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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00270-02

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00270-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar el numeral séptimo de la sentencia de 29 de agosto de 2017, en cuanto negó la devolución de las sumas percibidas por concepto de pensión gracia. En su lugar, ordenar a la señora Clara Piedad Jacome de Ardila devolver a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ꟷUGPPꟷ las sumas pagadas por concepto de la pensión gracia reconocida a través de la Resolución RDP 040684 de 03 de septiembre de 2013, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago a su favor a partir del 07 de marzo de 1999; acto declarado nulo. Las sumas resultantes a favor de la entidad demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de la referencia. TERCERO. Condenar en costas a la demandada –parte vencida- en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2014-00270-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001 23 33 000 2014 00270 02 (3749– 2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Clara Piedad Jacome de Ardila

Tema: Lesividad. Fraude global. Devolución de dineros obtenidos de
mala fe. Ley 1437 de 2011.

Decisión: Revocar parcialmente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 29 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda
2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de apoderado judicial,
acudiendo al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
modalidad de lesividad, solicitó declarar la nulidad de la Resolución RDP 040684
de 03 de septiembre de 2013, por medio de la cual se reconoció una pensión gracia
a favor de Clara Piedad Jacome de Ardila. Y como restablecimiento del derecho,
condenar a la demandada a restituir las sumas pagadas por concepto de pensión
gracia, así mismo, que los valores correspondientes sean ajustados e indexados en
forma retroactiva; así como se impongan costas a la entidad.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. Relató la parte actora que la señora Clara Piedad Jacome de Ardila laboró como
docente desde el 26 de febrero de 1973 hasta el 07 de marzo de 1999 en el INEM
Julián Mottas Salas.

4. En el trámite administrativo adelantado por la docente, la entonces Caja Nacional

1 Expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.

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de Previsión Social – CAJANAL negó de manera reiterada el
reconocimiento de la pensión gracia solicitada, al considerar que no acreditó el
cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorgamiento. En efecto, mediante
Resolución No. 007708 del 8 de mayo de 2000 se negó inicialmente la prestación,
decisión que fue confirmada por las Resoluciones No. 17696 del 28 de agosto de
2000 y No. 002497 del 23 de mayo de 2001, con las que se desataron los recursos
de reposición y apelación.

5. Posteriormente, la entidad volvió a negar la solicitud mediante las Resoluciones
Nos. 22295, 11417 del 12 de marzo de 2008 y 04531 del 3 de febrero de 2009,
reiterando en todos los casos que la peticionaria no reunía los requisitos previstos
en la ley para acceder a la pensión gracia, en particular, la acreditación de los veinte
(20) años de servicios en la docencia oficial del orden territorial.

6. Inconforme con lo anterior, aquella interpuso acción de tutela la cual fue resuelta
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, que con fallo de 6
de octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor
de la señora Clara Piedad Jacome de Ardila, teniendo en cuenta todos los factores
salariales causados en el año inmediatamente anterior a adquirir el estatus
pensional, pagando retroactivamente los valores adeudados, los cuales deberían
estar reajustados e indexados.

7. Luego, a través del Auto No. UGA 10414 del 14 de agosto de 2012, se archivó la
solicitud de cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué el 6 de octubre de 2006, en atención a lo decidido por la Corte
Constitucional, Sala Tercera de Revisión, que declaró la pérdida de fuerza ejecutoria
de dicha providencia. Además, con Auto No. ADP 8189 del 7 de junio de 2013, se
ordenó el archivo de la solicitud presentada el 28 de mayo de 2013, al no existir una
petición nueva que ameritara pronunciamiento de fondo por parte de la entidad.

8. De otro lado, con Auto No. ADP 8743 del 21 de junio de 2013, se dispuso la
práctica de pruebas dentro del expediente administrativo, con miras a continuar el
análisis de la situación pensional de la interesada; y finalmente, con Resolución
RDP 040684 de 03 de septiembre de 2013 se atendió a lo dispuesto en el fallo de
tutela del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué y se reconoció la
pensión gracia efectiva a partir del 07 de marzo de 1999.

9. Con la demanda se solicitó la suspensión provisional de este último acto
administrativo.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
10. Indicó que con el reconocimiento pensional se infringieron los artículos 128 de
la Constitución Política, así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933
y 91 de 1989; y el Decreto 2211 de 1979.

11. Argumentó que la señora Jacome de Ardila no tendría derecho al

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reconocimiento pensional por cuanto no cumplió con los requisitos
establecidos por la ley, principalmente 20 años de servicio como docente con
vinculación territorial o nacionalizada, pues, la prestación del servicio fue como
docente nacional, lo cual contraría abiertamente las disposiciones normativas de la
pensión gracia, circunstancia que no fue tenida en cuenta por el Juez Segundo Civil
del Circuito de Magangué, que con desconocimiento de dichas disposiciones ordenó
el reconocimiento y pago de la prestación a la demandada junto con un grupo
significativo de personas.

1.4. Contestación de la demanda2
12. Con auto de 1° de agosto de 2014, se admitió la demanda; luego, con proveído
de 10 de septiembre de 2015, el tribunal decretó la suspensión provisional de la
Resolución 040684 de 03 de septiembre de 2013, que en cumplimiento del fallo de
tutela reconoció la pensión gracia, y ordenó a la entidad tomar las medidas
administrativas para que no pudiera ejecutarse dicho acto; decisión que fue
recurrida, y confirmada por el Consejo de Estado con auto de 31 de marzo de 2022.

13. Notificado el auto admisorio, la señora Clara Piedad Jacome de Ardila a través
de apoderado se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Indicó que el acto
acusado fue expedido en cumplimiento de una orden judicial proferida por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, dentro de una acción de tutela
que amparó sus derechos fundamentales y ordenó el reconocimiento de la pensión
gracia, providencia que hizo tránsito a cosa juzgada al no haber sido impugnada ni
seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. En consecuencia, afirmó que
se trata de un acto de ejecución que no es susceptible de control jurisdiccional, salvo
que se modifique la orden judicial que le dio origen.

14. Asimismo, sostuvo que sí tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia,
en la medida en que se encontraba posesionada como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, lo que, a su juicio, la ubicaba dentro del régimen de transición
aplicable. Que si bien su vinculación se produjo mediante nombramiento del
Ministerio de Educación Nacional, dicha circunstancia no desvirtuaba su derecho a
la prestación, por tratarse de una docente nacionalizada y por no ser exigible una
vinculación territorial exclusiva ni una continuidad ininterrumpida del servicio,
siempre que se cumplieran los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913 y 37
de 1933. Se opuso a la restitución de las mesadas percibidas y a la condena en
costas; y propuso como excepciones de fondo el cobro de lo no debido y la buena
fe.

1.5. Sentencia de primera instancia3
15. Con fallo de 29 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2 Folios 340 al 492 del tercer cuaderno del expediente físico
3 Folio 566 al 572 del tercer cuaderno del expediente físico

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16. Expuso que la docente no acreditó el cumplimiento de los
requisitos para ser beneficiaria de una pensión gracia, en la medida que el tiempo
de servicio fue del orden nacional desde el 26 de febrero de 1973 hasta el 07 de
marzo de 1999, esto es, por más de 20 años; por lo tanto, el acto de reconocimiento
pensional objeto de demanda, no es propiamente un acto de ejecución, dado que
no cuenta con una actuación administrativa previa y fue expedido en cumplimiento
de un fallo emanado de un juez constitucional y no de un juez ordinario, por lo que
procede su nulidad en cuanto creó una situación jurídica respecto del hoy
demandado.

17. Asimismo, el tribunal descartó los argumentos de la demandada relativos a la
aplicación del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, a su condición de docente
nacionalizada y a la existencia de cosa juzgada derivada del fallo de tutela, al
considerar que dicha transición no resulta aplicable a la pensión gracia, que el
establecimiento donde laboró era de carácter nacional y que la acción de tutela no
definió la legalidad del acto administrativo demandado.

18. Respecto al restablecimiento del derecho, consistente en el reintegro de los
valores cancelados a favor de la demandante por concepto de pensión gracia, el
tribunal indicó que la UGPP no logró probar que la accionada hubiera actuado de
mala fe, por lo que no resulta procedente dicha pretensión.

19. Finalmente dispuso el levantamiento de la suspensión provisional de la
Resolución RDP 040684 del 03 de septiembre de 2013.

1.6. Recursos de apelación4
20. La demandada a través de apoderado, presentó recurso de apelación en el que
solicitó revocar la sentencia de primera instancia; sobre el particular, indicó que sí
cumplió todos los requisitos para el reconocimiento y pago de una pensión gracia,
que si bien fue nombrada como docente nacional, ello no la imposibilitaba para ser
beneficiaria de la prestación reclamada, principalmente porque se encontraba sujeta
a la planta de personal del departamento del Huila como docente, acatando órdenes
y cumpliendo horarios, así mismo, que el pago de salarios provenía de la entidad
territorial, por lo que no es acertado especificar que se trataba de una docente
nacional.

21. Así mismo, mencionó que el fallo de tutela de 6 de octubre de 2006, proferido
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué hace tránsito a cosa juzgada
constitucional, circunstancia declarada por la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia5, y, por tanto, el acto administrativo expedido en cumplimiento de dicha
orden judicial no puede ser objeto de estudio por otro juez, pues ello afectaría el

4 Recurso de la parte demandada visible en los folios 580 a 598 del tercer cuaderno. El recurso de

la parte actora se encuentra visible en los folios 599 a 604 del cuaderno principal del expediente
físico.
5 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Radicado: 13001-22-13-000-2012-00192-01.

Sentencia de 31 de julio de 2012.

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debido proceso del docente.

22. De otro lado, la parte actora –UGPP- presentó recurso de apelación; expresó
su inconformidad con la decisión de no acceder a la pretensión de restablecimiento
del derecho, ya que considera que procede la devolución de dineros al encontrarse
demostrado que existe una afectación patrimonial de los recursos del sistema
general de pensiones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del mismo, generando a
su vez un enriquecimiento injustificado a favor del ciudadano.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
23. Con proveído de 29 de octubre de 2018, se admitieron los recursos de apelación
presentados por las partes.

24. En esta instancia la parte demandada promovió incidente de nulidad contra la
sentencia del 29 de agosto de 2017, al considerar vulnerado el debido proceso, por
cuanto, a su juicio, la decisión se habría fundado en pruebas obtenidas y valoradas
irregularmente, con desconocimiento del derecho de contradicción y del artículo 122
de la Constitución Política, además de incurrir en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, razón por la cual solicitó, adicionalmente, el decreto de
pruebas de oficio. Del mismo se dio traslado a través de auto de fecha 4 de
diciembre de 2023.

25. A su turno, la UGPP solicitó negar el incidente de nulidad por improcedente, al
estimar que no se configuró ninguna de las causales taxativas previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso y que la petición buscaba reabrir el
debate de fondo y solicitar pruebas extemporáneamente.

26. Mediante auto interlocutorio del 30 de septiembre de 2024, se rechazó el
incidente, al concluir que los argumentos expuestos no se enmarcaban en ninguna
de las causales taxativas de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General
del Proceso, aplicable por remisión del CPACA, pues la inconformidad planteada se
dirigía a controvertir el mérito probatorio y la legalidad de la sentencia, y no a
irregularidades procesales relacionadas con la obtención, decreto, práctica o
contradicción de las pruebas; asimismo, negó la solicitud de pruebas de oficio por
no cumplirse los supuestos previstos en los artículos 212 y 213 del CPACA.

27. Luego de correr traslado a las partes con auto de fecha 07 de noviembre de
2025, la UGPP pidió confirmar la sentencia apelada, al insistir en que la demandada
no reunía los requisitos para la pensión gracia por haber laborado como docente
nacional; asimismo, sostuvo que la demandada actuó de mala fe al solicitar y
percibir la pensión gracia, razón por la cual solicitó acceder al restablecimiento del
derecho y ordenar la devolución de las sumas pagadas.

28. En esta oportunidad la demandada y el Ministerio Publico guardaron silencio.

29. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se

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procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia
30. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Del problema jurídico
31. Corresponde a la Sala resolver lo siguiente: ¿Se encuentra viciado de nulidad
el acto acusado, o por el contrario la docente cumplía con todos los requisitos para
que le fuera reconocida y pagada la pensión gracia? ¿Se encuentra acreditada la
mala fe de la señora Clara Piedad Jacome de Ardila para obtener el reconocimiento
de la pensión gracia, y en consecuencia hay lugar a ordenar la devolución de las
sumas percibidas por tal concepto?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. La pensión gracia
32. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años. En ese sentido, respecto de los
condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los
docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y
buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91
de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad
al 1 de enero de 1981.

33. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».

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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme
al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún
en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
34. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales.7

35. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el entendimiento
que había que darse en los casos en que los pagos a docentes provienen del situado
fiscal, lo que no implica que se traten de docentes nacionales; y tampoco tienen está
naturaleza por el hechos que en el acto de vinculación intervenga además del
representante legal de la entidad territorial, el delegado de la junta administradora
del fondo educativo regional, así este último certifique la vacancia del cargo y la
disponibilidad presupuestal; y tampoco porque se aluda que los recursos destinados
para el sostenimiento tiene origen o fuente en la Nación.

36. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de la
calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se destacan:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas

7 Al respecto se refirió la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes
nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban
se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.»

37. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que: «Los
docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989,
siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».9

38. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en
primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en
calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en
uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.3.2. El principio de la buena fe
39. La Constitución Política en su artículo 83 estableció que « Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.». Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C–840 de 2001, se pronunció de la
siguiente manera:

«La buena fe se refiere exclusivamente a las relaciones de la vida social con
trascendencia jurídica, sirviendo al efecto para valorar el comportamiento de los
sujetos de derecho, al propio tiempo que funge como criterio de reciprocidad en tanto
se toma como una regla de conducta que deben observar los sujetos en sus
relaciones jurídicas, esto es, tanto en el ámbito de los derechos como en la esfera de
los deberes y obligaciones. Por ello mismo, todo comportamiento deshonesto,
desleal o que acuse falta de colaboración, de parte de uno de los extremos de la
relación jurídica, constituye infracción al principio de la fides, toda vez que defrauda
la confianza puesta por el interlocutor afectado, o lo que es igual, transgrede el
fundamento del tráfico jurídico. Configurándose así la presencia de la mala fe.»

40. De igual forma, esta Corporación ya se ha referido frente a la aplicación del
principio de la buena fe en el derecho administrativo así:

9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 41001 23 33 000 2014 00270 02 (3749– 2018)

«El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, significa que los
poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos
aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar
en la Administración y a su vez ésta puede confiar en aquel; confianza que en todo
caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que induzcan
racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una actuación
administrativa concreta. No puede deducirse de manera subjetiva o sicológicamente,
suponiendo intenciones no objetivas.»10

41. Para casos como el que hoy nos ocupa, en cuanto a la solicitud de recuperación
de dineros como consecuencia del pago de prestaciones sociales pagadas a
particulares, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), en el artículo 164, establece que la demanda se
puede presentar en cualquier tiempo y recalca que «no habrá lugar a recuperar las
prestaciones pagadas a particulares de buena fe».

2.3.3. El fraude global
42. La jurisprudencia, en coherencia con los postulados constitucionales y legales
antes descritos, ha protegido a los particulares a los que, por error de la
administración, se les ha reconocido el pago de prestaciones periódicas, no
obstante, esta protección no ocurre cuando se presentan actuaciones dudosas de
tipo global que tienen como objetivo el reconocimiento de una pensión.

43. Así, esta Sección en la sentencia de 1º de septiembre de 2014 estudió la
legalidad de un reconocimiento pensional en cumplimiento de una orden de tutela,
aplicando como precedente la sentencia T-218 de 2012 en la cual la Corte
Constitucional se pronunció sobre el fraude procesal en la obtención del
reconocimiento y pago de una pensión gracia, al respecto, la sentencia de nulidad
y restablecimiento del derecho, en modalidad de lesividad, indicó lo siguiente:

«[…], en un caso similar en sentencia T- 218 de 20 de marzo de 2012, pues en su
entender se configuran para el sub lite elementos de identidad frente a las condiciones
de formulación de la acción de tutela, que llevan a colegir un fraude como es:
instaurarla en un lugar apartado de: (i) el domicilio del actor, (ii) el último lugar de
prestación de servicios, (iii) o del lugar de expedición de los actos administrativos
previos, situaciones que ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»11

44. Al resolver el problema jurídico planteado en el mencionado proceso
contencioso, la Sala de decisión tuvo en cuenta las circunstancias que llevaron al
reconocimiento de una pensión gracia a favor de una docente que no cumplía con
los 20 años de servicio docente en el orden territorial, esto es, haber recibido una
negativa de la administración para el reconocimiento y, posterior a ello, acudir junto
con un grupo de personas, ante un juez diferente al de su circunscripción territorial
quien con orden de tutela le concedió la prestación.

10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 20 de mayo de 2010. Radicado: 25000-23-

25-000-2002-13188-01 (0807 –2008).
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 1º de septiembre de 2014. Radicado: 25000-

23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013).

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45. El anterior análisis ha sido desarrollado de manera reiterada para poder
establecer si en los diferentes casos se presentan hechos o situaciones que ponen
en entredicho la buena fe al momento de definir el estatus pensional. En sentencia
de 26 de noviembre de 2011 esta Sala indicó:

«De acuerdo a lo expuesto, es dable predicar que se presenta un fraude global en los
siguientes eventos: i) cuando la entidad de previsión social haya negado el
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto cuando luego de la negativa prestacional
por parte de la entidad de previsión social, el docente acuda a través del ejercicio de la
acción de tutela en un lugar apartado de su domicilio, del último lugar de prestación de
servicios, o ii) del lugar de expedición de los actos administrativos previos, pues tales
situaciones ponen en entredicho la buena fe de su actuar.»12

46. Cabe destacar que recientemente esta Subsección ha resuelto asuntos con
similares fundamentos fácticos y jurídicos, entre otros, con la sentencia de 7 de
noviembre de 2024, expediente con radicado 25000 23 42 000 2014 01635 03
(3617– 2023).

2.4. Caso concreto
47. Previo a analizar el cumplimiento de requisitos, y en cuanto al argumento de
que en el caso particular se configuró la cosa juzgada constitucional respecto del
fallo de tutela expedido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, por
medio del cual se otorgó el derecho discutido, la Sala estima que no tiene vocación
de prosperidad, toda vez que no existe identidad de objeto, pues con la acción
constitucional se persigue la protección de derechos fundamentales de manera
inmediata, y con el medio de control ante la jurisdicción contenciosa se persigue el
control de la legalidad de los actos administrativos, del cual puede desprenderse un
restablecimiento del derecho de llegar a ser el caso.

48. Adicional a lo anterior, vale la pena resaltar que el juez de tutela no puede
reemplazar al juez natural de la causa, además, las ordenes impartidas por aquel
son de manera transitoria, en tanto que el juez natural tome la decisión respecto de
los actos que otorgan o niegan el derecho pretendido. Así, es claro que en el asunto
bajo examen no prospera el argumento expuesto por el recurrente en el escrito de
alzada.

2.4.1. Del cumplimiento de los requisitos
49. De acuerdo con lo observado en el expediente, la Sala encuentra probado que
Clara Piedad Jacome de Ardila nació el 07 de marzo de 1949, cumpliendo 50 años
de edad el 07 de marzo de 199913; de igual manera, prestó servicio docente tras
nombramiento efectuado por el Ministerio de Educación Nacional, que, si bien no se

12 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 26 de noviembre de

2020. Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-03 (1024-2016). / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 50001 23 33 000 2013 00060 01 (3336-2018) / Sentencia de 25 de noviembre de
2021. Radicado: 52001-23-33-000-2014-00202-02 (4818-2019).
13 Fotocopia de la cedula de ciudadanía visible a folio 116 del expediente físico

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allegó copia del acto de nombramiento, es una circunstancia que no
se encuentra en discusión y que es aceptada por las partes.

50. En certificado expedido el 23 de abril de 199914, el subdirector administrativo y
jefe de personal del INEM “Julián Mottas Salas” indicó que la señora Clara Piedad
Jacome de Ardila se vinculó desde el 26 de febrero de 1973 hasta por lo menos la
fecha de expedición del mismo, en el cargo de docente de tiempo completo adscrita
al departamento de ciencias.

51. Por otro lado, según el certificado expedido por el pagador del fondo educativo
departamental15 además de indicar lo devengado por la señora Clara Piedad
Jacome de Ardila en el año anterior a la adquisición de su estatus pensional, señaló
que aquella laboró como docente nacional.

52. Así entonces, el material probatorio da cuenta que la demandada prestó
servicios como docente nacional, este último que conforme a lo establecido en el
artículo 1° de la Ley 91 de 1989, corresponde a los docentes que fueron vinculados
por nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió.
Adicionalmente, la Sala advierte que la vinculación de la demandada se produjo
para proveer una plaza docente de carácter nacional, adscrita a un establecimiento
educativo creado y organizado por la Nación, como lo es el Instituto Nacional de
Educación Media Diversificada –INEM– “Julián Mottas Salas” de Neiva. En ese
sentido, aun cuando la prestación del servicio se hubiera desarrollado en el ámbito
territorial, ello no muta la naturaleza del vínculo, pues la plaza provista no
correspondía a la planta territorial ni fue creada, financiada o administrada
autónomamente por la entidad territorial, sino que hacía parte de la planta nacional
del servicio educativo.

53. Bajo ese entendido, conforme a las reglas fijadas por la Sala Plena de la Sección
Segunda en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, lo determinante
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia es la naturaleza de la plaza
ocupada, y no el lugar físico de prestación del servicio ni la forma de ejecución
administrativa del mismo, razón por la cual el tiempo laborado por la demandada
conserva su carácter nacional y, por ende, no es computable para acreditar los
veinte (20) años de servicios exigidos para acceder a dicha prestación.

54. De otro lado, el apoderado de la demandada argumentó que, como
consecuencia de las situaciones administrativas de las que fue objeto y el haber
estado vinculada a la planta de personal del departamento del Huila y el municipio
de Neiva, pasó a ser del orden territorial; frente a esto la Sala advierte que dentro
del material probatorio allegado al proceso se incorporó un decreto expedido en el
año 2004, mediante el cual se dispuso un nombramiento de personal docente para
prestar servicios en el municipio de Neiva. No obstante, dicho acto no da cuenta de
la creación de una nueva situación administrativa ni de una modificación en la

14 Folio 30 del expediente físico
15 Folio 31 del expediente físico

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naturaleza del vínculo, pues, se limita a regular aspectos operativos
del servicio educativo en el nivel territorial, sin alterar la adscripción nacional de la
plaza provista ni el régimen jurídico aplicable al cargo. En consecuencia, dicho
decreto no tiene la virtualidad de transformar la vinculación de la demandada en una
de carácter territorial o nacionalizado.

55. Así entonces, dado que la naturaleza del nombramiento en mención fue del
orden nacional, es claro que el tiempo de servicio docente desde el 26 de febrero
de 1973 hasta el 23 de abril de 1999, no resulta válido para ser tenido en cuenta
para la pensión gracia. En consecuencia, la señora Jacome de Ardila no tenía
derecho al reconocimiento y pago de la prestación reclamada, por lo que la
declaratoria de nulidad de la Resolución RDP 040684 de 03 de septiembre de 2013
dispuesta por el a quo, se encuentra ajustada a derecho.

2.4.2. De la buena fe
56. Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho deprecado, vale la pena
resaltar que el reconocimiento de la pensión gracia se produjo en cumplimiento del
fallo de tutela dictado el 6 de octubre de 2006 por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, Bolívar, en donde se accedió a las pretensiones de un grupo
significativo de docentes, entre ellas Clara Piedad Jacome de Ardila, con la que se
ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia a cada uno de
los accionantes.

57. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela,
expidió la Resolución RDP 040684 de 03 de septiembre de 2013, por medio de la
cual reconoció y ordenó pagar a favor de la señora Jacome de Ardila una pensión
gracia efectiva a partir del 07 de marzo de 1999 -fecha en que se determinó que
había alcanzado el estatus pensional-.

58. Sobre el reconocimiento antes mencionado, se resalta que, la docente
demandada en varias oportunidades solicitó el reconocimiento pensional y ello le
fue negado por contar únicamente con tiempos de servicio docente de naturaleza
nacional, como así dan cuenta las Resoluciones Nos. 007708 del 8 de mayo de
2000, 17696 del 28 de agosto de 2000, 002497 del 23 de mayo de 2001, 22295,
11417 del 12 de marzo de 2008 y 04531 del 3 de febrero de 2009.

59. Atendiendo lo descrito, para la Sala es claro que se estructura la mala fe de la
señora Clara Piedad Jacome de Ardila bajo la figura del fraude global, toda vez
que habiendo obtenido la negativa de la administración en más de una oportunidad
respecto del reconocimiento de la pensión gracia, presentó, a través de apoderado,
una acción de tutela, junto con otras 79 personas, en el municipio de Magangué
(Bolívar), es decir, en un distrito judicial que no coincidía con su lugar de residencia
(Neiva), tampoco con el último lugar de prestación del servicio (Neiva), ni con el
lugar en donde se expidieron los actos que previamente le habían negado el
derecho (Bogotá). Elementos que ha tenido en cuenta la jurisprudencia para arribar
a la conclusión del fraude global, y que tal como se ilustró, se configuran en el
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presente asunto.

60. De manera que, las actuaciones que rodearon el reconocimiento de la pensión
gracia llevan a demostrar que los dineros se percibieron de mala fe por parte de la
docente, en la medida que conociendo las razones que llevaron inicialmente a
CAJANAL a negar en varias oportunidades lo pedido, presentó acción de tutela, por
intermedio de abogado, en un municipio distante a su domicilio, con el fin de obtener,
sin el lleno de requisitos legales, una sentencia judicial favorable, como finalmente
ocurrió; circunstancia que, en casos similares16, ya ha sido analizada y definida de
la siguiente manera:

«[…] se debe tener en cuenta que tal como lo consideró la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 de 2012, en este asunto de igual manera al juez primero laboral del
circuito de Ciénaga le estaba legalmente vedado17 asumir el conocimiento de este
mecanismo constitucional, porque además de desconocer el principio de la
subsidiariedad y del juez natural de la causa, era indudable que la accionante no residía
ni prestó sus servicios en esa municipalidad como tampoco en el departamento de
Magdalena, sino en el municipio de Espinal ubicado en el departamento del Tolima, ello
ligado a que el acto previo a través del cual Cajanal negó el reconocimiento de la pensión
gracia había sido expedido en Bogotá.
Por manera que la buena fe de la señora María Ofelia Sánchez Zuluaga, contrario a lo
determinado por el tribunal, se encuentra absolutamente desvirtuada en la medida en
que adelantó actuaciones dudosas como partícipe de un fraude global a fin de obtener
decisión judicial favorable, que se tradujo en el reconocimiento de la pensión gracia a la
que a todas luces no tenía derecho, lo cual permite predicar que es procedente ordenar
que devuelva los dineros que hubiere podido devengar por dicho concepto y que le
fueron ilegalmente reconocidos, los que además se deben indexar al momento de
efectuarse el pago, tal como en asunto de idénticos contornos se determinó18»19

61. Así, al advertirse la ocurrencia de las situaciones fácticas que dan paso el fraude

16 Véanse, entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda: Radicado: 68001-23-33-000-2013-00231-
03(1024-2016) Sentencia de 26 de noviembre de 2020 / Radicado: 15001-23-33-000-2014-00301-01(4976-
2018). Sentencia de 11 de marzo de 2021 / Radicado: 52001-23-33-000-2014-00371-02 (6522-2022) Sentencia
de 30 de noviembre de 2023 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-1780-01 (5864-2023) Sentencia de 30 de
octubre de 2024 / Radicado: 25000-23-42-000-2014-01635-03 (3617-2023) Sentencia de 7 de noviembre de
2024.
17 «Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991«… son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención,

los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud…». Y, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 «para los efectos previstos en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde
ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos…»
18 «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 1 de septiembre de 2014, Radicación:

3130-13, consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se analizó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por CAJANAL contra la señora Luz Mery Melo Melo, quien
figura como una de las 140 personas al igual que el señor Jairo Eduardo Nieto Rodríguez, quienes impetraron
acción de tutela cuyo radicado corresponde al 0063-06, para concluir que «Además, si bien es cierto que en
estas diligencias no se acreditó que la autoridad disciplinaria hubiere investigado y sancionado a los partícipes
de la actuación señalada, ello no es óbice para desconocer las evidentes irregularidades surtidas en este caso,
que es análogo al examinado por la Corte Constitucional, por lo que ante la concurrencia de las demás
situaciones se advierte la mala fe de la señora Luz Mery Melo Melo. En este sentido se le ordenará, la devolución
de los dineros que hubiere podido devengar por concepto de la pensión gracia a ella reconocida, sumas que
deberá indexar, conforme a lo señalado por el artículo 178 y s.s. del Decreto 01 de 1984, como se pidió en la
demanda, previa certificación que expida la entidad al efecto»
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 73001-23-31-000-2011-00228-02 (1186-2016). Sentencia

de 22 de febrero de 2018.
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global, tiene vocación de prosperidad el recurso de la parte actora –
UGPP-, siendo necesario revocar parcialmente la sentencia apelada,
concretamente el numeral séptimo en cuanto negó la devolución de sumas. En su
lugar se dispondrá la devolución de las sumas devengadas por concepto de la
pensión gracia reconocida, debidamente indexadas, a favor de la UGPP. Los
valores adeudados serán actualizados de acuerdo con la siguiente fórmula:

R= Rh X Índice final
Índice inicial

62. Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta
de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a
la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en
que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma
señalada en el último inciso del artículo 192 del C.P.A.C.A. Por tratarse de pagos
de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, para cada
mesada prestacional.

2.5. Condena en costas
63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

66. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto el recurso de apelación no tiene prosperidad. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Huila.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA
PRIMERO. Revocar el numeral séptimo de la sentencia de 29 de agosto de 2017,
en cuanto negó la devolución de las sumas percibidas por concepto de pensión
gracia.

En su lugar, ordenar a la señora Clara Piedad Jacome de Ardila devolver a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social ꟷUGPPꟷ las sumas pagadas por concepto de la pensión
gracia reconocida a través de la Resolución RDP 040684 de 03 de septiembre de
2013, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago a su favor a partir del 07 de
marzo de 1999; acto declarado nulo.

Las sumas resultantes a favor de la entidad demandante se ajustarán en su valor,
en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente
decisión.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de agosto de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de la referencia.

TERCERO. Condenar en costas a la demandada –parte vencida- en esta instancia
de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.

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