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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06073-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2017-06073-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR la sentencia expedida el 27 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020) Demandante: UGPP TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 045790 del 20 de diciembre de 1993 ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 14 de junio de 2018, conforme a lo explicado en precedencia. CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de la señora Gloria Cecilia Jiménez Ardila de manera inmediata, por lo que deberá ser incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada la sentencia a la entidad demandante. QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2017-06073-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandada: Gloria Cecilia Jiménez Ardila
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia del 27 de septiembre de 2019 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, anunciando
desde ya que dicha decisión será revocada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 12 de diciembre de 2017, la UGPP ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la señora Gloria Cecilia Jiménez Ardila encaminado
a que se declare la nulidad de la Resolución 045790 del 20 de diciembre de 1993
emitida por la entonces Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL), a través
de la cual le reconoció una pensión gracia de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la demandada a la
devolución de los dineros recibidos en exceso en virtud del reconocimiento prestacional;
ii) a la actualización de la condena aplicando los ajustes de valor o indexación desde el
momento en que se causó y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin
al proceso; iii) a la devolución en forma retroactiva; iv) al reconocimiento y pago de los
intereses comerciales y moratorios en caso de no efectuar el pago en forma oportuna.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso que la accionada solicitó el
reconocimiento de la pensión gracia el 3 de septiembre de 1993 ante la extinta
CAJANAL. A través de la Resolución 045790 del 20 de diciembre de 1993 la entidad le

1
En adelante UGPP.
2
Folios 1 a 13.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

reconoció la pensión gracia a partir del 20 de octubre de 1992, prestación que le fue
liquidada con el 75% de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la
adquisición del estatus pensional.

5. De la misma forma, le fue reconocida la pensión de jubilación ordinaria a través
de la Resolución 014077 del 26 de diciembre de 1994, a partir del 20 de octubre de
1992, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, las Leyes 4 de 1966 y 62
de 1985 y los Decretos 81 de 1976, 1848 de 1969, 1045 de 1978 y 01 de 1984. Esta
prestación fue reliquidada a través de la Resolución PAP 027099 del 24 de noviembre
de 2010, por retiro del servicio, incluyendo como factor salarial la asignación básica.

6. Afirmó que la demandada no reunió el requisito normativo equivalente a los 20
años de servicio con vinculación del orden distrital, departamental, municipal o
nacionalizado para acceder a la pensión gracia, conforme a lo establecido en las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, por haber sido nombrada por el
Ministerio de Educación Nacional en la Universidad Pedagógica Nacional del 27 de julio
de 1970 al 5 de mayo de 2002, tiempos de servicio del orden nacional. Sin embargo, a
través del acto acusado, la entidad demandante reconoció la pensión gracia
computando tiempos con vinculación nacional.

Contestación de la demanda3

7. La demandada se opuso a las pretensiones al sostener que comenzó a laborar
en 1966 en el departamento del Valle del Cauca en primaria y, posteriormente, se
vinculó al Instituto Anexo a la Universidad Pedagógica Nacional que fungía como una
escuela de enseñanza primaria, de segunda enseñanza, orientada a la carrera del
magisterio y cursos de perfeccionamiento para maestras graduadas, a quienes
posteriormente le fueron aprobados los estudios realizados en el ciclo básico de
educación básica y el ciclo profesional normalista, por lo que no se le puede desconocer
el derecho adquirido.

8. Refirió que no hay lugar al reintegro de las mesadas recibidas de buena fe en
cuanto no actuó de forma engañosa ante CAJANAL, conforme a lo previsto en el
artículo 164 del CPACA.

9. Formuló como excepciones de mérito las que tituló como «compatibilidad de la
pensión ordinaria de jubilación y la pensión gracia reconocidas por la Caja Nacional de
Previsión Social, hoy UGPP», «la pensión gracia de la demandada es un derecho
adquirido protegido por la Constitución Nacional en el artículo 58 que no puede ser
desconocido por nuevas leyes ni por ninguna autoridad», «buena fe» y «presunción de
legalidad».

Decreto de medida cautelar de suspensión provisional

10. Por medio de auto del 14 de junio de 20184, el a quo decretó la suspensión
provisional de la Resolución 045790 del 20 de diciembre de 1993 mediante la cual

3
Folios 256 a 271.
4
Folios 26 a 31 del Cuaderno No. 2.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

CAJANAL le había reconocido la pensión gracia a la demandada.

II. SENTENCIA APELADA5

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la sentencia de 27 de
septiembre de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

12. Expuso que el material probatorio dio cuenta que el tiempo comprendido entre el
5 de diciembre de 1966 y el 30 de agosto de 1969 fue certificado por el departamento
del Valle del Cauca como docente al servicio del mencionado ente territorial, es decir,
un lapso apto para el cómputo de la pensión gracia.

13. Empero, el tiempo servido desde el 27 de julio de 1970 hasta el 5 de mayo de
2002 en el Instituto Pedagógico Nacional (ente adscrito a la Universidad Pedagógica
Nacional) ostenta la condición de nacional por ser una institución educativa de
educación superior nacional adscrita al Ministerio de Educación Nacional, de lo que
ineludiblemente se colige que la vinculación de la demandada es de carácter nacional
y no cumple con el requisito de los 20 años de servicio a la docencia oficial del orden
territorial.

14. Consideró que el derecho a percibir la pensión gracia no constituye un justo título
respecto del cual se puedan reclamar derechos adquiridos, por lo que, al evidenciarse
una irregularidad en el reconocimiento, es procedente declarar la nulidad del acto
acusado por haber sido expedido con violación de la ley.

15. Y en relación con la devolución de las sumas percibidas por concepto de pensión
gracia, no se aportaron pruebas que permitieran tener la certeza en torno a que la
docente acudió a maniobras fraudulenta para obtener el reconocimiento pensional,
motivo por el cual no accedió a la devolución de las mesadas canceladas por la entidad
demandante y se abstuvo de condenarla en costas.

16. Mediante providencia del 28 de noviembre de 20196, el a quo accedió a la
solicitud de corrección presentada por la parte demandada en el sentido de indicar que
la pensión a que se hace referencia es la pensión gracia.

III. RECURSO DE APELACIÓN

17. La demandada7 presentó recurso de apelación contra la referida sentencia
insistiendo en los argumentos de la contestación de la demanda, esto es, que el vínculo
de la demandada con el Instituto Pedagógico Nacional anexo a la Universidad
Pedagógica Nacional es apto para el ser contabilizado en el reconocimiento de la
pensión gracia y sin violación a las normas que la regulan. Además, mencionó que con
ocasión a la Ley 116 de 1928 el derecho a la pensión gracia se extendió a los docentes
de enseñanza primaria y normalista, como lo era el Instituto Pedagógico para la época
en que obtuvo el estatus de pensionada, razón por la que luego de más de 25 años de

5
Folios 339 a 346 reverso.
6
Folios 370 a 371.
7
Folios 353 a 361.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

haber consolidado el derecho no se le puede desconocer con tesis tergiversadas que
continúe percibiendo la prestación.

18. La entidad demandante presentó recurso de apelación adhesiva8 a través del
cual busca que se revoque la negativa de acceder al restablecimiento del derecho
solicitado y en su lugar se ordene el reintegro de las sumas canceladas a la educadora
por encontrarse acreditados los presupuestos para tal fin. Afirmó que el reconocimiento
de la pensión gracia efectuada a favor de la demandada fue sin causa legal y debido a
un actuar malicioso que desvirtúa la presunción de buena fe y permite la orden de
restitución de los dineros percibidos.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. Los recursos fueron admitidos mediante auto del 3 de diciembre de 20209.
Seguidamente, a través de providencia del 22 de abril de 202110, se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto.

20. La demandada manifestó que la pensión gracia reconocida debe mantenerse
incólume en razón a que está acreditado que prestó sus servicios en el Instituto
Pedagógico Nacional, ente que se asimila a una escuela normal superior; por tanto,
solicitó el reintegro de los valores dejados de pagar por concepto de la aludida
prestación. A su vez, señaló que se trata de una persona de la tercera edad en estado
de vulnerabilidad manifiesta.

21. La entidad demandante y el Ministerio Público se abstuvieron de realizar
pronunciamiento en esta etapa.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta
Corporación es competente para resolver esta controversia.

Problema jurídico

23. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la
nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión gracia en favor de la señora
Gloria Cecilia Jiménez Ardila; sin embargo, en virtud de las facultades conferidas a esta
autoridad judicial por el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, delanteramente se

8
Folios 362 a 367.
9
Folio 379.
10
Folio 381.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

verificará si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.

24. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece que, en general,
la demanda para controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas puede presentarse en cualquier momento. No obstante, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 introdujo una regla especial de caducidad, que
estipula que las acciones administrativas y contencioso-administrativas respecto a
pensiones reconocidas no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años desde su
reconocimiento, salvo en casos de fraude o delitos. Esta norma es aplicable a las
pensiones otorgadas por entidades facultadas y afecta incluso a los procesos que ya
se encontraban en curso al momento de la entrada en vigor de la ley, el 16 de julio de
2024.

25. Al respecto, en múltiples fallos11 la Subsección A ha sido consistente sobre la
aplicabilidad del término de caducidad de cinco (5) años tanto para procesos iniciados
después de la vigencia de la norma como para aquellos que ya estaban en curso antes
de su promulgación. Se ha considerado que la creación de un nuevo término de
caducidad se justifica por la necesidad de proteger la seguridad jurídica y la confianza
legítima de quienes gozan de una pensión, como también para evitar la incertidumbre
que podría surgir si no existiera un límite temporal para cuestionar dichos
reconocimientos. Inclusive, se resaltó que la exposición de motivos del legislador
subrayó la importancia de brindar certeza a los pensionados, quienes no deberían estar
sujetos a la angustiante expectativa de que su pensión pueda ser revisada
indefinidamente.

26. En conclusión, para esta Subsección el término de caducidad de cinco (5) años
establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es aplicable a todos los procesos
relacionados con pensiones, tanto los promovidos después de su entrada en vigor como
aquellos que ya estaban en curso. Esta disposición, salvo en casos de fraude, permite
que el Consejo de Estado declare la caducidad de la acción si ha transcurrido dicho
plazo desde el reconocimiento de la pensión.

Caso concreto

27. Conforme a lo expuesto, corresponde analizar el presente asunto en
cumplimiento al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 pues dicho precepto es claro al

11 Al respecto, ver las siguientes sentencias emanadas de la Subsección A: 1) sentencia del 2 de octubre de 2024, exp.

núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2) sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P.
Luis Eduardo Mesa Nieves; 3) sentencia del 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 4)
sentencia del 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 5) sentencia del 14 de
noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 6) sentencias del 27 de marzo de 2025, exps.
núm. 66001-23-33-000-2020-00437-01 (0106-2024), 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022), 13001 23 33 000 2018
00652 02 (1577-2023), 66001-23-33-000-2021-00129-01 (3668-2022), 25000-23-42-000-2021-00226-01 (5306-2023),
52001-23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 7) sentencia del 7 de abril de 2025, exp.
núm. 66001 23 33 000 2020 00570 01 (5278-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento del
derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda, no se está ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito pues no se observa actuación de la demandada en ese
sentido; de manera que no se aplica la excepción establecida en la disposición citada.

28. Así pues, en este caso está probado que a la demandada le fue reconocida la
pensión gracia de jubilación en los términos de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933, a través de la Resolución 045790 del 20 de diciembre de 199312, efectiva
a partir del 20 de octubre de 1992; siendo este el acto administrativo enjuiciado.

29. Igualmente, está probado que la demanda fue radicada ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2017, esto es, alrededor de 25
años después del reconocimiento pensional (1992).

30. Así las cosas, comoquiera que la demanda fue interpuesta después de cinco (5)
años de efectuarse el reconocimiento de la pensión gracia, esta Subsección revocará
la sentencia de primera instancia y en su lugar declarará probada de oficio la excepción
de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

31. Finalmente, la Sala observa que mediante auto del 14 de junio de 2018 el tribunal
de primera instancia decretó la suspensión provisional de la Resolución 045790 del 20
de diciembre de 1993 (que reconoció la pensión gracia)13; además, la sentencia
apelada declaró su nulidad sin pronunciarse sobre la cautela, entendiéndose entonces
que a la fecha sigue produciendo efectos jurídicos.

32. Al respecto, el artículo 235 del CPACA contempla que las medidas cautelares
podrán ser modificadas o revocadas, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa
del proceso cuando se advierta que no se cumplieron los requisitos para su
otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados.

33. En este orden de ideas, al operar la caducidad de la acción contenciosa
administrativa con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho de la
Resolución 045790 del 20 de diciembre de 1993, es dable concluir que desaparecieron
los fundamentos de hecho y de derecho que permitieron decretar su suspensión
provisional, lo que trae como consecuencia el levantamiento de dicha medida cautelar.

Condena en costas

34. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se
condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear

12
Folios 52 a 53
13
Folios 26 a 31 del Cuaderno No. 2

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Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.

35. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para
que la condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»14

36. En cuanto al elemento objetivo-valorativo, si bien en principio solamente se
tenían en cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la
actualidad su análisis impone también el estudio de la regla introducida el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 en el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía
o no de fundamento legal.

37. Descendiendo al caso concreto, no se advierte que la demanda. Tan es así, que
la sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda por
considerar procedentes los argumentos presentados por la entidad demandante;
aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que la declaratoria de oficio de la
excepción de caducidad obedece a una norma que no existía para la fecha en que se
presentó la demanda y por ello no le era exigible tenerla en cuenta.

38. Por lo anteriormente explicado, la Sala se abstendrá de imponer condena en
costas en ambas instancias.

VI. DECISIÓN

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR la sentencia expedida el 27 de septiembre
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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8

Radicado: 25000 23 42 000 2017 06073 01 (1714 - 2020)
Demandante: UGPP

TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
045790 del 20 de diciembre de 1993 ordenada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto del 14 de junio de 2018, conforme a lo explicado en
precedencia.

CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de
la señora Gloria Cecilia Jiménez Ardila de manera inmediata, por lo que deberá ser
incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada
la sentencia a la entidad demandante.

QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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