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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00147-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00147-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2021-00147-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 63-001-23-33-000-2021-00147-01 (6509-2022)1
Demandante : Olga Cenelia Arango
Demandada : Nación-Ministerio de Educación-FOMAG
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Régimen de transición pensional del sector docente. Pensión
de vejez por aportes. Ley 71 de 1988
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 19 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

El 27 de octubre de 2022, la señora Olga Cenelia Arango, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, para
solicitar la nulidad del acto ficto configurado el 29 de septiembre de 2021, frente a la
petición presentada el 29 de junio de 2021, en cuanto se negó el derecho a la cancelación
de la pensión de jubilación de la demandante.

Así mismo, se solicitó declarar que la actora tiene derecho a que la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio reconozca y
pague una pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas

1
Las presentes diligencias reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada
Samai.
2
SAMAI – OneDrive – índice 02, archivo 002.

2

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir
de 26 de agosto de 2019, momento en que cumplió los 55 años de edad y las 1.000
semanas de cotización.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó que se condenara a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio a que se reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes, equivalente
al 75% de los salarios, y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus
jurídico de pensionada, es decir, a partir de 26 de agosto de 2019, sin que sea necesario
exigir el retiro definitivo del cargo, para proceder a su cancelación, en compatibilidad con
el salario en la docencia oficial.

Por último, se pidió ordenar a las entidades demandadas a dar cumplimiento a los
artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., a reconocer la indexación e intereses moratorios y a
condenar en costas.

1.2. Hechos

La señora Olga Cenelia Arango nació el 6 de enero de 1963, por lo que a la fecha de
presentación de la demanda tenía más de 55 años de edad.

La demandante laboró en el sector privado y como docente en el sector público antes y
durante la vigencia de la Ley 812 de 2003, a través de contratos de prestación de
servicios y, además, mediante nombramientos en provisionalidad y en propiedad al
servicio de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, como lo refleja el siguiente
cuadro:

Entidad Inicia Termina Tiempo de
servicio
Días Meses años
DECRETO 0187 01/03/1992 30/11/1992 29 8 0
DEL 28 DE
FEBRERO DE
1992- CAJANAL
DECRETO 0089 18/03/1993 30/11/1993 12 8 0
DEL 22 DE
FEBRERO DE
1993- CAJANAL
COLPENSIONES- 01/03/1995 30/04/2004 25 0 3
SECTOR PRIVADO
RESOLUCIÓN # 01/03/2004 02/05/2005 1 2 1
162 DEL
27/02/2004-

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

PROVISIONALIDAD
FOMAG
RESOLUCIÓN # 03/05/2005 26/08/2019 23 3 14
1284 DEL
29/04/2005-
PROPIEDAD-
FOMAG
RESOLUCIÓN # 27/08/2019 29/09/2021 2 1 2
1284 DEL
29/04/2005-
PROPIEDAD-
FOMAG
92 22 20
TOTAL TIEMPO DE 2 1 22
SERVICIO

La parte actora señaló que el 29 de junio de 2021, cuando cumplió los 55 años de edad
y los 20 años de servicio oficial, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento de
la pensión ordinaria de jubilación por aportes, en aplicación de la Ley 71 de 1988, a partir
del 26 de agosto de 2019, fecha en la que cumplió el estatus jurídico de pensionada; sin
embargo, luego de 3 meses sin respuesta se configuró el silencio administrativo negativo
(29 de septiembre de 2021).

1.2. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante invocó como normas violadas los artículos 7 de la Ley 71 de 1988;
15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de
1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de
2003.

Fundamentó el concepto de violación en que, con la expedición de la Ley 71 de 1988 se
había concedido a los servidores públicos y, específicamente, a los docentes oficiales, la
pensión por aportes, para lo cual debían tener 1.000 semanas cotizando en el sector
público y privado, además de 60 años si eran varones y 55 años en tratándose de
mujeres.

Señaló que dicha disposición fue ratificada por el numeral 1º, inciso 2 del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes vinculados con posterioridad al 1º de enero
de 1990.

Por otra parte, expuso que la Ley 812 de 2003 estableció en el artículo 81 que, a los
docentes vinculados con anterioridad a su expedición, se les aplicaba las disposiciones

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

pensionales anteriores, esto es, la Ley 71 de 1988 como trabajadores privados o
prestando el servicio público o privado con aportes del antiguo ISS.

Adujo que la señora Olga Cenelia Arango se encontraba laborando como docente con
anterioridad al 26 de junio de 2003, incluso realizando aportes al antiguo ISS, siendo
beneficiaria de dicha transición y habiendo acreditado el cumplimiento de los requisitos
para el reconocimiento de la pensión de jubilación, prevista en el artículo 1º inciso 2º de
la Ley 33 de 1985.

2. Contestación de la demanda3

2.1. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

La entidad pública contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
fundado en que, en síntesis, la demandante no cumplía con los requisitos para acceder
a la pensión de jubilación por aportes.

Sostuvo que la Ley 812 de 2003, en su artículo 81, dispuso que el régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados
al servicio público educativo oficial, correspondería al establecido para el Magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, y que
quienes se vincularan a partir de su entrada en vigencia, serian afiliados al FOMAG con
los derechos pensionales del régimen de prima media señalado en las Leyes 100 de1993
y797 de 2003, con los requisitos previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión
de vejez que sería de 57 años para hombres y mujeres.

Señaló que, lo anterior significa que la incorporación de este sector de servidores al
sistema general de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003, por
lo que, en el presente caso, se evidencia que la vinculación de la docente se efectuó con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual se le deben
aplicar las disposiciones allí contenidas, esto es, los preceptos establecidos en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, razón por la cual solicitó denegar las pretensiones de la
demanda.

Propuso como excepciones las que denominó: i) inexistencia de la obligación y ii) la
genérica o innominada.

3
SAMAI, índice 02 archivo 010.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

3. La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia proferida el 19 de agosto de
2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRESE no probada la excepción de “Inexistencia de la obligación”, propuesta
por la entidad demandada, de acuerdo a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del acto administrativo ficto negativo originado del silencio
administrativo frente a la petición elevada por el actor el 29 de junio de 2021 y mediante la cual
solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación consagrada en la Ley 71 de 1988; las
consideraciones expuestas en esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
CONDENA a la Nación- Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer, liquidar y pagar la pensión por aportes a la señora OLGA CENELIA
ARANGO, teniendo como fecha de estatus pensional el día 20 de agosto de 2019, y equivalente al
75% de los factores salariales enlistados en las Leyes 33 y 62 de 1985 y demás factores
devengados con posterioridad, sobre los cuales se haya cotizado y reconocido su condición de
factor salarial para efectos pensionales, devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional, esto es, entre el 21 de agosto de 2018 al 20 de agosto de
2019. La mesada pensional reconocida quedará sujeta a los reajustes anuales y a las deducciones
de ley.

CUARTO: Las sumas debidas deberán ser indexadas mes a mes hasta la fecha de quedar en firme
la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA y mediante
la aplicación de la fórmula matemática financiera adoptada por el Consejo de Estado.

QUINTO: Se reconoce el derecho del demandante a percibir simultáneamente la presente pensión
y la asignación salarial como docente; lo anterior, hasta la subsistencia de dicho vínculo, es decir,
hasta que se produzca el retiro definitivo del servicio docente, conforme lo previamente
considerado.

SEXTO: La entidad pública demandada deberá dar cumplimiento a la decisión y reconocer
intereses moratorios en la forma y términos dispuestos en los artículos 192 y 195 del CPACA.

SÉPTIMO: Sin condena en costas por lo antes expuesto”.

El a quo encontró probado en el proceso que la señora Olga Cenelia Arango era
beneficiaria del régimen de transición pensional del sector docente consagrado en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de
2005, condición jurídica y jurisprudencial para la aplicación de la Ley 71 de 1988, por
cuanto se acreditó que la demandante tuvo un primer vinculo al servicio docente con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a saber, el 18 de marzo de
1992, según Decreto No. 0187 del 28 de febrero de 1992.

Así mismo, consideró probado que la demandante tenía más de 20 años de servicios
sumados el tiempo público y privado y 55 años de edad, siendo irrelevante que dicho

4
SAMAI, índice 2 archivo 020.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

periodo haya sido laborado a través de contratos de prestación de servicios,
nombramientos provisionales o en propiedad.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal estableció que resultaba procedente declarar
la nulidad del acto acusado y ordenar el reconocimiento y pago de la pensión por aportes
pretendida, equivalente al 75% de los factores salariales enlistados en las Leyes 33 y 62
de 1985, cotizados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus
pensional, lo cual ocurrió el 20 de agosto de 2019, cuando cumplió los 20 años de
servicio; siendo compatible el sueldo y la mesada pensional por aportes a reconocer.

En cuanto al fenómeno jurídico de prescripción, el Tribunal consideró que no operaba,
por cuanto las mesadas se causaron con posterioridad al 20 de agosto de 2019 y la
solicitud pensional se realizó el día 29 de junio de 2021, petición con la cual interrumpió
por una sola vez y por el término de tres años la prescripción hasta el día 29 de junio de
2024; ejerciendo dentro de esta fecha el derecho de acción, pues presentó la demanda
el día 01 de octubre de 2021; razón por la cual no estaba prescrita ninguna mesada.

Por último, el a quo reconoció el derecho de la demandante a percibir simultáneamente
la pensión y la asignación salarial como docente, hasta que se produzca su retiro
definitivo del servicio.

4. El recurso de apelación5

4.1. La parte demandada -FOMAG- interpuso recurso de apelación, con fundamento en
los siguientes argumentos:

En primer lugar, advirtió que la actora no era beneficiaria del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, pues no registrada afiliación al FOMAG con anterioridad a la vigencia
de la Ley 812 de 2003, motivo por el cual no se cumplía con los requisitos exigidos para
acceder al derecho pensional y, por tanto, tampoco era procedente aplicar las Leyes 91
de 1989 y 33 de 1985, sino las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene
que ver con la edad, la cual se unificó para hombres y mujeres en 57 años, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003.

La parte recurrente puso de presente que, si bien la señora Olga Cenelia Arango cumplía
con el requisito de edad exigido (57 años), no ocurría lo mismo con el requisito de las

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SAMAI del Tribunal, índice 23.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

semanas cotizadas (1300 semanas), para que se otorgara la prestación periódica, razón
por la cual se debían negar las pretensiones de la demanda.

Por otro lado, la entidad recurrente sostuvo que el tiempo en el que la demandante prestó
sus servicios como educadora en el Municipio de Armenia, a través de contratos de
prestación de servicios, no podían ser tenidos en cuenta “ante la falta de declaración
previa de existencia de una relación laboral encubierta como requisito para computar el
período correspondiente en materia pensional”.

Al respecto, la entidad pública señaló que dicha situación no ha sido debatida ni podía
ser objeto de análisis, habida cuenta que tampoco era materia de fundamentación en la
demanda. En este sentido, se destacó que, en la medida en que no se desvirtuara el
vínculo contractual creado entre las partes para la prestación de un servicio docente, no
podía alegarse que la entidad territorial tenía responsabilidad en lo atinente al pago de
cotizaciones para pensión y mucho menos para el reconocimiento y asunción económica
de la prestación.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 18 de julio de 20236, se admitió el recurso de apelación conforme a lo
previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes
alegaran de conclusión.

La parte actora presentó escrito de oposición al recurso de apelación y alegatos de
conclusión en los que reiteró los argumentos de la demanda. No hay pronunciamiento de la
parte demandada ni del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.

6
Índice 004 SAMAI.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer a qué docentes se les aplica el régimen previsto en la
Ley 71 de 1988; si los tiempos de servicio pueden computarse para acreditar los
requisitos consagrados en la norma en mención y, si la pensión por aportes es compatible
con el salario. Resueltos estos interrogantes, la Sala procederá a establecer si a la
demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por
aportes conforme a la Ley 71 de 1988, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
respectivo, o si la norma que le resulta aplicable es la Ley 100 de 1993.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:

El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un derecho
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad
social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la
dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuesta por ello,
como una garantía irrenunciable de todas las personas7.

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los

7
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.

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Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”8 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,

8
Sentencia T 163 de 2013

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Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"9.

Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la Nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no

9
Sentencia C.177 de 1998.

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Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado10,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en
cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley
100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 prevé que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 8111 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993.

10
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado
68001233100020110027601.
11
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de
2003.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo
oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que
los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003),
deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos
en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres
y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm. 1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201912,
en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o
territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio
educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima
media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor

12
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

13

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 13 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo”14.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y
son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la
Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el
artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años15. Esto
quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y
no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso
base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron
las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL o Componente temporal: del último
año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

13
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
14
0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
15
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto
3752 de 2003.

14

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance

Con anterioridad a la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, no era posible que los
trabajadores del sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos
sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como consecuencia
que unos y otros no lograran en varias oportunidades completar el tiempo para acceder
a dicha prestación.

Con la expedición de la Ley 71 de 1988, el legislador buscó dar solución a esta
contingencia consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según
el artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a partir de esta
normatividad, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores particulares que
acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20 años de aportes sufragados en
cualquier tiempo en una o varias entidades de previsión social o de las que hagan sus
veces, con los efectuados ante el I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación
jubilatoria mediante la acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación
contractual particular u oficial y la legal y reglamentaria.

Es importante mencionar que el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la Ley 71 de
1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios de pensión que
existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado en el artículo 11º de la
misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a.
de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de 1985 y sus decretos reglamentarios, contienen
los derechos mínimos en materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán
en favor de los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades de

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales y jurídicas que
reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e invalidez".

La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994, puso de presente que con
anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales se habían
hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares, afiliados al Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun
cuando si era procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido
a diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes entidades
de previsión social oficial o al ISS".

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por aportes se
convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su historia laboral,
independientemente de si estas tuvieron origen en el sector público o privado, para cubrir
su riesgo de vejez.

La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que ha tenido
la expedición de la Ley 71 de 1998 en relación con la pensión por aportes. Sobre dicha
prestación, esta Corporación16 también se ha pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la Constitución
de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los trabajadores del sector
privado era diferente al aplicable a los servidores públicos, al punto de que por regla general
no era posible, para efectos de la pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de
vínculo laboral. Para remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual,
en su artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación por
acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos de
cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad para
empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos pensionales.

16
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-000-2005-05520-
01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.

16

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Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988, a los docentes
vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión había salvado
el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a partir de la sentencia del 30
de enero del 202517 acompaño la posición mayoritaria de la Sala, en la que se determinó
que la Ley 71 de 1988 sí era aplicable a los docentes estatales.

Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, llegó a la
mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de conformidad con lo previsto
en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15, numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989.
La Sala expresó en esta oportunidad varios razonamientos que dan lugar a esta
interpretación. En síntesis, estos fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal b), del artículo
15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional» lo que significa que dicha expresión también incluye que puedan ser
beneficiarios de la la Ley 71 de 1988 puesto que esta normativa esta dirigida a todos los
empleados públicos en general, sin hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no remitió también
al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no hacen parte de la categoría de
«empleados oficiales»18 a los que esta última norma gobierna. Tal entendimiento conllevaría a
aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última ley no contiene un régimen pensional aplicable a los
empleados «del sector público nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985
es la única aplicable a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden ser
desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su artículo 11,
analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de manera sistemática con el 7
por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual materia, determinó que su contenido y las
disposiciones que quedaron vigentes de las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980
y 113 de 1985, junto con la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de
pensiones y sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales deben ejercer
durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para que se les aplique el numeral
2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto es, para tener derecho a pensionarse con
las normas del régimen pensional de los empleados del sector público nacional. En efecto, el
numeral referido trae como única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado
vinculado a partir del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones», lo cierto
es que tal enunciado normativo que establece una excepción tan estricta no implica que a los
docentes no los pueda gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988
y 91 de 1989 se expidieron con posterioridad.

17
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de enero de 2025. Exp. 0391-2022. M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
18
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó en su artículo 3
como «empleados oficiales de régimen especial».

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Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen una
interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente, sino además
de ello, corresponden a una interpretación que materializa el principio de favorabilidad en
materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política. Ciertamente,
considerar que la denominada pensión por aportes creada por la Ley 71 de 1988, es
aplicable a los docentes oficiales, conlleva a la obligación de optar por la situación más
favorable al empleado, incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones
posibles, como en el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15
de la Ley 91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una primera
interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó la Ley 71 de 1988,
y una segunda, que sí los incluye, bajo la idea que los docentes como empleados públicos
también pueden acceder al régimen pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley
71 de 1988, postura que fue expuesta por la Sala.

De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una interpretación
Finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos precedentes, tenía como
objetivo que cualquier empleado del sector público o privado, contara con la posibilidad
de sumar sus cotizaciones, sin importar el origen del sector en donde éstas fueron
causadas, en tal sentido, considerar que los docentes no tienen derecho a sumar sus
aportes a la luz de dicha normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho
a la igualdad de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71
de 1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados públicos,
oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los excluiría, y con ello
se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de aquellos que no puedan
obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes también
puedan acumular las semanas sin importar que cambien de empleador, permite sin duda
que se materialice el derecho fundamental a percibir una pensión de vejez, que solamente
tiene origen en el trabajo continuado del trabajador que espera en algún momento recibir
el ahorro que ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

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Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación por aportes

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se aplique la Ley
71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio docente público oficial con
anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que entró en vigencia la Ley 812 del
mismo año. Cumplida esta condición, y en el evento en que los docentes hayan prestado
sus servicios en entidades públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la
pensión por aportes, de acuerdo a lo requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y trabajadores
que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en
una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60)
años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago
de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades
involucradas».

Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, de
la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de
edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o
más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y
en una o varias de las entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del servicio. Para
los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o
muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones previstas en
la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de jubilación
por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez.
El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre
ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes, se
tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión social, fondos
de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, intendencial,
comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El salario
base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el
cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo

19

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación
por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de
jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una pensión de
jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados oficiales y trabajadores
cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20 años continuos o discontinuos
cotizados en una o varias entidades de previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy
Colpensiones); 2) que cumplan la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar esta
pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario promedio base
para los aportes durante el último año de servicios.

2.4. Hechos probados

i) La señora Olga Cenelia Arango nació el 6 de enero de 1963, según certificado de la
Notaria Única del Círculo de Trujillo “Valle” y de la cédula de ciudadanía 19.

ii) La demandante prestó sus servicios como docente, conforme copia de los certificados
que fueron allegados al proceso20, como pasa a explicarse:

Tipo de Periodos Certificado Tiempos
nombramiento
Decreto # 0187 del 28 18 de marzo de 1992 Certificado laboral Rad. 8 meses y 12 días =
de febrero de 1992, hasta el 30 de 2569 expedido en 36,00 semanas (252
como catedrática noviembre de 1992 marzo de 2019 por el días)
externa grado 07 en el Profesional
Instituto Montenegro Universitario Hojas de
(Q), suscrito por el Vida de la Secretaría de
Gobernador del Educación
Departamento del Departamental y copia
Quindío. del Decreto # 0187 del
28 de febrero de 1992
Decreto # 0089 del 22 25 de febrero de 1993 Certificado laboral Rad. 9 meses y 05 días =
de febrero de 1993, hasta el 30 de 2569 expedido en 39,28 semanas (275
como catedrática noviembre de 1993 marzo de 2019 por el días)
externa grado 07 en el Profesional
Instituto Montenegro Universitario Hojas de
(Q), suscrito por el Vida de la Secretaría de
Gobernador del Educación
Departamento del Departamental y copia
Quindío. del Decreto # 0089 del
22 de febrero de 1993.

19
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 16 y 17. SAMAI índice 3.
20
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 18 a 36. SAMAI índice 3.

20

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Resolución # 162 del 27 01 de marzo de 2004 Fondo Nacional de 14 meses y 02 días =
de febrero de 2004, por hasta el 02 de mayo de Prestaciones Sociales 60,28 semanas (422
la cual se realiza un 2005 del Magisterio - Formato días)
nombramiento en Único para la
provisionalidad Expedición de
Certificados de Historia
Laboral, expedido por la
Secretaría de
Educación Municipal de
Armenia, el 02 de junio
de 2021
Resolución # 1284 del Desde el 03 de mayo de 16 años y 29 días =
29 de abril de 2005, por 2005 a la fecha de 827,00 semanas (5.789
la cual se realiza un expedición del días)
nombramiento en certificado (02/06/2021)
propiedad
Total 962,56 semanas

iii) La señora Olga Cenelia Arango realizó aportes para pensión al Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones), según reporte de semanas cotizadas en pensión al 1º de
junio de 202121 durante los tiempos que a continuación se relacionan:

iv) Mediante escrito radicado en la Secretaría de Educación Municipal de Armenia el 29
de junio de 202122, la actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
por aportes, con fundamento en la Ley 71 de 1988, reglamentado por el Decreto 2709 de
1994, por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio.

v) La entidad demandada no respondió la petición presentada por la señora Olga Cenelia
Arango, razón por la cual se configuró el silencio administrativo negativo.

21
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 31. SAMAI, índice 3.
22
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 5 a 15. SAMAI, índice 3.

21

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

vi) Según la certificación expedida por la Directora de Nómina de Pensionados de
Colpensiones y la declaración extra proceso ante Notario, la actora no recibe ninguna
pensión23.

vii) De conformidad con el Formato Único para la Expedición de Certificados de Salario,
del 8 de julio de 2021, expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia24,
entre los años 2018 y 2019 la señora Olga Cenelia Arango percibió la asignación básica
mensual, la bonificación mensual docentes, la prima de navidad, la prima de servicios, la
prima de vacaciones y la bonificación pedagógica.

2.5. Caso concreto

En el presente asunto la parte actora pretende que se declare la nulidad del acto ficto
configurado el 29 de septiembre de 2021, frente a la petición presentada el día 29 de
junio de 2021, en cuanto se negó el derecho a la cancelación de la pensión de jubilación
por aportes a favor de la demandante.

El Tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
pues encontró probado en el proceso que la señora Olga Cenelia Arango era beneficiaria
del régimen de transición pensional del sector docente consagrado en el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, condición
jurídica y jurisprudencial para la aplicación de la Ley 71 de 1988.

Al respecto, la Sala considera que le asiste razón al a quo, por cuanto se acreditó que la
demandante tuvo un primer vinculo al servicio oficial docente con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003, a saber, el 18 de marzo de 1992, según el Decreto
No. 0187 del 28 de febrero de 1992.

Como se señaló en el marco jurídico de la presente decisión, en casos como el presente
el ordenamiento jurídico no consagra una condición diferente a la simple vinculación para
ser beneficiario del régimen previsto en la Ley 71 de 1988, en relación con la pensión de
jubilación por aportes a favor de los docentes.

23
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 39 a 41. SAMAI, índice 3.
24
Expediente Electrónico, Archivo: 003Anexos.pdf., pág. 37 y 38. SAMAI, índice 3.

22

Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Lo anterior significa que resulta irrelevante que el periodo laborado hubiera sido mediante
contratos u órdenes de prestación de servicios, nombramientos provisionales o en
propiedad, pues resulta suficiente que se acredite haber servido como docente, ya sea
en el sector público o privado, pero siempre y cuando se cumpla con el requisito de los
20 años.

Cabe precisar que, aunque se puedan tener en cuenta los tiempos laborados bajo la
modalidad de contratos u órdenes de prestación de servicios, es importante verificar que
se efectúen los aportes correspondientes a los periodos que comprendan tales
vinculaciones, justamente para que sirvan de sustento en el reconocimiento pensional.
Además, de ser necesario el Fomag puede adelantar las acciones necesarias para lograr
el traslado efectivo de los aportes, correspondientes al tiempo laborado en esa
modalidad25.

En el caso sub exámine, la Sala encuentra demostrado que la actora cumplió los 55 años
de edad el 6 de enero de 2018 y, además, los 20 años de servicios que se cumplieron el
20 de agosto de 2019.

De esta forma, el reporte de semanas cotizadas a Colpensiones dio cuenta de 157,86
semanas; el periodo certificado como docente por contrato de prestación de servicios o
catedrático externo antes del 30 de noviembre de 1993, para 75,28 semanas cotizadas;
los periodos certificados como docente provisional, por 60,28 semanas; el periodo con
vinculación al FOMAG en propiedad desde el 3 de mayo de 2005 hasta la fecha de
expedición del certificado (2 de junio de 2021), para 827,00 semanas, arrojando un total
de 1.120,42 semanas cotizadas, las cuales equivalen a 7.842 días (21 años, 9 meses y
12 días).

En ese orden de ideas, en el presente caso resultan demostrados los cargos de violación
formulados en contra del acto administrativo acusado, en tanto la señora Olga Cenelia
Arango tuvo su primera vinculación como docente estatal con anterioridad al 27 de junio
de 2003 y, por tanto, beneficiaria de la Ley 71 de 1988. Además, demostró cumplir con
los requisitos legales para acceder a la pensión por aportes allí consagrada.

Ahora bien, en cuanto al argumento de la entidad recurrente frente a que no era posible
tener en cuenta los contratos de prestación de servicios como docente, la Sala debe

25
En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 8 de noviembre de 2024, radicado: 25000-23-42-000-2021-00819-01
(6889-2023) y del 20 de noviembre del mismo año, radicado: 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7094-2023).

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

anotar que, si resulta procedente considerarlos, comoquiera que en aplicación del
principio de la realidad sobre las formas26, es relevante para el reconocimiento de la
pensión de jubilación de los docentes oficiales, sin que sea necesario declarar la
existencia de una relación laboral encubierta.

Al respecto, es importante anotar que dicha declaratoria no fue debatida ni podía ser
objeto de análisis, habida cuenta que tampoco era materia de fundamentación en la
demanda. Además, cabe señalar que desde 1993 el legislador había previsto la
incorporación a las plantas de personal de los docentes vinculados a través de órdenes
y contratos de prestación de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley
60 de 1993 y 105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 199427.

No obstante lo anterior, la Sala observa que, si bien el Tribunal hizo mención al Certificado
No. 0666 expedido en enero de 2021 por el Director Administrativo y Financiero de la
Secretaría de Educación Departamental y, así mismo, a la copia del Contrato de
Prestación de Servicios en Educación # 048 del 2001, tales documentos no reposan en
el expediente, sin que ello cambie la situación pensional a la que tiene derecho la señora
Olga Cenelia Arango, pues, aun así, cumple con los 20 años de servicio.

En este orden de ideas, tal y como se consideró por el Tribunal de primera instancia, el
acto administrativo demandado, mediante el cual la entidad demandada negó el
reconocimiento a la demandante su pensión de jubilación con aplicación de la Ley 71 de
1988, está viciado de nulidad porque desconoció las normas superiores invocadas, en
atención a que se acreditó la existencia de una vinculación como docente con anterioridad
al 27 de junio de 2003, para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de
2003.

Por tanto, la señora Olga Cenelia Arango tiene derecho a que se le aplique la Ley 71 de
1988 ordenándose el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes allí
prevista, en los términos ordenados en la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo apelado que accedió a las pretensiones de
la demanda.

26
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Radicado :17001-23-
33-000-2020-00038-01 (6307-2022). C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
27
En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 12 de septiembre de 2024, radicado: 05001-23-33-000-2021-00447-01
(0140-2023) y del 19 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-2023).

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

2.6. Condena en costas

En el sub lite no habrá lugar a condena en costas, en la medida en que no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido
que dicha norma otorga al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual
implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es
suficiente el simple resultado adverso del proceso28.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

28
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-
2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Número Interno: 6509-2022
Demandante: Olga Cenelia Arango
Demandada: Nación-Ministerio de Educación-FOMAG

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV
05001-23-33-000-2020-00472-01(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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