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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00532-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2024-00532-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Nueve (09) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo disciplinario de primera instancia de Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), a través del cual, se le impuso al señor Yesid Fajardo Gamboa, la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 10 años, dentro del proceso disciplinario SIE2D EE-PROD1- 46 Radicación: 2175-2025 Demandante: Yezid Fajardo Gamboa. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. 2022-309 y del fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), que confirmó la decisión primigenia, dada la prescripción de la acción disciplinaria. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reintegrar al señor Yesid Fajardo Gamboa, sin solución de continuidad, al cargo de intendente que venía desempeñando al momento de la destitución; y a pagarle, los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir, de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Procuraduría General de la Nación, eliminar el registro de la sanción de sus bases de datos, especialmente del Sistema de Información para el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, SIRI; que administra la Procuraduría. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: SIN condena en costas en esta instancia. SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2024-00532-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Catorce (14) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2024-00532-01 (2175-2025)1
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Tema: Asuntos disciplinarios
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del Nueve (09) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B2, que
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.
1.La demanda3.
1.1. Pretensiones.

1. El señor Yesid Fajardo Gamboa, actuando por conducto de apoderado
judicial, acudió a esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitó
lo siguiente:

«PRIMERA. - Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo Complejo compuesto por:

1. El fallo de primera instancia emitido el 22 de diciembre de 2023, por el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional – Inspección General y Responsabilidad
Profesional – Oficina De Juzgamiento Procesos Disciplinarios INGER – Despacho,
dentro de la investigación disciplinaria SIE2D EE-PROD1-2022-309, que halló al hoy
Intendente YEZID FAJARDO GAMBOA responsable de transgredir la Ley 1015 de 2006,

1
Expediente electrónico.
2
Magistrados: Alberto Espinosa Bolaños, Luis Gilberto Ortegón Ortegón y José Rodrigo Romero Romero.
3
Expediente digital-Samai-Gestionar documentos-Descargar archivos-Archivo zip 002ED_25000234200020240053-
Documento PDF de nombre: DEMANDA25112024_164942

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

específicamente en su Artículo 34, numeral 30, por abstenerse intencionalmente de
registrar adecuadamente hechos y circunstancias de su función. Como consecuencia,
se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por diez (10) años para
ejercer cualquier función pública.

2. El fallo de segunda instancia expedido el 27 de junio de 2024 por el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional – Inspección General y Responsabilidad
Profesional – Oficina De Juzgamiento Procesos Disciplinarios INGER – Despacho,
dentro de la investigación disciplinaria SIE2D EE-PROD1-2022-309, que confirmó
íntegramente el fallo de primera instancia mencionado, que impuso la sanción de
destitución e inhabilidad general por un periodo de diez (10) años, al hoy intendente
YEZID FAJARDO GAMBOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.379.287,
expedida en Duitama (Boyacá). Notificado el 28 de junio de 2024.

3. La Resolución No. 2890 del 28 de agosto de 2024, expedida por el Director General de
la Policía Nacional por la cual ejecuta la sanción de destitución e inhabilidad general por
un periodo de diez (10) años, impuesta al Intendente YEZID FAJARDO GAMBOA. En
consecuencia, se retira del servicio activo de la Policía Nacional al citado funcionario,
quien queda inhabilitado para ejercer la función pública en cualquier cargo o función por
dicho tiempo y se excluye del escalafón o carrera, de acuerdo con lo establecido en la
parte considerativa del presente acto administrativo. Notificada el 23 de septiembre de
2024.

SEGUNDA- Que, a título de restablecimiento del derecho, consecuente con la anterior
pretensión, se ordene a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL – INSPECCIÓN GENERAL Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL – OFICINA DE
JUZGAMIENTO PROCESOS DISCIPLINARIOS INGER – DESPACHO, oficiar a la Procuraduría
General de La Nación, para que elimine del Sistema de Información de Registro de Sanciones e
Inhabilidades (SIRI), la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez años,
así como los antecedentes que se hayan registrado a nombre de la Intendente YEZID FAJARDO
GAMBOA en su folio de vida y cualquier otro documento interno, derivadas de la investigación
disciplinaria SIE2D EE-PROD1- 2022-309.

TERCERA- Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL a reintegrar al servicio activo de
las Fuerzas Militares – Policía Nacional al Intendente YEZID FAJARDO GAMBOA, al mismo
cargo que venía desempeñando o a uno de igual o de superior de categoría, y sin solución de
continuidad en la prestación del servicio, de tal manera que conserve la antigüedad y orden de
prelación que le correspondía en el escalafón de Suboficiales, de acuerdo al puesto que ocupaba
en el mismo, para el momento en que se produjo su retiro del servicio activo.

CUARTA. – Que se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL, a título de reparación de los perjuicios causados, a reconocer y pagar a favor del
Intendente YEZID FAJARDO GAMBOA y/o quien sus derechos representen, todos los salarios
y prestaciones sociales dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación y hasta que se
haga efectivo el reintegro, incluidos los valores que correspondan a la retroactividad en cada
grado una vez se produzcan los ascensos.

QUINTA. - Que se condene a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL, a título de reparación de los perjuicios causados por daño moral, a reconocer y
pagar a favor del al señor Intendente YEZID FAJARDO GAMBOA y/o quien sus derechos
representen: 1) la suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia o del auto que llegare a aprobar conciliación
judicial, como consecuencia de la emisión del acto administrativo demandado. 2) Por perjuicios
por afectación relevante a bienes o derechos constitucional y convencionalmente protegido: A
realizar medidas de reparación no pecuniarias como la realización de un acto público de
disculpas a la demandante en donde se rectifique la información que se recogió del Intendente
Quijano en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas y a pagar una suma
equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria
de la sentencia.

SEXTA. - Que los pagos referidos se ajusten tomando como base el índice de precios al
consumidor (IPC), desde que ocurren los hechos hasta que se le cumpla la sentencia que le

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

ponga fin al proceso o del auto que llegue a aprobar conciliación judicial, conforme a lo ordenado
en el inciso 4o del artículo 187 del C.P.A.C.A.

SÉPTIMA: Que en caso de que dentro del proceso no quedare establecido el valor de los
perjuicios reclamados por concepto de perjuicios materiales e inmateriales a favor del
demandante, debe ordenarse el trámite incidental de liquidación de perjuicios conforme a los
extremos que se señalen en la sentencia dentro de los términos señalados por el Art. 193 del
C.P.A.C.A.

OCTAVA. – Que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a
pagar los intereses moratorios de ley sobre las cantidades de dinero que resulten en favor del
demandante, desde la fecha de la sentencia en que se ordene hacer el pago hasta aquella en
que efectivamente se realice el mismo.

NOVENA. - Que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a
pagar las costas procesales.

DÉCIMA. - Que se condene a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional a
dar cumplimiento a la sentencia dentro de los términos señalados en los artículos 187, 192 y 195
del C.P.A.C.A. Así como lo dispuesto en el artículo 2.2.3.11.1. del Decreto 1069 de 2015.»

1.2. Hechos.

2. Señaló el apoderado de la parte actora que, el señor Yesid Fajardo Gamboa,
ingresó a la Escuela de Estudios Superiores de la Policía Nacional, el Catorce (14)
de enero de Dos Mil diez (2010), y, mediante la Resolución No. 04057 del Diez (10)
de diciembre del mismo año, fue formalmente vinculado a la institución, en el cargo
de patrullero.

3. El Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), el demandante
participó en un operativo adelantado en el marco de la noticia criminal No.
110016000019201603538, en el cual, se practicó diligencia de allanamiento y
registro, en un inmueble en la ciudad de Bogotá, de propiedad de la señora Evelyn
Robayo Arteaga.

4. En el procedimiento, se incautaron treinta (30) envoltorios que dieron positivo
para cocaína y, posteriormente, la Fiscalía General de la Nación le imputó al
demandante y a otros funcionarios, los delitos de fraude procesal y falsedad
ideológica en documento público, cargos que no aceptó.

5. Indicó que, como consecuencia de estos hechos, la Policía Nacional adelantó
varias indagaciones disciplinarias, que fueron acumuladas en el expediente SIE2D
EE-PROD1-2022-309, dentro del cual, se formuló pliego de cargos el Trece (13) de

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), atribuyéndole la comisión de una falta
gravísima, prevista en el artículo 34, numeral 30, literal e) de la Ley 1015 de 2006,
alusiva a «abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el
deber le impone por razón del servicio, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa
o contraria». El Veintidós (22) de diciembre de dos Mil Veintitrés (2023), la Inspección
General profirió fallo de primera instancia, imponiendo al disciplinado la sanción de
destitución e inhabilidad general, por diez (10) años.

6. Precisó que, El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá, profirió sentencia absolutoria el Treinta (30) de abril de Dos Mil Veinticuatro
(2024), dentro del proceso penal seguido en su contra.

7. Por su parte, la decisión disciplinaria fue confirmada en segunda instancia, el
Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024).

8. Finalmente, expuso que, mediante la Resolución No. 2890 del Veintiocho
(28) de agosto de dos Mil veinticuatro (2024), el director General de la Policía
Nacional ejecutó la sanción, retirando del servicio al demandante, excluyéndolo del
escalafón institucional e inhabilitándolo para ejercer funciones públicas por diez (10)
años, decisión notificada el Veintitrés (23) de septiembre del mismo año.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

9. El demandante invocó como vulneradas las siguientes normas: artículos 1,
2, 4, 13, 29, 90, 125, 217 (inciso 2) y 218 de la Constitución Política; artículo 103 del
CPACA; y, dentro del régimen especial, la Ley 1015 de 2006 (arts. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 19, 20, 34 y 41, además de sus arts. 16 y 58 que remiten al Código
Disciplinario Único). Del Código Disciplinario Único —Ley 734 de 2002— citó, entre
otros, los artículos 5 (antijuridicidad sustancial), 9 (presunción de inocencia), 132,
133, 138 y 144. Respaldó su postura con jurisprudencia del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional (C-178 de 2014; C-712 de 2001; C-495 de 2019).

10. En el concepto de violación, sostuvo que, la sanción disciplinaria se expidió
con desconocimiento del debido proceso y de la igualdad por falta de
individualización de responsabilidades, al imponerse una dosimetría y una

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

motivación idénticas para todos los investigados. Alegó violación del derecho de
postulación probatoria y valoración irregular de las pruebas, porque se fundó la
decisión en entrevistas y actuaciones de policía judicial del proceso penal, que no
tenían la condición de prueba practicada con contradicción; además, afirmó que, no
se realizó una apreciación integral bajo la sana crítica y se presentaron
razonamientos circulares y falacias de petición de principio.

11. Señaló como ejemplos la credibilidad no depurada, la de la propietaria del
inmueble Evelyn Robayo Arteaga, del administrador Germán Barahona Vásquez,
del vigilante Julio César Delgado Ortiz y del fiscal Héctor Harold Ortega Velasco,
así como, la ausencia de soporte documental de afirmaciones relevantes.

12. Indicó que, la autoridad incurrió en falsa motivación y en vicios en la
formación del acto, al afirmar que, el investigado “consignó hechos contrarios a la
verdad”, sin prueba idónea y sin analizar si la conducta afectó la funcionalidad del
Estado, requisito de la ilicitud sustancial conforme a la Ley 1015 de 2006 y al artículo
5 de la Ley 734 de 2002. Recalcó la vigencia de la presunción de inocencia y de la
regla in dubio pro disciplinado (art. 29 C.P., arts. 6 y 7 de la Ley 1015 de 2006 y art.
9 de la Ley 734 de 2002, con apoyo en la Sentencia C-495 de 2019), y adujo que,
la duda razonable debía resolverse a favor del investigado.

13. Finalmente, afirmó que, las irregularidades descritas generaron daño
antijurídico (art. 90 C.P.), pidió la nulidad de los actos sancionatorios y de su
ejecución por desviación de poder y falsa motivación, y resaltó que el control judicial
de los actos disciplinarios es pleno e integral, conforme al artículo 103 del CPACA
y a la jurisprudencia contencioso-administrativa citada.

2. Contestación de la demanda4

14. La apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que, los fallos
disciplinarios proferidos dentro de la investigación No. EE-PROD1-2022-309, fueron

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Índice 00010 de Samai. Primera instancia.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

expedidos conforme a las disposiciones que regulaban el régimen especial aplicable
a los miembros de la institución.

15. Sostuvo que, mediante Comunicación Oficial No. S-2018-227037/SUBIN
GRUIJ del Veinticinco (25) de julio de dos Mil Dieciocho (2018), suscrita por la
capitán Gloria Alejandra Delgadillo Otálora, investigadora criminal de la línea de
delitos contra la administración pública de la SIJIN-MEBOG, se informó sobre la
formulación de imputación en contra del demandante, por los delitos de falsedad
ideológica en documento público en concurso homogéneo sucesivo (2), en
concurso heterogéneo con fraude procesal.

16. Explicó que, una vez conocida la información por parte del operador
disciplinario y en cumplimiento de sus obligaciones legales, se dispuso la apertura
de indagación preliminar y se realizó una visita especial a la Fiscalía 249 Seccional,
donde se adelantaba el proceso penal radicado bajo el número
110016000019201680075.

17. El propósito fue establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los
hechos que comprometían a varios uniformados. En dicho marco, según expuso, se
verificó que el patrullero Yezid Fajardo Gamboa, se desempeñó como investigador
criminal en el Grupo de Investigación Judicial de MEBOG, entre el Seis (6) de mayo
de dos Mil dieciséis (2016) y el Dos (2) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018).

18. Precisó que, con ocasión de las actuaciones adelantadas por el actor y otros
funcionarios, el Fiscal 318 Local de la URI Kennedy, ordenó compulsar copias
penales y disciplinarias, sobre el procedimiento efectuado el Treinta y Uno (31) de
mayo de Dos Mil dieciséis (2016), disponiendo la práctica de entrevistas a través de
policía judicial.

19. Agregó que, la responsabilidad del uniformado en la diligencia de registro y
allanamiento, consistía en la incautación de elementos materiales de prueba,
vinculados con el delito de tráfico de estupefacientes y en la captura de los posibles
autores. No obstante, las pruebas documentales y testimoniales demostraron que,
los funcionarios omitieron registrar la totalidad de la información del procedimiento,
omisión que, dio lugar a la investigación disciplinaria y culminó con la sanción de

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

destitución e inhabilidad general, al tipificarse la conducta como falta gravísima,
conforme a la Ley 1015 de 2006.

20. La entidad propuso como excepción, la denominada «actos administrativos
ajustados a la Constitución, la ley y la jurisprudencia», al estimar que, los fallos
cuestionados se estructuraron bajo los presupuestos de existencia, validez y
eficacia de todo acto administrativo y fueron expedidos por autoridades
competentes, observando las garantías constitucionales, legales y
jurisprudenciales, razón por la cual, gozaban del principio de legalidad.

21. Finalmente, resaltó que, la Corte Constitucional ha señalado que los distintos
regímenes sancionatorios comparten elementos comunes, pero conservan
particularidades que permiten sancionar una misma conducta en ámbitos diversos,
sin que ello desconozca el principio de non bis in ídem. Así, consideró irrelevante
que, por los mismos hechos se hubiera adelantado un proceso en otra jurisdicción
punitiva y que allí se hubiera proferido una absolución o sanción, toda vez que, los
presupuestos de responsabilidad sustancial y procesal, son diferentes.

3. Sentencia de primera instancia5.

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, en sentencia del Nueve (09) de junio de Dos Mil Veinticinco (2025), negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas, con fundamento
en los siguientes argumentos:

23. Frente a la vulneración del debido proceso por falta de individualización de
responsabilidades, el Tribunal sostuvo que, el investigado ejerció su defensa,
interpuso los recursos pertinentes y conoció y controvirtió las pruebas. Concluyó
que el cargo estuvo claramente delimitado para cada policial, pese a que, todos
participaron en la diligencia de allanamiento del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos
Mil Dieciséis (2016), en el inmueble de la carrera 82A No. 6B-30, Casa 20, Conjunto
Residencial Castilla Occidental.

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Índice 00029 de Samai. Primera instancia.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

24. El A-quo señaló que, los fallos disciplinarios individualizaron la conducta y
responsabilidad, analizaron pruebas, descargos y alegatos, calificaron la falta,
evaluaron ilicitud y culpabilidad y motivaron la sanción.

25. Respecto del “esquema genérico de responsabilidad grupal”, consideró que,
no se vulneró el debido proceso, puesto que, la responsabilidad derivó de la
participación conjunta en la diligencia y de la firma de documentos (Acta FPJ-18 e
Informe FPJ-19), cuyo contenido se apartó de la realidad. Por ello, estimó legítimo
imponer la misma sanción a todos, al haberse verificado la comisión de la misma
falta gravísima.

26. Sobre el cuestionamiento al traslado y valoración probatoria, afirmó que, el
traslado de pruebas del proceso penal, se realizó conforme al artículo 135 de la Ley
734 de 2002 (aplicable por remisión del artículo 58 de la Ley 1015 de 2006); las
copias simples resultaron valorables según la jurisprudencia; y que, el actor tuvo
oportunidad de contradicción. Concluyó que, el operador disciplinario valoró
integralmente el acervo probatorio y existieron múltiples testimonios directos
(vigilantes, administrador y miembro del consejo del conjunto) que, acreditaron
inconsistencias entre los hechos observados y lo consignado por los policiales:
existencia de varias maletas no registradas, presencia del inquilino durante el
allanamiento, ausencia del administrador y retiro de elementos no relacionados ni
puestos a disposición de la Fiscalía.

27. Frente a la acusación de insuficiencia probatoria y errores de motivación, la
Sala reiteró que, el propio investigado reconoció su presencia y firma en el acta,
informe y cadena de custodia, y que, las pruebas permitieron tener por demostrada
la consignación de hechos contrarios a la realidad. Precisó además que, la eventual
mención a una presunta manipulación de cámaras, no fundó la imputación ni la
sanción.

28. En cuanto a la ilicitud sustancial, la Sala recordó que, en derecho disciplinario
esta se configuró por la afectación del deber funcional, sin exigir daño material al
Estado. Señaló que, el comportamiento del patrullero lesionó principios del servicio
y la función pública, exigibles con mayor rigor a los miembros de la Policía Nacional,
y que no concurrieron causales de exclusión de responsabilidad.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

29. Frente a la absolución penal, la sentencia de primera instancia reafirmó la
autonomía de las jurisdicciones penal y disciplinaria y sostuvo que, la decisión penal
por duda, no excluyó la responsabilidad disciplinaria, dado el distinto estándar y los
fines propios del ius disciplinario.

30. Finalmente, concluyó que, la autoridad disciplinaria respetó el debido
proceso, observó la legalidad, encuadró la conducta en la falta gravísima, garantizó
defensa y recursos, impuso sanción conforme a lo probado y fijó la inhabilidad
dentro de los límites legales.

4. Recurso de apelación6

31. Inconforme con la decisión de primera instancia, el apoderado de la parte
actora interpuso recurso de apelación, en el que expuso sus motivos de
inconformidad, los cuales, se sintetizan de la siguiente manera:

1. Insuficiencia argumentativa y falta de análisis sustancial

32. El recurrente consideró que, la sentencia apelada careció de motivación
suficiente, porque se limitó a reproducir las conclusiones de la autoridad
disciplinaria, sin desarrollar un examen autónomo. En su criterio, el juez no verificó
la existencia de prueba directa y suficiente de la supuesta falsedad atribuida, omitió
valorar la legalidad del traslado de pruebas sin contradicción efectiva, ignoró la
motivación real del acto y desatendió la existencia de una sentencia penal
absolutoria ejecutoriada. En su criterio, el fallo confundió las garantías formales con
las sustanciales y renunció a ejercer el control de legalidad material, exigido por la
jurisprudencia.

2. Falta de individualización de la conducta y aceptación de responsabilidad
colectiva

33. El apelante sostuvo que, el fallo desconoció el principio de responsabilidad
subjetiva individual, al aceptar la tesis administrativa de una participación funcional

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Índice 00032 de Samai. Primera instancia.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

genérica. Alegó que, la sanción se basó en testimonios indirectos y de oídas, de
personas sin conocimiento directo de los hechos, y que el tribunal no verificó «la
tipicidad sustancial», ni la culpabilidad del disciplinado.

34. Denunció que, la sentencia validó una imputación colectiva sin prueba
individualizada, violando la presunción de inocencia y el principio de tipicidad.
Además, indicó que, el juez no exigió la demostración del dolo o intención de falsear
hechos, equiparando erróneamente la firma del acta, con la autoría del contenido.

3. Omisión en la valoración de la sentencia penal absolutoria ejecutoriada

35. Señaló que, el juez omitió considerar la sentencia penal absolutoria en firme,
proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, que absolvió al señor
Fajardo Gamboa, por falta de prueba suficiente. Dicha absolución, en su opinión,
constituía un elemento probatorio esencial, que desvirtuaba la hipótesis fáctica del
acto sancionatorio. Su falta de valoración, afectó la coherencia del análisis judicial
y vulneró el principio de presunción de inocencia, así como, el deber del juez
contencioso, de ejercer un control integral y garantista.

4. Falta de control sobre el respeto al derecho de defensa y contradicción

36. El recurrente alegó que, el fallo apelado no verificó la vulneración al derecho
de contradicción, pese a que, las pruebas trasladadas desde el proceso penal, no
fueron sometidas a debate efectivo. Indicó que, los principales testimonios no
pudieron ser controvertidos, lo cual, afectó el debido proceso y la defensa material
del disciplinado. Según el apelante, la sentencia se limitó a afirmar genéricamente,
que se respetó el debido proceso, sin examinar las irregularidades sustanciales del
trámite disciplinario.

5. Defecto de motivación sobre la calificación jurídica y la proporcionalidad de
la sanción

37. El apoderado cuestionó la falta de razonamiento del tribunal, sobre la
proporcionalidad de la sanción de destitución e inhabilidad por diez años, la más
gravosa del régimen disciplinario. Sostuvo que, el juez no analizó la existencia del
dolo, la gravedad del hecho, ni la trayectoria del servidor público, y confundió la
legalidad formal de la norma, con su aplicación justa al caso concreto.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Consideró que, el fallo vulneró el principio de legalidad material, al omitir el examen
sobre la necesidad, adecuación y razonabilidad de la sanción impuesta.

6. Desconocimiento del precedente vinculante del Consejo de Estado

38. Finalmente, el apelante denunció que, la sentencia desconoció el precedente
vinculante fijado por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación SU-
00316 de 2016 y 230 de 2019, que establecen el deber del juez contencioso, de
ejercer un control integral y sustancial, sobre los actos disciplinarios.
Indicó que, el tribunal no verificó la suficiencia probatoria, la legalidad de las
pruebas, la motivación del acto ni la proporcionalidad de la sanción, y adoptó una
postura deferente frente a la administración, contraria a la función garantista del juez
administrativo.

39. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
la nulidad de los actos sancionatorios y el restablecimiento de los derechos del
demandante, al estimar que, el fallo apelado incurrió en deficiencias sustanciales de
motivación, desconoció la prueba exculpatoria, vulneró el derecho de defensa y
omitió aplicar el precedente jurisprudencial obligatorio del Consejo de Estado.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

40. Mediante auto del Quince (15) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el
Despacho sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

41. Por auto de Catorce (14) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)8, se dictó auto
de mejor proveer, a efectos que, se allegara la totalidad del expediente disciplinario.

42. Corrido el traslado9 por secretaría de la Corporación, de la prueba
documental allegada, ingresó el proceso a despacho, para dictar sentencia.

7
Expediente digital SAMAI – índice 0004 de Segunda Instancia.
8
Expediente digital SAMAI – índice 0012 de Segunda Instancia.
9
Expediente digital SAMAI – índice 0026 de Segunda Instancia.

11

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

6. Concepto del Ministerio Público10

43. El Ministerio Público al momento de emitir concepto, consideró que, en el sub
judice no existía ausencia de individualización de la conducta imputada, dado que,
el actor —Yesid Fajardo Gamboa— había reconocido, haber suscrito el acta y el
Informe de Registro y Allanamiento del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil
Dieciséis (2016), documentos en los que se consignaron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de la diligencia. Sin embargo, observó que, las actas omitían
la individualización de los ocupantes del inmueble y carecían de constancias sobre
la presencia de testigos civiles o vigilantes, que dieran fe de la actuación. Aun así,
estimó que, los documentos y testimonios aportados, permitían establecer con
claridad, la conducta imputada, enfatizando en que, el pliego de cargos describía
detalladamente los elementos del tipo disciplinario, configurando una falta «grave»
conforme al artículo 34, numeral 30, literal e) de la Ley 1015 de 2006.

44. Adujo que, el disciplinado actuó dolosamente, pues, conocía la ilicitud de su
proceder y decidió ejecutarlo libremente. Indicó que, en su condición de patrullero
con funciones de Policía Judicial, se esperaba de él, el estricto cumplimiento de los
procedimientos legales, por lo que, su conducta vulneró deberes funcionales y
principios de la función pública —transparencia, responsabilidad, moralidad y
lealtad—. De esta forma, la conducta se consideró típica, antijurídica y dolosa.

45. De otra parte, estimó que, no hubo omisión en la valoración integral del
acervo probatorio, porque las pruebas demostraban que el actor consignó hechos
contrarios a la realidad en los formatos de registro y allanamiento, realizados en un
inmueble habitado, donde se hallaron estupefacientes. Los testimonios de la
propietaria, el administrador y los vigilantes del conjunto, permitieron establecer
que, los funcionarios policiales no verificaron la identidad de los residentes y que
incluso se reportaron actos de intimidación hacia testigos. Señaló que, la defensa
no desvirtuó estas conclusiones, ni la posible sustracción de bienes, y que la
valoración probatoria efectuada por los operadores disciplinarios en ambas
instancias, fue exhaustiva y conforme a la sana crítica, sin vulneración del debido
proceso.

10
Expediente digital SAMAI – índice 0010 de Segunda Instancia.

12

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

46. De igual forma, precisó que, la absolución penal proferida por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de Bogotá, no afectaba la responsabilidad disciplinaria.
Explicó que, el proceso penal y el disciplinario eran autónomos, perseguían fines
distintos y se regían por principios diferentes. Mientras el primero exigía certeza
sobre la tipicidad penal, el segundo buscaba garantizar el cumplimiento de los
deberes funcionales del servidor público. En consecuencia, el fallo absolutorio no
desvirtuaba la tipicidad disciplinaria ni eliminaba la ilicitud de la conducta
reprochada.

47. Finalmente, el Ministerio Público concluyó que, el proceso disciplinario se
tramitó conforme al ordenamiento jurídico, y la responsabilidad del actor se
encontraba plenamente acreditada y, en tal sentido, los fundamentos de apelación
carecían de mérito. Por ello, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las súplicas de la demanda.

II. CONSIDERACIONES.
2.1 Competencia.

48. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 11, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico.

49. La Sala deberá determinar lo siguiente:

11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El JUEZ de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

13

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

i) ¿Debe declararse la prescripción de la acción disciplinaria, dispuesta en
el artículo 7 de la Ley 1952 de 2019, en aplicación del principio de
favorabilidad?
ii) De resultar negativa la respuesta al problema jurídico anterior, los fallos
disciplinarios mediante los cuales, se impuso, la sanción de destitución e
inhabilidad general al señor Yezid Fajardo Gamboa, por el término de diez
(10) años, ¿se ajustaron a derecho, o, por el contrario, vulneraron las
garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de
responsabilidad subjetiva individual, al fundarse en una imputación
colectiva sin individualización de la conducta, en una valoración
probatoria insuficiente, y, en una motivación carente de análisis

50. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. síntesis del proceso
disciplinario 2.5. Material probatorio; 2.6. Caso concreto y 2.7. Condena en costas.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Régimen disciplinario de la Policía Nacional.

51. La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 216, que la
fuerza pública está integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La
misma Carta define a la institución policial como un cuerpo armado permanente de
naturaleza civil, cuyo fin fundamental es la conservación del ejercicio de los
derechos y libertades de los habitantes en el territorio nacional. En línea con lo
expuesto, el artículo 218 ibidem facultó al legislador para determinar los regímenes
disciplinarios especiales de dichos servidores del Estado.

52. En virtud de lo anterior, el Legislador expidió la Ley 1015 de 2006, por medio
de la cual, fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y, en el artículo 23,
estableció que son destinatarios: “(…) el personal uniformado escalafonado y los
Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional;
aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio
activo”. A su turno, el artículo 58 ejusdem precisa que, el procedimiento aplicable a

14

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en
la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.

53. En conclusión, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que
adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, aplicarán dicha normativa
en el ámbito sustancial, y la Ley 734 de 2002 en el campo procedimental y
dogmático o, según el caso, la Ley 1952 de 2019, mediante la cual se modificó la
anterior, y que entró en vigor a partir del Veintinueve (29) de Marzo del Dos Mil
Veintidós (2022).

2.3.2. Precedente sobre el control integral de los actos disciplinarios.

54. La Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-00316 de 2016,
estudió la legalidad de las sanciones disciplinarias proferidas por la Procuraduría
General de la Nación en contra de la señora Piedad Esneda Córdoba, proceso en
el que fijó una postura de unificación respecto a los actos proferidos por el ente de
control disciplinario, en el sentido que, corresponde al juez de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa efectuar un control integral de los actos sancionatorios,
precisando:

«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se
entiende bajo los siguientes parámetros: 1) La competencia del juez administrativo es plena,
sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar
a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario
extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La
interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable
judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del
trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo
de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso
administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7)
El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8)
El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.»

55. En adición, la Sala Plena de esta Colegiatura estableció las siguientes reglas:

«Primero: Se unifica el alcance del control judicial de los actos administrativos proferidos
por los titulares de la acción disciplinaria regulada en la Ley 734 de 2002, en los siguientes
términos:
1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo ejerce el control judicial integral de los
actos administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.
2. El control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, constituye el recurso
judicial efectivo en los términos del ordinal 1.º del artículo 25 de la Convención Americana
de (sic) Derechos Humanos.»

15

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

56. Con base en lo expuesto, corresponde a los jueces ejercer un control integral
de los actos administrativos disciplinarios para preservar el orden jurídico en
abstracto, salvaguardar las finalidades de la función pública, así como el interés
general, y garantizar la tutela judicial efectiva de la persona sancionada, siendo un
postulado de la Constitución Política, el respeto de la dignidad humana, el trabajo,
asegurando dentro los fines la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Esta postura, relativa al control integral, ha sido reiteradamente adoptada por la
Sección Segunda de esta Corporación en diversos pronunciamientos, razón por la
cual, en el asunto bajo examen, la Sala también aplicará dicho control integral 12.

2.3.3. Del término de prescripción en materia disciplinaria

57. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Modificado por la Ley 1474 de 2011,
vigente para el momento en que acaecieron las circunstancias fácticas que dieron
lugar a la actuación disciplinaria, consagra lo siguiente:

« La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia
de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria. Este
término empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de su
consumación, para las de carácter permanente o continuado desde la realización del
último hecho o acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto de
apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en
un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente para cada una de
ellas.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique».

58. La Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo13, en sentencia de
Veintinueve (29) de septiembre de Dos mil Nueve (2009), estableció que el término
de prescripción de 5 años se interrumpe con la expedición del acto principal y su
respectiva notificación al disciplinado, por ser este el que define la conducta
investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la voluntad de la

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de fecha 26 de marzo de 2025, proferida en el proceso de
radicado 18001-23-33-000-2015-00321-02 (2849-2019) MP. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de junio de 2025. Rad. 17001-23-33-000-
2019-00613-01 (3704-2021). MP. Jorge Edison Portocarrero Banguera y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 19001-23-33-000-2016-
00356-01 (3059-2017), entre otras.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del Veintinueve (29) de
septiembre de Dos Mil Nueve (2009), radicado No. 11001031500020030044201.

16

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

administración, siendo esta la posición pacífica y unificada que desde dicho
momento ha venido aplicando esta Corporación. Al respecto, sostuvo:

«(…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el
presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación
se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo
y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando
concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se
concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa
contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que
imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es
ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la
administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia
de esta segunda etapa denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del
administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente
procedan contra el acto.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas
por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de
tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda
se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión
sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de
la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se
trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación
administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los
recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último
recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad
sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente,
dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone"
la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las
incidencias del trámite de notificación de las providencias.
En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que el fallo suplicado interpretó
de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las modificaciones que le
introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le otorgó un equivocado
entendimiento al considerar el alcance del término de prescripción de la acción
administrativa disciplinaria hasta comprendida la notificación del acto administrativo
que resuelve el último recurso de la vía gubernativa. Por el contrario, imponer la
sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5) años contados a partir del último
acto constitutivo de la falta, significa que, como máximo, dentro de dicho plazo debe
la autoridad pública expedir y notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto
primigenio que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.
(…)».

17

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

59. Pese a que dicha providencia fue proferida en el año 2009, en vigencia de la
modificación efectuada bajo la Ley 1474 de 2011, continuó aplicándose, a efectos
de contar los 5 años del término de prescripción, desde el auto de apertura de la
investigación disciplinaria, hasta el fallo disciplinario de primera instancia.

60. Ahora bien, la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, reguló
el término de prescripción de la acción disciplinaria, disponiendo:

«La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando
haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá
con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se
producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

61. De igual manera, la Ley 2094 de 2021, estableció en el parágrafo 2 del
artículo 73 que, el término prescriptivo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, entraría
en vigencia transcurridos treinta meses a partir de su promulgación, esto es, desde
el 29 de diciembre de 2023.

62. En cuanto a la aplicación del término prescriptivo contenido en las normas
referenciadas, a los miembros de la Fuerza Pública, tanto la Ley 1015 de 2006, en
su artículo 32, como la Ley 2196 de 2022, en el artículo 43, consagran una remisión
expresa al Código Disciplinario Único o al Código General Disciplinario, por lo que
deben atenderse dichos términos.

2.4 Síntesis del proceso disciplinario

18

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

63. La Inspección General de la Policía Nacional, a través del Área de Asuntos
Internos, mediante auto del Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Dieciocho
(2018), dispuso la apertura de indagación preliminar en contra de personal policial
por establecer, con ocasión de las posibles irregularidades cometidas durante
la diligencia de allanamiento y registro realizada el Treinta y Uno (31) de mayo de
Dos Mil Dieciséis (2016), en el inmueble ubicado en la Carrera 82A No. 6B–30,
Casa 20, Conjunto Residencial Castilla Occidental, en la ciudad de Bogotá.

64. Dicha actuación, tuvo origen en la compulsa de copias ordenada por la
Fiscalía 318 URI Kennedy, luego de advertirse inconsistencias entre lo consignado
en el Acta de Registro y Allanamiento FPJ-18, elaborada por la SIJIN MEBOG –
Grupo de Estupefacientes, y los testimonios recaudados por esa misma Fiscalía.
Según estos, en el acta se registró que, el inmueble se encontraba vacío se había
incautado una maleta con 30 envoltorios de cocaína, cuando en realidad, habría
personas en el lugar y se retiraron otros elementos no puestos a disposición de la
autoridad competente.

65. Con fundamento en los resultados de la indagación penal y en los informes
de la Policía Judicial, mediante auto del Cuatro (4) de abril de Dos Mil Diecinueve
(2019), el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección
General, ordenó la apertura formal de investigación disciplinaria, en contra de diez
miembros de la SIJIN-MEBOG, entre ellos, el patrullero Yezid Fajardo Gamboa, por
su presunta participación en los hechos.

66. Posteriormente, mediante pliego de cargos del Trece (13) de febrero de Dos
Mil Veintitrés (2023), la Oficina de Instrucción de Procesos Disciplinarios, formuló
imputación a los investigados, atribuyéndoles la falta gravísima prevista en el literal
e), numeral 30, del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, «Respecto de documentos.
Literal e) abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el
deber le impone por razón de cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o
contraria», conducta calificada como dolosa, en atención al grado de conocimiento
y funciones desempeñadas, por no registrarse en el acta de registro y allanamiento,
del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), de manera completa,
los hallazgos de la diligencia.

19

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

67. El Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), la Oficina de
Juzgamiento de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia, profirió fallo,
declarando disciplinariamente responsable al señor Yezid Fajardo Gamboa, por
incurrir en la falta atribuida, y, le impuso la sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de diez (10) años, al considerar acreditado que, suscribió el
acta del allanamiento, pese a contener información inexacta sobre los hechos y
circunstancias de la diligencia.

68. Contra dicha decisión, el disciplinado interpuso recurso de apelación, el cual,
fue resuelto mediante fallo de segunda instancia, del Veintisiete (27) de junio de Dos
Mil Veinticuatro (2024), por la Oficina de Juzgamiento de Procesos Disciplinarios
INGER de la Inspección General de la Policía Nacional, ratificando la existencia de
responsabilidad disciplinaria y confirmando la sanción impuesta.

69. Finalmente, la Resolución No. 2890 del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Veinticuatro (2024), dispuso la ejecución de la sanción de destitución del servicio
activo y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por diez años, así como, la
remisión de copia de la decisión, a la hoja de vida del disciplinado y su registro ante
la Procuraduría General de la Nación.

2.5 Material probatorio

70. Al proceso se allegaron las siguientes pruebas relevantes14:

• Copia del reporte de iniciación de Treinta y uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se le informó a la Fiscalía en turno URI Kennedy, sobre la
solicitud de allanamiento y registro a un inmueble, en dicho informe se relaciona: el
delito, el lugar de los hechos, la narración de los hechos, las diligencias adelantadas, el
alcance de la orden de allanamiento y registro y los anexos, así como el registro
fotográfico15.

• Copia de la orden de allanamiento y registro, retención de correspondencia de Treinta
y uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), emitida por la Fiscalía 318 AURI de
Bogotá y suscrita por el Fiscal Héctor Harold Ortega Velasco, mediante la cual, se
autorizó el ingreso al inmueble ubicado en la Carrera 82A N.º 6B-30, Casa 20, Conjunto
Residencial Castilla Occidental, con el fin de incautar elementos materiales probatorios
relacionados con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376
C.P.), y capturar en flagrancia a quienes se encontraran en el lugar. La diligencia fue

14
Se precisa que el proceso disciplinario fue adelantado paralelamente en contra de varios uniformados de la Policía Nacional
no obstante, en la relación de pruebas se hará especial énfasis en lo relacionado con el señor Yezid Fajardo Gambioa, por
ser el caso que ocupa la atención de la Sala.
15
Ver folios 25 a 32 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que
reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia.

20

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

sustentada con información de fuente humana confiable y ejecutada por la SIJIN
MEBOG – Grupo de Estupefacientes, bajo la responsabilidad del Patrullero Javier
Morales Samaca, dentro de un operativo que tenía por objeto, desarticular un punto de
expendio de drogas que afectaba la seguridad y convivencia del sector16.

• Copia del Acta de Registro y Allanamiento FPJ-18, de Treinta y uno (31) de mayo de
Dos Mil Dieciséis (2016), elaborada por la Policía Judicial (SIJIN MEBOG) en
cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía 318 Local de Bogotá, dentro de un
procedimiento en flagrancia relacionado con el delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes17.

• Copia del formato investigador de campo-FPJ11- de Treinta y uno (31) de mayo de Dos
Mil Dieciséis (2016), en el que se indicó lo siguiente18:

«DESCRIPCIÓN de P.I.P.H, se recibe DEL MATERIAL de parte INCAUTADO: En las
instalaciones de la Uri Ciudad Bolívar, exactamente en la oficina custodia debidamente rotulada,
del señor investigador(a): PT. JAVIER MORALES SAMACA de la SIJIN, En cadena de una
maleta de viaje en lona color negro marca AIR PREMIUM que contiene en su color interior gris,
TREINTA contentivas (30) envolturas de una sustancia de forma rectangular en plástico
transparente, caucho de color negro, cinta sólida, pulverulenta de color blanco. SE toma color,
muestra y apariencia, a cada una de las envolturas. El grupo de sustancias son de características
similares de: estado físico, color y apariencia.

PESO BRUTO CON LA MALETA: TREINTAY SIETE MIL SEICIENTOS CINCUENTA GRAMOS
PESO BRUTO: TREINTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS GRAMOS (33.800) (37.650) PESO
NETO: TREINTA MIL CIEN GRAMOS (30.100)

CADENA DE CUSTODIA. Los elementos materiales probatorios y evidencia física
permanecieron en custodia desde su inicio en la oficina de P.I.P.H, de la grumo, y una vez se
realizó la prueba de campo, es entregado al investigador para ser enviado el remanente
(sobrante) de las sustancia analizada preliminarmente, al almacén transitorio de evidencias
correspondiente, como consta en el registro de cadena de custodia y rotulo con un peso de
(34.000) gramos (con el embalaje)» (sic)

• Copia del acta de incautación de elementos, del Treinta y uno (31) de mayo de
Dos Mil Dieciséis (2016)19.

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cuatro (4) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se consignó lo dicho por el señor Luis Armando Riaño
Castañeda, en calidad de guarda de seguridad, el relato se presentó en los siguientes
términos20:

«[…]: yo me desempeño como guarda de seguridad como portero del conjunto residencial
Castilla occidental desde hace 15 días , el día 03-06 de 2016 llegue a las 6 am a recibir turno
en la portería cuando aproximadamente a las 09:50 am llegaron tres personas vestidas de
civil y preguntaron por el administrador y como no estaba llame a la señora del consejo
Constanza, quien salió y hablo con los tres policías, y autorizo que los policías observaran
los videos, estuvieron viendo los videos y metieron una memoria usb y pasaron el video
posterior a esto observo que reiniciaron el sistema y de ahí se fueron. El día 04 de junio
llega un técnico de sistemas de la empresa de seguridad duke a verificar los videos y manifiesta
que habían formateado todo. […]» (sic)

16
Ver folios 33 a 39 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que
reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia.
17
Ver folios 40 a 42 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que
reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia
18
Ver folios 46 y 47 ibidem.
19
Ver folio 43 ibidem.
20
Ver folios 56 y 57 ibidem.

21

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cuatro (4) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se consignó lo dicho por el señor Germán Baraona Vásquez,
en calidad de administrador del conjunto Castilla Occidental, el relato se presentó en los
siguientes términos21:

«[…] El día de los hechos del allanamiento que se originó en el conjunto yo me encontraba en
mi oficina en las horas de la tarde en compañía de las señoras consejeras doña Constanza, doña
Dora y doña Mireya y doña Janeth, cuando nos informó la vigilancia que venían a hacer un
allanamiento, yo les manifesté que miraran lo que traían y que procedieran porque que no nos
podíamos oponer a una orden de la justicia, acto seguido les informé que llamaran al cuadrante,
el cuadrante vino y se apersonó de los hechos, nunca vi que hicieron como se movieron siempre
estuve en mi oficina. Posteriormente vino una mujer Policía uniformada por parte del cuadrante
y me solicitó mi número de cédula, yo le dije que por qué si no me habían tomado en
consideración en el allanamiento y ella dijo que era parte del procedimiento, después un señor
llenó una hoja y mostró una hoja para que mirara el nombre del fiscal el cual anoté en un
cuaderno. En el día de ayer 3 de junio me colocaron en WhatsApp la consejera Constanza:
“acérquese al medio día lo vi, la llamé para informarle sobre el allanamiento” y ella me dijo que
habían unos señores de la sijin que iban a mirar unos videos de ella había autorizado, cuando
llegué a las 14:00 pregunté si había técnicos y que si ellos habían llegado me dijeron que sí y se
habían llevado los videos, entonces quería mirar en los videos que era lo que había pasado al
momento del allanamiento, cuando entré al programa de video, me di cuenta que no tenía
información, procedí a llamar a los técnicos de la vigilancia para que me revisaran que habían
hecho y ellos me dijeron que habían formateado y habían borrado toda la información. Me parece
que en la forma que vinieron a observar no hicieron procedimiento correcto, no dejaron ni nombre
ni nada PREGUNTADO: Manifieste a esta unidad de Policía Judicial si tiene conocimiento si los
inquilinos estaban el día del allanamiento en la residencia. CONTESTADO: No sé.
PREGUNTADO: Manifieste a esta unidad de policía judicial si al momento de salir a las 6 de la
tarde de su oficina observó algún vehículo policial.
CONTESTADO: Estaba la patrulla del cuadrante una moto. PREGUNTADO: Manifieste a esta
unidad de policía judicial quién llamó al cuadrante y cuál es el cuadrante de esta jurisdicción.
CONTESTADO: Por instrucción mía lo llamó el señor de la vigilancia eso fue por confianza de
lo que estaban haciendo, es el cuadrante 32 creo. PREGUNTADO: Manifieste si en algún
momento manifestó no querer firmar la diligencia de registro y allanamiento.
CONTESTADO: Yo nunca la vi, solo la señorita que vino con el cuadrante me pidió el número
de cédula. PREGUNTADO: Manifieste a esta unidad de Policía Judicial si usted le informó a
alguien de este procedimiento. CONTESTADO: Tomamos la decisión de llamar a la dueña de la
casa e informarle que se había realizado el procedimiento de allanamiento lo hice en calidad de
administradora, no ese día no contestó y me llamó al día siguiente para preguntarme qué había
pasado. PREGUNTADO: Manifieste a esta unidad de policía judicial quién es la dueña de la
casa. CONTESTADO: Una señora Evelyn Robayo. PREGUNTADO: Manifieste a esta unidad
de Policía Judicial si días después del paso con los inquilinos. CONTESTADO: No sé, no los
volví a ver. Pero se me hizo raro que ayer estuviera gente de la SIJIN acá. PREGUNTADO:
Manifieste a esta unidad de policía si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la
presente diligencia de entrevista.[…] » (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cuatro (4) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se consignó lo dicho por el señor Julio César Delgado Ortiz,
en calidad de guarda de seguridad, el relato se presentó en los siguientes términos22:

«[…] Yo me desempeño como guarda de seguridad, como portero del conjunto residencial
Castilla Occidental desde hace 7 meses; para el día 31 de mayo de 2016 me encontraba
prestando turno desde las 06:00 a.m. aproximadamente, a las 04:04 p.m. llega una patrulla y se
para en la entrada del parqueadero vehicular y se baja de la patrulla una femenina, quien me
dice que viene a hacer una verificación de unas placas de unos vehículos y me retiene la puerta
abierta para darle acceso a un personal que venía de civil, quienes venían identificados como
de la SIJIN. Seguido a esto ingresa otro individuo con un papel en la mano y dice que tenía una
orden de allanamiento para la casa número 20, yo le pido el favor que le muestre esa orden a
don Germán, el sujeto se marcha y dice: “Bueno, ahorita que termine el procedimiento se la
muestra a don Germán”. Seguidamente ingresan hasta la casa número 20, al ver que no les

21
Ver folios 65 a 67 ibidem.
22
Ver folios 115 a 117 ibidem.

22

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

abren, salen dos policías y traen un aparato de violentar las puertas, se escucha el golpe fuerte
de la puerta y logran ingresar, supongo. Durante el tiempo que estuvieron allá le decían a la
gente que se retiraran de esa casa. Y luego realizan el procedimiento, yo entrego turno y ellos
aún siguen realizando el allanamiento. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial
si usted conoce a los moradores de la casa número 20. Contestado: Conocerlos como tal los
tengo presentes porque ellos tomaron esa casa en arriendo hace poco; sé que uno se llama
René y la señora Liliana, del otro señor no sé. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía
judicial si usted el día del allanamiento logró observar a los moradores de la casa número 20.
Contestado: Cerca de la una de la tarde observé que entró don René con tres tipos más, y
durante mi servicio en la tarde nunca logré observar que salieran. Preguntado: Manifieste a esta
unidad de policía judicial si usted observaba comportamientos extraños por parte de los
moradores de la casa número 20. Contestado: Lo que observaba extraño en el transcurso de
estos meses es que a esa casa, donde don René, ingresaban constantemente grupos de cuatro
o cinco hombres, quienes llegaban en vehículos e ingresaban. Preguntado: Manifieste a este
despacho si desea agregar, enmendar o corregir algo más a la presente diligencia. Respondió:
Sí, deseo agregar que en el transcurso de mi turno logré observar que los policías de civil sacan
varias maletas de rodachinas de viaje, sacan un total de cuatro maletas, eso en mi turno, pero
mi compañero Cristian Cruz me informa al día siguiente que los policías sacaron más maletas y
cuadros y que habían sacado a don René, pero no me dijo nada de los otros tres tipos que
entraron con don René, porque no los vio cuando entraron. […]» (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cuatro (4) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se consignó lo dicho por el señor Joseliter Castiblanco Pinzón,
en calidad de guarda de seguridad, el relato se presentó en los siguientes términos23:
-
«[….] Yo me desempeño como guarda de seguridad como re corredor del conjunto residencial
Castilla Occidental desde hace 3 meses y medio; para el día 31 de mayo llegué
aproximadamente a las seis de la tarde, al ingresar al conjunto logro observar un grupo de
policías frente de la casa número 20, y al ver eso le pregunto a mi compañero Julio Delgado que
qué estaba pasando, me dijo que estaban haciendo un allanamiento en la casa número 20;
posterior a esto ingresé a cambiarme, recibí turno y luego dentro una patrulla antiexplosivos en
una panel que decía antiexplosivos y dos señores policías con bata blanca ingresan dos maletas
al panel, la verdad no logré observar si eran más maletas ya que me ocupé en ese momento,
posterior sale la panel del conjunto y yo me retiré a realizar mi recorrido y atender la gente y
vehículos que ingresan. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted logra
observar cuántos policías ingresaron al conjunto residencial. Contestado: No realmente no, pero
tenían chaquetas verdes de policía. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si
usted distinguía a los moradores del casa número 20. Respondió: No los tenía muy presentes.
Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted recuerda los policías que
realizaron el allanamiento el día 31 de mayo de 2016 en la casa número 20. Contestado: La
verdad muy poco. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si ha vuelto a
observar policías dentro del conjunto residencial. Contestado: Sí, el día 03 de junio de 2016
llegan al conjunto tres personas de civil quienes se identifican como policías de la SIJIN y nos
dejan ver los carnets, seguidamente preguntan por el administrador, al preguntarle que para qué
sería, nos dicen a mí y a mi compañero Luis Riaño que necesitaban mirar los videos de lo que
había pasado en la casa 20 y como el señor administrador no estaba llamamos a una señora del
consejo de nombre Constanza y ella habló con ellos y posterior a esto nos autoriza para que le
dejáramos ver los videos a los policías, yo logré observar que metían una memoria al aparato
donde graba, pasaron unos minutos y se marcharon. Preguntado: Manifieste a este despacho
si desea agregar, enmendar o corregir algo más a la presente diligencia. Respondió: Sí señor,
el día 04 de junio de 2016 llega el señor Arcel Candia quien es el técnico de cámaras de la
empresa de seguridad, dijo que Don Germán lo había llamado, llegó a observar los videos ya
que Don Germán lo había llamado. No más.» (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cuatro (4) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual se consignó lo dicho por el señor Cristian Andrés Cruz Ortega,
en calidad de guarda de seguridad, el relato se presentó en los siguientes términos24:

23
Ver folios 133 y 136 ibidem.
24
Ver folios 133 y 136 ibidem.

23

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

«[…] Yo me desempeño como guarda de seguridad, como portero del conjunto residencial
Castilla Occidental desde hace 3 meses; para el día 31 de mayo llegué aproximadamente a las
seis de la tarde, al ingresar al conjunto logro observar un grupo de policías frente de la casa
número 20, posterior a esto me cambié y le recibí el servicio a mi compañero, tiempo después
logro observar que llega una camioneta tipo panel de la policía e ingresa al parqueadero, luego
se bajan dos policías con batas blancas, ingresan al conjunto y llegan hasta la casa 20, como 15
o 20 minutos después salen con una maleta de roda chines, la echan a la camioneta y se van;
tiempo después observo que una mujer policía completamente uniformada saca una maleta de
roda chines pero no logró observar dónde la hecho, luego sale otro policía uniformado sin nada
y se para en la parte de afuera del conjunto, tiempo después observó que sale un grupo de
personas que llevaban a don René quien es el morador de la casa 20, en ese grupo llevaban
dos cuadros, uno los policías y el otro don René, y salen todos, se quedan parados en la calle
en frente del conjunto. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted
reconocería mediante fotografías al morador de la casa 20, el que según usted salió con un
cuadro en la mano junto con los policías. Contestado: Sí, a don René claro, y como dije, él salió
en medio de los policías y el cuadro lo llevaba en sus manos cuando salió. Preguntado:
Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted distinguía a los moradores de la casa número
20. Respondió: Sí, claro, por los que veía ingresar y saludar; eran una señora y el señor René.
Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted recuerda los policías que
realizaron el allanamiento el día 31 de mayo de 2016 en la casa número 20. Contestado: Más
o menos, porque eran varios policías. […].» (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Cinco (5) de junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), mediante el cual, se consignó lo dicho por la señora Norma Constanza Castro,
en calidad de miembro del consejo del Conjunto Residencial de Castilla Occidental, el
relato se presentó en los siguientes términos25:

«[…] El martes 31 de mayo yo me encontraba reunida en la administración con varias personas
del consejo y el administrador. Salí a solicitar una silla al guarda de seguridad, más o menos a
las 4 y 5 minutos de la tarde llegó una patrulla, sosteniendo la puerta de la entrada con la excusa
de revisar unas placas de los carros, y al momento empiezan a ingresar como cuatro personas
de civil y dijeron que eran de la SIJIN; uno de ellos dice que vienen a hacer una orden de
allanamiento y se dirigen a la casa 20. El guarda de seguridad les solicitó un documento para
verificar la información y uno de ellos le dice que después de intervenir la casa con mucho gusto
le mostraba la documentación, entonces yo regreso a la oficina y le comento al administrador y
el administrador dice que si podían hacer eso y que estaban en todo su derecho de hacer el
procedimiento. Las otras personas que estaban conmigo en la oficina del consejo salimos a mirar
qué era lo que estaba pasando y observamos que unas personas de civil empezaron a golpear
la puerta con un tubo grueso, ellos abrieron y entraron a la casa, y de ahí no vimos más porque
nos devolvimos a la reunión en la administración. Seguidamente, llega uno de la administración
y llegan uno de los policías de civil a mostrarle al administrador, diciendo que era la orden de
allanamiento del fiscal. El fiscal que iba con ellos no podía dejar ningún documento, nosotros
seguimos en la reunión y terminamos la reunión, y salimos a mirar y la policía seguía en el
conjunto, al parecer ya habían salido pero el guarda nos dijo que no, que estaban en la casa
procediendo todavía. Y el día 3 de junio más o menos a las 3 de la tarde me llaman de la portería
a mi casa que había unas señoras de la SIJIN y me acerqué a la portería; dos de los policías
que había visto el día del allanamiento, uno me preguntó quién tenía los controles de las cámaras
de seguridad y se retienen a la información, y yo les dije que yo no tenía los controles, que eso
lo manejaba el administrador, y ellos me pidieron que los dejara observar los videos para verificar
el día del allanamiento; yo autoricé, y les pedí el favor que me dejaran revisar también y se
sentaron a mirar, y al momento de colocarlos no se observaba nada. Luego el policía me dice
que eso se formateó o que se borró la información, y me pidió el teléfono del técnico de las
cámaras; le di el número del técnico, lo llamaron y él les dijo que no sabía nada porque no había
manipulado los equipos. Yo les dije que ese día se habían llevado los videos, entonces el señor
me dijo que ellos no los habían recogido; ahí fue cuando me pareció raro y le informé al
administrador lo sucedido. Luego llegó el técnico de las cámaras y revisó el DVR, pero no había
nada. Posteriormente llamé al cuadrante, quien se comunicó con la SIJIN, y que era urgente;
también le dije a los guardas que llamaran al supervisor. Los policías entraron de una y se
pusieron a mirar en el computador, y ya no vi más. Me fui para la casa y no supe nada más.
Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si usted logra observar cuántos policías

25
Ver folios 123 a 126 ibidem.

24

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

ingresaron al conjunto residencial el día del allanamiento. Contestado: Sí, vi dos policías
uniformados y como diez de civil. Preguntado: Manifieste a esta unidad de policía judicial si
usted distinguía a los moradores de la casa número 20. Respondió: No. Preguntado: Manifieste
a esta unidad de policía judicial si usted reconocería a los policías que vinieron el día del
allanamiento por medio de fotografías. Contestado: Sí. Preguntado: Manifieste a esta unidad
de policía judicial si usted reconocería a los policías que vinieron el día 3 de junio a mirar las
cámaras por medio de fotografías. Contestado: Sí. Preguntado: Manifieste a esta unidad de
policía judicial si tiene conocimiento si los policías que vinieron al allanamiento sacaron algo o
se llevaron alguna persona retenida. Contestado: No sé. […]» (sic)

• Copia del informe de Informe de Policía Judicial – Investigador de Campo FPJ-11,
elaborado el Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016) por los policiales TE
Gloria Alejandra Delgadillo O. y PT Óscar Fernando Peña Rincón, adscritos a la SIJIN
– Policía Metropolitana de Bogotá, con destino a la Fiscalía 312 Seccional URI
Kennedy26.

El propósito del informe consistió en rendir cuenta de las actividades de verificación e
investigación, relacionadas con el procedimiento de registro y allanamiento practicado
el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), en la Casa No. 20 del
Conjunto Residencial Castilla Occidental, ubicado en la carrera 82 No. 68-30, Bogotá.
En el que se detalló como resultado de la actividad investigativa lo siguiente27:

El equipo investigador adelantó diligencias de entrevista con las personas que tuvieron
conocimiento directo o indirecto de los hechos materia de investigación, entre ellas los
guardas de seguridad, el administrador y la propietaria del inmueble. En el desarrollo de
las diligencias se dejó constancia de que el ingreso de los uniformados a la vivienda se
produjo en horas de la tarde, previa autorización del administrador del conjunto, y que
los intervinientes se identificaron como miembros de la Policía Judicial28.

Del contenido del informe se destacan los siguientes apartes literales29:

Entrevista a Josélister Castiblanco Pinzón, guarda de seguridad: “Llegó un grupo de
policías, pero no fue posible ingresar ya que los guardas no tenían autorización. Más
tarde, el administrador autorizó el ingreso. (…) Los policías ingresaron con una orden y
con personal uniformado.”

Entrevista a Luis Armando Riaño Castañeda, guarda de portería): “Llegaron tres
personas vestidas de civil, manifestaron ser de la Policía Judicial y solicitaron los videos
del día del allanamiento.”

Declaración de Norma Constanza Castro Charry, administradora del conjunto: “Llega
una patrulla con la excusa de revisar unas placas, y de repente ingresan manifestando
tener orden de allanamiento. (…) Luego de ingresar a la casa 20, a los 20 minutos salen
con una maleta de ruedas china.”

Testimonio de Cristian Andrés Cruz Ortega, guarda de seguridad: Testimonio de
Cristian Andrés Cruz Ortega, guarda de seguridad: “Los policías ingresaron y salieron
con una maleta de ruedas tipo china”

26
Ver folios 63 a 69 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que
reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia.
27
Ibidem.
28
Ibidem.
29
Ibidem.

25

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Declaración de Germán Barahona Vásquez, administrador del conjunto:
“Posteriormente, los policías solicitaron los videos del sistema de seguridad. (…) No se
les entregaron ese día porque había que formatear la memoria.”

• Copia del informe de investigador de campo -FPJ-11- del Dieciséis (16) de agosto de
Dos Mil Dieciséis (2016), por medio del cual, la Policía Nacional rindió informe con
destino a la Fiscalía 2176 Seccional de Administración Pública, allí se registraron los
resultados de la actividad investigativa realizada de la siguiente manera30:

«Entrevistar al técnico en videos del conjunto residencial Castilla Occidental y que se presentó
en dicho conjunto con el fin de verificar los videos existentes.

Mediante trabajo de calle indagar el nombre de la presunta testigo de los hechos y quien tiene
una tienda dentro del conjunto Castilla Occidental con el fin que rinda declaración juramentada
ante esta Fiscalía.

Obtener las investigaciones disciplinarias en trámite que surtan en contra de los agentes de la
policía nacional que intervinieron en la diligencia de registro de allanamiento realizado el 31 de
mayo de la presente anualidad, al inmueble ubicado en la carrera 82ª número 6b-30 conjunto
residencial castilla occidental casa 20, miembros de la policía nacional pertenecientes a la SIJIN
MEBOG como son los señores MY DUQUE ESTRADA MAURICIO EMILIO, SI AVILA CASTRO
DIEGO FERNANDO, PT BALLESTEROS LOPEZ FABIO ALEJANDRO, PT CORREA URIBE
WILMART, PT FAJARDO GAMBOA YESID, PT GARCIA BARRERA STEVE GIOVANNY, PT
LONDOÑO MALDONADO EDWIN, PT MAURICIO MORALES SAMACA JAVIER PT QUIJANO
RODRIGUEZ STEVEN Y PT SALAZAR PULIDO VICTOR ANDRES, igualmente los
antecedentes penales de los antes mencionados.

Realizar entrevista al fiscal que ordena la diligencia de registro y allanamiento DR HECTOR
HAROLD ORTEGA VELASCО

Solicitar antecedentes penales de la Señora ANDREA LILIANA CHAVARRO ALVAREZ y de su
compañero sentimental RENE RAMOS JEREZ quienes Vivian en el inmueble ubicado en la
carrera 82a numero 6B-30 conjunto residencial castilla occidental casa número 20.

Indagar en la Empresa de Montajes y Estructuras y Diseño Arquitectónico Metal Lógica LTDA si
la Señora ANDREA LILIANA CHAVARRO ALVAREZ labora en dicha empresa y mediante
inspección judicial obtener el soporte.

Indagar si a la droga que estaba en el almacén de evidencias de la Uri Kennedy se le hizo la
prueba de PIPH en caso afirmativo obtener resultados de la misma y determinar si ya fue
destruida.

Resultados de la actividad investigativa (Descripción clara y precisa de los resultados)

Con el fin de poder realizar entrevista a quien en su momento técnico de videos de la empresa
de razón social DUKE seguridad quien pertenece al departamento de operaciones y quien
revisara las cámaras de seguridad del conjunto residencial Castilla Occidental se ha tratado de
ubicar en varias ocasiones por intermedio del señor supervisor de dicha empresa al abonado
telefónico quien nos ha manifestado que quien reviso las cámaras se encuentra fuera de la
ciudad y no tienen el número telefónico.

(…)

Por tal motivo para el día 27 de julio de 2016 siendo las 16 horas se realiza diligencia de
entrevista en las instalaciones de la URI KENNEDY ubicada en la Cra 69 numero 36-70 al Señor
HECTOR HAROLD ORTEGA VELASCO cédula de ciudadanía 79396366 de Bogotá de edad 49
años quien se desempeña como fiscal 318 URI KENNEDY y efectivamente es quien ordena y

30
Folios 70 a 74 ibidem.

26

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

legaliza la diligencia de registro y allanamiento motivo de investigación y quien manifestó lo
siguiente:

El día 31 de mayo del presente año se llevó a cabo una diligencia de allanamiento y registro tras
solicitud efectuada por la policía nacional liderada por el Patrullero JAVIER MORALES SAMACA
adscrito a la SIJIN tras orden emanada y materializada el mismo día por el presunto delito de
tráfico fabricación o porte de estupefacientes, según el acta de registro y allanamiento de esa
fecha estuvieron presentes en el inmueble de la carrera 82ª número 6b-30 casa 20 del conjunto
residencial Castilla Occidental del barrio ciudad techo 2 localidad KENNEDY, diez policiales
encabezados por el mayor duque estrada, subintendente AVILA CASTRO y los patrulleros
GACIA BARRERA, LOMDOÑO MALDONADO, BALLESTEROS LOPEZ, MORALES SAMACA,
CORREA URIBE, SALAZAR PULIDO, QUIJANO RODRIGUEZ Y FAJARDO GAMBOA.

Como
las personas que se habían hecho presente en dicho lugar y realizado todo el operativo dentro
del cual se incautó una maleta con treinta contenedores de una sustancia que tras prueba de
PIPH arrojo un peso positivo neto para cocaína de 30.100 gramos aproximadamente y dentro
del informe rendido se informo que no hubo capturados y que la diligencia había sido atendida
por el administrador del conjunto Señor GERMAN BARAHONA VASQUEZ. dentro del término
de ley se legalizo la orden de allanamiento y registro del procedimiento y la legalización de la
incautación con fines de comiso y destrucción ante un Juez de Control de Garantías de la URI
de KENNEDY, creo que fue ante el Juez Noveno de garantías, al día siguiente del allanamiento
es decir el primero de junio de 2016 sobre las 14:20 horas se hizo presente ante mí una Señora
de Nombre EVELYN ROBAYO ARTEAGA quien manifestó ser al propietaria del inmueble
allanado quien manifestó su preocupación ante lo acontecido le explique los pormenores al tema
y ella me allego fotocopia autenticada del contrato de arrendamiento, fotocopia de las cedula de
ciudadanía de los inquilinos y demás documentos con los cuales ella arrendo, manifestándome
que ella tenía conocimiento que los inquilinos Señora LILIANA CHAVARRO ALVAREZ y Señor
RENE RAMOS JEREZ_estuvieron presentes al momento en que los policías prenombrados
materializaron el operativo por parte de la policía nacional, tan así que delante mío llamo al señor
ramos jerez vía celular al abonado 3115960332, puso el altavoz у escuche que este señor había
ayudado a los policiales a sacar varias maletas del inmueble para subirlos a otros vehículos, e
inclusive dijo que los policiales se habían llevado varios cuadros costosos sin precisar cantidad
ni precio, dicha señora me pidió permiso para ir a sacar copias autenticadas de dichos
documentos razón por la cual mientras que ella volvía yo informe inmediatamente tal situación
al jefe de esta URI Doctor CARLOS ALBERTO SUAREZ MESA quien me solicito que tan pronto
volviera esta señora la acompañara a la jefatura que el quería escuchar directamente lo
sucedido. paso mucho tiempo pensé que la señora no iba a volver sin embargo sobre las 17:00
horas al regresar la puse de presente al coordinador a quien nuevamente en presencia mía
ratifico que los inquilinos a quienes ella les arrendo y quienes posiblemente fueren los
responsables de la droga incautada si estaban presentes para el momento del operativo, así
como que no fue solo una maleta si no varias que se sacaron del-inmueble así como lo dicho
por el señor ramos jerez unos cuadros valiosos y otras pertenencias. se le recibe la
documentación que trajo la señora y que hace parte del cuaderno y siguiendo directrices de la
jefatura se procedió a realizar la respectiva compulsa de copias a fin de establecer las posibles
irregularidades de índole penal y disciplinaria en que pudieron haber incurrido los policiales que
estuvieron presente en el allanamiento. es de tener encuentra que dicha droga no fue puesta a
disposición de esta URI como debe ser, estaba en otro sitio razón por la cual siguiendo directrices
de la Jefatura se solicito a los policiales que era menester volver a hacer la prueba de PIPH y en
este ultimo peritaje se pudo establecer su calidad e inclusive la cantidad aumento un poco a
30.120 gramos de cocaína siendo de la misma calidad a lo cual hubo un poco de molestia de los
policiales esto se realiza por seguridad para saber lo que se recibía en el almacén de evidencias
de esta URI para proceder a destruirla tal como se solicitare y fuere otorgado por el Juez de
Garantías de esta URI.

(…) para lo cual se verifica en los documentos aportados por la señora ANDREA LILIANA
CHAVARRO ALVAREZ para el contrato de arrendamiento con el fin de verificar la empresa en
mención apareciendo al Cra 104 número 128-53 piso quinto la cual es verificada por esta unidad
de Policía Judicial pero no existe ninguna empresa en ese lugar, al igual aparecen dos abonados
telefónicos 3144018314- 3017215835 a los cuales se les marca en repetidas ocasiones pero
siempre suenan apagado como también aparece un número de Nit 900.345.599-5 el cual se
verifica en mediante la página VALIDANIT por medio de la cual se puede verificar la legalidad o
existencia de cualquier empresa evidenciando que dicho Nit es falso.

27

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

Por tal motivo para el día 05 de agosto de 2016 me desplazo a la Uri Kennedy ubicada en la
carrera 69 numero 36-70 más exactamente al Almacén de Evidencias de dicha unidad en donde
tomo contacto con el Señor Intendente ALVAREZ GOMEZ JULIAN quien se desempeña como
Jefe del Almacén de Evidencias de la Uri Kennedy, a quien inicialmente le pongo el conocimiento
el motivo de mi visita y quien accede a suministrarme dicha información realizándome entrega
de:

Folios acta número 002 / junio 2016 en donde relacionan la destrucción general de sustancias
alucinógenas, y donde se pudo observar en el numero 60 la destrucción de 30.120 kilogramos
de cocaína. 01 folio acta de tratamiento de residuos 115469 02 folios Investigador de campo de
fecha 31-05-2016 con el objetivo de la realización de donde manifiesta que el resultado es
positivo para cocaína y sus derivados. PIPH 02 folios Investigador de campo de fecha 02-06-
2016 con el objetivo de la realización de PIPH donde manifiesta que el resultado es positivo para
cocaína y sus derivados. 02 folio orden a Policía Judicial de fecha 01-06-2016 donde se ordena
análisis PIPH y destrucción. 02 folios cadena de custodia de la sustancia estupefaciente.» (sic)

• Copia de la DECLARACIÓN JURADA -FPJ-15- de Quince (15) de septiembre de Dos
Mil Dieciséis (2016), mediante la cual, se consignó lo dicho por la señora Evelyn Robayo
Arteaga, en calidad propietaria del inmueble en el que se realizó el allanamiento, el
relato se presentó en los siguientes términos31:

« PREGUNTA: Diga quién es la propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 82 A No. 6 B-30
Casa No. 20 Conjunto Residencial Castilla Occidental de esta ciudad. CONTESTO: En la
escritura de propiedad aparezco yo y una hermana de nombre VILMA ROBAO ARTEAGA.
PREGUNTADO: Diga si en el mes de mayo del presente año usted residía en el inmueble de la
dirección anterior. CONTESTO: No vivía, porque prácticamente hace tres años y medio contraje
matrimonio y con mi esposo compramos una casa en donde actualmente residimos.
PREGUNTADO: Diga para el mes de febrero del presente año quién vivía en el inmueble
ubicado en la Carrera 82 A No. 68-30 Casa 20 Conjunto Residencial Castilla Occidental de esta
ciudad. CONTESTO: Estaba residiendo los inquilinos ANDREA LILIANA CHAVARRO
ÁLVAREZ y el señor RENÉ RAMOS JEREZ. La casa duró desocupada alrededor de dos meses
y colocó un aviso en la cartelera de la portería del conjunto. Para un domingo estaba haciendo
aseo a mi casa y la señora del lado también tenía en arriendo la casa. Recibí una llamada de un
señor y me explicó que la casa le interesaba, había dejado el aviso en la cartelera, una vez
explicado eso llegué a la casa, él se interesa e informa que viene en un domingo en la tarde, y
el 7 de febrero él no encuentra la casa, pero se demora un tiempo en llegar anunciando que la
iba a pasar, y la vecina conocía si tenía el aviso de la casa, y yo en un tiempo le di el teléfono, y
al otro día me llama y me dice que la ha encontrado, ese día también se dirigieron a visitar esa
casa en arriendo y una vez yo salgo a comprar una gaseosa a la tienda y lo veo y pregunto si
fue quien se comunicó conmigo por celular, y me dice que sí, pero que él se encontraba con su
esposa y que su primo había intentado mirar la casa de la vecina, pero la señora le había
manifestado que esa casa ya estaba ocupada y que la que él había visto era la mía. Me explicó
que había llegado hasta el lado de la que estaba mostrando, en ese momento ingresé al conjunto
y le pasé mi número de celular y le dije que cualquier información me llamara. Me llamó para
que nos reuniéramos, me solicitó nuevamente qué documentación se le iba a pedir y yo siempre
manifiesto que a través de la inmobiliaria o directamente, en ese momento le expliqué que debía
presentarse con los documentos en la notaría, y que no había problema, ya que se trataba de
un contrato de arrendamiento. Fue así como a los ocho días me llama y me dice que ya se
encontraba lista la documentación, que tenía todos los documentos exigidos por la inmobiliaria,
incluyendo su cédula, certificado de Cámara de Comercio y documentos de tradición y libertad
de una finca que tenía en Bogotá —y le dije que los certificados deben soportar los 30 días—
que no había inconveniente y que sea lo más pronto posible la ocupación, dado que ella tenía
que entregar el apartamento donde reside. Me señaló a la señora que el siguiente día podían
firmar el contrato ese día lunes y que no se preocuparan por la alfombra que se encargaban de
hacerle aseo. Se firmó finalmente el contrato el lunes 8 de febrero en la Notaría 73 de esta
ciudad, y me entregaron todos los documentos. Ellos se pasaron a la casa el día 10.
PREGUNTADO: Diga si usted verificó la documentación entregada por la arrendataria y el
codeudor. CONTESTO: Como me la entregaron en la notaría, verifiqué verbalmente que
aparecían los nombres de ellos. PREGUNTADO: Diga si posterior a la fecha del contrato
nuevamente aparecieron los inquilinos. CONTESTO: Sí, hubo una asamblea de copropietarios,

31
Ver folios 97 a 103 ibidem.

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una vez se termina la reunión, paso a la casa a dejar un tornillo que le faltaba a una reja y me
dice que tranquilos que René lo coloca, fue como a las seis de la tarde aproximadamente, fue
un fin de semana. Además, con ocasión del contrato, ellos me invitaron a una cena y me
mostraron la remodelación de la casa con un estilo antiguo, nunca la vi tan arreglada y con
elementos nuevos, lujosos. Otra vez pasé por la casa porque la señora me escribió por
WhatsApp que por cuestiones de trabajo me iba a tener que entregar la casa y que me
comunicara con René. Al mes de mayo en comunicación telefónica con él me dijo que era
inconveniente seguir con el contrato y que me devolvía la casa. Yo le dije que igual me hiciera
la entrega del inmueble y que pagara los días de mayo en curso. Me dijo que tenía que ir de
viaje, pero que una vez conversáramos él se iba. Yo pasé al mediodía de ese día y no lo
encontré, por lo que le envié un WhatsApp y me escribió la inquilina diciendo que se iba a quedar
sola y que su esposo se devolvía en 20 minutos, y la llamé y me dijo que no había ningún
problema. Me dijo que René se había ido, hablamos, y le dije que me avisara cuando se fueran
para coordinar la entrega de la casa, fue a los ocho días aproximadamente que me llama, para
coordinar con el administrador, y realizó el trasteo el domingo siguiente a la llamada.
PREGUNTA: Diga si para finales del mes de mayo o comienzos de junio usted fue informada
por parte de la administración del conjunto de que se había realizado un procedimiento judicial.
CONTESTO: No. Me llamaron el primero de junio al celular de mi esposo, no contesté la llamada,
y luego me devolvía la llamada de la portería y el vigilante que me informaba que el administrador
tenía algo importante que informarme y me lo comunica.

El señor René le había dejado los teléfonos del administrador y me enteré por parte de la
administración de los documentos y las fotocopias. PREGUNTADO: Diga si usted una vez se
entera por parte de la administración y del conjunto y del señor Fiscal 318 del allanamiento al
inmueble de su propiedad, se comunica con los inquilinos.
CONTESTO: Sí, porque cuando llega el señor René el celador me avisa y le informo lo sucedido,
y encuentro en mi celular llamadas perdidas y aprovecho para llamarlo; le pedí la casa y que ya
aprovechara para entregarla por las buenas. Le pedí la casa y él me dijo que sí. Llamé a René
y me informó que estaba avergonzado y que ya me había dejado la llave con la portería y
devolvía la llamada informándome que me había dejado la llave con el portero, y recuerdo que
le dije que cuando su cuñado se comprometió a arrendar él no firmó, y que cuando se lo pedí no
lo hizo. Me informó que el Fiscal le había dicho que no podía seguir ahí. Le pregunté si ÉVELYN
y LILIANA estaban muy asustadas cuando ocurrió el allanamiento; él me dijo que no sabían
nada, que no sabían si venían o robaban. En todo tiempo repitió que ellos no sabían nada.
PREGUNTADO: Diga si usted tiene conocimiento de qué elementos retiraron los policías el día
del procedimiento de allanamiento realizado en el inmueble de su propiedad. CONTESTO: Sí,
me informaron que los policías sacaron maletas y cuadros; al parecer salieron más o menos
seis. PREGUNTADO: Diga si al momento del trasteo del señor René y su esposa observó
cuadros valiosos. CONTESTO: No. Solamente vi un cuadro grande, con flores. PREGUNTADO:
Diga si usted observó actitudes extrañas en el comportamiento de los arrendatarios.
CONTESTO: Eran decentes, tenían un buen comportamiento en el conjunto según los vigilantes,
tenían buenos modales y en general eran buenos vecinos. PREGUNTADO: Diga si con
posterioridad a la fecha en que habló por teléfono con el señor René hubo un encuentro con este
o comunicación alguna. CONTESTO: Comunicación telefónica donde me informa que me va a
entregar la casa. Fue a los ocho días aproximadamente. PREGUNTA: ¿Desea agregar algo
más? CONTESTO: No creo que esta sea en resumen toda la información, él siempre me decía
que era un ingeniero agrónomo y que viajaba constantemente a Villavicencio, a unas fincas, y
había participado en Corferias; que las matas de plátano que él lograba sacar cumplían con las
exigencias para exportación.» (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Quince (15) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante el cual, se consignó lo dicho por la señora Evelyn Robayo
Arteaga, en calidad de propietaria del inmueble objeto de allanamiento, el relato se
presentó en los siguientes términos:

«PREGUNTADO: En atención a la orden a Policía Judicial de fecha 19/09/2017 y en
complemento a la declaración jurada de fecha 15 de septiembre de 2016, la cual usted rindió
ante la Fiscalía General de la Nación, indique más claramente el momento en que usted llegó a
la Fiscalía 318 de la URI de Kennedy, con el fin de verificar los hechos referente a un posible
allanamiento realizado en la vivienda ubicada en la carrera 82 A número 6B-30 CASA No. 20,
barrio Castilla Occidental. CONTESTO: Ese día me presenté desde las horas de la mañana,

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como a eso de las nueve de la mañana, y me atendió el señor HÉCTOR HAROLD ORTEGA
VELAZCO; a eso de las 01:00 o 02:00 de la tarde aproximadamente, una vez hablo con él, me
comenta la situación y me da indicaciones de que debo justificar las razones por las cuales yo le
había arrendado a esos que no tenemos ningún inconveniente o problema, pero que por el
incidente sucedido en la casa le exijo que me entregue el bien inmueble. Yo le dije al fiscal que
tenía el número telefónico del inquilino RENETH RAMOS JEREZ; el fiscal y su jefe me dijeron
que lo llamara desde la oficina y que le preguntara si él y la señora LILIANA estaban presentes
durante el allanamiento y que aprovechara para solicitarle la entrega de la casa. En ese momento
realizo la llamada desde mi celular y le pongo el altavoz, realizo las preguntas si ellos estaban
presentes durante el allanamiento; me responde que sí, y me dice que habían ido a robarlo. Yo
no ahondo más en el tema y aprovecho para decirle que por tranquilidad de ellos y mía es mejor
que salgan de la casa porque los vecinos estaban asustados, y el señor René me pidió que le
diera ocho o diez días para salir o entregar la casa, le solicito que coloque el vidrio de la puerta
y arregle la chapa, él se compromete a dejarla en el estado que estaba y que me avisa cuando
vaya a realizar el trasteo. El día 4 de junio me llama de la URI, el señor René se comunica
conmigo vía telefónica informándome que ya tiene para dónde irse y que iba a llevar el trasteo,
que por favor lo colaborara para coordinar con la administración del conjunto para que permitiera
la salida de las cosas; yo me comunico con el administrador y con los señores de la
administración, quienes me colaboraron para que él saliera sin ningún problema. Según versión
de los vigilantes, me indicaron que el día 5 de junio los inquilinos salieron muy temprano del
conjunto y que quienes habían hecho el trasteo eran el señor del camión y otro señor
desconocido. (…) PREGUNTADO: Mencione si usted en esa oportunidad logró observar algún
tipo de cuadro o pintura colgada en la pared; en caso afirmativo, descríbala. CONTESTO: Sí
observé un cuadro grande, era de un dibujo de una tarde oscura y un tren como en colores en
la parte de abajo, me acuerdo que en una oportunidad más exactamente el día que se firmó el
contrato de arrendamiento, el señor RENETH RAMOS me dice que si de casualidad mi gremio
conocía a algún pintor, que él tenía interés porque era de pintores famosos, y yo le respondí que
no, pero que si sabía de alguien yo le decía. PREGUNTADO: Mencione si usted escuchó
comentarios de parte de algunos vecinos o moradores del conjunto donde hicieran referencia a
un mal procedimiento por parte de los funcionarios que realizaron el allanamiento.
CONTESTO: No, lo único que escuché es que se demoraron bastante tiempo en el
procedimiento. PREGUNTADO: Indique si usted tiene algo más que agregar, aclarar o corregir
a la presente diligencia. CONTESTO: Sí, que en el momento en que fui a verificar en el estado
de la casa encontré en una de las alcobas del tercer piso un documento el cual se trataba de
una FACTURA DE VENTA, PRICETRAVEL, y en su momento hacía relación a un paquete de
viaje, hospedaje y tour, y en su anexo datos de una fiscalía y un número de teléfonos. » (sic)

• Copia de formato ENTREVISTA -FPJ-14- de Veintidós (22) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante el cual, se consignó lo dicho por el señor Julio César
Delgado Ortiz, en calidad de guarda de seguridad, el relato se presentó en los siguientes
términos32:
«PREGUNTADO: En complemento de la entrevista realizada el día 05 de junio 2016 sírvase
indicar si recuerda hechos relacionados a una diligencia de registro y allanamiento realizado por
personal de la SIJIN–BOGOTÁ en el conjunto residencial Castilla Occidental más exactamente
en la casa No. 20. CONTESTO: Sí, yo recuerdo el procedimiento e incluso lo mencioné en la
entrevista que ya rendí anteriormente. PREGUNTADO: Mencione si para el día 31 de mayo de
2016 durante la diligencia de allanamiento había personas moradoras de la misma, en caso de
ser afirmativo argumente por qué razón usted sabía que había gente en el inmueble.
CONTESTO: Yo creo que había gente en la casa ya que horas antes del allanamiento había
visto ingresar una portería a dos de los inquilinos de la casa, solo que no puedo asegurar si ellos
ingresaron a la casa número 20 o si en algún momento salieron del conjunto sin que me diera
cuenta ya que por las múltiples funciones que tengo a veces no me doy cuenta. PREGUNTADO:
Mencione si usted observó vehículo o motocicletas uniformadas de la Policía Nacional durante
mencionado procedimiento, en caso de afirmativo indique cuántos vehículos y en lo posible
características (placas, siglas o logos). CONTESTO: El único vehículo que yo vi fue una
camioneta uniformada de la Policía, pero no recuerdo más características, también recuerdo que
al conjunto ingresaron personal uniformado y no uniformado. PREGUNTADO: Indique si
mientras usted estuvo en la entrada del conjunto, logró observar a los funcionarios de Policía
sacando algún tipo de elemento de la casa número 20 de ese conjunto residencial, en caso de
afirmativo haga la descripción de dichos elementos. CONTESTO: Cuando yo iba a entregar turno

32
Ver folios 77 y 78 ibidem.

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a mi compañero de trabajo el señor CRUZ, lo único que logré observar es que los funcionarios
de Policía sacaban varias maletas de viaje, pero no me di cuenta hacia dónde las llevaban y
tampoco recuerdo cuántas maletas eran. PREGUNTADO: Indique a esta unidad de Policía
Judicial si después del procedimiento personal del conjunto residencial solicitó unos videos de
las cámaras de seguridad. CONTESTO: No tengo conocimiento porque el día que llegaron a
solicitar dichos videos yo no estaba de turno. PREGUNTADO: Diga si tiene algo más que
agregar, aclarar o corregir a la presente diligencia. CONTESTO: No. No siendo otro el motivo de
la presente diligencia se da por terminada una vez leída y aprobada por los intervinientes. » (sic)

• Copia del interrogatorio de indiciado -FPJ-27- del Diecisiete (17) de enero de Dos Mil
Dieciocho (2018), en donde se dejó registro del interrogatorio practicado por la Policía
Judicial al señor Yesid Fajardo Gamboa, quien, en su declaración indicó lo siguiente33:

«PREGUNTADO: Indique que tiempo tiene usted de estar laborando en la institución Policía
Nacional. CONTESTO: 7 años aproximadamente. PREGUNTADO: Donde ha prestado sus
servicios, CONTESTO: Desde que salí de la escuela apoye en E-3, luego en la fuerza disponible
y posteriormente en la SIJIN. PREGUNTADO: Para el mes de mayo 2016, donde se encontraba
laborando. CONTESTO: Estaba laborando en la SIJIN-BOGOTA, en el grupo investigativo de
Estupefacientes. PREGUNTADO: Conoce usted el motivo por el cual fue usted citado a rendir
este interrogatorio. CONTESTO: Si. PREGUNTADO: mencione si usted recuerda que
actividades realizo usted el día 31 de mayo de 2016. CONTESTO: Para esa fecha estaba en un
procedimiento de registro y allanamiento en horas de la tarde, fue en un conjunto de casas en el
sector de castilla se ingresa por la portería del conjunto y se le manifiesta al vigilante del mismo
que hay una orden de registro de allanamiento a un inmueble, ingresamos al conjunto y ubicamos
el inmueble tocamos la puerta varias veces pero nadie respondió ni salió, seguido de eso se
procede a utilizar la fuerza con un objeto (porro) ingresamos al inmueble lo registramos
minuciosamente, y en el segundo piso en una habitación debajo de la cama se halla una maleta
grande como para viajar y al momento de abrirla encontraos dentro de la misma encontramos
30 panelas que al parecer era cocaína, se llama al laboratorio criminalística de la SIJIN, al
momento que ellos llegan hacen su procedimiento fijan la sustancia hallada, se procede a
embalar y rotular el elemento incautado y nos retiramos del inmueble. PREGUNTADO: Indique
si en el inmueble allanado se encontraban personas residentes o moradores de la misma. CONTESTO: No cuando llegamos no había nadie. PREGUNTADO: indique si usted recuerda
cuantas personas o funcionarios ingresaron al inmueble. CONTESTO: Al inmueble ingresamos
solo funcionarios de la Policía Judicial pero no recuerdo cuantos exactamente. PREGUNTADO
Mencione que elementos fueron hallados dentro del inmueble y que procedimiento o protocolo
se ejecutó para su recolección, describa el lugar y los elementos Hallados. CONTESTO: Dentro
del inmueble en el segundo piso en una habitación debajo de una cama se halla una maleta, con
contentiva de 30 panelas al parecer de cocaína sin hallar ningún otro elemento material
probatorio o evidencia física. PREGUNTADO: Recuerda usted si en el lugar o vivienda allanada
habían cuadros o pinturas colgados en alguna de sus habitaciones o espacios semejantes. CONTESTO: No la verdad no me fije en eso solo llegue a registrar el inmueble. PREGUNTADO: Mencione a que otra persona fue informada la diligencia de registro y allanamiento. CONTESTO: Cuando yo estaba en el segundo piso escuche que había hecho presencia el administrador pero
que se había retirado. PREGUNTADO: Indique si en algún momento ustedes le solicitaron al
señor administrador del conjunto residencial que debía firmar algún tipo de documento u acta
como constancia de su asistencia al lugar allanado. CONTESTO: Yo no tuve contacto con el
administrador y desconozco si alguno de mis compañeros le solicitaron firmar algún documento. PREGUNTADO: Quienes participaron en la diligencia antes mencionada, indique nombres y
cargo, además que persona o funcionario iba al mando de la diligencia. CONTESTO: Al mando
de la diligencia iba el señor mayor Duque y los demás funcionarios que estuvieron en el
allanamiento y los grados y nombres se encuentran en el acta y en el informe de registro y
allanamiento. PREGUNTADO: Mencione que tiempo demoro la diligencia de registro y
allanamiento. CONTESTO: No recuerdo. PREGUNTADO: Firmo usted algún tipo de diligencia
durante el procedimiento, en caso afirmativo indique cual. CONTESTO:

Yo encontré la sustancia
con mi compañero SALAZAR, yo me encargue de realizar la cadena de custodia y firmarla, de
igual manera el acta y el informe de registro y allanamiento fue firmado por todos los funcionarios
de Policía Judicial que asistimos a la diligencia. PREGUNTADO: Mencione si usted el día o días
siguientes a la diligencia de allanamiento, regreso al inmueble que se está indicando. CONTESTO: No señor. PREGUNTADO: Indique si el señor Mayor Duque estuvo durante todo

33
Folios 92 a 94 ibidem.

31

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

el procedimiento. CONTESTO: Si señor. PREGUNTADO: Mencione si a la diligencia
comparecieron personal de la policía de Vigilancia, del sector o personal uniformado.
CONTESTO: Yo escuche que había llegado la Policía de vigilancia pero como estaba en el
segundo piso no tuve contacto con ellos. PREGUNTADO: Indique si encontraron dinero u otros
elementos distintos a la sustancia estupefaciente. CONTESTO: No señor solo el único elemento
antes mencionado. PREGUNTADO: Recuerda que Fiscal ordeno o expidió la orden de registro
y allanamiento para el inmueble antes mencionado. CONTESTO: No señor yo solo iba de apoyo.
PREGUNTADO: Mencione cuantos vigilantes se encontraban en el conjunto. CONTESTO: Yo vi
solo a un vigilante en la portería. PREGUNTADO: Indique si el vigilante observo el desarrollo de
la diligencia de allanamiento. CONTESTO: No. PREGUNTADO: Se tiene conocimiento que al
interior del inmueble se encontraba un hombre y una mujer, presuntos responsables de los
estupefacientes hallados, que tiene que decir al respecto: CONTESTO: No había nadie dentro
del inmueble nosotros registramos minuciosamente el inmueble y jamás se halló ninguna
persona al interior. PREGUNTADO: Se tiene información que una vez se termina el operativo
ustedes salieron del inmueble en compañía de las dos personas residentes del inmueble, que
tiene que decir al respecto. CONTESTO: Eso es totalmente falso porque como lo indique
anteriormente en el inmueble no había nadie ni nunca hizo presencia persona alguna que
manifestara ser dueño o residente del inmueble objeto del registro. PREGUNTADO: Se tiene
conocimiento que al parecer una vez terminado el operativo ustedes salieron del inmueble con
varias maletas y unos cuadros, que tiene que decir al respecto. CONTESTO: Se sacó solo la
maleta con elemento incautado yo no saque ningún cuadro y tampoco vi que mis compañeros
sacaran ningún cuadro ni ningún otro objeto diferente del inmueble, únicamente los elementos
propios del servicio. PREGUNTADO: que vehículos se utilizaron para el operativo. CONTESTO:
Yo iba en un logan y VI un Spark rojo. PREGUNTADO: Mencione si en algún momento ustedes
tuvieron contacto con el propietario del inmueble allanado. CONTESTO: NO señor.
PREGUNTADO: Se le investiga dentro de las presentes diligencias la presunta participación
suya y los demás miembros de la SIJIN, que realizaron la diligencia de registro y allanamiento
en los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, ocultamiento,
alteración, o destrucción de elemento material probatorio y hurto, que tiene que decir al respecto.
CONTESTO: No sé porque se nos investiga por esos delitos si el procedimiento se realizó
conforme a lo establecido en la ley y los documentos se consignó únicamente la verdad.
PREGUNTADO: Estará dispuesto a colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento de los
hechos, en caso afirmativo en que forma. CONTESTO: Si señor ratificándome las veces que sea
necesario diciendo la verdad como en la presente diligencia. PREGUNTADO: Mencione si tiene
algo más que agregar, aclarar o corregir a la presente diligencia. CONTESTO: Que estaré
dispuesto a comparecer ante la Fiscalía las veces que sea necesario y las diligencias que el
despacho estime pertinentes. No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada una
vez leída y aprobada por los intervinientes.» (sic)

• Copia del auto No. SIJUR P-INSGE-2018-332 de Diecinueve (19) de septiembre de Dos
Mil Dieciocho (2018), por medio del cual, se abrió indagación preliminar en contra de
“personal policial por establecer” y se dispuso realizar visita especial a la Fiscalía 249
Seccional de la Unidad de Administración Pública de la Ciudad de Bogotá, con la
finalidad de obtener fiel copia de las principales piezas procesales del proceso Penal
radicado bajo la noticia criminal No. 110016000019201680075, ello, con el fin de
establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudieron ocurrir los
hechos que motivaron la investigación; además, establecer la identificación de
funcionario de policía posiblemente vinculados en el referido proceso34.

• Copia del escrito de acusación de Diecisiete (17) de octubre de Dos Mil Dieciocho
(2018), presentado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal
seguido contra varios funcionarios de la SIJIN MEBOG, derivado de los hechos
ocurridos el 31 de mayo de 2016 durante la diligencia de allanamiento y registro
practicada en el inmueble ubicado en la Carrera 82A N.º 6B-30, Casa 20, Conjunto
Residencial Castilla Occidental, localidad de Kennedy (Bogotá D.C.)35.

34
Ver folios 1 a 3 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que reposa
en el índice 018 de Samai. Primera Instancia.
35
Ver folios 75 a 91 ibidem.

32

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

En dicho escrito se indicó que los hechos se originaron por presuntas irregularidades
en la diligencia de allanamiento del 31 de mayo de 2016, donde —según el informe FPJ-
18 y el reporte de la SIJIN— se habría consignado falsamente que no se encontraron
personas en el inmueble. Sin embargo, una investigación posterior reveló que sí se halló
una maleta con 30 paquetes tipo panela conteniendo cocaína y que el inquilino
residente, identificado como Reneth Ramos Jerez, habría estado presente y fue retirado
del lugar. Además, se estableció que el administrador del conjunto residencial, Germán
Baroana Vásquez, no firmó el acta y no fue informado de su contenido, pese a que los
agentes afirmaron lo contrario36.

En consecuencia, la Fiscalía imputó a los procesados como autores de los delitos de
fraude procesal (art. 453 C.P.) y falsedad ideológica en documento público (art. 286
C.P.), en concurso homogéneo y sucesivo, por haber presuntamente insertado
información falsa en los documentos judiciales FPJ-18 y FPJ-19 relativos a la diligencia.
El escrito detalla los elementos materiales probatorios, testimonios y documentos que
sustentan la acusación, entre ellos las declaraciones de la propietaria del inmueble, del
administrador del conjunto, de funcionarios de la Fiscalía URI Kennedy, y de los
investigadores que intervinieron en la diligencia37.

• Copia del auto de apertura de investigación disciplinaria INSGE-2019-48 de Cuatro (4)
de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), contra de varios miembros de la Policía Nacional,
entre los que se encuentra el señor YESID FAJARDO GAMBOA (hoy demandante)38.

• Copia del oficio N.º 055038-MEBOG-1.10 del Quince (15) de febrero de Dos Mil Veinte
(2020), expedido por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – SIJIN
MEBOG, en respuesta a solicitud del Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera
Instancia – INSGE, en el que se certificó que el Mayor Mauricio Emilio Duque Estrada
se encontraba adscrito a dicha seccional como jefe del Grupo de Investigación de
Delitos Especiales, conforme a los registros del SIATH y la Resolución N.º 05839 de
2015. Igualmente, se relacionaron otros funcionarios que se desempeñaron como
Investigadores Criminales, entre ellos el señor Yezid Fajardo Gamboa, precisando las
fechas de traslado y funciones ejercidas39.

• Copia del auto de Dieciocho (18) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), por medio del
cual, el despacho del Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia del Área
de Asuntos Interno de la Policía Nacional avocó conocimiento en el proceso disciplinario
y ordenó la práctica de pruebas40.

• Copia del Auto del Dos (2) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021), mediante el cual,
la Delegada Especial MEBOG – Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Nacional ordenó la apertura de la investigación disciplinaria No. MEBOG-2021-53,
contra el señor Patrullero Yezid Fajardo Gamboa, identificado con cédula de ciudadanía
No. 80.852.463 de Bogotá, adscrito para la fecha de los hechos a la Seccional de
Investigación Criminal SIJIN–MEBOG41.

• Copia del oficio No. S-2021 004402 del Cinco (5) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021),
por medio del cual, el Grupo de Procesos Disciplinarios Primera Instancia INSGE, le
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Ver folios 4 a 11 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que reposa
en el índice 018 de Samai. Primera Instancia
3939
Ver folio 15 a 24 11 del archivo pdf de nombre “CD No.1” aportado con el expediente de la actuación disciplinaria que
reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia
40
Ver folio 13 del archivo pdf de nombre “COPIA EE-PROD1-2022-309 TOMO 2” aportado con el expediente de la
actuación disciplinaria que reposa en el índice 018 de Samai. Primera Instancia
41
Respecto de este proceso disciplinario, se declaró de manera oficiosa, la nulidad de la actuación desde el pliego de
cargos, mediante auto de Ocho (8) de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022), acumulándola con el proceso primigenio.

33

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

solicitó a la Fiscalía Seccional 156 las copias del proceso penal No.
110016000019201680075.

• Copia del oficio del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Veintiuno (2021), mediante el
cual, el Intendente Cristian Camilo Aguirre Laverde, funcionario del Grupo de Procesos
Disciplinarios de Primera Instancia – INSGE, informó a los patrulleros Wilmart Correa
Uribe, Víctor Andrés Salazar Pulido, Edwin Mauricio Londoño Maldonado, Fabio
Alejandro Ballesteros López y Yezid Fajardo Gamboa que, durante el mes de marzo de
2021, se habían allegado al proceso disciplinario INSGE-2016-48 copias de las
principales piezas procesales remitidas por la Fiscalía Seccional 156 Delegada,
correspondientes a la investigación penal No. 1100160001920160807542.

En la referida comunicación, el funcionario puso en conocimiento de los destinatarios
que dichas piezas procesales reposaban dentro de la investigación disciplinaria INSGE-
2019-48, que se adelantaba en su contra, y los invitó a acercarse al despacho ubicado
en la Calle 17 No. 6-58 de Bogotá, con el fin de que pudieran tener conocimiento directo
del contenido de las pruebas allegadas43.

Así mismo, en el expediente disciplinario obra constancia electrónica de la entrega del
mensaje institucional, el cual fue remitido desde la cuenta
oficial yezid.fajardo5933@correo.policia.gov.co y recibido en la misma fecha, según
registro del sistema de correo institucional de la Policía Nacional44.

• Copia del pliego de cargos de Trece (13) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023),
proferido por el Despacho de la Oficina de Instrucción de Procesos Disciplinarios de
Primera Instancia de la Inspección General y de Responsabilidad Profesional- Área de
Asuntos Internos de la Policía Nacional, en el que se dispuso45:

« ARTÍCULO PRIMERO: Formular Pliego de Cargos en contra del (…) Patrullero YEZID
FAJARDO GAMBOA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.852.463 expedida en
Bogotá D.C.; (…), al establecerse a través de la presente investigación disciplinaria que, al
parecer, incurrieron en la falta prevista en la Ley 1015 de 2006 “Régimen Disciplinario para la
Policía Nacional”, Título VI de las sanciones disciplinarias, capítulo I Clasificación y descripción
de las faltas, Artículo 34 Faltas Gravísimas, numeral 30. Respecto de documentos. Literal e)
abstenerse intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber le
impone por razón de cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o contraria.

(…)

• Copia del fallo disciplinario de primera instancia de Veintidós (22) de diciembre
de Dos Mil Veintitrés (2023)46, proferido por el Despacho de la Oficina de
Juzgamiento de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección
General y de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional – Ministerio de
Defensa Nacional, en el cual se resolvió lo siguiente47:

«[…] ARTICULO SEPTIMO: Declarar probado y no desvirtuado el cargo endilgado al señor
Patrullero, YEZID FAJARDO GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.852.463
expedida en Bogotá D.C, 1 haberlo encontrado responsable de transgredir la Ley 1015 de 2006,
en su Artículo 34, faltas gravísimas, numeral 30. Respecto de documentos literal e) abstenerse
intencionalmente de registrar los hechos y circunstancias que el deber le impone por razón de la
función, cargo o función o registrarlos de manera imprecisa o contraria (. . .)" ... " (Negrilla, cursiva

42
Ver folio 298 y ss del archivo pdf de nombre “COPIA EE-PROD1-2022-309 TOMO 2.pdf” que reposa en la actuación 18
de Samai (Primera Instancia).
43
Ibidem.
44
Ibidem.
45
Ver folio 413 a 759 de los anexos de la demanda.
46
Notificado por medios electrónicos, en la misma fecha. Ver folio
47
Ver folios 6 a 348 de los anexos de la demanda.

34

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

y Subrayado por el despacho). Sancionar al señor Patrullero, YEZID FAJARDO GAMBOA, con
Destitución e Inhabilidad General de diez años (10) años para ejercer la función pública en
cualquier cargo o función, al haberlo encontrado responsable de transgredir la Ley 1015 de 2006,
anteriormente mencionada.

[…]

ARTÍCULO ONCEAVO: Notificar el contenido de la presente decisión a los señores Mayor, hoy
retirado MAURICIO EMILIO DUQUE ESTRADA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.939.279 expedida en Bogotá D.C, Subintendente, hoy Intendente DIEGO FERNANDO AVILA
CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.299.957 expedida en Líbano (Tolima),
Subintendente, hoy Intendente STEVE GIOVANNY GARCIA BARRERA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.051.505 expedida en Bogotá D.C, Patrullero, hoy Subintendente
STEVEN QUIJANO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.052.379.287
expedida en Duitama (Boyacá), Patrullero hoy Subintendente, FABIO ALEJANDRO
BALLESTEROS LO PEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053. 765.005 expedida
en Manizales (Caldas), Patrullero, hoy Subintendente JAVIER MORALES SAMACA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.098.649.674 expedida en Bucaramanga, Patrullero, YEZID
FAJARDO GAMBOA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.852.463 expedida en
Bogotá D.C, Patrullero, hoy retirado WILMART CORREA URIBE, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.017.166.139 expedida en Medellín, Patrullero hoy retirado, VÍCTOR ANDRÉS
SALAZAR PULIDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.406.932 expedida en
Bogotá D.C y el señor Patrullero hoy retirado, EDWIN MAURICIO LONDOÑO MALDONADO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.256.994 expedida en Bogotá D.C., y/o a sus
apoderados de confianza, haciéndoles saber que contra la presente decisión, procede el recurso
de apelación en el efecto suspensivo ante el señor Inspector General de la Policía Nacional, el
cual podrán interponer por escrito, de conformidad a los términos señalados en el artículo 225G
de la Ley 1952 de 2019 y articulo 8 de la Ley 2213 de 2022. Durante este término el expediente
permanecerá en la Secretaría del despacho para su consulta.

[…] ARTÍCULO DOCEAVO: Una vez ejecutoriado el presente fallo disciplinario, dar los avisos
de ley y enviar copia del fallo a la hoja de vida del disciplinado. […]» (sic)

• Copia del fallo de segunda instancia del Veintisiete (27) de junio de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferido por el Despacho de la Oficina de Juzgamiento
Procesos Disciplinarios INGER de la Inspección General y de Responsabilidad
Profesional de la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, en el cual
se resolvió lo siguiente48:

«ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad el fallo de fecha 22 de diciembre de 2023,
proferido por la Oficina de Juzgamiento de Procesos Disciplinarios de la Inspección General,
dentro de la Investigación Disciplinaria SIED2 EE-PROD1-2022-309, mediante la cual se dispuso
emitir fallo de responsabilidad a los señores: (…). Patrullero YEZID FAJARDO GAMBOA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.852.463 expedida en Bogotá D.C., imponiéndole
la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años. (…); de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.» (sic)

• Copia de la Resolución No. 2890 del Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil
Veinticuatro (2024), por medio de la cual, se ejecutó la sanción impuesta al
demandante -Yezid Fajardo Gamboa- de la siguiente manera49:

«ARTÍCULO 5. Ejecutar la sanción disciplinaria de Destitución e Inhabilidad General por el
término de diez (10) años, impuesta al señor patrullero YEZID FAJARDO GAMBOA, identificado
con cédula de ciudadanía Nro. 80.852.463. En consecuencia, se retira del servicio activo de la
Policía Nacional al citado funcionario, quien queda inhabilitado para ejercer la función pública en
cualquier cargo o función por dicho tiempo y se excluye del escalafón o carrera, de acuerdo a lo
establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo.

48
Ver folio 349 a 401 de los anexos de la demanda.
49
Ver folio 408 a 412 de los anexos de la demanda.

35

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

ARTÍCULO 6. Enviar copia de la presente resolución a Oficina de Control Disciplinario Interno
de Juzgamiento de la Dirección General, para que sea notificada y se remita a la División de
Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al Grupo de Talento Humano de
las unidades donde reposen las hojas de vida de los sancionados.» (sic)

2.6 Caso concreto.
2.6.1 Análisis de la prescripción de la acción disciplinaria.

71. En el sub lite, previo a abordar los argumentos de la apelación elevados por
la parte demandante, se hace necesario verificar si, a partir de la fecha de
expedición y notificación de los fallos disciplinarios, en el presente asunto se
configura la prescripción de la acción disciplinaria, teniendo en cuenta la vigencia
de la Ley 1952 de 2019.

72. Del expediente disciplinario se verifica que, los hechos que dieron lugar a la
actuación disciplinaria, ocurrieron el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis
(2016), ante la abstención de consignar en el acta de registro y allanamiento FPJ18,
suscrita para la fecha de los hechos, todos los hallazgos de la diligencia.

73. Por su parte, el auto de apertura de la investigación, data del Cuatro (4) de
abril de Dos Mil Diecinueve (2019), el pliego de cargos tiene fecha del Trece de
Febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), y el fallo disciplinario de primera instancia, fue
proferido el Veintidós (22) de diciembre de Dos mil Veintitrés (2023), notificado en
la misma fecha por medios electrónicos. La decisión disciplinaria de segunda
instancia fue expedida el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024).

74. De acuerdo con el recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
disciplinario, la Sala encuentra que, a partir de la fecha en que fue proferido el pliego
de cargos, a la actuación disciplinaria le era aplicable la Ley 2196 de 2022, Estatuto
Disciplinario Policial, que en el artículo 84 prevé:

«ARTÍCULO 84. Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en
vigencia la presente ley, se encuentren con pliego de cargos o auto de citación a
audiencia debidamente notificados continuarán su trámite hasta el fallo definitivo con
el funcionario con atribuciones para el juzgamiento, de conformidad con los preceptos
de las leyes 734 del 05 de febrero de 2002, 1015 del 07, de febrero de 2006 y demás
normas que las modifiquen o adicionen.»

36

Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

75. La precitada norma en su artículo 43, en lo atinente a la figura de la
prescripción, remite al Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019, estatuto
que, en su artículo 33, modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021, regula
el fenómeno prescriptivo en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 33. PRESCRIPCIÓN E INTERRUPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para
las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter
permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las
omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la prescripción
se cumple independientemente para cada una de ellas.

La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de segunda
instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el término de
prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos, se interrumpirá
con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se
producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación del fallo de primera
instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia.

PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»

76. Sin embargo, la Ley 2094 de 2021, al modificar las vigencias y derogatorias
de la Ley 1952 de 2019, en el parágrafo 2 del artículo 73, estableció:

«Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente
ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma, entrarán
a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este período
conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.

(…)

PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses (30)
después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el artículo 30 de
la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011.»

77. En ese orden de ideas, la prescripción de la acción disciplinaria en el marco
de la Ley 1952 de 2019, entró en vigencia, el 29 de diciembre de 2023.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

78. En el asunto bajo estudio de la Sala, el fallo disciplinario de primera instancia,
fue proferido el Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023) y notificado
vía correo electrónico en la misma fecha, es decir, con anterioridad a la entrada en
vigor del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019.

79. Vistas así las cosas, el análisis del término prescriptivo al momento de proferir
la decisión disciplinaria de primera instancia, se regía por la Ley 734 de 2002, con
la modificación contenida en la Ley 1474 de 2011, esto es, cinco años contados
desde el auto de apertura de investigación, los cuales se cumplían a cabalidad,
comoquiera que, siendo la fecha de esta actuación, el Dos (2) de marzo de Dos Mil
Veintiuno (2021), tan solo habían transcurrido aproximadamente dos años y 9
meses.

80. No obstante lo anterior, al momento de proferirse el fallo disciplinario de
segunda instancia, esto es, el Veintisiete (27) de junio de Dos Mil Veinticuatro
(2024), la prescripción de la acción disciplinaria, consagrada en el remembrado
artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de
2021, ya había entrado en vigencia.

81. En relación con el fenómeno prescriptivo, la Corte Constitucional en la
Sentencia C- 556 de 2001, concretó:

«Es decir que al tiempo que la prescripción constituye una sanción frente a la
inactividad de la administración, el fin esencial de la misma, está íntimamente ligado
con el derecho que tiene el procesado a que se le defina su situación jurídica, pues
no puede el servidor público quedar sujeto indefinidamente a una imputación, lo que
violaría su derecho al debido proceso y el interés de la propia administración a que
los procesos disciplinarios concluyan.»

82. Asimismo, en la Sentencia SU – 126 de 2022, dicha Corporación, puntualizó
frente al régimen sancionatorio en general, lo siguiente:

«33. Otra característica esencial de la prescriptibilidad de las acciones y penas
del derecho penal (y sancionatorio en general) es la dualidad de sus fines. En efecto,
por una parte, la referida prescriptibilidad impone un castigo al Estado por la
inactividad que lleva al incumplimiento de algunos de sus principales cometidos. Se
trata de una sanción por el deficiente ejercicio de la potestad punitiva con que la
Administración cuenta para garantizar el respeto de los derechos y libertades
constitucionales, la convivencia pacífica u otros bienes jurídicos protegidos. Este
castigo al Estado consiste en la imposibilidad que este tendría para perseguir -o seguir

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

persiguiendo- a los presuntos transgresores de las normas y/o conductas que se
prohíben. Más concretamente, se trata de la cesación de su ius puniendi “por haber
dejado vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción (…) sin
haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad
del infractor de la ley (…)”50.

34. Por otra parte, como consecuencia de la sanción al Estado, pero como un fin
en sí mismo, la prescripción de la acción sancionatoria opera en favor del procesado.
Justamente, como el ejercicio del ius puniendi puede implicar la afectación de
derechos constitucionales - en el caso más extremo, la privación de la libertad – la
prescripción de la acción sancionatoria busca proteger el derecho que tiene todo
individuo a que se le defina su situación jurídica51. En otras palabras, la prescripción
de la acción que se sigue en contra de una persona la “libera (…) de la incertidumbre
que supone la existencia de un proceso (…) en su contra”52; esto, habida cuenta de
que nadie “puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido
en su contra”53. Además, la prescripción de la acción sancionatoria defiende la
seguridad jurídica pues “ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar
indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia
condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los
autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad”54. 55»

83. Con base en los referentes jurisprudenciales relacionados, es claro para la
Sala que, en materia sancionatoria y en específico en el proceso disciplinario, la
prescripción comporta una garantía para el administrado, razón por la cual, resulta
verificable en la actuación procesal.

84. Ahora bien, para la Sala resulta preponderante dilucidar que, tal como
acontece en materia penal, el fenómeno prescriptivo debe analizarse de cara, o
acompasado con el principio de favorabilidad, que en tratándose del régimen
especial del demandante, está contenido en el artículo 10 de la Ley 2196 de 2022,
el cual, reproduce el artículo 29 constitucional, para adecuarlo al ámbito
disciplinario, disponiendo lo siguiente:

«ARTÍCULO 10. Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto
en la Constitución Política.»

50
C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
51
Ver, por ejemplo, las sentencias C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y SU-433 de 2020 (MP
Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas)
52
Sentencia SU-433 de 2020 (MP Alejandro Linares Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas)
53
Sentencia C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
54
Sentencia C-176 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), citada en Sentencia C-1033 de 2006 (MP
Álvaro Tafur Galvis)
55
Sobre el doble fin o connotación de la prescripción de las acciones sancionatorias, pueden consultarse, entre
otras, las sentencias C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-1033 de 2006 (MP Álvaro Tafur
Galvis), C-401 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y SU-433 de 2020 (MP Alejandro Linares
Cantillo y José Fernando Reyes Cuartas).

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

85. Por su parte, el artículo 8 de la Ley 1952 de 2019, consagra de manera
explícita el principio de favorabilidad, tanto en materia sustancial como procesal,
así:

«ARTÍCULO 8o. FAVORABILIDAD. En materia disciplinaria la ley permisiva o
favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también
para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política.»

86. A partir de las normas referenciadas, es claro para la Sala que, la voluntad
del legislador fue, abordar el principio de favorabilidad de manera amplia, que
abarque tanto lo procesal como lo sustancial, e incluso procesal de efectos
sustanciales, dejando establecido normativamente, la aplicación preferente, sin
ningún condicionamiento.

87. En este punto, resulta preponderante para la Sala, reproducir el análisis
efectuado por la Corte Constitucional, sobre el principio de favorabilidad frente al
fenómeno prescriptivo en materia penal, en la Sentencia SU- 126 de 2022, el cual,
mutatis mutandi, debe ser aplicado en el proceso disciplinario, habida cuenta que,
uno y otro hacen parte del derecho sancionador:

«35. Ahora bien, para la Corte es claro que la explicada doble connotación de la
prescripción de la acción penal, como especie de derecho sancionatorio, no admite una
interpretación que favorezca la efectividad de la potestad sancionatoria del Estado pero
que obre en detrimento de la garantía que tiene el procesado para liberarse de la
imputación que aquel le haga, por el mero transcurso del tiempo. Permitir tal
hermenéutica implicaría aceptar una interpretación in malam parte -perjudicial para el
procesado – y nugatoria del favor libertatis que se inclina por la libertad del sindicado.
Así, definidos por el Legislador los términos de la prescripción de la acción penal, la
interpretación de las normas correspondientes debe siempre hacerse buscando
la lectura que mayormente favorezca su provecho por parte del sujeto acusado y
que propenda por su liberación. Tal tesis surge de la literalidad del tercer inciso del
artículo 29 de la Carta Política (debido proceso), según la cual

“En materia penal, la ley permisiva y favorable, aun cuando sea posterior,
se aplicará de manera preferente a la restrictiva o desfavorable”

36. Más aun, solo una interpretación normativa como la recién señalada resulta
acorde con el principio pro homine que impregna la dogmática constitucional nacional
así como los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Justamente,

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

sobre este particular, en Sentencia C-438 de 201356 la Sala Plena de esta
Corporación explicó que

“El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por
estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la
Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la obligación de
preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una
disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se
ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación
pro homine” o “pro persona”. A este principio se ha referido esta Corporación
en los siguientes términos:

“El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella
interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al
hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad
humana y consecuentemente por la protección, garantía y
promoción de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales consagrados a nivel constitucional”[2957].

Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las
obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2º de la Constitución antes
citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos
en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre
derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los
derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo
5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[3058] y el artículo
29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3159].
Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de
constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan
interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales.

56 MP Alberto Rojas Ríos.
57 [29] Sentencia T-171 de 2009.
58 [30] Artículo 5: 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de

conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o
a su limitación en mayor medida que la prevista en él. // 2. No podrá admitirse restricción o
menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un
Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.
59 [31] Artículo 29. Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede

ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que la prevista en ella; // b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y
garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa
de gobierno, y // d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

El principio pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o más
posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más
garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho
fundamental”[3260]. (…)” (subraya y negrilla fuera de texto)

37. En suma, el principio de favorabilidad en materia penal surge del principio de
dignidad que estipulan los artículos 1º y 2º de la Carta Política, del derecho al debido
proceso que prevé el artículo 29 ídem y de los tratados internacionales sobre derechos
humanos que conforman el bloque de constitucionalidad a que se refiere el artículo 93
superior. (…)»

88. Con base en los criterios referenciados, en garantía de los principios pro
homine y pro persona, el análisis de la aplicación del término prescriptivo en materia
disciplinaria, a partir del principio de favorabilidad, debe efectuarse en pro del
procesado y no, en favor de ius puniendi del Estado.

89. Integrando la interpretación anteriormente expuesta al sub judice, lo primero
que debe puntualizar la Sala es que, comoquiera que, a la entrada en vigencia de
la Ley 2196 de 2022, aun no se había dictado pliego de cargos, el proceso
disciplinario seguido contra el demandante, debía regirse por esta normativa y no
por las leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006, pues, su aplicación únicamente estaba
reservada para los procesos en los cuales se hubiera proferido dicho pliego o se
hubiera citado a audiencia.

90. En este contexto, como en materia de prescripción, el estatuto disciplinario
especial de la Policía Nacional, remite a la Ley 1952 de 2019, una vez entró en vigor
el artículo 33, esto es, el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
le correspondía al operador disciplinario de segunda instancia, en virtud del principio
de favorabilidad, aplicar dicha normativa, es decir, contabilizando los 5 años
dispuestos en la norma, desde la consumación del hecho que dio lugar a la
actuación disciplinaria, que, para el caso concreto correspondió al Treinta y Uno de
mayo de Dos mil Dieciséis (2016).

91. Partiendo de dicha data, los cinco años se cumplieron el Primero (1) de junio
de Dos Mil Veintiuno (2021), momento para el cual, no se había proferido decisión
disciplinaria de primera instancia, lo que da lugar a la operancia de la prescripción

60 [32] Sentencia T-085 de 2012.

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

de la acción disciplinaria, en los términos del artículo 33 de la Ley 1952 de 2021,
modificado por el artículo 7 de la Ley 2094 de 2021.

92. El criterio de favorabilidad adoptado por la Sala en este proceso, coincide con
el análisis efectuado por la Sala Primera Especial de Decisión de la Corporación, en
la sentencia de cinco de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)61, en la que se
adujo:

«(…) Así, tanto en el CDU como en el CGD se consagra el principio de favorabilidad
en materia disciplinaria, y en el CGD se precisó que la ley más favorable puede ser
“(…) sustancial o procesal de efectos sustanciales”. Adicionalmente, se ha
reconocido la favorabilidad “como un principio orientador para el operador jurídico, no
de la interpretación de la ley, sino respecto de la escogencia de la ley aplicable al
caso cuando hay sucesión de leyes en el tiempo”. (…)

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del 31 de enero de 2024,
se pronunció sobre la prescripción de la acción disciplinaria en aplicación del principio
de favorabilidad, en los siguientes términos:

En ese orden de ideas, la prescripción de la acción disciplinaria es un instituto
regulado tanto en la Ley 734 de 2002 como la Ley 1952 de 2019 y su eventual
aplicación ultractiva o retroactiva, no desfigura en lo absoluto el marco procedimental
establecido en estas, ni desquicia las reglas de tránsito normativo. Por el contrario,
analizada conforme al principio de favorabilidad, se impone como garantía
fundamental de obligada consideración, bajo el entendido de que por encima de la
rigidez de los marcos rituales de vigencia general, el procesado tiene derecho a que
en su caso se aplique aquella norma más beneficiosa.

Es así como en la verificación del tránsito legislativo, la autoridad debe recordar que
la aplicación del artículo 33 de la Ley 1952 de 2019 a procesos gobernados por la Ley
734 de 2002, no puede darse de manera parcializada, por lo que examinará si al
margen de la expedición del auto de apertura de investigación disciplinaria, han
transcurrido cinco años desde la comisión de la falta hasta que se haya notificado el
fallo de primera instancia. De ser así, el principio de favorabilidad obliga a que de
oficio sea decretada la terminación del procedimiento al haber operado la prescripción
de la acción disciplinaria.

(…) Lo que no puede ser de recibo bajo ninguna interpretación, es postular que como
el proceso se encuentra en sede de apelación y entró a regir plenamente la Ley 1952
de 2019, entonces la regla a aplicar en punto de la prescripción sería el aparte de la
nueva ley que regula los dos años para la segunda instancia, ya que por esa vía, en
la práctica se estaría creando una lex tertia según la cual, mantiene vigente apartes
de la Ley 1474 de 2011 para efectos de sostener el término de caducidad, y
simultáneamente predica la vigencia de la prescripción sustentada en el nuevo

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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial de Decisión. Expediente 11001-03-15-
000-2024-06216-00. M.P. Wilson Ramos Girón.

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

término, lo cual es abiertamente violatorio de las garantías procesales, y termina de
paso en una contradicción lógica, ya que si se sostiene a toda costa la vigencia de la
Ley 734 de 2002, inexorablemente tendría que reconocerse que en la misma impera
igualmente la favorabilidad como principio rector y debe interpretarse siempre, en
favor del procesado.

Teniendo en cuenta que el análisis dentro del recurso extraordinario de revisión
conlleva un estudio de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de la
actuación disciplinaria, le corresponde a esta Sala Especial de Decisión verificar si la
autoridad disciplinaria dio aplicación al principio de favorabilidad, es decir, si empleó
la disposición vigente que resultara más beneficiosa para el disciplinado al momento
de proferir la decisión.

Entonces, en el caso concreto se tiene que, el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019,
prevé que, la acción disciplinaria prescribe dentro del término de cinco años, «(…)
contados para las faltas de ejecución instantánea desde el día de su consumación,
para las de ejecución permanente o continuada, desde la realización del último acto
y para las omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. La prescripción
se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia».

Así, el CGD resulta más favorable al disciplinado, porque si bien el término para emitir
y notificar la decisión de primera instancia sigue siendo cinco (5) años, con la Ley
1952 de 2019 se cuenta desde los hechos, y no desde el auto de apertura de la
investigación disciplinaria o de citación a audiencia.

Bajo el anterior supuesto, se reitera que, la conducta ocurrió el 27 de noviembre de
2015, por lo que el término de cinco años descrito en el CGD se cumplió el 27 de
noviembre de 2020, y teniendo en cuenta los 70 días de suspensión por la emergencia
del Covid-19, dicho término se extendió hasta el 5 de febrero de 2021. Sin embargo,
la decisión de primera instancia se notificó el 7 de noviembre de 2023, esto es, 2 años,
9 meses y 2 días después, por lo que se configuró la prescripción de la acción
disciplinaria.

Por ende, la Sala declarará probada la prescripción de la acción disciplinaria, se
relevará de analizar las demás circunstancias que componen el estudio integral, y
dejará sin efecto la sanción impuesta al señor Uber Alfonso Gutiérrez Carvajal, dentro
del expediente disciplinario IUS-2016-51003 / IUC-D-2016-613-834398.»

93. Siendo así las cosas, la Sala concluye que, ante la ocurrencia del fenómeno
prescriptivo, el operador disciplinario de segunda instancia no podía pronunciarse
de fondo sobre el asunto puesto a su conocimiento, sino revocar la decisión
declarando la extinción de la acción disciplinaria.

94. En ausencia de ello, se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del
disciplinado, aspecto que no fue evaluado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, al momento de dictar la sentencia

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

de primera instancia; lo que impone a la Sala revocarla, para en su lugar declarar la
nulidad de los fallos disciplinarios proferidos dentro de la actuación disciplinaria
dentro del proceso SIE2D EE-PROD1-2022-309, por la operancia de la prescripción
de la acción.

95. En consecuencia, frente al restablecimiento del derecho, la Sala dispondrá el
reintegro del demandante a su grado de intendente en la Policía Nacional, sin
solución de continuidad, y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación, hasta cuando se produzca
su reintegro efectivo, debidamente indexados.

96. Para ello se deberán actualizar los valores a pagar según la fórmula que se
describe a continuación:

R= Rh X Índice final
_____________
Índice inicial

97. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor
histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la
fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la
forma señalada en el artículo 192 del CPACA. Por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada mesada
prestacional.

98. No hay lugar a ordenar la prelación que le correspondía en el escalafón de
Suboficiales, ni el retroactivo por ascensos, comoquiera que, las normas que rigen
la Policía Nacional en esta materia, no dependen de manera pura y simple del paso
del tiempo, sino que abarcan cupos en los distintos grados, así como, cursos
específicos de formación.

99. Adicionalmente, la Sala dispondrá que, la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, eliminen el registro de la

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

sanción impuesta al señor Yesid Fajardo Gamboa de sus bases de datos,
especialmente del Sistema de Información para el Registro de Sanciones y Causas
de Inhabilidad, SIRI; que administra la Procuraduría.

100. De otro lado, la Sala se abstendrá de la condena por perjuicios morales y por
la vulneración a bienes convencional y constitucionalmente protegidos, como quiera
que, no se allegó al plenario, prueba que dé cuenta de su causación, carga que
radicaba en cabeza del extremo procesal activo, y, por lo tanto, al no existir
presunción de aflicción y congoja, no la vulneración de derechos de manera
autónoma, deben negarse estas pretensiones.

101. Finalmente, la Sala no desarrollará los demás problemas jurídicos ante la
concreción del fenómeno de prescripción de la acción disciplinaria.

2.7 Condena en costas.

102. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Nueve (09) de junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del fallo disciplinario de primera instancia
de Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), a través del cual, se le
impuso al señor Yesid Fajardo Gamboa, la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad general por 10 años, dentro del proceso disciplinario SIE2D EE-PROD1-

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Radicación: 2175-2025
Demandante: Yezid Fajardo Gamboa.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

2022-309 y del fallo disciplinario de segunda instancia, proferido el Veintisiete (27)
de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), que confirmó la decisión primigenia, dada
la prescripción de la acción disciplinaria.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, a reintegrar al señor Yesid Fajardo
Gamboa, sin solución de continuidad, al cargo de intendente que venía
desempeñando al momento de la destitución; y a pagarle, los salarios y
las prestaciones sociales dejados de percibir, de acuerdo con la fórmula señalada
en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la
Procuraduría General de la Nación, eliminar el registro de la sanción de sus bases
de datos, especialmente del Sistema de Información para el Registro de Sanciones
y Causas de Inhabilidad, SIRI; que administra la Procuraduría.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: SIN condena en costas en esta instancia.

SÉPTIMO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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