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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00216-02

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00216-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 11 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; con excepción del numeral tercero de la parte resolutiva que ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 22745 del 17 de mayo de 2007, de acuerdo con las razones explicadas en precedencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. 12 Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022) Demandante: UGPP CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Consejero de Estado Firmado electrónicamente JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado Firmado electrónicamente LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero de Estado Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 13

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00216-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Gerardo Montenegro Leyton

Temas: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

1. La Sala decide2 el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia expedida el 11 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda,
anunciando desde ya que será revocada.

I. ANTECEDENTES

Demanda

2. La actora solicitó la nulidad de la Resolución 22745 del 17 de mayo de 2007
emitida por la hoy extinta CAJANAL3, por medio de la cual se le reconoció y reliquidó
la pensión gracia al demandado sin el cumplimiento de los requisitos legales.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar al maestro
accionado a restituir a la entidad la suma correspondiente a los valores pagados a
los que no tenía derecho.

4. Como fundamento de lo anterior, la UGPP indicó que para el reconocimiento

1 En adelante, UGPP.
2 De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del CGP y 26

de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3 Caja Nacional de Previsión Social, E. I. C. E.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

de la mencionada prestación no se tuvo en cuenta que el docente había sido
destituido el 6 de octubre de 2006, lo cual evidencia que se encuentra inmerso en
la causal de mala conducta establecida en el artículo 46 del Decreto 2277 de 1979
y esto impide que sea acreedor de la pensión gracia.

Contestación de la demanda

5. El señor Gerardo Montenegro Leyton guardó silencio en el término de
traslado de la demanda.

Decreto de medida cautelar de suspensión provisional

6. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de auto del 6 de diciembre de
2019, decretó la suspensión provisional de la Resolución 22745 de 17 de mayo de
2007. Dicha decisión fue confirmada por esta Subsección mediante providencia del
12 de diciembre de 2020.

II. SENTENCIA APELADA

7. El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia del 11 de mayo de
4
2021 declaró la nulidad del acto administrativo acusado argumentando que el
demandado estaba incurso en la causal de mala conducta definida en el artículo 46,
literal j), del Decreto 2277 de 1979, pues fue destituido por abandono del cargo, lo
cual le impedía gozar de la pensión gracia prevista en la Ley 114 de 1913.

8. No obstante, frente a la petición de reembolso de las sumas devengadas
estimó que no se evidenciaba mala fe por parte del educador máxime cuando el
acto acusado se expidió en el ejercicio libre de las competencias y de manera
voluntaria por la entidad. Además, explicó que no se probó que el señor Montenegro
Leyton hubiese incurrido en maniobras fraudulentas o presentado documentos
falsos en el trámite administrativo.

III. RECURSO DE APELACIÓN

9. La UGPP interpuso recurso de apelación contra la decisión de primer grado
insistiendo en la devolución de las sumas pensionales pagadas al demandado pues
no se evidencia su buena fe comoquiera que tenía pleno conocimiento de que no
cumplía con los requisitos legales para hacerse merecedor de la pensión gracia,
pese haber sido reconocida en sede de tutela por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Neiva mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006 dentro del
expediente 2006-00189.

4 Folio 379 al 383 del expediente.

2

Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

10. Así mismo, indicó que no está de acuerdo con la exoneración de condena en
costas en contra del demandado por cuanto en el plenario se acreditó su causación
ya que el abogado de la entidad atendió todas las cargas procesales, impulsó el
proceso y asistió a todas las audiencias.

11. Paralelamente, el accionado apeló el fallo bajo el criterio de que siempre ha
cumplido con los requisitos de la pensión gracia, en especial, el de la buena
conducta. Además, indicó que si bien es cierto mediante la Resolución 700 del «29
de abril de 1987» la Junta Seccional de Escalafón del departamento del Huila
declaró que había incurrido en la causal de abandono del cargo por haber dejado
de asistir a su lugar de trabajo durante 3 días seguidos, lo cual generó su destitución,
también lo es que le corresponde al Consejo de Estado, conforme a su
jurisprudencia5, «definir si en efecto el docente no cumplió con dicho requisito para
la época, de la adquisición del status pensional».

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

12. Por auto del 2 de junio de 2022 se admitieron los recursos de apelación
y se les advirtió a las partes que tenían plazo hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse sobre los memoriales de su contraparte. También se le indicó al
Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que ingresara el
expediente para emitir sentencia.

13. Así, la UGPP solicitó modificar la sentencia de primera instancia en el
sentido de que se ordene al demandado la devolución de las sumas pagadas por
concepto de pensión gracia y se le condene en costas en primera y segunda
instancia, para lo cual reiteró los fundamentos del recurso de apelación.

14. Por su parte, el señor Gerardo Montenegro y el Ministerio Público
guardaron silencio6.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

15. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no
la nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión gracia en favor del señor
Gerardo Montenegro Leyton y la eventual condena a restituir los valores recibidos;

5 Para tal efecto, el demandado citó la sentencia del 13 de junio de 2013, proferida por la Sección Segunda,

Subsección A, del Consejo de Estado, dentro del expediente 73001 23 31 000 2010 00361 01 (1395-12), con
ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero.
6 Constancia secretarial visible a folio 263.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

sin embargo, en uso de las facultades consagradas en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que
encuentren probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in
pejus), se analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.

16. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla
general que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total
o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en
cualquier tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 20247 prevé una regla especial de caducidad según la
cual:

“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO
DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5)
años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia
de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual
se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”

17. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a
diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo
de la norma, según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos
judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley.
Frente a esta cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por
reconocer que la aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas
impactan los asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con

7 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez

y Muerte Común, y se dictan otras disposiciones”.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

anterioridad a la mencionada norma8, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha
misma de su promulgación, esto es, el 16 de julio de 20249.

18. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido
aplicando puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría
una eventual vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica,
así como del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
(artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría
pensarse que ello daría lugar a que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior,
la norma fuera inaplicada por inconstitucionalidad, concretamente su expresión “[…]
y que estén en curso […]”.

19. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de
caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los
procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos
que se encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

20. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia
legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador
para establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales
o administrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan
las acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo
tipo de reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta
potestad en la necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros
principios intrínsecos al Estado Social de Derecho encaminados a la realización de
la justicia y la convivencia pacífica:

8 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm.

2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23
de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de
2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada

el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez,
Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a
partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás
disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en
vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que
la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema
de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que
el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables
y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm.
3936-2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

“(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente
el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita
con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las
etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones
procesales en general. (…) tal prerrogativa le permite al legislador fijar las
reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que
consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado
Social de Derecho. (…) el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se
concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y
con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y
artículo 1° de la Carta) de los asociados. (…) Por ende, es extensa la doctrina
constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos
29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador
precisamente, para fijar tales formalidades procesales.”10 (Subrayado
propio).

21. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha
reconocido que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen
las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen
ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la
razonabilidad de los términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más,
en la necesidad de obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito
jurídico11.

22. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para
regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la
justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que su
texto original únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para
las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que
tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 200312; y que fue en el segundo debate
legislativo adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la
redacción que hoy es Ley de la República.

23. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de
caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que

10
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
12 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas

respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación
de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a
los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

declaró la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en los
incisos primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la
inexistencia de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas
desconocía la seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los
derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las
sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido
proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del
Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):

“Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La
respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni
acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en
que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones
jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la
confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia
ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la
ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la
suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el
recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la
justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el
camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social
podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de
una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede
perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro
Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente
irracional y desproporcionada. (…)

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso
(art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del
Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener
(art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción
que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le
encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden
jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente
a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la
Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.”13
(Resaltado original, subrayado propio)

24. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones
administrativas previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones
administrativas y acciones judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue
sustentada ante la plenaria del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

la que se encuentran sometidas las personas a quienes se les ha reconocido la
pensión al no existir un límite temporal para que dicho reconocimiento sea
cuestionado:

“[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que
ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le
reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa
administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue
reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento;
y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una
pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir,
cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […].
No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida
a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5)
años de ser reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido
10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago
un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado esta
circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien al
Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la
pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.” 14

25. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador
para imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones
judiciales que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar
los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto
de las pensiones debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En
este escenario, no se puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos
principios en el contexto pensional redunda igualmente en la protección del principio
de buena fe y de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
reconocimiento de la pensión de jubilación que ostentan todas las personas que
cumplen con los requisitos establecidos en la ley para jubilarse.

26. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en
curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se
origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la
administración de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión
de jubilación que ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al
reconocimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores pensionados.
Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala, prevalecen los principios
y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de

14 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por la potísima razón de
la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales derechos a partir,
justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la Constitución.

27. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales
que puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer
de esta Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la
Constitución Política en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos
del artículo 4 Superior.

28. Al respecto, esta Corporación ha precisado que “(…) para hacer uso de este
medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la
norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea”15.

29. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de
Estado declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de
constitucionalidad concreto16, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto
que no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de
constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte
Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso
concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.

30. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta
contempla, advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta
rige a partir de su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió
en el tiempo la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para
la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las
cosas, es menester afirmar que el artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024
fecha en que se sancionó y promulgó.

31. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de
caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de

noviembre de 2010, rad. núm. 66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García
González.
16 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de

un sistema mixto de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de
manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control de constitucionalidad en abstracto
(artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto
tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma
legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable
oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P. Darío Quiñonez.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

plenamente aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en
vigor de la norma (16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en
curso; exceptuándose, en todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido
otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de algún delito.

32. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la
acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde
la fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya
se encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024; esto último, aun si el demandante no la propuso como excepción.

Caso concreto

33. Conforme a lo expuesto, corresponde a la Subsección analizar el presente
asunto en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la mencionada Ley 2381
de 2024, pues dicho precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se
calculan desde el reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a
los hechos y fundamentos de la demanda, no se está ante el supuesto de un
derecho obtenido con fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se
aplica la excepción establecida en la disposición citada.

34. Así pues, en este caso está probado que al señor Gerardo Montenegro le fue
reconocida la pensión gracia de jubilación en los términos de las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933, a través de la Resolución 22745 del 17 de mayo de
200717.

35. También está acreditado que la demanda fue radicada ante el Tribunal
Administrativo del Huila el 10 de abril de 201918, esto es, alrededor de 12 años
después del reconocimiento pensional (2007).

36. En consecuencia, habida cuenta que la demanda fue presentada después de
cinco (5) años del reconocimiento de la pensión gracia, esta Subsección revocará
la sentencia de primera instancia y en su lugar declarará probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.

37. Conviene precisar que la sentencia de primera instancia ordenó el
levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución

17 Índice 11 de SAMAI, archivo:

«ED_CUADERNO2NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXOSDEMANDA(.pdf)»; págs.
152-155.
18 Samai, índice 001, rad. 41001233300020190021600, Tribunal Administrativo del Huila.

10

Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

22745 del 17 de mayo de 2007 y dicha decisión no fue objeto de recurso por la parte
demandada. Por tanto, este es un aspecto que se encuentra debidamente
ejecutoriado y no será alterado en esta sentencia, más aún cuando operó la
caducidad de la acción tendiente a la nulidad del mencionado acto administrativo.

Condena en costas

38. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo
caso, se condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia
de fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por
la Ley 280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se
deben emplear las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se
debe determinar si la demanda carecía de fundamento legal o no.

39. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos
para que la condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en
esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»19

40. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en
cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su
análisis impone también el estudio de la regla introducida en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021 en el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no
de fundamento legal.

41. Descendiendo al caso concreto, frente al reparo de la UGPP por no haberse
condenado en costas al demandado en primera instancia debe mencionarse que el
Tribunal podía abstenerse de ello pues prosperó parcialmente la demanda, en
cumplimiento del numeral 5 del artículo 365 del CGP. Sumado a que el pensionado

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7
de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

11

Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

expuso argumentos razonables sobre el requisito de la buena fe y el cumplimiento
de los requisitos legales para gozar de la pensión gracia, por lo que tampoco se
evidencia la carencia manifiesta de fundamento legal en sus actuaciones
procesales. Por tanto, este aspecto de la sentencia no será revocado.

42. En cuanto a la condena en costas en segunda instancia, se considera que no
se encuentra configurado el elemento objetivo porque, si bien la sentencia de
primera instancia fue revocada en su totalidad en los términos del numeral 4 del
CGP, no se advierte que la demanda haya carecido de forma manifiesta de
fundamento legal. Tan es así, que la sentencia de primera instancia accedió a las
pretensiones de la demanda por considerar procedentes los argumentos
presentados por la entidad demandante; aunado a lo anterior, no se puede perder
de vista que la declaratoria de oficio de la excepción de caducidad obedece a una
norma que no existía para la fecha en que se presentó la demanda y por ello no le
era exigible tenerla en cuenta.

43. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio
del elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en segunda
instancia.

VI. DECISIÓN

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 11 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda; con excepción del numeral tercero de la parte resolutiva que ordenó el
levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
22745 del 17 de mayo de 2007, de acuerdo con las razones explicadas en
precedencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad
de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

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Radicación: 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022)
Demandante: UGPP

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones
correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de
Estado – «SAMAI» y devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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