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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00042-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 27001-23-33-000-2017-00042-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 20 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich en contra de la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente expuesto. Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 27001-23-33-000-2017-00042-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

23 de junio de 2022

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 27001-23-33-000-2017-00042-01 (3629-2019)
Demandante: CARLOS DELASCAR COUTIN ROYKOVICH
Demandada: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO
DE ASÍS DE QUIBDÓ, EN LIQUIDACIÓN

Tema: Reconocimiento de relación laboral encubierta o
subyacente. Médico

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011

ASUNTO

La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 20 de
marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Carlos Delascar Coutin Roykovich, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112, formuló, en síntesis, las siguientes:

Pretensiones1

1. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio sin número
del 19 de octubre de 2016, por medio del cual se negó el reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales y demás acreencias laborales a que
tiene derecho, al haberse configurado el «contrato realidad» durante el
tiempo en que laboró como médico general al servicio del Hospital
Departamental San Francisco de Asís.

2. Declarar que entre la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís
y el demandante existió una relación laboral desde el 8 de agosto de 2013
hasta el 30 de septiembre de 2016.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a pagar en su favor las prestaciones sociales de cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, prima de navidad, prima de
servicios, primas convencionales y demás derechos laborales en igual

1
Folios 1 y 2.

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2

condición que un médico de planta, por el tiempo en que prestó sus
servicios como médico general, es decir, desde el 8 de agosto de 2013 y
hasta el 30 de septiembre de 2016; a pagar al convocante las sumas de
dinero correspondientes al 20.5% del pago de la seguridad social que le
correspondía sufragar como contratante, pero que fueron canceladas
directamente por el mencionado médico durante la vigencia de la relación
laboral; a que la liquidación de los anteriores conceptos se efectúe
mediante sumas líquidas de moneda en curso legal en Colombia, ajustadas
con base en el IPC o al por mayor, conforme lo dispuesto en la ley y la
jurisprudencia.

4. Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos y condiciones de
los artículos 192, 194 y 195 del CPACA; y condenar a la entidad
cuestionada a pagar a favor del demandante el 35% del valor reconocido
en la sentencia, por concepto de costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes2

1. El señor Carlos Delascar Coutin Roykovich fue vinculado como médico
general del Hospital Departamental San Francisco de Asís, mediante
contratos de prestación de servicios, durante el periodo transcurrido entre
el 8 de agosto de 2013 y el 30 de septiembre de 2016.

2. El demandante laboró de manera dependiente y subordinada, recibió
órdenes e instrucciones sobre la forma cómo debía desempeñar sus
actividades, cumplió el mismo horario de trabajo que un médico de planta
del mencionado hospital, y recibió una remuneración mensual por su
trabajo.

3. Durante la vigencia del vínculo laboral, el señor Coutin Roykovich estuvo
sometido al reglamento interno de la entidad, a un sistema disciplinario
común en igual condición que los médicos de planta, y acogió órdenes
tanto verbales como escritas por parte de los Coordinadores Médicos, los
Subgerentes del Área Asistencial y los Directores del Hospital.

4. Las funciones ejecutadas por el interesado durante los 3 años de la
vinculación, son de las consideradas como permanentes e inherentes a la
naturaleza de la E.S.E., es decir, la prestación del servicio de salud.

5. En el tiempo en que el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich prestó sus
servicios a la demandada, no pudo discutir las condiciones o circunstancias
de tiempo, modo y lugar en la referida prestación, pues éstas eran fijadas
por el hospital, so pena de no serle renovado el contrato.

6. El 7 de octubre de 2016, el demandante presentó petición ante la
administración de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís en Liquidación,
a efectos de obtener el reconocimiento de una verdadera relación laboral
entre las partes y el pago de las prestaciones sociales, así como el 20.5%
de seguridad social, por el lapso en que duró el vínculo jurídico.

7. En respuesta a la anterior solicitud, la entidad expidió el Oficio sin número
de fecha 19 de octubre de 2016, mediante el cual negó la reclamación
efectuada.

2
Folios 2 a 5.

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3

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones3:

«La parte demandada E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís,
mediante memorial visible a folios 189 – 201 del expediente, contestó la demanda
y no propuso excepciones que tengan la connotación de previas, por lo demás el
despacho no encuentra en esta etapa del proceso, hechos probados y
constitutivos de excepciones, ni de cosa juzgada, caducidad, transacción
conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva; que
habiliten la facultad de su declaratoria de oficio, en los términos indicados por el
artículo 180.6 del CPACA.»

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos4:

«[…] Consiste en determinar si se dan los supuestos fácticos para considerar la
simulación de la relación laboral subordinada a través de órdenes de prestación
de servicios, entre el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich y la E.S.E. Hospital
Departamental San Francisco de Asís y si como consecuencia de dicha
declaratoria son procedentes las prestaciones(sic) de restablecimiento de
derecho presentadas con la demanda, teniendo en cuenta lo pedido a la
administración y el vínculo que existió entre las partes.

O si por el contrario se encuentran probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada y/o las que puedan ser declaradas por el Despacho.»

SENTENCIA APELADA5

El tribunal dictó sentencia escrita el 20 de marzo de 2019, a través de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

El a quo abordó el análisis probatorio de los elementos recaudados en el
proceso y estimó que en el sub lite se encuentran demostrado los elementos
de una relación de trabajo entre el demandante y la entidad convocada, pues
aunado a las características esenciales de dicha relación, se acreditó que las
3
Folio 209 Vto. y 210.
4
Folio 210 y 211.
5
Folios 243 a 253 Vto.

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labores desempeñadas por el señor Coutin Roykovich no fueron de carácter
transitorio o esporádico como ocurre en los contratos de prestación de
servicios, sino que se prolongaron en el tiempo conforme se probó con los
contratos sucesivos que durante aproximadamente 3 años fueron celebrados
entre el demandante y la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís en
Liquidación.

Sostuvo entonces que las diferentes situaciones administrativas y
necesidades del servicio no pueden convertirse en evasivas para vincular
precaria e ilegalmente personal para el desempeño parmente de funciones
públicas, en este caso, el servicio de salud.

Corolario de lo expuesto, el juez de primer grado declaró la nulidad del acto
administrativo cuestionado; y la existencia de una relación laboral subyacente
entre las partes, en el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2013 y el
30 de septiembre de 2016; condenó a la E.S.E. a cancelar al interesado las
sumas que por concepto de prestaciones sociales devengan los médicos
generales de la entidad con una vinculación legal y reglamentaria, por los
lapsos en los que efectivamente laboró y en los cuales se demostró la
existencia de la relación de trabajo, teniendo como base para la liquidación el
valor pactado en los contratos; y el consecuente cómputo de ese tiempo para
efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las cotizaciones
correspondientes y, de las sumas a pagar por la demandada deberá efectuar
los descuentos de ley que sean del cargo del demandante, teniendo en cuenta
que la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en Liquidación,
deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se
debieron efectuar y los realizados por el contratista, y cotizar al respectivo
fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo
en el porcentaje que le es atribuible.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada6 presentó recurso de apelación con fundamento en lo
siguiente:

Si bien es cierto que el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich prestó sus
servicios en la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís, no lo es
menos el hecho de que realizó dicha actividad a través de contratos de
prestación de servicios amparados por la Ley 80 de 1993. Así, el artículo 32
ibídem, permite la celebración de contratos con personas naturales cuando la
actividad a contratar no puede ser realizada por personal de planta de la
entidad. Lo anterior por cuanto, el referido Hospital es el único que atiende
situaciones de salud de segundo nivel en Quibdó.

Frente al acto administrativo demandado argumentó que el mismo debió
anexarse en copia auténtica y no en copia simple y que, además, no se
encuentra suscrito por quien actúa en calidad de representante legal de la
E.S.E.

Retornando al cuestionamiento principal, el recurrente advirtió que con los
contratos aportados se demostró que entre las partes existió un contrato civil
y no laboral, de manera que al suscribir el mismo, el demandante aceptó las

6
Folios 259 a 262.

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condiciones en él previstas y, en consecuencia, el hecho de cumplir con el
objeto convenido no debe ser visto como una conducta subordinada sino como
la coordinación que debe haber para el desarrollo de las actividades
contratadas.

Sostuvo entonces que el señor Coutin Roykovich cumplía turnos inferiores a 8
horas, que no eran permanentes, ni diarias y que, en tal sentido, el interesado
no acreditó haber laborado el tiempo mínimo diario, conforme lo hacía el
personal de planta de la demandada.

Por último, manifestó que en la E.S.E. no existía reglamento interno, por lo que
no es posible afirmar que el demandante haya estado sometido al mismo, y en
igual sentido, resaltó que no le fueron impuestas jornadas de trabajo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes demandada, demandante, el ministerio público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio en esta etapa
del proceso, de conformidad con la constancia secretarial expedida el 6 de
noviembre de 2020, visible a folio 196 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

Consideración previa

Encuentra la Subsección que, dentro de su escrito de apelación, la entidad
demandada presentó como punto de controversia el hecho de que el acto
administrativo demandado haya sido anexado al expediente en copia simple y
que, además, no se encuentra suscrito por quien actúa en calidad de
representante legal de la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís
en Liquidación.

Al respecto, se tiene que el Oficio sin número de fecha 19 de octubre de 20167,
por medio del cual la entidad cuestionada dio respuesta a la reclamación
presentada por el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich, encaminada a
obtener la declaración de la existencia de la relación laboral entre las partes,
y el consecuente reconocimiento y pago de prestaciones sociales y de
seguridad social, fue suscrito por la Abogada de la Oficina Jurídica del
Hospital, en hoja con membrete del mismo y haciendo referencia a la
mencionada reclamación administrativa.

No se desprende de lo argumentado por la entidad demandada,
cuestionamiento alguno sobre la veracidad del documento aportado o el
contenido del mismo, por el contrario, la apelación se encuentra dirigida a que,

7
Folio 15.

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en sede de segunda instancia se nieguen las pretensiones del libelo bajo el
mismo sustento que edificó la decisión de la administración de no acceder a lo
reclamado por el señor Coutin Roycovich al haber estado vinculado con la
entidad por contratos de prestación de servicios.

Aunado a lo anterior, observa la Sala que no solo el mencionado acto
administrativo se encuentra adjunto al plenario en original, sino que, además,
la E.S.E. no demostró ni ahondó en las circunstancias que pueden deslegitimar
la firma de la persona que lo suscribió por no está investida de autoridad, ni
sus funciones estar dentro de las asignadas por la demandada.

Así, suficiente es anotar lo que sobre el tema se encuentra regulado en los
artículos 245 y 246 de la Ley 1564 de 2012, que a su tenor literal prevén:

«ARTÍCULO 245. APORTACIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos se
aportarán al proceso en original o en copia.

Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su
poder, salvo causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá
indicar en dónde se encuentra el original, si tuviere conocimiento de ello.

ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el
mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea
necesaria la presentación del original o de una determinada copia.

Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este
con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.»

Así como lo señalado en los artículos 269, 270 y 272 del CGP, que frente a la
tacha de falsedad y el desconocimiento del contenido de documentos
dispusieron:

«ARTÍCULO 269. PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD. La parte a
quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por
ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a
esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo
como prueba.

Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de
la imagen de la parte contra quien se aduzca.

No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de
influencia en la decisión.

Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo
de falso en las mismas oportunidades.»

«ARTÍCULO 270. TRÁMITE DE LA TACHA. Quien tache el documento deberá
expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración.

No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos.

Cuando el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá
exigir que se presente el original.

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7

El juez ordenará, a expensas del impugnante, la reproducción del documento por
fotografía u otro medio similar. Dicha reproducción quedará bajo custodia del
juez.

De la tacha se correrá traslado a las otras partes para que presenten o pidan
pruebas en la misma audiencia.

Surtido el traslado se decretarán las pruebas y se ordenará el cotejo pericial de
la firma o del manuscrito, o un dictamen sobre las posibles adulteraciones. Tales
pruebas deberán producirse en la oportunidad para practicar las del proceso o
incidente en el cual se adujo el documento. La decisión se reservará para la
providencia que resuelva aquellos. En los procesos de sucesión la tacha deberá
tramitarse y resolverse como incidente y en los de ejecución deberá proponerse
como excepción.

El trámite, de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de
invocarlo como prueba.»

«ARTÍCULO 272. DESCONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. En la oportunidad
para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no
firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del
desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y
representativos emanados de terceros.

No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la
oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados
en el inciso anterior.

De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien
podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma
establecida para la tacha.
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez
considere que el documento es fundamental para su decisión.

Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de
eficacia probatoria.

El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la
imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o
manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha
y probarse por quien la alega.»

De este modo y toda vez que no se observa que se hubiese efectuado solicitud
de tacha de falsedad en las etapas procesales previstas para los efectos, y
que surtido dicho trámite se haya desconocido por el hospital el contenido del
documento, los planteamientos sobre el acto cuya nulidad se depreca no dan
lugar a consideraciones adicionales, por lo que se continuará con las
apreciaciones normativas, jurisprudenciales y probatorias de los problemas
jurídicos que se desprenden de la alzada.

Problemas jurídicos

De conformidad con los planteamientos derivados de la sentencia impugnada
y del recurso de apelación elevado por la parte demandada, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a:

1. ¿El señor Carlos Delascar Coutin Roykovich demostró la configuración de
los elementos de la relación laboral durante el tiempo en que estuvo
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vinculado con la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís de
Quibdó, en Liquidación a través de contratos de prestación de servicios
suscritos directamente con la entidad?

En caso afirmativo,

2. ¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de
todos o algunos de los periodos contractuales y la reclamación
administrativa?

Marco normativo y jurisprudencial

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de
derecho y primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
las partes.

Asimismo, el artículo 53 ejusdem establece que los convenios internacionales
sobre el derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano,
forman parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral).
Por esta razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de
«salario igual por un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del
Convenio 111 de la OIT,8 constituye, junto con otros principios
convencionales,9 un axioma laboral de aplicación directa en el ordenamiento
jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que
respecta al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los
instrumentos de gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes
de la Administración para satisfacer sus necesidades y asegurar el
cumplimiento de los fines del Estado), el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993 lo recoge como un tipo de negocio jurídico o contrato típico, en los
siguientes términos:

«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal
de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

8
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9
Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de
Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como
«(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño
de una actividad lícita libremente escogida o aceptada».

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9

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los
contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni
generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los
elementos configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación
continuada, la prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley
80 de 1993, y la forma en que este queda desvirtuado para dar lugar a la
declaratoria de una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique
conductas o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el
Estado es el empleador, deberá ser analizada en consideración de los
derechos fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo
53 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo,
debidamente ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios,
el elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a
saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se puede matizar ante
el surgimiento de una «nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o imposición de
jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en función del objeto contractual
convenido;
iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que se materializa,
por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción del prestador del servicio en el
círculo rector, organizativo o disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de manera idéntica,
semejante o equivalente a las que tienen asignadas los servidores de planta,
siempre y cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna
manera, una vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle
la categoría de empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer
las exigencias del artículo 122 de la Carta Política.10

10
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-
2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

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10

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante
o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de
acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad
de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de
dar cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la
manera más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente
indispensable» puede advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde
la entidad justifica, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima imprescindible para la ejecución de
un contrato futuro. De ahí que los contratos de prestación de servicios no
puedan concatenarse indefinidamente en el tiempo, cuando se suscriben con
personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles,
en principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad
para aquellos contratos de prestación de servicios que presenten
interrupciones, cuya consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción
de derechos una vez declarada la relación laboral subyacente. En
consecuencia, de no superarse dicho lapso, se puede concluir «la existencia
de una unidad de vínculo contractual» siempre y cuando «se constate que los
objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o
similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se
reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la
prescripción de derechos prestacionales derivados de la relación laboral
encubierta o subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016,11 según la cual, en caso de encontrarse

11
sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005

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11

acreditada la relación laboral, quien pretenda su reconocimiento debe
reclamarlo dentro de los tres años siguientes contados a partir de la
finalización del vínculo contractual, y, en aquellos casos donde se presente
solución de continuidad entre contratos, debe analizarse la prescripción frente
a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización,12 por lo que de no
presentarse la reclamación en ese periodo, operará el fenómeno prescriptivo,
salvo en lo relacionado con los aportes a pensión que no está sometidos a
dicho término.13

En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo
cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23
del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación
laboral cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente
la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver
el caso concreto a la luz de dichos parámetros.

Primer problema jurídico

¿El señor Carlos Delascar Coutin Roykovich demostró la configuración de los
elementos de la relación laboral durante el tiempo en que estuvo vinculado con
la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quibdó en
Liquidación a través de contratos de prestación de servicios suscritos
directamente con la entidad?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con el
análisis jurídico y probatorio, en el caso del señor Carlos Delascar Coutin
Roykovich se encuentran demostrados los tres elementos que configuran una
verdadera relación laboral, razón por la cual, en virtud del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, hay lugar a declarar su
existencia.

Sobre el asunto sometido a discusión

12
En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de
prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene
un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus
fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que
han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios. […]» (Negrita fuera del texto)
13
Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado
de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante
como empleadora.

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12

Advierte la Sala que, en el presente asunto, el demandante pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral entre él y la E.S.E. Hospital
Departamental San Francisco de Asís de Quibdó, en Liquidación, por el
periodo comprendido entre el 8 de agosto de 2013 y el 30 de septiembre de
2016, sin solución de continuidad; y, en consecuencia, que se ordene el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de ley y demás acreencias
laborales que surjan con ocasión de dicha declaratoria.

El tribunal de primera instancia encontró acreditado el vínculo laboral aducido
por el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich al considerar que, con el
material probatorio recaudado, se acreditaron los elementos que configuran la
relación de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continua subordinación y dependencia; lo anterior, aunado
a haberse demostrado la permanente ejecución de actividades que
desnaturalizan el carácter temporal del contrato de prestación de servicios.

No obstante, según se desprende del recurso de alzada presentado por la
entidad demandada, en el presente asunto no hay lugar a declarar la
existencia de una relación laboral encubierta entre las partes y, por lo tanto,
no es procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
reclamadas por el demandante.

Lo anterior, por cuanto el señor Coutin Roykovich no acreditó la configuración
de los elementos esenciales del contrato realidad; estuvo vinculado con el
Hospital cuestionado, a través de contratos de prestación de servicio por virtud
de los cuales no puede predicarse la existencia de una relación de trabajo; no
estuvo sometido al cumplimiento de un horario mínimo laboral como el de los
empleados de planta de la entidad; y su vinculación tuvo sustento en la
necesidad que tiene la E.S.E. de cumplir con los fines del estado.

De acuerdo con lo anterior, precisa esta Subsección que quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral oculta bajo la modalidad de
contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a través
de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los elementos
esenciales del contrato de trabajo.

Así las cosas, y de acuerdo a la documentación obrante en el expediente, se
observa que el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich prestó sus servicios a
la E.S.E. Hospital Departamental San Franciso de Asís en Liquidación, de la
siguiente manera:

Vinculación contractual directa con la E.S.E. Hospital Departamental San
Francisco de Asís en Liquidación
N.º DE PERIODO15 VALOR16 OBJETO FOLIO
CONTRATO
U ORDEN14

056/2013 08/08/13 $3.369.600 Prestación de servicio como médico general para 18 a 22
30/08/13 ejercer en la ESE Hospital San Francisco de Asís
de Chocó.
0363/2013 02/09/13 $4.212.000 Ibídem. 23 a 27
30/09/13
0658/2013 01/10/13 $4.212.000 Ibídem. 29 a 34

14
Conforme se extrae de las certificaciones expedidas por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Alcaldía de Bogotá D.C., el 27 de noviembre de 2012 y el 8 de febrero de 2016 (fls. 4 y 5, 240 y Vto. C1).
15
Ibídem.
16
Ibídem.

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13

31/10/13
0735/2013 01/11/13 $8.295.000 Ibídem. 37 a 40
31/12/13
184/2014 03/01/14 $3.816.000 Ibídem. 46 a 51
31/01/14
184/2014 03/02/14 $12.243.000 Ibídem. 54 a 59
30/04/14
855/2014 02/05/14 $17.490.000 Ibídem. 63 a 68
31/08/14
1019/2014 01/09/14 $17.384.000 Ibídem. 71 a 75
31/12/14
019/2015 01/01/15 $12.879.000 Ibídem. 80 a 84
31/03/15
457/2015 01/04/15 $4.293.000 Ibídem. 86 a 88
30/04/15
793/2015 01/05/15 $7.950.000 Ibídem. 90 a 92
30/06/15
042/2015 01/07/15 $18.000.000 Ejecución de actividades de medicina general. CD 1Bis
31/10/15
217/2015 01/11/15 $9.831.000 Ibídem. 101 a 103
31/12/15 Vto.
ADICIÓN 1 01/01/16 $5.300.000 Ibídem. 102
217/2015 31/01/16
074/2016 01/02/16 $11.000.000 Ibídem. 108 a 110
31/03/16 Vto.
262/2016 01/04/16 $16.500.000 Ibídem. 105 a 107
30/06/16
ADICIÓN 1 01/07/16 $6.000.000 Ibídem. 95
262/2016 31/07/16
ADICIÓN 2 01/08/16 $11.000.000 Ibídem. 115 a 116
262/2016 30/09/16

La anterior relación probatoria permite colegir que, entre el 8 de agosto de
2013 y el 30 de septiembre de 2016, el señor Carlos Delascar Coutin
Roykovich prestó sus servicios profesionales como médico general a la E.S.E.
Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, mediante
vinculación contractual directa con dicha entidad y sin solución de continuidad.

Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con las condiciones en que
fueron ejecutados los contratos referenciados, procede la Subsección a
verificar si el demandante acreditó la prestación personal del servicio,
remunerada y bajo continua subordinación y dependencia.

a) La prestación personal del servicio.

Definido lo anterior, y según se desprende de los objetos contractuales citados
en precedencia, el demandante se desempeñó entre los años 2013 a 2016
como médico general al servicio de la E.S.E. Hospital Departamental San
Francisco de Asís en Liquidación, de lo cual se infiere que la prestación de
servicios fue personal, pues, de acuerdo con las reglas de la experiencia, dicha
actividad debe ser prestada por sujetos cualificados, es decir, por personal que
hubiese acreditado las condiciones profesionales requeridas para la labor. En
tal sentido, y dados los requisitos de ejecución de los contratos de prestación
de servicios, se observa que se trata de actividades que no podían ser
delegadas o encomendadas a un tercero por parte de quien las ejecutaba.

b) Remuneración por el servicio prestado.

Frente al elemento de la remuneración, la Sala puede inferir razonablemente
que al señor Carlos Delascar Coutin Roykovich se le cancelaban
periódicamente las sumas reconocidas a título de honorarios en los diferentes
contratos de prestación de servicios. Ello se advierte, principalmente, de las
cláusulas relacionadas con: i) el valor de los contratos; y ii) la forma de pago

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14

en la cual se estipulaban los montos mensuales que recibiría el demandante
por los servicios prestados, al cumplir un número de horas determinado al mes.

c) Subordinación y dependencia continuada

La parte demandada sustentó su recurso de apelación sobre la base de que,
entre otros, en el plenario no obran los elementos de juicio suficientes para la
determinación de los elementos que configuran la relación laboral; y que, de
otro lado, el interesado desarrolló actividades en el marco de contratos de
prestación de servicios avalados por la ley, usados por las entidades para el
cumplimiento de los fines estatales.

En ese sentido, y toda vez que para esta Sala los elementos de prestación
personal del servicio y de remuneración o contraprestación, propios de la
relación laboral, se encuentran debidamente acreditados en el sub examine,
se procede entonces a realizar el análisis correspondiente al elemento de la
subordinación y dependencia continuada, para lo cual se estudiará, en primer
término, los testimonios recibidos por el tribunal, en audiencia de pruebas
celebrada el 26 de septiembre de 201817.

En primer lugar, se tiene que la parte demandante solicitó la recepción de los
testimonios de los señores Miguel Álvaro Mena Torres, Jessy Eliana Perea
Salamandra, José Marti Bedoya Mosquera y Yardly Aristófanes Rentería
Correa18.

A efectos de adelantar el estudio probatorio correspondiente, encuentra la Sala
que en el acta de la Audiencia Inicial, el juez de conocimiento limitó las
declaraciones a dos personas a escogencia de la parte convocante con lo cual,
a continuación se relaciona de manera sucinta lo que sobre los hechos en los
que se fundamenta la reclamación del libelo, informaron los señores José Marti
Bedoya Mosquera y Miguel Álvaro Mena Torres:

El señor José Marti Bedoya Mosquera señaló que conoce al demandante por
cuanto son colegas y trabajaron juntos en el Hospital San Francisco de Asís; que
tenía dos jefes y que correspondían a la Subgerente Asistencial y al Gerente
Encargado de la entidad; y que las funciones del señor Coutin Roykovich era
atender a los pacientes en el área de urgencias, quirófanos y hospitalización,
actividades que eran ordenadas por la Subgerente. Indicó que las labores
ejecutadas por el interesado eran las mismas que las desarrolladas por un
médico de planta del Hospital; y que cumplió un horario diseñado por la
Subgerente Asistencial, en jornadas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a 7:00
p.m., en ocasiones con turnos de 12 horas. Precisó que estaba a cargo de la
referida Subgerente la designación del lugar en donde se debía prestar el servicio
por parte del convocante; que ante la necesidad de ausentarse de las actividades
encomendadas, el demandante debía solicitar permiso escrito ante la Subgerente
Asistencial o el Coordinador Médico. Recordó que si se presentaba ausencia en
las actividades contratadas, la ya mencionada Subgerente efectuaba llamados
de atención. Resaltó que los insumos con los cuales se realizaban los
procedimientos a cargo del señor Carlos Delascar Coutin Roykovich eran de
propiedad del hospital; que dentro de sus actividades se encontraba también la
de acompañar a los pacientes cuando eran remitidos a atención de tercer nivel,
función que era asignada por la Dra. Julieth Contreras, Subgerente Asistencial; y
que citaban reuniones a las que debía asistir el interesado, para darle

17
Folios 222 a 234.
18
Folio 211 Vto. Audiencia inicial.

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15

instrucciones, efectuar llamados de atención, entre otros. Por último reseñó que
debía atender los protocolos definidos por el Hospital.

A su turno el señor Miguel Álvaro Mena Torres declaró que conoce al señor
Carlos Coutin Roykovich por cuanto laboró con él en el Hospital San Francisco
de Asís; que para la fecha en la que conoció al demandante, existían en la entidad
tres jefes: el Subgerente de los médicos, el Gerente del Hospital y el Coordinador
de urgencias; y que el interesado estaba obligado a cumplir el horario previsto en
el cuadro de turnos designado por el Coordinador de urgencias mes a mes.
Manifestó que el señor Coutin Roykovich ejerció actividades relacionadas con la
atención de pacientes de urgencias, hospitalización, dependiendo del área a la
que fuera asignado por el Coordinador, hacer diagnósticos, tramitar los
documentos administrativos requeridos. Informó que tanto los médicos
contratistas como los de planta tenían que cumplir con el cuadro de turnos
mencionado, sin que hubiese diferenciación; y que la distribución de los sitios en
donde se debían prestar los servicios, era determinada por el Coordinador de
urgencias. Refirió que el no cumplimiento de las actividades encomendadas
implicaba un descuento en los honorarios, pues debían desarrollar un mínimo de
horas en la prestación del servicio, de esta manera, el no satisfacer dicho tiempo
conllevaba que no se certificara el horario exigido. Mencionó que para ausentarse
de las labores el demandante debía buscar un reemplazo pues de lo contrario se
verían afectados los honorarios, de modo que no se solicitaba como tal un
permiso, sino que debía contarse con alguien que cubriera la ausencia. Recordó
que los jefes convocaban al señor Coutin Roykovich con los demás médicos para
darles directrices sobre como diligenciar los documentos, rendir informes de
estadística, y si habían fallas en la atención de los pacientes se hacían los
comentarios pertinentes.

Análisis probatorio

A efectos de atender los planteamientos expuestos en el recurso de apelación
de la parte demandada, procede la Sala a realizar el análisis de las pruebas
documentales y testimoniales recaudadas en el curso del proceso.

Se advierte en primer lugar, que el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich
ejerció funciones como médico general contratista al servicio de la E.S.E.
Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, en el marco de,
entre otras, las siguientes obligaciones contractuales:

«1. Seguir los procesos y procedimientos de la institución. 2. Registrar y
diligenciar de manera completa las actividades en las Historias clínicas de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes (Resolución 1995 de 1999). 3.
Contar con el consentimiento informado para la aplicación de tratamientos
médicos, y/o procedimientos, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y
le explicará al paciente o a sus familiares acompañantes o responsables, de las
posibles consecuencias, situación que hará constar en la historia clínica
respectiva. 4. Informar a los familiares en forma detallada el estado y condiciones
de salud de su paciente, su pronóstico y evolución. 5. Ingresar a la web (RUAF)
los certificados de nacido vivo y defunción de los pacientes. 6. Presentar
mensualmente informes de gestión del servicio prestado. 7. Aportar los
documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto
contractual. 8. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte de ESE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS que sean
necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución de la orden. 9.
Informar por escrito y debidamente justificado cualquier cambio en las
condiciones que surjan durante el término de ejecución de la orden. 10. Lograr la
correcta y oportuna ejecución del objeto contractual. 11. Cumplir con las
condiciones pactadas y que han de respetarse para garantizar la debida

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ejecución tales como: cumplimiento, de los cronogramas establecidos,
presentación de informes periódicos y finales, atención a los requerimientos
hechos por el supervisor, entre otros. 12. Obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstáculos. 13. Colocar toda
su capacidad intelectual y profesional, que permita el desarrollo eficiente y
oportuno del objeto contratado, mediante la aplicación de sus conocimientos
profesionales, tarjetas profesionales y diplomas que acredite la profesión y/o
especialidad. 14. Suministrar la información oportuna al Supervisor de la orden
sobre el estado de la orden. 15. Cumplir con las demás obligaciones asignadas
por el Supervisor. 16. En el evento en que el Hospital se vea implicado en
demandas administrativas, con ocasión de pacientes, en los que haya tenido
participación directa, será llamado en garantía. 17. Respetar y aplicar la política
de contratación de la E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
salvaguardando siempre los intereses de la E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
DE ASÍS. 18. Utilizar los formatos que adopte la E.S.E. en virtud de los
lineamientos para la Prestación del Servicio de la Institución. 19. Reporte y
diligenciamiento de fichas epidemiológicas SIVIGILA. 20. Será solidariamente
responsable en la resoluciones de las objeciones y glosas realizadas por las
diferentes aseguradoras. En caso de demostrarse responsabilidad directa en el
motivo generador de las mismas se realizarán los descuentos respectivos en el
pago correspondiente. 21. Se deben adherir a los protocolos y guías establecidas
por la institución. 21.(sic) Seguir los lineamientos establecidos por la Política de
Seguridad del Paciente y Reporte de Eventos Adversos de la E.S.E. 22.
Participará de las inducciones y capacitaciones internas programadas por la
institución en apoyo al mejoramiento continuo de la institución.»

«[…]. 8. Realizar consultas médicas diarias a los pacientes. 9. Diagnosticar y
prescribir tratamientos a los pacientes. 10. Referir a los pacientes a consultas
especializadas cuando el caso lo amerite. 11. Llevar el control diario de consultas
y registros estadísticos de las enfermedades que se presentan. 12. Hacer
seguimientos a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas fijadas.
13. Asistir casos de emergencia. 14. Elaborar historias médicas de los pacientes.
15. Asistir a capacitaciones y charlas y programas de medicina preventiva y
curativa. 16. Integrar comisiones de salud en la Institución. 17. Participar en las
campañas de salud que determine la unidad. 18. Analizar casos atendidos,
conjuntamente con el equipo médico. 19. Administrar y velar por la correcta
utilización de los recursos del servicio médico. 20. Mantener en orden equipos y
sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. […]»

«[…]. 32. Ejecutar las actividades de medicina general en todos los servicios
donde se requiera.»

«[…]. 6. Cuando por estrictas necesidades del servicio se requiera aumentar o
disminuir actividades temporal o permanentemente dentro del mismo objeto
contratado; EL CONTRATISTA dispondrá lo pertinente para que se atiendan las
necesidades expuestas, las cuales se deberán facturar y pagar en las mismas
condiciones establecidas en el presente contrato, dentro del mes en que se
generaron. […] 8. En caso de pérdida, deterioro, daño de cualquier bien dado a
su tenencia, que se haya derivado de su acción dolosa o culposa, el
CONTRATISTA deberá responder integralmente por el bien, ya sea reponiéndolo
o cancelando su reparación. […]».

El componente obligacional así reseñado permite evidenciar la extensión de
las actividades desarrolladas por el demandante, más allá de la simple
atención del servicio de medicina general, esto es, a la asistencia en otros
trámites administrativos, de prevención y promoción de salud, capacitación e
integración de comités que son propios de la misión de la entidad demandada.

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17

Deviene de lo manifestado por los deponentes que las labores ejecutadas por
el interesado fueron realizadas en diferentes áreas asistenciales de la E.S.E.
como es el caso de urgencias, hospitalización y quirófanos, tal y como le eran
encomendadas en su generalidad por el Coordinador Médico, y que; además
podían hacerse extensivas al acompañamiento de pacientes en su traslado a
entidades prestadores de salud de nivel tres.

La disponibilidad que debía tener para atender situaciones de emergencia,
conforme de desprender de las obligaciones contractuales, y la referencia
efectuada en dicho clausulado a la prestación «diaria» del servicio
(obligaciones 819, 1120, 1221, y 1322, según párrafo) denotan el cumplimiento
de un horario o cuadro de turnos al cual se encontraba supeditado el ejercicio
de su objeto contractual.

Tal apreciación encuentra soporte adicional en lo mencionado por los
declarantes al señalar que, el señor Coutin Roycovich, debió cumplir con un
horario designado o fijado por la Subgerente Asistencial o el Coordinador de
Urgencias, que implicaban jornadas de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., de 1:00 p.m. a
7:00 p.m., y en ocasiones de 12 horas.

Anexo al expediente constan algunos cuadros de turnos23, en los cuales es
posible evidenciar la existencia de un coordinador médico, y la designación de
jornadas laborales por él efectuadas.

De las declaraciones recibidas por el a quo, se extrae también que, en procura
de ausentarse por cualquiera fuera la razón, el demandante debía contar con
un reemplazo e informar al Coordinador correspondiente de dicha
modificación, lo que permite concluir que la entidad demandada era quien
determinaba los turnos u horarios de los médicos y, a su vez, da a entender
que existió subordinación o dependencia, en tanto que el mismo no podía
disponer de su tiempo en el cumplimiento de las actividades acordadas.

Ahora, la necesidad de la prestación del servicio en las instalaciones de la
Institución, comporta necesariamente la materialización de la misión y deber
funcional del Hospital San Francisco de Asís en Liquidación, cual es el servicio
de salud, pues no de otro modo podría requerirse la asistencia permanente de
personal médico, en este caso del demandante, quien debía atender dicho
servicio en las diferentes áreas asistenciales, conforme se expresó
previamente.

Del acatamiento a las determinaciones funcionales señaladas por la entidad,
se desprende de la exigencia impuesta al señor Carlos Delascar Coutin
Roycovich de acudir a las capacitaciones, reuniones, charlas y programas
desarrollados por la demandada para el adecuado funcionamiento
institucional.

Lo anterior, aunado a que debía conformar o integrar las comisiones de salud,
comprueban nuevamente que la entidad debía apoyarse en la experticia y
calidades profesionales del convocante a efectos de satisfacer sus

19
Realizar consultas médicas diarias a los pacientes.
20
Llevar el control diario de consultas y registros estadísticos de las enfermedades que se presentan.
21
Hacer seguimientos a los tratamientos de los pacientes, a través de consultas fijadas.
22
Asistir casos de emergencia.
23
Folios a 159 a 170

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18

necesidades misionales, por lo que lo vinculaba a procesos y procedimientos
internos de gestión.

Ello también se observa de la facultad otorgada al señor Coutin Roycovich, en
la administración de los recursos e implementos médicos suministrados por el
Hospital, de los que, además, le era solicitada la gerencia adecuada y la
reparación o reemplazo, en caso de malgasto o deterioro por causa a él
atribuible.

Las circunstancias hasta el momento descritas dejan entrever que, al amparo
de otras obligaciones como las definidas en los numerales 2124 y 2225 del
primer párrafo en cita, la E.S.E. ampliaba sus instrucciones a personal no
vinculado legal y reglamentariamente con la entidad, lo que encuentra eco en
lo narrado por los testigos, quienes indicaron que pese a existir médicos
generales en la planta global de la Institución, se contrataron profesionales con
calidades similares, sin que en el ejercicio de sus actividades se evidenciara
diferenciación alguna.

En tal sentido, se encuentra adjunto al expediente Circular sin número26,
expedida por la Subgerente Asistencial de la E.S.E. Hospital San Francisco de
Asís en Liquidación, en la que informa «[…] al personal asistencial, que a partir
del día 5 al 10 de noviembre de 2014 se activa el plan de contingencia debido al X
congreso de la asociación Orewa que se llevará a cabo en la ciudad de Quibdó, por
lo tanto se les pide estar atentos y disponibles ante cualquier eventualidad».

Así mismo, consta citación extraordinaria de fecha 9 de diciembre de 201427
efectuada por el Jefe de Control Interno del Hospital al «[…] personal asistencial
(Médicos Generales, Especialistas y Referentes de área), sobre procesos
administrativos», en la que se indica la socialización de procesos de tipo
administrativo y plan de mejoramiento institucional.

Obra en el plenario Circular Interna28 emitido por la Subgerente asistencial de
la demandada y dirigido a «Médicos Generales, Enfermeras Jefes» en la que
precisó que «En aras de mejorar el proceso de facturación, autorización de los
servicios prestados por la ESE, y disminuir las glosas y devoluciones en dicho
proceso, se convoca a los referenciados en esta circular para que asistan a
capacitación de carácter obligatorio».

Igualmente se visualiza Circular G-00829 dirigida por el Agente Especial
Interventor de la entidad cuestiona a «Todos los funcionarios y contratistas que
laboran en la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís» a efectos de
citarlos a una reunión informativa sobre la situación de la empresa.

Los documentos reseñados dan cuenta entonces de la existencia de una
estructura jerárquica a la cual se encontraba sometido el señor Coutin
Roycovich, conformada en principio, por la Subgerente Asistencial y el
Coordinador Médico de la entidad quienes al impartir las instrucciones lo
hacían sin efectuar distinción entre médicos generales de planta y contratistas.

24
Se deben adherir a los protocolos y guías establecidas por la institución.
25
Participará de las inducciones y capacitaciones internas programadas por la institución en apoyo al
mejoramiento continuo de la institución.
26
Folio 151.
27
Folio 152.
28
Folio 156.
29
Folio 158.

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19

Observa la Sala que dentro de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, la entidad demandada refirió que la vinculación contractual del
demandante se debió a la falta de personal para hacer frente a los
requerimientos del servicio de salud del Hospital, lo que reitera la
desnaturalización del contrato de prestación de servicios, pues las laboradas
por él desarrolladas son misionales a la institución y corresponden a aquellas
que difícilmente pueden ser consideradas como actividades esporádicas, en
tanto que son necesarias para la prestación eficiente del servicio público
esencial de salud30.

Para concluir, no sobra indicar que la subordinación comprende entonces un
conjunto de situaciones que permiten eliminar de la relación contractual, la
independencia propia de este tipo de vinculación, como lo es el sometimiento
a instrucciones para la ejecución de las actividades objeto del contrato, más
allá de una simple coordinación para el cumplimiento obligacional; el
acatamiento de horarios y turnos; la restricción al uso de implementos de
oficina o puesto de trabajo; la limitación para la ejecución de las actividades a
las instalaciones de la entidad o a las designadas por ella; la imposibilidad de
gestionar documentación por fuera de la misma; y la necesidad de tramitar
permisos o solicitudes para ausentarse, ante autoridades administrativas o
superiores, entre otras.

En ese orden de ideas, para esta Subsección resulta claro que, contrario a lo
aducido por la entidad demandada, las pruebas allegadas en el curso del
proceso permiten dilucidar que, si bien las funciones desempeñadas por el
señor Coutin Roykovich se encontraban enmarcadas dentro del alcance de los
objetos de los contratos de prestación de servicio que suscribió con la E.S.E.
Hospital San Francisco de Asís de manera directa, debió cumplir y acatar
instrucciones y directrices a instancias de la misma, por superiores que
determinaban su desempeño, el cumplimiento de horarios, y el sometimiento
a trámites administrativos, eliminando el carácter autónomo e independiente
de los contratos de esta naturaleza.

Por otra parte, en sentencia C-171 de 2012, respecto a la potestad de las
Empresas Sociales del Estado para contratar la prestación de servicios por
fuera de la planta de personal de la entidad, reiteró los límites constitucionales
trazados sobre la protección de las relaciones laborales y la prohibición de que
se contraten mediante prestación de servicios funciones permanentes o
propias de la entidad, que se puedan desarrollar con personal de planta o que
no requieran de conocimientos especializados, principios que constituyen el
marco constitucional para la celebración de contratos de prestación de
servicios por estas entidades, así:

«(viii) En cuanto a los límites fijados a la contratación estatal en pro de la defensa
del derecho al trabajo, de los derechos de los servidores públicos y de los
principios que informan la administración pública, la jurisprudencia constitucional
ha establecido que los contratos de prestación de servicios son válidos
constitucionalmente, siempre y cuando (a) no se trate de funciones propias y
permanentes de la entidad; (b) no puedan ser realizadas por el personal de
planta, y que (c) requieran de conocimientos especializados.

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 5 de julio de 2018. Radicado:23001-23-33-000-2013-00300-01(2396-16). Demandante:
Yadira Morales Morelo. Demandado: E.S.E. Camú Iris López Durán, Coosalud Ltda y Copsalusinú S.A.S.
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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20

(ix) Respecto de la determinación de lo que constituye función permanente en
una entidad, la Corte ha fijado para su reconocimiento los criterios (a) funcional,
(b) temporal o de habitualidad, (c) de excepcionalidad, y (d) de continuidad.

(x) La jurisprudencia ha insistido en la regla según la cual, para el ejercicio de
funciones de carácter permanente en la administración pública, no pueden
celebrarse contratos de prestación de servicios, porque para ese efecto deben
crearse los empleos requeridos. Por tanto, la Sala reitera la prohibición de
vincular mediante contratos de prestación de servicios a personas para
desempeñar funciones propias o permanentes de las entidades de la
administración pública, regla que se deriva directamente de los artículos 25, 53,
122 y 125 de la Constitución.

(xi) La prohibición de celebrar contratos de prestación de servicios cuando se
trata de desempeñar funciones permanentes en la administración, tiene como
finalidad, la protección del derecho al trabajo, la garantía de los derechos de los
trabajadores y de los servidores públicos, y el impedir que los nominadores
desconozcan los principios que rigen la función pública. En armonía con lo
anterior, la regla general es que el ejercicio de funciones permanentes en la
administración pública debe realizarse con el personal de planta, que
corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el
concurso de méritos.

(xii) En armonía con lo expuesto, la Corte ha reiterado la inconstitucionalidad de
todos los procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar
de que puedan utilizar figuras legalmente válidas, como el contrato de prestación
de servicios, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la relación
contractual o falsear la verdadera relación de trabajo (…)»

De acuerdo con lo anterior, la facultad de contratación otorgada a las
Empresas Sociales del Estado para prestar servicios de salud mediante la
contratación de terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando: i) no
se trate de funciones permanentes o propias de la entidad; ii) cuando estas
funciones no puedan realizarse con personal de planta de la entidad o; iii)
cuando se requieran conocimientos especializados, toda vez que para prestar
los servicios inherentes a su responsabilidad, las Empresas Sociales del
Estado deben contar con una planta de personal propia, idónea, adecuada y
suficiente que les permita atender y desarrollar sus funciones.

En ese orden de ideas, no puede el Hospital demandado justificar la
vinculación permanente de personal bajo la modalidad de contratos por
prestacion de servicios, al amparo del cumplimiento de su deber consitucional
en la prestación del servicio de salud, o de su situacion financiera que, de otro
lado, debe ser estructurada y planeada de conformidad con los lineamientos
legales, sin que se transgredan prerrogativas de rango superior, como lo son
las garantías laborales.

En conclusión: al haberse demostrado en el proceso la presencia de los
elementos que configuran un contrato de trabajo, debe declararse la existencia
de una relación laboral encubierta entre la E.S.E. Hospital Departamental San
Francisco de Asís en Liquidación y el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich,
por el periodo arriba referenciado.

Segundo problema jurídico.

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¿Hay lugar a declarar probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho, al haber transcurrido más de tres años entre la finalización de todos
o algunos de los periodos contractuales y la reclamación administrativa?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: los interesados en la declaratoria
de existencia de un contrato realidad no pueden exonerarse de su deber de
reclamar el derecho dentro de los tres años siguientes a la finalización del
vínculo contractual; es por ello que, en el presente caso no se encuentra
configurada el fenómeno jurídico de la prescripción extintiva respecto de las
prestaciones sociales a las que tendría derecho el demandante, toda vez que
entre los diferentes contratos de prestación de servicios no se verificaron
interregnos superiores a 30 días hábiles de interrupción, y no transcurrieron
tres años entre la terminación del último vínculo y la reclamación
administrativa.

Prescripción aplicada a las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes

En materia de derechos laborales de los empleados públicos, los artículos 41
del Decreto 3135 de 196831 y 102 del Decreto 1848 de 196932 (reglamentario
del primero), regulan que las acciones que emanen de los derechos
consagrados en dichas normas prescriben en tres años contados desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.

Particularmente, en cuanto al reconocimiento de la existencia de la relación
laboral encubierta a través de un contrato de prestación de servicios, esta
Sección, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 2016,
estipuló las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los
derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad33:

«[…] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía
con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros
pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues
esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el

31
«Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en
tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o
prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»
32
«Artículo 102. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva
obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un
derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»
33
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25
de agosto de 2016. Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Radicación 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015).

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22

derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las
cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían
tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral
de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la
caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c,
del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de
controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones
que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el
carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia,
una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho
de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es
imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión
principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo
laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de
una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la
efectividad de los derechos del trabajador. […]». (Subrayado de la Subsección)

Conforme con lo previsto en la sentencia de unificación jurisprudencial citada,
en su aparte aquí transcrito, se tiene que:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años, contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.

• En aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de
prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción
frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
Sobre el particular, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016
indicó:
«[…] Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un
interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y
examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los derechos
de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]».
(Subrayado de la Subsección)

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23

Ahora, si bien es cierto que esta Sala ha sostenido en varias ocasiones,
particularmente en el año 2018, que cuando existen múltiples contratos u
órdenes de prestación de servicios y entre uno y otro se presentaban
interrupciones de al menos un día, debe considerarse suficiente para
determinar la interrupción el vínculo contractual, de manera que a partir de la
finalización de cada uno de estos periodos debe iniciar la contabilización del
término de prescripción, lo anterior fue revaluado ante la disparidad de criterios
sobre el momento a partir del cual ha de contarse el fenómeno extintivo del
derecho.

En tal sentido, y de conformidad con la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202134, esta Sección ha adoptado un nuevo enfoque que
considera menos lesivo para efectos de contabilizar dicho lapso, en tanto que
se ha dispuesto fijar un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de
prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de
fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Lo anterior permite aclarar que, en caso de múltiples vinculaciones
contractuales en los que se presenten interrupciones, debe entenderse que,
para efectos de determinar la fecha a partir de la cual empieza a correr el
término prescriptivo, no habrá solución de continuidad cuando entre contrato
y contrato no transcurran más de 30 días hábiles (sin perjuicio de que el juez
contencioso pueda determinar un término superior en un caso específico).

En otras palabras, si entre uno y otro vínculo contractual no transcurren más
de 30 días hábiles de interrupción, el juez contencioso deberá determinar que
no existió solución de continuidad, de modo que no podrá tener como extremo
para contabilizar la prescripción la finalización del primer vínculo, en tanto, se
reitera, a la luz de la jurisprudencia se debe entender que no hubo una ruptura
del vínculo laboral y, por consiguiente, se debe contabilizar como una única
relación.

Ahora bien, para la Sala resulta pertinente exponer que, de establecerse la no
solución de continuidad, los efectos jurídicos de dicha declaración serán
solamente los de concluir que, a pesar de haberse presentado interrupciones
entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de los derechos que
pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. Razonamiento del cual debe
concluirse que del hecho de que no hubo solución de continuidad solo lleva
aparejado la no configuración de la prescripción extintiva frente a la
reclamación de reconocimiento de la relación laboral encubierta, y no puede
interpretarse como una obligación de la entidad pública a liquidar las
prestaciones a las cuales resulte condenada, sobre los tiempos en los que se
interrumpió la relación contractual.

Conforme a lo anotado en el primer problema jurídico, para la Sala está
plenamente acreditada la vinculación contractual directa del demandante con

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

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24

la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación, entre
el 8 de agosto de 2013 y el 30 de septiembre de 2016.

Como se ha indicado previamente, y vale la pena reiterar, la demanda
persigue, entre otros aspectos, el reconocimiento y pago de las acreencias
laborales por el periodo en que el señor Carlos Delascar Coutin Roykovich
prestó sus servicios como médico general al Hospital demandado, durante el
lapso comprendido entre el 8 de agosto de 2013 y el 30 de septiembre de
2016.

Así, de conformidad con lo señalado en la multicitada sentencia de unificación,
el estudio de la prescripción deberá efectuarse siempre que se aborde y
compruebe la existencia de la relación laboral reclamada, pues el hecho de
que esté contenido el derecho pensional, que se recuerda, es imprescriptible
no implica que esa imprescriptibilidad se haga extensiva a los demás derechos
laborales que derivan del contrato realidad.

En ese sentido, y para los precisos efectos de esta decisión, se tiene que la
última fecha en la que el demandante estuvo vinculado contractualmente con
la entidad demandada, corresponde al 30 de septiembre de 2016.

Conforme la revisión efectuada en el plenario, se encuentra probado que la
solicitud administrativa que perseguía el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales, fue radicada ante el Agente Liquidador de la E.S.E.
Hospital Departamental San Francisco de Asís en Liquidación el 14 de octubre
de 201635.

A su turno, se tiene que el escrito petitorio fue presentado ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo el 24 de marzo de 201736.

En tal sentido, por tratarse de una vinculación ininterrumpida al servicio
público, el término para que opere la prescripción extintiva debe contarse a
partir de la finalización del periodo laborado, lo que quiere decir que, el plazo
para reclamar los derechos prestacionales derivados de la vinculación laboral
(que como se indicó, corresponde a un único lapso comprendido entre el 8 de
agosto de 2013 y el 30 de septiembre de 2016), corrió hasta el 30 de
septiembre de 2019; luego, no se evidencia la prescripción de las prestaciones
causadas, por virtud de la relación laboral comprobada.

En conclusión y de conformidad con los razonamientos precedentes,
considera esta Subsección que en el presente asunto no se encuentra
configurado el fenómeno prescriptivo sobre las prestaciones a que hay lugar a
reconocer, por virtud de la comprobación de la relación laboral entre las partes.

Decisión de segunda instancia

Por las razones expuestas y ante la improcedencia de los argumentos
planteados en el escrito de alzada, se procederá a confirmar la sentencia
recurrida.

De la condena en costas

35
Folios 16 y 17.
36
Folio 174.

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25

Esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201637 sentó posición sobre
la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se
determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en
costas por lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP38, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

En consecuencia, en el presente caso no hay lugar a condenar en costas de
segunda instancia a ninguna de las partes, toda vez que, si bien el recurso de
apelación interpuesto por la entidad demandada no tuvo vocación de
prosperidad, no se observó actuación procesal por parte del demandante en
sede de segunda instancia que demostrara su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

37
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
38
«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»

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26

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 20 de marzo de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, interpuso el señor Carlos Delascar Coutin
Roykovich en contra de la E.S.E. Hospital Departamental San Francisco de
Asís en Liquidación.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Ausente en comisión
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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