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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00570-02

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2016-00570-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022) Demandante: UGPP SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia. TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de las Resoluciones 8273 del 21 de abril de 1998, 11085 del 9 de abril de 2007 y 02676 del 27 de enero de 2009, conforme a lo explicado en precedencia. CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de del señor Jorge Castro Ávila de manera inmediata, por lo que deberá ser incluida en nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada la sentencia a la entidad demandante. QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2016-00570-02

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Jorge Castro Ávila
Temas: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia por operar la caducidad
de la acción contenciosa-administrativa

1. La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandada en
contra de la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2022, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Meta accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

2. La entidad demandada ejerció el medio de control de la referencia con el
propósito de que se declare la nulidad de las Resoluciones 8273 del 21 de abril de
1998, 11085 del 9 de abril de 2007 y 02676 del 27 de enero de 2009, mediante las
cuales se reconoció y reliquidó, respectivamente, una pensión gracia a favor del
accionado.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la devolución de la totalidad de
los montos pagados al demandado desde el 1º de mayo de 1997 hasta la fecha en que
se profiera sentencia, debidamente indexados y con el correspondiente retroactivo, por
tratarse de un reconocimiento pensional indebido.

4. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que el demandado, a pesar de
no haber prestado servicios como docente en el ámbito territorial, sino a nivel nacional,
solicitó ante la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) el reconocimiento
de la pensión gracia. Esta prestación fue concedida mediante la Resolución 8273 del
21 de abril de 1998, con efectos retroactivos a partir del 1.º de mayo de 1997.

1 Archivo «ED_5000123330002016(.zip)» visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, en la

actuación de la apelación de auto, al cual se puede acceder en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201600570021100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

5. Indicó que, posteriormente, mediante la Resolución 11085 del 9 de abril de 2007,
la entidad procedió a realizar una nueva liquidación de la prestación, con efectos a partir
del 21 de febrero de 2003, en cumplimiento de un fallo de tutela emitido por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Bogotá el 29 de noviembre de 2004.

6. Señaló que, no conforme con lo anterior, el beneficiario promovió una nueva
acción de tutela con el fin de obtener una segunda reliquidación, la cual fue conocida
por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Bogotá, que accedió a sus
pretensiones mediante sentencia del 28 de junio de 2006.

7. En consecuencia, manifestó que el demandado continúa incluido en la nómina
con base en la Resolución 11085 del 9 de abril de 2007, que es objeto de demanda, sin
que tenga derecho al reconocimiento de la pensión gracia, dado que no acreditó haber
prestado servicios docentes por un mínimo de veinte (20) años en el ámbito territorial o
nacionalizado. Además, se agregó que no tenía derecho a la reliquidación de dicha
prestación ya que su reconocimiento inicial fue contrario a la ley y, por ende, cualquier
modificación posterior también resulta contraria a los preceptos normativos que regulan
esta figura.

8. Consideró procedente este medio de control, en tanto se creó una situación
jurídica a favor del demandado en detrimento del erario, imponiendo a la demandante
una carga prestacional sin sustento legal, con grave afectación al interés general y al
sistema pensional.

Contestación de la demanda2

9. El accionado se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que
para la época de los hechos cumplía con los requisitos legales vigentes para gozar de
la pensión, al punto que la propia entidad le reconoció el derecho prestacional mediante
la Resolución 8273 del 21 de abril de 1998.

10. Señaló que, al estimar que su derecho debía ser mejorado y, por tanto,
reliquidado, promovió las acciones constitucionales correspondientes; las cuales
derivaron en la expedición de la Resolución 11085 del 9 de abril de 2007, confirmada
posteriormente mediante la Resolución 2676 del 27 de enero de 2009.

11. Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación por
violación a los principios constitucionales», «cobro de lo no debido por la inexigibilidad
de lo pretendido», «inepta demanda», «legalidad del acto acusado» y «caducidad».

Medida cautelar

12. La entidad solicitó la suspensión provisional de los actos administrativos objeto
de juicio, solicitud que fue denegada mediante auto fechado el 8 de marzo de 2022. En
contra de esta decisión, la entidad demandante presentó recurso de apelación, el cual

2 Índice 2 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Meta.

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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

fue resuelto por esta Subsección mediante auto del 10 de noviembre de 2022, en el
que se revocó la decisión de primer grado y se concedió la cautela solicitada.

Decisión de excepciones previas

13. Mediante auto del 10 de mayo de 2022, el a quo declaró no probada la excepción
previa de inepta demanda, toda vez que el demandado únicamente expuso algunos
argumentos generales y sustanciales sin sustentar de forma precisa la materialización
de dicha exceptiva.

II. SENTENCIA APELADA3

14. El Tribunal Administrativo del Meta profirió sentencia el 16 de septiembre de
2022, mediante la cual declaró no probada la excepción de caducidad y accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de
los actos administrativos acusados. No obstante, se abstuvo de ordenar la devolución
de las mesadas pagadas por concepto de la pensión gracia reconocida mediante los
actos anulados. Asimismo, condenó en costas a la parte demandada con fundamento
en que resultó vencida en el juicio y se demostró que la entidad incurrió en gastos
derivados del ejercicio de su defensa técnica.

15. Para resolver el fondo del asunto, el a quo, luego de examinar los actos
administrativos acusados y las pruebas obrantes en el expediente —como certificados
y actos de nombramiento—, concluyó que el accionado no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia en la medida en que no cumplía con el requisito
de haber laborado durante 20 años como docente territorial o nacionalizado, ya que sus
vinculaciones fueron de carácter nacional, directamente con el Ministerio de Educación
Nacional.

16. Igualmente, señaló que, si bien las reliquidaciones de la pensión se produjeron
en virtud de los fallos de tutela del 29 de noviembre de 2004 y del 28 de junio de 2006,
proferidos por los Juzgados Primero Penal del Circuito de Bogotá y Diecinueve Penal
del Circuito de la misma ciudad, respectivamente, lo cierto es que la prestación
periódica fue reconocida de manera autónoma por la extinta Cajanal, sin intervención
judicial. Esta circunstancia, a juicio del tribunal, demuestra que no se configuró mala fe
por parte del demandado al acceder a la pensión, razón por la cual se negó la
devolución de las sumas pagadas.

III. RECURSO DE APELACIÓN4

17. El docente demandado interpuso recurso de apelación solicitando la
modificación del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, por cuanto en
dicho apartado se identificó erróneamente como accionada a la señora María Nury
Hernández López, cuando en realidad corresponde al señor Jorge Castro Ávila.

3 Índice 44 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo del Meta.
4 Índice 47 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

18. Igualmente, pidió la revocatoria del numeral cuarto de la misma parte resolutiva,
en lo relativo a la condena en costas, argumentando que no se acreditó que la entidad
hubiese incurrido en gastos para la defensa dentro del presente proceso.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto de 13 de abril de 20235, se admitió el recurso de apelación y se
le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes
de que el expediente ingresara al despacho para fallo para emitir su concepto.

20. En cumplimiento de lo anterior, la entidad accionante solicitó la modificación
parcial del fallo en lo relativo al nombre del demandado; sin embargo, pidió mantener
la condena en costas impuesta. Por su parte, el Ministerio Público conceptuó en favor
de revocar lo concerniente a dicha condena, al considerar que no se encuentra
demostrada en el expediente y solicitó confirmar lo demás.

21. Finalmente, el demandado no se pronunció.

V. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

22. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la
nulidad del acto administrativo que reconoció la pensión gracia en favor del señor Jorge
Castro Ávila; sin embargo, en virtud de las facultades conferidas a esta autoridad
judicial por el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, delanteramente se verificará
si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024 al caso concreto.

Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.

23. El literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece que, en general,
la demanda para controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas puede presentarse en cualquier momento. No obstante, el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 introdujo una regla especial de caducidad, que
estipula que las acciones administrativas y contencioso-administrativas respecto a
pensiones reconocidas no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años desde su
reconocimiento, salvo en casos de fraude o delitos. Esta norma es aplicable a las
pensiones otorgadas por entidades facultadas y afecta incluso a los procesos que ya
se encontraban en curso al momento de la entrada en vigor de la ley, el 16 de julio de
2024.

5 Folio 518.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

24. Al respecto, en múltiples fallos6 la Subsección A ha sido consistente sobre la
aplicabilidad del término de caducidad de cinco (5) años tanto para procesos iniciados
después de la vigencia de la norma como para aquellos que ya estaban en curso antes
de su promulgación. Se ha considerado que la creación de un nuevo término de
caducidad se justifica por la necesidad de proteger la seguridad jurídica y la confianza
legítima de quienes gozan de una pensión, como también para evitar la incertidumbre
que podría surgir si no existiera un límite temporal para cuestionar dichos
reconocimientos. Inclusive, se resaltó que la exposición de motivos del legislador
subrayó la importancia de brindar certeza a los pensionados, quienes no deberían estar
sujetos a la angustiante expectativa de que su pensión pueda ser revisada
indefinidamente.

25. En conclusión, para esta Subsección el término de caducidad de cinco (5) años
establecido en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es aplicable a todos los procesos
relacionados con pensiones, tanto los promovidos después de su entrada en vigor como
aquellos que ya estaban en curso. Esta disposición, salvo en casos de fraude, permite
que el Consejo de Estado declare la caducidad de la acción si ha transcurrido dicho
plazo desde el reconocimiento de la pensión.

Solución al problema planteado

26. Conforme a lo expuesto, corresponde analizar el presente asunto en
cumplimiento al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 pues dicho precepto es claro al
señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el reconocimiento del
derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y fundamentos de la
demanda, no se está ante el supuesto de un derecho obtenido con fraude o con
ocurrencia de algún delito pues no se observa actuación de la demandada en ese
sentido; de manera que no se aplica la excepción establecida en la disposición citada,
máxime porque el reconocimiento de la prestación se dio de manera autónoma por
parte de la extinta CAJANAL mediante la Resolución 8273 del 21 de abril de 1998 7.

27. Además, si bien en la demanda se indicó que la reliquidación de la pensión
cuestionada se dio a través de una decisión de tutela «ilegal», la entidad no allegó
pruebas que demostraran tal situación.

28. Así, en este caso está probado que al demandado le fue reconocida la pensión
gracia de jubilación en los términos de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933, a través de la precitada Resolución 8273 del 21 de abril de 19988, efectiva a partir
del 1° de mayo de 1997; siendo este uno de los actos administrativos enjuiciados.

6 Al respecto, ver las siguientes sentencias emanadas de la Subsección A: 1) sentencia del 2 de octubre de 2024, exp.

núm. 2524-2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2) sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P.
Luis Eduardo Mesa Nieves; 3) sentencia del 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 4)
sentencia del 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 5) sentencia del 14 de
noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 6) sentencias del 27 de marzo de 2025, exps.
núm. 66001-23-33-000-2020-00437-01 (0106-2024), 41001 23 33 000 2019 00216 02 (1056-2022), 13001 23 33 000 2018
00652 02 (1577-2023), 66001-23-33-000-2021-00129-01 (3668-2022), 25000-23-42-000-2021-00226-01 (5306-2023),
52001-23-33-000-2021-00134-02 (7367-2023), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; 7) sentencia del 7 de abril de 2025, exp.
núm. 66001 23 33 000 2020 00570 01 (5278-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
7 Archivo «15-Acto administrativo con Notificación-Causante», obrante en la carpeta de antecedentes administrativos

visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, con el radicado 50001 23 33 000 2016 00570 00.
8
Ibidem.

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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

29. Se demostró que mediante la Resolución 11085 del 9 de abril de 2007,
confirmada mediante la Resolución 02676 del 27 de enero de 2009, la extinta CAJANAL
reliquidó la mencionada prestación con la inclusión de todos los factores salariales que
devengó durante los últimos 12 meses anteriores a la fecha en la que cumplió su estatus
jurídico de pensionado, con efectos fiscales a partir del 21 de febrero de 2003, en
cumplimiento del fallo de tutela del 29 de noviembre de 2004, proferido por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Bogotá, D. C.

30. Está probado que la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del
Meta el 15 de agosto de 20169, esto es, alrededor de 18 años después del
reconocimiento pensional (1998) y más de 6 años después de que se ordenó la
reliquidación pensional.

31. Comoquiera que la demanda fue interpuesta después de cinco (5) años de
efectuarse el reconocimiento y reliquidación de la pensión gracia, esta Subsección
revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar declarará probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.

32. Finalmente, la Sala observa que, mediante auto del 10 de noviembre de 2022,
esta Subsección revocó el proveído del 8 de marzo de esa anualidad emitida por el
tribunal de primera instancia y, en su lugar, decretó la suspensión de las Resoluciones
8273 del 21 de abril de 1998, 11085 del 9 de abril de 2007 y 02676 del 27 de enero de
2009, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social, por medio de las cuales se
reconoció y reliquidó una pensión gracia a favor del señor Jorge Castro Ávila.

33. Al respecto, el artículo 235 del CPACA contempla que las medidas cautelares
podrán ser modificadas o revocadas, de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa
del proceso cuando se advierta que no se cumplieron los requisitos para su
otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados.

34. Por tanto, al operar la caducidad de la acción contenciosa administrativa con
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho de las Resoluciones 8273 del 21
de abril de 1998, 11085 del 9 de abril de 2007 y 02676 del 27 de enero de 2009, es
dable concluir que desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho que
permitieron decretar su suspensión provisional, lo que trae como consecuencia el
levantamiento de dicha medida cautelar.

Condena en costas

35. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se

9
Archivo «ED_5000123330002016(.zip)» visible en el índice 2 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, en la
actuación de la apelación de auto, al cual se puede acceder en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500012333000201600570021100103
pág. 102.

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Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear
las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.

36. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para
que la condena resulte procedente:

«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»10

37. En cuanto al elemento objetivo-valorativo, si bien en principio solamente se
tenían en cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la
actualidad su análisis impone también el estudio de la regla introducida el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021 en el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía
o no de fundamento legal.

38. Descendiendo al caso concreto, no se advierte que la demanda carezca de
fundamentos legales. Tan es así, que la sentencia de primera instancia accedió a las
pretensiones de la demanda por considerar procedentes los argumentos presentados
por la entidad demandante; aunado a lo anterior, no se puede perder de vista que la
declaratoria de oficio de la excepción de caducidad obedece a una norma que no existía
para la fecha en que se presentó la demanda y por ello no le era exigible tenerla en
cuenta.

39. Por lo anteriormente explicado, la Sala se abstendrá de imponer condena en
costas en ambas instancias.

VI. DECISIÓN

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de

abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.

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8

Radicado: 50001 23 33 000 2016 00570 02 (6521-2022)
Demandante: UGPP

SEGUNDO: En consecuencia, REVOCAR la sentencia emitida el 16 de septiembre de
2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda de la referencia.

TERCERO: LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional de las
Resoluciones 8273 del 21 de abril de 1998, 11085 del 9 de abril de 2007 y 02676 del
27 de enero de 2009, conforme a lo explicado en precedencia.

CUARTO: La UGPP deberá reanudar el pago de las mesadas pensionales a favor de
del señor Jorge Castro Ávila de manera inmediata, por lo que deberá ser incluida en
nómina de pensionados a partir del mes siguiente en que le sea notificada la sentencia
a la entidad demandante.

QUINTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y
devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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