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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00134-02

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00134-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2023 emanada del Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. 24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 52001-23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023) Demandante: UGPP SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución 05103 del 24 de diciembre de 1991, ordenada por el Tribunal Administrativo de Nariño mediante auto de 5 de mayo de 2021 y confirmada por esta Corporación con providencia del 17 de marzo de 2022, conforme a lo explicado en precedencia. CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de la señora Ana Lidia Dávila de Sánchez de manera inmediata, por lo que deberá ser incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada la sentencia a la entidad demandante. QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI», y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00134-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 52001-23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Ana Lidia Dávila de Sánchez
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada1 contra
la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño del 12 de mayo de 2023, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida,
anunciando desde ya que será revocada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. El 25 de marzo de 2021, la UGPP ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la señora Ana Lidia Dávila Sánchez encaminado a
que se declare la nulidad de la Resolución 05103 del 24 de diciembre de 1991 emitida
por la Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL), a través de la cual le
reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia de jubilación.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
a devolver todos los dineros percibidos e indexados por concepto del ilegal
reconocimiento de la pensión gracia.

4. Como sustento de sus pretensiones expuso que a la docente le fue reconocida
la pensión gracia de jubilación a través de la Resolución 05103 del 24 de diciembre de
1991, prestación liquidada con el 75% de lo devengado en el año anterior a la
adquisición del estatus pensional, equivalente a $59.918,70, efectiva a partir del 6 de
octubre de 1988 pero con efectos fiscales desde el 8 de octubre de 1987, por

1
Índice 37 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
24_520012333000202100134001RECEPCIONRECUR20231018144917
2
Índice 2 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo 0001NulidadRestablecimientoDerecho

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 52001-23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023)
Demandante: UGPP

prescripción trienal. A través de la Resolución 0021570 del 12 de noviembre de 2003,
se le negó la reliquidación de la prestación en aplicación al principio de favorabilidad.

5. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C., en fallo de tutela del 29
de noviembre de 2004, tuteló los derechos fundamentales de los accionantes, entre
quienes se encontraba como demandante la señora Ana Lidia Dávila de Sánchez, y le
ordenó a CAJANAL reliquidar en forma definitiva su pensión incluyendo todos los
factores salariales sin prescripción, junto con la respectiva indexación y la retroactividad
de la reliquidación desde el momento en que adquirió el derecho. En cumplimiento de
lo anterior, la entidad de previsión emitió la Resolución 041320 del 26 de agosto de
2008, reliquidando la pensión de la demandada, efectiva a partir del 6 de octubre de
1988 pero con efectos fiscales desde el 4 de agosto de 2003, en aplicación a la
prescripción, liquidada teniendo en cuenta el 75% de lo devengando en el año anterior
a la adquisición del estatus de pensionada, incluyendo como factores: la asignación
básica, la prima de navidad y la prima de alimentación.

6. Mencionó la demanda, que el Juez Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C.,
Néstor Gilberto Amaya Barrera, mediante sentencia del 7 de octubre de 2019 proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Penal, fue
condenado penalmente como autor responsable del delito de prevaricato por acción y
dejó sin efectos la sentencia del 29 de noviembre de 2004 dentro de la acción de tutela
2004 – 00397, junto con los actos administrativos por medio de los cuales se le dio
cumplimiento.

7. La entidad demandante mediante la Resolución RDP 013809 del 17 de junio de
2020, en cumplimiento a lo anterior, dejó sin efectos la Resolución 41320 del 26 de
agosto de 2008, que reliquidó la pensión gracia de la demandada.

8. Afirmó que, adicionalmente a la irregularidad encontrada en la reliquidación
pensional se determinó que el tiempo de servicios laborado desde el 18 de noviembre
de 1975 hasta el 1 de septiembre de 2001 no se podía computar en el reconocimiento
pensional, teniendo en cuenta que durante ese período la vinculación tuvo el carácter
de nacional.

9. Sostuvo que CAJANAL a través de la Resolución 042641 del 2 de diciembre de
1993 le reconoció una pensión ordinaria de jubilación a la demandada, prestación
liquidada con el 75% de lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional, en cuantía equivalente a $59.918,70, efectiva a partir del 29 de diciembre de
1989. Dicha prestación fue reliquidada mediante la Resolución 28128 del 31 de
diciembre de 2003 con el promedio de lo devengado en el último año de servicio,
fijándola en la suma de $642.346, a partir del 1 de septiembre de 2001.

Contestación de la demanda3

10. La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que la
Resolución 05103 del 24 de diciembre de 1991 es un acto administrativo de carácter
particular y concreto que goza de presunción de legalidad. Señaló que se le reconoció

3
Índice 2 registrada por el Tribunal Administrativo de Nariño, ver archivo 0026.ContestaciónDemanda-En Término

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Demandante: UGPP

el derecho a la pensión gracia por cumplir con los presupuestos de la Ley 114 de 1913
en armonía con la Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, esto es, haber prestado sus servicios
al magisterio del Departamento de Nariño por más de 25 años, en instituciones
educativas del orden territorial, concretamente en la Institución Educativa María
Auxiliadora del municipio de Pasto, sin que estos tiempos sean del orden nacional.

11. Refirió que no es procedente condenarla a devolver los dineros reconocidos, en
el entendido que no accedió a la pensión gracia por medios ilegales o de fraudulentos,
por lo que en aplicación a lo establecido en el literal c) del numeral 1 del artículo 164
del CPACA no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena
fe.

12. Señaló que la sentencia S – 699 del 26 de agosto de 1997 dictada por el Consejo
de Estado, no debe ser tenida en cuenta por ser posterior a la fecha de reconocimiento
y pago de la pensión gracia, además de tener efectos inter - partes en aplicación a lo
dispuesto en el artículo 189 del CPACA.

13. Propuso las excepciones de fondo de inexistencia de las causales del medio de
control de nulidad invocadas por la UGPP, carencia del derecho para demandar,
sujeción de la administración al acto reglado, desconocimiento al principio de buena fe
y no devolución de prestaciones pagadas a particulares de buena fe, pago de lo no
debido y reconocimiento oficioso de excepciones probadas.

II. SENTENCIA APELADA4

14. El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la sentencia de 12 de mayo de
2023, declaró la nulidad de la Resolución 05103 de 24 de diciembre de 1991 y ordenó
a la UGPP excluir a la demandada de manera definitiva del pago de la pensión gracia;
sin embargo, denegó la pretensión de reintegro de dineros recibidos por la demandada
como mesadas y condenó parcialmente en costas en un 60% en favor de la entidad
demandante.

15. Señaló que la Resolución 7947 del 31 de octubre de 1975 se expidió por parte
del Ministerio de Educación Nacional con el objeto de dar cumplimiento al Decreto 2854
de 1974, precisando en el artículo 3 que «los sueldos correspondientes a los Profesores
nombrados por el Ministerio de Educación Nacional en el Artículo Primero de la
presente resolución serán pagados por el Ministerio de Educación Nacional a través de
los Fondos Educativos Regionales respectivos».

16. Refirió que la maestra laboró en el programa de jornadas adicionales, regulado
por el Decreto 2854 de 1974, que prevé que el nombramiento y pago del profesorado
perteneciente a este programa correspondía al Ministerio de Educación Nacional, por
lo que se demostró que no reúne los requisitos para acceder a la pensión gracia.

17. Negó la pretensión de devolución de los dineros recibidos por concepto de pago
de las mesadas pensionales teniendo en cuenta que no se acreditó que la profesora

4
Índice 35 registrada por el Tribunal Administrativo de Nariño, ver archivo
22_22_520012333000202100134001SENTENCIAPRIME20230926183001

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Demandante: UGPP

haya procedido de mala fe para obtener el reconocimiento de la pensión gracia.

18. Por último, condenó parcialmente en costas a la demandada equivalente al 60%,
conforme a lo establecido en el artículo 365 del CGP, por haberse condenado
parcialmente a la parte vencida.

III. RECURSO DE APELACIÓN5

19. La demandada presentó recurso de apelación contra la aludida sentencia al
considerar que se realizó una interpretación restrictiva de los derechos fundamentales
a la seguridad social en pensiones. Alegó que con la expedición de la sentencia S –
699 del 26 de agosto de 1997 la pensión gracia solo beneficia a los docentes territoriales
y excluía a los docentes nacionales, por lo que no es procedente aplicarla al caso
habida cuenta que esta fue proferida con posterioridad al reconocimiento del derecho
pensional.

20. Consideró que lo determinante para acceder a la prestación no es la forma de
vinculación sino la prestación de servicios en instituciones educativas del orden
municipal, distrital o departamental, por tanto, al haber prestado la demandada los
servicios al magisterio en el departamento de Nariño en centros educativos del orden
territorial tienen derecho a la pensión gracia reconocida mediante el acto demandado.

21. Refirió que es beneficiaria de la pensión gracia por la aplicación de los derechos
adquiridos y los principios rectores del derecho laboral al cumplir con todos y cada uno
de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico al momento de adquirir el
estatus pensional. Además, no se utilizaron maniobras engañosas que hayan podido
llevar a la administración a cometer un error en el reconocimiento pensional.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El recurso de apelación fue admitido a través de auto del 9 de mayo de 20246 y
notificado por estado el 31 de mayo de 20247.

23. La entidad demandante presentó recurso de apelación adhesiva8 dentro del
término de ejecutoria del auto que admitió la alzada, a través del cual busca que se
revoque el numeral tercero y se modifique el numeral cuarto de la sentencia del 12 de
mayo de 2024. En su lugar, pretende que se ordene el reintegro de las sumas
canceladas a la demandada sin derecho alguno y la imposición de las costas por el
100%.

24. Afirmó que se incurre en error al negar el restablecimiento del derecho en cuanto
se ocasiona un grave detrimento al patrimonio público y al sistema pensional que pone
en riesgo la sostenibilidad de este, generando un enriquecimiento injustificado a favor
del ciudadano. De la misma forma, solicita la imposición de la condena total por costas

5
Índice 37 registrada por el Tribunal Administrativo de Nariño, ver archivo
24_520012333000202100134001RECEPCIONRECUR20231018144917
6
Índice 5 de Samai.
7
Índices 9 de Samai.
8
Índice 11 de Samai, ver archivo 11_520012333000202100134022MemorialWeb202466212554

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Demandante: UGPP

procesales a cargo de la parte demandada vencida en juicio, conforme a lo establecido
en el artículo 365 del CGP.

25. A través del auto del 19 de septiembre de 20249 se admitió el recurso de
apelación adhesiva interpuesto por la demandante.

26. De la misma forma oportunamente la UGPP10 se pronunció respecto del recurso
de apelación interpuesto por la demandada reiterando los argumentos expuestos en
precedencia.

V. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO11

27. El Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar la sentencia de primera
instancia al considerar que la demandada no tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia por no cumplir con los requisitos y presupuestos legales necesarios
en razón a que se encontró probada una vinculación durante 25 años, 10 meses y 1 día
como docente del orden nacional, lapsos que no son válidos para acceder a la
prestación reclamada.

28. Con relación a la condena en costas a la parte vencida consideró que la
normativa deja a disposición del juez la procedencia o no en cuanto debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho
de que el resultado del proceso le fue desfavorable a sus intereses.

VI. CONSIDERACIONES

Competencia

29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

30. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la
nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión gracia en favor de la
demandada y la eventual condena a restituir los valores recibidos; sin embargo, en
virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que
encuentren probada, incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in
pejus), se analizará la posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

9
Índice 13 de Samai, ver archivo 15_Autoqueadmite_73672023Admiteadhesi_0_20241003093919716
10
Índice 10 de Samai, ver archivo 9_520012333000202100134022MemorialWeb20246621441
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Índice 19 de Samai, ver archivo 19_19_520012333000202100134021YYY10215904

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Demandante: UGPP

Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.

31. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 202412 prevé una regla especial de caducidad según la cual:

“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de
las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y
cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones
administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se
tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”

32. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a
diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de
la norma, según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales
que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta
cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la
aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los
asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la
mencionada norma13, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su
promulgación, esto es, el 16 de julio de 202414.

12
“Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dictan otras
disposiciones”.
13
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque
Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023,
Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024,
exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
14 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el

16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez
y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de
julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya
que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia
desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no
integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el
año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se
encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en
el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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33. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando
puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la
Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en
virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión “[…] y que estén en curso […]”.

34. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

35. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia
legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para
establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o
administrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las
acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de
reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la
necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al
Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica:

“(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con
amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los
términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en
general. (…) tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las
cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido
proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de justicia
(artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la
racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el
principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho. (…) el proceso no es
un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para
la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia
pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. (…) Por ende, es
extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido
en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del
legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.”15 (Subrayado
propio).

36. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que
el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud
al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos

15
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico16.

37. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para
regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la
justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto
original de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para
las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan
los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 200317; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy
es Ley de la República.

38. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de
caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que
declaró la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en los incisos
primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia
de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la
seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos,
las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente
ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la
pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art.
1 C.P.):

“Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta
es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción
sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se
desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima,
y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al
cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los
conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas
graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de
revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la
indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento
de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que
todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se
hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La
norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido,
como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus
consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. (…)

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso
(art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado
Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.),
en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo
89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste
16
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001,
M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones
reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley
797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de
Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”

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la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe
proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las
autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la
inexequibilidad de la expresión examinada.”18 (Resaltado original, subrayado
propio)

39. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria
del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas
las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal
para que dicho reconocimiento sea cuestionado:

“[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver
con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le
reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa
administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue
reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y
esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida
de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo
adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón
para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa
angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser
reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años
como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que
entendamos el drama humano que ha encarnado esta circunstancia que no
permite que las personas que le han servido bien al Estado o han trabajado
durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan seguridad
de obtener una decisión definitiva.”19

40. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales
que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de
jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos
en la ley para jubilarse.

41. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en
curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se
origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración
de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que
ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la

18
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
19
Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.

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pensión de jubilación de los trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según
el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los
trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5)
años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro
ordenamiento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado
Social>> consagrada en la Constitución.

42. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.

43. Al respecto, esta Corporación ha precisado que “(…) para hacer uso de este
medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la
norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea”20.

44. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de
constitucionalidad concreto21, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que
no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de
constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte
Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso
concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.

45. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la
entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone
afirmar que el artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó
y promulgó.

46. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de
caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente
aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma
(16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose,
en todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con
ocurrencia de algún delito.

47. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, rad. núm. 66001-
23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
21
“La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto de control de
constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de Estado se les confía el control de
constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto
tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el
servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P. Darío Quiñonez.

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acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la
fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024; esto último, aun si el demandante no la propuso como excepción.

Caso concreto

48. Conforme a lo expuesto, corresponde a la Subsección analizar el presente
asunto en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues
dicho precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el
reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y
fundamentos de la demanda, no se está ante el supuesto de un derecho obtenido con
fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción
establecida en la disposición citada.

49. En este punto debe precisarse que el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Bogotá dictó sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004 en la que ordenó a
CAJANAL que reliquidara en forma definitiva la pensión de la señora Ana Lidia Dávila
de Sánchez conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
artículo 4 de la Ley 4 de 1966, incluyendo todos los factores salariales sin prescripción,
junto con la indexación y retroactividad de la reliquidación desde el momento de
adquisición del derecho.

50. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del radicado
11001220400020150207200, dictó sentencia condenatoria de prisión contra Néstor
Gilberto Amaya Barrera en su calidad de Juez Primero Penal del Circuito de Bogotá por
su autoría del delito de prevaricato por acción. También dejó sin efectos la mencionada
sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004 y los actos administrativos por medio
de los cuales se le dio cumplimiento. Dicho fallo fue confirmado por medio de sentencia
del 4 de marzo de 2020, emanada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo referente a dejar sin efectos la aludida sentencia de tutela y los actos
administrativos de cumplimiento.

51. Por lo anterior, la UGPP emitió la Resolución RDP 013809 del 17 de junio de
2020 mediante la cual dejó sin efectos la Resolución 41320 del 26 de agosto de 2008,
que había sido expedida para dar cumplimiento a la sentencia de tutela del Juzgado
Primero Penal del Circuito de Bogotá.

52. Puestas de este modo las cosas, la Sala avizora una condena penal que
precedió a la expedición de la Resolución 41320 del 26 de agosto de 2008, que había
reliquidado la pensión gracia de la accionada; sin embargo, este acto administrativo no
es objeto de debate en este proceso y ya fue retirado del ordenamiento jurídico por la
jurisdicción ordinaria penal. De tal suerte que se confirma la ausencia de fraude u
ocurrencia de algún delito en la expedición del acto administrativo que contiene el
reconocimiento pensional pues no solo fue ajeno a aquel proceso penal, sino que no
existen pruebas que demuestren actuación ilegal de la demandada para lograr su
expedición.

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53. Ahora bien, en el presente caso está probado que la señora Ana Lidia Dávila de
Sánchez le fue reconocida la pensión gracia de jubilación en los términos de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, a través de la Resolución 05103 del 24 de
diciembre de 199122, efectiva a partir del 6 de octubre de 1988.

54. También está acreditado que la demanda fue radicada ante el Tribunal
Administrativo de Nariño el 24 de marzo de 202123, esto es, alrededor de veintinueve
(29) años después de haberse reconocido la pensión gracia de jubilación.

55. Así las cosas, en razón a que la demanda fue interpuesta más de cinco (5) años
después de haberse efectuado el reconocimiento de la pensión, esta Subsección
revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar declarará probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

56. Por otra parte, con relación a la apelación adhesiva presentada por la entidad
demandante, no se puede perder de vista que ésta se encontraba encaminada a lograr
el restablecimiento del derecho a través de la devolución de las mesadas pagadas con
anterioridad a la demandada. No obstante, declarada la caducidad y con ello dotado de
firmeza el reconocimiento de la pensión gracia, carece de sentido que la Sala eleve
pronunciamiento alguno respecto a este recurso de alzada adhesiva.

57. Finalmente, la Sala observa que mediante auto del 5 de mayo de 2021 y
confirmado por esta Corporación con providencia del 17 de marzo de 2022, se decretó
la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 05103 del 24 de diciembre de
1991. Además, la sentencia de primer grado declaró la nulidad y con relación a la
medida cautelar dispuso que se subsume a lo allí decidido, entendiéndose entonces
que a la fecha sigue produciendo efectos jurídicos.

58. Al respecto, el artículo 235 del CPACA contempla que las medidas cautelares
podrán ser modificadas o revocadas, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa
del proceso cuando se advierta que no se cumplieron los requisitos para su
otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados.

59. En este orden de ideas, al operar la caducidad de la acción tendiente a la nulidad
de la Resolución 05103 del 24 de diciembre de 1991 desaparecieron los fundamentos
de hecho y de derecho que permitieron decretar su suspensión provisional, lo que trae
como consecuencia el levantamiento de dicha medida cautelar.

Condena en costas

60. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se
condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley

22
Índice 2, SAMAI, archivo “0001NulidadRestablecimientoDerecho”; folios 165 a 168.
23
Índice 2, SAMAI, archivo “0003ActaReparto.pdf”.

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280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear
las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.

61. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para
que la condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»24

62. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en
cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su
análisis impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en
el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.

63. Descendiendo al caso concreto, se considera que no se encuentra configurado
el elemento objetivo porque, si bien la sentencia de primera instancia fue revocada en
su totalidad en los términos del numeral 4 del CGP, no se advierte que la demanda
haya carecido de forma manifiesta de fundamento legal. Tan es así, que la sentencia
de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda por considerar
procedentes los argumentos presentados por la entidad demandante; aunado a lo
anterior, no se puede perder de vista que la declaratoria de oficio de la excepción de
caducidad obedece a una norma que no existía para la fecha en que se presentó la
demanda y por ello no le era exigible tenerla en cuenta.

64. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio
del elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en ambas instancias.

VII. DECISIÓN

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2023 emanada del Tribunal
Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Demandante: UGPP

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de
la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de la Resolución
05103 del 24 de diciembre de 1991, ordenada por el Tribunal Administrativo de Nariño
mediante auto de 5 de mayo de 2021 y confirmada por esta Corporación con
providencia del 17 de marzo de 2022, conforme a lo explicado en precedencia.

CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de
la señora Ana Lidia Dávila de Sánchez de manera inmediata, por lo que deberá ser
incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada
la sentencia a la entidad demandante.

QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI», y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

JC

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