reconocimiento pensional (10 de abril de
2019) no trascurrieron más de 3 años, conforme a las previsiones del citado artículo 41
del Decreto 3135 de 1968, tampoco operó el fenómeno jurídico de la prescripción trienal,
por ende, el pago de las correspondientes mesadas procede a partir del 24 de octubre
de 2016.
Por último, la Sala advierte que si bien la letra g del artículo 19 de la Ley 4ª de 199224 se
refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los
docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de esa prerrogativa a
quienes se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las
disposiciones que para esa época favorecían a los profesores jubilados, interpretación
que guarda armonía con la regulación vigente a la promulgación de la citada Ley, razón
por la cual no es dable condicionar la pensión de jubilación de la demandante a la
desvinculación del servicio, máxime cuando le es reconocida su prestación en virtud de
la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes25.
Razones suficientes para revocar la sentencia que negó pretensiones y en su lugar se
anulará la Resolución No. 2019060143653 del 10 de julio de 2019 por la cual la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fomag le negó la pensión de jubilación por aportes y
se ordenará su reconocimiento a partir del 24 de octubre de 2016.
Las sumas que deberá sufragar la accionada se actualizarán de acuerdo con la fórmula
según la cual el valor presente (R) se determinará al multiplicar el valor histórico (Rh) por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
23 «Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde
que la respectiva obligación se haya hecho exigible, El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ente la autoridad competente
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual».
24 «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados».
25 En igual sentido, ver sentencia de esta sala de decisión de (ii) 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-
01579-01 (3862-2014), C. P. César Palomino Cortés.
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DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la
causación de la prestación). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la
siguiente:
R = Rh. índice final
índice inicial
Se aclara que, por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse
mes por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada
uno de ellos.
2.4. Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan
al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que
la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revocará la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó a las pretensiones de la demanda y en su lugar se anulará la
Resolución No. 2019060143653 del 10 de julio de 2019 por la cual la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fomag le negó la pensión de jubilación por aportes y se
ordenará su reconocimiento a partir del 24 de octubre de 2016.
Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Demandante: Enoris Amparo García Ossa
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FALLA:
PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del tres (3) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda en el proceso instaurado por la señora Enoris Amparo García Ossa contra la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (Fomag), por las razones expuestas; disponiéndose en su lugar:
DECLARAR la nulidad la Resolución No. 2019060143653 del 10 de julio de 2019 por la
cual la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag le negó la pensión de
jubilación por aportes
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de jubilación por aportes a
la actora a partir del 24 de octubre de 2016, con el 75% de los factores sobre los cuales
efectuó cotizaciones durante el año de servicios anterior a esa fecha, en aplicación de lo
consagrado en la Ley 71 de 1988 y en los artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1994, así
como de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas posteriores que creen
prestaciones sociales con carácter salarial, y en consecuencia, sirven de base para calcular
los aportes a pensión, conforme a la parte motiva.
La pensión de jubilación reconocida es compatible con el salario que devengue Enoris
Amparo García Ossa siempre y cuando continúe vinculado al servicio público docente.
La accionada hará la actualización sobre las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
La demandada dará cumplimiento al presente fallo en atención a lo previsto en el artículo
192 del CPACA.
SEGUNDO. AUTORIZAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
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Demandante: Enoris Amparo García Ossa
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional - FOMAG
de Prestaciones Sociales del Magisterio que podrá reclamar la cuota parte a las entidades
de la previsión social o de los fondos pensionales en los que Enoris Amparo García Ossa
realizó cotizaciones conforme lo estipulado por el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994.
Igualmente, la demandante deberá efectuar los aportes pensionales por el tiempo
correspondiente a los órdenes de prestación de servicios tomando como referencia los
honorarios pactados. Esta decisión se materializará por parte de la demandante en la
proporción que le corresponda como trabajadora.
TERCERO - Sin condena en costas en ambas instancias.
CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
05001-23-33-000-2020-00472-01(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.
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