Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00223-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2018-00223-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00223-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2018-00223-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de enero de 2025
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
Demandante: Julio César Gutiérrez Marín
Demandado: ESE, Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y
otros.
Temas: Integración de la proposición jurídica. Relación laboral
encubierta. Contratos de prestación de servicios. Convenio
cooperativa y contrato sindical. Auxiliar administrativo.
REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se declaró probada, de
oficio, la excepción de «ineptitud de la demanda por proposición jurídica incompleta»
y se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Julio César Gutiérrez Marín instauró demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
en contra de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con
el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución 1297 del 15 de diciembre de 2017,
que confirmó el Oficio G-0620 del 14 de noviembre de la misma anualidad,
mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.
Que se declare que existió un vínculo laboral desde el 16 de diciembre de 2005
hasta el 14 de mayo de 2016, y, en consecuencia, se condene al pago de las
prestaciones sociales dejadas de percibir y que devengue un auxiliar
administrativo.
Que se condene a la entidad a pagar la «indemnización a servidor público
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
desvinculado sin motivación» en los términos descritos en la sentencia SU-556 de
2014.
Que se condene a la parte demandada a pagar la sanción moratoria de que trata
la Ley 244 de 1995, los intereses de mora, las costas, agencias en derecho y la
indexación sobre las sumas adeudadas. Así como a dar cumplimiento al fallo de
conformidad con lo establecido en el artículo 188 y siguientes del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que dentro de la planta de personal del Hospital Universitario Moncaleano
Perdomo ESE existe el empleo de auxiliar administrativo, código 407, grado 15.
Que el demandante prestó sus servicios a esa entidad como auxiliar
administrativo entre el 16 de diciembre de 2005 y 14 de mayo de 2016, por
contrato de prestación de servicios, contrato sindical y por cooperativas.
Que ejecutó sus funciones de manera personal y bajo continua subordinación,
que debía cumplir un horario establecido por la entidad y las órdenes de esta
sobre la forma de ejecutarlas.
Que sus actividades eran las mismas que las desempeñadas por los auxiliares
administrativos de planta, las cuales fueron ejercidas de manera permanente y
bajo subordinación, en tanto que debía atender las directrices e instrucciones
dadas por la entidad a través de los jefes inmediatos de las áreas de facturación
y cirugía.
Que la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad inició proceso
disciplinario en su contra por una presunta irregularidad en la facturación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 23 de agosto de 2018 1 y, notificada
a la entidad demandada 2, quien manifestó que el demandante no tuvo una
relación laboral con la entidad, por el contrario, se trató de una relación
contractual que se materializó a través del Contrato 249 de 2005.
Que, de acuerdo con los documentos aportados, es razonable concluir que el
demandante se vinculó con la Cooperativa de Trabajo Asociado de Gestión y
Asesoría, a través de un contrato de trabajo a término indefinido y era la
encargada de dirigir sus labores y efectuar los pagos correspondientes por los
servicios prestados a la ESE. Que, según lo prevé la Ley 1233 de 2008, las ESE
1 Folios 315 a 317 del cuad. ppal. 2.
2 Folios 333 a 356 del cuad. ppal.2-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
están facultadas para contratar con cooperativas de trabajo por razones de
«eficiencia empresarial».
Propuso como excepciones la de improcedencia de las pretensiones en contra
de la ESE, inexistencia de causa para demandar, inexistencia de la relación
laboral, inexistencia de dependencia o subordinación en los contratos de
prestación de servicios, inexistencia de los elementos esenciales constitutivos del
contrato de trabajo, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
prescripción de la acción y la genérica.
Mediante auto del 27 de agosto de 2019 se admitió el llamamiento en garantía a
la empresa Procesos Express Consultores y Asesores SAS, aseguradora
Solidaria de Colombia, aseguradora de Fianzas SA y, Liberty Seguros SA.
Se celebró audiencia inicial el 13 de abril de 2021 3, en la que se fijó el litigio, se
surtió la etapa conciliatoria, se decretaron las pruebas. Luego de agotado el
periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y
se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Huila4, mediante sentencia del veintinueve (29) de
junio de dos mil veintidós (2022), declaró probada, de oficio, la excepción
«ineptitud de la demanda por proposición jurídica incompleta » y negó las
pretensiones.
Expreso que, al examinar la demanda y los documentos aportados, se observa
que la pretensión de nulidad se circunscribió a la Resolución 1297 del 15 de
diciembre de 2017, pese a que este acto constituye una unidad jurídica con el
Oficio G-0620 del 14 de noviembre de la misma anualidad, habida cuenta de que
fue a través de este último que se resolvió la situación jurídica del demandante.
Que al no haber solicitado la nulidad del acto originario sino, solo la del que
resolvió el recurso de reposición se restringió la competencia del juez para
analizar las causales de nulidad planteadas en la demanda, en tanto que no
puede efectuar un estudio fragmentado de los actos que resolvieron la situación
del demandante.
Que no es posible pronunciarse de manera oficiosa sobre la legalidad del acto
citado, teniendo en consideración que la falta de individualización de los actos
demandados no se enmarca en los supuestos para que proceda una decisión
extra petita.
3 Obrante en el link contenido en el índice 153 de SAMAI, Tribunal Administrativo del Huila.
4 Índice 141 de SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
Que si bien el artículo 163 del CPACA, prevé que en el evento de que el acto
enjuiciado haya sido objeto de recursos en sede administrativa se entenderán
demandados todos los actos que los resolvieron, lo cierto es que, ello no opera
en sentido contrario, de manera que al demandarse únicamente el acto que
resolvió el recurso de reposición no puede entenderse acusado el acto inicial.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante5 interpuso recurso de apelación indicando que, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 163 del CPACA, es
razonable inferir que al pretender la nulidad de la Resolución 1297 del 15 de
diciembre de 2017, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición
impetrado en contra del Oficio G-0620 del 14 de noviembre de la misma
anualidad, se entiende incluido este último.
Que, si bien es cierto, que la ESE a través del referido oficio negó la existencia
de la relación laboral encubierta con el demandante, también lo es que el acto
que se demandó analizó la misma situación y confirmó aquella negativa; por lo
que el oficio N° G-0620 del 14 de noviembre de 2017 se encuentra integrado o
inmerso en la Resolución N° 1297 del 15 de diciembre de 2017, pues este último,
aparte de ser el acto administrativo que pone fin al asunto reclamado, subsume
el primero.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
El 28 de noviembre de 2022 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso
que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para
fallo.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Ministerio Público no
presentó concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá verificar si en el presente asunto se configuró la inepta demanda
por una proposición jurídica incompleta, y, en caso de ser positiva la respuesta,
se confirmará la decisión, pero si es negativa la respuesta, procederá a
determinar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la prestación
de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el actor tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa relación.
5 Índice 146 de SAMAI. Tribunal Administrativo del Huila.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará el
argumento relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente,
se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Inepta demanda – Falta de requisitos
El 30 de octubre de 2017 6, el actor solicitó a la entidad demandada que se
reconociera la existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales derivadas de esta. Por medio del Oficio 0620 del 14 de noviembre de
20177, el gerente de la entidad negó lo pedido. Decisión que fue confirmada a
través de la Resolución 1297 del 15 de diciembre de 2017 8, al resolver el recurso
de reposición, siendo este último el acto demandado.
A través de auto del 23 de agosto de 2018 el Tribunal Administrativo del Huila
admitió la demanda por encontrar satisfechas las exigencias legales y, en
audiencia inicial celebrada el 13 de abril de 2020, el litigio se fijó en los siguientes
términos:
«Corresponde establecer si por los cargos expuestos en la demanda, esto
es la falsa motivación, debe declararse la nulidad del Oficio No. G-0620
del 14 de noviembre de 2017 y la Resolución No. 1297 del 15 de
diciembre de 2017, los cuales negaron al actor el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales e indemnizaciones propias de un contrato
de trabajo desde el 1 de enero de 2006 y hasta el 14 de mayo de 2016.
En consecuencia, determinar si hay lugar a declarar la existencia de una
relación laboral entre el señor Julio Cesar Gutiérrez Marín y la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, al comprobarse los elementos
esenciales de una relación subordinada laboral […]» (Se resalta)
No obstante, en sentencia, declaró probada la excepción de inepta demanda por
no haber demandado todos los actos administrativos que decidieron el derecho
reclamado.
El artículo 100, numeral 5, del CGP, aplicable por remisión expresa del CPACA,
prevé que podrá declararse la existencia de la excepción de inepta demanda,
específicamente, por dos razones, a saber: i) por falta de cualquiera de los
requisitos formales contenidos en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA
y ii) por indebida acumulación de pretensiones.
El artículo 162 del CPACA dispone que, para que la demanda pueda ser
analizada judicialmente debe contener, entre otras, lo que se pretende
expresado con precisión y claridad. En concordancia con ello, el artículo 163 de
la misma normativa, dispone que cuando lo pretendido es la nulidad de un acto
administrativo, este debe individualizarse en debida forma toda vez que esto
será lo que delimite el objeto del litigio.
6 Folios 370 a 376 del cuad, ppal. 2.
7 Folios 361 a 366 del cuad. ppal. 2.
8 Folios 378 a 385 del cuad. ppal. 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
Así, por regla general, si varios actos administrativos constituyen una unidad
jurídica, deberán demandarse todos para que el Juez pueda emitir una decisión
de fondo, pues, en caso contrario, se configurará una proposición jurídica
incompleta, que le impide efectuar un examen de fondo sobre el asunto puesto
en su conocimiento.
Esta Corporación 9 ha desarrollado este tema, señalando que la misma se
configura: i) cuando el acto demandado torna lógicamente imposible la decisión
de fondo debido a una irreparable ruptura de su relación con lo solicitado; y ii)
cuando el acto acusado no es autónomo porque se encuentra directamente
relacionado con otro u otros no impugnados que determinan su contenido,
validez o eficacia.
Ahora, es preciso destacar que la exigencia referida no puede implicar un
detrimento en los derechos sustanciales que le asisten a los administrados. De
ahí que cada situación particular debe ser analizada por el juez, máxime
teniendo en cuenta las facultades de saneamiento que le ha otorgado la ley.
Es por esto, que, en el caso concreto, se advierte que aun cuando el demandante
circunscribió su pretensión a la declaratoria de nulidad del acto administrativo a
través del cual se resolvió el recurso de reposición en contra del acto que negó
la existencia de la relación laboral que, en su criterio, se configuró con la ESE;
dentro del escrito introductorio, efectuó una descripción de este y lo anexó con la
demanda.
Además, desde el examen de admisión de la demanda, el Tribunal tuvo
conocimiento del acto que ahora considera indispensable, y, luego, en la
audiencia inicial del 13 de abril de 2020 delimitó la fijación del litigio en el análisis
de legalidad de ambos actos administrativos, decisión contra la cual no se
interpuso ningún recurso.
Así las cosas, contrario a lo expuesto en la decisión apelada no es posible
declarar probada la excepción de inepta demanda, dado que se trata de encontrar
el sentido útil de la norma, aquel que permite el ejercicio de los derechos y no el
que los restringe; pues si la norma se estableció para superar el formalismo que
se presentaba en el derogado artículo 138 del CCA, el cual no permitía decidir de
fondo cuando no se demandaban expresamente todos y cada uno de los actos
administrativos que habían resuelto sobre el derecho objeto de las pretensiones;
la interpretación restrictiva y literal de tal disposición, significa la no superación
de este.
Por consiguiente, y en observancia del sentido histórico y teleológico de la norma,
la Sala estima adecuado entender demandados todos los actos, tanto el principal
como el que resolvió el recurso de reposición, por lo que se revocará la decisión
9 Auto del 2 de mayo de 2019, radicado: 05001-23-33-000-2017-01570-01 (4866-18), Sección Segunda,
Subsección A. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
adoptada por el juez de primera instancia y se procederá a decidir de fondo el
asunto.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre la actora y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta. 105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido. 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación. 107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad. 108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad.
En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»10.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Cooperativas de trabajo asociado
De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.
Frente a las cooperativas de trabajo asociado la corporación ha sostenido que a
aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para suministrar
mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión y
permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación
o dependencia con los contratantes.
Contrato sindical
De conformidad con el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo el contrato
sindical es el que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o
varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la
ejecución de una obra por medio de sus afiliados.
El Decreto 1429 de 2010, establece que el contrato sindical es un acuerdo de
voluntades, de naturaleza colectivo laboral, con características de un contrato
solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre
uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o
sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de
10 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
obras con sus propios afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con
autonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato o de
los sindicatos y que se rige por las normas y principios del derecho colectivo del
trabajo.
La Corte Suprema de Justicia11 ha definido que esos acuerdos bilaterales no
pueden ser instrumentalizados para suministrar ilegalmente personal
subordinado en actividades misionales permanentes de las entidades estatales.
Por su parte, el Consejo de Estado, en recientes pronunciamientos 12, ha
sostenido que, en esos vínculos con organizaciones sindicales, se debe tener en
cuenta que no debe existir subordinación o dependencia con el extremo
contractual en el desarrollo de lo pactado, pues deslegitimaría cualquier objeto
de la organización colectiva.
Resolución del caso concreto
Revisadas las pruebas, se advierte lo siguiente:
Que el demandante suscribió el contrato de prestación de servicios núm. 249-
200513 con el objeto de «prestar sus servicios de apoyo administrativo en el área de
Rayos X por 90 horas, realizando las labores atinentes a su actividad por turnos ». El
plazo de ejecución fue de 15 días, a saber, desde el 16 hasta el 31 de diciembre
de 2005.
Que, según la Certificación del 10 de marzo de 2017 14 expedida por el jefe de la
Oficina de Talento Humano de la entidad demandada, el actor prestó servicios
de apoyo a la gestión de la entidad, desarrollando actividades administrativas en
los procesos y subprocesos en el área de cirugía y de rayos X, mediante los
siguientes contratos y/o ordenes de prestación de servicios:
1. Contrato núm. 015-200515. El plazo de ejecución fue de 2 meses, del 1 de enero
hasta el 28 de febrero de 2006. El valor del contrato fue de $1.422.720.
2. Orden núm. 067616. El plazo de ejecución de 15 días, del 1 hasta el 15 de marzo
de 2006, por un valor de $355.680
3. Orden 088717. El plazo de ejecución fue de 1 mes, del 1 hasta el 30 de junio de
2006 y un valor total de $746.928.
4. Orden núm.111518. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 31 de julio
de 2006 y un valor total de $746.928.
11 Ver entre otras, las sentencias CSJ SL4330-2020, CSJ SL3086-2021 y SL4332-2021.
12 Ver entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 2023 expediente 19001233300020170012301 (0921-
2021) y del 4 de mayo de 2023 expediente 20001-23-39-000-2017-00410-00 (4521-2022).
13 Folios 123 a 125 el cuad. ppal 1.
14 Folios 128 a 129 del cuad. ppal. 1.
15 Folios 134 a 136 del cuad. ppal. 1.
16 Folio 138 del cuad. ppal. 1.
17 Folio 141 del cuad. ppal. 1.
18 Folio 142 del cuad. ppal. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
5. Orden núm. 133219. El plazo de ejecución es de 15 días, del 1 hasta el 15 de
agosto de 2006 y un valor de $373.464.
6. Orden núm. 166120. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 14 de noviembre hasta
el 13 de diciembre de 2006 y un valor de $746.928.
7. Ordenes núm. 173721 y 183722. El plazo de ejecución es de un mes, del 1 hasta
el 31 de diciembre de 2006 y un valor de $520.744 y $485.503.
8. Orden núm. 205323. El plazo de ejecución es de 3 meses, del 4 de mayo hasta el
3 de agosto de 2007 y un valor de $2.853.288.
9. Orden núm. 229024. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 6 de agosto hasta el
5 de septiembre de 2007 y un valor de $951.096.
10. Orden núm. 247925. El plazo de ejecución es de 2 meses, del 6 de septiembre
hasta el 5 de noviembre de 2007 y valor de $1.902.191.
11. Orden núm. 275226. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 6 de noviembre hasta
el 30 de noviembre de 2007 y el valor es de $951.096.
12. Orden núm. 297727. El plazo de ejecución es de 25 días, del 6 hasta el 31 de
diciembre de 2007 y el valor es de $792.580.
13. Orden núm. 315928. El plazo de ejecución es de 2 meses, del 1 de enero hasta
el 29 de febrero de 2008 y el valor es de $2.000.000.
14. Orden núm. 340429. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 31 de marzo
de 2008 y el valor es de $1.000.000
15. Orden núm. 358230. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 30 de abril
de 2008 y el valor es de $1.000.000.
16. Orden núm. 484731. El plazo de ejecución es de 4 meses, del 1 de enero hasta
el 30 de abril de 2012 y el valor es de $4.668.000.
17. Orden núm. 519932. El plazo de ejecución es de 2 meses, del 2 de mayo hasta el
30 de junio de 2012 y el valor es de $2.334.000.
18. Orden núm. 531233. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 31 de julio
de 2012 y el valor es de $1.167.000.
19. Orden núm. 560334. El plazo de ejecución es de 5 meses, del 1 de agosto hasta
el 31 de diciembre de 2012 y el valor es de $5.835.000.
19 Folio 143 del cuad. ppal. 1.
20 Folio 144 del cuad. ppal. 1.
21 Folio 150 del cuad. ppal. 1.
22 Folio 152 del cuad. ppal. 1.
23 Folio 157 del cuad. ppal. 1.
24 Folio 158 del cuad. ppal. 1.
25 Folio 161 del cuad. ppal. 1.
26 Folio 163 del cuad. ppal. 1.
27 Folio 165 del cuad. ppal. 1.
28 Folio 166 del cuad. ppal. 1.
29 Folio 169 del cuad. ppal. 1.
30 Folio 170 del cuad. ppal. 1.
31 Folio 184 a 186 del cuad. ppal. 1.
32 Folio 187 a 193 del cuad. ppal. 1.
33 Folio 195 y 199 del cuad. ppal. 1.
34 Folio 200 cuad. ppal. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
20. Orden núm. 592235. El plazo de ejecución es de 1 mes y 25 días, del 4 de enero
hasta el 28 de febrero de 2013 y el valor es de $2.334.000.
21. Orden núm. 618936. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 31 de marzo
de 2013 y el valor es de $1.167.000.
22. Orden núm. 642637. El plazo de ejecución es de 3 meses, del 1 de abril hasta el
30 de junio de 2013 y el valor es de $3.501.000.
23. Orden núm. 668738. El plazo de ejecución es de 1 mes, del 1 hasta el 31 de julio
de 2013 y el valor es de $1.167.000.
Que, el actor suscribió un convenio de asociación con la Cooperativa de Trabajo
Asociado Gestión & Asesoría el 1 de mayo de 2008, para ocupar el cargo de
auxiliar administrativo39 en la E.S.E. demandada; el cual finalizó el 31 de
diciembre de 2011, tal como lo certificó el gerente de la referida asociación el 23
de marzo de 2012 40. Cooperativa que a su vez suscribió contratos de prestación
de servicios con la demandada 41.
Que, según la certificación del 5 de abril de 2017, proferida por el representante
legal del Sindicato de Gremios de la Salud, el demandante estuvo afiliado a la
agremiación entre el 1 de agosto de 2013 y el 28 de febrero de 2015, y, prestó
sus servicios como auxiliar administrativo en facturación durante dicho lapso a la
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 42.
Así, entonces se tiene que el demandante prestó sus servicios personales a
la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, como
auxiliar administrativo, bajo las siguientes modalidades y periodos:
Tiempo Modalidad de la vinculación
Desde 16/12/2005 hasta 30/04/2008 Contratos/ordenes de prestación de servicios
Desde 1/05/2008 hasta 31/12/2011 Convenio de asociación con cooperativa
Desde 1/01/2012 hasta 31/07/2013 Órdenes de prestación de servicios
Desde 1/08/2013 hasta 28/02/2015 Contrato sindical
Ahora bien, según lo certificó la empresa Procesos Express SAS 43, el
demandante continuó al servicio de la entidad hospitalaria en el empleo
denominado analista de cuenta entre el 1 de marzo de 2015 y el 14 de mayo de
2016; sin embargo, de este último período no existen otras pruebas que permitan
a la Sala establecer las funciones o la modalidad en que fue vinculado, por lo que
sobre este no se efectuará ningún pronunciamiento.
Establecido lo anterior, se examinará si en el presente caso se configura el
35 Folios 207 a 208 del cuad. ppal. 2.
36 Folio 214 a 2015 del cuad. ppal. 2.
37 Folio 221 a 225 del cuad. ppal. 2.
38 Folios 230 a 232 del cuad. ppal. 2.
39 Folios 171 a 173 del cuad. ppal. 1.
40 Folio 179 del cuad. ppal. 1. También obra Oficio sin número del 31 de diciembre de 2011 a través del
cual el gerente de la cooperativa informa al demandante la terminación del convenio de asociación, véase
folio 180 ibidem.
41 Contenido en el cuad. ppal. 3.
42 Folio 239 cuad. ppal. 2.
43 Folio 240 del cuad. ppal. 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
elemento de la subordinación y si se presentó una tercerización ilegal:
Según las certificaciones del 6 de diciembre de 2007 44, 3 de marzo de 2008 45, 1
de abril de 2008 46, 6 de mayo de 2008 47, 29 de febrero de 2012 48, 1 de agosto de
201249 y 1 de noviembre de 2012 50, emitidas por el jefe de División de Apoyo
Financiero y el Subgerente Financiero de la ESE demandada, el demandante
cumplió satisfactoriamente con sus funciones en la dependencia de facturación
en el servicio de cirugía por los periodos comprendidos del 6 de noviembre al 5
de diciembre de 2007, 1 de febrero al 29 de febrero de 2008, del 1 al 31 de marzo
de 2008, del 1 al 30 de abril de 2008, del 1 al 31 de enero de 2012 y del 1 al 31
de octubre de 2012, respectivamente.
De acuerdo con las certificaciones sin fecha, recibidas el 5 de noviembre de
200851 y el 1 de diciembre de 2008 52, proferidas por el jefe de División de Apoyo
Financiero de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva, el demandante, asociado a la cooperativa Gestión & Asesoría, «desarrolló
[…] cada una de las actividades programadas en la dependencia de DIVISIÓN DE
APOYO FINANCIERO (Facturación Cirugía) […]».Por los periodos comprendido del
1 al 31 de octubre de 2008 y del 1 al 30 de noviembre de 2008 respectivamente.
El 3 de mayo de 2010 el asesor de la Oficina de Control Interno Disciplinario de
la ESE inició indagación preliminar, entre otros, en contra del demandante por
presuntas irregularidades en la facturación 53.
A través de la Circular 005 del 22 de agosto de 2011 la demandada solicitó a los
auxiliares administrativos (incluyendo al demandante), la entrega de las historias
clínicas en los tiempos preestablecidos, so pena de incurrir en «faltas graves» 54.
Mediante escrito del 31 de enero de 2012, el demandante rindió informe de sus
actividades como auxiliar administrativo de la División de Apoyo Financiero como
facturador en el área de Cirugía, así 55:
«- Recoger a diario por los diferentes centros de costo la papelería de los
usuarios que ha ingresado a la institución.
• Digitar todas la[s] notas de procedimientos quirúrgicos que se le realizan a
pacientes programados y hospitalizados.
• Realizar el censo en el área de recuperación cirugía y notificar al auditor de
sistemas si se encuentran o no pacientes de la Nueva Eps.
• Organizar y revisar la papelería que se recoge a diario contra el sistema y
luego archivarla en las diferentes carpetas de los servicios de facturación de
piso.
44 Folio 130 del cuad. ppal. 1.
45 Folio 131 del cuad. ppal. 1.
46 Folio 132 del cuad. ppal. 1.
47 Folio 133 del cuad. ppal. 1.
48 Folio 182 del cuad. ppal. 1.
49 Folio 183 del cuad. ppal. 1.
50 Folio 183A del cuad. ppal. 1.
51 Folio 174 del cuad. ppal. 1.
52 Folio 175 del cuad. ppal. 1.
53 Folio 245 del cuad. ppal. 2.
54 Folio 246 del cuad. ppal. 2.
55 Folios 241 a 242 del cuad. ppal. 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
• Recibir toda la documentación de los usuarios que ingresan para cirugía
programada y revisar que todo este al día.
• Activar las cuentas de pacientes que ingresan por cirugía ambulatoria y
estar atento para efectuarles el egreso en el momento en que el personal de
salas de cirugía pase el paquete de salida en orden.
• Recibir todas (sic) los ingresos de los usuarios que ingresan por urgencia y
se les da salida por recuperación cirugía.
-Bajar a diario todas las historias clínicas al archivo.
• Radicar a diario las facturas que se realizan el día anterior en la oficina de
facturación principal para que puedan ser enviadas a cuenta de cobro.»
Se destaca que el objeto de todas las vinculaciones del demandante a la ESE
consistió en la prestación de sus servicios en actividades administrativas en el
área de facturación, bajo el empleo denominado auxiliar administrativo y, las
funciones reportadas se asemejan a las que se encuentran delimitadas para el
auxiliar administrativo código 407, grado 15, perteneciente a la planta de personal
del hospital, específicamente, las referidas a:
«1. Realizar las actividades de gestión y apoyo a las funciones desarrolladas
por la Dependencia, de acuerdo a las atribuciones y Plan de Desarrollo de la
ESE.
2. Preparar y organizar la información requerida por el jefe inmediato según
su área de desempeño […]
6. Apoyar los trámites administrativos de la Dependencia para el
cumplimiento de las atribuciones y procedimientos de la ESE […]»
De igual manera, los testigos Jaime Covaleda Vargas, Oriol Marcelo Rodríguez
y Migdonia Silvia Trujillo, quienes laboraron en la ESE, en su condición de
coordinador del servicio de facturación, entre el 2008 y el 2014, y auxiliares
administrativos entre el 2007 y 2010, y, 2004 y 2011, respectivamente,
coincidieron en manifestar que el demandante desarrolló actividades de
facturación en las instalaciones del hospital, en un puesto de trabajo asignado
por la entidad, bajo las instrucciones del coordinador y/o jefe de facturación de
esta, con la supervisión de un médico auditor del hospital y en un horario general
de 7:30 am a 12:30 m y de 2:30 pm a 6:00 pm.
También quedó demostrado que fue objeto de control no solo por parte de un jefe
inmediato y un auditor, sino también por la Oficina de Control Interno de la
entidad, en tanto que esta profirió un auto de indagación preliminar en contra del
demandante por la presunta omisión en sus funciones de facturación, y con
posterioridad, el profesional especializado de la ESE le requirió la entrega de las
historias clínicas en los tiempos establecidos so pena de incurrir en «faltas
graves», circunstancias que evidencian que sus labores no eran ejecutadas de
forma independiente y autónoma, sino bajo la subordinación del hospital.
Así pues, al realizar una valoración conjunta de las pruebas, es razonable concluir
que el demandante en el ejercicio de sus funciones se vio sometido a la
imposición de condiciones sobre el tiempo, modo y forma en la que debía
realizarlas. En ese sentido, debía cumplir con un horario de trabajo, atender las
directrices del coordinador de la dependencia de facturación y además de ser
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
ejecutadas de forma permanente, se asemejan a las descritas para el auxiliar
administrativo que hace parte de la planta de personal de la entidad hospitalaria.
Es evidente la falta de autonomía en la prestación del servicio, por el
direccionamiento frente a la forma y desarrollo de las actividades del objeto
contractual, excediéndose en lo que en sana crítica se puede entender como la
coordinación necesaria para la prestación de un servicio, denotando las
potestades propias de un verdadero empleador.
La mayoría de las funciones desarrolladas por este, se enmarcan en actividades
de manejo documental y, en esa medida, en ningún caso puede afirmarse que
puedan realizarse de forma autónoma. Su ejecución requiere el direccionamiento
de la entidad y cumplir con las directrices y parámetros fijados por esta. No puede
pensarse que el contratista es quien establece o fija los requisitos para esto.
En el mismo sentido, en la sentencia del 25 de enero de 2014, expediente 2014-
00192-02 (radicado interno 3635-2022), esta Sala de subsección, al resolver un
asunto similar al aquí estudiado, se pronunció de la siguiente manera:
«En efecto, las labores secretariales que desarrollaba la demandante eran
permanentes, se cumplían en las instalaciones del SENA y en el horario de
oficina fijado en la entidad, bajo la supervisión e instrucción de un superior
funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y autonomía
técnica y directiva.
Llama la atención la afirmación de la parte demandada en el sentido de que
la actora era autónoma e independiente en el desarrollo de sus tareas,
porque riñe con la naturaleza misma de los servicios pactados en las órdenes
de trabajo. Así, es evidente que las actividades secretariales a cargo de la
señora Araújo Montejo se circunscribían a las indicaciones particulares y
puntuales de su jefe inmediato, pues no de otra forma podía elaborar los
documentos solicitados, atender las llamadas telefónicas y suministrar
información al público interno y externo del centro de formación».
Por lo tanto, aunque el actor tuvo períodos en los que prestó sus servicios a través
de una cooperativa de trabajo y por medio del Sindicato de Trabajadores de la
Salud, lo cierto es que fue la ESE quien valoró la ejecución de las actividades por
parte del demandante, lo que demuestra la supervisión y control por parte de esta
y, con ello la subordinación a la que aquel estaba sometido.
Lo anterior, a juicio de la Sala, desborda el alcance de la figura contractual, así
como también de la vinculación a través de otras figuras, tales como, convenio
asociativo y el contrato sindical, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi y una
tercerización laboral ilegal, pues la parte demandante estaba sujeta a las
condiciones impuestas por la entidad.
En otras palabras, pese a las formas en que se vinculó al actor, quedó
demostrado que el beneficiario directo de los servicios prestados era la ESE
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, y frente a este
se materializaron las condiciones de subordinación típicas de una relación
laboral. De ahí que, resulte viable concluir que en el caso concreto se encuentra
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
probado el elemento de la subordinación.
De la prescripción e interrupciones contractuales
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 56:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 57, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia, estableció que el juez puede superar
este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos tengan objetos
totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea inmodificable puede
incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que quiso la sentencia
porque la administración con el solo propósito de eludir la regla podrá en todos
los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello, la Sala
considera que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo
haber sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de
un «plazo razonable».
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, según lo certificó la entidad, los contratos con el demandante se
ejecutaron en los siguientes periodos:
Contrato Término de ejecución Interrupción
249 16 al 31 de diciembre de 2005 Sin interrupción
015 1 de enero a 28 de febrero de 2006 Sin interrupción
0676 1 a 15 de marzo de 2006 2 meses y 15 días
56 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05 del 25 de
agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
0887 1 a 30 de junio de 2006 Sin interrupción
1115 1 a 31 de julio de 2006 Sin interrupción
1332 1 a 15 de agosto de 2006 2 meses y 29 días
1661 14 de noviembre a 13 de diciembre de 2006 Sin interrupción
1737 y 1837 14 a 31 de diciembre de 2006 4 meses
2053 4 de mayo a 3 de agosto de 2007 Sin interrupción
2290 6 de agosto a 5 de septiembre de 2007 Sin interrupción
2479 6 de septiembre a 5 de noviembre de 2007 Sin interrupción
2752 6 a 30 de noviembre de 2007 5 días
2977 6 a 31 de diciembre de 2007 Sin interrupción
3159 1 de enero a 29 de febrero de 2008 Sin interrupción
3404 1 a 30 de marzo de 2008 Sin interrupción
3582 1 a 30 de abril de 2008 Sin interrupción
Cooperativa 1 de mayo de 2008 a 31 de diciembre de 2011 Sin interrupción
4847 1 de enero a 30 de abril de 2012 Sin interrupción
5199 2 de mayo a 30 de junio de 2012 Sin interrupción
5312 1 a 31 de julio de 2012 Sin interrupción
5603 1 de agosto a 31 de diciembre de 2012 Sin interrupción
5922 4 de enero a 28 de febrero de 2013 Sin interrupción
6189 1 a 31 de marzo de 2013 Sin interrupción
6426 1 de abril a 30 de junio de 2013 Sin interrupción
6687 1 a 31 de julio de 2013 Sin interrupción
Sindical 1 de agosto de 2013 a 28 de febrero de 2015 Finalización
De la relación anterior, se encuentran demostradas varias interrupciones en la
vinculación del demandante con la entidad y, la última de estas a la culminación
de la Orden de Prestación de Servicio núm. 1837, correspondiente a cuatro
meses, término ostensiblemente amplio para generar la interrupción en la
relación. En ese sentido, teniendo en cuenta que la parte demandante presentó
la reclamación administrativa solo hasta 30 de octubre de 2017 58, es evidente
que operó la prescripción extintiva frente a los derechos laborales causados hasta
el 31 de diciembre de 2006, salvo lo relativo a los aportes a pensión.
En cuanto al último periodo de vinculación se advierte que inició el 4 de mayo de
2007 y finalizó el 28 de febrero de 2015, sin que se hayan acreditado
interrupciones en la ejecución contractual, por lo que el demandante contaba
hasta el 28 de febrero de 2018, para solicitar a la entidad el reconocimiento de
los derechos y, teniendo en cuenta que el actor presentó la reclamación en
octubre de 2017, no se configuró la prescripción frente a ese lapso.
De las prestaciones sociales reclamadas
El demandante tiene derecho al pago de las prestaciones sociales de orden legal
que perciben los empleados públicos que laboran en la entidad en el tiempo
debidamente laborado.
Para efectos del pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
adeudados, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por
honorarios en las respectivas órdenes de servicios suscritas entre el 4 de mayo
de 2007 al 30 de abril de 2008 y el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de
58 Folios 370 a 376 del cuad. ppal. 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
2013, salvo las interrupciones. De igual forma, los tiempos de labor aquí
reconocidos tendrán efectos pensionales sin tener en cuenta la prescripción
decretada.
En cuanto a los períodos comprendidos entre el 1 de mayo de 2008 al 31 de
diciembre de 2011 y 1 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2015, durante los
cuales el actor estuvo vinculado a través de un convenio de asociación y una
agremiación sindical, respectivamente, no se reconocerán las diferencias
prestacionales, pues, aunque se acreditó la tercerización de la relación laboral,
no se aportaron pruebas respecto a los pagos o compensaciones que recibió en
esos lapsos. Esto, impide a la Sala de Decisión, definir si existen acreencias
pendientes de pago.
Al respecto se recuerda que este mandato se deriva del contenido del artículo
167 del Código General del Proceso que consagra lo siguiente:
«Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto
de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen».
Bajo esa línea, el demandante debió soportar sus pretensiones y, por lo menos,
acreditar los pagos que recibió en virtud de las vinculaciones triangulares, de
modo que, existiera un parámetro para definir si hubo una desmejora de sus
condiciones salariales y prestacionales.
Las sumas reconocidas serán reajustadas con siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que
resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE
(vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago).
Indemnización a servidor público
Frente a la indemnización reclamada en los términos de la sentencia SU-556 DE
2014 se advierte que no resulta procedente, en tanto que se encuentra prevista
para los servidores públicos desvinculados sin motivación, de un cargo de carrera
que desempeñaba en provisionalidad, condiciones bajo las que no se encuentra
el demandante.
Recuérdese que, si bien la sentencia que reconoce la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente tiene carácter constitutivo, lo cierto es que ello
no le atribuye a su beneficiario la condición de servidor público.
Sanción moratoria
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
No es posible ordenar el pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a favor del demandante porque solo con la ejecutoria de la sentencia
que determina la existencia de una verdadera vinculación de tipo laboral se hacen
exigibles los derechos laborales salariales y prestacionales para la misma, lo que
incluye las cesantías, luego es a partir de la ejecutoria de esta que surge para la
entidad la obligación de pagarlas en los términos señalados en el CPACA.
Aportes a la seguridad social en pensiones
En el caso, al haberse demostrado la configuración de los elementos de la
relación laboral, procede el pago de los aportes a pensión, para esto, la entidad
demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso
base de cotización o IBC pensional del demandante, dentro de los periodos
laborados por prestación de servicios, convenio asociativo y contrato sindical mes
a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los
que se debieron efectuar; cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le
correspondía como empleador.
En ese sentido, el actor deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema
General de Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duraron los
referidos vínculos contractuales con la entidad y a través de terceros, y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajador.
Aclarado esto, de acuerdo con lo pretendido por la parte demandante, la Sala
advierte que no es posible ordenar el reintegro o compensación de los aportes a
la seguridad social, porque, como se determinó en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021, estos tienen la connotación
de parafiscales para la financiación del Sistema General de Seguridad Social.
De este modo, no son ingresos ni beneficios económicos para la parte interesada,
por lo que, no corresponde el pago de estos rubros directamente al demandante
ni es posible el reembolso de estos.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la reciente normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir de la
demanda y del recurso de apelación, que no se presenta una carencia de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las
partes presentaron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses,
en consecuencia, no se impondrá condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Revocar la sentencia del veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós
(2022) proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual se
declaró probada, de oficio, la inepta demanda, y, se negaron las pretensiones de
la demanda.
En su lugar:
Segundo: Declarar la nulidad parcial del Oficio G-0620 del 14 de noviembre de
2017, a través del cual el gerente de la ESE Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva negó el reconocimiento de la relación laboral con
el demandante, así como de la Resolución 1297 del 15 de diciembre de la misma
anualidad, emitida por la misma entidad, mediante la cual se confirmó lo decidido
al desatar el recurso de reposición. En consecuencia, se declara que entre las
partes existió una relación laboral entre el 16 de diciembre de 2005 y el 28 de
febrero de 2015, salvo las interrupciones.
Tercero: Declarar probada la prescripción extintiva frente a los derechos
laborales a los que hubiera lugar, anteriores al 31 de diciembre de 2006, salvo lo
relativo a los aportes a pensión.
Cuarto: Ordenar a la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva que reconozca y pague en favor del señor Julio Cesar
Gutiérrez Marín las prestaciones sociales de orden legal que perciben los
empleados públicos que laboran en la entidad en el tiempo debidamente
laborado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00223-01 (5845-2022)
Para efectos del pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
adeudados, deberá tomarse como base de liquidación el valor pactado por
honorarios en las respectivas órdenes de servicios suscritas entre el 4 de mayo
de 2007 al 30 de abril de 2008 y el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de
2013, salvo las interrupciones.
Quinto: Ordenar a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva que pague la diferencia entre los aportes que se debieron
efectuar y los realizados por el demandante, y cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante, pero solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador y por los períodos en los que se acreditó la relación laboral
descontando los periodos en que no prestó el servicio y de la manera en que se
indicó en la parte motiva de la sentencia.
Sexto: Las sumas reconocidas deberán ser reajustadas conforme la fórmula
expuesta en la parte considerativa de esta providencia. De igual forma, se dará
cumplimiento a la sentencia según lo disponen los artículos 192 y 195 del CPACA
y demás concordantes.
Séptimo. Se negarán las demás pretensiones por las razones expuestas en esta
providencia.
Octavo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Noveno. Reconocer personería a la abogada Ana Beatriz Quintero Polo 59 como
apoderara de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva, de
conformidad con el poder obrante en el índice 17 de SAMAI.
Décimo. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
59 A la fecha la profesional no reporta sanciones. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.