Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00570-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00570-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00570-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 66001 23 33 000 2020 00570 01 (5278-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Amparo Flórez de Ramírez
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante1
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda del 11 de julio de 2024, que
negó las pretensiones de la demanda, anunciando desde ya que será revocada.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
2. El 15 de diciembre de 2020, la UGPP ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la señora Amparo Flórez de Ramírez encaminado
a que se declare la nulidad de la Resolución 12808 del 11 de julio de 2003 emitida por
la Caja Nacional de Previsión Social EICE (CAJANAL), a través de la cual le reliquidó
la pensión gracia de jubilación.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que a la
demandada no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la reliquidación
pensional a partir del momento del retiro definitivo del servicio sino exclusivamente a
partir del momento en que adquirió el estatus pensional por expresa disposición legal;
que se le condene a devolver todos los dineros percibidos e indexados por concepto de
la que considera una ilegal reliquidación pensional. En caso de que no se efectúe el
pago en forma oportuna, deberán liquidarse los intereses comerciales y moratorios
conforme al artículo 192 del CPACA. Por último, pidió la condena en costas a la
demandada, si a ello hubiere lugar conforme al artículo 188 del CPACA.
1 Índice 63 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
49_660012333000202000570002MemorialWeb2024729194613
2 Índice 11 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
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Demandante: UGPP
4. Como sustento de sus pretensiones expuso que a la docente accionada le fue
reconocida la pensión gracia de jubilación a través de la Resolución 016162 del 5 de
septiembre de 1997, prestación liquidada con el 75% de los factores devengados en el
año anterior a la adquisición del estatus de pensionada con inclusión de la asignación
básica, a partir del 17 de febrero de 1997.
5. Después, por medio de la Resolución 12808 del 11 de junio de 2003, la hoy
extinta CAJANAL reliquidó la pensión gracia por retiro definitivo del servicio, con el 75%
del promedio de los factores salariales percibidos en el último año de servicio (2001 –
2002), a partir del 16 de julio de 2002, con inclusión de la asignación básica y el
sobresueldo.
6. Afirmó que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá D.C., en fallo de
tutela del 29 de noviembre de 2004, tuteló los derechos fundamentales de un grupo de
accionantes entre quienes se encontraba la señora Amparo Flórez de Ramírez y le
ordenó a CAJANAL que en el término de 60 días reliquidara en forma definitiva su
pensión gracia incluyendo todos los factores salariales sin prescripción, junto con la
respectiva indexación y la retroactividad de la reliquidación desde el momento en que
adquirió el derecho. En cumplimiento de lo anterior, la entidad de previsión emitió la
Resolución 31589 del 9 de julio de 2008 reliquidando la pensión de la demandada,
efectiva a partir del 17 de febrero de 1997 y con efectos fiscales desde el 15 de mayo
de 2003.
7. También se relata que mediante sentencia del 7 de octubre de 2019 la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó
penalmente a Néstor Gilberto Amaya Barrera, en su condición de Juez Primero Penal
del Circuito de Bogotá D.C., como autor responsable del delito de prevaricato por acción
y dejó sin efectos la sentencia del 29 de noviembre de 2004 dentro de la acción de
tutela 2004 – 00397, junto con los actos administrativos por medio de los cuales se le
dio cumplimiento.
8. La entidad demandante mencionó que a través la Resolución RDP 014166 del
23 de junio de 2020 dejó sin efectos la Resolución 31589 del 9 de julio de 2008, que
reliquidó la pensión gracia de la demandada y ordenó la activación en nómina de la
Resolución 12808 del 11 de julio de 2003 que, a su vez, reajustó la prestación por retiro
definitivo del servicio.
Contestación de la demanda3
9. La demandada se opuso a las pretensiones al considerar que para la fecha en
que se dispuso la reliquidación de la pensión gracia a través de la Resolución 12808
del 11 de julio de 2003 existía una posición del Consejo de Estado que avalaba la
procedencia de la reliquidación con la inclusión de los factores salariales devengados
en el último año de servicios, que le creó una situación jurídica favorable traducida en
el reajuste del derecho pensional.
3 Índice 25 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
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10. Señaló que la reliquidación pensional estuvo sustentada en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, que le generó la confianza de haber obtenido tal prerrogativa
conforme a derecho y por haber trascurrido más de 18 años, por lo que no es
procedente en este momento de manera sorpresiva retirar del patrimonio de la
demandada tal beneficio, puesto que se estarían desconociendo los principios de
confianza legítima y buena fe.
Medida cautelar de suspensión provisional
11. Mediante providencia del 8 de junio de 20234, el a quo decretó la suspensión
provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 12808 del 11 de julio de 2003
expedida por la extinta Caja Nacional del Previsión Social – CAJANAL EICE.
12. No obstante, a través del auto 30 de agosto de 20235 el tribunal revocó de oficio
la mencionada medida cautelar al advertir que no se cumplieron con los requisitos para
su otorgamiento y, en tal virtud, se abstuvo de proveer sobre la concesión de un recurso
de apelación interpuesto previamente la demandada.
II. SENTENCIA APELADA6
13. El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la sentencia de 11 de julio
de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que en la actualidad la
concesión, liquidación e inclusive reliquidación de la pensión gracia procede con lo
devengado en el último año a la adquisición del estatus jurídico o en el año anterior al
cumplimiento de los requisitos de la Ley 114 de 1913.
14. A pesar de ello, consideró que la reliquidación fue reconocida con anterioridad a
la expedición de la nueva posición adoptada por el Consejo de Estado, la cual no fue
expedida con efecto retroactivo o para modificar situaciones ya consolidadas. Por ello,
el acto demandado debe mantenerse incólume en respeto del principio de seguridad
jurídica.
15. Estimó que la anulación pretendida por la entidad de previsión demandante
«comporta una transgresión del principio de progresividad pensional y prohibición de
regresividad reconocidos por la Corte Constitucional, en cuanto la prestación que se
pide dejar sin efecto fue adquirida a la luz de la normatividad y la interpretación
jurisprudencial que permitía el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia con lo
devengado en el último año de servicios anterior al retiro, ante lo cual la interpretación
restrictiva contenida en la sentencias proferidas con posterioridad al acto de
reliquidación de la prestación en favor de la tercera interesada, emerge contraria a la
regla de la presunción de inconstitucionalidad y al principio de proporcionalidad del
retroceso, por cuanto afecta un derecho pensional ya reconocido y mediante un efecto
4 Índice 29 registrado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
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5 Índice 38 registrado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
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6 Índice 59 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
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de retrospectividad no contemplado en la sentencia de unificación».
III. RECURSO DE APELACIÓN7
16. La entidad demandante presentó recurso de apelación contra la aludida
sentencia, a efectos de que se declare la nulidad del acto administrativo que le reliquidó
la pensión gracia a la demandada y en consecuencia se ordene la devolución de los
dineros cancelados en forma irregular. Consideró que se incurre en un grave detrimento
patrimonial al sistema pensional.
17. Refirió que no se atendieron las previsiones legales y jurisprudenciales sobre la
liquidación de la pensión gracia, toda vez que por tratarse de una pensión de régimen
especial debió liquidarse con el 75% del promedio de todos los factores devengados
durante el año de servicio anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional, sin
que fuera posible realizarlo por nuevos tiempos de servicios prestados o factores
devengados.
18. Así mismo, señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado en la actualidad
establece de manera diáfana que la pensión gracia se liquida teniendo en cuenta
únicamente lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. El recurso de apelación fue admitido a través de auto del 27 de noviembre de
2024 y notificado por estado el 13 de diciembre de 20249.
8
20. Las partes y el Agente del Ministerio Público se abstuvieron realizar
pronunciamientos en esta etapa.
V. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
22. En principio correspondería a la Sala determinar si hay lugar a declarar o no la
nulidad del acto administrativo que reliquidó la pensión gracia en favor de la demandada
7 Índice 63 registrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
49_660012333000202000570002MemorialWeb2024729194613
8 Índice 5 de Samai.
9 Índices 9 de Samai.
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y la eventual condena a restituir los valores recibidos; sin embargo, en virtud de las
facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA, que ordena a los jueces declarar cualquier excepción que encuentren probada,
incluso en segunda instancia (sin perjuicio de la reformatio in pejus), se analizará la
posible existencia del fenómeno de la caducidad a la luz del artículo 86 de la Ley 2381
de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad
establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se
encontraban en curso para la fecha en que entró en vigor la norma.
23. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 202410 prevé una regla especial de caducidad según la cual:
“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se
trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas,
y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.”
24. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a
diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de
la norma, según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales
que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta
cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la
aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los
asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la
mencionada norma11, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su
promulgación, esto es, el 16 de julio de 202412.
10 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
Común, y se dictan otras disposiciones”.
11 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022, C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de
octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio
de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen
común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no
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25. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando
puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83
de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que,
en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión “[…] y que estén en curso […]”.
26. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.
27. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia
legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para
establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o
administrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las
acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de
reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la
necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al
Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica:
“(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio
margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los
efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. (…) tal
prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la
plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del
acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas
que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho. (…) el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura
como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr
la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados. (…) Por
ende, es extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido
en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del
legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.”13 (Subrayado propio).
ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en
particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema
de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su
promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de
19977.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
2 de octubre de 2024, exp. núm. 3936-2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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28. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido
que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas
para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran
amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los
términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de
obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico14.
29. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para
regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la
justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que su
texto original únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las
actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 200315; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy
es Ley de la República.
30. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de
caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que
declaró la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en los incisos
primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia
de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la
seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos,
las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente
ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la
pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art.
1 C.P.):
“Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin
prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría
el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya
consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la
inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo
debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede
abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando
que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la
justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para
el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país
en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se
hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo
examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa
del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente
irracional y desproporcionada. (…)
14 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de
las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que
tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del
reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
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En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29
C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de
Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en
que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al
legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la
integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las
personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente,
la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.”16 (Resaltado
original, subrayado propio)
31. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria
del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas
las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal
para que dicho reconocimiento sea cuestionado:
“[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las
pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión,
bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca
prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10
años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad
jurídica y una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es decir,
cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay
razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa
angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en
cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en
muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama
humano que ha encarnado esta circunstancia que no permite que las personas que le
han servido bien al Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho
a la pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.”17
32. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales
que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es proteger los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los
derechos fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de
jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos
en la ley para jubilarse.
33. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en
curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se
16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
17 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.
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origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios
de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración
de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que
ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la
pensión de jubilación de los trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según
el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los
trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5)
años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro
ordenamiento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado
Social>> consagrada en la Constitución.
34. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
35. Al respecto, esta Corporación ha precisado que “(…) para hacer uso de este
medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la
norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultánea”18.
36. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de
constitucionalidad concreto19, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que
no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de
constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte
Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso
concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.
37. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la
entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, es menester
afirmar que el artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó
y promulgó.
38. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de
caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de
2010, rad. núm. 66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
19 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un sistema mixto
de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera residual, al Consejo de
Estado se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y 237, numeral 2°, de la Constitución
Política), el control de constitucionalidad concreto tiene lugar en desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando,
al momento de aplicar una norma legal o de inferior jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su
ostensible e indudable oposición a mandatos constitucionales.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P. Darío Quiñonez.
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aplicable tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma
(16 de julio de 2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose,
en todo caso, aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con
ocurrencia de algún delito.
39. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del
artículo 187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la
acción de encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la
fecha en que se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se
encontraba en curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024; esto último, aun si el demandante no la propuso como excepción.
Caso concreto
40. Conforme a lo expuesto, corresponde a la Subsección analizar el presente
asunto en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues
dicho precepto es claro al señalar que los efectos de la caducidad se calculan desde el
reconocimiento del derecho. Se precisa también que, conforme a los hechos y
fundamentos de la demanda, no se está ante el supuesto de un derecho obtenido con
fraude o con ocurrencia de algún delito; por lo tanto, no se aplica la excepción
establecida en la disposición citada.
41. En este punto, la parte actora menciona que el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Bogotá dictó sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004 en la que
ordenó a CAJANAL que reliquidara en forma definitiva la pensión de la señora Amparo
Flórez de Ramírez conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con
el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, incluyendo todos los factores salariales sin
prescripción, junto con la indexación y retroactividad de la reliquidación desde el
momento de adquisición del derecho.
42. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del radicado
11001220400020150207200, dictó sentencia condenatoria de prisión contra Néstor
Gilberto Amaya Barrera en su calidad de Juez Primero Penal del Circuito de Bogotá por
su autoría del delito de prevaricato por acción. También dejó sin efectos la mencionada
sentencia de tutela del 29 de noviembre de 2004 y los actos administrativos por medio
de los cuales se le dio cumplimiento. Dicho fallo fue confirmado por medio de sentencia
del 4 de marzo de 2020, emanado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, en lo referente a dejar sin efectos la aludida sentencia de tutela y los actos
administrativos de cumplimiento.
43. Por lo anterior, la UGPP emitió la Resolución RDP 014166 del 23 de junio de
20
2020 mediante la cual dejó sin efectos la Resolución 31589 del 9 de julio de 2008,
que había sido expedida para dar cumplimiento a la sentencia de tutela del Juzgado
Primero Penal del Circuito de Bogotá.
20 Índice 11 registrado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver folios 87 a 89.
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44. Puestas de este modo las cosas, la Sala avizora una condena penal que
precedió a la expedición de la Resolución 31589 del 9 de julio de 200821, que había
reliquidado la pensión gracia de la accionada por orden de un juez de tutela; sin
embargo, este acto administrativo no es objeto de debate en este proceso y ya fue
retirado del ordenamiento jurídico por la jurisdicción ordinaria penal. De tal suerte que
se confirma la ausencia de fraude u ocurrencia de algún delito en la expedición del acto
administrativo enjuiciado pues no solo fue ajeno a aquel proceso penal, sino que no
existen pruebas que demuestren actuación ilegal de la demandada para lograr su
expedición.
45. Ahora bien, en el presente caso está probado que la señora Amparo Flórez de
Ramírez le fue reconocida la pensión gracia de jubilación en los términos de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, a través de la Resolución 016162 del 5 de
septiembre de 199722, efectiva a partir del 17 de febrero de 1997. Posteriormente, fue
reliquidada por retiro definitivo del servicio mediante la Resolución 12808 del 11 de julio
de 200323 (acto enjuiciado) a partir del 16 de julio de 2002.
46. También está acreditado que la demanda fue radicada ante el Tribunal
Administrativo de Risaralda el 15 de diciembre de 202024, esto es, alrededor de
diecisiete (17) años después de la reliquidación de la pensión gracia.
47. Así las cosas, en razón a que la demanda fue interpuesta más de cinco (5) años
después de haberse efectuado la reliquidación de la pensión, esta Subsección revocará
la sentencia de primera instancia y en su lugar declarará probada de oficio la excepción
de caducidad de la acción de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
Condena en costas
48. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se
condenará en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal de conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley
280 de 2021. De lo anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear
las reglas establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la
demanda carecía de fundamento legal o no.
49. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio
objetivo – valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para
que la condena resulte procedente:
21 Índice 11 registrado por el Tribunal Administrativo de Risaralda, ver archivo
3_660012333000202000570002EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210827134440, folios 70 a 76.
22 Ibidem, ver folios 55 a 59.
23 Ibidem, ver folios 61 a 65.
24 Ibidem, ver archivo 4_660012333000202000570003EXPEDIENTEDIGIEXPEDIENTE20210827134440.
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«b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas,
es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse,
según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el
juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo
ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración
no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.»25
50. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en
cuenta las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su
análisis impone también el estudio de la regla introducida en el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021 en el artículo 188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de
fundamento legal.
51. Descendiendo al caso concreto, se considera que no se encuentra configurado
el elemento objetivo porque, si bien la sentencia de primera instancia fue revocada en
su totalidad en los términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP 26, no se advierte
que la demanda haya carecido de forma manifiesta de fundamento legal. Aunado a lo
anterior, no se puede perder de vista que la declaratoria de oficio de la excepción de
caducidad obedece a una norma que no existía para la fecha en que se presentó la
demanda y por ello no le era exigible tenerla en cuenta.
52. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio
del elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en ambas instancias.
VII. DECISIÓN
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de julio de 2024 emanada del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de
la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 7 de abril de 2016,
Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
26
«Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas
de ambas instancias.»
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CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, efectuar las anotaciones correspondientes en
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI» y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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