Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00910-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00910-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00910-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandado: José Ezequiel Roa Acuña
Tercero: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2
Tema: Incompatibilidad pensional, pensiones de vejez y jubilación por
tiempos de servicios en los sectores público y privado. Sistema
tripartita de financiación de la seguridad social.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1 En adelante Colpensiones.
2 En adelante Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Colpensiones presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que se declarara la
nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 018612 del 29 de
agosto de 2003, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales5 reconoció la
pensión de jubilación a José Ezequiel Roa Acuña; y ii) Resolución 10871 del 15 de
abril de 2005, por la cual el gerente nacional de reconocimiento del ISS modificó el
acto anterior, en el sentido de establecer la causación de la prestación a partir del 2
de marzo de 2003.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reintegro de las mesadas las pensionales pagadas; ii) la indexación de
las sumas que resultaren; iii) el pago de los intereses; y iv) la condena en costas al
demandado.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Mediante la Resolución 18612 del 29 de agosto de 2003, el ISS reconoció la
pensión de jubilación al demandado, en cuantía de $906.821, efectiva a partir del 1°
de septiembre de 2003.
3.2. En la Resolución 10871 del 15 de abril de 2005, el ISS modificó el acto anterior
y estableció la causación de la prestación a partir del 2 de marzo de 2003.
3.3. Con la Resolución 3048 del 27 de enero de 2006 la Caja Nacional de Previsión
Social6 reconoció la Pensión de jubilación a favor de José Ezequiel Roa Acuña, en
cuantía inicial de $1.554.087, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003.
3.4. A través de la Resolución 39482 del 10 de agosto de 2006 Cajanal reliquidó la
prestación, en cuantía de de $1.723.465, efectiva a partir del 29 de diciembre de
3 Samai Tribunal, índice 2, archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDA(.PDF) NroActua 2.
4 En adelante CPACA.
5 En adelante ISS.
6 En adelante Cajanal.
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Demandante: Colpensiones
2003.
3.5. El ISS y Cajanal en la liquidación de la pensión de jubilación tuvieron en cuenta
los tiempos de servicio público del demandado, por lo cual son incompatibles las
prestaciones.
3.6. A
través del acto administrativo APSUB 2152 del 9 de agosto de 2021,
Colpensiones solicitó el consentimiento para revocar las Resoluciones 18612 del 29
de agosto de 2003 y 10871 del 15 de abril de 2005; lo cual no fue autorizado por el
demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la
Ley 4 de 1992.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos 7:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, pues
no era posible reconocer la prestación al demandado, porque ya se le había
reconocido una pensión de jubilación otorgada por Cajanal.
5.2. José Ezequiel Roa Acuña se encuentra disfrutando de dos prestaciones del
Estado que cubren el riesgo de vejez, por lo cual no puede recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público.
5.3. Los actos administrativos acusados no fueron proferidos sujetos a derecho, pues
las prestaciones son incompatibles, lo que genera un detrimento en el presupuesto
del Estado y un enriquecimiento sin justa causa.
1.2. Contestación de la demanda
6. 1.2.1. José Ezequiel Roa Acuña8 se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
6.1. En el trámite administrativo actuó con buena fe, pues realizó los procedimientos
que le indicaron en Colpensiones y la Ugpp.
7 Samai Tribunal, índice 2, archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDA(.PDF) NroActua 2., visible a
folios 4 a 12.
8 Samai Tribunal, índice 20, archivo 20_Contestacion de demanda(.PDF) NroActua 20.
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6.2. Considera que las prestaciones de las cuales es beneficiario son compatibles,
por lo que no autorizó la revocatoria del acto de reconocimiento.
6.3. No propuso excepciones.
7. 1.2.3. La Ugpp9 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos:
7.1. La entidad reconoció la pensión de jubilación a José Ezequiel Roa Acuña de
acuerdo con el régimen aplicable y ha cumplido de forma periódica con el pago de
las mesadas pensionales; por lo tanto, no es procedente asignar una obligación
adicional a cargo de la Ugpp.
7.2. Propuso
las excepciones de: i) inexistencia de la obligación; ii) pago; iii)
compensación; iv) prescripción; y iii) genérica e innominada.
1.3. La sentencia apelada
8. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia proferida el 12 de mayo de 202310 negó las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la demandante, con sustento en los siguientes
argumentos:
8.1. De acuerdo con los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4ª de
1992, ninguna persona puede percibir más de una asignación que provenga del
tesoro público. Sin embargo, de acuerdo con el precedente del Consejo de Estado,
Sección Segunda, contenido en la sentencia del 9 de junio de 2022 proferida en el
expediente con radicado 250002342000201704454-02, M.P. William Hernández
Gómez, esta prohibición no se aplica para el caso de las pensiones, pues su fuente
y origen son distintos; es decir, que una de ellas se consolide con base en aportes
del sector privado y la otra se sustente en vinculaciones a entidades de derecho
público.
8.2. La pensión reconocida por el ISS tuvo en cuenta 1257 semanas de cotización
que, según el reporte de semanas cotizadas, fueron realizados por los servicios
prestados en el sector privado [universidades INCCA, Gran Colombia, Gran
Granada, e institución educativa Fundación Educacional Internado].
9 Samai Tribunal, índice 21, archivo 21_Contestación a la demanda(.zip) NroActua 21.
10 Samai Tribunal, índice 51, archivo 50_SENTENCIA(.pdf) NroActua 51.
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Demandante: Colpensiones
8.3. La prestación concedida por Cajanal tuvo en cuenta tiempos públicos, pues las
semanas de cotización se determinaron con ocasión del tiempo durante el cual
prestó sus servicios en la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Colombiano
de Construcciones, la Escuela Superior de Administración Pública, el Ministerio de
Salud, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y la Rama
Judicial.
8.4. Si bien en el presente asunto existe la concurrencia de pensiones que cubren la
contingencia de vejez, esa situación no le impide a José Ezequiel Roa Acuña
percibir ambas prestaciones, pues se demostró que la pagada por Colpensiones
tiene fundamento en aportes realizados en el sector privado y la que se encuentra
a cargo de la Ugpp está sustentada en aportes del sector público.
8.5. Ahora bien, pese a que el demandado efectuó aportes para seguridad social en
periodos iguales originados por ocupar un empleo público y tener otras
vinculaciones de índole privada; son compatibles las prestaciones, en la medida en
que tales cotizaciones devienen de relaciones laborales de distinta naturaleza. Por
lo tanto, no se vulneraron los artículos 128 de la la Constitución Política y 19 de la
Ley 4 de 1992.
1.4. El recurso de apelación
9. Colpensiones interpuso recurso de apelación11, el cual sustentó así:
9.1. El tribunal no tuvo en cuenta que las prestaciones reconocidas por el ISS y
Cajanal amparan el riego de la vejez, y tuvieron en cuenta el tiempo de servicio
prestado. En consecuencia, los actos acusados no fueron expedidos sujetos a
derecho, pues vulneraron los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley
4 de 1992.
9.2. El a quo no ordenó la devolución de los dineros pagados, pese a que es
procedente porque el demandado se ha beneficiado de dos prestaciones del tesoro
público a las cuales no tenía derecho, además porque actúo de mala fe en el trámite
administrativo.
9.3. En la sentencia de primera instancia, no se observó que la mala fe se originó a
partir del momento en el que se solicitó la autorización para revocar los actos
acusados, pues Colpensiones no obtuvo la autorización requerida por el beneficiario
de la prestación, quien tenía pleno conocimiento que estaba percibiendo una
11 Samai Tribunal, índice 87, archivo 21_RecursoApelaciónParteDemandante(.pdf) NroActua 87.
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prestación económica a la cual no tenía derecho y que ha continuado recibiendo.
9.4. De no ordenarse la devolución de dineros, se afecta la estabilidad financiera del
sistema de pensiones, pues no se puede percibir la prestación económica a la cual
no tiene derecho, y «se le sustraiga de la obligación de devolver lo recibido, hecho que
constituye además un enriquecimiento sin causa en su favor, con un evidente impacto
negativo en las finanzas del sistema.»
9.5. Por lo anterior, solicitó sea revocada la sentencia de primera instancia, y accedan
a las pretensiones de la demanda, respecto de la devolución de los dineros pagados
por concepto de las mesadas pensionales.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.
1.6. El Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa
2.2.1. Tránsito normativo en cuanto al término de caducidad
12. Se advierte que el Congreso de la República expidió la Ley 2381 del 16 de julio
de 2024, con la que «se establece el sistema de protección social integral para la vejez,
invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones» y mediante la cual
modificó el término de caducidad «para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» que, además, se hizo extensivo
a las acciones «que estén en curso, [a las que] se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley».
13. En ese orden, en razón a que, de acuerdo con la literalidad de la norma, la
modificación contenida en el referido artículo 86 se debe aplicar al presente asunto,
puesto que se trata de una demanda con la que se pretende la nulidad de los actos
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con los que fue reconocida una pensión, se procederá a efectuar control de
legalidad con el fin de verificar si es procedente proferir una sentencia que resuelva
el fondo de la controversia planteada en el sub judice o si, por el contrario, hay lugar
a dar por terminado el asunto por falta de uno de los presupuestos procesales del
medio de control, este es, por caducidad.
14. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»12.
15. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202413, disposición según la cual:
«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Se resalta]
16. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, se debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
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«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».
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presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida
mediante la Resolución 018612 del 29 de agosto de 2003, esto es, hace más de 5
años.
17. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional14 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general»
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».
18. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender por la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese
sentido se pronunció la Corte Constitucional al señalar:
«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»
19. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.
14
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
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20. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]15 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 86,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», se
considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un tránsito
legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley 153 de 188716, según la cual:
«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el
momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine
dicha autoridad.» [se resalta].
21. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.
22. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan dentro de aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y
ritualidad de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas
disposiciones que se encontraban vigentes cuando empezaron a correr los
términos. Así las cosas, en situaciones como la del sub judice, en la que el término
para presentar la demanda inició y esta se presentó dentro de los términos
15
Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.
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Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.
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procesales que se encontraban vigentes en ese momento, se entiende que este
presupuesto procesal se debe analizar a la luz de las normas que se encontraban
vigentes en esa data, esto es, el artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se pretenda la
nulidad de los actos con los que se reconozcan prestaciones periódicas podía
presentarse en cualquier tiempo.
23. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura
puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, este despacho
no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las
«leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».
24. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia de primera
instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia, resultaría una
vulneración del debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el
asunto al punto de desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se
habían abierto y se había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.
25. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la Constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha conducta negligente
frente a reglas que no existían en el momento de esta, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, esto es, propender por la estabilidad financiera
del sistema pensional.
26. Así las cosas, pese a la modificación introducida por la Ley 2381 de 2024 se
advierte que la demanda presentada por Colpensiones tendiente a la declaratoria
de nulidad de los actos demandados, se presentó dentro del término previsto por
las normas procesales que regían los presupuestos del medio de control de nulidad
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Demandante: Colpensiones
y restablecimiento del derecho para ese momento, según las cuales, cuando este
se dirija «contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas» se podía presentar en cualquier tiempo.
27. Por lo expuesto se declarará que en el asunto en estudio no hay lugar a aplicar el
término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo cual se
procederá a resolver el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera
instancia.
2.2. El problema jurídico
28. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 17, el
problema jurídico se contrae a establecer ¿existe compatibilidad entre la pensión de
jubilación reconocida al demandado por Colpensiones y la prestación reconocida
por la Ugpp?, asimismo, si las dos prestaciones resultan incompatibles ¿si hay lugar
a ordenar la devolución de los dineros percibidos con ocasión del reconocimiento
pensional efectuado por Colpensiones?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la compatibilidad pensional
29. El artículo 6418 de la Constitución Política de 1886 preveía la prohibición de recibir
más de una erogación proveniente del erario. Sin embargo, con el fin de determinar
algunas excepciones, el gobierno nacional expidió el Decreto 1713 de 1960, así:
«Artículo 1.- Nadie podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro
Público o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, salvo las
excepciones que se determinan a continuación:
a) Las asignaciones que provengan de establecimientos docentes de carácter oficial,
siempre que no se trata de profesorado de tiempo completo;
b) Las que provengan de servicios prestados por profesionales con título universitario,
hasta por dos cargos públicos, siempre que el horario normal permita el ejercicio regular
de tales cargos.
c) Las que provengan de pensión de jubilación y del servicio de cargos públicos, siempre
que el valor conjunto de la pensión y del sueldo que disfruten por el cargo, no exceda de
mil doscientos pesos ($1.200.oo) mensuales.
d) Las que con carácter de pensión o sueldo de retiro disfruten los miembros de las
Fuerzas Armadas.
17 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
18 «Artículo 64. Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que para casos
especiales determinen las leyes».
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Demandante: Colpensiones
Parágrafo- Para los efectos previstos en los ordinales a) y b) del presente Decreto, se
entiende por horario normal de trabajo la jornada de ocho (8) horas».
30. Ahora bien, para cubrir, entre otros, el riesgo ocasionado por invalidez, vejez y
muerte la Ley 90 de 194619 estableció el seguro social obligatorio y creó el ISS, con
el fin de administrar los recursos necesarios para cubrir las prestaciones que
reconocía y, en tal sentido, fijó un sistema triple de contribución forzosa de los
asegurados, patronos y el Estado20. En cuanto a los aportes del Estado el artículo
31 del Decreto Ley 433 de 1971 modificó dicha forma de financiación, así:
«Artículo 31. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en
dinero, y [l]os servicios sociales que se llegaren a establecer, correspondientes a los
seguros sociales y los gastos de administración de los mismos, serán obtenidos así:
a). Mediante cotización que deberán pagar los trabajadores asalariados y todos los que
perciban retribución por los servicios prestados bajo la subordinación de otra persona,
siempre que no fueren ocasionales ni ajenos a la actividad de la empresa. La cotización
laboral se pagará sobre la remuneración total que por concepto de salario o de otras
retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba el trabajador en razón de tales
servicios. Esta cotización se destinará al financiamiento del Seguro social establecido en
beneficio de este grupo de asegurados;
b). Mediante cotización a cargo de la persona natural o jurídica a la cual o por cuya
cuenta el trabajador presta el servicio, que se pagará sobre la remuneración total que
por concepto de salario o de otras retribuciones de carácter ordinario y normal, perciba
el trabajador en razón del servicio prestado. Esta cotización se destinará al
financiamiento del seguro social establecido en beneficio de los trabajadores
asalariados;
19 «Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se crea el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales».
20 «Artículo 16. ‹Modificado por el artículo 2 del Decreto 3850 de 1949. El nuevo texto es el siguiente›:
Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en especie y en dinero, correspondientes a los
seguros obligatorios y los gastos generales de los mismos serán obtenidos, salvo en los casos
expresamente exceptuados, por el sistema de triple contribución forzosa de los asegurados, de los
patronos y del Estado. Cuando a este último le corresponda contribuir, su cuota no será inferior a la
mitad de la cuota del patrono. Además, para las empresas cuyo capital no exceda de treinta mil
pesos ($ 30.000) o de ciento veinticinco mil pesos ($ 125.000), tratándose de empresas agrícolas o
mineras explotadoras de metales preciosos, el Estado podrá contribuir con una parte de la respectiva
cuota patronal, cuando sus circunstancias financieras lo permitan y el gobierno así lo determine
mediante decreto ejecutivo, previa consulta al Instituto Colombiano de seguros Sociales. En tal caso
la contribución del Estado será fijada entre un diez por ciento (10%) y un cuarenta por ciento (40%)
de la cuota patronal. Los aportes del Estado se financiarán en primer término, con los productos de
las rentas especiales de que trata el artículo 29, pero si no fueren suficientes, el Gobierno arbitrará
los recursos ordinarios y extraordinarios que sean indispensables.
Parágrafo. Cuando se trate de asegurados obligatorios, que tengan efectivamente más de cuatro
personas a su cargo, de aquellas a las que está obligado a alimentar de acuerdo con las
prescripciones del Código Civil, el Estado podrá contribuir hasta con la mitad del aporte que le
corresponda al Asegurado, lo que regulará el Departamento Matemático-Actuarial, teniendo en
cuenta el excedente de personas que vivan a cargo de éste».
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Demandante: Colpensiones
c). Mediante cotización sobre los ingresos de los trabajadores independientes y de los
autónomos o pequeños patronos que será pagada por éstos, siempre que tales ingresos
tuvieren carácter de regularidad o fueren controlables individualmente. Dicha cotización
será señalada de acuerdo con la capacidad económica de los respectivos sectores o
grupos d ella (sic) población económicamente activa, y se pagará en la forma y en la
cuantía que se determinen en atención a las prestaciones y servicios de los seguros
sociales que se otorguen al correspondiente grupo de población económicamente
activa.
d). Mediante cotización sobre los ingresos globales o sobre la base económica relativa
a la naturaleza o a las condiciones de trabajo de los grupos de población
económicamente activa, cuyos medios de vida no tengan el carácter de periódicos ni
permanentes, cotización que se fijará de acuerdo con la capacidad económica del
respectivo grupo y en atención a los servicios de seguros sociales que se les otorgue.
e). el (sic) Estado contribuirá al financiamiento de los seguros sociales mediante un
aporte anual que se señalará en los presupuestos de renta y gastos de la Nación, en
proporción al costo total de las prestaciones y servicios de aquellos. El aporte del Estado
se aplicará a incrementar los fondos de solidaridad destinados a contribuir al
financiamiento de las prestaciones y servicios de los seguros sociales en beneficio de
los sectores de la población y de las zonas económicamente más débiles del país. El
aporte anual del estado para los programas de los seguros sociales no podrá ser inferior
a una cuarta parte del costo anual global de las prestaciones y servicios otorgados por
el Instituto Colombiano de Seguros Sociales».
31. Por lo que se refiere a la fuente de financiación de las prestaciones que otorga el
régimen de los seguros sociales obligatorios, el artículo 17 del Decreto 1650 de
197721 distinguió sus orígenes, así:
«Articulo 17. De la financiación. Los recursos para la financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serán obtenidos,
de las cuantías y condiciones señaladas en los reglamentos generales, de las siguientes
fuentes:
a). Aportes exclusivos de los patronos o empleadores.
b). Aportes exclusivos de los trabajadores.
c). Aportes de unos y otros.
d). Aportes de los pensionados por invalidez y vejez.
e). Aportes de otros afiliados, según los reglamentos.
f). Impuestos o tasas específicas.
g). Transferencias de los presupuestos nacional, departamentales, municipales y
de los territorios nacionales.
h). Rendimiento obtenido de la inversión de las reservas.
i). Ingresos derivados de la actividad encomendada a los organismos administradores.
j). Aportes provenientes de la extensión de los seguros a los sectores de población, y
k). Otros ingresos». [Resalta la Sala].
21 «Por el cual se determinan el régimen y la administración de los seguros sociales obligatorios, y
se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Colpensiones
32. De manera que, si bien las pensiones reconocidas por el ISS son pagadas, entre
otros, con los aportes realizados por los trabajadores y sus patronos, lo cierto es
que estas prestaciones también se encuentran financiadas con recursos
provenientes del erario, tales como impuestos y transferencias presupuestales, lo
que, por su fuente, las haría incompatibles con otras asignaciones provenientes del
tesoro público.
33. Ahora bien, respecto de la compatibilidad de las pensiones e indemnizaciones
sustitutivas que cubría el ISS, esta Corporación en la sentencia del 3 de abril de
199522 compartió el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia23 y por tanto
declaró la nulidad de los literales a) y b) del artículo 49 del Acuerdo 049 del 1° de
febrero de 199024. Al respecto señaló:
«El artículo 49 del acuerdo 049 de 1990 reitera que la prohibición allí establecida se
refiere a prestaciones que cotizó un afiliado a quien no puede reconocérsele
simultáneamente pensión de invalidez y pensión de vejez o alguna de ellas y una
indemnización sustitutiva. Debe recordarse que el régimen de seguridad social (artículo
16, decreto 1650 de 1977), distingue entre los afiliados y los derechohabientes, porque
mientras los primeros tienen un derecho subjetivo por tal condición y porque han
contribuido con cotizaciones, puede ocurrir que el cónyuge sobreviviente y demás
derechohabientes reciban un derecho derivado de su vinculación familiar con aquellos;
en tal virtud, la prohibición que consagra la norma examinada debe comprender
solamente ciertas prestaciones de los afiliados y nunca los derechos de terceros
beneficiarios porque sería incongruente; en otras palabras no existe impedimento para
que una persona adquiera prestaciones como afiliado del ISS y simultáneamente como
derechohabiente de otra persona ya fallecida.
Obsérvese que las prestaciones de vejez y de sobrevivientes no amparan el mismo
riesgo, pues las contingencias son diferentes y ese postulado lo recoge el inciso 2o. del
artículo 11 del tantas veces citado decreto 1650 de 1977 que establece que ‹para
determinar las cotizaciones y recaudar los aportes correspondientes, las contingencias
de que trata el artículo 3o. de este decreto se agrupan así: invalidez, vejez y muerte›.
Sobre el tópico, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 1994
señalo (sic):
‹... no puede el Instituto de Seguros Sociales a su amparo excusarse de reconocer una
de ellas, porque no se trata de cubrir dos veces el mismo riesgo sino de pagar las
prestaciones que amparan riesgos distintos, generados en una causa diferente y que por
esa sola razón no quedan comprendidos entre la incompatibilidad que eventualmente
podrían presentarse entre las pensiones de jubilación y de vejez de una misma persona,
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia
del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P. Álvaro
Lecompte Luna.
23 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril de 1990.
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Demandante: Colpensiones
las cuales si cubren el mismo riesgo y se conceden como contraprestación de los
servicios prestados por el afiliado.
La Sala Plena de Casación Laboral en la sentencia de 21 de mayo de 1991, en la que
se apoya la recurrente, tuvo la oportunidad de precisar la diversa naturaleza de las
pensiones antes mencionadas: la de sobrevivientes que ampara el estado de viudez y
orfandad y se adquiere por ministerio de la ley, que bajo determinadas condiciones hace
surgir un nuevo derecho en cabeza del cónyuge o compañero permanente, o de sus
demás beneficiarios dentro de un orden preestablecido, y la de vejez que cubre el riesgo
de la eventual pérdida de la capacidad para trabajar por razón de llegar el trabajador a
una edad avanzada, y la cual por ello se muestra como una contraprestación de los
servicios prestados por la persona y para la que contribuyó durante su vida laboral.
Diferencia -que así se dijo en el fallo- resulta de distinguir entre el carácter de
contraprestación por un trabajo pretérito que se rindió por el pensionado que tiene la
pensión por servicio, de la índole eminentemente tuitiva del estado de viudedad que tiene
la pensión por sustitución, conforme resulta de la condición que indistintamente han
impuesto todos los estatutos reguladores de dicho instituto jurídico. Tal condición ha sido
en el pasado, y lo es en el presente, que la viuda mantenga su estado civil de tal, y ni
siquiera haga vida marital, so pena de perder la sustitución que precisamente en razón
de su viudez se le otorga y mantiene›. (Gaceta Judicial, Tomo CCX, página 614).
Y en cuanto a lo que atañe al ordinal b) del artículo 49 que se examina, debe decirse:
Recuérdese que en virtud de la ley 90 de 1946, artículo 16 se adoptó el sistema tripartito
para financiar los seguros que cubrirían el entonces ISS que consistía en aportes de los
trabajadores, empleadores y Estado. Más tarde, el decreto ley 433 de 1971, en cuanto
a aportes mensuales del Estado, se sustituyó por ‹un aporte anual que se señalará en
los presupuestos de rentas y gastos de la Nación›. Y al dictarse el decreto ley 1650
de 1977, el aporte del Estado quedó completamente eliminado, puesto que en su artículo
22 se dijo:
‹De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de enfermedad en general,
maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o empleadores aportarán el 67% de
la cotización total y los trabajadores el 33%.
La cotización para el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador›.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27 de enero de 1995
(expediente No. 7109, Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio.) ‹puede decirse entonces que el ISS se convirtió en un mero
administrador de los dineros que aportarán asalariados y empleadores con el
compromiso de manejarlos; por consiguiente no puede afirmarse que las pensiones que
éste otorgue provinieron del Tesoro Público›. La Sala comulga con tal apreciación. Se
trata de dos asignaciones completamente diferentes por su origen y por su fuente. La
pensión que reciba la persona de la Caja Nacional de Previsión Social o de cualquiera
otra similar, y la que reclame del ISS; una obedece a servicios prestados al Estado; la
otra por haber prestado servicios laborales a otra entidad, a un ente particular llamado
patrono o empleador, todo lo cual conduce a indicar que las dos pensiones sean
compatibles por cuanto no se opone a lo señalado en la norma constitucional que
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Demandante: Colpensiones
prohíbe, salvo excepciones, percibir una pluralidad de asignaciones provenientes del
Tesoro Público›.
Y en cuanto al ordinal c) de tantas veces mencionado artículo 49 que se juzga debe
precisarse lo siguiente:
A) La ley 71 de 1988 en su artículo 1 estableció lo siguiente:
‹A partir de la vigencia de la presente ley los empleados oficiales y trabajadores que
acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social o de las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los
Seguros Sociales tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan
sesenta (60) años o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas›.
Como se observa, se trata de una pensión conformada por aportes provenientes de
personas que han laborado consecutivamente al servicio de entidades privadas y de
entidades públicas y que sumados den el número de años señalados en la ley.
Resulta lógico entonces que no pueda concurrir la mencionada pensión por aportes de
que habla la citada Ley 71 de 1988 con las otras pensiones que cubra el ISS». [Resalta
la Sala].
34. Sin embargo, contrario a lo señalado en aquella oportunidad, el sistema tripartita
de financiación de las pensiones mantuvo su vigencia, pues es justamente a partir
de lo dispuesto en el literal g) del artículo 17 del Decreto 1650 de 1977, que dispone
como una de las fuentes de financiación de las prestaciones y de los servicios que
corresponden a los seguros sociales obligatorios las transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales,
que debe entenderse la participación de los recursos del erario en el reconocimiento
de las pensiones.
35. En efecto, de la lectura de los artículos 17 y 22 del Decreto 1650 de 1977 que
determinaron el origen de los recursos y la forma de financiación de las
prestaciones, se advierte que una de las fuentes de financiación de las prestaciones
y de los servicios que corresponden a los seguros sociales obligatorios serían
obtenidos de las transferencias de los presupuestos nacional, departamentales,
municipales y de los territorios nacionales. Además, el artículo 22 ibidem señala lo
siguiente:
«Artículo 22. De los aportes de patronos y trabajadores. En los seguros de
enfermedad en general, maternidad, invalidez, vejez y muerte, los patronos o
empleadores aportarán el sesenta y siente por ciento de la cotización total y los
trabajadores el treinta y tres por ciento.
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La cotización para el seguro de accidente de trabajo y de enfermedad profesional estará
exclusivamente a cargo del patrono o empleador».
36. Lo anterior permite concluir que se conservó el sistema tripartita de financiación
de la seguridad social (trabajador, empleador y Estado), pues lo cierto es que, pese
a que los empleadores y trabajadores estén obligados a realizar cotizaciones en un
porcentaje cada uno hasta completar un 100%, a efectos de realizar los pagos de
las prestaciones reconocidas, debe acudirse, entre otras a las «transferencias de los
presupuestos nacional, departamentales, municipales y de los territorios nacionales».
37. Ahora bien, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la disposición
contenida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 se mantuvo en los siguientes
términos:
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas [Resalta la Sala].»
38. Enatención a lo anterior, la Ley 4ª de 1992, estableció las siguientes
excepciones:
«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes
asignaciones:
a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de
la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de
la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;
f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su
asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores
oficiales docentes pensionados.
Parágrafo. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho
(8) horas diarias de trabajo a varias entidades».
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bien, la Corte Constitucional25 al analizar la constitucionalidad del
39. Ahora
mencionado artículo concluyó:
«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término ‹asignación› comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc.
(…)
«El artículo 19 de la ley 4 de 1992 que, como se ha repetido a lo largo de esta sentencia,
consagra una incompatibilidad que consiste en la prohibición de desempeñar en forma
simultánea más de un cargo público y por tanto el recibo de más de una asignación que
provenga de las arcas del Estado, guarda perfecta armonía con la finalidad u objetivo
general de la ley a la cual pertenece -4a. de 1992-, pues en ésta se señalan las normas,
objetivos y criterios generales que debe observar el Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso
Nacional y Fuerza Pública, como también el régimen prestacional de los trabajadores
oficiales. Y, como es obvio, las ‹asignaciones› tienen íntima relación con el tema salarial
de que trata la norma». [Resalta la Sala]
40. Así, en materia pensional, la norma solo excluyó la situación del personal con
asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública, las percibidas
por concepto de sustitución pensional, y las que a la fecha de entrar en vigor esa
ley beneficiaran a los servidores oficiales docentes pensionados.
41. No se desconoce que la jurisprudencia de esta Corporación26 y de la Corte
Suprema de Justicia27, de tiempo atrás, ha sostenido que el aporte realizado por el
Estado desapareció y que el ISS se convirtió en un mero administrador de los
dineros que aportan los trabajadores y sus empleadores y que la compatibilidad
debe analizarse desde el punto de vista de la naturaleza del empleador que efectuó
las cotizaciones «pues muchas de ellas son sufragadas con dineros provenientes de
patronos particulares», razón por la cual deberá determinarse la calidad de quien
25 Sentencia C-133 de 1993
26Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
providencia del 24 de marzo de 1983, radicación: CE-SEC3-EXP1983-N959. M.P: José Jesús,
Laverde Ospina. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
providencia del 3 de abril de 1995, Referencia: Expedientes 5708, 5833 y 5937 (acumulados), M.P.
Álvaro Lecompte Luna. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1° de
julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández
Gómez; y del 22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de
diciembre de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
27 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de enero de 1995,
expediente 7109. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Demandante: Colpensiones
realizó los aportes para determinar si la prestación es pública o privada 28; sin
embargo, se hace necesario replantear tal argumentación para concluir que dichas
prestaciones son incompatibles con otras asignaciones provenientes del tesoro
público con independencia de su origen.
2.2.2. Del sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993
42. Ahora bien, con el fin de desarrollar el derecho a la seguridad social previsto en
el artículo 48 de la Constitución Política de 1991, el legislador por medio de la Ley
100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones cuyo fin es garantizar el amparo
a la población para contingencias provenientes de la vejez, la invalidez y la muerte.
Este ambicioso sistema, entre otras, pretendió desarrollar los principios
constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia pensional.
Además, procuró resolver el «crecimiento incontrolable del correspondiente gasto
público, y aun mayor aumento de un pasivo escondido», toda vez que el «pago de
pensiones en el sector público se realiza[ba] con cargo a los presupuestos nacional
y territorial, o a los recursos de las entidades, sin contribución de los trabajadores, ni
con rendimiento de inversiones de reservas»29.
43. Sobre el sistema general de seguridad social integral y su incidencia en la aludida
incompatibilidad, esta Sala recuerda que dicho sistema, entre otras, fue creado para
cubrir las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del
reconocimiento de las pensiones y prestaciones previstas en la ley, así como
propender por la ampliación de cobertura a la población no cubierta con un sistema
de pensiones30.
44. No obstante, con la creación del sistema de seguridad integral no pararon las
reformas al sistema, pues las preocupaciones por el déficit fiscal y la financiación
del pasivo pensional llevaron al legislador a expedir normas para resolver problemas
de racionalización del gasto público, entre las cuales se encuentran la Ley 344 de
1996, el Acto Legislativo 01 de 2001, la Ley 715 de 2001, la Ley 797 de 2003, el
Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 1151 de 2007, la Ley 1328 de 2009, la Ley 1450
de 2011, la Ley 1753 de 2015, entre otras, de las que se puede inferir que, sobre la
cobertura de las pensiones, la nación en atención a la variación del IPC y el aumento
28 Entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 1.° de julio de
2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P. William Hernández Gómez; y del
22 de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2016 04519 01 (3168-2019), M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas. : Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de diciembre
de 2022, radicado 05001-23-33-000-2014-00693-01 (2975-2018), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
29 Exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, Gaceta 087 de 1992.
30 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
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del salario mínimo termina contribuyendo a la financiación parcial de las pensiones
de los colombianos, lo cual supone un componente de gasto público.
45. En tal sentido, y con el fin de darle vigencia al carácter solidario del sistema que
impone políticas de racionalización del gasto, el legislador buscó, sin desproteger
los riesgos que ampara, que al cubrir esas contingencias desaparezca la necesidad
de su protección. En tal sentido, la regla del sistema es la incompatibilidad entre
pensiones que aseguren igual riesgo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha
señalado lo siguiente31:
«Para el Tribunal, la pretensión en el reconocimiento de una pensión de vejez, con
tiempos prestados a empleadores privados reñía con el hecho de que el accionante ya
contaba con una pensión de jubilación de Ley 33 de 1985 reconocida por el ISS; que
como ambas tenían idéntica naturaleza y además preservaban el mismo riesgo, no
era viable cargar al sistema con esa condena.
Para esta Sala de la Corte, las conclusiones jurídicas a las que arribó el juzgador de
segundo grado no son equivocadas, pues finalmente lo que hizo fue evidenciar que
bajo la Ley 100 de 1993, no era posible la asignación de dos pensiones de vejez,
independientemente del origen de los servicios prestados.
[…]
En ese sentido deben leerse las decisiones que esta Sala de la Corte ha decantado,
esto es que únicamente bajo el evento de que cualquiera de las dos prestaciones
de las que se pide su compatibilidad, hubiesen sido causadas antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, es que puede predicarse su compatibilidad, cuando
provengan de distintos tiempos, como los públicos y privados, pues de lo contrario se
entenderá que es inviable.» [Resalta la Sala].
46. En ese orden, el sistema pensional no permite que se acceda a una segunda
prestación que cubra el riesgo que ya ha sido amparado, por lo que resulta
intrascendente su origen como sí su finalidad, esto es, proporcionarle al
extrabajador que cumple con los requisitos, lo necesario para subsistir. En igual
sentido lo ha considerado esta corporación, al señalar que «al entrar en vigor [la Ley
100] esta implementó un sistema integral que se acompasaba con el canon constitucional
precitado, en el entendido de que no era posible devengar dos prestaciones destinadas a
contener el mismo riesgo de vejez»32.
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL536-2018 del 28 de febrero
de 2018, radicado 48880, M.P. Gerardo Botero Zuluaga.
32Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
sentencia del 1.º de julio de 2021, radicado 25000 23 42 000 2017 00280 01 (6442-2018), M.P.
William Hernández Gómez.
20
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Demandante: Colpensiones
2.3. Caso concreto
47. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
47.1. José Ezequiel Roa Acuña nació el 31 de julio de 193833.
47.2. Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones 34, expedido el 27 de
septiembre de 2021 por Colpensiones, prestó sus servicios en la Fundación
Universidad Incca de Colombia, Universidad Nocturna La Gran Colombia,
Fundación Educacional Internado, Fundación Universitaria San Martín, Universidad
Gran Granada, así:
Entidad Desde Hasta
«Fund Udad INCCA de C» 01-04-1967 04-05-1968
«Universidad Noct La» 01-02-1978 31-12-1978
«Fundación Educación A» 01-03-1978 30-09-1983
«Universidad Noct La» 01-03-1980 31-12-1980
«Fundación Educación A» 01-10-1983 30-11-1983
«Fundación Educación A» 01-01-1984 31-05-1984
«Universidad Noct La» 24-01-1986 21-12-1994
«Funda Univers San Ma» 19-06-1992 31-05-1993
«Universidad La Gran» 01-01-1995 31-03-2003
47.3. De acuerdo con el contenido de la Resolución 003048 de 27 de enero de 200635
proferida por Cajanal, prestó sus servicios así:
Entidad Desde Hasta
Universidad Nacional de Colombia 16-05-1964 30-12-1964
Instituto Colombiano de
10-02-1965 15-09-1969
Construcciones
Escuela Superior de Administración
13-07-1971 30-01-1977
Pública
Ministerio de Salud Pública 01-04-1977 23-01-1992
Instituto Colombiano Fomento
16-09-1983 15-03-1992
Educación
Rama Jurisdiccional 15-02-1994 28-12-2003
33 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, en la
cédula de ciudadanía.
34 Samai Tribunal, índice 2, archivo 5_ED_EXPEDIENTE_04ANEXO1(.RAR) NroActua 2.
35 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2021_4429411_9-20210914012440, visible a folios 1 a 6.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
47.4. Mediante la Resolución 018612 de 29 de agosto de 200336, proferida por el ISS
se reconoció la pensión de jubilación a José Ezequiel Roa Acuña, en cuantía de
$906.821, efectiva a partir del 1° de septiembre de 2003, así:
«[…] Que el dia 13 de FEBRERO de 2003, el asegurado(a) JOSÉ EZEQUIEL ROA
ACUNA con fecha de nacimiento 31 de JULIO de 1938, C.C. 17,028,731, afiliación
917028731 010754971 011682164 de la Seccional CUNDINAMARCA elevó solicitud de
pensión por vejez, teniendo como último patrono UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Patronal 00860015685.
Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de transición
se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema general de
pensiones tenían 35 años la mujer o 40 años el hombre o 15 años de servicios cotizados
para reconocer la pensión con la edad, tiempo y monto en él establecida.
Que el régimen aplicable en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años o
más de edad el hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los últimos 20
años anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas cotizadas en
cualquier época, para adquirir el derecho a la pensión, según lo dispuesto por el artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Que en el caso concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente
indicadas para ser beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de edad
y semanas exigidos para adquirir el pretendido derecho, razón por la cual se concluye
que es procedente acceder su reconocimiento.
Que en consecuencia,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Reconocer pensión por vejez a el(a) asegurado(a) JOSÉ
EZEQUIEL ROA ACUNA así:
PARTIR DE PENSIÓN
01 SEP 2003 906,821
Retroactivo hasta AGOSTO de 2003
Aporte Salud Ley 100 de 1993
retroactivo peto a pagar
La liquidación se basó en 1,235 semanas cotizadas, con ingreso base de liquidación
$1.042.323,00
[…]»
47.5. Con la Resolución 010871 de 15 de abril de 200537, el ISS modificó el acto de
36 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2020_6788432-20210330033426, visible a folios 13 y 14.
37 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2020_6788432-20210330033426, visible a folios 31 y 32.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
reconocimiento pensional, respecto de la fecha de causación de la prestación a
partir del 2 de marzo de 2003, con los siguientes argumentos:
«[…] Que con oficio del 23 de Octubre de 2003, el pensionado JOSÉ EZEQUIEL ROA
ACUÑA, solicitó el pago del retroactivo de la prestación ya otorgada
Que revisado el acervo probatorio del expediente pensional y actualizada la historia
laboral del señor JOSÉ EZEQUIEL ROA ACUÑA, figura retirado con el Empleador
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, (dependiente) por lo que es viable variar la fecha
de causación de la prestación a partir del 02 de Marzo de 2003 y no el 01 de Septiembre
de 2003.
Que el numeral 2) de la Circular 521 del 2 de diciembre de 2002, establece que en los
casos que el afiliado dependiente se retira del Sistema General de Pensiones después
de haber cumplido los requisitos para la pensión de vejez ésta se debe reconocer a partir
del día siguiente a la fecha del retiro para el presente caso del señor JOSÉ EZEQUIEL
ROA ACUÑA, la causación se establecerá a partir del retiro de los riesgos de Invalidez,
Vejez y Muerte, les decir, el 02 de Marzo de 2003.
Que por lo expuesto, se procede a variar la fecha de causación modificando citado acto
administrativo.
Que en consecuencia,
RESUELVE
ARTICULO ÚNICO. Modificar la Resolución No. 018612 del 29 de Agosto de 2003, que
reconoció la pensión de vejez a favor del Asegurado JOSÉ EZEQUIEL ROA ACUÑA,
identificado con cédula de ciudadanía. N° 17.090.731, en el sentido de establecer la
causación de la prestación a partir del 02 de Marzo de 2003 y no el 01 de Septiembre de
2003, cuya liquidación queda en los siguientes términos y cuantías:
A PARTIR DE VALOR PENSIÓN
02/03/2003 $ 944.552
01/01/2004 $1.005.853
01/01/2005 $1.061.175
ASEGURADO: JOSÉ EZEQUIEL ROA ACUÑA
Valor pensión retroactivo $25.728.971
Prima Retroactiva $ 3.900.810
Total retroactivo $29.629.781
(-) Aportes E.G.M $2.407.399
(-) Valor cobrado $19.813.823
Diferencia pensión anterior $7.408.559
Que el valor de $7.408.559 se ingresará en nómina de Mayo de 2005 para pago en Junio
del mismo año, que se girará a través de la misma cuenta y entidad bancaria que viene
recibiendo las mesadas pensionales el pensionado JOSÉ EZEQUIEL ROA ACUÑA.»
23
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
47.6. Mediante la Resolución 003048 de 27 de enero de 200638, Cajanal reconoció la
pensión de jubilación a José Ezequiel Roa Acuña, con el 75% del promedio de lo
devengado entre el 1° de abril de 1994 y el 28 de diciembre de 2003, con la inclusión
de asignación básica, bonificación por servicios prestados, y bonificación por
compensación, en cuantía de $1.554.087, efectiva a partir del 29 de diciembre de
2003, con los siguientes argumentos:
«[…]
Que el peticionario aportó para la pensión los siguientes tiempos:
Entidad Desde Hasta
Universidad Nacional de Colombia 16-05-1964 30-12-1964
Instituto Colombiano de Construcciones 10-02-1965 15-09-1969
Escuela Superior de Administración
13-07-1971 30-01-1977
Pública
Ministerio de Salud Pública 01-04-1977 23-01-1992
Instituto Colombiano Fomento Educación 16-09-1983 15-03-1992
Rama Jurisdiccional 15-02-1994 28-12-2003
Que laboró un total de: 11146 días, 1592 semanas.
Que nació el 31 de julio de 1938 y cuenta con 67 años de edad (fl. 29)
Que el último cargo desempeñado por el peticionario fue el PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 16 (fl. 1.5).
Que adquirió el status jurídico el 18 de agosto de 1997.
Que el (a) peticionario(a) fue retirado(a) del servicio mediante RESOLUCIÓN N 048 DE
2003 a partir del 29 de diciembre de 2003 (fl. 50).
Que en consecuencia el valor de la presente pensión estará a cargo de las entidades
que concurran en la cuota parte pensional de conformidad con el articulo 2o. de la Ley
33/85.
Que mediante oficio No. 2344 del 29 de noviembre de 2005, se comunicó Proyecto de
Resolución a la Caja de Previsión de la Universidad Nacional aceptando las Cuota Parte
correspondiente mediante la Resolución No. 0709 de Diciembre 02 de 2005 visible a
folla 68.
Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de 9 años 8 meses 28 das, conforme a 20 establecido en el artículo 36 de la
Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el
01 de abril de 1994 y el 26 de diciembre de 2003. (fls. 6-9 y 39).
[…]
38 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2021_4429411_9-20210914012440, visible a folios 1 a 6.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
Pensión: ($2.072.116,51 x 75%)=$1.554.087,38
Efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003.
Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993 artículo 36; Decreto 1158 de 1994;
Decreto 01 de 1984. […]»
47.7. A través de la Resolución 39482 de 10 de agosto de 2006 39, Cajanal reliquidó
la prestación y aumentó el monto a 85% del promedio de lo devengado entre el 29
de diciembre de 1993 y el 28 de diciembre de 2003, con la inclusión de la asignación
básica, bonificación por servicios prestados, y bonificación por compensación, en
cuantía de $1.723.465,38, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003, con los
siguientes argumentos:
«[…] Que laboró un total de: 11146 días, 1592 semanas.
Que nació el 31 de julio de 1938 y cuenta con 67 años de edad (fl. 29)
Que el último cargo desempeñado por el PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 18
(fl. 5).
Que adquirió el status jurídico el 31 de Julio de 1998
Que el (a) peticionario(a) fue retirado(a) del servicio mediante Resolución No 048 de
2003, a partir del 29 de Diciembre de 2003 (fl. 50)
Que el peticionario con su solicitud no aporto certificado de factores salariales para el
año 1993 y los meses de enero, febrero y marzo de 1994, razón por la cual se tomara el
valor del salario minimo legal establecido por el Gobierno Nacional para ese periodo.
Que por lo tanto la reliquidación de su pensión se debe efectuar con el 85% del promedio
de lo devengado entre el 29 de diciembre de 1993 hasta el 28 de diciembre de 2003
último salario aportado.
[…]
Pensión: ($2.027.606,33 X 85% ) = $1.723.465,38
Efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003.
Son disposiciones aplicables: Ley 100/93 art. 33 y 34, dcto 01/84.»
39 Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2021_4429411_9-20210914012441, visible a folios 2 a 7.
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Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
47.8. Con acto administrativo APSUB 2152 del 9 de agosto de 202140, Colpensiones
solicitó el consentimiento del demandado para revocar las Resoluciones 18612 del
29 de agosto 2003 y 10871 del 15 de abril de 2005, pues consideró que:
«[…]
Que dentro de los principios generales del Sistema de Seguridad Social Integral, la
solidaridad “es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los
sectores económicos, las regiones y las comunidades...” y como fundamento del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Ahora bien, la Constitución Política establece lo siguiente:
“ARTÍCULO. 128.- Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.
Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas.”
[…]
La pensión de jubilación oficial y la de vejez construida con aportes privados son
compatibles cuando se verifican los siguientes requisitos: (i) que una de ellas o las dos
se hubiere causado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, (ii) los
tiempos sean diferentes y (iii) la ley aplicable sea distinta. No sobra aclarar que esta línea
de pensamiento no se reduce a las pensiones legales a cargo de la extinta CAJANAL o
la UGPP, sino que también extiende sus afectos a las demás Cajas, Fondos y
empleadores que reconocían sus propias pensiones. (…)”
Que conforme al concepto anteriormente enunciado y los postulados jurisprudenciales
el señor JOSÉ EZEQUIEL ROA ACUÑA, quien en vida se identificó con Cédula de
Ciudadanía No. 17.028.731, no cumplía con uno de los siguientes requisitos: esto es (i)
que las dos prestaciones o una de ellas se hubiere causado antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir antes del 01 de abril de 1994, ya que el estatus
pensional con CAJANAL hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal “UGPP” fue del
18 de agosto de 1997, y el estatus pensional ante el ISS hoy Colpensiones es del 31 de
julio de 1998. […]»
47.9. Mediante escrito del 27 de agosto de 2021 41, el demandado no autorizó la
revocatoria de las Resoluciones 18612 del 29 de agosto 2003 y 10871 del 15 de
abril de 2005.
40
Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2021_4429411_9-20210914012442, visible a folios 3 a 5.
41
Samai Tribunal, índice 2, archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXO2(.RAR) NroActua 2, pdf GEN-
REQ-IN-2021_4429411_9-20210914012444.
26
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
2.4. Análisis sustancial
48. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
negó las pretensiones de la demanda porque consideró que si bien existe
concurrencia de pensiones que cubren la contingencia de vejez, José Ezequiel Roa
Acuña podía percibir ambas prestaciones, pues se demostró que la pagada por
Colpensiones tiene fundamento en aportes realizados en el sector privado, y la que
se encuentra a cargo de la Ugpp está sustentada en aportes del sector público.
49. Colpensiones presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara la
decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, al considerar que las
prestaciones reconocidas por el ISS y Cajanal amparan el riego de la vejez, por lo
cual los actos acusados vulneraron los artículos 128 de la Constitución Política y 19
de la Ley 4 de 1992. Además, es procedente la devolución de los dineros pagados
por concepto de mesadas pensionales, porque en los procedimientos
administrativos adelantados el demandado no actuó de buena fe.
50. Alrespecto, de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, se
encuentra que la competencia de la Sala se delimita a establecer si hay lugar a
declarar la nulidad de los actos demandados por cuanto las prestaciones
reconocidas por Colpensiones y la Ugpp son incompatibles y, de ser así, si es
procedente ordenar la devolución de los dineros pagados de más. En ese orden, se
precisa que no se efectuará pronunciamiento en relación con el régimen con el que
fue reconocida la prestación objeto de discusión, esto es, acerca de la procedencia
de computar tiempos públicos y privados bajo las disposiciones contenidas en el
Decreto 758 de 1990.
51. De acuerdo con el material probatorio allegado al expediente se tiene que el
demandado se encuentra disfrutando las pensiones de jubilación reconocidas por
Colpensiones y la Ugpp, las cuales cubren igual contingencia, esta es
proporcionarle al extrabajador que cumple con los requisitos lo necesario para
subsistir. Así las cosas, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de
esta providencia, se encuentra que estas son incompatibles, puesto que el sistema
pensional no permite que se acceda a una segunda prestación que cubra el riesgo
que ya ha sido amparado, por lo que resulta intrascendente su origen como sí su
finalidad.
52. En consonancia con lo anterior se advierte que a José Ezequiel Roa Acuña le
fueron reconocidas pensiones de jubilación así: i) mediante Resolución 018612 de
29 de agosto de 2003 el ISS le reconoció por el valor de $906.821, efectiva a partir
del 1° de septiembre de 2003, y con la Resolución 010871 de 15 de abril de 2005
27
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
modificó la fecha de causación al 2 de marzo de 2003; y ii) a través de la Resolución
39482 del 10 de agosto de 2006 Cajanal reliquidó la prestación reconocida en
$1.723.465,38, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003. Así las cosas, el
demandado tiene derecho a optar por esta última prestación, puesto que el monto
de la mesada pensional es el más alto.
53. En razón a lo expuesto, se concluye que las pensiones reconocidas por
Colpensiones y la Ugpp al demandado son incompatibles, puesto que las dos tienen
por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de las prestaciones
tienen carácter tripartito, es decir, con aportes realizados por el empleado, su
empleador y con recursos de naturaleza pública, lo cual de conformidad con el
artículo 128 Constitucional las hace incompatibles razón por la cual se revocará la
sentencia de primera instancia. Asimismo, se ordenará a la entidad demandante
que proceda a adelantar las gestiones tendientes a lograr que las cotizaciones que
efectuó durante el periodo que prestó su servicio en el sector privado, financien la
prestación a la que tiene derecho por favorabilidad el demandado.
54. De otra parte, en el recurso de apelación Colpensiones argumentó que es
procedente la devolución de dineros pagados por concepto del reconocimiento
pensional, la Sala resalta que de acuerdo con el artículo 164.1. del CPACA42, en
todos los actos de los particulares y de las autoridades se presume la buena fe,
razón por la cual ha debido probarse que la obtención del derecho prestacional se
hizo con desconocimiento de los postulados de la buena fe.
55. Así las cosas, se concluye que el hecho de haber reclamado a Colpensiones su
derecho prestacional y no haber autorizado la revocatoria de los actos demandados,
no implica un actuar contrario a la ley dirigido a defraudar a la administración, pues
se reitera, en el presente asunto no se probó el actuar doloso o de mala fe por parte
del demandado para obtener el pago de su pensión.
56. Tampoco se desconoce la aptitud legal de José Ezequiel Roa Acuña frente al
reconocimiento pensional, sino que se da como consecuencia de un error de la
entidad que efectuó el reconocimiento, que no es atribuible al demandado.
57. De acuerdo con lo expuesto la Sala revocará la sentencia proferida 12 de mayo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
42 «ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
28
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
Subsección E, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
2.6. Costas
58. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
59. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
60. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.
61. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
62. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
63. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que las pensiones reconocidas
por Colpensiones y la Ugpp al demandado son incompatibles, puesto que las dos
tienen por objeto cubrir igual contingencia y la fuente de financiación de las
prestaciones tienen carácter tripartito, es decir con aportes realizados por el
43
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
29
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
empleado, su empleador y con recursos de naturaleza pública, lo cual de
conformidad con el artículo 128 Constitucional las hace incompatibles.
64. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
que negó las pretensiones de la demanda.
65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Recovar la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la Administradora Colombiana de
Pensiones [Colpensiones] en contra de José Ezequiel Roa Acuña, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:
Segundo. Declarar la nulidad de la Resoluciones 018612 del 29 de agosto de 2003,
mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de jubilación
a José Ezequiel Roa Acuña, y 10871 del 15 de abril de 2005 por la cual la entidad
modificó la fecha de causación de la prestación a partir del 2 de marzo de 2003.
Tercero. Ordenar a Colpensiones que de acuerdo con su competencia, adelante
ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, las actuaciones pertinentes con el fin de que
las cotizaciones para pensión que efectuó José Ezequiel Roa Acuña durante toda
su vida laboral financien la pensión que fue reconocida por la Ugpp, a la cual tiene
derecho por favorabilidad.
Cuarto. Negar las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la
Administradora Colombiana de Pensiones contra José Ezequiel Roa Acuña.
Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.
Sexto. No condenar en costas en esta instancia.
30
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00910-02 (4535-2023)
Demandante: Colpensiones
Séptimo. Declarar que no hay lugar a aplicar el término de caducidad previsto en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
correspondientes en la plataforma SAMAI.
Noveno. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KGO
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