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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2014-00185-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2014-00185-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ADICIONAR EL ORDINAL PRIMERO BIS a la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda, el cual dispondrá lo siguiente: Primero bis: Declarar probada la excepción de prescripción trienal formulada por la entidad demandada, ello respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 11 de septiembre de 2011. SEGUNDO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la providencia recurrida, el cual quedará de la siguiente forma: Segundo: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor Ernelio Chala Moreno, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 5 de febrero de 2000 y el 4 de febrero de 2001, con efectividad desde el 5 de febrero de 2001, pero con efectos fiscales desde el 11 de septiembre de 2011 por prescripción trienal de mesadas. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte demandada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia. QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al abogado Daniel Antonio Genes Benedetti con tarjeta profesional 318.543, ello conforme al poder general conferido mediante escritura pública visible en el índice 47 de SAMAI. Del mismo modo, SE RECONOCE PERSONERÍA como apoderado del demandante, esto es, del señor Ernelio Chala Moreno, al abogado Argencys Rentería Chaverra, portador de la tarjeta profesional 190.563, esto en los términos del memorial obrante en el índice 31 de SAMAI. SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2014-00185-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 27001-23-33-000-2014-00185-01 (4962-2018)
Demandante: Ernelio Chala Moreno
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Análisis sobre la fecha de
efectividad del derecho y de la prescripción trienal de mesadas.
ADICIONA, MODIFICA Y CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el cinco (5) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo del Chocó, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor ERNELIO CHALA MORENO instauró demanda contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) AMB 41557 del 26 de agosto de
2008, y (ii) RDP 11410 del 20 de marzo de 2009, por medio de las cuales la entonces
Cajanal EICE negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del reclamante y
confirmó dicha decisión al resolver un recurso de reposición.

1 Folio 2.

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Que igualmente se declare la nulidad de la Resolución UGM 032996 del 14 de
febrero de 2012 con la que la UGPP negó nuevamente el pago de la mencionada
prerrogativa, así como de los actos presuntos derivados de la configuración del
silencio administrativo negativo respecto de los recursos de reposición y apelación
interpuestos por el actor contra la decisión inicial.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar al accionante la pensión gracia conforme a las previsiones de la Ley
114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por este
durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el retroactivo
debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto desde el
23 de abril de 2008, reajustadas anualmente.

Que se ordene dar cumplimiento al fallo según los artículos 188, 192 y 195 del
CPACA.

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el señor Ernelio Chala Moreno nació el 23 de abril de 1948. Que durante su
vida laboral se desempeñó inicialmente como docente oficial contratado al servicio
del municipio de Condoto del 15 de febrero de 1980 al 16 de noviembre de 1994.
Luego lo nombraron mediante el Decreto 1091 del 6 de diciembre de 1994 para ser
educador nacionalizado del municipio de Quibdó entre el 19 de diciembre de 1994
y el 30 de julio de 2013.

Que, el 29 de abril de 2008, el demandante radicó ante la entonces Cajanal EICE
una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.

Que la referida entidad negó lo reclamado a través de la Resolución AMB 41557 del
26 de agosto de 2008, aduciendo que el reclamante no había acreditado los 20 años
de servicio para acceder a la prerrogativa solicitada. Que el actor interpuso recurso
de reposición, el cual fue resuelto negativamente a través de la Resolución RDP
11410 del 20 de marzo de 2009, ello al confirmar la decisión inicial.

Que, el 10 de marzo de 2011, el accionante volvió a radicar una petición de
reconocimiento de la pensión gracia, pero esta vez ante la UGPP, entidad que
también negó el derecho reclamado a través de la Resolución UGM 032996 del 24
de febrero de 2012 bajo el entendido de que no podía establecerse el tipo de

2 Folios 3 a 5.

2
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vinculación en el período de contratación, por lo que el docente interpuso recursos
de reposición y apelación, los cuales no fueron resueltos.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN3

La parte activa asegura que con los actos administrativos demandados se
transgreden los artículos: 2, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; 27, 30 y 31 del
Código Civil; 1 y 3 de la Ley 114 de 1913; 1, 2 y 59 del Decreto Ley 2277 de 1979;
2 de la Ley 153 de 1887; y 15 de la Ley 91 de 1989.

Que el reclamante se vinculó como docente oficial antes del 31 de diciembre de
1980 a escuelas rurales del departamento del Chocó, nacionalizadas, por lo que
esos tiempos son computables para reconocer la pensión reclamada. Además, no
hay duda de que ejerció bajo dichas calidades también por más de 20 años,
cumpliendo además la edad requerida (50 años), así que reúne todas las exigencias
para acreedor del derecho en litigio conforme a la ley.

Que los actos administrativos de nombramiento, las actas de posesión y los tantos
certificados de tiempos de servicio en el departamento del Chocó no han sido
tachados de falsos en sede administrativa ni judicial, es decir, que al ser expedidos
por funcionarios públicos gozan de la presunción de autenticidad y no puede ser
desconocida su validez.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de octubre de 20144, la cual fue
notificada a la UGPP5 quien presentó memorial de contestación6 en el que manifestó
que, de acuerdo con las normas aplicables al caso y los elementos de juicio
existentes en el cuaderno administrativo del actor, así como lo aportado por este en
su demanda, se observa que no hay lugar al reconocimiento de la prestación
solicitada por cuanto se allegó una certificación expedida por el secretario de
gobierno y jefe de personal del municipio de Condoto del 30 de octubre de 2006, el
cual no indica el tipo de nombramiento realizado al reclamante como docente, lo
cual es un requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión gracia.

Que en dicho certificado señaló que, una vez revisados los archivos existentes en
la administración municipal de Condoto, no se encontraron documentos que sirvan
de pruebas para certificar los años 1981,1983,1984,1985 y 1986, razón por la cual,
si bien para el efecto el accionante allegó unas declaraciones extra juicio en donde
los declarantes manifestaron que el señor Chala Moreno trabajó como educador de
dicha entidad desde el 30 de noviembre de 1980 hasta el 7 de febrero de 1996, lo

3 Folios 5 a 13.
4 Folios 116 a 118.
5 Folios 124 a 125.
6 Folios 178 a 181.

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cierto es que no existe certeza de la naturaleza de la relación legal y reglamentaria
creada en ese momento.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) cobro de lo no debido, (ii)
inexistencia de la obligación, (iii) prescripción, y (iv) genérica e innominada.

En la audiencia inicial7 se indicó que las excepciones propuestas por las entidades
demandadas eran de fondo y por tanto serían resueltas con la sentencia.
Adicionalmente en esta diligencia se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se declaró
que el demandante no tuvo ánimo conciliatorio frente a la propuesta de conciliación
de la entidad accionada que buscaba reconocer la pensión desde el 27 de marzo
de 2000, pero con prescripción a partir del 20 de octubre de 2014. Finalmente, se
efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437
de 2011.

En la audiencia de pruebas8 se incorporaron los documentos allegados al proceso
y se prescindió de la audiencia de alegatos y juzgamiento con base en el artículo
180 del CPACA, por lo que se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión
y se le dio la oportunidad al Ministerio Público para que conceptuara de fondo.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia del 5 de abril de 2018
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de
los actos demandados y ordenar a la UGPP que reconozca la pensión gracia a favor
del reclamante con efectividad desde el 23 de abril de 2008.

Para ello argumentó que, se encuentra demostrado que el demandante
inicialmente prestó sus servicios en calidad de docente territorial con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, con lo que de conformidad con lo dispuesto en el literal
a), numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 lo hace acreedor de una
expectativa frente al derecho a la pensión gracia que se concretaría siempre y
cuando hubiera cumplido con la totalidad de los requisitos señalados en las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, en tanto se reservó este derecho
únicamente para los docentes territoriales o nacionalizados en virtud de la Ley 43
de 1975, antes de la fecha en mención.

Que, del examen de la certificación expedida por el secretario de gobierno y jefe de
personal del municipio de Condoto, se concluye que el actor antes de la fecha
señalada en la Ley 91 de 1989, ostentó una vinculación territorial válida para

7 Folios 202 a 207.
8 Folio 218 a 220.
9 Folios 235 a 241.

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acceder al beneficio de la pensión gracia. Que su posterior vinculación fue de
carácter territorial por cuanto su posesión se hizo ante el secretario de educación
del departamento del Chocó, lo que permite deducir que se trató de una relación
legal y reglamentaria del orden territorial y nacionalizada, lo cual se corrobora con
el certificado de historia laboral que da fe que la naturaleza de dicho vínculo.

Que, en tal sentido, es claro que el reclamante ha laborado en establecimientos
educativos territoriales y nacionalizados por un espacio de 28 años, 3 meses y 11
días, y cumplió los 50 años el 23 de abril de 1998, condiciones que lo hacen
merecedor del reconocimiento de una pensión gracia.

Que pese a la negativa por parte de la entidad demandada en el acto reprochado,
lo cierto es que del análisis de las pruebas se logra verificar que la vinculación como
docente del actor al servicio del departamento del Chocó, se realizó mediante el
Decreto 1091 de 1994, ello con una vinculación que ha sido continúa hasta la fecha,
pero que ha presentado varias novedades, ya que en principio el actor fue vinculado
como docente, luego ascendió en el escalafón, pero siempre bajo una relación legal
y reglamentaria que se acreditó de carácter nacionalizada, sin que ello implique que
el tiempo laborado por el educador deba ser considerado de naturaleza nacional.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones del
reclamante. Sin embargo, se advierte que la UGPP en su recurso expresamente
aseguró que: «[…] vale la pena precisar, que esta entidad, tal como lo manifestó en el acta
de conciliación en medio de la audiencia, según los lineamientos jurídicos de la entidad, le
asiste el derecho al demandante, a que se le reconozca y pague una pensión gracia
aplicando el 75% de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado, entre el 28 de marzo de 1999 y
el 27 de marzo de 2000, y no como lo toma el H. Tribunal Administrativo del Chocó en la
sentencia objeto de apelación (el 23 de abril de 2008). […]».

Que, en el entendido de que lo que se discute en esta oportunidad es la fecha de
efectividad de la prerrogativa en litigio, resulta claro que sí se configuró el fenómeno
de la prescripción de mesadas, pues la fecha de exigibilidad del derecho tuvo lugar
desde el 27 de marzo de 2000, pero las reclamaciones administrativas fueron
presentadas hasta el 29 de abril de 2008 y el 10 de marzo de 2011, interponiendo
la demanda solo hasta el 20 de octubre de 2014, es decir, por fuera del término
previsto para la materialización de esta excepción.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

10 Folios 245 a 248.

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El recurso de apelación fue admitido el 15 de enero de 2019,11 y posteriormente,
mediante auto del 15 de agosto de 201912 se corrió traslado a las partes para alegar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante radicó alegaciones finales13 en las que reiteró los
argumentos del acápite de normas violadas y concepto de violación de la demanda,
especificando además que, en virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formas, no debe desconocerse la prestación del servicio bajo la modalidad
contractual, más aún cuando de todas las pruebas se extrae que la vinculación
siempre fue del orden nacionalizado, sin intervención directa del Ministerio de
Educación Nacional.

La parte demandada presentó alegatos de conclusión14 con las que ratificó los
argumentos expuestos en su contestación, al indicar, contrario a sus afirmaciones
del recurso de apelación, que el accionante no tiene derecho al reconocimiento de
la pensión gracia en la medida en que no se demostró el tipo de vinculación del
actor cuando laboró para el municipio de Condoto.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.15

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si fue correctamente
fijada o no la fecha de consolidación del estatus pensional del demandante, la cual
el tribunal de primera instancia determinó desde el 23 de abril de 2008. Una vez
establecido lo anterior, tendrá que verificarse si se configuró la prescripción trienal
de mesadas.

Marco normativo y jurisprudencial

• Sobre la pensión gracia

Inicialmente, debe destacarse que esta prerrogativa ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

11 Folio 270.
12 Folio 305.
13 Folios 310 a 316.
14 Folios 317 a 318.
15 Según constancia secretarial a folio 319.

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«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116 de
1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

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iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

• Sobre la prescripción

El Consejo de Estado16 ha señalado que la estructuración de la mentada figura
requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se hayan ejercido
las acciones correspondientes para reclamar los derechos que considera
vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya hecho
exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso que
consagra lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de
1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en
que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual. […]».

Ahora bien, en el caso de las prestaciones o prerrogativas periódicas como lo es la
pensión gracia, esta corporación también ha precisado que, cuando el reclamante
presente varias peticiones en diferentes momentos para obtener el reconocimiento
de su derecho, por tratarse de un pago que se causa mensualmente y de manera
indefinida en el tiempo, es claro que la interrupción del fenómeno prescriptivo se
genera con cada reclamación respecto de las mesadas que hasta cada fecha se
hayan consolidado.

Aun así, lo cierto es que, pese a las diferentes interrupciones que se hayan
concretado, claramente continuará corriendo el término para ejercer las acciones
judiciales correspondientes, es decir, para demandar, de manera que siempre
deberá tenerse en cuenta en orden de determinar la fecha exacta de efectos fiscales
de la prescripción, la de la petición final que el administrado haya radicado, pues
mientras no se haya acudido a la jurisdicción en término, necesariamente estarán
prescritas las mesadas anteriores a la última solicitud del derecho.

Sobre el punto, el Consejo de Estado17 en sentencia del 2 de febrero de 2017 señaló
lo siguiente:

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2

de febrero de 2017. Radicado: 150012333000201300718 01 (1218-2015).

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«[…] Expuestos los fundamentos jurídicos y fácticos del caso objeto de estudio, se
concluye que:

1. La reclamación del derecho debió presentarse una vez cumplidos los requisitos
de ley, que como se denota en el proceso, se configuró el 26 de enero de 2002,
fecha a partir de la cual empezó a correr el término de la prescripción de la
prestación.

2. Sólo hasta el 19 de abril de 2006, la demandante presentó escrito de solicitud de
reconocimiento de la pensión, sin obtener respuesta del ente previsional, y agotada
la vía gubernativa tampoco instauró la demanda ante ésta jurisdicción, dejando
transcurrir el tiempo con los efectos y consecuencias que produce la prescripción.

3. El 1º de octubre de 2009, la accionante radicó nueva solicitud de reconocimiento
y pago de la prestación, que CAJANAL reconoció mediante la Resolución Nº PAP
01274 de 30 de agosto de 2010 a partir del 26 de enero de 2002 con efectos fiscales
desde el 1º de octubre de 2006.

4. En cuanto a la prescripción, ésta se interrumpió con la presentación de la segunda
petición, es decir, la del 1º de octubre de 2009, y por lo tanto, surte sus efectos sobre
las mesadas correspondientes a los períodos desde el 30 de septiembre de 2006
hacia atrás.

5. La pensión gracia se mantiene en las condiciones en que fue reconocida en la
Resolución Nº PAP 01274 de 30 de agosto de 2010, por lo tanto, no prosperan las
pretensiones de la demanda, las cuales estaban centradas en obtener el
reconocimiento y pago de las diferencias causadas entre los años 2003 y 2006, dada
la aplicación de la prescripción por el ente previsional, la cual se confirma en esta
providencia. […]». (Líneas intencionales).

Resolución del caso concreto

En primera medida se aclara que, en el presente caso solo la parte pasiva interpuso
recurso de apelación, quien exclusivamente discutió la fecha de efectividad de la
pensión gracia reconocida al actor y el análisis de la prescripción, ello sin hacer el
más mínimo reparo argumentativo contra la decisión de acceder al derecho
reclamado, sino por el contrario, convalidando su procedencia, tal como se verifica
de la siguiente imagen del escrito de impugnación:

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Radicado: 27001-23-33-000-2014-00185-01 (4962-2018)

Por tal motivo, para esta Sala es evidente que, en virtud del principio de congruencia
y del debido proceso como garantía de los derechos de defensa y contradicción,
necesariamente se entenderá que la entidad demandada se encuentra conforme
con el estudio de los requisitos para acceder a dicha prerrogativa, de manera que
en esta oportunidad no podrá efectuarse pronunciamiento alguno al respecto. Bajo
dicho contexto, el eje temático de esta instancia es únicamente la verificación del
fenómeno prescriptivo respecto de las mesadas causadas a favor del reclamante.

Pues bien, en el entendido de que según el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969,
deben contabilizarse 3 años con una interrupción por un lapso igual para solicitar
administrativa y luego judicialmente el derecho ahora en litigio, contados desde su
fecha de exigibilidad, tendrá que considerarse el hecho de que esta última data se
concretó para el asunto bajo examen, a partir del 5 de febrero de 2001 cuando el
actor acreditó los 20 años de servicio como educador oficial nacionalizado, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (23 de abril de 1998)18, pues ese
primer momento fue en el que aquel colmó la totalidad de requisitos para adquirir la
prerrogativa bajo estudio.

Para determinar la fecha de consolidación del estatus jurídico pensional, se tuvieron
en cuenta los mismos tiempos acreditados y valorados en primera instancia (pues
estos no fueron objeto de impugnación por el apelante único), esto es, básicamente
los indicados mediante certificado de información laboral emanado del municipio de
Condoto el 9 de marzo de 2010,19 y el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral expedido por la Secretaría de Educación
Departamental del Chocó el 28 de junio de 2010.20

Según estas pruebas que fueron las valoradas por el tribunal de primera instancia
para el cómputo de los períodos computables, y solo con el fin de verificar cuál es
el cálculo correcto de la fecha de exigibilidad del derecho (lo cual es en esencia el
objetivo de la apelación), se logra determinar que el momento exacto en el que el
reclamante logró acumular 20 años de labor oficial como docente fue el 5 de febrero
de 2001, mas no el 23 de abril de 2008 como lo estimó el juez de origen, así como
tampoco el 27 de marzo de 2000 como lo adujo la parte apelante en su recurso. El
mencionado cálculo se deriva del siguiente ejercicio:

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
30/11/1980 16/11/1994 13 11 17
23/01/1995 5/02/2001 6 0 13
TOTAL 19 + 1 = 20 AÑOS 11 + 1 = 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)

18 Pues nació el 23 de abril de 1948 según copia de la cédula y el registro civil de nacimiento obrantes a folio

19.
19 Folio 39.
20 Folios 42 a 43.

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Ahora, tal como se verifica en la parte considerativa de la Resolución AMB 41557
del 26 de agosto de 2008,21 el señor Chala Moreno presentó una primera petición
ante la entonces Cajanal EICE el 29 de abril de 2008, solicitando el reconocimiento
de la pensión gracia, la cual fue resuelta en forma negativa por la administración a
través del mencionado acto. En tal sentido, al haber superado los 3 primeros años
contados desde el 5 de febrero de 2001 cuando se hacía exigible la prerrogativa
(que vencían el 5 de febrero de 2004), es claro que el accionante no logró interrumpir
el fenómeno prescriptivo de sus mesadas causadas durante ese lapso, por lo que
deben entenderse prescritas.

Adicionalmente, a pesar de lo anterior, se advierte el actor no acudió a la jurisdicción
para reclamar el derecho pensional, sino que, el 10 de marzo de 2011 presentó por
segunda vez una reclamación tendiente a obtener la pensión en comento, tal como
lo señaló la UGPP en la Resolución UGM 032996 del 14 de febrero de 2012,22 lo
que, por tratarse de un pago periódico, generó una nueva interrupción de 3 años
por las nuevas mesadas causadas, esto es, al menos hasta el 10 de marzo de 2014.

De hecho, sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, encuentra
sustento en lo dispuesto por esta Corporación23, en el entendido que una vez se
haga exigible el derecho y ante la presentación de la reclamación administrativa, la
parte interesada debe presentar en el término de los 3 años la demanda judicial, de
lo contrario, se somete a la activación del término prescriptivo y la pérdida del
derecho de las prestaciones periódicas causadas.

Es decir, que al considerarse la pensión gracia como una dádiva que se causa
periódicamente, el análisis de la prescripción deberá realizarse de acuerdo con el
término de interrupción que se genere con la última petición al momento de reclamar
el derecho, máxime cuando estas sean presentadas en tiempos distantes a la
configuración del estatus y sobre las cuáles haya operado esta figura como ocurre
en el presente asunto.

Bajo este contexto, en el presente caso se observa que el demandante radicó la
demanda el 11 de septiembre de 2014,24 esto es, por fuera del término de los 3
primeros años contados a partir de la fecha del estatus, e igualmente una vez
pasado el lapso de interrupción de la segunda petición (del 10 de marzo de 2011 al
10 de marzo de 2014), razón por la cual, efectivamente se configuró el fenómeno
prescriptivo de las mesadas adeudadas al reclamante anteriores al 11 de
septiembre de 2011, de manera que se declarará probada la excepción en comento
formulada por la parte pasiva en su contestación de la demanda.

21 Folios 27 a 28.
22 Folios 54 vuelto a 55.

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2017, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-
000-2016-00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
24 Según sello de radicación visible a folio 15 y de la hoja individual de reparto a folio 114.

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Como se observa, es claro que el tribunal de primera instancia cometió un error en
el cálculo de la fecha de exigibilidad del derecho concedido, así como en la
determinación de la prescripción, el cual termina por afectar la fecha de efectividad
de la pensión reconocida a favor del señor Chala Moreno, así como la de sus efectos
fiscales. Tales aspectos pueden ser modificados en esta instancia debido a que este
cambio solo favorece a la única parte apelante y se ajusta a sus argumentos de
impugnación, lo cual respeta el principio de congruencia y de la non reformatio in
pejus.

Por lo expuesto, se adicionará el ordinal primero bis a la sentencia apelada, para
declarar probada la excepción de prescripción. De igual forma, se modificará el
ordinal segundo en el sentido de ordenar el reconocimiento de la pensión gracia a
favor del demandante con efectividad desde el 5 de febrero de 2001, pero con
efectos fiscales a partir del 11 de septiembre de 2011. En todo lo demás se
confirmará el fallo recurrido.

Condena en costas de segunda instancia

Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión presentados
por la parte demandada no presentan una carencia de fundamentación legal que dé
lugar a la condena en costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio
manifestaron planteamientos razonables para la defensa jurídica de sus intereses.
En consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en

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nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: ADICIONAR EL ORDINAL PRIMERO BIS a la sentencia apelada que
accedió a las pretensiones de la demanda, el cual dispondrá lo siguiente:

Primero bis: Declarar probada la excepción de prescripción trienal formulada por
la entidad demandada, ello respecto de las mesadas causadas con anterioridad al
11 de septiembre de 2011.

SEGUNDO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la providencia recurrida, el
cual quedará de la siguiente forma:

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor
Ernelio Chala Moreno, ello en cuantía del 75% del promedio de los factores
salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 5 de febrero de 2000 y el 4 de febrero de 2001, con efectividad
desde el 5 de febrero de 2001, pero con efectos fiscales desde el 11 de septiembre
de 2011 por prescripción trienal de mesadas.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia a la parte
demandada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.

QUINTO: RECONOCER PERSONERÍA como mandatario general de la UGPP al
abogado Daniel Antonio Genes Benedetti con tarjeta profesional 318.543, ello
conforme al poder general conferido mediante escritura pública visible en el índice
47 de SAMAI. Del mismo modo, SE RECONOCE PERSONERÍA como apoderado
del demandante, esto es, del señor Ernelio Chala Moreno, al abogado Argencys
Rentería Chaverra, portador de la tarjeta profesional 190.563, esto en los términos
del memorial obrante en el índice 31 de SAMAI.

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso

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